¿15? de mayo 2020

TUTELA Derecho de la Nación a la vida, la alimentación, al agua, la salud y a un ambiente sano. [1] 

DERECHO DE PETICIÓN Solicitando a las instancias nacionales e internacionales aquí citadas que emplacen al Gobierno de Iván Duque Márquez para que cumpla con la obligación positiva vinculante, ius cogens, de los Estados frente a sus naciones y la comunidad internacional de aplicar el Principio de Precaución[2] en su implementación del componente de lucha contra la oferta de drogas ilícitas de la Política Nacional de Drogas. 

Responsabilizamos al Estado colombiano por los daños que puedan sufrir los colombianos y el territorio, recursos naturales y alimentación de la Nación colombiana por políticas y medidas de ASPERSIÓN QUÍMICA del Gobierno de Iván Duque Márquez a nombre del Estado colombiano por ser violatorias de convenciones y tratados internacionales ambientales y de Derechos Humanos y reservas por  sentencias de las Cortes al respecto.[3]   

DIRIGIDO A:  

      Secretario General Naciones Unidas -Antonio Guterres

      United Nation’s Environment Chief -Inger Andersen.

      Special Rapporteur United Nations Expert on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental -Dainius Pūras

      ONU Derechos Humanos Colombia

      Organización Mundial de la Salud (WHO siglas inglés)

      Organización Panamericana de la Salud (PAHO siglas inglés)

      Consejo de Estado

      Corte Constitucional

      Defensoría del Pueblo de Colombia - Carlos Negret

      Procuraduría General de la Nación -Fernando Carrillo

      Contraloría General de la República -Felipe Cordoba 

      Congreso de la República de Colombia

      Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

      Corte Internacional de Justicia (CIJ)

      Comité Internacional de Derechos Humanos (HRC siglas inglés)

      Países Amigos y Garantes del Acuerdo de Paz

      Misión de Verificación de Naciones Unidas

(d) Acción o situación 

Colombia lleva asperjando de forma experimental[4] pero continuada (con diversos agrotóxicos algunos de ellos hoy prohibidos [5] ) por tierra y aire como medida de la Política de Narcóticos desde 1978 [6] En 1984 se oficializó la medida asperjando la coca[7]  y, para 1992, ya asperjábamos la amapola.[8]

Los abajo firmantes reiteramos las alertas históricas según las cuales la erradicación forzada―tanto mecánica como química[9] o por aspersión aérea― produce desplazamientos forzados[10] y agrava las condiciones de deterioro ambiental[11] y miseria de los pequeños cultivadores[12].  La erradicación forzada desplaza poblaciones enteras y conlleva a traspasar aún más la frontera agrícola por el efecto globo y de resiembra[13]; todo ello en razón de la insatisfacción de las necesidades del campesinado.[14]  

Negarse a cumplir los contrato-acuerdos pactados;[15] insistir en erradicar a la fuerza;[16] y malversar los fondos de la Nación destinados al agro,[17] es lo que está impidiendo la erradicación.

En las actuales condiciones, las comunidades han alertado sobre el ambiente de guerra que se está llevando en medio de la pandemia y de los graves riesgos que conlleva la ocupación de predios, viviendas, bienes públicos civiles, por parte de destacamentos armados.  En condiciones de medidas de aislamiento social y hasta confinamiento de las comunidades en donde hay fuerte presencia de cultivos de coca y en el periodo pospandemia, el impacto de la erradicación forzada con aspersión de tóxicos está agravando la crisis humanitaria. Asimismo, las erradicaciones forzadas aumentan los riesgos de movilizar el virus de un lado a otro y así de contagio de y por los erradicadores y policías en el campo.

Actualmente, denuncian los campesinos que Con el químico mataron todo, yuca, plátano y otros cultivos que son lo único que tenemos en medio de este momento tan duro.[18] Denuncian el asesinato de líderes, entre otros de sustitución en plena cuarentena.[19] Denuncian los Pueblos Indígenas que la comunidad AWA fue víctima de asesinatos por cuenta de la erradicación forzada.[20]  Las denuncias sobre los atropellos y situaciones de orden público que se están ocasionando con las acciones de erradicación forzada se suceden en cadena.  

ALERTAMOS sobre los riesgos de reanudar la erradicación forzada por vía de aspersiones aéreas,  y con más veras en este contexto de incertidumbre.  Invocamos el Principio de Precaución.

