LAS POLITICAS CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN COLOMBIA Y SU EFECTO SOCIOECONOMICO

AUGUSTO BONILLA MONTAÑA

 

BOGOTA - 2010

 

LAS POLITICAS CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN COLOMBIA Y SU EFECTO SOCIOECONOMICO.

INDICE

1.      CONCEPTOS INICIALES

1.1      LAS POLITICAS CONTRA LAS DROGAS ILICITAS

1.2      LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN COLOMBIA

2.        INFLUENCIA DE LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN LAS RELACIONES SOCIALES

2.1     EL CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS Y EL SER HUMANO

2.2     LAS SPA COMO MERCANCIA

2.3     SPA Y FENOMENOS SOCIALES

2.3.1  EL DESPLAZAMIENTO FORZADO

2.3.2  EL ASPECTO MEDICO

2.3.3   DERECHO HUMANOS

3.      LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILÍCITAS Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA

3.1    CARACTERISTICAS GENERALES DE LA SITUACION ECONOMICA DE LA POBLACION MUNDIAL

3.2    RELACION DEL NARCOTRAFICO Y LA ECONOMIA

3.3     VENTAJAS COMPARATIVAS PARA LA NARCOECONOMÍA

3.4       LA COMPETIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO NACIONAL

3.5     EFECTOS DEL NARCOTRAFICO EN LA ECONOMIA

3.5.1 VOLUMEN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL NARCOTRAFICO

3.5.2  INFLUENCIA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB      

3.5.3  EFECTO SOBRE LOS PRECIOS

3.6     RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA INFLUENCIA DEL NARCOTRAFICO EN LA ECONOMIA

4.       INFLUENCIA DE LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN EL IMAGINARIO SOCIAL

4.1     LA NUEVA VISION NUBLADA DEL MUNDO

4.2     EL IMAGINARIO SOCIAL DEL NARCOTRÁFICO

4.3      EL IMAGINARIO SOCIAL SOBRE LA PENALIZACION DEL CONSUMO

4.4     LA LIBERTAD Y LA MORAL 

4.5     EL DESLUMBRE DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

4.6     LOS VALORES CULTURALES POPULARES

4.7     LA DEMOCRACIA

5.      LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILICITAS Y SU INFLUENCIA EN LAS INSTITUCIONES

5.1    EL PODER LEGISLATIVO

5.2    EL PODER EJECUTIVO

5.3     EL PODER JUDICIAL

5.4     LAS JURISDICIONES ESPECIALES

6.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.     REFERENCIAS

8.     aNEXO 1: Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas
(Viena, 21 de febrero de 1971)

9.     ANEXO 2: RESOLUCIÓN DE FRANKFURT DE CIUDADES EUROPEAS SOBRE POLÍTICA DE DROGAS

 

LAS POLITICAS CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN COLOMBIA

SU EFECTO EN LAS RELACIONES SOCIALES, LA ECONOMIA, EL IMAGINARIO SOCIAL Y LAS INSTITUCIONES.

 

1.      CONCEPTOS INICIALES

Para hablar de la política contra las drogas ilícitas y su influencia  en las relaciones sociales, la economía, el imaginario social y las instituciones, es necesario establecer algunos conceptos básicos que nos permiten tener claridad sobre los términos que utilizamos en éste trabajo.

En primer lugar, definamos que por política en términos contemporáneos[1] se entiende el establecimiento de  uno o varios fines u objetivos a lograr,  aunados a la selección de los medios e instrumentos que posibilitan alcanzar los fines u  objetivos  perseguidos. Esquemáticamente podemos definir el concepto así:

POLITICA = OBJETIVOS (FINES) + MEDIOS PARA LOGRALOS

Como los objetivos de una política pueden ser diversos, dependiendo del sector a que se refiera (económico, social, financiero, etc.), del nivel o cobertura que se le quiera dar (macro, micro, estatal,  gubernamental , etc.), de los intereses que predeterminen o motiven su formulación  (individuales, colectivos, gremiales) y en fin, de las mil y una formas de clasificaciones que se puedan hacer, con mayor razón los medios para lograr esos objetivos también son de diferente índole y naturaleza (financieros, jurídicos, administrativos…)

 

1.1 LAS POLITICAS CONTRA LAS DROGAS ILICITAS

 

Para hacer una aproximación a  las políticas contra las drogas ilícitas que se han formulado el país y que se han venido aplicando, en el sentido de identificar sus objetivos  y los correspondientes medios utilizados para llevar a cabo las decisiones tomadas, inicialmente se tomará en cuenta el período de tiempo comprendido entre diciembre de 1988 y diciembre de 2009, es decir desde cuando se realizó la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la cual fue aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria.

Además es metodológicamente conveniente contextualizar que el fenómeno actual  del negocio de las drogas ilícitas, se da en el marco histórico de la producción capitalista, cuya motivación fundamental en la producción de mercancías es el lograr ganancias para los inversionistas. Se sabe que no existe un solo capitalista, por definición, que invierta sus recursos en una actividad económica (legal o ilegal) sin buscar, directa o indirectamente, la mayor ganancia posible. Esto es un postulado que no requiere demostración alguna, por definición,  que se manifiesta claramente a través del desarrollo histórico del sistema capitalista. Los teóricos más representativos de todas las corrientes ideológicas y de todos los tiempos, que han estudiado éste sistema, así lo reconocen. Las diferencias entre ellos se dan precisamente en lo relacionado con la validez de los instrumentos o medios utilizados para maximizar esos beneficios, ya sea rechazándolos o aceptándolos.

 

De otra parte, por drogas ilícitas entenderemos fundamentalmente los denominados estupefacientes y psicotrópicos que se producen, distribuyen, comercian y consumen en contra de la normatividad vigente, por fuera de las leyes o en contra de las mismas.  El Diccionario de la lengua española define los términos de la siguiente manera: “estupefaciente.1. adj. Que produce estupefacción.2. m. Sustancia narcótica que hace perder la sensibilidad; p. ej., la morfina o la cocaína y psicotrópico, ca.1. adj. Dicho de una sustancia psicoactiva: Que produce efectos por lo general intensos, hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad.”[2] Para la Convención se define como “estupefaciente” cualquiera de las sustancias naturales o sintéticas que, figuran en la Lista I o la lista II de la Convención Unica de 1961, sobre Estupefacientes. Así mismo para la Convención por “sustancia sicotrópica” se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material que figure en las Listas I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.[3] Sin embargo, se hace especial énfasis en la cocaína y la marihuana, por ser éstas sustancia de especial importancia para Colombia.

De manera similar por  tráfico ilícito  se entiende cualquiera de los delitos consignados , según los párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la Convención, que dice:

“Artículo 3

DELITOS Y SANCIONES

1 Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente;

a)

i)

la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en trámite, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971;

 

ii)

el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada;

 

iii)

la posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica con el objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i);

 

iv)

la fabricación, el transporte o la distribución de equipos, materiales o de las sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o para dichos fines;

 

v)

la organización, la gestión o la financiación de alguno de los delitos enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii) o iv);

b)

i)

la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones;

 

ii)

la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de que un acto de participación en tal delito o delitos.

c)

Con sujeción a sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico.

 

i)

la adquisición, la posesión a la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos;

 

ii)

la posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o para tales fines;

 

iii)

instigar o inducir públicamente a otros, por cualquier medio, a cometer alguno de los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo o a utilizar ilícitamente estupefacientes o sustancias psicotrópicas;

 

iv)

la participación en la comisión de alguno de los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión.

 

2 Con sujeción a sus principios constitucionales y a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometen intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.”

 

1.2 LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN COLOMBIA

 

La política contra las drogas ilícitas en Colombia, durante el período estudiado,  tiene como fuentes principales los compromisos que los gobiernos nacionales han adquirido con los gobiernos de los Estados Unidos de América y los acuerdos consensuados desde la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de Viena en 1988. Estas dos fuentes tienen algunos elementos en común, que permiten formular como objetivos centrales: incrementar la abstinencia, disminuir la criminalidad asociada al uso de las drogas y lograr que la edad de inicio en el consumo sea lo más tarde posible.

Para lograr estos fines se han propuesto varias estrategias que se relacionan con la oferta, es decir con la producción y disponibilidad de las drogas ilícitas ( volumen, calidad y precios)   y con la demanda de las mismas, es decir  con la posibilidad de compra y uso de las drogas.

