Intercambio de Orduz a Pastrana sobre micoherbicidas

Colombia vive hoy uno de los momentos más críticos en toda su historia como República. Sin embargo ésta puede ser la oportunidad para que ciudadanos y autoridades estatales desarrollemos en conjunto un proceso a mediano y largo plazo que privilegie los intereses comunes de nuestro país y los países vecinos, teniendo en cuenta los cambios y retos que aceleradamente se producen en el contexto internacional. Es evidente que las drogas ilegales se constituyen hoy en un problema común que demanda soluciones eficaces y compartidas siendo a la vez uno de los temas más sensibles en el ámbito internacional.

El componente antinarcóticos del Plan Colombia, apoyado el pasado 13 de Julio de 2000 por el Congreso de los Estados Unidos, y avalado por el Presidente Clinton, presenta aspectos que han generado grandes inquietudes y serios interrogantes tanto en la opinión publica colombiana como en amplios sectores de la comunidad internacional. Así mismo en el interior de Colombia, son notorios los cuestionamientos al Plan por las incongruencias entre las distintas versiones divulgadas por la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y la versión Washintong, denunciadas en el Congreso por los Senadores Orduz y Betancourt.

A pesar de la crítica posición de la versión colombiana del Plan[1][1] frente a la fallida estratégia de erradicación de cultivos ilícitos en la década de los años noventa, es preocupante que el paquete aprobado en Washintong pretenda la eliminación del 100% de los cultivos en un plazo de cinco años acudiendo, además de las estrategias conocidas, a la del control biológico mediante el uso de micoherbicidas (hongos). La llamada estrategia de control biológico no es mas que una “dispersión de plagas”, con la que no se puede garantizar selectividad porque los organismos pueden mutar genéticamente y atacar otras especies, como cultivos alimenticios o plantas silvestres. Las explicaciones dadas por el Gobierno de Colombia en el Senado el pasado 1° de Agosto no son satisfactorias para la opinión pública y han dejado la sensación de grandes diferencias entre las agendas de Washintong y la del Gobierno Nacional acerca de la estrategia antinarcóticos.

La preocupación surge sobre todo si se tienen en cuenta los condicionamientos formulados por el Congreso de los Estados Unidos los cuales fueron incorporados como parte del cumplimiento de requisitos en materia de derechos humanos para garantizar la transferencia de los recursos aprobados. En efecto dice así el punto D de esas condiciones: “El gobierno de Colombia está de acuerdo en implementar una estrategia para eliminar la producción total de coca y opio de amapola para el 2005 a través de una combinación de programas de desarrollo alternativo; erradicación manual; aspersión aérea de herbicidadas químicos; prueba de micoherbicidas ambientalmente seguros y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de narcóticos ilegales en territorio colombiano”[2][2].

Ningún país ha sido asolado por el narcotráfico como Colombia. El incremento de los impactos de violencia y la promoción de subculturas construidas sobre la búsqueda del enriquecimiento fácil, la brutal depredación de nuestros bosques y selvas tropicales, la distorsión perversa de nuestra economía son algunos de los inmensos daños que el narcotráfico ha provocado a una nación en proceso de formación. Nos urge entonces, encontrar maneras creativas de enfrentar el narcotráfico en un marco de corresponsabilidad internacional, apelando a medios compatibles con el respeto a la vida y al medio ambiente.

Desde hace varios años, con el patrocinio del Gobierno de los Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización de las Drogas (UNDCP) viene desarrollando el Programa SCOPE (Estrategias para la erradicación de coca y amapola), particularmente enfocado a la aplicación del “control biológico” como herramienta de erradicación de cultivos de amapola en Uzbekistán a la vez que propende porque Colombia sea el eje experimental para el uso de agentes biológicos en la erradicación de cultivos de coca en la Región Andina. Sabemos que la primera etapa de la aplicación de dicha herramienta está precedida de un convenio entre el país respectivo y las Naciones Unidas (UNDCP) para la experimentación de “agentes biológicos”. En la actualidad, según las versiones del Departamento de Estado de los EEUU y del Embajador de los EEUU en Colombia, la suscripción de un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Naciones Unidas (UNDCP) representa el primer paso para la aplicación del Plan Colombia en la versión Washintong.

Como ustedes, Señor Presidente de la República y Señor Ministro del Medio Ambiente saben, el anteproyecto de la UNDCP preparado en Viena en 1999 aludía de forma directa al control biológico utilizando una forma especial del hongo Fusarium oxysporum como objeto de experimentación en territorio colombiano, como antesala para la utilización en amplia escala del mismo en la erradicación de cultivos ilícitos. El proyecto señalaba un inmenso interés de las autoridades colombianas en el uso de ese hongo.