Ante la intención manifestada por el Gobierno Iván Duque de instituir las aspersiones aéreas por su Proyecto de Decreto __ del 31 de diciembre 2019[21] y a ser promulgado bajo Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica[22], invocamos la obligación del Estado colombiano de proteger las personas, el planeta y la comida.  Como señalan expertos de las Naciones Unidas, El uso excesivo de productos químicos impacta adversamente un amplio abanico de derechos humanos como son el derecho a la vida, la alimentación, al agua, la salud y el derecho a un ambiente sano.[23]  La aplicación de sustancias y mezclas químicas por vía de aspersión terrestre y aérea por parte del Gobierno Duque a nombre del Estado colombiano constituye un riesgo para todos a todo nivel: no es inocua, le resta legitimidad al Estado colombiano, es costosa y contamina. Actualmente el Estado fumiga con una mezcla con glifosato potenciado y esto dice un estudio reciente que une los puntos entre el glifosato y el COVID-19. [24]

Las aspersiones estatales colombianas se suman a los daños que se ocasionan con la expansión e incremento de la productividad (a punto de agroquímicos[25]) de los cultivos de coca para cocaína, y por el uso de precursores. Es un compendio de daños por lo que lo uno no justifica lo otro y es claro que el Estado ante todo no puede ni incentivar la libre importación de agroquímicos[26] que sirven para expandir las coca, ni legítimamente fumigar con potentes mezclas químicas a los pequeños productores de coca y, por dispersión, a todos los campesinos, indígenas, afrocolombianos y sus territorios y vida (peces).

Estos campesinos se encuentran inermes, sin acceso a la Justicia Los cultivadores de coca representan cerca de 400,000 familias (unos  2, 000,000 de individuos)[27] que, según dice el Departamento de Estado, cultivan unas 212,000 hectáreas de coca[28] . Somos 50 millones de colombianos y Colombia cuenta con 40 millones de hectáreas para producir comida. [29]

Las fumigaciones en el marco de las medidas de narcóticos no son selectivas y constituyen un riesgo de afectación además a predios ajenos al cultivo de coca. Entre otras, por el confuso estado del ordenamiento catastral.  Según el CONPES  2958/19, sólo el  5,68% del territorio nacional tenía  información catastral actualizada (IGAC, 2019).[30]  

Es de notar, por demás, que la formulación; concentración; frecuencia de uso; número de pasadas que se aplican en las aspersiones por parte del Estado colombiano superan con creces las aplicadas en la agricultura pos  “Revolución Verde”.[31] Tan es así que, la demanda instaurada por Ecuador en el 2007 logró un compromiso sobre las descargas y una zona de exclusión.[32]  

Las fumigaciones son sin duda un atentado contra la salud, la biodiversidad colombiana y equilibrio ambiental planetario.

Para fumigar en Colombia se aduce que la causalidad directa de daños a la salud por las fumigaciones gubernamentales no ha sido probada. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia de daños[33], y daños hay. [34]  Así, el propio Gobierno Duque lo que busca decretar es el desarrollo del control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. (y se dictan otras disposiciones).[35]

Se propone tecnificar la aspersión estatal de potentes mezclas químicas en pleno desajuste/reajuste ambiental planetario.   

El gobierno reclama que, una de las razones para el uso de las aspersiones, es la violencia en los territorios de coca. Actualmente el Gobierno se propone el sometimiento (pacificación) de los grupos armados.[36] Considerando la propuesta en curso de desfinanciar los acuerdos de paz con los grupos desmovilizados[37] y el uso indebido que le está dando a estos dineros de la Comunidad Internacional para la paz,[38] queda la duda sobre si se está acatando el sentido llamado supranacional a un cese al fuego.[39]

Si bien acá es asunto de la legitimidad y viabilidad de las aspersiones estatales en sí y con cualquier molécula, compete entender la visión ecológica y económica de los gobernantes con, entre otras, una rendición de cuentas sobre sus gastos por concepto de agroquímicos. En épocas de “Cisne Verde”, este estudio de la Banque de France  señala las virtudes financieras de invertir en una economía verde. [40]