 

Las motivaciones  oficiales enunciadas para la lucha contra las drogas ilícitas, fueron denunciadas  en la comentada Convención de las Naciones Unidas de  Viena  en 1988. Allí se expresaron como grandes preocupaciones[4], entre otras:

1.      La magnitud y la tendencia creciente de la producción, demanda y tráfico ilícitos.

2.      La grave amenaza que representan para la salud y el bienestar de los seres humano.

3.      El menoscabo que le causa a las bases económicas, políticas y culturales de la sociedad.

4.      La penetración sostenida y creciente en los diversos grupos sociales.

5.      La utilización de los niños en las diferentes etapas de la cadena productiva.

6.      La relación con otras actividades delictivas organizadas que socaban las economías lícitas, y que amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los estados.

7.      El ser una actividad internacional cuya supresión requiere urgente atención y prioridad.

8.      El hecho que  genere considerables rendimientos financieros que posibilitan corromper las estructuras de la sociedad en todos sus niveles.

9.      La necesidad de  privar a las personas dedicadas a este ilícito del producto de sus actividades y eliminar así su principal incentivo para tal actividad

10. La importancia de eliminar las causas profundas del uso indebido de estas sustancias.

11. La urgencia de tomar medidas de control en relación ciertos insumos  requeridos para la producción.

12. La importancia de la cooperación internacional y la responsabilidad colectiva de todos los Estados, en el marco de las Naciones Unidas.

Si se toman en cuenta tanto las motivaciones como los objetivos perseguidos al establecer las políticas vigentes a nivel global contra las drogas ilícitas, lo mismo que si se toman los objetivos propuestos hace 100 años y mucho más atrás en la historia, como se puede apreciar a lo largo de este trabajo, la política prohibicionista contra las drogas ilícitas, hoy impulsada por las Naciones Unidas, liderada por los Estados Unidos y convenientemente seguida por muchos gobiernos, en especial por los gobiernos colombianos, hasta el momento ha sido un rotundo fracaso. Esta afirmación la hacen muchos de las personas consideradas autoridades sobre el tema, como es el caso de Radley Balko  quien  respecto a Ustados Unidos, a finales del año 2004 afirmaba que “A pesar de todo el dinero gastado y las personas encarceladas, a pesar del daño realizado a nuestras ciudades y la integridad de nuestro sistema de justicia criminal, a pesar de las restricciones que hemos permitido contra nuestras libertades civiles; a pesar de las pérdidas de vidas inocentes y el innecesario sufrimiento impuesto en gente enferma y a sus doctores—a pesar de todo esto, el tráfico de drogas no solo está proliferando, está creciendo. Las drogas ilícitas son más baratas, más abundantes y de mayor pureza que nunca antes.[5] Estas palabras hoy día siguen siendo valederas para un sinnúmero de países, sólo que mucho más preocupantes para el caso particular de Colombia. 

 

A comienzos del año 2009, “Cuando tres ex presidentes de Latinoamérica presentaron recientemente las conclusiones de una comisión regional de alto nivel sobre drogas y democracia en Sao Paulo (Brasil) el veredicto fue de condena: la guerra contra las drogas es un fracaso.”[6] Cedillo le comunicó al The Wall Street Journal que “A pesar de 30 años de seguir las instrucciones de Washington en materia de estrategia frente a las drogas, la región sigue siendo, con gran diferencia, la principal exportadora de cocaína del mundo. Peor aún, el crimen organizado ha proliferado; las redes de traficantes han echado raíces; y el dinero de este negocio ilegal ha infectado la política. Incluso países relativamente desarrollados como México se han visto arrastrados a una espiral de violencia increíble y a una corrupción destructora.”

 

Para Colombia la FP en español sentencia que “La coca, que sirve de base a la fabricación de cocaína, lleva décadas financiando las operaciones de varios grupos paramilitares y las FARC. Aunque las operaciones militares colombianas han dificultado considerablemente las actividades de este organización durante los últimos años, el tráfico de drogas sigue a buen paso.”[7].

 

De manera similar Adriana Rodríguez Salazar en uno de sus análisis, en donde se reconoce que los esfuerzos y los recursos destinados a la lucha contra las drogas ilícitas han sido voluminosos, afirma que “A pesar del incesante fomento de los programas de erradicación forzosa, la reducción de la oferta mundial de cocaína ha fracasado, mientras aumenta la eficiencia en la fase de transformación y la capacidad de producción de cocaína. Durante los últimos diecisiete años también aumentó la producción potencial de cocaína en un 22%, pasando de una producción de 773 toneladas métricas a cerca de 1000 Tm. en el periodo comprendido entre 1990 y el 2007.[8]

En el informe que la Unión Europea le presentó a la convención a comienzos de 2009 se afirmaba que La estrategia internacional contra las drogas entre 1998 y 2007 no ha conseguido que haya menos consumidores, ni menos violencia, ni más dificultad de acceso a los estupefacientes” y por lo contrario “El informe, que analiza datos de 18 países, entre ellos Colombia, México y Brasil, indica que, de hecho, el problema de las drogas `de alguna forma ha crecido para peor durante ese tiempo´

2.      INFLUENCIA DE LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN LAS RELACIONES SOCIALES

Para hacer mayor claridad en la relación de los dos términos, la política contra las drogas ilícitas el cual se explica en el anterior capitulo y las relaciones sociales, es conveniente hacer un acercamiento metodológico a algunas expresiones generadas con los cambios paradigmáticos que se vienen proponiendo y aplicando en las últimas décadas. Aceptando que de acuerdo con Capra,[9] entendemos por paradigma científico a partir de Kuhn, “una constelación de logros – conceptos, valores, técnicas, etc. – compartidos por una comunidad científica y usados por ésta para definir problemas y soluciones legítimos”. 

De aquí que la forma como veamos e interpretemos los problemas es definitiva en la forma en que tomamos las decisiones para solucionarlos. Según como interpretemos a los conglomerados humanos, decidiremos cómo enfrentar la tarea de buscar las soluciones  a los retos que implican lograr el progreso y la felicidad de los seres humanos.

Una de las formas contemporáneas de observar a la población, a las comunidades o conglomerados humanos, es la de verlos como Capital Humano. La expresión en sus primeras interpretaciones se adjudica a los estadounidenses nobeles de economía Theodore Schultz y Gary Becker[10], quienes ven a las personas como un factor más de producción, aunque muy importante, que depende de la cantidad y de la capacidad o destreza en las personas involucradas en los procesos productivos.  Según esta concepción las posibilidades de progreso de las sociedades dependen de los insumos de capital físico y capital humano.

En principio, el concepto adolece de rigurosidad etimológica, porque confunde el término de capital con cosas y peor aún, con personas.  El significado original de capital establece que capital es una relación social de producción,  que se basa en la propiedad privada sobre medios de producción (maquinaria, herramientas, materias primas, construcciones, dinero para adquirirlas) que posibilita la apropiación de plusvalía mediante el pago de salarios. De ahí que el capitalismo toma su nombre a partir de esta categoría porque es el único sistema en donde a los productores directos se les paga salario. En todos los sistemas anteriores también existían esas cosas, medios de producción, y existía propiedad privada sobre ellos, pero no se podrían llamar capital y ni siquiera existía el capitalismo precisamente porque no existía el salario como categoría económica generalizada.  Si bien es cierto  que el capitalista es dueño de la fuerza de trabajo que le compra al asalariado y que en esa fuerza de trabajo se encuentra la fuente de la plusvalía, no es dueño de los seres humanos que participan de los procesos productivos.  El asalariado a diferencia del esclavo y del siervo es “libre”, como lo predican los principios elementales del capitalismo, donde no es socialmente aceptable deshumanizar a los humanos para cosificarlos.

