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Jóvenes, coca y amapola: Un estudio sobre las transformaciones socio–culturales en zonas de cultivos ilícitos
Juan Guillermo Ferro, Graciela Uribe, Flor Edilma Osorio, Olga Lucía Castillo
IER - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales - Universidad Javeriana

Capítulo 1:
Los cultivos ilícitos
Contextos internacional y nacional

1.1 El Narcotráfico

Acercarnos a la comprensión de los cultivos ilícitos y la influencia que éstos tienen sobre las transformaciones ético-valorativas de los jóvenes en zonas de colonización sustentadas por economías campesinas e indígenas, significa ubicarnos en la comprensión global del narcotráfico, nacional e internacionalmente hablando, de los diferentes actores sociales que intervienen y las posiciones que asumen.

Por los objetivos de la presente investigación, abordamos con una visión integral como académicos esta realidad en zonas específicas de cultivos ilícitos, pretendemos comprender el problema en su contexto económico, político y cultural desde los productores campesinos, colonos e indígenas. Son ellos quizá, la parte más indefensa de la larga cadena del narcotráfico, que se encuentra en el límite entre lo lícito/ilícito, y difícilmente podemos asociarlos con los sesgos de criminalidad, enriquecimiento y organización, de los llamados carteles de la droga.

El narcotráfico se mueve dentro de la existencia funcional de un mundo informal, que se relaciona con la producción, transporte, venta y consumo ilegal de sustancias sicoactivas de origen natural (coca, marihuana y amapola), destinadas al consumo, donde las reglas de juego se establecen sin la injerencia del Estado. Es un fenómeno internacional, que mueve entre el 20 y el 30% de la economía mundial[1], lo cual significa que detrás de él hay intereses de alto nivel que tienen que ver con la macroeconomía y la política. Después de la caída del muro de Berlín, para algunos analistas se ha convertido en el mayor peligro mundial[2] ya que tiene que ver no sólo con la droga, sino además con el comercio de armas, el lavado de dólares y los vínculos con los diferentes Estados. El valor monetario del tráfico de narcóticos, ha llegado a superar al comercio internacional del petróleo y sólo es inferior al mercado de armas.[3]

En este escenario, se da una división entre los países consumidores que generan la demanda de drogas: básicamente los países desarrollados como los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, siendo Estados Unidos el mayor consumidor, y países productores, asociados al subdesarrollo, la marginalidad y la exclusión.[4]

El narcotráfico es considerado por algunos autores, como un indicador de la descomposición del Estado: afirman que donde no hay presencia estatal, se hace posible el desarrollo del narcotráfico.[5] Es así como en los países productores, el narcotráfico llega a convertirse en catalizador de la crisis del régimen político y en potenciador de los factores económicos, políticos y sociales que debilitan al mismo[6].

Desde otra perspectiva, se dice que la demanda mantiene la oferta. Es decir, si los países consumidores tuvieran un mayor control sobre la demanda, sobre el ingreso y el consumo de drogas, los países productores reducirían su nivel de oferta. Sin embargo, el análisis va mucho más allá. Hay opiniones que ubican el problema principal en la causa del consumo de drogas en los países desarrollados, principales consumidores[7]. Desde este punto de vista, consideran que el alto consumo de drogas sicoactivas, lo que demuestra, es un estado de crisis mundial. Por lo mismo, la búsqueda de soluciones y diseño de políticas debe ser compartida. Se considera que en el mundo hay alrededor de 20 millones de consumidores de marihuana, entre 8 y 20 millones de consumidores de cocaína y unos 500000 de heroína.[8]

Sin embargo, Estados Unidos se ha reservado la autoridad para imponer las normas de control al narcotráfico a los países productores. Desde una posición bilateral de superioridad y poder en la que los países europeos no tienen participación, ha determinado medidas rígidas de política anti-drogas tales como: la participación directa de tropas norteamericanas en Panamá (1989) y Bolivia (1986), la guerra antibacteriana y la erradicación forzosa en Bolivia (abril de 1982), las fumigaciones y los tratados de extradición entre Colombia y Estados Unidos(1982), el endurecimiento de penas a los narcotraficantes y la extinción de sus bienes. Estas medidas vulneran la soberanía de los Estados y sujetan su cumplimiento a la certificación, sin la cual los países subdesarrollados no tendrían acceso a créditos con la Banca Internacional.