Nos unimos al llamado de las Naciones Unidas a escuchar el mensaje que nos envía la Tierra con la actual pandemia COVID-19.[41] Éste es un asunto de la Nación como soberana sobre el Estado, de soberanía nacional. En nuestra calidad de ciudadanos exigimos que Colombia se responsabilice con el planeta y deje de lado todo intento de legitimar, legalizar/reglamentar una medida gubernamental de uso de sustancias químicas en acciones de guerra, que sólo se aplica en Colombia y que se viene aplicando infructuosamente desde 1978 [42]

En condiciones manifiestas de confusión catastral, de las primeras fumigaciones dirigidas a la marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta en 1978 se ha llegado en los últimos años a asperjar prácticamente por todo el territorio nacional.[43] Lo que es tangible es que fumigar no es erradicar como lo revelan las estimaciones de 212,000 hectáreas al 2019 tras 42 años de fumigaciones por el Estado colombiano.

 Los estudiosos sin excepción, e incluso el mismo Gobierno Duque, señalan que, para subsanar las condiciones de pobreza multidimensional en el campo que llevan a las pequeñas siembras de cultivos a uso ilícito, el imperativo prioritario es hacer inversión social. Así las cosas, no se explica, y menos en las actuales condiciones de pandemia, el incumplimiento con la inversión en los proyectos productivos previstos en los pactos de sustitución; la arremetida en acciones de erradicación forzada; e intención de reanudar e invertir en aspersiones aéreas.

(e) Víctima o autoridad pública que conoce los hechos  

El campesinado, las organizaciones sociales, personeros y Defensoría del Pueblo[44] (entre otras) vienen denunciando los daños ocasionados por las aspersiones desde la instauración de esta medida, con algunas demandas emblemáticas[45] y llamados de atención internacional.[46]  En la acción colectiva interpuesta por Claudia Sampedro y otros obran en el expediente múltiples quejas presentadas por la comunidad ante las Personerías Municipales, Inspecciones de Policía, Defensoría del Pueblo, y Direcciones de Salud de los diferentes departamentos, contra la fumigación con glifosato, por violación a los derechos a la vida y a la salud.[47]

Las billonarias condenas contra el Estado (con costas a la Nación) por afectaciones a cultivos de pancoger pastos y semovientes (lícitos) en razón de las aspersiones gubernamentales, revelan que las fumigaciones no son asunto exclusivamente de políticas de drogas.[48] Las demandas[49], que incluyen la perdida contra Ecuador[50] ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), revelan que las fumigaciones químicas a nombre del Estado colombiano son de repercusión y competencia trans e internacional.

Tras el informe del IARC sobre la reclasificación del glifosato como potencialmente cancerígeno,[51] el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió las fumigaciones aéreas a partir de octubre 2015 por recomendaciones del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria. [52] La Resolución 1214 del 30 de septiembre de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, invoca el Principio de Precaución para ordenar la suspensión de las actividades del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con Glifosato (PECIG) en el territorio nacional. 53]  Ese precedente no admite modulación[54] y menos del sentido del Principio de Precaución.

Con el Decreto Ley 896 de 2017 se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) [55] Éste se reglamenta con el Decreto del 22 de febrero 2018.[56] En el 2017 la Corte Constitucional se reiteró sobre la inviolabilidad de la Consulta Previa, entre otras con sus Sentencias al T-080/17  (Expediente T-5.120.337) [57] y T-236/17. [58] El 6 de marzo del 2019 la Corte Constitucional convoca una audiencia pública para hacer seguimiento a las órdenes relacionadas con la prohibición de aspersión aérea con glifosato.[59] Se debate el cumplimiento de los protocolos exigidos por la Corte para poder reanudar las aspersiones aéreas con glifosato. La Corte se pronuncia nuevamente al respecto por Auto 387/19.[60]

No obstante, desde el empalme gubernamental de Juan Manuel Santos con Iván Duque en el 2018 bajo el Ministro Luis Carlos Villegas [07/2015-08/2018], se reactivaron las aspersiones aéreas con glifosato. En esta ocasión, experimentando con vehículos aéreos no tripulados (drones).[61] Los campesinos registran los daños ocasionados por estas fumigaciones aéreas con glifosato[62]

"La Corte Ambiental -Expresiones ciudadanas" de la Fundación Heinrich Böll da cuenta al 2018 del estado de los recursos naturales colombianos e incluye un análisis sobre la arquitectura jurídica de las fumigaciones aéreas y la aplicación del Principio de Precaución en la Corte Constitucional.[63]