Según el paradigma del Capital Humano, es necesario invertir en salud, educación y en todo aquello que sea útil para mejorar la capacidad productiva de la población, para mejorar este importante factor productivo,  el beneficio que representen estas inversiones para los humanos como tal es secundario. Es decir, en primera y en última instancia, se debe mejorar el factor productivo, lo demás viene por añadidura o es consecuencia “las manos invisibles del mercado”.[11]

En la temática del desarrollo social, similar al anterior concepto, encontramos el de Capital Social. Los promotores del concepto dicen que los economistas tradicionales han fracasado en la formulación de las políticas sociales por parte de los gobiernos y de estados, por lo que se hace necesario incluir en los planes, programas y proyectos de las políticas públicas, factores de relevancia determinante, como son la ética y la moral predominantes de la sociedad, la confianza interpersonal, la conciencia cívica y la asociatividad; es decir que se deben incluir elementos que van más allá de los aspectos puramente materiales. El tomar en cuenta estos valores y posicionarlos hace posible, según lo afirman, lograr un desarrollo auto-sostenido, participativo y equitativo, puesto que fortalece tanto a los actores como a las redes que conforman la sociedad civil. El empoderamiento de esos valores mediante la acción de los gobiernos  conlleva necesariamente a una gestión transparente por parte de los funcionarios públicos y hacen más eficaz y eficiente los esfuerzos por disminuir la pobreza y la exclusión social. Con el paradigma del Capital Social los pobres desaparecen como problema social y se convierten en actores protagónicos de su propio destino.

Entonces según el concepto, los componentes del Capital Social son dos. El primero,  la capacidad de liderazgo que puedan tener los grupos sociales, para aprovechar las oportunidades que se les presenten para su propio desarrollo y el segundo, el equipamiento en redes que faciliten la relaciones de los grupos civiles. En contraposición la pobreza es consecuencia de la falta de dos elementos, el primero, la de bienes y servicios físicos y el segundo, la de bienes socioemocionales. Es decir ser pobre es no tener bienes materiales y además no tener  respeto, aprecio y participación. Así mismo la solución a los problemas sociales está en la apropiación social de los valores que los gobiernos, los que están en el poder, le trasmitan a sus ciudadanos.

Como con el concepto de Capital Humano, el de Capital Social oculta la esencia del término “capital”, desvirtuando su etimología y asimilándolo a riqueza o disponibilidad material, pero en todo caso ocultando que capital es una forma de relación social y no una cosa. Se entiende entonces por qué el paradigma del Capital Social va acompañando la ideología que justifica la globalización del modo de producción capitalista.

Otro paradigma con el cual se observa a los seres humanos es el de las redes sociales. Para conceptualizar el término de Redes Sociales, conviene recordar la afirmación de Capra[12], quien reconoce que a partir de los últimos avances científicos en la biología molecular y en la genética, “ha emergido ciertamente un nuevo lenguaje para la compresión de los complejos y altamente integradores sistemas de vida. Distintos científicos les dan nombres diferentes: <<teoría de los sistemas dinámicos>>, <<teoría de la complejidad>>,   <<dinámica no lineal>>, <<dinámica de redes>>, etc.”. Entonces debemos decir que el concepto tiene estrecha relación con la ecología profunda, que contradice a la ecología superficial. Mientras que la primera reconoce la interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que,  como individuos y como sociedades, estamos todos inmersos en (y finalmente dependientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza, la ecología “superficial” es antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano. La gran diferencia paradigmática entre la ecología “profunda” y la “superficial” repercute necesariamente en el tratamiento que se le da a los seres humanos en la formulación de las políticas públicas. Unas serán las políticas cuando desde el paradigma de la ecología profunda se ven “a todos los seres vivos y a los humanos como una mera hebra en la trama de la vida”[13], los cuales a su vez no se separan de ninguna “otra cosa” del entorno natural y otras serán las políticas públicas cuando los seres humanos se ven por encima de la naturaleza, como fuente de todo valor y a ésta como un valor únicamente instrumental, según palabras de Capra.

El concepto de Red es tomado por la ecología profunda del campo de la informática,  para la cual una red es un grupo de sistemas interrelacionados que comparten sus recursos,  para disminuir costos de funcionamiento e incrementar beneficios de los  sistemas que hacen parte del grupo. El concepto de Redes Sociales es plenamente válido como procedimiento metodológico sistémico para observar prototipos de conglomerados poblacionales y prototipos de instrumentos y mecanismos de gestión. Su grave falencia radica en la disminución de la importancia del ser humano dentro de la infinita trama de la vida y dentro de los demás elementos que conforman la hipótesis Gaia (una hebra más), cuando se trata de estudiar precisamente la problemática social y de formular políticas al respecto.

La población también puede ser observada a través de sus Relaciones Sociales, concepto más antiguo y más elemental, que hace referencia al conjunto de uniones de trato y comunicación, de interacciones, que se dan predominantemente entre las personas que conforman un grupo humano, en un espacio y momento histórico determinado por las relaciones de poder vigentes. Valga la aclarar que por predominante se entiende las más generalizadas, independientemente de que puedan existir multitud de relaciones específicas e individuales que no son típicas o representativas.

Al ser las Relaciones  Sociales por definición un concepto humano que cobija todas las formas de trato entre las personas, se nos facilita clasificar y agrupar por similitud de componentes, diferentes tipos de relaciones sociales. La clasificación tradicional se hace de acuerdo a la actividad que desarrollan los componentes del grupo humano y a la forma en que se manifiestan las relaciones entre ellos mismos. Así por ejemplo, de acuerdo a la actividad en que se dan podemos tener relaciones afectivas, culturales, deportivas, políticas, religiosas, familiares y otras muchas, entre las cuales se destacan las Relaciones de Producción. De acuerdo a las formas en que se manifiestan podemos tener relaciones de dominación, solidaridad, competencia, explotación, etc. Sin embargo existen otras muchas formas de clasificación como por ejemplo según el tiempo de duración: permanentes o coyunturales y  según la normatividad: legales o ilegales.

Las Relaciones de Producción se destacan entre las relaciones sociales, porque son las que surgen entre las personas en el marco de los procesos de producción de bienes materiales y de servicios, en la distribución y comercialización de esos bienes y en el uso y consumo de los mismos. De acuerdo al lugar que ocupen las personas en la ejecución de la cadena productiva, tendrán mejores o peores opciones de calidad de vida, mejores o peores opciones de reproducción social. Es un hecho que a nivel de una unidad productiva no tienen las mismas posibilidades de vida el dueño de la empresa, el mensajero, la secretaria, el gerente y el portero, porque ocupan diferentes posiciones aunque trabajen en el mismo negocio. A nivel social, se da algo parecido, aunque mucho más significativo y complejo, lo mismo sucede en una comunidad o de toda una población, en un país o en un sistema de producción. En consecuencia, las relaciones de producción en nuestra sociedad, son determinantes de las demás relaciones sociales, porque a partir del lugar que se ocupe en la cadena productiva como individuo o como grupo, se logra un determinado poder adquisitivo que le permite establecer un prototipo determinado de relaciones afectivas, culturales, deportivas, políticas, de dominación o solidaridad, de competencia o emulación, de explotación o equidad, permanentes o coyunturales, legales o ilegales, etc. etc.

El análisis de la influencia de la política contra las drogas ilícitas, necesariamente tiene que superar el estrecho marco de la salud y la moral, que son los paradigmas que se venden a la sociedad hoy día.  Hay que reconocer la importancia de esos aspectos, pero no podemos quedarnos exclusivamente en ellos. De ahí la importancia de observar, analizar y debatir otros tópicos que se relacionan con el tema. Tomando en consideración que las relaciones de producción son determinantes en las formas y contenidos de las demás relaciones sociales, es necesario mirar algunos aspectos de ellas. Porque el uso de las drogas psicoactivas ha sido una constante durante la evolución de las diferentes formas de organización social, probablemente desde las comunidades primitivas (Un indicio de esta afirmación nos lo ofrece la ingestión de SPA por parte de algunos animales) pasando por todos los modos de producción social.  Entonces, el fenómeno no se trata tanto de tipo de drogas se producen y consumen sino cómo es que se producen, se comercian y  cómo se consumen, en una sociedad como la nuestra, en un mundo como el actual.

Metodológicamente podemos conformar diferentes grupos sociales que existen en el país, es más, podríamos tener un gran número de grupos conformados por diferentes categorías. Hombres, mujeres, lgtb, jóvenes, adultos, ancianos,  negros, indios, blancos, ateos, religiosos, costeños, paisas, cachacos y tantos como combinaciones matemáticas se puedan hacer entre ellos. Pero estudiar los problemas de las drogas ilícitas, sus políticas y consecuencias en cada uno de ellos se haría muy engorroso y después de mucho desgaste solo podríamos confirmar lo que podemos encontrar con el estudio de los grupos más representativos de nuestra sociedad. Es conveniente advertir que dentro de las propuestas paradigmáticas actuales los grupos poblacionales más representativos,  tienden a diluirse en una multiplicidad de grupúsculos (genero, razas, etnias, religiones y todos los que se quieran) lo cual es muy convenientemente para quienes están en el vértice superior de la pirámide social.