Teniendo como antecedente el rechazo , en 1999, de un proyecto similar diseñado por las autoridades antinarcóticos de EEUU para erradicar los cultivos de marihuana en los everglades en el Estado de Florida, debido a los riesgos de mutabilidad y liberación de micotoxinas, potencialmente dañinas, para los ecosistemas y la salud humana y animal; el proyecto de UNDCP para Colombia, en su primera versión, fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales internacionales como atentario contra la salud humana y la biodiversidad.

Por ello el UNDCP y el Gobierno de los Estados Unidos, tuvieron la necesidad, de modificar el acuerdo de manera expedita para presentarlo ante la opinión pública internacional como una iniciativa del Gobierno Colombiano.

Aunque de acuerdo con sus declaraciones públicas, ustedes aparentemente se han opuesto a la versión original del acuerdo con el UNDCP, particularmente al uso del Fusarium Oxysporum, bajo la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt prepararon el proyecto “Formas Alternativas, Integrales y Productivas de Protección a la Biodiversidad en las Zonas afectadas por Cultivos de Coca y su Erradicación” la versión del proyecto de julio del 2000, diseña en principio para darle comienzo en el mes de agosto establece como primer componente la “Identificación de mecanismos biológicos ambientalmente seguros para la erradicación de cultivos de Erythroxylum coca”[3][3] , la cual incluye la investigación sobre agentes biológicos nativos, no por ello menos nefasto, si se tiene en cuenta que en Colombia existen especies como el D-437, originarios del Cauca, que es catalogado por los científicos como altamente peligroso.

Con esta posición asumida por el Ministerio del Medio Ambiente se da un primer paso para la introducción, en Colombia, de agentes patógenos irresponsablemente llamados control biológico y se libera al Gobierno Norteamericano de eventuales violaciones al tratado Internacional de Armas Biológicas y Tóxicas.

Examinando las declaraciones públicas por parte del Ministerio del Medio Ambiente, no encontramos argumentaciones sensatas que nos permitan a los habitantes de toda la Región Andinoamazónica tener la certeza de que las autoridades colombianas están tomando las decisiones correctas en interés de un área que por su compleja biodiversidad hace parte del patrimonio de la humanidad.

Las dudas acerca de los riesgos en la salud pública, la seguridad alimentaria y el ambiente por parte de miembros de la comunidad científica y ambiental nacional e internacional, así como la ausencia de participación de la comunidad en las decisiones que la afectan, nos lleva a exigirles de manera firme y categórica, a ustedes Señor Presidente de la República y Señor Ministro del Medio Ambiente, a comprometerse oficialmente con nosotros los colombianos a no desarrollar ningún tipo de investigaciones y/o experimentaciones sobre agentes biológicos o químicos de erradicación de cultivos ilícitos en nuestro territorio.

La erradicación manual concertada con las comunidades es el único método seguro socioeconómico y ambiental, que no deslegitima al estado social de derecho y que genera procesos de participación ciudadana en propósitos comunes. Por tales razones exigimos se respete el ordenamiento jurídico vigente nacional e internacional, así como los convenios internacionales ratificados por el estado colombiano . Los instamos a aplicar el principio de prevención en el sentido de “prevenir” la siembra de cultivos ilícitos trabajando sobre las causas con inversión social y apoyo a proyectos alternativos integrales, que aprovechen racionalmente la biodiveridad y que permitan generar ingresos distintos a la economía ilegal de las drogas. Con este método se evitarían eventualmente impactos de orden socioeconómico, ambiental y de conflicto interno con los países que hacen parte de la Cuenca Amazónica.

Es su deber, doctor Andrés Pastrana en su calidad de Presidente de Colombia, y doctor Juan Mayr primera autoridad ambiental del país y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, evitar el uso de armas o “agentes” biológicos sean éstos extranjeros o nativos, así como sustancias agrotóxicas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la subversión, las cuales ocasionarán una catástrofe irreversible y sin precedentes, que tendrá implicaciones nefastas dentro de un espacio de vida para las presentes y futuras generaciones.

[1][1] Plan Colombia - Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social 2000 - 2002, Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación.

[2][2] Ley HR4425 (capitulo 2 sección 3201) condiciones de asistencia para Colombia. Firmada julio 13 de 2000

[3][3] Formas Alternativas, Integrales y Productivas de Protección de la Biodiversidad en las Zonas afectadas por Cultivos de Coca y su Erradicación “, Julio 2000, P.10