Se afirma que el  estimado número estimado de hectáreas se ha mantenido estable en los últimos 2 años. [64] Así las cosas, no es por falta de glifosato que se ha dado un crecimiento del número de hectáreas. Lo que se ha dado son daños ambientales en, incluso, más allá de las áreas asperjadas, por escorrentía, en las cuencas  hidrográficas internacionales colombo-ecuatorianas y colombo -venezolanas , y río abajo.[65]

(f) El Estado al que se tiene por responsable  

Actualmente, del fracasado uso de drones para fumigar, se está pasando nuevamente a vehículos aéreos tripulados; en este caso a aviones Air Tractor AT-802 (para la Policía).[66] Lo que es tan o más preocupante, se proponen fumigar con el tan cuestionado modelo por contratistas.[67] A esto se suma una razonable inquietud sobre lo dicho por Trump de que, las tropas estadounidenses de la (re) llamada “Operación Orión”,[68] además vienen a dar apoyo a los esfuerzos de erradicación de cultivos.[69]

En aras del equilibrio ambiental global y consonancia con las prioridades para un mundo pos COVID-19,  atentamente solicitamos se propenda por que el gobierno colombiano no imponga por decreto medidas estatales que pueden perturbar el orden público por violación de los derechos humanos, atentados contra la salud y soberanía alimentaria del país, Que se conmine al Gobierno Duque para que sus Decretos de Emergencia Ecológica a nombre del Estado colombiano sean coherentes con la ineluctable obligación supranacional de proteger la parte colombiana de ese cuerpo de ecosistemas interconectados que es La Tierra.

PRETENSIONES:

1. -Que las entidades acá copiadas, atendiendo esta alerta, emitan concepto (vinculante o no vinculante y advisory opinions on legal questions para las Cortes) sobre la conveniencia y/o posibles afectaciones alimentarias, ambientales y sanitarias por la medida de aspersión química por parte del Estado colombiano; sobre todo, en las actuales condiciones de pandemia, descontento social  e inestabilidad interna.

2. - Que se respete el derecho consagrado a la Consulta Previa que, como fue reconocido recientemente, no puede ser virtual pues pondría en flagrante desventaja a las comunidades locales. Muchas de las comunidades rurales viven sin contacto internet.[70] Así, las Consultas Previas y Audiencias Ambientales en modo virtual son excluyentes. [71]

3. -Que se confirme la vigencia o no del concepto del IARC[72] sobre el potencial cancerígeno del glifosato; informe con base en el cual el Estado colombiano bajo del Gobierno Santos tomó en el 2015 la decisión de suspender las aspersiones en aras de respetar el Principio de Precaución. [73]

4. –Que se  aclare cómo se compartirá  de forma pública, presencial [74] y participativa (como lo ordena la Constitución y Sentencias de la Corte Constitucional) el informe de ajuste al Estudio de Impacto Ambiental referido en carta a Teorema (Norte de Santander) [75] con el que el Gobierno Duque dice cumplir con una de las exigencias de la Corte Constitucional en sus Sentencias.[76] Como lo señala un trino reciente de @Dejusticia , El documento con el que @PoliciaColombia propone modificar la licencia ambiental tiene 3217 páginas y pesa 133 KB. ¿Podrán acceder a él en lugares remotos?, ¿podrán leerlo todos a quienes afectaría la decisión?[77]

5. -Que el Estado colombiano someta el nuevo “Plan de Catastro Multipropósito” del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)[78] para así tener la georreferenciación e información catastral de los predios potenciales a afectar con las fumigaciones y coordenadas de los predios colindantes que pueden verse afectados.

6. -Que el Gobierno Duque precise cómo, el Decreto que pretende reactivar las aspersiones aéreas (acá en su primer esbozo[79]), cumple con el Punto 4 del Acuerdo de Paz. [80]  Por lo mismo, solicitamos copia del estudio conjunto por parte de la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC, el DNP y  el Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento de las metas de tierras establecidas en el Acuerdo.[81]

7.  -Que el Gobierno Duque demuestre que las condiciones ―de orden público[82]; del sistema de salud;[83] de sostenibilidad; vigilancia y estado de los recursos; y de la capacidad del campo colombianos para servir de despensa alimentaria― están dadas como para reanudar las operaciones de aspersión aérea considerando los riesgos y necesidades suscitados por el COVID-19.

