MEMORIA HISTÓRICA DEL ORIGEN DE LAS
FUMIGACIONES 1978-2015
Las aspersiones aéreas en contexto de guerra - sin saber
sabiendo y sin querer queriendo
Un informe INDEPAZ-MamaCoca -Elaborado por María Mercedes Moreno
La aspersión
aérea es una medida por la cual se utilizan aviones para rociar agroquímicos
desde el aire. Los colombianos conocemos esta medida como “fumigaciones”. En
Colombia, el Estado utiliza la medida de aspersión aérea de mezclas químicas
(herbicidas con coadyuvantes que los potencian ) con la intención afirmada de
erradicar/exterminar los cultivos de plantas declaradas ilícitas (cánnabis, coca
y amapola) dentro del contexto de
La medida de
fumigaciones en Colombia ha sido llevada a cabo de una manera tan opaca que, a
pesar de su enorme incidencia en la salud, ambiente y potencial comercial de los
colombianos, existe un desconocimiento general de cuándo, dónde, cómo y con qué
se ha asperjado. Este trabajo busca establecer la memoria histórica del origen
de esta medida que ha sido convertida en política heredada de gobierno en
gobierno desde hace 35 años sin saber sabiendo y sin querer queriendo.
Hoy sábado 9
de mayo del 2015, el Presidente Juan Manuel Santos acaba de ordenar la
suspensión de las fumigaciones, lo que pone en toda una nueva perspectiva este
informe que se presenta a continuación. El presidente, en artículo de El
Espectador solicita al Consejo Nacional de Estupefacientes que
establezca con el Ministerio de Defensa y con todas las autoridades que están
comprometidas, y que estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico,
un periodo de transición que no puede ir más allá del 1° de octubre”, para que
se adopten nuevos mecanismos en la lucha contra los cultivos ilícitos como, por
ejemplo, intensificar la erradicación manual.
[1]
De tal forma,
la siguiente información debe servir para tener un registro de lo vivido por
Colombia; para la no repetición; y la búsqueda de alternativas consensuadas
entre los colombianos con el apoyo de
Esperamos que este informe de citas y fuentes primarias aporte otros elementos
de juicio al debate y deje constancia de cómo llegamos al enorme costo social,
ecológico y sanitario pagado por Colombia en esta lucha contra los cultivos con
usos ilícitos.
Que ahora la avalancha sea de propuestas voluntarias de erradicación y
alternativas y que las demandas sean por que los recursos otrora invertidos en
fumigaciones se destinen a proyectos de sustitución; recuperación ambiental;
centros de salud; infraestructura y desarrollo social y alternativo.
Ginebra,
sábado 9 de mayo 2015
En junio de 1978, el Instituto
Nacional de Recursos Naturales (Inderena) suena las primeras alarmas sobre la
intención de fumigar en Colombia. Dice el Inderena que. Por noticias de prensa
ha llegado a conocimiento de este instituto, que se ha planteado en el
Ministerio de Justicia la posibilidad de utilizar la fumigación aérea en grandes
extensiones con herbicidas, las noticias se refieren a defoliantes como método
para destruir los cultivos de marihuana. Urge el instituto al Gobierno que se
tomen "todas las previsiones necesarias para que no pueda posteriormente
imputarse a falta de previsión del Estado, la ocurrencia de alteraciones o
deterioros ambientales que puedan producirse en perjuicio, bien para la salud
humana o para recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el
agua, los suelos y la fauna".[2] En
ese momento, el objetivo era erradicar unas estimadas 19,000 hectáreas de
marihuana sembradas en la Sierra Nevada de Santa Marta y Sierra de Perijá.
Entre 1978 y 1984 el Gobierno de Estados Unidos y Colombia experimentan con
aspersores portátiles
[3] e incluso por aspersión aérea una
variedad de agrotóxicos. Entre otros, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, el
componente "mágico" del Agente Naranja que tanta devastación ocasionó en
Vietnam. El informe “Cultivos de los cuales se extraen drogas y estrategias
apropiadas para su reducción” de la Comisión de Drogas Narcóticas (CND) informa que:
La erradicación química fue desarrollada para el control de
malezas. La opción de herbicidas se limita a los actualmente disponibles
comercialmente. Esta situación no está presta a cambiar debido al tamaño
relativamente pequeño del mercado de herbicidas con uso exclusivamente para la
erradicación de cultivos ilícitos. Por lo tanto, el desarrollo y evaluación de
herbicidas específicos a estos cultivos y ambientalmente seguros no es
comercialmente viable.
El Boletín de 1977 de la ONUDD "Tratamiento con herbicidas para el control de la Cánnabis Sativa" revela el giro de la política hacia el diseño de fórmulas para atacarse a la “oferta” -concebida como el cultivo: La expansión del abuso de drogas es una gran preocupación para todos los países civilizados. Uno de los medios para combatir el problema de las drogas es eliminando el cultivo ilícito de plantas narcóticas. Este trabajo fue emprendido como parte del esfuerzo internacional para brindar a la autoridades competentes unos métodos efectivos para la erradicación de variedades ilícitas de cánnabis (Cannabis sativa L.).[...] El objetivo de la investigación fue la selección de herbicidas que destruirían o causarían serios daños a las matas de cánnabis- tras detectarlas y encontrarlas indeseables. Otra línea de selección se basó en los datos de Gentner (comunicación personal), informando que ciertos herbicidas podrían inducir un florecimiento anormal en la Papaver somniferum L.; se piensa que algunas mezclas capaces de inhibir el desarrollo normal de las matas de cánnabis también podrían constituirse en medios valiosos de control. [...] Varios prerrequisitos limitan el número de químicos utilizables para estos propósitos. El herbicida debe … tener un impacto ambiental mínimo i.e., una deriva insignificante a los cultivos aledaños y una persistencia limitada en los suelos para evitar los daños residuales a los cultivos que se sembrarán en el campo asperjado.
En el caso de la amapola para el
opio, el arbusto de coca y la planta de cánnabis, hay para cada una de ellas por
lo menos un herbicida con un bajo riesgo ambiental cuando se aplica siguiendo
sus instrucciones de uso. El glifosato ha sido aplicado a estas tres plantas, y
el ácido 2,4-diclorofenoxiacético a la mata de amapola, ambos en forma líquida a
pulverizar. Para el arbusto de coca se ha utilizado tebuthiurón y hexazinona,
que son granulados y aplicados por distribución aérea ; para la planta de
cánnabis pulverizaciones líquidas, de 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein,
conocido como eosina amarillenta (Eosine Yellowish), ésta última puede causar el
oscurecimiento (carmelización) de las hojas de la vegetación adyacente. Puesto
que existen métodos ambientalmente seguros de erradicación para cada una de
estas plantas, cuando se usan los químicos de acuerdos con sus parámetros de
utilización, entonces surge la pregunta de por qué han sido aplicados sólo en
algunas áreas, y por qué los cultivos ilícitos a veces continúan en dichas
áreas.”
[5]
Aunque, como indica un
informe al Congreso de los Estados Unidos del 24 de octubre 1979 del Comité de
abuso de narcóticos y control “Misión de hechos a Colombia y Puerto Rico”: El Presidente
Turbay [1978-1982] se mostró renuente a desarrollar una campaña de erradicación
por aspersión debido a la controversia internacional alrededor del tema del paraquat y a otras hasta ahora indefinidas problemáticas (issues) ambientales[6],
la Auditoria del 2001 de la Contraloría General de la República señala que,
antes de 1984, se realizaron "...experimentos en la Sierra Nevada de Santa Marta
con paraquat",[7]
el agrotóxico preferido por Estados Unidos para las fumigaciones en Colombia.
Defoliante que, a pesar de que su uso aéreo se encuentra prohibido en Colombia
por la Resolución 3028 de 1989 del ICA, fue, como lo revela el fallo del 7 de
enero del 2012 del Consejo de Estado en el expediente 1999-00397, utilizado por
la Policía Antinarcóticos en la segunda semana de noviembre de 1997 en el
Caquetá.
Un documento secreto de la CIA de
1982, “Áreas potenciales de cultivos de coca en Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú”, liberado por la Ley de Libertad de
Información (FOIA)revela que el porcentaje de coca cultivado Colombia (Bolivia
y Perú) era relativamente poco pero este documento abona el terreno pues, según
dice el informe, “Casi todo, el 90% del territorio colombiano es apto en
términos físicos para el cultivo de coca.[8]
Según cifras de la Office of National Drug Control Policy (ONDCP) de Washington,
en 1981 existían Colombia 2,500 has de coca; en 1982, 5,000; 12,800 en 1983;
16,000 en 1984; y 17,600 en 1985. La lectura de estas cifras se deba hacer
teniendo en cuenta que, aún hoy en día, estas mediciones son todo menos precisas
y el interés, aún vigente, es alarmar para promover medidas de control en otros
países; como es el caso de las aspersiones aéreas en Colombia.
Sí, pero con glifosato
El 5 de diciembre de 1983,
un Comunicado del Consejo Nacional de Estupefacientes anuncia la posibilidad de
iniciar una campaña de destrucción masiva de cultivos de marihuana y coca
mediante la utilización de herbicidas por aspersión aérea. En una reunión del 27
y 28 de febrero 1984, el Ministro de Salud, Jaime Arias Ramírez, reconoció que
existía una tremenda presión por el uso del paraquat, pero nosotros no queremos
someternos a esa presión, queremos resolver el problema nosotros mismos (...) ,
debemos ser los colombianos los que tomemos la decisión y no la tomen desde
otros países.
Un Comité de Expertos en Herbicidas
convocado por el Instituto Nacional de Salud (INS) a solicitud del Consejo
Nacional de Estupefacientes a raíz de la reunión preliminar del 23 de enero de
1984 sostuvo una reunión nacional el 27 y 28 de febrero de 1984 con expertos
internacionales sobre las “Implicaciones que sobre la salud humana puede tener
el uso de los herbicidas Paraquat, Glifosato y 2,4-D por vía aérea en la
destrucción de cultivos de marihuana y de coca en Colombia” somete sus
recomendaciones según las cuales “…desde el punto de vista de la salud humana y
del impacto del medio ambiente, el método químico debe ser el último en
considerarse. […] El Comité deja constancia que la evaluación del posible riesgo
para la salud humana derivado del uso del Paraquat, 2-4-D y Glifosato se basó
únicamente en la toxicidad intrínseca de los productos, ya que no se tuvo
información sobre dosis efectivas de aplicación, altura de aplicación, tamaño de
las partículas asperjadas y condiciones climáticas, factores que son de forzosa
consideración cuando se intenta evaluar con precisión el daño que sobre la salud
pudiera ocasionar un tóxico aplicado por vía aérea.[...] Deben localizarse con
precisión las áreas de cultivos detectadas por organismos de seguridad del
Estado colombiano y mediante un estudio completo por parte de Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, caracterizar las posibles áreas de cultivos a
destruir diferenciando las zonas en donde estos cultivos pertenezcan a formas
tradicionales de vida de comunidades indígenas y/o estén mezclados con cultivos
de pan coger. Se debe asegurar la participación del Inderena y del Instituto
Colombiano de Antropología en estos estudios. [...] La recomendación final sobre
el método de destrucción de cultivos de marihuana y coca debe ser tomada por
científicos y especialistas colombianos y en caso de que se considere
conveniente y necesaria la participación de científicos y especialistas
extranjeros, ella será solamente en calidad de asesores sin capacidad decisoria
sobre este problema nacional.”
No obstante esta recomendación
experta adversa y los conceptos negativos del Ministro de Salud, del INS y del
Inderena, el 1º de junio de 1984 por Despacho del Ministro No. 1048, el Ministro
de Justicia Enrique Parejo González, sin estar facultado para ello y tras una
reunión a puerta cerrada del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), expide
una autorización al General Víctor Delgado Mallarino, Director General de la
Policía Nacional, para fumigar los cultivos de marihuana con Glifosato.
Tokatlian, académico que junto con el IEPRI, deja constancia de los riesgos
desde los albores de las fumigaciones,
señala que la reunión se llevó a cabo en secreto por razones de
seguridad tras el asesinato el 30 de abril del Ministro de Justicia Lara
Bonilla, y que el asesinato de Lara
Bonilla seguramente influyó en la decisión de ceder a las presiones
estadounidenses.
Masivas de una
En “Glifosato y política: ¿Razones
internas o presiones externas?”, Juan Gabriel Tokatlian informa que, ”… durante
el mandato del presidente Belisario Betancur, el 14 de mayo de 1984, el CNE
apoyó la erradicación de marihuana con productos químicos y recomendó su
aprobación final por parte del Consejo de Ministros. El 22 de mayo, este último
ratificó el procedimiento de fumigación con glifosato. El 4 de julio, el CNE
autorizó la fumigación experimental de dos hectáreas. Sin embargo, entre julio y
septiembre de 1984, se inició una fumigación masiva de la producción marihuanera.” La fumigación masiva
nunca fue autorizada aunque se viene aplicando “oficialmente” desde 1984.
El Oficio número 002600 del 31 de
julio 1984 es la primera comunicación oficial en la cual se solicita al Inderena
intervenir en el programa de fumigación experimental de los cultivos de
marihuana con el herbicida denominado que glifosato en el Parque Nacional
Natural Sierra Nevada de Santa Marta. En su Oficio No. C3885 del Inderena a la
Dirección de la Policía Nacional, protesta el instituto ante el anuncio de las
fumigaciones: Sea ésta la ocasión para puntualizar que el Inderena se opuso en
el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes al uso de la herbicida
defoliante denominado paraquat para destruir las plantaciones ilegales de la
Sierra Nevada y de otras regiones, porque consideraba y considera que existen
otros medios menos nocivos para tal fin. No sucedió lo mismo con el glifosato,
pues el instituto no fue invitado a las sesiones del Consejo Nacional de
Estupefacientes en las cuales se discutió sobre el empleo alternativo de dicho
herbicida, ni ha sido consultado o notificados de la decisión del Consejo de
Ministros o del Gobierno Nacional para aplicarlo por vía aérea sobre el Parque
Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta o sobre su zona de amortiguación e
influencia.
[9]
En el libro “Narcotráfico en
Colombia, dimensiones políticas, económicas, jurídicas, e internacionales”
[Arrieta et al. 1989] informa Tokatlian que, en 1984, se erradicaron entre 3.171
has (cifras Colombia) y 3,400 has (cifras EE.UU.); para 1985, 6,000 has ó 2.375
(datos Colombia); para 1986, 12,000 has ó 9,700 (según EE.UU.). Que, aunque
parecía todo un éxito, la producción ya se movía de al Departamento del Cauca
donde el rendimiento era mayor y, al igual que en Estados Unidos tras la
Operación Delta de 1985, se redujeron las área de las parcelas cultivadas, se
intercaló con cultivos líticos y pasó a invernaderos. Los resultados de la
erradicación química de la coca tampoco fueron mucho más alentadores. “En
diciembre de 1985, se aplicó Garlón-4 para destruir estas plantaciones
(aproximadamente 1,000 hectáreas).[..] Hacia comienzos de 1986, se descontinuó esta
práctica. Primero por los peligros de este químico y segundo, porque el
fabricante, la Dow Chemical Corporation, “decidió rehusar su provisión a
Colombia por temores serios de que se iniciaran demandas por su utilización”.