De esta manera, los países productores además de padecer sus conflictos internos, se encuentran en una situación de dependencia hacia Estados Unidos que los pone en la difícil disyuntiva de lograr un equilibrio entre el movimiento económico generado por el narcotráfico y el cumplimiento de las medidas de fuerza impuestas por el país del norte. Estas naciones se debaten entre la lucha simultánea contra la pobreza y el control del narcotráfico, y el consiguiente debilitamiento de sus instituciones.

El enfoque que hasta ahora ha dado Estados Unidos para debilitar la demanda, está orientado a acciones represivas tendientes a reducir la oferta, más que a controlar el consumo y a atacar los fundamentos del problema tanto de los países productores, como de los consumidores. Así, las mayores cuotas de sacrificio para enfrentar el problema del narcotráfico las asumen los países donde se genera la mayor producción y el tráfico de drogas, como son los casos de Bolivia, Perú y Colombia en lo que se refiere a la cocaína.

Las medidas represivas utilizadas hasta ahora, han conducido a una expansión creciente de la oferta, que en los países productores de coca significó un 75% entre 1980 y 1987,[9] sin reducirse notablemente el consumo. En tanto haya alicientes para producir sustancias sicoactivas naturales, difícilmente el problema mundial podrá solucionarse.

En el caso concreto de Colombia, el narcotráfico como fenómeno notorio aparece en la década de los 70, hasta llegar a consolidarse hoy como un grave problema nacional. La producción, tráfico y consumo de drogas sicoactivas controlada por el narcotráfico ha tenido una fuerte incidencia en la desestabilización social, política y económica del país, y ha contribuido a aumentar los índices de violencia. La ausencia de una política estatal coherente, y la incapacidad del Estado de hacer presencia en todo el territorio nacional, han facilitado la penetración del narcotráfico en todos los estamentos de la sociedad.

Por su relación de dependencia hacia los Estados Unidos, Colombia ha focalizado la acción hacia medidas represivas. En lugar de buscar soluciones estructurales al problema, se atacan sus manifestaciones con respuestas de tipo coyuntura, generando una ambivalencia entre la tolerancia y la represión.

1.2 Los cultivos de coca y amapola

Los cultivos de coca y amapola aparecen por la demanda ilegal de producción de drogas naturales por parte de los países desarrollados, y por las condiciones políticas y de pobreza rural en la que viven los países que los producen. Necesariamente remiten a la comprensión del narcotráfico en los niveles nacional e internacional, de las políticas generadas por la apertura económica y en particular, del problema agrícola mundial.

El subsidio que los países desarrollados dan a la agricultura, y la ausencia de un desarrollo rural que facilite la generación de alternativas económicas que garanticen la sobrevivencia de los campesinos, los colonos y los indígenas, son dos factores que han favorecido la expansión de los cultivos ilícitos en la región andina y las selvas amazónicas de América Latina. Los campesinos de la selva andino-amazónica, no sólo fracasan por los malos precios de sus productos, sino también por los bajos rendimientos de sus cultivos y la baja productividad de su trabajo. Sin campesinos pobres en el Tercer Mundo no habría oferta de drogas naturales para responder la demanda internacional, afirma Ibán de Rementería[10].

Por tal motivo, estos cultivos, principalmente la coca con su carácter de cultivo permanente, ofrece a los cultivadores menores riesgos económicos y mayores posibilidades de un ingreso constante. Se puede esperar un tiempo cuando ésta no tiene precio en el mercado, mientras que en los cultivos transitorios, el hecho de no cosechar significa la pérdida del cultivo anual. Al mismo tiempo, tanto en el caso de la coca como en el de la amapola, las familias campesinas pueden manejar en promedio entre 1 y 3 hectáreas con el desarrollo de una tecnología que ya ha sido apropiada por todos. Ello significa una permanente generación de empleo durante todo el año para la familia. Estos factores, unidos a la facilidad para el transporte y el mercadeo, se constituyen entonces en una alternativa de subsistencia para los cultivadores.

Desde esta perspectiva, los productores de coca, marihuana y amapola, los campesinos y los indígenas rechazan que se les considere narcotraficantes. Para ellos, los cultivos significan una garantía de ingreso que les permite llevar una vida digna. En tanto para los narcotraficantes, los cultivos ilícitos forman parte de una gran cadena de acumulación de dinero, violencia, corrupción[11].