2.1 EL CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS Y EL SER HUMANO

Como advertíamos, la utilización de SPA no es de ningún modo un fenómeno nuevo. La historia del ser humano, desde el punto de vista físico e intelectual,  se resume en unos pocos renglones.[14]  El hombre se separó en su camino evolutivo de sus parientes más cercanos los chimpancés, hace unos siete millones de años, cuando algunos monos se vieron obligados a correr en dos patas. Desde hace alrededor de 2 millones de años fue desarrollando un cerebro cada vez más grande, lo que le llevo a ser capaz de utilizar herramientas y desarrollar el lenguaje; hace unos 100 mil años se puso manos  a la obra en la tarea de desarrollar una cultura diversa, la cual le serviría para llegar, después de pasar por los griegos, hace 3 mil años y luego por la ilustración hace unos 300 años,  a la ciencia moderna. Durante todo el proceso y  desde mucho antes de la aparición del ser humano como tal, en sus orígenes genéticos, como seres vivos simples,  nuestra especie estuvo vinculada a las SPA.[15] Es un hecho que los diversos grupos sociales durante los diferentes modos de producción han tenido que ver con las drogas. Así mismo, el consumo de drogas ha sido tratado de diferentes maneras durante el desarrollo histórico de nuestra especie.

Desde las comunidades primitivas, cuando los seres humanos en hordas,  por física necesidad tuvieron que acercarse a las plantas desconocidas para experimentar y adoptarlas con las ya apropiadas en su cotidianidad, pasando por las sociedades esclavistas y feudales, hasta llegar a nuestra forma de organización capitalista, la naturaleza, la alquimia y la ciencia, ofrecieron diversas sustancias para su entretenimiento, diversión, ritos religiosos y actos curativos. Se sabe de la utilización de opio[16], en mezclas, como preventivo de algunas enfermedades en las civilizaciones sumeria, egipcia y grecorromana. Así mismo las culturas asiáticas usaban el cáñamo y las americanas la coca. Varios descubrimientos arqueológicos han mostrado restos de adormidera, cornezuelo de centeno, beleño y estramonio, tanto en utensilios usados para la preparación y consumo de las drogas, como en rastros de los restos humanos que las utilizaban.

En las diferentes culturas las huellas halladas muestran una especie de uso privilegiado de las drogas, ya que aparecen relacionadas con jerarquías religiosas y dirigentes de las comunidades. Por ejemplo los “hashishins” fueron una secta de Asia que tenía el poder de escudriñar la vida después de la muerte mediante el uso del hachís y para los incas, la planta de la coca era un regalo del dios sol a los dirigentes de la civilización.

El consumo de las bebidas alcohólicas,  en forma de vino y cerveza,  ha tenido además de una larga tradición, una  permanente discusión sobre sus bondades a través del tiempo. Desde la antigüedad el Islam y el Budismo censuraron  su utilización considerándolo degradante para el ser humano. Para los griegos el vino fue considerado por algunos como fuente iluminadora de la las grandes discusiones filosóficas y políticas, mientras que para otros representó una gran maldición. Para los germanos la utilización de bebidas alcohólicas era aceptada entre el pueblo y para los romanos fue condenada como una de las causales de las guerras civiles.

Un rápido recorrido por la historia muestra la utilización de SPA por parte de las civilizaciones más connotadas. Es así como en el año 5.000 a. c. los sumerios eran consumidores de opio, según sugiere un ideograma que se transcribe como “alegría” o “regocijo”[17]. Se dispone de  documentación arqueológica sobre el uso drogas durante todo ese mileno. En una tabla sumeria datada 4000 años a. c. se registran drogas para enfermedades no descritas hasta el momento.

En China, la utilización de SPA tiene una tradición tan larga como su cultura misma. Fósiles de marihuana de 4.000 años a. c. muestran cultivos de esa planta en la parte oriental. Se puede afirmar que su uso se extendió durante mucho tiempo y a otros confines geográficos según se pudo constatar   con el encuentro la momia de un hombre correspondiente a  2.800 a. c en el noroeste de China, en donde había restos de marihuana. Durante el siglo III a. c., en China la marihuana disuelta en vino se utilizaba como anestésico. En el siglo I, Según el tratado sobre medicina chino Pen Tsao Ching, era usada con fines terapéuticos.

En Europa también se registran datos similares, existe un primer testimonio sobre consumo de semillas de adormidera en construcciones lacustres de Suiza, 2.500 años a. c. Heródoto (484 – 425 a.c.) en un relato que describe las costumbres fúnebres afirma que en los rituales se utilizaba la marihuana. Por la misma época pero muy distante en la tumba de Pazyryk del siglo IV a. c., en Siberia, se encontraron unos braseros que contenían semillas de marihuana.

En el siglo XIII  se inició la persecución contra las  brujas por sus relaciones con el diablo mediante la utilización de pócimas, las cuales se embadurnaban con escobas y las hacían sentir que, además de poder volar, tenían visiones y poderes mágicos. Por esa misma época el fundamentalismo farmacológico islámico procuró prohibir el consumo de café, opio y hachís.[18]

Tras el descubrimiento de América - un continente sin tradición monoteísta, con culturas hechas a una rica variedad de drogas en contextos tanto religiosos como terapéuticos y recreativos-, la alarma ante este tipo de productos crece hasta finales del siglo XVII. En este momento empieza a cundir – gracias a humanistas, médicos y boticarios- un criterio laico, y el arsenal de sustancias conocidas pasa a considerarse materia médica, libre de estigma teológico y poder sobrenatural.”[19]

En 1525, Paracelso introduce el láudano o tintura de opio en la práctica de la medicina. Pero pocos años después se inicia un período enérgico de represión, en 1613, Miguel Fedorovitch, el primer miembro de la familia Romanov en ocupar el trono de Rusia, con el apoyo de la Iglesia, la nobleza y las ciudades, que constituían el zemski-sobor o estados generales,  ordena ejecutar a quien sea sorprendido en posesión de hojas de tabaco. Algo parecido se dio más tarde en China, cuando en 1792, se promulgaron las primeras leyes prohibitivas contra el opio, con la muerte por estrangulamiento como castigo a sus consumidores.

El siglo XIX se caracteriza por una alta dinámica relacionada con la influencia de las drogas en las diferentes sociedades. En  1800 el ejército de Napoleón, a su regreso de Egipto, introduce la marihuana en Francia y en 1822 se publican “Las confesiones de un inglés comedor de opio”, en donde el escritor Thomas de Quincey, muestra las bondades de su consumo con fines terapéuticos, lúdicos y de autoconocimiento.

De otra parte en 1839, Lin Xezu, para poner fin al tráfico ilegal del opio pone presos a los traficantes, castiga a los oficiales corruptos y exige a los extranjeros que entreguen los cargamentos, por lo cual los ingleses declaran la primera guerra del opio y obligan a China a comercializarlo. En 1856, se da la segunda guerra del opio. Esta vez los británicos son apoyados por los franceses  y nuevamente obligan a los chinos a comerciar con opio.

En 1845 se expide la primera ley que prohíbe la venta pública de licores en Nueva York y en 1884 Sigmund Freud publica un artículo en donde aseguraba que la cocaína no producía adicción y atacaba duramente a quienes se mostraban críticos con ella. Freud mismo había empezado a consumir cocaína en abril de ese año y se convierte en un fervoroso defensor de la cocaína, de sus virtudes y de la extensión de su uso.

Durante el siglo XX, los datos históricos relacionados con las drogas ilícitas y las relaciones sociales son resumidos por El Espectador[20] como sigue:

1903: Se cambia la composición de la Coca Cola, sustituyendo por cafeína los 9 miligramos de cocaína por vaso  que tenía hasta ese momento.

1912: La Convención Internacional sobre el opio se reúne en La Haya y recomienda normas para regular su comercio.

1920: El Ministerio de Agricultura de Estados Unidos publica folleto invitando a cultivar marihuana como empresa productiva.

1920 – 1933: se prohíbe el consumo de alcohol en Estados Unidos. En 1932 se había castigado con cárcel a 45.000 personas.

1951: Según cálculo de las Naciones Unidas, hay unos 200 millones de usuarios de marihuana en el mundo.

1955: El Sha de Irán prohíbe el consumo de opio, se genera el mercado ilícito, pero en 1969 se levanta la prohibición.

1967: La industria del tabaco en Estados Unidos gasta unos 250 millones de dólares en promover su consumo.