Entre 1984 y 1985, según datos del gobierno nacional, se habían erradicado 5.546
hectáreas utilizando 11.418 galones de glifosato. […] Al año siguiente, la labor
de erradicación se incrementó notablemente. De acuerdo con información oficial,
en 1986 se fumigaron 12,000 hectáreas de marihuana y, para 1987, se fumigan con
glifosato 10,368 hectáreas de marihuana.”
[10]
En un informe de 1985 del Select
Committee on Narcotics Abuse and Control “Misión latinoamericana de estudio de
los problemas internacionales de narcóticos”: se alaban los esfuerzos de
Colombia. Actualmente, Colombia es el único país en Sur América que participa
en la investigación para desarrollar un herbicida seguro y efectivo para la
erradicación aérea de la coca. Si y cuando se desarrolle un herbicida efectivo,
el Comité exhorta (urge) al Departamento de Estado y al Congreso que revise
favorablemente las solicitudes de Colombia de equipos y otras ayudas para
implementar un programa integral de aspersión de la coca, en particular
aeronaves y helicópteros como necesario. …. Hace notar el informe que los
Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos antinarcóticos del gobierno colombiano y
destaca que la ayuda a Colombia en 1986 sería del orden de aproximadamente $32
millones de dólares, un aumento considerable frente a los $19 millones
suministrados en 1985. Dice el Comité que había quedado favorablemente
impresionado con los esfuerzos de erradicación de la marihuana en Santa Marta y
expresó la esperanza que la aspersión aérea sería pronto utilizada para
erradicar los cultivos de coca ilícita en Colombia.[11]
La ignorancia soberana
Desde las primeras fumigaciones, la
Costa Atlántica se movilizó en su contra pero el gobierno ignoró
soberanamente el sinfín de protestas. El químico docente Armando Lacera de la Rua es una biblia al respecto. Ignoró el gobierno, entre otros, un estudio de
impacto ambiental efectuado por Guillermo Rodríguez et al. , en su calidad de
funcionarios del Inderena que visitaron la Sierra Nevada de Santa Marta entre
julio y octubre de 1986 en compañía de personal de la policía anti-narcóticos
del Magdalena. El informe “Estudios ambientales en la Sierra Nevada de Santa
Marta afectada por cultivos de Marihuana y fumigación con glifosato” recomendaba
“una revisión minuciosa de los herbicidas que actualmente se estén utilizando en
el país con miras a detectar primero sus efectos en el medio y posteriormente si
autorizarlos o suspenderlos.” Exigía “no fumigar con Glifosato las áreas que
correspondan a Reservas tanto Parques Nacionales como Reservas Indígenas.”[12]
El gobierno ignoró los llamados de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa
Marta, creada en 1986 para proteger el patrimonio nacional y tras el
descubrimiento en 1976 de Ciudad Perdida, un asentamiento construido en el los
años 650 -700 d.c por las comunidades indígenas tayronas.
La Sierra Nevada de Santa Marta
Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco [designada en
1979] fue fumigada intensamente hasta el 2006, ya no por su marihuana como era
la intención en 1978, sino por la coca para cocaína que le fue llegando al ritmo
de las fumigaciones. Ésta no es la única reserva colombiana para la Humanidad
que ha sido fumigada y, no es sino hasta el fallo del Consejo de Estado del 11
de diciembre 2013 con radicación
2004-00227-01,
que se obliga a la aplicación del Principio de Precaución frente a la
aspersión de glifosato en los Parques Naturales con la declaración de nulidad
del parágrafo segundo del
artículo 1º de la Resolución 0013 del 2003
(que `'nacionaliza' las fumigaciones) proferida
por el Consejo Nacional de Estupefacientes que permitía aplicar el Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECIG) con el herbicida Glifosato en los
Parques Naturales.
Un
informe de la GAO (General Accounting Office /Contraloría General de los Estados
Unidos) al Congreso en noviembre 1988, informa
que “En marzo 1987, el Bureau of International Narcotics Matters (INM)
informó que las investigaciones del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos habían revelado varios herbicidas potencialmente eficaces contra la
coca…. En enero de 1988, el INM informó que estaba concluyendo un periodo de
ensayo de 2 años con 12 herbicidas diferentes. La búsqueda de un herbicida
aceptable para la coca se ha reducido al Garlon-4, hexazinona, y tebuthiuron." De
acuerdo con agente conocedor del INM , se esperaba comenzar en Perú con ensayos
con hexayinona y tebuthiuron, y posiblemente Garlon-4, n mayo de 1988. "Estos
ensayos, no obstante, han sido postergados pues el fabricante estadounidense del tebuthiuron se ha negado a suministrar el herbicida a la INM. De acuerdo con el
representante de la compañía que fabrica el tebuthiuron, éste no ha sido
ensayado en las condiciones ambientales que prevalecen en las regiones
productoras de coca en Sur América. El fabricante, por lo tanto, está preocupado
sobre los posibles daños ambientales en el largo plazo que pudiesen resultar de
la aspersión aérea del herbicida.”. Lo que se buscaba era un herbicida que
destruyese tanto la hoja como el arbusto.
[13]
La GAO: (en un informe al Congreso de
noviembre 1988),
“Los esfuerzos respaldados por los Estados Unidos en Colombia y
Bolivia”, afirma que: "El Congreso ha reconocido la necesidad de un herbicida
aceptable para la coca a través de la ‘Ley de 1986 Contra el abuso de las
drogas’ (sic), ordenó que no menos de un millón de dólares fuese destinado a la
investigación, el desarrollo y pruebas de un herbicida seguro y eficaz para el
uso en la erradicación aérea de la coca. El informe habla de la inconsistencia
de las cifras. “Nuestra revisión indicó que los colombianos estaban utilizando
alrededor de 3.4 litros de herbicida para fumigar 1 hectárea de marihuana. Las
estadísticas también revelan varias instancias en las cuales cantidades
variables del herbicida fueron utilizadas. Por ejemplo, en una instancia, 27
litros fueron utilizados para fumigar 24 hectáreas (un promedio de 1.1 litro por
hectárea fumigada) y, 2 días más tarde, 200 litros fueron utilizados para
fumigar 16 hectáreas (un promedio de 12.5 litros por hectárea fumigada). En otra
ocasión, 285 litros de herbicida fueron utilizados para fumigar 24 hectáreas de
marihuana (un promedio de 11.9 litros por hectárea fumigada).
Las autoridades de la Narcotics
Assistance Unit (NAU) afirman que, aunque desconocían las razones específicas de
las discrepancias individuales, "dichas variaciones podrían haber sido el
resultado de cambios en la velocidad de los vientos, la aspersión múltiple de
los campos de marihuana, o una mayor concentración de la formulación del
herbicida [… El número de hectáreas fumigadas por un determinado avión de
aspersión se determina mediante una sencilla fórmula matemática conocida “flow
through” calculation” /cálculo del caudal. Este cálculo compara la cantidad de
herbicida necesario para erradicar una hectárea de marihuana en condiciones
normales con la cantidad total utilizada durante la actividad de aspersión
diaria para cada tipo de avión de aspersión." Según el informe, entre julio 1984
y 1987 se fumigaron 30,000 hectáreas (36,000 toneladas métricas) de marihuana en
Colombia. En 1988, las fumigaciones eran efectuadas por la Policía Nacional
colombiana con seis helicópteros suministrados por los EE.UU. y aviones Turbo Thrush de ala fija para aplicar el glifosato. Afirman que [A pesar de las
fumigaciones], “por desplazamiento, el cultivo neto de marihuana aumentó en más
de 150 por ciento entre 1985 y 1987. “ [14]
Entre 1998 y 1989, la firma Ecoforest
Ltd contratada por el Consejo Estupefacientes Minjusticia y Minsalud efectúa un
estudio en dos fases y emite sus conceptos para la Fase I: "Declaración de
Efecto Ambiental para la Erradicación de Cultivos Ilícitos en Zonas de
Jurisdicción de Corinto – (Cauca) y Fase II: Diagnóstico General de las Zonas y
Agenda de Tratamiento de Emergencia - Modelo Ambiental, Región: Cauca. El
concepto recomienda “Aunque la aspersión de Glifosato con aeronaves fue mínima
en las áreas donde se desarrolló la Operación Puracé (Corinto- Cauca), las
experiencias de aspersiones similares en otras áreas de cultivos tratados y la
naturaleza misma de las aspersiones con aeronaves de alas fijas y helicópteros
permiten identificar con bastante precisión, el origen y probable magnitud de
los impactos atribuibles a la fracción de las aspersiones del herbicida que, por
varias razones, incluyendo defectos propios de las aspersiones con aeronaves
tales como la 'deriva' hacen que esas fracciones sobrepasen las áreas previstas
para tratamientos y causen daños y contaminaciones indebidas en cultivos y áreas
ecológicas que no debían ser blanco de los impactos perjudiciales de las
moléculas del Glifosato”.
[15]
Argumentos convincentes
Mientras se experimenta y discute el
químico más eficaz para aplicar en Colombia, un documento secreto de noviembre
de 1991 de la CIA “Los traficantes colombianos y la producción de heroína”,
alerta. Este documento clasificado Noforn = no ser divulgado a nacionales de
otros países; Nocontract = no ser divulgado a contratistas o consultores;,
Orcorn= diseminación y extracción de la información controladas por quien le da
origen- y hecho público en el 2001 por una demanda bajo la ley de la libertad de
información (FOIA) titulado en su Ítem 1: “Perspectiva Colombia: Traficantes y
producción de heroína” e Ítem 2:-“Cultivo
de opio alcanza niveles comerciales” dejaba entrever lo que esperaba a
Colombia: "Aunque la producción de opio colombiana es todavía menor en
comparación con los estándares globales, la tasa actual de expansión indica que
el cultivo de opio en Colombia podría exceder los totales combinados de México y
Guatemala antes de finales del año entrante.”
Esto se da, según el documento, en
respuesta a “la estagnación del mercado de cocaína en los Estados Unidos".
Afirma el documento que “los datos revelan que el margen de ganancias de la
heroína es 10 veces mayor al de la cocaína. [...] Los traficantes de Cali,
quienes actualmente tienen la organización colombiana más poderosa en los
Estados Unidos, están financiando parte del cultivo de amapola.” Informan
que cocaína y amapola son dos cultivos diferencias a nivel de recursos
financieros y mano de obra; que la calidad de la heroína colombiana es mala pero
que puede mejorar. Que “El actual esfuerzo de erradicación manual del gobierno compromete
(ties up) un gran número de tropas o Policías, desviándolos de otras operaciones
antinarcótico. Adicionalmente, los campos de amapola limpiados manualmente
pueden volverse a sembrar casi inmediatamente y estar listo para la recolta en
un periodo de entre tres y 5 meses. El Ministro de la Defensa Pardo
recientemente autorizó una aspersión aérea muy limitada pero favorece los
ataques a la infraestructura de la heroína por encima de la erradicación."
[16]
De la marihuana a la coca y de la coca a la amapola
De tal forma, de la fumigación de la
marihuana se pasó a la fumigación de la coca y de la coca a la amapola, la
tercera planta a llegar a Colombia por usos ilícitos. Antes de que el gobierno
autorizara la fumigación de la amapola, incluso el Consejo Nacional de
Estupefacientes, en una reunión del 29 de enero 1992, propone una estrategia
alternativa a la fumigación aérea con glifosato para afrontar el problema de la
amapola "La DNE proponía adelantar, como primer paso, un proyecto piloto de
experimentación que permitiera evaluar a ciencia cierta las consecuencias de una
fumigación con glifosato, y diseñar posteriormente los sistemas de utilización
de agrotóxicos apropiados a nuestro ecosistema. El proyecto consistía en un
estudio de campo realizado en una microcuenca, en un tiempo aproximado de un
año, que sería llevado a cabo por un grupo interdisciplinario de científicos
colombianos y norteamericanos, bajo la coordinación de la DNE. El desarrollo del
proyecto estaría acompañado por una investigación socioeconómica de la población
involucrada en el negocio de la amapola.”
[17]
No obstante, el 31 de enero de 1992,
el Consejo Nacional de Estupefacientes “en ejercicio de la competencia que le
asignó la Ley 30 de 1986”, comunicó a la opinión pública la iniciación del
programa de erradicación del cultivo ilícito de amapola mediante "(..) una
estrategia de acción basada en: reconocimiento previo de las áreas de cultivo,
la selección de métodos y áreas de erradicación y el planeamiento operacional.
En relación con éste último aspecto el comunicado establece que se debe realizar
una fijación de normas específicas y técnicas prioritarias a observar en el
procedimiento policial"
Nada que hacer
A mediados de febrero de 1992, se
lleva a cabo la primera operación de fumigación aérea como modelo de
erradicación contra la amapola desoyendo las propuestas alternativas. Entre
otras el concepto del Ministro de Salud Camilo González Posso [1990-1992] quien,
por otro, proponía un modelo alternativo de erradicación que integraba las
acciones de erradicación de amapola a los aspectos socioeconómicos del fenómeno
mediante la participación de la comunidad. Consistía en un programa de acción
por medio de métodos manual y mecánico únicamente realizado con jornaleros de la
región. Según los cálculos del Ministerio de Salud, el costo del programa
equivaldría al 10% de los $99,000 millones de pesos ofrecidos por los Estados
Unidos a Colombia para combatir el tráfico de drogas.
Minsalud Camilo González Posso sigue
advirtiendo al Gobierno Gaviria [1990-1994] en su Boletín No. 1 “Información
sobre glifosato su uso y toxicología’ " que "Tampoco se debe desconocer que
estos productos no son inocuos para la salud humana”, puesto que, han sido
diseñados con fines letales sobre organismos vivos (insectos, malezas etc.), por
ello requieren de condiciones de manejo específicas y controladas. Su uso
inadecuado e indiscriminado, representa un riesgo real y permanente para la
población y para el medio ambiente."
Un artículo del 1 de febrero de 1992
de El Tiempo reseña que “El Consejo
Nacional de Estupefacientes aprobó ayer la fumigación con glifosato de los
cultivos de amapola,… El presupuesto inicial para la erradicación de las
primeras 2.500 hectáreas es de 312 millones. En tres meses, 700 empleados
permanentes trabajarán en esa misión. El proyecto tendrá un costo total de 8.665
millones de pesos. (..)
La determinación se adoptó en el seno del Consejo
Nacional de Estupefacientes, ente rector de la política antidrogas que involucra
a los ministerios de Justicia, Defensa, Agricultura, Educación y Salud y a los
directores de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS). …
Tras la autorización del uso del
glifosato, el Consejo Nacional de Estupefacientes se propone ordenar el
reconocimiento de las áreas de cultivo. La tarea estará a cargo del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente (Inderena). (…) El Consejo descartó el uso del
herbicida Paraquat, el 2-4D y otros que se emplean como exfoliadores y producen
lesiones irreparables en el medio ambiente y en la salud humana. ....de acuerdo
con González Posso, estudios de esa cartera y del Instituto Nacional de Salud señalan
que no existe seguridad sobre la eficacia del glifosato para acabar con los
cultivos de amapola y, en cambio, se han encontrado evidencias de que el
herbicida tiene efectos sobre la salud y el medio ambiente.