Hasta mediados de la década del noventa, Perú y Bolivia eran los mayores productores de hoja de coca con fines ilícitos. En la actualidad, la situación ha cambiado. Colombia, además de ser considerado el primer país procesador, por desarrollar una mejor tecnología para la producción de clorhidrato de cocaína, y una capacidad para evadir las normas y la movilización del excedente económico, registra en los últimos años un aumento en la producción superando a Perú y Bolivia[12]. (Ver Mapa No. 1.1- Cultivos de Coca en la Zona Andina)

1.3 El escenario colombiano

Varios factores influyen para que Colombia, se constituya en uno de los escenarios más representativos en el nivel mundial, en la producción de ilícitos y de coca principalmente: En este escenario, los cultivos ilícitos se convierten en un factor generador de empleo e ingresos, con diferentes alternativas laborales que van desde la siembra, la recolección de hoja, la fumigación, el procesamiento de la hoja en pasta y la comercialización. A este movimiento se integran el comercio de los insumos químicos necesarios para el control de plagas y malezas, la transformación de la hoja en base y clorhidrato de cocaína, el comercio de la gasolina, los restaurantes, el transporte, los bienes de consumo y la prostitución.

Los datos acerca de la extensión de los cultivos de coca, marihuana y amapola difieren entre sí dependiendo de la fuente. Sin embargo, podemos apreciar que entre 1995 y 1998, éstos en lugar de disminuir han aumentado (Cuadro 1). A pesar de los programas de erradicación el cálculo de hectáreas cultivadas hasta 1998 es de 97000, lo que significa que las fumigaciones lejos de acabar con los cultivos, han generado su aumento entre 1984 y 1985 en un 383% (Cuadro 2). En el mismo período se han destruido un millón de hectáreas de bosque primario para la siembra de ilícitos.

CUADRO No. 1: EXTENSION DE LOS CULTIVOS ILICITOS EN COLOMBIA[13]

 
FUENTE
AÑO
COCA
MARIHUANA
AMAPOLA
FAMILIAS IMPLICADAS
TOTAL
PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO 1995 39.800 HECTAREAS 5.000 HECTAREAS 20.200 HECTAREAS 30.000:FLIAS.CAMPESINAS DIRECTAMENTE270.000: INDIRECTAMENTE60%: CAMPESINOS40%:COMERCIAL
65.000 HECTAREAS
TALLER INTERNACIONAL DE CULTIVOS ILICITOS 1995
200.000 HECTAREAS
POLICIA ANTINARCOTICOS y DEPARTAMENTO DE ESTADO AMERICANO 1996 67.200 HECTAREAS 6.100 HECTAREAS
73.500 HECTAREAS
POLICIA ANTINARCOTICOS Y DEPARTAMENTO DE ESTADO AMERICANO 1997 79.500 HECTAREAS
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 1998
97.000 HECTAREAS
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 1984 a1998
307.000 HECTAREAS
INVESTIGADORES INDEPENDIENTES 1988
100.000 HECTAREAS
CUADRO No. 2: EXTENSION DE LOS CULTIVOS DE COCA EN EL CAQUETA[14]
 
DETALLE
FECHA
HECTAREAS
PLAN NACIONAL DE SUPERACION DE LA DROGA Y CONPES
1994 6.800 HECTAREAS
GRUPO DE DUBLIN 1994 24.300 HECTAREAS
BOUROU INTERNATIONAL NARCOTICS 1994 11.700 HECTAREAS
SERGIO URIBE 1994 20.706 HECTAREAS
POLICIA ANTINARCOTICOS Y PLANEACION 1997 21.600 HECTAREAS
RODRIGO VEALIDE
Ingeniero agrónomo de CIFISAM, San Vicente del Caguán
1998 23.400 HECTAREAS
Difícilmente podemos tener un dato exacto y confiable sobre el número de hectáreas y personas vinculadas a los cultivos ilícitos, tanto por la misma dinámica de los cultivos, sujeta a las continuas medidas de control y persecución por parte de los organismos del Estado, como por los diferentes métodos de medición utilizados. Así mismo se calcula en 300000 el número de personas vinculadas a la producción, sin contar las que indirectamente se benefician del comercio[15]. De ninguna manera podemos desestimar estos datos que aunque pueden ser aproximados, son un indicador de la dimensión del problema en nuestro país. Al respecto Sergio Uribe dice:

(...) Se puede decir que es fundamental crear un sistema de información que permita hacer un seguimiento a los cultivos ilícitos ya que en el mejor de los casos la información disponible es una aproximación al problema y está lejos de reflejar lo que bien podría ser la realidad. Los datos suministrados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos obedecen a consideraciones políticas que se enfocan hacia una reducción de la ayuda en la lucha mundial contra las drogas y es por esto que tienden a subestimar la magnitud del problema.[16]

Las marchas campesinas e indígenas de julio a septiembre de 1996, ponen en evidencia la magnitud de este problema, al movilizar centenares de miles de cultivadores en protesta por las fumigaciones. Lo que allí se manifiesta es la crisis nacional de la agricultura y la ausencia de una reforma agraria eficaz. Lo que se reivindica es tierra, trabajo y dignidad.