1971: El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declara que el enemigo público número uno de América es la droga.

1981: El gobierno de Estados Unidos plantea la guerra contra las drogas como uno de los ejes de su política exterior. Colombia, se adhiere a la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

En el mundo actual, del capitalismo globalizado, los valores impuestos por el sistema como el que una imagen vale más que mil palabas, el de la supremacía del individualismo hedonista, el de la prestancia social basada en el consumo y utilización de mercancías de marca, que refleja el fetichismo de la mercancía exacerbado como nunca antes, con la “riqueza ilimitada” como objetivo sin fin de las actividades económicas de los grandes empresarios, Don dinero comienza a fluir y a surcar los mercados globales e interpelar todas las facetas de la vida, con la cocaína como compañera de viaje  a modo de `suplemento proteínico´ que ayuda a  soportar el torbellino que arrastran los nuevos tiempos. Vidas rápidas en constante ebullición se apoyan en la droga para no desaprovechar tiempo, reducir el lastre del descanso, estar siempre atento, despierto y no dejar pasar ninguna oportunidad que se nos presente...”[21]. Se entiende que no es solo la Cocaína la compañera del viaje por el sistema de vida, son muchas otras las drogas que acompañan a tirios y troyanos.  Drogas lícitas e ilícitas con el mismo valor de uso, con similares y hasta idénticas capacidades de satisfacer a los usuarios. Usuarios o consumidores con diferentes poderes adquisitivos y drogas que compiten entre sí para apropiarse de la mayor parte posible de la demanda.

Jorge Moruno advierte que “Legalmente se puede acceder a todo tipo de drogas como el Ritalín o el Prozac, sin las cuales sería impensable desarrollar el normal funcionamiento socioeconómico por una parte de la población, frente a los retos adversos que presenta la vida - sólo en el Estado Español, el consumo de antidepresivos se ha triplicado en la última década -.  Para nuestra rutina diaria encontramos normal el uso de estimulantes en forma de refresco, como el Red Bull -prohibido en Dinamarca por contener un principio activo que devastó mentalmente a las tropas de EEUU en Vietnam-, o el Burn, que no son más que una imitación y democratización de los efectos energizantes que  suele otorgar la cocaína, pero ahora con amparo legal.” 

Entre los nuevos mercados que abrió el capitalismo, uno de los más importantes, estratégicamente hablando, fue el de las drogas.[22] Todas las fases de la reproducción social de estas sustancias, la producción, la distribución, la redistribución y el consumo de las drogas,  reflejan las relaciones de producción dominantes del capitalismo y por lo tanto,  la forma y esencia de las políticas contra las drogas ilícitas y sus resultados son a su vez reflejo de esas mismas relaciones, simplemente porque corresponden al mismo paradigma. El crecimiento de las fuerzas productivas nunca antes visto, permitió que se construyeran  grandes laboratorios dedicados a la fabricación de drogas sintéticas que compiten y tienden a remplazar los productos naturales. Del opio se produce morfina y heroína; de la hoja de coca el clorhidrato de cocaína. Este razonamiento, desde el punto de vista de la producción, le permite a Pablo Kundt afirmar que el capitalismo elimina la materia prima originaria de los países coloniales, el opio, el cáñamo y la hoja de coca, imponiendo los productos sintéticos elaborados por las empresas farmacéuticas.

Respecto al consumo, las drogas se ven como posibilidades de fuga de una realidad asfixiante, que al mismo tiempo multiplican la alienación de la sociedad capitalista.  Según Kundt el adicto no hace más que trasladar al campo de su vida individual el tipo de relaciones alienadas que imperan en la sociedad donde vive; lejos de ser su expresión mistificadora o distorsionante, el drogadicto es la versión fiel, literal del mundo en que vive, la exposición sin disimulos y sin conciencia de las contradicciones de la ideología dominante. Los estimulantes (cocaína, anfetaminas) multiplican las energías laborales; los sedantes (heroína, morfina) adormecen, fomentan la evasión en los momentos de ocio. De todas maneras, el consumo no es exclusivo de los estratos o clases menos favorecidas. El consumo es realizado por todos los grupos humanos del abanico socioeconómico, la diferencia está en el tipo de mercancía que se consumen en cuanto a calidad, pureza y tipo de droga, lo cual se refleja en los precios y en consecuencia su uso depende del poder adquisitivo de los consumidores.

2.2 LAS SPA COMO MERCANCIA

En la esencia de las drogas ilícitas se encuentra la causa de las políticas gubernamentales contra ellas mismas y sus efectos en las relaciones sociales. Como toda mercancía las drogas ilícitas tienen la doble connotación de ser al mismo tiempo un valor de uso y un valor de cambio.

Como valor de uso las SPA, independientemente de la premisa moral o ética que las preceda, independientemente del perjuicio físico o mental que produzcan a sus consumidores, les satisfacen alguna necesidad humana. Las personas que las usan lo hacen porque les produce algún tipo de satisfacción,  los alegra, los tranquiliza, les quita dolencias, les da mayor seguridad, lo que sea, pero las personas las adquieren por eso mismo y únicamente por eso. Nadie compra algo que no le sirve absolutamente para nada. Esa capacidad para satisfacer alguna necesidad humana es el valor de uso de las drogas.

Como valor de cambio las drogas contienen en si una cantidad de insumos en materias primas, desgaste de herramientas y maquinaria, medios de transporte, gastos de seguridad, muchos otros elementos y gastos de trabajo humano. Lo cual significa para el productor unos costos. El productor o inversionista indudablemente no hace ese gasto por amor al arte, sino que busca tener un beneficio económico, es decir una ganancia, la más grande posible. La suma de los costos de producción y la ganancia conforman el valor de cambio o precios de las SPA, como en todas las demás mercancías.

Hasta aquí todo igual a las demás mercancías. Pero las drogas ilícitas tienen adicionalmente un carácter de ilegalidad que las hacen muy diferente a la infinita mayoría de bienes y servicios que conforman nuestros mercados capitalistas regionales y globales. Ese carácter de ilegalidad representa un riesgo a la inversión que como tal implica un costo adicional para los inversionistas, costo que debe posibilitar su propio beneficio y que se agrega a precio del producto final. Por eso es que la relación costo beneficio es muy ventajosa para los que se meten en el negocio y esa gran diferencia es precisamente la que los atrae. Si la relación fuera igual o similar al de los productos legales no sería tan atractivo el negocio.

Todas las personas que participan en la cadena de reproducción, desde los que suministran o participan en la producción de los insumos, pasando por los que procesan los productos, los que empacan, transportan y  comercian, incluyendo los que prestan dinero para la compra de insumos, nano de obra e inversionistas, tratan de obtener la mejor tajada del beneficio económico que se realiza. Es decir compiten entre sí, indudablemente cada cual pondrá en juego sus mejores posibilidades para enfrentar a los demás competidores. La ilegalidad no solo está en el producto sino que también está en los medios que se utilizan para competir. “La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático… El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes.”[23]

La producción de nuevos valores en el sistema capitalista dentro del marco de la legalidad también compite, pero a diferencia de la producción ilegal, lo hace dentro del marco de unas reglas de juego definidas normativamente y legitimadas socialmente. Por lo menos así es el pacto de la democracia. El crimen, las masacres, el desplazamiento, la violación de los derechos humanos, no son aceptados como medios lícitos de la competencia por lo que los productores lícitos no deberían hacer uso de ellos en su competencia.

Al salir al mercado alguna droga ilícita se va enfrentar a otras drogas,  ilícitas o legales, con valores de uso similares. Aquí se dan también diferentes formas de competencia por apropiarse de la mayor parte de la demanda efectiva que exista en el mercado de los SPA. Si la competencia entre ilegales es difícil y cruenta, la competencia con los legales no lo es menos. El afán de la ganancia enfrenta a los inversionistas legales con los ilegales, porque los capitales compiten como tales. Un capital legalmente puede ser invertido en la producción de viviendas  o ciudades si posibilita ganancias o puede ser invertido en la producción de bombas para tumbar viviendas y destruir ciudades si es que produce ganancias.

Es el marco del mercado nacional se enfrentan en competencia desempleados, empleados, banqueros, terratenientes, industriales, gobiernos, productores, consumidores, inversionistas de los unos y de los otros. En el mundo capitalista globalizado la lucha por la apropiación de las ganancias toma proporciones mucho más devastadoras, la corrupción y la violencia a gran escala no es extraña y se puede ver en las guerras intervencionistas, en los acuerdos multilaterales, el los pactos de sumisión, en los bloqueos y listas segregacionistas, en las ideologías racistas y xenófobas.