[18]
El 19 de febrero de 1992, González
Posso envía una “Carta del Ministro de Salud oponiéndose a la medida de
fumigaciones". Frente a esto, como lo revela un artículo de
El Tiempo, "Gaviria exige unidad de
criterios", "Enérgico y apoyado en estadísticas e informes oficiales sobre
comercialización y uso de glifosato en Colombia, un millón y medio de litros sólo
en 1991,
el Presidente César Gaviria exigió unidad de criterios en torno al uso
del herbicida y censuró la actitud del Ministro de Salud, Camilo González Posso,
del Ad-M19, crítico de la medida."[19]
En el 8 de octubre de 1992, el
Inderena solicitó al Ministro de Justicia y de Defensa que le fuera suministrada
la información relacionada con la localización de los cultivos, para definir si
se ubicaban en áreas de mayor diversidad o ecosistemas frágiles, en las cuales la
erradicación se debe hacer en forma manual o mecánica, recomendando la
contratación de una auditoría ambiental. Posteriormente, mediante Oficio fechado
de octubre 8 de 1993 dirigido a la Dirección Nacional de Estupefacientes,
manifiesta entre otros: (...) “... Al iniciarse el proceso de fumigación en el
departamento del Huila, la Policía Antinarcóticos estableció 10 normas entre las
que cabe destacar el aspecto ambiental; no se aplicará el herbicida sobre zonas
pobladas, criaderos de peces, abejas, aves u otros animales y en aéreas de
manejo especial; no se fumigará en sitios cercanos a cursos o fuentes de agua,
no sobre volar acueductos, escuelas y demás lugares que representen riesgos para
la salud humana y sanidad ambiental.” [Expediente No. 2001-0022-02 Claudia
Sampedro y otros]. Ya no se debaten los químicos más indicados, únicamente, y
eso entre “autoridades”, las concentraciones y, en fin, toda la cadena de
agresión contra el sector más vulnerable bajo un discurso y óptica
exclusivamente de drogas.
El 17 de febrero de 1992, Gerardo
Ardila actuando en nombre del Ejecutivo Nacional de la Alianza Democrática M-19"
(Movimiento recién desmovilizado e impulsor de la Constituyente de 1991, que da
forma actual al derecho de Tutela), presentó una tutela contra el Consejo
Nacional de Estupefacientes ante el Juez setenta y nueve (79) de Instrucción
Criminal Ambulante por su decisión consistente en la orden de utilizar
defoliantes prohibidos en especial de fumigar con Glifosato los cultivos de
amapola". En Fallo de primera instancia, el Juez 79 de Instrucción Criminal
Ambulante de Bogotá declara improcedente la acción de tutela del Sr. Ardila del
17 de febrero de 1992 por no encontrarse vulneración a derechos fundamentales y
por no proceder para la protección de derechos colectivos. La
Sentencia SU 67 de
febrero de 1993 de la Corte Constitucional aprobada por Acta No. 15 el 24 de
febrero 1993 confirma la Sentencia del Juez 79 de Instrucción Criminal Ambulante
de Bogotá y genera vivas reacciones sociales, incluso en el seno mismo de
Consejo de Estado.
El Tiempo reseña asimismo que,
el 17 de febrero de 1992 "El ex presidente Misael Pastrana Borrero [1970-1974]
interpuso ayer el recurso de tutela contra una resolución del Consejo Nacional
de Estupefacientes que autorizó la fumigación de cultivos de amapola con
glifosato. En un extenso memorando enviado al presidente del Consejo de Estado, Alvaro Lecompte Luna, Pastrana denunció que, con el proyecto de usar masiva e
indiscriminadamente ese químico, está en peligro el derecho al ambiente sano, y
el de la vida misma, y le pidió actuar para evitar un perjuicio irreparable a la
comunidad.”[20]
En 1992, el Informe técnico y
económico de Auditoría Ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos’,
elaborada por Jairo Parra por la auditoria en fechas abril 3 al 10 de 1992 y que
define la metodología y proceso técnico que garantiza el control ambiental a las
operaciones de erradicación por aspersión aérea y la correcta aplicación del
modelo ambiental, hace referencia al que ha sido el principal argumento para
justificar las aspersiones química cual es el efectivo daño ambiental que
produce el cultivo de plantas lícitas. Hace referencia Parra a la deforestación
o disminución de la cobertura vegetal lo que tiene implicaciones
mayores sobre el fenómeno conocido
como lluvia horizontal, propios de regiones de páramo y subparamos, siendo la
especie más afectada el roble predominante en la zona y que forma asociaciones
vegetales o radales casi puros.[21]
La Prensa, el medio de
comunicación de la familia Pastrana, publica la proposición presentada al Senado
en febrero de 1992 contra las fumigaciones por, entre otros, Eduardo Chávez y
Andrés Pastrana (quien durante sus presidencia de 1998-2002 también fumigará e
intensificará la militarización e intervención estadounidense de los problemas
sociales internos colombianos con el Plan Colombia); proposición que reza: "En
consideración al artículo 79 de la Constitución, el cual consagra el derecho de
todo ciudadano a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger su
diversidad o integridad, sugerimos a los señores Ministros de Defensa, Justicia,
Agricultura y Salud, suspender, si es que la hay, de manera inmediata toda
campaña tendiente a la utilización de elementos químicos para la erradicación de
cultivos ilícitos en el territorio colombiano, hasta tanto le sean presentados
al país los correspondientes estudios del impacto económico, ambiental y social,
que una tarea de tal índole, representa para la nación. Acudimos en esta
solicitud al Decreto 2811 de 1974, Código de los Recursos Naturales y del
Ambiente, el cual obliga a presentar para todo proyecto que afecte el entorno,
los estudios, que efectivamente los Honorables Senadores estamos solicitando del
señor Ministro de Defensa; igualmente sumamos a esta petición lo consagrado en
la ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional.”
[22]
Ninguna de las resistencias y
advertencias nacionales prosperó frente a un Gobierno [Cesar Gaviria 1990-1994],
acosado desde todos los frentes: por el narcotráfico; las guerrillas; los
halcones estadounidenses y seguramente los intereses privados de las
multinacionales para acabar de consolidar su negocio de agroquímicos, aeronaves
y otros equipos todos estadounidenses con un mercado público cautivo. A este
empecinamiento estadounidense no debió ser ajeno el hecho que, labores de
aspersión directa e inteligencia y vigilancia ya estaban desde 1991, a cargo de
la empresa de seguridad privada DynCorp, respondiendo únicamente a y a sueldo
de/con presupuesto para el Departamento de Estado de EE.UU.[23]
Un documento de la CIA (obtenido por
la FOIA) "Cultivo de opio en 1996” señala que: “Aunque en 1996 se fumigaron unas
6,000 has de amapola –notablemente más que las 3,760 has fumigadas en 1995- no
existe en aplicación un mecanismo adecuado para medir el monto erradicado.”
[24] A poco se fumigaron más hectáreas de las
que existían.
Las razones de Estado y de estado
En “Glifosato y política: ¿Razones
internas o presiones externas?”, Tokatlian informa que,”[A] a finales de enero
de 1992, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) comunicó a la opinión
pública su determinación en favor de la fumigación manual y por aspersión aérea
controlada de cultivos de amapola con el herbicida glifosato, indicando, al
mismo tiempo, que se fiscalizarían las acciones mediante una auditoría
ambiental”. Estas auditorías aún, en el 2015, se desconocen. Reitera Tokaltian
que “Varios organismos científicos oficiales, desde el ICA hasta el Ministerio
de Salud, coinciden en señalar la toxicidad del glifosato, así como el alto
grado de desconocimiento sobre sus efectos a largo plazo en el hombre, la fauna,
la flora y las aguas. No obstante, como el glifosato comercializado con los
nombres de Roundup, Rodeo, Shackie, Vision, Accord o Polado se aplica sobre
cultivos comerciales lícitos sin consecuencias dramáticas para la población y el
ambiente, su aplicación sobre la amapola resulta legitimada”.[25]
La razón de Estado en ese momento
para insistir en las fumigaciones y de la amapola era la guerra declarada por el
narcotráfico contra Colombia. No obstante, a lo largo de estas tres décadas y
media de fumigaciones, los documentos secretos de los Estados Unidos, hoy
liberados por la Ley de Libertad de Información (FOIA), revelan que en todo
momento la preocupación ha sido vincular insurgencia y cultivos a cualquier
precio. Incluso a costa del fortalecimiento de sectores aliados con el
narcotráfico y los paramilitares; del desplazamiento y despojo de millones de
colombianos a favor de mega proyectos e industrialización del agro; de la
dispersión de los cultivos con usos ilícitos por todo el país; y de la pérdida
inevitable de biodiversidad pues no hay químico inocuo ni fauna o flora a prueba
de cuanto agrotóxico se le ocurra al hombre utilizar y más de forma
indiscriminada en contextos de guerra. Si no, que lo digan los vietnamitas.
Dos pájaros de un tiro
Jim Glassman en su artículo
"Contrainsurgencia, ecocidio y la producción de refugiados – La guerra como arma
de modernización" cita las observaciones de Huntington sobe el desplazamiento y
consiguiente urbanización que ocasionó la Guerra de Vietnam y como, sin
querer/saber, los Estados Unidos había encontrado una forma de poner fin a la
fase rural/bases requeridas para llevar a cabo una revolución que condujera a la
toma del poder. Glassman muestra que “la destrucción ecológica es una forma
sustancial mediante la cual los estrategas estadounidenses han avanzado sus
metas contrainsurgentes. De tal forma, la destrucción ecológica ha sido
integrada a la lucha contra la insurgencia como modalidad para producir los
refugiados necesarios para ejercer un control del campo por parte de los poderes
imperiales y sus aliados locales."
Refiere el autor que ésta es una modalidad
que deja a las generaciones futuras con un desconocimiento total de las
prácticas agrícolas. Glassman hace referencia al el uso de defoliantes en
Vietnam y de napalm en Corea por parte de EE.UU., y en El Salvador por parte del
gobierno aliado de los Estados Unidos en los años 1980, con la consecuente
pérdida de 95% de su bosque nativo y altas tasas de desplazamiento interno de la
población guatemalteca (1/5
parte ). Nos cuenta cómo, invocando la Guerra de las
Drogas en Guatemala -un país que no figuraba entre los países productores-, los
Estados Unidos impuso el uso del glifosato que, como lo admitió en su momento el
gobierno de Guatemala, era un uso ante todo contrainsurgente. “El ecocidio, la
destrucción de cultivos, la urbanización y desplazamiento forzados son
consistentes con este modus operandi
contrainsurgente de los EE.UU. para facilitar así su proceso de desarrollo
capitalista.” Son "viejas batallas con nuevas armas".
[26]
Un cable de 2 de mayo de 1991 la
Embajada de los Estados Unidos en Bogotá informa al Secretario de Estado: “La
Segunda División del Ejército colombiano solicita la asistencia del Gobierne de
Estados Unidos: Reconocimiento (aéreo) y erradicación de los cultivos de coca
del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
Este cable obtenido por el FOIA
(Freedom of Information Act) – esboza las preocupaciones de que el ELN pueda
convertirse en el “tercer cartel” colombiano y sugiere la fumigación clandestina
de todos los cultivos de coca en la Serranía de San Lucas (Departamento de
Bolívar) en donde de informa existen 5,000 has de coca. Se informa que la
Sección de Asunto Narcóticos (NAS) hará los vuelos de reconocimiento aéreo el 2
de mayo y entregará en sus manos al Coronel Medina y General Sanmiguel la
información de inteligencia. Que el verdadero obstáculo no serán los vuelos de
reconocimiento sino las autorizaciones nacionales. [27]
Deux torts font un droit
No obstante, el debate que ha de
servir mejor para mantener y extender las fumigaciones es el del
mayor daño ambiental de los cultivos
y el mayor uso de estos químicos en
la agricultura, lo que nos traerá posteriormente a la bien fundada preocupación
de los agricultores frente a un eventual cese de las fumigaciones estatales con
glifosato en el 2015. En 1991, Gustavo Ramírez Salgado en “Narcocultivo: enemigo
ecológico” señala que "En Colombia se fumigan cada año un millón de hectáreas de
caña de azúcar en el Valle del Cauca con el controvertido Glifosato; 1.700.000
de otros cultivos con paraquat, y en iguales circunstancias se encuentran otros
cinco millones de hectáreas de arroz, algodón y otros productos, que son
tratados con los llamados agroquímicos. Sinembargo (sic), a la luz de un técnico
agrícola estas sustancias son inactivadas en poco tiempo, sin que queden
residuos anómalos. Lo que pasa es que muchas de las situaciones de tipo
ecológico son manipuladas por razones políticas […]La elaboración de las hojas
de coca para convertirlas en pasta de coca en las regiones andina y amazónica de
Sudamérica dice un reciente informe de las Naciones Unidas, hace que toneladas
de residuos químicos se viertan en los ríos y envenenen ecologías ya amenazadas
y contaminen el ganado y las tierras de labor. […] En el criterio de Hidrobo y
otros técnicos consultados por este diario, el número de cultivos de coca en
Colombia no sobrepasa las dos mil hectáreas. Colombia, según un informe del
Instituto Misoniano de Washington, que evalúo la deforestación general de los
bosques tropicales en el Planeta Tierra, ha destruido un 28 por ciento de
nuestro potencial total."
[28]
Un informe de 1992 de la ONUDD, "El
cultivo y procesamiento ilícito de narcóticos: el ignorado drama ambiental",
señala que: “Dos de los temas más preocupantes en el mundo de
hoy son el abuso de drogas y el medio ambiente.” Estas dos problemáticas
estarían vinculadas por vía de “la rápida expansión de los cultivos ilícitos
hacia las zonas de bosques tropicales, los esfuerzos para erradicar cultivos
ilícitos y la contaminación por el procesamiento de materias primas para el
abuso de drogas”. […] “El cultivo de narcóticos ilícitos no sólo da cuenta de
una buena parte de la deforestación tropical, también ocasiona parte del daño
ambiental más severo.
Los métodos utilizados para limpiar el terreno
para cultivar son más devastadores
que lo utilizados para labores agrícolas. […] Los químicos utilizados por muchos
cultivadores en las varias etapas tienen igualmente un impacto negativo
considerable en los ecosistemas tropicales y la población humana.
Los
cultivadores de cultivos ilícitos, para limpiar y mantener sus campos, utilizan
con frecuencia altos niveles de fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Los
procesadores de cocaína y heroína cada año vierten indiscriminadamente millones
de toneladas de sustancias químicas tóxicas y desechos del proceso de extracción
en los suelos e innumerables quebradas, ríos y fuentes de agua. […]
Las aguas contaminadas que se usan
para irrigar los cultivos de pan coger no sólo agudiza el daño ambiental sino
que constituye un riesgo de salud pública considerable. […]Perú, el mayor
cultivador mundial de coca del mundo, es el principal suministrador de pasta de
coca y base de cocaína para los laboratorios de clorhidrato de cocaína en
Colombia. […] Los expertos estiman que cientos de miles de toneladas de químicos
son utilizados anualmente en la producción de cocaína en la Región Andina, lo
que representa la generación de unas 2 toneladas de desechos por hectárea de
coca. En el proceso de maceración y lavado de la hoja de coca para hacer pasta
de coca, los procesadores desechan indiscriminadamente enormes cantidades de
gasolina, kerosene ácido sulfúrico, amoniaco, carbonato de sodio, carbonato de
potasio y cal en los suelos a aguas. […] Colombia, la primera procesadora de
base de cocaína y clorhidrato de cocaína de la Región Andina, ha incurrido en
daños inconmensurables a los ecosistemas de los Llanos… Cada año, más de 20
millones de litros de éter etílico, acetona, amoniaco, ácido sulfúrico y ácido
clorhídrico —los químicos primarios utilizados para producir hidroclorato de
cocaína— son desechados desde laboratorios en la selva en las quebradas y
tributarios que alimentan los vastos rio Amazonas y Orinoco. Las fuentes de agua
de los Llanos, al igual que los de las zonas de procesamiento de Perú y Bolivia,
están prácticamente desprovistas de muchas especies acuáticas, fauna y flora.”
