Fórmulas para enfocar el consumo*

En aras de incidir en el fenómeno consumo de las sustancias alteradoras de consciencia debemos primero mirar cómo evaluamos y nos referimos al consumo de las mismas, de qué información científica se dispone y como podríamos capacitarnos para lograr nuestros objetivos. Bien sea, educar y atajar la propensión entre los jóvenes al consumo de las sustancias que sí son realmente peligrosas y/o lograr que no se viole el derecho a la salud física y mental e integridad de las personas que sufren de un consumo compulsivo o gozan un consumo recreativo. El diseño de las políticas y programas debe partir del conocimiento del fenómeno al que se refieren dichas políticas y programas.

El consumo de sustancias alteradoras de consciencia, al igual que el cultivo de cánnabis, coca y amapola, y la existencia del sapo alucinógeno de la especie suramericana bufo marinus, no data de ayer ni parece pronto a desaparecer, simplemente porque así lo decrete la Prohibición. Aunque la existencia (estimada) de 200 millones de consumidores, el 5% de la población mundial, indica que no es un fenómeno tangencial, el haberlo construido en el eje de la existencia o autodestrucción de la nación colombiana refleja el alto grado de ignorancia, incompetencia y/o corrupción y sumisión con el que se ha enfocado/aprovechado el tema del consumo de estas sustancias. Si bien, al igual que el cultivo, el consumo de sustancias alteradoras de conciencia no se puede desligar, ni culpar, de la implosión y explosión del fenómeno del narcotráfico, un enfoque ajustado del consumo sí puede contribuir a desmantelar el accionar violento y corruptor del narcotráfico. Con que sólo se ajuste la legislación al reconocimiento de facto de que el fenómeno del consumo no es monolítico y no todas las “drogas” repercuten de forma negativa sobre el individuo y la sociedad, estaríamos dando un primer paso por el camino de lo que es viable pretender, y útil al propósito de la paz.  

El empecinamiento con el que la política dominante del siglo XX  se cerró a la posibilidad de enfrentar este fenómeno por otros medios que la guerra, acabó por neutralizar cualquier control que hubiesen podido ejercer los Estados sobre este comercio. De tal manera, la vulnerabilidad y desamparo de cultivadores, raspachines, jibaros y consumidores es el resultado de una persecución del Estado que termina por abandonarlos al poder único sin control alguno que ejerce el narcotráfico sobre este comercio. Por su parte, irónicamente, el narcotráfico es tal vez el único comercio que se ataca por principio a su base productiva, revendedores, clientes y consumidores, con las llamadas “operaciones de limpieza”, entre otras.  Se ataca asimismo al Estado pero, por lo general, para conquistarlo. La ilegalidad y opacidad de todos los aspectos de este comercio obligan a las autoridades a diseñar y aplicar políticas sin los elementos de juicio que se requieren para que den resultados y poder constatar dichos resultados. Para poder realmente comenzar a limitar los rezagos se hace necesario dejar de considerar el consumo como un delito. ; máxime una contravención y su tratamiento judicial debe responder, caso por caso, a los perjuicios ocasionados a terceros.

Las costumbres de las sociedades en su evolución son las que marcan la intersección entre la ley natural y los derechos y deberes del ciudadano y sus elegidos. Se afirma que el 5% de la población colombiana entre los 15 y 64 años y el 10% de los jóvenes colombianos, según estudios recientes, son usuarios de “drogas”. El hecho es que ni siquiera sabemos si somos 2 millones o 5 millones de consumidores ni qué porcentaje de estos consumidores son usuarios recreativos y cuántos son usuarios compulsivos en dificultades, elementos que deberían ser consideraciones centrales en el diseño de las políticas. Otra consideración que debería pesar en el diseño de las políticas es si la justicia colombiana y los padres de ese 10% de jóvenes están dispuestos y en condiciones para asumir una reforma constitucional que propiciaría la incriminación de estos millones de hijos de familias colombianas; jóvenes que por lo general son parte integral de la Colombia estudiosa, trabajadora y productiva; jóvenes cuyo futuro podría quedar en entredicho por una incriminación a la ligera (o manipulatoria) por consumo de drogas.  Efectivamente, el Estado tiene la obligación de intervenir en este negocio en ejercicio de la defensa de los millones de consumidores y de sí mismo. Sin embargo, su intervención policial que sindica y coloca a los usuarios en el bando “terrorista” es justamente lo que le impide ejercer un control social y económico para limitar la expansión del narcotráfico.

Si algún país tiene la autoridad y el conocimiento de causa para cuestionar las repercusiones positivas y negativas de la guerra al consumo de drogas, ese es Colombia. El Estado colombiano, más que cualquier otro Estado, tiene actualmente la autoridad La presencia del Estado, , es una apuesta que vale la pena intentar y, seguramente, los logros y trascendencia histórica de este medida justificarán ampliamente un cambio de rumbo.

La inclusión de un debate amplio, pluralista e incluyente sobre el tema del consumo en el actual proceso de reconciliación (por inclusión) sería un paso trascendente y probablemente el primer pasó hacia la adquisición de los elementos de juicio que se requieren para poder retirar el consumo de manos del narcotráfico. El resultado positivo de un primer acercamiento a los cultivadores cocaleros debería servir de ejemplo. La mejor forma de atajar la expansión de cultivos, consumo y dependencia de la economía del narcotráfico es a través de la presencia e inversión social del Estado con el apoyo de organizaciones sociales especializadas en el tema. Organizaciones sociales brasileñas que trabajan desde el Estado y argentinas como ARDA llevan muchos años trabajando con consumidores en dificultades para facilitar la reinserción social que su adicción y las políticas de penalización les han arrebatado. El “encarcelamiento del consumo” no responde ni a la conflictiva realidad colombiana y las exigencias ya existentes sobre el sistema judicial y carcelario. Por el comntrario, considerando la dinámica y escala de desarticulación social, económica y política a la que el Prohibicionismo ha llevado a Colombia, estamos en la obligación de dar una oportunidad a enfoques alternativos a la represión e incriminación. Se proponen unos talleres de capacitación en Reducción de Daños para el personal de las instituciones de Bienestar Social encargado de enfocar el manejo del consumo recreativo y de usuarios en dificultades.

La Reducción de Daños se refiere a políticas, programas, servicios y acciones dirigidas a minimizar los eventuales daños a la salud, sociedad y economía de los individuos, comunidades y sociedades que se asocian con el consumo de “drogas”. Es un enfoque pragmático que acepta que el uso de sustancias psicotrópicas es un hecho. Que, aunque no está libre de riesgos, el usuario asocia la sustancia que consume con un placer o beneficio y que la nula efectividad de las medidas públicas frente al consumo se debe justamente a que dichas medidas pretenden desconocer y/o negar que efectivamente, tras el consumo hay una motivación de beneficio y/o placer. La Reducción de Daños, aunque no propende por la abstinencia, reconoce la necesidad de ayudar a quienes se encuentran en dificultades por el consumo de “drogas”. La RD considera que, ante la constatación de que las drogas no están despareciendo sino que, por el contrario, el consumo no ha dejado de crecer, lo más atinado y eficaz es tratar de contener y reducir los daños asociados con este consumo. Las intervenciones de RD por lo general enfocan los patrones de consumo del usuario así como las normas y actitudes sociales que las condicionan.

La asesoría de organizaciones sociales estadounidenses, europeas y latinoamericanas y su concertación con las instancias competentes en el tema del consumo permitiría el desarrollo de un enfoque integral, lo que podría evitar que la ignorancia y descuido de una de las variables obstaculice o contrarreste los logros de otros procesos.

 2006