Como en toda competencia por definición hay ganadores y perdedores, el estado como regulador de las relaciones de producción a través de los gobiernos debe establecer políticas que posibiliten en desarrollo de la sociedad en su conjunto, evitando que las contradicciones generen problemas más grandes y dolorosos para la población.

2.3 SPA Y FENOMENOS SOCIALES

Los fenómenos sociales que son influidos por el negocio de las drogas ilícitas son numerosos y desde el paradigma que se quieran ver, complejos y alarmantes: “El comercio de drogas ilícitas cuesta vidas humanas, arruina sociedades y socava el cumplimiento legítimo de la ley y a las instituciones de gobierno”, nos advertía hace poco Merle David Kellerhals Jr[24] al presentar un Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2009, elaborado por el Departamento de Estado. Pero esta preocupación no es nueva. Constanza Vieria muestra cómo hace tres años también nos lo advertían varios expertos sobre el tema[25]:

·        La concentración de la propiedad de la tierra es "una de las principales causas" estructurales para la existencia de plantaciones ilegales en Colombia: decía Sandro Calvani, representante en Colombia de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

·        La "guerra contra las drogas", que emergió tras terminar la llamada guerra fría con la disolución en 1991 de la Unión Soviética, más bien debería llamarse la "política de prohibición de las drogas": afirmaba Ethan Nadelmann, director de la Alianza para las Políticas sobre Droga, grupo no  gubernamental con sede en Nueva York.

·        Colombia es la amenaza terrorista principal (en América) para Estados Unidos, según la retórica inflamable que utiliza el Comando Sur" del ejército de ese país del Norte: dijo Coletta Youngers, de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) con sede en Washington.

·        Cinco o seis helicópteros artillados escoltan cada operación de fumigación, además de uno adicional de rescate para desanimar a los vigías armados de las plantaciones ilegales. Pero los campesinos y colonos cocaleros colombianos "no se desaniman": advirtió Adam Isacson, del Center for International Policy de Washington y John Myers, Becario Fulbright en Colombia.

·        Unas 100.0000 familias se dedican al cultivo de hoja de coca en Colombia: según datos de la UNODC.

·        Podemos seguir tirando el dinero en una política fracasada o podemos enfocarnos seriamente en reducir la demanda antidrogas en Estados Unidos y la producción en América Latina, apoyando programas sustentables de desarrollo económico y promoviendo el fortalecimiento del estado de derecho en los países donde las mafias traficantes corrompen y amenazan gobiernos e instituciones: cuestionaba Coletta Youngers

·        Para erradicar efectivamente una hectárea de coca fue necesario (en 2003) fumigar 11,33 hectáreas. La proporción tiende a aumentar debido a que los cultivos son cada vez más pequeños y se mimetizan: calculó Ricardo Vargas, sociólogo director de Acción Andina

·        Las autoridades colombianas informaron que incautaron más de 223 toneladas de cocaína en 2008, una cifra sin precedentes, además de destruir 301 laboratorios de hipocloruro para la cocaína y otros 3.238 laboratorios de producción de la base de cocaína: denunciaba el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2009, elaborado por el Departamento de Estado, según Merle David Kellerhals Jr.

De ésta breve pero importante lista de apreciaciones podemos ver que son múltiples los aspectos que tienen amplias áreas de intersección entre narcotráfico, política contra las drogas ilícitas y los fenómenos sociales o las relaciones sociales en nuestro contexto. Veamos de manera somera las características de algunos aspectos de los fenómenos sociales que son estructurantes, es decir los que consideramos más importantes porque ellos contienen las características de los demás fenómenos que reflejan las relaciones sociales.

2.3.1 EL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Una de las consecuencias sociales de la existencia de la producción de ilegal de SPA, es el desplazamiento de una parte importante de nuestra sociedad. Detrás de la red de los desplazados, del capital humano y del capital social que puedan representar, existen los problemas más grades que pueda enfrentar cualquier  sociedad. Del desplazamiento forzado “se desprenden unas consecuencias lógicas como la falta de un lugar donde vivir para la población campesina no propietaria, la falta de sustento alimentario, el desarraigo de sus lugares de origen por falta de posesión de tierra, la pobreza y la desigualdad social. En síntesis, se concentra un fenómeno de precariedad en las condiciones mínimas de existencia de las familias rurales y de ciudades urbanizadas en Colombia”[26] Este fenómeno que debe ser estudiado de manera multidisciplinaria y que juega un papel transversal en los acontecimientos nacionales, tiene consecuencias sociales graves en los campos demográfico, económico, político, financiero, judicial, de salubridad, educacional, de vivienda, de desarrollo urbano, de desarrollo rural,  etc., etc. En todas las diferentes formas de relaciones sociales se siente de manera aguda y crónica el desplazamiento forzado que,  como circulo vicioso,  se retroalimenta con las relaciones de producción existentes en el narcotráfico. “Es evidente que en Colombia siempre ha habido una violencia y un desconocimiento de los derechos humanos consignados en Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de genocidio, 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1981, en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984, en la Convención sobre los Derechos del Niño 1989 , etc.”[27] Pero con el fortalecimiento del negocio de las drogas ilícitas las violaciones se han incrementado a niveles antes nunca vistos.

Es conocido que durante el siglo XX, entre  20 y 50 mil personas eran desplazadas anualmente como consecuencia de la violencia[28], pero  según datos de Ana María Ibáñez,[29] en el período 2002-2007, el promedio anual de desplazados fue de 266.635 personas hasta alcanzar a un total que oscila entre 2,5 y 3,5 millones de personas.  Si se toma en cuenta la información de La Consultoría Para Los Derechos Humanos y El Desplazamiento (CODHES), según la cual  en el año 2008 el fenómeno del desplazamiento se disparó creciendo en un 24,7%, es decir que aumentó  en 380.863 personas[30], podríamos tener una cifra cercana a los 4 millones de desplazados en Colombia.  Según CODHES, el número total de desplazados es de aproximadamente 4 millones y medio de personas[31].

Nosotros aportamos cerca del 0.7% a la población mundial pero participamos con casi el   13% del total mundial de desplazados. Las causas del desplazamiento forzado en el país según el estudio de Ibáñez, en su orden, son: amenazas, violencia indiscriminada, confrontación armada, homicidios, órdenes de desalojo y masacres.[32], todas estas causas de desplazamiento están estrechamente vinculadas hoy en día con el narcotráfico.

Los narcotraficantes buscan apropiarse o dominar amplias extensiones de tierra por diferentes motivos, por un lado las requieren para poder incrementar sus cultivos ilícitos lejos de las manos de la justicia, para lo que además tienen que poner tierras de por medio. Pero al mismo tiempo, una de las formas para lavar sus ingresos y acumular más riqueza es a través de la compra de tierras. En la confrontación del país las partes en conflicto necesitan tener amplios espacios geográficos bajo su dominación como parte de la estrategia bélica. La vieja frase de que “quien tiene tierras tiene guerras”, podría modernizarse en nuestro país con “quien tiene guerras necesita tierras” y prácticamente sin excepción, los contrincantes de nuestra guerra están relacionados de una o de otra forma con el narcotráfico. Para obtener esas tierras tan apetecidas se recurre a todos los instrumentos que se tengan a mano,  porque “en el amor como en la guerra todo es válido” según la filosofía generalizada en nuestros campos y ciudades. Entonces las amenazas, violencia indiscriminada, confrontación armada, homicidios, órdenes de desalojo y masacres, son los medios que se utilizan con mayor frecuencia para apoderarse de tierras. No estamos afirmando que son los únicos medios que se utilizan, como  tampoco podemos afirmar que la única motivación de la concentración de la propiedad sobre la tierra sea el narcotráfico, pero lo que no ponemos en ningún momento en duda es que el desplazamiento poblacional forzado está estrechamente vinculado a la propiedad sobre la tierra y ésta lo está a su vez con el narcotráfico a través de diferentes caminos. No es conveniente confundir los medios para lograr un fin con el fin mismo, como tampoco es metodológicamente correcto confundir las causas de un fenómeno sociopolítico con los medios utilizados para implementar objetivos estratégicos. Esto se debe tener muy claro en el momento de evaluar o de proponer las políticas gubernamentales.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad Nacional[33] el “problema del desplazamiento forzado en Colombia se inicio ligado al problema de la posesión de tierra y empezando la década de 1970 se daban los primeros pasos de lo que sería el segundo componente definitorio del desplazamiento forzado interno en Colombia, el narcotráfico.” Como fundamento “El despojo de tierras ha llegado a las 5 millones y medio de hectáreas, que equivalen al 11% de la superficie agropecuaria, según lo mostró la Comisión de Seguimiento a la sentencia T-025 sobre el desplazado, en su Informe N° XI a la Corte Constitucional, con base en una encuesta liderada por los profesores Garay y Barberi. Hoy al menos una de cada diez hectáreas productivas es resultado del robo. Y uno de cada diez colombianos ha sido víctima del desplazamiento…”[34]