La recomendación No 5 de este informe es: “Se debe promover activamente la
erradicación de cultivos ilícitos por todos los métodos y técnicas
ambientalmente seguros, incluso aspersión aérea.”
[29]
Al calor de las divergencias entra
las cifras y la contradicción entre la necesidad muy real y sentida de contener
la expansión del consumo de drogas y el diseño de políticas que no incrementen
los daños y riesgos, paralelamente a su reseña sobre el drama ambiental
ocasionados por los cultivos y su recomendación del método seguro de aspersión
aérea de agroquímicos, otro documento de 1992 de la ONUDD: “Impacto
ambiental del cultivo de coca y producción de cocaína en la región amazónica de
Perú: revela que, "En 1964, el cultivo [en Perú] cubría
16,360 hectáreas, …. Hasta, aproximadamente 1965, las estadísticas oficiales
sobre a producción de coca coincidían con la realidad. Posteriormente, se
desarrollaron unas divergencias que crecieron hasta proporciones casi cómicas.
....[En los años 1980], según datos oficiales de fuentes de los Estados Unidos,
podía haber 150,000 hectáreas of coca sembradas en Perú,... […] De la
información mencionada, que ciertamente no incluye toda la literatura sobre el
tema, es altamente probable que existan en el país por lo menos 150,000
hectáreas y hasta 380,000 hectáreas. La estadística más probable es más de
200,000 hectáreas. Esta cifra coincide con los resultados de una evaluación de
la superficie de cultivos legales e ilegales de coca. La carencia (ocultamiento)
de información precisa es sorprendente sobre un tema tan importante, aún más si
se considera la facilidad técnica con la que se puede obtener, dada la
disponibilidad de sofisticados equipos de teledetección.” A pesar de
proponer químicos para la erradicación, señala la ONUDD que “La aplicación de biocidas (en
este caso, herbicidas, pesticidas o fungicidas) siempre es dañina para el
medioambiente, a un mayor o menor grado. La aplicación de fertilizantes también
genera un impacto negativo sobre el ambiente.”
[30]
Aquí nos quedamos
Un documento secreto de la CIA (por
FOIA) del 24 de enero 1996, “Colombia –Un presidente corrupto (tainted) logra
éxitos antidrogas”,
afirma:
"En un año en el que el Presidente Samper se vio
perseguido (dogged) por acusaciones de que su campaña a sabiendas aceptó
financiación de fondos de tráfico de drogas, su gobierno logró uno avances
antidrogas significativos”.. (…) Bogotá obtuvo un nuevo record de erradicación
de más de 24,000 hectáreas de coca (desde 4,910 has de coca fumigadas en 1994) y
asperjó unas 4,000 hectáreas de sembrados de opio.”
[31]
En este documento “NAS/GOC Aerial
Drug Eradication Program” del 25 de septiembre 1996 obtenido por el FOIA se hace referencia a las misiones de erradicación aérea y la
resistencia del gobierno Samper [1994-1998] se sostiene que:
“ Esta tecnología
especial y nuestros bien desarrollados procedimientos de pilotaje han sido
exitosos allí donde han sido implementados sin impedimentos.
[…] Significativos
cultivos de drogas han sido eliminados en Guatemala, Belize, Venezuela, Panamá y
en el caso de marihuana en Colombia en los años 1980." Se recomiendan las
presiones que se deben ejercer sobre el Gobierno Samper y Colombia para lograr
le propósito de vencer las resistencias a la participación directa de los
pilotos estadounidenses. Los éxitos son 9,000 has de coca erradicadas
(fumigadas) en 1995. ....Colombia tiene tres opciones: a-acompañamiento de
pilotos de USA; b-usar pilotos panameños y costarricenses ya experimentados en
fumigar bajo fuego; o c-fumigar sola con recursos de la FAC.
[32]
Posteriormente, el confidencial
U.S. Embassy
Colombia cable del 26 de septiembre 1996, “NAS/GOC Aerial Drug Eradication
Program,”, se refiere a las misiones de erradicación aéreas; hace
referencia a los ruegos del Mindefensa Esguerra para retomar las fumigaciones
(especialmente en Miraflores Guaviare) y se menciona la interrupción durante 3
semanas de las misiones (fecha mencionada agosto 31 1996) y la fecha de 26 de
septiembre en la que el Ministro de Defensa Esguerra de Colombia entrega
personalmente carta al Embajador Frechette para llegar a un acuerdo sobre los
procedimientos. Ya se confirma la decisión de Colombia de aceptar que los
pilotos estadounidenses participen en los vuelos de fumigación (como se venía
haciendo antes de Samper). Que EE.UU. no estaba dispuesto a que Colombia se
encargara sola de las fumigaciones; que los recursos y asistencia técnica
resultaron definitivos en la decisión...además de la presión política que revela
este documento. Indica el Ministro de Defensa colombiano Esguerra que, para
vencer la resistencia del Congreso de Colombia, será mejor hablar de pilotaje
por colombianos y acompañamiento por pilotos estadounidenses. Que esperaba que,
al acceder a usar pilotos estadounidenses, los Estados Unidos entregarían a
Colombia los Broncos ajustados (retrofitted) y juntos podrían fumigar no sólo de
noche sino también de día. Que Colombia no está en condiciones de fumigar sola.
La discrepancia parece radicar en que el gobierno Bush no considera que Colombia
ha tenido los logros debidos con las misiones de fumigación y que debe ser USA
la que se encarga. Protesta además USA: “La reciente decisión del Gobierno
colombiano de adoptar el Imazapyr como el único herbicida granular para
experimentación es una indicación más de que los colombianos hicieron lo
mínimo…poco cooperativos. “---“El gobierno de Colombia no puede avanzar en un
futuro cercano con el programa de erradicación aérea sin la asistencia de USA”.
[33]
El Trade and Environment Database
(TED) de 11 de enero de 1997 sobre el “Comercio de coca en Colombia” revela, lo
que aún hoy sigue siendo cierto para determinado sectores “Un segundo ataque a
las política de erradicación vino de grupos ambientalistas, posiblemente
(allegedly) a sueldo de los carteles de la droga, que objetaron la aspersión del
herbicida glifosato con el argumento de que destruye el ambiente y es nocivo
para la salud de las personas que viven en la región.
[34] Llegan las bases
narcotizadas del dúo de Álvaro Uribe
y su cómplice, el Procurador Alejandro Ordoñez.
En su informe secreto del 30 de enero
1997 la CIA) insiste
“El compromiso del Presidente
Ernesto Samper a los esfuerzos antinarcóticos es débil y parece en
principalmente motivado por la preocupación de mejorar su imagen y evitar la
amenaza de la imposición de sanciones económicas por los Estados Unidos.
[…]
Aunque Colombia no cumplió con su objetivo verificado de esfuerzos de
erradicación, el haber sumado pilotos contratistas estadounidenses a los
esfuerzos de erradicación revivió el programa de erradicación aérea de cultivos
ilícitos más agresivo del mundo. Un aumento en las operaciones de erradicación
seguramente impulsará a los insurgentes –que reciben ingresos considerables de
actividades relacionas con las drogas –a volverse más agresivos, incrementando
las amenazas a los aviones y pilotos.”
[35]
El Tiempo del 12 de marzo de
1997 en “Hoy se reinicia fumigación de cultivos ilícitos"
cuenta que “Las Fuerzas Militares conjuntamente con la Policía
Nacional serán las responsables, a partir de las primeras horas de hoy
miércoles, de una gigantesca operación con la que el Gobierno Nacional reinicia
en firme el plan de erradicación de cultivos ilícitos en una vasta zona del sur
de Colombia, comenzando por el departamento del Guaviare.” El nuevo plan se
reinicia ocho días después de que el Gobierno Nacional anunció la suspensión de
la fumigación de cultivos ilícitos en el país. Sin embargo, el Gobierno echó
para atrás la medida debido a las críticas internas y externas sobre la
inconveniencia de esa suspensión, sobre todo por lo reciente de la no
certificación del gobierno estadounidense… Explicó que el diseño del programa,
en cuanto a técnicas y químicos que se utilizan, es competencia del Consejo
Nacional de Estupefacientes, mientras que la fase operativa, en lo que se
relaciona con zonas que se van a erradicar, es del resorte del Gobierno
Nacional.”
[36]
Otro “Narcotics Monitor” de 15 de
Julio 1997 de la CIA obtenido por la FOIA hace referencia a la aprobación por
parte del “Consejo de Drogas Peligrosas”, (léase Consejo Nacional de Esupefacientes
-CNE), del programa piloto para el uso del herbicida granular
tebuthiuron en el programa de erradicación y a la negación de Eli Lilly and
Company de vender su herbicida para uso en la erradicación de coca en Colombia.
La Eli Lilly Company fue vendida a Dow Chemical/ DowAgroSciences en 1997 y se
conoce, junto con la Monsanto, por su producción del nefasto Agente Naranja
utilizado en Vietnam. [37]
El despertar brutal
Aunque todo parece indicar que las
fumigaciones fueron incrementándose paulatinamente de año en año desde 1978,
la región se despierta brutalmente a esta medida cuando ya se fumigaban
tres cultivos con usos ilícitos y a raíz de su intensificación a partir del plan
estadounidense Cliinton-Pastrana, el llamado Plan Colombia [Puerto Wilches,
diciembre 1998]. Con la “Ofensiva al Sur” se fumiga la Amazonía como nunca antes
y en la frontera con Ecuador. Anteriormente, como lo revela este cable de la
Embajada de Estados Unidos del 7 de octubre 1996, “La interdicción aérea
extendida. Implantación del Plan”, en 1996, se experimenta con un herbicida
seco. El cable precisa detalles sobre las operaciones de erradicación aérea en
San José Guaviare y Neiva y Plan desde base Tres Esquinas que comenzaron en San
José del Guaviare el 21 de octubre 1996: "A medida que comienzan las operaciones
en Tres Esquinas la experimentación (testing) con el herbicida granular del
Imapazir también debe estar lista para proceder. Los planes iniciales son
comenzar los ensayos (la experimentación) en Guaviare y Meta y luego (move)
extender las operaciones a los restantes Departamentos de ´Caquetá y Putumayo.
Se dedicará un avión a esto...". [38]
Estas experimentaciones no son
conocidas por el gran público y no es sino a partir de la resistencia muy
sentida a la escalda militarista con el Plan Colombia,
que la
movilización realmente masiva nacional e internacional
logra informar y alertar. Es
esta movilización la que, en últimas, impide que las agencias y empresas que se
pelean el mercado colombiano (sujeto a la dependencia política por la guerra y
presiones estadounidenses en favor de la experimentación), logren imponer sus
nuevos químicos; patógenos; y controladores biológicos. Es así que se logra
detener el uso del hongo fusarium oxysporum y de la mariposa come coca, la
Eloria Noyesi.
De patógenos, controladores biológicos y otros insectos
Como hemos reseñado, Colombia viene
siendo objeto de experimentación confirmada desde 1978. En 1984 la ONUDD
publica su "Estudio sobre la concentración de ácido 2,4-diclorofenoxiacético
(2,4D) en las hojas y pasta de coca tratadas con este herbicida" ". Hay que
señalar que el 2,4D es el ingrediente 'mágico' del Agente Naranja utilizado en
Vietnam y, que para principicios de los años 1980 ya se conocían sus secuelas y
sus condenas. Señala este estudio de a ONUDD que: "El herbicida ácido
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es considerado el más eficaz a nivel de costos
para erradicar las plantas ilícitas de coca. Puesto que las hojas de coca son
masticadas [mambeadas] por los originarios de las zonas productoras de coca, y,
puesto que la pasta de coca y cocaína son ampliamente abusadas, se llevó a cabo
un estudio de para determinar si el 2,4-D se traspasa a la hojas y es
transferido a la pasta de coca cuando la planta es tratada con este herbicida.
El estudio concluyó que el tratamiento basal de las plantas de coca con 2,4-D
ester conllevó a la translocación 2,4-D a las hojas, y se encontraron altas
concentraciones de este herbicida una semana después de ser tratadas. La pasta
de coca preparada a partir de las hojas tratadas no contenía 2,4-D. La aspersión
del follaje conllevó en concentraciones significativamente altas de 2,4-D en las
hojas, con concentraciones notoriamente altas del herbicida una semana después
de la aspersión. Trazos de 2,4-D fueron encontrados en las pasta de coca
preparada de las planas asperjadas por medio del follaje. " [39]
En julio de 1993 la US Congress
Office of Technology Assessment (OTA), en su documento “Alternative
Coca-Reduction Strategies in the Andean Region”, se lamenta de que "No se ha
prestado suficiente atención al uso potencial de flora y fauna silvestres como
opción de erradicación.” Este documento también contiene referencias a las
propuestas sobre biocontroladores La OTA (1972-1995) fue la oficina del Congreso
encargada de suministrar a los congresistas y comisiones del Congreso los
análisis científicos requeridos para su labor. [40]
La experimentación con virus contra
los cultivos con usos ilícitos se revela en una carta de 1989 de la CIA
respondiendo al Senador Bradley "Sobre sus preguntas sobre el uso de virus para
atacar la coca" “Que sepamos, no se han efectuado experimentos con virus para
atacar la coca. Hay otros patógenos, en particular hongos e insectos biocontroladores, que han sido estudiados para ser utilizados contra la coca y
otros cultivos de drogas. […] A la fecha, el biocontrolador más promisorio ha
sido desarrollado para ser utilizado contra la marihuana. El método utiliza
polen, en lugar de patógenos o insectos para disminuir la calidad y valor
económico de la cosecha de marihuana."
[41]
“La compañía Ag/BioCon fue
constituida por el profesor Sands específicamente para someter una propuesta
para aplicar la tecnología desarrollada para el control de la coca con una
planta de hongo patógeno (micoherbicida). Ag/Bio Con sometió una propuesta a 3
años de 300 páginas al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
en enero de 1998. La propuesta consistía en desarrollar los agentes, probar su
seguridad, validar su eficacia y producir un sistema económico de entrega y
suministrar sufriente inóculo para cubrir las regiones cocaleras de Colombia.