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Índice
[1] TOURAINE, Alain, El circuito de la cocaína y sus implicaciones, Bolivia, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, 1996, página 30.
[2] VARGAS Ricardo, “Colombia y el área andina: los vacíos de la guerra”, en Controversia, No.69, Bogotá, CINEP, noviembre de 1996, página 69.
[3] HERNANDEZ, Teresa, Coca, Cocaína y Narcotráfico. (Unidad Didáctica), Madrid, IEPALA Editorial, Madrid 1994, página 49.
[4] ARRIETA Carlos, ORJUELA Luis J., SARMIENTO Eduardo, TOKATLIAN Juan, Narcotráfico en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores - Uniandes, 1995, página 70, ss.
[5] Ibid, página 33.
[6] Ibid, página 18 ss.
[7] Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, El circuito de la cocaína y sus implicaciones, LASERNA, Roberto, Op.cit. página18, y Coca, cocaína y narcotráfico, Op.cit. página 51.
[8] TOURAINE, Alain, Op.cit. p.34 , VARGAS Ricardo, Op.cit. p.66 , Unidad Didáctica, Op.cit. p.48
[9] SARMIENTO Palacio, Eduardo, Op.cit. página 69.
[10] DE REMENTERIA , Ibán, La elección de las drogas. Examen de las políticas de control, Perú, Fundación Friendrich Ebert, 1995.
[11] INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES, IEPRI, “Primer Taller Internacional sobre cultivos ilícitos”, Bogotá, Universidad Nacional, 13 al 15 de junio de 1995, Informe final.
[12] En 1988 el rango de participación de Colombia en la producción de hoja de coca es de alrededor del 10%, mientras los del Perú y Bolivia son del 35 y 55% respectivamente. En tanto que en 1995, la oferta de producción de coca en Bolivia se estabiliza en 48600 hectáreas y en Perú se llega a un estancamiento en 115300 hectáreas. Los estimativos para Colombia arrojan 165000 hectáreas. Datos presentados por Ricardo Vargas en Controversia, Op.cit. páginas 61 y 62 y Narcotráfico en Colombia, página 50. Cfr. International Narcotics Control Strategy Report, 1996.
[13] Las fuentes utilizadas para la elaboración del Cuadro No. 1 son las siguientes:
-Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 1995-1998, Plan de Acción, Síntesis preliminar.
-URIBE Sergio, "Los cultivos ilícitos en Colombia" en, Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social, Bogotá, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Editorial Ariel, Ministerio de Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes, 1997.
-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, "Informe final: Primer Taller Internacional de cultivos ilícitos, Bogotá, 13 a 15 de junio de 1995.
-MALAVER Ivonne, "Estragos de la guerra química", en El Tiempo, Bogotá, 8 de junio de 1998.
-TOKATLIAN Juan Gabriel, "Cambio en políticas de fumigación", en El Tiempo, Bogotá, 2 de agosto de 1998.
-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, "Tebuthiuron: Una fumigación fatal", en El Tiempo, Bogotá, 29 de marzo de 1998.
[14] Las fuentes en las cuales se basa el cuadro No.2 son las siguientes:
-- URIBE Sergio, Los cultiuvos ilícitos en Colombia, Bogotá, Editorial Ariel, Ministerio de Justicia y Derecho, Dirección Nacional de Estupefacientes, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1997
-- VELAIDE Rodrigo, Trabajo de campo realizado por el ingeniero agrónomo del Centro de Formación e Información de la Amazonía, CIFISAM, San Vicente del Caguán, hasta diciembre de 1998
[15]VARGAS, Ricardo, Op.cit. página 59.
[16] URIBE, Ramírez Sergio, “Algunas consideraciones sobre las extensiones de los cultivos de coca en Colombia”, en Colonización, Coca y Conflicto”, Boletín No. 19, Bogotá, Ecofondo, diciembre de 1996.

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