8. -Qué el gobierno Duque presente informe sobre las medidas que tiene pensadas para cumplir con su deber de proteger la fauna silvestre, sus recién nacidos y los polinizadores, que por estos días parecen estar saliendo más libremente para aprovechar el respiro justo y necesario.

9. -Los estudios coinciden en señalar que, las alternativas concertadas y de sustitución de ingresos y economías, son más efectivas, de menores costos económicos, ambientales, sociales y en la salud.[84] Llamamos a que el Gobierno Duque precise los costos e inversión[85] según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022[86] y actual modalidad de financiación del agro pos consideraciones y consecución de fondos en razón del COVID-19. [87]

10. Que el Estado colombiano rinda cuentas (accountability) sobre cómo se han invertido los fondos brindados por la Comunidad Internacional para la construcción de paz durante el Gobierno Duque [88]  y un consolidado del número de hectáreas fumigadas bajo su mandato vs el numero de erradicadas.

11. -Que el gobierno colombiano explique su incumplimiento contractual por, según dice, falta de fondos para los acuerdos de sustitución voluntaria en el PNIS[89] y de dónde provendrá la partida para los  gastos para fumigar [90] y política de agroquímicos.[91]

12. Exigimos que el Estado colombiano reconozca el papel insustituible de las instancias internacionales y se reconsidere la pertinencia de acatar las sentencias y fallos de sus Cortes y validez de no acogerse a las instancias internacionales (retiro CIJ). En todos los tiempos pero, sobre todo, en tiempos de crisis económica, ecológica y sanitaria mundial. En tiempos en los que la clave está en la cooperación.

Colombia no puede seguir siendo escenario de experimentación de erradicación con sustancias químicas. Esto no puede seguir siendo un asunto de borrón y cuenta nueva con cada nuevo gobierno asumiendo que parte de cero sin cumplir con las exigencias ―de estudios de seguimiento epidemiológico y ambiental―; exigencias que datan desde que el Gobierno de Turbay Ayala lanzó las primeras fumigaciones químicas.  Más de 40 años de uso intensivo de químicos da con qué llevar a cabo una investigación a fondo de este experimento colombiano.   

El Estado colombiano no puede seguir siendo participe en el deterioro ambiental propio y planetario. Tendría que sopesarse cómo mejor cumplir con la OBLIGACIÓN con los contratos de erradicación voluntaria. De tal forma, la moción de un mínimo vital de tres meses para la Nación ―32 millones de colombianos―.[92]  sería de lejos una mejor inversión  (accountability) de los dineros para la paz y COVID-19 y  buen alivio (así sea temporal). Esto permitiría enfocar el dilema de la coca de forma integral y para no tener que, como se propone el actual gobierno, importar alimentos;[93] en lo que no es propiamente un manifiesto de intención de fortalecimiento (y menos agroecológico) de la producción nacional de alimentos.  

¿Puede el Estado colombiano legítimamente insistir en gastar los fondos de la Nación en su pretensión de fumigar cientos de miles de hectáreas de su territorio? 

(g) Cumplimiento de los términos (Article 32 of these Rules of Procedure)  

Atentamente solicitamos en éste y todos los aspectos, opiniones consultativas para proceder ante las cortes para llevar a buen término este requerimiento al Estado colombiano.   

(h) Intentos para encontrar remedio  

Como mencionado anteriormente, los costes astronómicos para la Nación por condenas al Estado dan fe de una parte de los daños. La discusión eterna sobre la modalidad para la recepción de las quejas revela que, si los campesinos realmente se pudieran quejar[94], ya no habría fumigaciones. De ahí, la imperativa necesidad de pedir sus honorables conceptos y asesoría sobre la mejor forma de exigir al Estado colombiano para que la aspersión de químicos sobre los cultivos con uso ilícito no sea Política Pública.

 (i) La queja ha sido sometida  

Las demandas, acciones de grupo y sentencias de las cortes reflejan algunos de los reclamos nacionales ya hechos. A nivel internacional, por poco que conocemos, los referimos a la petición ante la CIDH Informe no. 76 /18 Petición 1453 l el 21 de junio de 201 8 (OEA/Ser.L/V/II)[95] y a la demanda radicada por el Estado de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia que conllevó a la condena del Estado colombiano.

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