Ag/Bio Con también propuso continuar con el trabajo ya hecho por el USDA y
Montana State University (MSU) sobre controladores biológicos de la amapola par
opio. Esta propuesta no fue revisada por el USDA y fue devuelta a Ag/Bio Con".[42]
El 2 de octubre 2000, la BBC
transmite un informe con participación de David Sands, el creador del hongo
Fusarium y Rand Beers, Subsecretario de asuntos antinarcóticos de los Estados
Unidos. La emisión “La guerra secreta de las drogas de la Gran Bretaña” informa
“sobre nuevas estrategias para alejar la guerra de la Gran Bretaña y llevarla al
corazón del territorio enemigo y revela los detalles del apoyo británico a una
nueva y altamente controvertida arma biológica. Su objetivo es reducir las
cosechas de cultivos ilícitos del mundo convirtiéndolas en polvo antes de que
sean convertidas en [sobredosis y criminalidad]. [...] Actualmente las
plantaciones de coca son asperjadas con químicos, una turbia (messy) forma de
destruir la hoja de coca. Las armas biológicas son naturales, no dejan residuos
y permanecen en los suelos para impedir nuevos sembrados. El plan del profesor
Sands es introducir grandes aviones militares de transporte que vuelen alto para
impedir los ataques desde tierra, aviones que puedan transportar enormes
cantidades de las esporas asesinas."
[43]
Uno nunca sabe
Con base en la proposición no. 01 de
octubre 2000, el Senado de la Republica somete un cuestionario a los
funcionarios del Gobierno de Andrés Pastrana [1998-2002] sobre la propuesta de
la UNDCP de bombardear agentes biológicos en Colombia para la erradicación de la
coca, preguntaban entre otros: "¿Qué acciones de tipo bilateral y multilateral ha
emprendido Colombia para contrarrestar las preocupaciones regionales acerca de
la utilización de micoherbicidas como herramienta para erradicar cultivos
ilícitos en zonas de frontera?” R/. “Como ya se dijo, y se ha reiterado
numerosas veces, el Gobierno nacional ha rechazado la propuesta de
experimentación del micoherbicida Fusarium Oxisporum CN-4, aclarando de esta
manera cualquier inquietud que se pueda en los países vecinos.
[44]
El
Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado [1998-2002] uno de las
fundadores de la Fundación Pro Sierra y de los pioneros que reveló al país las
maravillas de Cuidad Pérdida en la Sierra Nevada de Santa Marta y testigo de
primera mano de los rezagos de las primeras fumigaciones de la Sierra, como
máxima autoridad ambiental del país, emite un despacho en octubre 2000 en
relación con la posible experimentación, uso o aplicación del hongo Fusarium
oxysporum, como mecanismo para la erradicación de cultivos ilícitos en el
territorio nacional, se permite reiterar lo siguiente: “ El Ministerio del Medio
Ambiente, NO aceptó la propuesta planteada por el Programa Internacional de
Drogas de Naciones Unidas (UNDCP), para hacer pruebas con el micoherbicida
Fusarium oxysporum, por considerar que cualquier agente externo a los
ecosistemas nativos de nuestro país podría presentar graves riesgos al medio
ambiente y a la salud humana."
[45]
La siguiente propuesta es aún más
alucinante. Como lo reseña una investigación de 1991 de la Drug Enoforcement
Administration (DEA), la mariposa Eloria Noyei constituye la mayor amenaza para
la coca.[46]
Un artículo de Fernando Araújo Vélez nos alerta en el 2005 que “La gringa”
volvió a ser centro de polémicas la semana pasada. Gómez (el presidente de la
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia) le envió su proyecto de
erradicación de cultivos ilícitos a Sabas Pretelt de la Vega, ministro de
Interior y Justicia, exponiendo su tesis, con un análisis detallado de los
estragos que el glifosato causó en la Sierra Nevada de Santa Marta durante las
últimas fumigaciones. “Lo importante es que, más allá de la efectividad de la
mariposa, también somos conscientes de que hay que promover la propuesta como lo
que es, un derecho fundamental de los colombianos a la salud. Lo que se ha
estado haciendo hasta ahora es similar al caso del señor al que le encuentran un
tumor en el cerebro y, en lugar de intervenirlo quirúrgicamente, le cortan la
cabeza”[47].
El 6 de septiembre 2005, Moreno de Caro promueve el Proyecto de Ley número
31 de 2005 H.S. “por medio de la cual se implementa el uso de métodos
'naturales' para la erradicación de cultivos ilícitos.”
[48] Afortunadamente, el absurdo no pasó a
mayores.
El momento cumbre
Entretanto, el Plan Colombia estaba
marcando el momento “cumbre” de las fumigaciones; momento asimismo en el que el
rechazo fue casi unánime de parte de la sociedad civil y es el periodo más
documentado. No obstante, las movilizaciones y advertencias sobre la ilegalidad
e ilegitimidad de esta política, no logran suspender las aspersión aérea y,
entre 1999 y el 2014, se fumigan 1’561,998 hectáreas de sólo coca y no sólo con
glifosato sino con una mezcla que potencia el glifosato y a razón de una
descarga inaudita, muy por encima de la tasa permitida y/o que debería permitir
la Monsanto para sus producto.
La bióloga química farmacéutica, Elsa
Nivia, señala que “ De acuerdo con los parámetros técnicos del Consejo Nacional
de Estupefacientes para las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos,
contenidos en su Informe de actividades y funciones de auditoría ambiental de
noviembre de 1999, se aplican las siguientes cantidades en la mezcla:
Carga del avión |
300 – 450 galones |
1137 – 1705 litros |
Descarga efectiva (de
Roundup Ultra, con 43.9% de glifosato) |
23.4 litros/hectárea (30 a 50 gotas/cm2) |
10.3 L/ha de glifosato |
Depósito de mezcla |
0.4 – 0.7 mm3/cm2 |
40 – 70 litros/ha |
Si se considera que un avión de 300
galones (1137 litros) deposita 40 L/ha de la mezcla, con una descarga efectiva
de 23.4 L/ha de Roundup Ultra, esta descarga equivale a 10.3 L/ha de glifosato
en forma de sal IPA. Esto significa que el Roundup Ultra se aplica al 58.5% en
la mezcla y el glifosato al 26%, y no al 1% recomendado en Estados Unidos para
aplicaciones terrestres, con equipos de protección y dirigido a las malezas
agrícolas.”[49]
A pesar de las quejas y daños
evidenciados por las comunidades por este uso no regulado de químicos, en el
2009, casi finalizando la primera década del siglo xxi -el siglo de la
consciencia ambiental-, Keith R. Solomon , el investigador que hizo los estudios
comisionados por la Junta Internacional de Fiscalización (del Abuso) de Drogas
(JIFE /CICAD en inglés) que declararon la inocuidad del glifosato, lleva a cabo
un estudio “Coca (Erythroxylum coca) el control es efectuado por las
formulaciones de glifosato y los coadyuvantes” en el
que propone una versión más
potente del RoundUp y surfactantes importados de Inglaterra para sustituir el
producto colombiano Cosmo-Flux 411©. Afirma Solomon que, con la formulación
Glyfos que actualmente utiliza Colombia “existen riesgos potenciales a los
anfibios con la aspersión directa en augas pandas. En tal caso, si se requiere
cambiar el glifosato, sugiere el Roundup Biactive y los coadyuvantes Silwet L-77
and Mixture B.” En ese momento informa Solomon que la tasa de aplicación de
glifosato en las aspersiones era de 3.69 kg a.e./ha .[50]
No obstante, en el 2011 y justamente
ante el cambio de proveedores de la Monsanto a la empresa Talanu Chemical Ltda,
Solomon publica un artículo sobre la toxicidad del glifosato chino Cúspide
480SL®. Su artículo asegura que con el glifosato chino “Los ecosistemas
acuáticos adyacentes a los campos de coca (blanco de las fumigaciones) pueden
verse expuestos, colocando en riesgo los organismos acuáticos.”
[51]
Paralelamente, entre el 2009 y el
2014, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos desarrolla un Estudio de
la huella genética de la coca cuya “información será utilizada por
investigadores y especialistas en el control de drogas para entender la
diversidad genética al interior de esta especie.”[52]
Ésta no sería la primera vez que Estados Unidos impone en el Exterior lo que le
es vedado en su propio país.
La Ofensiva al Sur
El 27 de marzo de 1998 otro documento
de la CIA (por FOIA) sobre el “Status de la actividad de drogas de la
insurgencia en el Putumayo y Caqueta” se alarma de que “Los incrementos
dramáticos de cultivos en estos dos departamentos (Putumayo y Caquetá)
contrarrestan los avances significativos logrados por el programa de
erradicación aérea en reducir la cantidad de coca que está siendo cultivada en
el Departamento del Guaviare e impulsan a Colombia al primer lugar como el mayor
cultivador de coca del mundo, sobrepasando a Perú por primera vez (…) La
guerrilla rutinariamente disparan a los aviones de erradicación y todo parece
indicar que les tiene sin cuidado que pueda haber Americanos abordo que pudiesen
salir heridos o morir por sus disparos.”
[53]
A partir de la arremetida del Plan Colombia, la sociedad civil comienza realmente a exigir cuentas sobre las hectáreas fumigadas y las efectivamente erradicadas, y las cifras son alarmantes. Se revela que fumigación está lejos de ser equivalente a erradicación.
A nivel nacional, organizaciones
como la Defensoría del Pueblo,
gracias a los conocimientos y dedicación de
Yamile Salinas Abdala y Eduardo Cifuentes y a solicitud de las amplias
movilizaciones campesinas que datan;
la OPIAC; Indepaz; Dario Gonzaez Posso; MamaCoca; Aura Maria
Puyana; Elsa Nivia (Rapalmira); el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar);
Diana Milena Murcia,; Acción
Andina con la multiplicación de
informes de Ricardo Vargas;
Claudia Sampedro; el analista Bernardo Pérez Salazar; la ONIC; Ecofondo;
Ecoportal; la Fundación Semillas; Codhes; Dario Fajardo;
Gregorio Mesa Cuadros;
Censat
Agua Viva; el Movimiento Ambiental Colombiano;
Viva la Ciudadanía;
ILSA; Planeta Paz; la Mesas Ciudadanas por
la Paz; Fundepúblico;
agrónomos campesinos de Caquetá como Rodrigo Velaidez proponen y
consolidan propuestas alternativas de erradicación; Henry Salgado Ruiz con sus
análisis frente a la criminalización del campesinado ; el CINEP;
Nasa
Esh's proponiendo productos de coca; Leopoldo Múnera;
Tomas León de Sicard y otros Académicos la IDEA y de la Universidad Nacional
como Jairo Estrada y
Jaime Caycedo con sus publicaciones y encuentros sobre el Plan Colombia;
Fesnsuagro-CUT;
Jaime Zuluaga, el IEPRI,;
MIltón Rengifo,; Socorro Ramírez,
Álvaro Camacho; Andal; las Comunidades Negras; la ambientalista Catalina Toro Pérez; Lilliam Eugenia
Gómez desde el Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia;
la Red de
Juticia Ambiental por Colombia; el
neurólogo Jaime Gómez González; Constanza Viera;
el Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo Colombia; la Asociación Minga; la
Ruta Pacífica de Mujeres /Mujeres Paz Haremos; Indymedia; Rebelión;
el
OCDI; Prensa
Rural; Daniel Mejia desde la academia y la Comisión Asesora de Drogas y, sobre
todo, las comunidades locales y un sinfín de actores acometen estudios y
campañas activas para informar sobre los daños y detener las fumigaciones.
Los grupos alzados en armas sostienen un rechazo contundente frente a esta
medida y proponen alternativas de erradciación con desarrollo agrario.
El MOIR, que desde hace años venia denunciando las fumigaciones masivas privadas y
estatales como estrategia depredadora contra el campo y del pequeños
campesinado; el POLO y otros partidos y representantes políticos como Rafael
Orduz; Pedro Arenas y Guillermo Rivera Flórez incluyen el tema en sus agendas y
debates en el Congreso.
Se promueven leyes para buscar
salidas. Entre otras la Ley de Coca, un proyecto propuesto por MamaCoca en
agosto 2003 dentro del marco de “Un Plan de Vida para el Cauca” de Camilo
González Posso y cuyos ponentes fueron Pedro Arenas, el Taita Lorenzo Almendra,
Carlos Gaviria y Efrén Félix Tarapués. El Consejo de Política Criminal exigió
que no se debatiera este proyecto.[54]
Un gobierno enajenado
En Colombia los
informes, denuncias, movilizaciones,
tutelas, acciones colectivas y acciones de reparación directa se multiplican
pero el Gobierno, cuando no logra pararlas en los estrados aduciendo que éste es
el compromiso de Colombia en su lucha contra las drogas, prefiere pagar las
condenas con plata de la Nación. No escucha las quejas incesantes de las
comunidades locales, a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, ni los
Autos de la Corte Constitucional. El gobierno no acata sus propias reservas
sobre la Convención de Viena de 1998 como confirmadas por la Sentencia No.
C-176/94 que le obliga al Estado colombiano a “reservarse para evaluar el
impacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico ya que la persecución
del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la obligación que
tiene el Estado colombiano de proteger el medio ambiente, no sólo para las
generaciones presentes sino también para las generaciones futuras.”
[55]
En el 2004, la GAO informa que:
“Desde el año fiscal 2001, el Estado ha aumentó significativamente los recursos
para los programas de erradicación aérea en Colombia. Los fondos para el
programa se duplicaron desde unos $49 millones en el 2001 a $100 millones en el
2003. Adicionalmente, entre el año 2001 a mayo 2004, el personal en Colombia
directamente involucrado en el programa se incrementó de 179 a 298, y el número
de aviones (aircraft) de erradicación aérea aumentó de 22 a 35.”
[56]
El Tribunal Permanente de los Pueblos
capítulo Colombia en su "Audiencia
de
biodiversidad"
con
la Acusación del Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo contra la transnacional DynCorp –, afirma CAJAR
que “La aprobación de recursos para el Plan Colombia en el Congreso de Estados
Unidos, tuvo un fuerte lobby de empresas que a la postre resultarían
beneficiadas del él, al prestar sus servicios,… “entre aquellos con grandes
intereses, además de los gobiernos de EE. UU. y Colombia, están Helicópteros
Bell Textron de Texas, que provee las aeronaves que movilizan tropas y recursos,
y Helicópteros Sikorsky, que provee los Blackhawk utilizados para proteger a los
avionetas de fumigación. También se cuentan Monsanto de Kansas, que provee el
glifosato (Round-Up Ultra) utilizado, y DynCorp, de Reston, Virginia, la
compañía con más intereses allí. De todos, esta última es la principal empresa
subcontratada por el Departamento de Estado para Colombia, pues goza de un
contrato por alrededor de $600 millones de dólares para fumigaciones,
mantenimiento de avionetas y helicópteros utilizados en las operaciones. Cada
una de estas empresas emplea compañías especializadas en lobby de alto nivel en
Washington."