            

FUENTE: Despojo, desplazamiento y democracia,  Rodrigo Uprimny, ELESPECTADOR.COM, 8 Jun. 2009, http://elespectador.com/columna144830-despojo-desplazamiento-y-democracia

 

El fenómeno de la concentración de la propiedad sobre la tierra no es nuevo en absoluto, pero en los últimos años se ha agudizado la inequidad de la distribución en las formas de propiedad (ver Gráfico Nº 1). De acuerdo con la información de Rodrigo Uprimny “En 1984, los grandes propietarios, que eran sólo el 0,5% del total, tenían el 33% de la tierra, mientras que los pequeños propietarios, que eran el 85% de todos los propietarios, ocupaban el 15% de la superficie agropecuaria.  En 2003, después del desplazamiento y el despojo ocurridos hasta ese momento, la concentración aumentó significativamente. En ese año, los grandes propietarios tenían ya el 63% de la tierra mientras que los pequeños propietarios habían visto reducida su participación al 9%.”[35]

La tierra frente a los demás medios de producción tiene unas características muy especiales que la hacen diferente de los demás medios de producción. Primero que todo es limitada, es decir solo existe la que hay y hasta el momento no se puede producir más de la que existe, no hay fábricas de tierra.  Mientras que los demás medios de producción si pueden fabricarse y por lo tanto pueden multiplicarse.  De otra parte las tierras que existen tienen diferentes fertilidades, desde las más fértiles hasta las más desérticas, es decir tienen diferentes productividades y además tienen diferentes ubicaciones frente a los mercados, tienen diferentes facilidades de comunicación y por lo tanto de realización o venta de los productos.  Estas características hacen que su disponibilidad sea definitiva para el desarrollo de las comunidades en particular y de las sociedades en general.

Pero no es suficiente con tener algún tipo de acercamiento a las cifras sobre este tipo de acumulación originaria moderna de las tierras y del volumen vergonzoso de los desplazados, es necesario conocer quiénes son, cómo viven y qué significado tienen en las relaciones sociales del país.

Del total de los 4.5 millones de los desplazados que se calculaban a mediados del año 2009, el 80 por ciento es decir 3.6 millones iniciaron su odisea (llena de frustraciones y dolorosos sacrificios de tipo físico y psíquico,  con hambre, miedo y terror del pasado reciente y del futuro incierto, incomprendidos y la mayoría de las veces rechazados por la sociedad) de manera individual, es decir en grupos de menos de 50 personas o de 10 hogares. Lo que se convierte en una especie de “gota a gota” que va ocupando las ciudades de manera poco advertida pero que inexorablemente generan demandas de derechos fundamentales que los gobiernos locales difícilmente pueden satisfacer. Necesidades que entran a competir con las de las poblaciones menos favorecidas de las áreas urbanas receptoras que por lo general son de las más deprimidas.

 

Al respecto se debe tener en cuenta que cerca de 2 millones de los desplazados son menores de edad,  niños que comienzan a enfrentar la vida y que de acuerdo a las condiciones de su entorno, formaran sus paradigmas individuales y sociales con los que se acomodarán en la comunidad. Las primeras impresiones en la formación de los humanos son definitivas para definir los principios, los valores, los logros que como ciudadanos aportarán a la sociedad.

Cerca de 3.2 millones pertenecen a los estratos  socioeconómicos 1 y 2, es decir más del 70%, mientras que en la sociedad éste promedio es cerca del 20%, lo que nos indica que la inequidad es 3.5 veces mayor en los grupos de desplazados que en la sociedad en general. Las condiciones materiales de vida de estos ciudadanos se reflejan en que cerca de 4.2 millones habitan viviendas indignas.

Sus capacidades productivas, fuente de las posibilidades de supervivencia, al abandonar el campo y las actividades fundamentalmente agropecuarias se reducen al mínimo y se ven obligados a entrar en la informalidad (cerca del 92% de los que logran ocuparse  son trabajadores informales) en donde cerca del 90% reciben como ingreso menos de un salario mínimo. Esto a la vez impide que los niños puedan estudiar en donde existen las posibilidades de educación, porque se ven obligados a desertar para poder contribuir con su trabajo a la sobrevivencia de sus hogares. Del total de los colombianos que viven en la pobreza extrema, el 42% son desplazados.

Ante las condiciones humanitarias especialmente y  habida cuenta de la situación sociopolítica “La Corte Constitucional tuteló los derechos de los desplazados y ha obligado al Estado a invertir en mejorar la situación de estas víctimas del conflicto armado”[36]. Sin embargo, frente al fenómeno del incremento acelerado de la concentración de la tierra, la política contra las drogas ilícitas no tiene planteamientos claros de carácter preventivo ni correctivo. Esto solo se logra mediante políticas coherentes que generen programas y proyectos a mediano y largo plazo, aunque indudablemente se requieren acciones inmediatas para amortiguar falencias que no dan espera y que tienen carácter prioritario.  Por lo contrario,  respecto al desalojo y despojo de la tierra, se ha permitido y en algunos casos hasta se facilitado lo que denominan la contrarreforma agraria y con relación al desplazamiento forzoso se han dado “declaraciones oficiales en el sentido de negar la existencia del conflicto interno, y de afirmar que no hay desplazamiento forzado, sino migración y en algunos casos turismo interno, ofendiendo y burlándose de cerca de tres millones de compatriotas que lo han perdido todo”.[37]Una de las formas utilizada por las instituciones  para bajarle el perfil al problema es el de minimizar las cifras. “Mientras la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), calcula que son 4 millones, la oficina de Acción Social de la Presidencia de Colombia dice que en sus registros aparecen 2.6 millones inscritos.”[38], esta diferencia de cerca de 2 millones de seres humanos equivale a desaparecer de las cuentas del país a cerca de la tercera parte de la población de Bogotá. Así mismo, según Acción Social, el número de solicitudes para ingresar al Registro Único de Población Desplazada (RUPD) ha crecido como consecuencia de la orden dada por la Consejo de Estado en el sentido de tener datos más objetivos al respecto, lo que ha generado que se presenten personas por desplazamientos ocasionados en los años 80, 70 e inclusive 1961 así como también "Esto ha generado un efecto perverso que favorece a estafadores que se han dedicado a montar un negocio para presentar como desplazados a miles de personas que no lo son"[39] advirtió la oficina del gobierno.

2.3.2  EL ASPECTO MEDICO

El aspecto medico de la política contra las drogas ilícitas se trata en éste aparte, porque la discusión filosófica sobre el qué hacer respecto  a las SPA pasa por la forma de ver y entender las causas y consecuencias sociales de su uso y abuso. Indudablemente el aspecto médico de la SPA también se puede analizar en el campo de la economía, en el de las instituciones y en el campo del imaginario colectivo, porque éste es un aspecto de carácter transversal, como le dicen ahora a los problemas estructurales del sistema, que estudiados interdisciplinariamente, pueden arrojar datos impresionantes. De todas maneras es conveniente mirar cómo la discusión sobre el efecto de las drogas ilícitas en la salud influye en las relaciones sociales.