[57]
Las cifras
Las cifras aunque con discrepancias
desproporcionadas no se pueden descartar y si acaso justamente son estas
discrepancias las que hay que señalar por el carácter utilitario con el que
los gobiernos emiten, ocultan y/o
bandean sus cifras 'oficiales'. A manera de ejemplo, un cable de 3 de octubre 2005 revelado por Wikileaks nos revela en detalles las hectáreas de coca y amapola (78 has)
asperjadas en la primera semana de agosto 2005. Afirma la NAS que “estamos
adelantados en aproximadamente 20,000 hectáreas en la meta fijada para la coca
pero todavía tenemos dificultades para identificar los cultivos de amapola que
nos permitan alcanzar la meta de 3,000 para este año. Los pilotos de aspersión
creen que los cultivos de amapola se pueden estar incrementando en los parques
nacionales y territorios indígenas… NAS y la Sección de Asuntos Públicos están
coordinando una estrategia de asuntos públicos para posible aspersión aérea
futura de coca en los parques nacionales. [....] “Ciento sesenta y (160) galones
de glifosato fueron entregado en Agosto a cinco unidades de la Policía en la
región oriental de Boyacá.. “[58]
Los Estados Unidos advierte que el
90% del glifosato en Colombia es utilizado en la agricultura. En Colombia se
dice que los Estados Unido y Colombia han fumigado 2 millones de hectáreas desde
1995, y las cuentas sobre los millones de litros que se han vertido son todavía
especulativas. Considerando que hay años como el 2006 en los que se llegó a
fumigar hasta 170,000 hectáreas y que la concentración afirmada por el gobierno
colombiano en su “Acuerdo entre partes” en el litigo que le opuso Ecuador en la
Corte Internacional de Justicia (2007-2014)
[59] es de 23,5 litros de descarga de mezcla
por hectárea, las cuentas son enormes.
Otra es que, como lo señala Daniel
Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la
Universidad de los Andes, Cesed, a BBC Mundo “Coca: ¿por qué insiste Colombia
con la erradicación aérea?”: “…por cada hectárea asperjada con glifosato el
número de hectáreas cultivadas se reduce entre 0.1 y 0.15 hectáreas. Esto
básicamente se traduce en que para eliminar una hectárea tienes que asperjarla
entre ocho y diez veces”.
[60] Un informe reciente de Adam Isaacon de
WOLA señala que, desde 1994, La Oficina Internacional Antinarcóticos del
Departamento de Estado, ha gastado aproximadamente entre 1 y 2 billones de
dólares en herbicidas, pilotos contratistas y mecánicos, helicópteros de escolta
de la Policía, combustible, equipos de búsqueda y rescate, y otros gastos
relacionados con las fumigaciones..”
[61] ¿Cuánto se ha invertido en Desarrollo
alternativo y cuántos proyectos de DA y orgánicos han sido fumigados con esa
plata?
Los intereses superiores, pero no
de la patria
Los ‘argumentos’ de Estados Unidos
con los que coincide el Procurador Ordóñez son las cifras y coinciden asimismo
en negar lo que dice la ciencia. El Procurador afirma que “Verificados los
registros de mortalidad del DANE no hay evidencia de muerte relacionada con
glifosato desde 1977 a la fecha, sin embargo sí mortalidad relacionada con otros
grupos de plaguicidas, especialmente organofosforados y paraquat empleados en
forma amplia en la agricultura”. Mientras las autoridades estadounidenses y la
Monsanto afirman que el glifosato es menos dañino que la sal y la aspirina, el
Procurador Ordóñez niega la calidad de organofosforado del glifosato y la
Monsanto especula sobre la falta de objetividad de la International Agency for
Research on Cancer (IARC). Es de notar que si ‘alguien’ tiene intereses
comprometidos en esto y ha sido acusado de prácticas fraudulentas son los
fabricantes de agroquímicos.
Como lo señala el estudio de Carmen
Patricia Barros Santiago y Vilmar Enrique Gamez Rojas: “Determinación de la
concentración letal media (cl50-96) del glifosato Roundup 747sg, por medio de
bioensayos utilizando alevinos de trucha arco iris (oncorhynchus mykiss)” “….los
estudios toxicológicos sobre el glifosato requeridos oficialmente para su
registro y aprobación han sido asociados con prácticas fraudulentas. En 1976,
una auditoría realizada por la EPA [Agencia de Protección Ambiental de
EE.UU.] descubrió serios errores y deficiencias en
estudios conducidos por uno de los más importantes laboratorios norteamericanos
involucrados en la determinación toxicológica de pesticidas previa a su registro
oficial. La EPA acusó públicamente a Industrial Biotest Laboratories (IBT),
laboratorio que condujo 30 estudios sobre glifosato y fórmulas comerciales con
base en el glifosato (entre estos, 11 de los 19 estudios realizados respecto de
su toxicidad crónica), de falsificación rutinaria de datos y omisión de informes
sobre incontables defunciones de ratas y cobayos. La EPA denunció el episodio
con 7 años de demora (1983) y escasa repercusión mediática. […] Sin embargo,
informes del Comité de Operaciones Gubernamentales del Congreso norteamericano y
sumarios de la Oficina de Pesticidas y Sustancias Tóxicas de la EPA confirman
detalladamente la fraudulencia y pobre calidad científica de los estudios de
IBT.[…] Además, la EPA denunció en 1991 que Craven Laboratories, empresa que
condujo determinaciones para 262 compañías fabricantes de pesticidas, había
falsificado estudios, recurriendo a "trucos" tales como falsificar anotaciones
de registros de laboratorio y manipular manualmente el equipamiento científico
para que éste brindara resultados falsos.”
[62]
Un Informe del 2012 del Senado de la
Republica de Francia sobre los pesticidas y sus recomendaciones afirma « Hoy en
día, las empresas financian ellas mismas sus estudios. Las agencias sanitarias
se limitan a evaluar los resultados suministrados. Las pruebas no son públicas,
bajo la cobertura el secreto industrial. Los AMM [autorizaciones para poder ser
puestas en el mercado] no se obtienen con base en la realidad de los productos,
con sus coadyuvantes y solventes, y no tienen en cuenta los efectos cóctel. Y no
hay seguimiento alguno. ¡Es demasiado!”[63]
El documento del 2012, OMS “XIX
Modelo de Naciones Unidas” refiere que “Los pesticidas, en especial los
fabricados a base de Glifosato, son ampliamente utilizados por agricultores
alrededor del mundo. Actualmente existe una gran controversia con respecto a
este tema, puesto que nuevas investigaciones demuestran que este producto
produce considerables efectos negativos en la salud humana. Por otro lado, este
tema también es objeto de polémica puesto que gracias a presuntos intereses
económicos, los pesticidas a base de glifosato han sido erróneamente catalogados
como de menor riesgo al que realmente representan”
[64]
Lo preocupante es que, como lo reseña
este artículo “Monsanto's Herbicide Linked to Fatal Kidney Disease Epidemic:
Could It Topple the Company”, “El glifosato no fue originalmente diseñado para
ser utilizado como herbicida. Patentado por el Stauffer Chemical Company en
1964, fue introducido como un agente quelante. Se funde ávidamente con los
metales. El glifosato primero fue utilizado como descalsificador para desalojar
los depósitos minerales de las cañerías en los calentadores (calderas) y otros
sistemas de agua caliente”
[65]
Nos falto glifosato
Con todo y todo, se lamentan EE.UU. y
el Procurador de que no nos hayan fumigado más con este agente glifosato en los
dos últimos años pero sobre todo alertan sobre la cifras de consumo/pandemia de
drogas en las calles si se detienen las fumigaciones. En esta nebulosa de cifras
divergentes, el Departamento de Estado nos informa, justo cuando en Colombia se
esboza la posibilidad de por fin suspender las fumigaciones, que en el 2014 ha
habido un incremento de un 39% [¿por generación espontánea?] en los cultivos
justamente en los parques naturales y zonas de frontera en donde no se fumiga.
Un llamado u orden, dependiendo de cómo lo asumamos,
sutil.
Consideraciones de peso más allá de las cifras
Pero hay consideraciones de peso más
allá de las cifras- Como el hecho de que las fumigaciones son la razón de ser de
la presencia de la DynCorp en Colombia. Esta empresa de contratistas privados,
que los relatores especiales de la ONU llaman ‘mercenarios’ y que afirman puede
servir para enmascarar asesoría y asistencia militar,[66]
son los encargados de las labores de inteligencia de las operaciones de
fumigaciones y hasta hace poco eran quienes efectuaban directamente las
fumigaciones. La DynCorp son contratistas privados –“non-accredited personnel”-
contratados y pagados por, informando a y respondiendo únicamente al
Departamento de Estado de los Estados Unidos para llevar a cabo las operaciones
de "rociado" en Colombia, y eso desde 1991, como lo señala la GAO /Contraloría
de EE.UU. .[67]
Colombianicemos esto
Aunque los Estados Unidos comenzó
desde 1998 a hablar de colombianizar las operaciones de fumigación, éstas están
a cargo de la DynCorp “…con aviones de rociado y helicópteros de propiedad de
los Estados Unidos, al igual que apoyo de contratistas para ayudar a volar,
mantener y operar estos activos en los Centros Operativos de Avanzada (FOL) a
través de Colombia.[68]
De las muchas compañías estadounidenses (además de la Monsanto) que se
beneficiaron con el Plan Colombia [sometido en 1998, efectivo a partir de
1999-tras ser traducido al español], la DynCorp fue la que recibió el contrato
más jugoso. Las "ayudas" del Plan Colombia estaban sujetas principalmente
a la
intensificación de las aspersiones aéreas pues, como decía la Embajadora
Patterson en su momento "si no se cumplen las metas de erradicación (aspersión),
los fondos del Plan Colombia corren un serio riesgo".
La Embajada de los Estados Unidos
está hablando de colombianizar las fumigaciones desde 1998 y afirma “Aunque
alabamos el trabajo hecho por los pilotos de la DynCorp, los funcionarios de la
Embajada creemos que la presencia de los Americanos “se ha convertido en un
asunto de tomar medidas preventivas para mitigar acciones hostiles (“has become
a force protection issue,”) y recomendamos el desarrollo de un plan para
‘terminar el apoyo de la DynCorp que sea razonable y viable y puede anticipar
una decisión repentina [del gobierno de Colombia” La Embajada sugiere un “Plan
de colombianización[69]
que desfasaría al personal de la DynCorp a medida que la policía colombiana se
entrena para asumir las labores por sí misma. Dicho plan le mostraría a los
líderes del Gobierno de Colombia que no es una labor fácil ni barata ... Según
el cable. "Por el contrato con el INL [Bureau of International Narcotics and Law
Enforcement Affairs] los ciudadano estadounidenses empleados por la DynCorp –
compañía del estado de Virginia – ... a pesar e los esfuerzos para retirar los
piloto Americanos , los pilotos de la DynCorp pilotos están hoy en día [2009]
efectuando más vuelos de aspersión, como escoltas de seguridad y en misiones de
búsqueda que nunca. En contrato con la INL, DynCorp tiene hasta 335 empleados en
Colombia – un aumento de los 50 que había en abril 1998 – la mitad de los cuales
son ‘americanos”[70]
Todo parece indicar que Colombia
comienza a financiar las operaciones de aspersión y la compra de glifosato hacia
abril del 2011. La pregunta es ¿Quién pagaba qué? ¿Acaso antes era todo donado y
sin contrapartidas? Lo cierto es que la DynCorp no se ha desfasado y por
Solicitation Number: SAQMMA13R0044, a 30 de noviembre del 2012 y a pesar de que
supuestamente las operaciones de fumigación corren ya por cuenta del Gobierno de
Colombia, el DoS los Estados Unidos convoca para to "Suministrar pilotos y apoyo
operático para las misiones de interdicción de drogas tales como aspersión de
cultivos y el transporte de personal y cargo.", para enero 2013 con miras a
maximizar las oportunidades para las empresas pequeñas. (PYME). [71]
Por Solicitation Number: PSC-15-012-
del 2014, se busca un Asesor de Erradicación Aérea para un cargo en Bogota,
Colombia . El INL Gobierno de EE.UU. representado por el Departamento de Estado
(DOS,) busca aplicaciones de ciudadanos estadounidenses interesados en
suministrar servicios de
"Personal Services Contractor"
( PSC) como descrito en
esta convocatoria . Entre otros para : ‘Administrar, coordinar, y supervisar un
programa (bilateral) (antinarcóticos CN) por $45 millones. El programa consiste
de aproximadamente 200 empleados directos de apoyo que incluye un contrato
robusto de servicios de aviación. Operar 13 AT-802 (modificado) aviones
comerciales de aspersión agrícola desde los FOL Centros Operativos de Avanzada
localizados en toda Colombia. Coordinar cercanamente con otros PSC y multiplex
entidades de la embajada de los Estados Unidos en, Bogota, con la Policía
Nacional colombiana y todos los servicios de las fuerzas armadas colombianas."
Convocatoria entre 12/03/2014- y 12/31/2014
[72]
Lo visto es que la DynCorp, tras
demandas por daños, escándalos por tráfico de drogas y asesinatos conexos y
prostitución, sigue en Colombia y sigue en Colombia. El 18 de marzo de 2015,
DynCorp International coloca un anuncio de empleo en Colombia para, entre otras
“Encargarse de todo el espectro de los requisitos de inteligencia de la
erradicación aérea para incluir su recolección, análisis, fusión y distribución”
[73].
NO se necesita hablar español. El Colectivo José Alvear Restrepo señala que:
"Gracias a un Acuerdo suscrito el 17 de septiembre de 2003 por Carolina Barco
Canciller de Colombia y Stephen Rademaker, subsecretario de Estado, los miembros
de las fuerzas armadas estadounidenses y los mercenarios de estas Empresas
Transnacionales de Seguridad actúan cubiertos por la más odiosa impunidad;
acuerdo según el cual el gobierno de Colombia está comprometido a no someter a
la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a los ciudadanos
estadounidenses que en Colombia cometan crímenes contra la humanidad."
[74]
Las aspersiones y los consumidores de drogas y de otros
El argumento realmente contundente,
que no es ajeno a los consumidores de drogas y de otros bienes de consumo como
lo pretende el Procurador, son los daños a la salud que ocasiona el consumo de
la mezcla Glyfos y en las concentraciones que aplica el Estado. En cuanto a los
usuarios de drogas, dentro de las perspectivas de salud vigentes, ningún usuario
de drogas merece que los productos que consume le lleguen más contaminados de lo
que ya están por falta de regulación y corte. Es así que las semillas de coca
fumigadas no se pierden, se siembran con su mayor contendido de agroquímico por
cuenta de las fumigaciones y de los agroquímicos utilizados en el cultivo de
coca. En el caso de la marihuana y la hoja de la coca,
éstas son comercializables si se
cosechan inmediatamente después de la aspersión; y, justamente, el herbicida
concentrado en las hojas y/o moños deja un residuo tóxico que seguramente es
nocivo para la salud de los consumidores.
Precisamente, la falta de regulación
/claridad sobre los efectos “secundarios” de todos los químicos para el agro y
en drogas declaradas ilícitas es el mayor riesgo que corren y denuncian los
consumidores. Es por ahí, por la regulación, que comienza la defensa de la salud
y prevención de la propagación del consumo de sustancias psicoactivas (SPA);
propagación de incluso drogas a base de pesticidas ‘gracias’ a la inconsecuente
regulación de precursores y de la calidad de los SPA. Gracias a la ignorancia y
selectividad con que la Prohibición extiendo su manto.
Que no se repita
Otras repercusiones más conocidas de
las fumigaciones como señalado por sentencias de los Tribunales, Consejo de
Estado, Autos de la Corte Constitucional y Relatores Especiales de las Naciones
Unidas no se refieren necesariamente al glifosato y/o la mezcla utilizada en
Colombia sino a las aspersiones en sí: desnutrición por perdida de medios de
subsistencia; desplazamiento forzado y despojo; y falta de confianza en el
Estado.
Este informe, en últimas y
a pesar de que el debate es también de
cifras, no se trata de cuántas hectáreas han sido fumigas con respecto a las que
efectivamente han sido O NO erradicadas; de cuántos litros de mezcla han sido
asperjados y cuántos corregimientos, veredas, municipios, departamentos del país
han vivido las fumigaciones desde el primer departamento experimental de
1978/1984; de lo que se hubiese podido asignar al desarrollo integral del campo;
de los daños eventuales y pérdida de biodiversidad ocasionados; de los daños que
ocasionan estos agroquímicos a la salud de los usuarios de drogas, a los
colombianos que comemos del campo. Acá se trata de relatar una parte del pasado
de las fumigaciones para que pensemos el futuro con un mínimo de conocimiento de
causa. .
Que no se repita. El Gobierno de
Turbay Ayala aprovechó las intenciones estadounidenses para militarizar el tema
de las drogas; al Gobierno de Virgilio Barco, las presiones estadounidenses los
cogieron cortico; los gobiernos sucesivos se vieron sometidos a todo tipo de
intimidaciones y contrapartidas a cuenta de la dependencia de un país asediado.
En el caso de Ernesto Samper seguramente las presiones se dieron asimismo por la
propuesta da la ANIF en 1978 de legalizar la marihuana para que nos dejáramos de
vainas. Felicitamos al Gobierno de Juan Manuel Santos por haber sabido
aprovechar la actual coyuntura de diálogo y concertación y por tener el
carácter para ser consecuente con el
giro de drogas que propone para sacudirse de encima la perspectiva de que
Colombia, en su deseo de liberarse de estigma de las drogas, sigue dispuesta a
infligirse un flagelo de proporciones realmente dramáticas.
Proteger la salud de los
consumidores de drogas sin arriesgar la de los campesinos
Este giro de drogas al que se suman
las propuestas de
Salud Pública para los consumidores y el informe de DeJusticia de que
consumidores, cultivadores, microtraficantes y mulas, entre otros, no vayan a la
cárcel,[75]
es consecuente con los intereses nacionales y un modelo para la Comunidad
Internacional. El cese de las fumigaciones aumenta el potencial del futuro
comercial del agro; de que las generaciones futuras gocen de los recursos
naturales de la Nación; y de aliviar la carga a sus ciudadanos de enfermedades
incapacitantes y gastos de salud que pueden revelarse insostenibles. Con este
paso, el Gobierno revela un verdadero interés en proteger la salud de los
consumidores de drogas sin arriesgar la de sus campesinos.
El informe de la ONDCP de Washington “Coca in the Andes” (que se nota sacaron in extremis o con la urgencia del caso) señala que “los datos del gobierno de los Estados Unidos sobre cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia revelan un incremento significativo en el 2014. Varios factores probablemente han influido en esto, incluso el incremento de los cultivos en las regiones vedadas a la erradicación aérea.” [76]. Esta información contrasta con su informe del 30 de julio 2012 en el que “Las mediciones (monitoreo) muestran una reducción significativa en la producción de cocaína en Colombia, 25% el año pasado una reducción del 70% desde el 2001 y diversos datos del mercado señala una disrupción significativa en el comercio de cocaína estadounidense. De acuerdo con nuevos cálculos, ha habido una reducción del 72% en la producción de cocaína pura en Colombia desde el 2001, de unas estimadas 700 toneladas métricas en su momento pico en el 2001 y 195 toneladas métricas en el 2011. El cálculo más reciente es de una reducción del 25% desde el año pasado. El nuevo monitoreo ahora coloca a Colombia detrás de Perú (325 toneladas métrica en 2010) y Bolivia (265 toneladas métricas en el 2011) en producción de cocaína.”[77] Lo que revelan los informes de la ONDCP es que es que las cifras siguen siendo coyunturales y a tomarse con las pinzas a la mano. .
Las fumigaciones supuestamente se
hacen para eliminar la producción de cocaína y proteger a los consumidores. El
hecho es que Las cifras de producción tampoco reflejan la realidad del consumo
considerando que esas cientos de toneladas se consumen con un nivel de corte que
puede ser por encima del 60%; corte que es con frecuencia tan o más dañino que
los agroquímicos pues, a diferencia de la exposición indirecta (aunque
involuntaria en el caso de las fumigaciones), las drogas se consumen
directamente. En asuntos de drogas, nada es lo que como nos lo quieren hacer
ver.
Las fumigaciones en otras latitudes…
El Estado colombiano está a punto de
dar a traste con el bochornoso record de ser el único país que fumiga y que ha
fumigado durante tres décadas y medio.
Sin embargo, esta medida no
llegó sola y sin experiencia anteriores. Lo que pasa es que en Colombia se
amañó.
El caso “clásico” de uso de aspersión
aérea de herbicidas como arma de guerra lo sufrió Vietnam con la fumigación por
parte de Estados Unidos del 95% de los 43 millones de litros (11.4 millones de
galones) de "Agente Naranja", más de 30 millones de litros (unos 8 millones de
galones) de los herbicidas arcoíris, sobre 5 millones de acres (2 millones de
hectáreas) de bosques y unas 500,000 acres de cultivos (un aérea equivalente al
estado de Massachusetts) de tierra vietnamita entre 1961 y 1972 para eliminar la
selva y alimentos de sus enemigos comunistas, los Vietcong.
[78]
Terminada la Guerra de Vietnam, con
referencia a las fumigaciones estadounidenses en territorios latinoamericanos,
Kathy Smith Boe en "Paraquat: Un medio legal para una política prudente?",
refiriéndose a México, señala que "."Entre 1972 y 1975 las plantas de marihuana
eran destruidas manualmente a través de su erradicación y quema. Puesto que la
marihuana con frecuencia se cultivaba esparcida en terrenos escarpados, este
tipo de destrucción manual resultaba lento y costoso." [...] En noviembre de
1975, a solicitud de los Estados Unidos, el Gobierno mexicano acordó asperjar paraquat sobe sus cultivos de marihuana" Ésta fue la llamada “Operación Condor”
[79]
Las
consideraciones de costos son otro de los argumentos “a favor” de las
fumigaciones pero hay que ver lo que nos han costado a los colombianos y la
construcción social que se hubiese podido avanzar con esa platica.
A raíz de las fumigaciones con
paraquat de la marihuana mexicana, Jose Sarukhán Kermez e Iván Restrepo
desarrollan un estudio a solicitud del Departamento de Estado de USA sobre los
efectos de las fumigaciones en México con paraquat en afecciones a la salud de
fumadores “ilegales” estadounidenses. En artículo de
El Universal de México, "El alto
costo ecológico del cultivo de drogas" se hace referencia al estudio de José
Sarukhán e Iván Restrepo. [80]
Este artículo revela como lo central en su momento eran los consumidores y
podemos ver cómo, del abuso -uso- de drogas en los años 1970 como problemática
central de las drogas, se va pasando a las consideraciones (ecológicas) de los
cultivos; consideración que con el tiempo se convirtió en la razón de ser de las
fumigaciones en Colombia.
La GAO, en su informe del 16 de
noviembre 1979 "Tropas terrestres de los Estados Unidos en Vietnam fueron
asperjadas con el herbicida Naranja”, señala que, entre 1965-19670, el
Departamento de Defensa (DoD) asperjó en Vietnam 10.65 millones de galones de
Agente 'Naranja' (y otros etiquetados por colores) y que el 90% fue utilizado
para la defoliación de los bosques. “Las operaciones de destrucción de cultivos
representaron el 8% del herbicida naranja utilizado. El restante 2% fue aplicado
a la redonda del perímetro de las bases, en los escondederos en las vías
navegables y de comunicación.”. Las primeras quejas se manifestaron a finales de
1977 y, para finales de 1979, ya se habían radicado 750 reclamos. La falta de
información concluyente a la época sobre los efectos en el largo plazo del
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin (TDDC) dificultó en su momento la resolución de
las quejas. No obstante, cuando los Estados Unidos presionó en Colombia el uso
de herbicidas, entre otros el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) (componente
‘mágico’ del Agente Naranja) ya había quejas de daños y el escenario de un
Vietnam devastado no dejaba la menor duda.[81]
En el caso que opuso la Organización
Nacional Pro Reforma de las Leyes de Marihuana al Departamento de Estado
(NORML), Plaintiff, v. United States Department of State et al., en la Corte
Distrital de Columbia (Washington) , NORML , una organización activa por la
descriminalización de la marihuana, solicita se ordene al Departamento de
Estado, a la Drug Enforcement Administration (DEA), a la Agencia para el
Desarrollo Internacional (AID) y al Departamento de Salud, Educación y Bienestar
(HEW) que cesen de suministrar ayuda financiera y de otra a México para el
propósito de erradicar los campos de marihuana y amapola mediante el uso de
aspersión aérea de herbicidas. Los demandantes afirman que los demandados están
apoyando el uso de paraquat y 2,4-D, que destruyen los cultivos de marihuana y
amapola, respectivamente, en violación del International Security Assistance
Act, Pub.L. 95-384, 92 Stat. 730, 22 U.S.C. § 2291(d) (the "Percy Amendment"),
the National Environmental Policy Act, 42 U.S.C. § 4321, et seq., and the Eighth
Amendment to the Constitution.
La preocupación central son los
riesgos sanitarios del Paraquat. "Si no se acata la ley, la fumigación con Paraquat podrá extenderse más allá de México otras naciones, como Colombia, que
verá el Paraquat como una forma viable aprobada por los Estados Unidos para
detener su problema de marihuana. Si esto sucede, los Estados Unidos estarían
abocados a una epidemia de salud grave, mucho más grave de la que enfrente en la
circunstancias actuales."
Los demandantes alegan que la
asistencia de los EEUU al programa de erradicación debe cesar porque, de acuerdo
con la Enmienda Percy, no se debe brindar asistencia si el Secretario de Salud
(HEW) encuentra que “la fumigación de un herbicida para erradicar las plantas de
marihuana … puede probablemente ocasionar daños a la salud de las personas que
pudiesen usar o consumir la marihuana fumigada:”
Se refieren los demandantes a la
enmienda que elimina la fórmula “no se podrá hacer disponible o utilizar
asistencia para ningún programa que involucre la fumigación con herbicidas”
sustituyéndola por la formulación “la asistencia no se podrá hacer disponible
con el propósito de fumigar con un herbicida”. Esta enmienda cumpliría el fin de
seguir brindando asistencia al programa de aspersión aérea de la amapola y sólo
pondría fin al de la fumigación de la marihuana. Se propone consulta con el
Gobierno mexicano.
El propósito es limitar los fondos
adjudicados por Estados Unidos. La mayor parte de los USD$30 millones de ayuda
antidrogas otorgada a México en ese momento era para el programa de
fumigaciones.[82]
El Executive Intelligence Program
(EIR (activista a favor de la Prohibición), que también ha estigmatizado a los
cocológos peruanos Hugo Cabieses, Baldomero Cáceres, Róger Rumrill y Ricardo
Soberón, opina, en su documento de 1979 “The politics of the Paraquat program “
sobre la acción colectiva de la National Organization for The Reform Of
Marijuana Laws (NORML) para prohibir las fumigacione que lo que preocupa a NORML
es que "el uso del herbicida elimine las drogas de las calles"
[83]
En 1981, James Coates: « U.S. Pot War
Turns Again to Herbicide” informa que fuentes del gobierno federal anunciaron
que la Administración Reagan solicitará tanto al Presidente de Colombia Julio
Cesar Turbay Ayala y al Primer Ministro de Jamaica Edward Saaga que fumiguen el
herbicida paraquat sobre las cientos de miles de hectáreas de marihuana que
crecen en sus países. Esto es posible puesto que se han levantado las
restricciones a la ayuda estadounidense para el uso de paraquat en otros países
con el argumento de que investigaciones recientes descartan los daños
potenciales a los fumadores de yerba. La restricción a la ayuda estadounidense
para las aspersiones la Enmienda Percy, fue levantada en 1979. Cita el artículo
“La semana pasada el Embajador de Estados Unidos a Colombia, Thomas Boyatt, le
dijo a Chiles (congresista que promovió el levantamiento de la prohibición del
paraquat) que el gobierno colombiano apoyará la aspersión.”,[84]
En una acción judicial del 17 de
agosto 1982, National Organization for the Reform of Marijuana Laws v. United
States Drug Enforcement Administration No. 82-2107 (545 F. Supp. 981) (D.D.C.),
NORML busca impedir que la DEA fumigue la marihuana con Paraquat con aspersores
portátiles en el estado de la Florida. La Corte Federal se rehúsa a conminar a
los demandados gubernamentales a que cesen de asperjar los cultivos de marihuana
de la Florida con paraquat al no encontrar violaciones al NEPA (Ley Ambiental)
ni al FIFRA (Ley de uso de agroquímicos). La Corte sostiene que este programa no
es de competencia federal sino estatal de la Florida que es quien decide cuándo
y con qué se fumiga. Que además no se requiere un EIS (Concepto de Impacto
Ambiental) puesto que el programa no tendrá un impacto ambiental significativo
en el ambiente humano.[85]
"El Programa doméstico de la DEA de
erradicación/supresión de la marihuana” fue establecido para asegurar la
cooperación entre agencias federales, estatales y locales y para apoyar dichos
esfuerzos con fondos y equipos. Cuarenta estados participaron en el programa en
1983. [...] El herbicida paraquat fue utilizado por primera vez para erradicar
las plantas de cánnabis en tierras federales en los estados de Georgia y
Kentucky. NORML y el Sierra Club demandaron y “ahora [1983] La DEA prepara
Conceptos de Impacto Ambiental (EIS) para que en el futuro el Gobierno Federal
disponga de todos los medios al alcance para erradicar el cánnabis cultivado
domésticamente."
[86].
La marihuana que paró las
fumigaciones
En "Paraquat y marihuana : Una
evaluación epidemiológica" se indica que "En marzo 1978, 13 (el 21%) de las 61
muestras de marihuana del sudoeste de los Estados Unidos se encontraron
contaminadas con el herbicida paraquat, un contaminante pulmonar. La fuente de
la contaminación era un programa de aspersión aérea en México, apoyado
indirectamente por fondos de Estados Unidos. Las prueba de combustión indicaron
que aproximadamente 0.2% de paraquat en la marihuana pasa en el humo. Para
evaluar la exposición de los estadunidenses, se llevó a cabo un estudio a escala
nacional del contenido de la marihuana confiscada. Un problema persistente en
asuntos de salud pública es la necesidad de establecer políticas de prevención
con base en datos inconclusos. Las evaluaciones de riesgo epidemiológico brindan
un enfoque cuantitativo para el desarrollo de políticas públicas de salud. Con
esta técnica, el número de personas que pudiesen verse afectadas por una
política (o la falta de la misma) se calcula a partir del uso de reglas
claramente definidas para la toma de decisiones (reglas de decisión
especificadas) y presunciones explícitamente establecidas. Los efectos de las
opciones de las políticas se pueden estimar con la alteración de las reglas que
rigen las decisiones o las presunciones. El modelo se puede modificar a medida
que surgen nuevos datos. En 1978, tras descubrir que la marihuana que ingresaba
a los Estados Unidos desde México estaba contaminada con el herbicida paraquat,
el Congreso ordenó al Secretario de Salud (HEW) que determinase si sí o no los
residuos de paraquat en la marihuana representaban un riesgo para la salud de
los usuarios de marihuana. Este informe describe los resultados de la evaluación
de riesgos epidemiológicos del estudio emprendido por el Centers for Disease
Control (CDC) and the National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).][87]
Los daños selectivos
Una acción colectiva de reparación
por responsabilidad por el producto "Agente Naranja. - se radica a nombre de
unos aproximadamente 2. 5 millones de veteranos de la Guerra de Vietnam y los
integrantes de sus familias contra los Estados Unidos y los fabricantes de los
herbicidas phenoxy utilizados en la esta guerra. Los demandantes alegan que su
exposición a los herbicidas y el contaminante dioxin (no dioxane -glifosato)
desencadenó una serie de enfermedades devastadoras incluso cánceres, daños
genéticos, malformaciones, enfermedades cutáneas y desordenes nerviosos.. La
acción de grupo concluyó exitosamente el 7 de mayo de con un arreglo en el que 7
fabricantes acordaron pagar una indemnización de USD $180 millones.
[88] En lo que se refiere al gobierno
estadounidense, "los veteranos diagnosticados con estas enfermedades solo
tendrán que mostrar de pisaron tierra vietnamita en algún momento entre el 9 de
enero 1962 hasta el 7 de mayo 1975 para ser considerados aptos para recibir
pensiones de incapacidad y reparación.
[89]
Comparativamente, en un proceso entre
el 2005-2008, una corte federal de Brooklyn denegó las pretensiones de las
millones de víctimas vietnamitas del Agente Naranja “Porque el uso de herbicidas
en contextos de guerra no es ilícito — mucho menos y específica y universalmente
proscrito — la Corte no debe reconocer una acción federal de reparación por
dicha conducta. .. .así la Corte determinase que los quejosos tienen fundamentos
para un reclamo viable de violación a la normatividad internacional, quien debe
ser tenido por responsable es el contratista de defensa del gobierno.“[90]
A punto de machete pero algo
hacemos
En 1985, el
Los Angeles Times: informa que
“La
DEA, limitada durante 2 años a usar azadones y machetes en su guerra contra los
cultivadores de marihuana, renovó su uso de armas químicas a partir de este
viernes, suscitando la posibilidad de nuevamente asperjar tierras federales con paraquat. Los agentes de la DEA comenzaron el viernes a utilizar el herbicida
glifosato en una operación destinada a matar 10,000 matas de marihuana que
crecen ilegalmente en terrenos federales en el oeste medio …” Luego de la orden
de 1983 prohibiendo el uso del paraquat, la DEA llevó a cabo el estudio
ambiental que está al origen de la decisión de resucitar las armas químicas.”
[91] Todo parece indicar que, en Estados
Unidos se fumigó entre 1979 y 1983 principalmente en los estados de Kentucky y
Georgia, con una interrupción de 2 años en el uso de paraquat y que,
posteriormente, se reiniciaron las fumigaciones con glifosato hasta 1998/1999
básicamente en Hawái.
En mayo de 1998, Paul Armentano and
Donald Wirtshafter, Esq: rinden testimonio por NORML en oposición al programa de
erradicación doméstica del cáñamo. Afiman que “Según la literatura publicada e
informes narrados desde Hawái, el glifosato, en particular cuando es aplicado de
aviones en vuelo bajo, constituye un verdadero riesgo para la salud y
medioambiente de los residente. La Fundación NORML cree que este herbicida es
una amenaza corroborada frente a la cual palidece cualquier problema que
supuestamente pueda representar el cánnabis silvestre para los agentes del
orden”.
[92]
La política agrotóxica
Otro de los países fumigados por esta
política fue Belice. Gary Hartshorn et al. en estudio comisionado por USAID:
"Belice -Perfil ambiental del país"
: "...,
, a pesar de la cooperación del Gobierno de Belice con la DEA para la
erradicación del cultivo ilegal de marihuana a través de programas de aspersión
con paraquat, el contrabando de marihuana desde Belice es considerable. Las
limitadas capacidad de aplicación de la ley dificultan los controles. La
marihuana crece prácticamente por todo Belice (91 hectáreas fueron fumigadas con
paraquat en 1982, y 592 has fueron fumigadas con paraquat en 1983; (J. Talbot.
Comunicación personal), y las personas detenidas por cultivo y distribución van
desde inmigrantes ilegales hasta integrantes de familias respetadas. No
obstante, se considera que el programa de aspersión con paraquat tiene un 95% de
efectividad. Se desconoce la cantidad y valor de la marihuana a escala anual
pero es sustancial. La exportación ilegal de marihuana genera divisas
sustanciales que son principalmente utilizada para la compra de bienes
importados.”
[93]
En cuanto a las políticas de
pesticidas, Allan J Hruska "Política gubernamental de pesticidas en Nicaragua
1985-1989", señala que “El análisis del uso de pesticidas en el Tercer Mundo con
frecuencia se enfoca en las fuerzas de la oferta (fabricantes y
comercializadoras) o demanda (Usuarios), ignorando o subestimando el papel que
desempeñan lo que es la fuerza más poderosa, el gobierno local. Los gobiernos
pueden determinar qué pesticidas se importan, cómo son distribuidos, si su
precio a los agricultores es subsidiado, quiénes los aplican y bajo qué
condiciones, cuánto se aplica, y qué tan educados y conscientes están los
consumidores sobre sus peligros. De tal forma, el gobierno desempeña un papel
supremamente importante en bien sea la promoción o en la restricción del uso de
químicos peligrosos.” Hruska se refiere a los incentivos brindados por el
gobierno y el consecuente incremento en el uso de pesticidas contrariando los
intereses nacionales por razones no sólo de costos sino de degradación
ambiental. Reporta que estos bajos precios de los herbicidas en Nicaragua
(USD$50/por galón de Roundup) fomentaban el contrabando lucrativo de herbicidas
con países como Costa Rica y Honduras. Comenta como esta política de subsidios
promovía el desperdicio e impedía su uso racional y restricciones al consumo.
Por otra que “En la cúspide de la época de los subsidios, los contenedores
llegaron a ser más valiosos que el contenido”[94]
Finalmente
Finalmente, en un estudio del 2015
comisionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en
The Lancet, sobre una Investigación
de la IARC que reunió 17 expertos de 11 países que revisaron las investigaciones
recientes sobre, entre otras, el glifosato, el matamalezas de mayor utilización
en el planeta, se halló que éste (y otros) herbicidas pueden ser cancerígenos
para los seres humanos.
[95]
A raíz de este estudio, y seguramente
en sintonía con las propuestas iniciadas por el Gobierno Santos de dar un giro
con fundamentos científicos y sociales a las políticas de drogas, el Ministro de
Salud Alejandro Gaviria emite un concepto en el que recomienda el cese de las
fumigaciones con glifosato. En él afirma, entre otros, que “el Ministerio
notificará a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la nueva clasificación
del glifosato, lo que en efecto indica la potencialidad de un daño grave e
irreversible.”[96]
Las reacciones no se hacen esperar.
La de mayor incidencia:
Las preocupaciones del agro frente a la suspensión del
glifosato en las fumigaciones
Es natural la preocupación de los
agricultores por la suspensión del uso del glifosato en las fumigaciones- Más
cuando los funcionarios estadunidenses buscan vincular el cese de las
fumigaciones a una supuesta obligatoria prohibición del glifosato para labores
agrícolas como cuando Brownfield afirma que prohibir el glifosato en las
fumigaciones y no en la agricultura, podría ser entendido como que “un gobierno
quiere proteger a los criminales, a las personas involucradas en negocios
ilícitos, pero no quiere proteger a los inocentes que están trabajando en
negocios de agricultura totalmente lícitos, o sea que no queremos causar cáncer
para los criminales pero está bien para los personas inocentes que no cometen
abusos legales si ellos sufren de cáncer.”[97]
Esta defensa de este programa es
inquietante y todo menos sutil. Basta con ver la reacción ante la compra del
glifosato chino, Cuspide 408SL para reemplazar los tres productos de la Monsanto
Roundup-SL®, Fuete-SL® y Gly-41®- en la formulación que llaman "Glyfos". En ese
momento, Estados Unidos dijo que no “prestaría” sus equipos tras la compra de
las 1.155 canecas de 200 litros de glifosato chino (Cuspide 480) en los que
Colombia invirtió 12.000 millones de pesos en el 2012, para “dar continuidad al
programa de ‘erradicación’ aérea”.
Colombia viene fumigando con una
mezcla de Glyfos más el surfactante Cosmo Flux 411©. Así como nunca se autorizó
la fumigación masiva, tampoco existe registro alguno de la autorización o
licencia ambiental para fumigar con algo más que glifosato ni en las
concentraciones en las que usa Colombia. De hecho es de notar que, el Roundup-SL®
no es practicado en Estados Unido ni en Europa por sus riesgos de ocasionar daño
ocular irreversible y para la vida acuática. El programa PIP de la Unión Europea
señala cómo la utilización, en todo su espectro de usos, de ciertos
agroquímicos, entre otros el RoundUp 360-SL, puede afectar el acceso al mercado
europeo. Habla este informe de la dificultad para los agricultores de conocer la
sustancia activa puesto que numerosos productos contienen la misma sustancia
activa pero se venden bajo apelaciones comerciales distintas.
[98]
El Estado colombiano en cabeza del
Gobierno Santos se ha propuesto dejar de fumigar y es aconsejable, en aras del
futuro comercial del agro colombiano, que se inicie un programa de formación y
desfase de agrotóxicos en la agricultura y no, como viene sucediendo, incentivar
el consumo de estas sustancias. No obstante, Colombia no tiene obligación
alguna, o no debería soberanamente tenerla, de vincular su decisión de suspender
las fumigaciones al glifosato y, si así lo está haciendo, tampoco tiene la
obligación legal de prohibir el uso privado del glifosato. La prohibición del
ICA de 1989 del uso del paraquat por aspersión aérea no ha impedido su uso en
Colombia. De todas maneras, los daños que puede ocasionar el glifosato por su
modalidad de aplicación, mezcla y concentración no es el mismo que el utilizado
por los arroceros, cultivadores de caña y plátano y otros. Martha Cristina
Bustos López señala un promedio tres aplicaciones, del herbicida, antes de cada
cultivo, en una dosis de 4 L Ha-1 dos veces al año.
[99]Comparativamente, la fumigaciones del
Estado aplican una mezcla potencializada de RoundUp Ultra a razón de 12 L ha
múltiples veces sobre el mismo territorio.
No obstante queda en el aire la
pregunta de que, si los daños se revelan ciertos y si la legislación
internacional sigue por donde va —limitando cada vez más los químicos en la
agricultura y alimentos— ¿quién comprará nuestros productos?
9
[1]
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/santos-ordena-suspender-fumigacion-de-cultivos-ilicitos-articulo-559592
[2]
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Carta_al_cne_del_inderena_junio_18_1978.html
Disponible en Fundación Pro Sierra
[3]
Foto Economía colombiana febrero marzo 1999 de fumigación de marihuana
con aspersor portátil
http://www.mamacoca.org/Imagenes/Economia_colombiana_foto_fumigas_1990.bmp
[4]
CND
: Crops from Which Drugs are Extracted and Appropriate Strategies for
Their Reduction
http://www.unodc.org/pdf/document_1996-03-01_2.pdf
[5]
UNODC: Herbicidal treatments for control of
Cannabis sativa L
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1977-01-01_1_page008.html
[6]
Select Committee on Narcotics Abuse and Control "Fact Finding Mission to
Colombia and Puerto Rico”
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/63241NCJRS.pdf
[9]
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Carta_de_Inderena_a_Policia_oficio-c3885_agosot8_1984.html
Disponible Available Fundación Pro Sierra
[10]
Arrieta et al.: “Narcotráfico en
Colombia, dimensiones políticas, económicas, jurídicas, e
internacionales”, Ed Artico, 1989
[11]
Latin American Study Missions Concerning International Narcotics
Problems
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/128470NCJRS.pdf
[12]
Guillermo Rodriguez et al.: “Estudios ambientales en la Sierra Nevada de
Santa Marta afectada por cultivos de Marihuana y fumigación con
glifosato”, Inderena,
1986
[13]
U.S. Supported Efforts in Colombia and Bolivia
http://www.gao.gov/assets/150/147073.pdf
[14]
U.S.-Supported Efforts in Colombia and Bolivia
http://www.gao.gov/assets/150/147073.pdf
[15]
Copia disponible en el IDEAM
[16] Colombian
Traffickers and Heroin Production” Not Releasable to Foreign Nationals (NOFORN),
NOCONTRACT, Designation for sensitive information (ORCON).
Directorate of Intelligence Central Intelligence Agency disclosed under
the Freedom of Information Act [submitted November 1991] Tomado de:
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000725745/DOC_0000725745.pdf
/en mamacoca:
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/DOC_0000725745.pdf
Es de notar que el ‘ítem sobre su apreciación sobre la corrupción de la
Aviación Civil colombiana sigue sin revelarse en el documento.
[17]
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Glifosato_y_cultivos_ilicitos_Munera_Leopoldo_en_leglailzacion_droga_1993.pdf
[21]
En Expediente No. 2001-0022-02 Claudia Sampedro y otros
[24]
The Narcotics Monitor 1996 Opium Cultivation 5 de marzo 1997
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000765481/DOC_0000765481.pdf
[26]
Counter-Insurgency, Ecocide and the Production of Refugees –Warfare a
Tool of Modernization
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/viewFile/21645/20318
[27]
U.S. Embassy Colombia cable, “Colombian Army Second Division Commander
Requests USG Assistance: Reconnaissance and Eradication of ELN Coca
Cultivations,”, Tomado de : Michael Evans " War in Colombia" archives :
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB69/col19.pdf
[28]
El
Tiempo , 28 de julio de 1991
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-127350
[29]
UNODC “Illicit Narcotics Cultivation and Processing: The Ignored
Environmental Drama”
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1992-01-01_2_page002.html
[30]UNODC
“Environmental Impact of Coca Cultivation and Cocaine Production in the
Amazon Region of Peru”
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1992-01-01_2_page006.html
[31]
Colombia_ Tainted President Scores Antidrug
Successes
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000765486.pdf
[34]Colombia
Coca Trade
http://www1.american.edu/TED/colcoca.htm
[35]
Colombia a Mixed Counternarcotics Picture in 1996
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000765485/DOC_0000765485.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/DOC_0000765485.pdf
[37]
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/CIA-FOIA_The%20Narcotics%20Monitor_15julio%201997.pdf
[38]
Expanded Aerial Interdiction: Implementation of the Plan
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB69/col37.pdf
Obtenido por el FOIA (Freedom of Information Act) liberado 2001 (en
inglés en Michael Evans " War in Colombia" archives
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB69/part2.html
[39] UNODC
"Study of the concentration of the herbicide
(2,4-dichlorophenoxy)-acetic acid in coca leaves and paste obtained from
plants treated with this herbicide
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1984-01-01_2_page007.html
[41]
Documento de 14 de Julio 1989 revelado gracias a la Ley de libertad de
información (FOIA) Directorate of Intelligence Central Intelligence
Agency disclosed under the Freedom of Information Regarding your
question on the use of viruses to attack coca” : afirma la CIA: Tomado
en el 2011 de
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000700738/DOC_0000700738.pdf
/en mamacoca:
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/DOC_0000700738virs%20CIA.pdf
[42]
http://publicpolicypress.com/Sands_Final_White_Paper.pdf
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