Precisamente, al hablar sobre la política contra las drogas ilícitas, es el aspecto médico el que se encuentra en la primera percepción de la mayor parte de la población. Esto es debido a que las políticas propuestas  y puestas en práctica por el gobierno, tienen su origen en la premisa de que el consumo de SPA es muy dañino para la salud y que además tiene gran convergencia  con el delito. Estas afirmaciones quedan explicitas en el comunicado[40] emitido por el Ministro Fabio Valencia Cossio el cual reza como sigue:

El Ministro del Interior y de Justicia comunica a la opinión pública nacional, que teniendo en cuenta los graves y preocupantes resultados de la encuesta de consumo de drogas ilícitas dada a conocer al país el pasado 24 de febrero por los Ministerios del Interior y de Justicia, Ministerio de Protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes, con apoyo de las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la Cicad/OEA, y siendo coherentes con la política del Presidente Álvaro Uribe en su empeño de combatir integralmente el problema mundial de las drogas, tanto desde la perspectiva de la producción como de la demanda, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de presentar ante el Congreso de la República, el día 16 de marzo del año en curso, dos iniciativas, una de reforma legal y la otra de reforma constitucional, encaminadas a eliminar la llamada ‘dosis personal’ y simultáneamente a crear una nueva instancia basada en la aproximación de salud pública, que sin penalizar el consumo desde la perspectiva punitiva tradicional, tampoco permita la liberalización del mismo y menos aun la legalización de la producción.

Se propondrá, vía acto legislativo, la eliminación de la dosis personal observando las previsiones constitucionales sobre el respeto al derecho fundamental del desarrollo de la libre personalidad, pero reconociendo que dicho derecho tiene límites en los derechos de los demás y en el respeto al orden jurídico. En este sentido, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la iniciativa de acto legislativo no estará encaminada a la imposición de un modelo de virtud u opción de vida, sino que buscará desarrollar medidas de protección coactiva, encaminadas a tutelar los propios intereses y las convicciones del afectado por las drogas ilícitas, medidas que en sí mismas no son incompatibles con la Constitución ni con el reconocimiento del pluralismo, la autonomía y la dignidad de las personas. En este contexto, por encima de la libertad para consumir drogas ilícitas, hay intereses superiores como son la vida, la salud, la integridad física y la educación, que la Constitución no solo reconoce como derechos fundamentales, sino que también incorpora como valores superiores que el ordenamiento busca proteger.

El Gobierno Nacional seguirá siendo inflexible en su política contra la producción y distribución de las drogas ilícitas, por ello llama la atención a la opinión pública sobre el efecto nocivo que ha tenido la permisividad de la dosis personal, al haber sido utilizada por los narcotraficantes como una legalización tácita que justifica la venta libre de determinadas cantidades de droga, convirtiendo la dosis mínima en un cupo libre de comercialización y en un narcomenudeo.

En este contexto, el Gobierno Nacional está adelantando una revisión de la legislación vigente, con el propósito de llevar a la mayor severidad posible las penas para aquellos que induzcan a los menores y adolescentes al consumo de drogas ilícitas, y para aquellos que utilicen a los niños y jóvenes como ‘correos humanos’ para la venta y distribución de sustancias psicoactivas.

De otra parte, y por vía de reformas legales, se buscará, cuando haya lugar a ello, la imposición de sanciones contravencionales no privativas de la libertad, tales como la internación terapéutica, el monitoreo obligatorio, las multas y las terapias obligatorias; sin embargo, quedarán vigentes las disposiciones penales generales para los casos en que la conducta de la cual se trate encuadre en los tipos penales correspondientes.

Como consecuencia inmediata de la eliminación de la dosis personal y dentro de la filosofía de la protección coactiva, se propondrá la creación de tribunales de tratamiento, en los cuales funcionarios de la rama judicial (fiscales y jueces) en un trabajo conjunto con profesionales del sector de la salud (médicos, psicólogos, toxicólogos y terapeutas), puedan acompañar integralmente al consumidor de drogas ilícitas, ayudándole a tomar conciencia de los efectos de su consumo y de la necesidad de un tratamiento terapéutico.

Tanto para aquellas personas que son consideradas como consumidores ocasionales, como para aquellos que tengan una dependencia crónica o adictiva que los lleve incluso a cometer delitos, los Tribunales de Tratamiento harán parte de una política de monitoreo al consumo, de manera que puedan tomarse las medidas necesarias para proteger al consumidor y a la sociedad toda, de los efectos nocivos del consumo mismo, en forma tal que la protección coactiva consista en medidas que pueden ir desde la educación y la pedagogía preventivas, hasta la imposición de ‘sanciones terapéuticas’ que impliquen limitaciones al derecho a la libertad de manera temporal en instituciones adaptadas para ello.

El Gobierno Nacional, dándole alcance a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, regulará y coordinará con las entidades del sector de la salud, la provisión de los tratamientos que sea necesario adelantar dentro del contexto del Plan Obligatorio de Salud (POS)

Del comunicado se desprenden importantes conceptos y presupuestos, entre los que podemos destacar:

·        Que los graves y preocupantes resultados de la encuesta de consumo,  son los que obligan al gobierno a tomar medidas para cumplir con sus obligaciones,  prohibiendo la dosis personal. Es decir el planteamiento de la política surge del alarmante incremento del consumo. Los demás aspectos relacionados con el tema y que pueden ser de mayor importancia en el análisis, en la evaluación del problema no se toman en cuenta para plantear una política integral.

·        Temas como el conflicto armado, la violencia generalizada por tráfico ilícito de SPA, el desplazamiento, los derechos humanos, el desempleo, la economía, los costos de la ilegalidad, las riquezas y pobrezas del negocio, la concentración de la tierra y del capital, las posibilidades de generación de ingresos para el estado, los problemas éticos y morales, la legalidad y la legitimidad de los propósitos y de los medios, la corrupción y desinstitucionalización del estado, y tantos otros aspectos que deberían  ser tenidos en cuenta para proponer una política coherente contra las drogas ilícitas son dejados de lado y se abraza la prohibición del porte y consumo de la dosis personal como una verdadera panacea.    

·        La creación de unos nuevos entes burocráticos, nuevas instancias,  basadas en la aproximación a la salud pública, los tribunales de tratamiento, que pueden acompañar integralmente al consumidor de drogas ilícitas, ayudándole a tomar conciencia de los efectos de su consumo y de la necesidad de un tratamiento terapéutico, que sin penalizar el consumo desde la perspectiva punitiva tradicional, tampoco permita la liberalización del mismo y menos aun la legalización de la producción. Es conveniente recordar que el Ministro Valencia Cossio,  en un debate llevado a cabo la Cámara de Representantes en agosto de 2009, como muestra de la preocupación y del éxito del gobierno en la aplicación de la política contra las drogas ilícitas, indicaba orgullosamente, que 48 entidades del gobierno trabajaban actualmente en la política antidrogas. La pregunta es entonces, ¿cuál será el efecto marginal de una o varias instancias gubernamentales adicionales?

·        Se hace énfasis al advertir que la nueva normatividad se aplicará rigurosamente, aunque de todas formas observando las previsiones constitucionales sobre el respeto al derecho fundamental del desarrollo de la libre personalidad, pero reconociendo que dicho derecho tiene límites en los derechos de los demás y en el respeto al orden jurídico.

·        De otra parte, el desarrollar medidas de protección coactiva (encaminadas a tutelar los propios intereses y las convicciones del afectado por las drogas ilícitas) indudablemente tiene repercusiones no solo en el individuo consumidor, sino que también las tendrá en los grupos poblacionales y en las relaciones sociales. Pero al tomar en cuenta los principios de libertad y democracia,  en su conceptualización filosófica, surgen temores bien fundamentados acerca de que los resultados de la implementación de la propuesta no serán necesariamente de carácter constructivo.

·        Aunque el Gobierno Nacional advierte que seguirá siendo inflexible en su política contra la producción y distribución de las drogas ilícitas, no plantea nada nuevo en relación a esos dos aspectos tan importantes de la cadena, que indudablemente son cientos y miles de veces más determinantes en la sociedad, que el consumo de las drogas ilícitas por parte de los colombianos.

·        La premisa de que la imposición de sanciones contravencionales no privativas de la libertad, tales como la internación terapéutica, el monitoreo obligatorio, las multas, las terapias obligatorias, la imposición de ‘sanciones terapéuticas’ que impliquen limitaciones al derecho a la libertad de manera temporal, en instituciones adaptadas para ello, deja serias  dudas en la opinión pública y especializada. Mucho más cuando los comentarios del Ministro al margen del comunicado dejan dudas de coherencia y rigurosidad conceptual: “si nosotros permitimos el consumo, así sea mínimo, quedaría mal que nosotros estemos luchando contra la producción de la droga y no castiguemos a los drogadictos"[41].  El concepto castigo está presente en el imaginario de la política,  así se evite expresamente en el comunicado y más intrigante aún, la propuesta del gobierno es necesaria porque  es necesario quedar bien. ¿Con quién?

Finalmente, como se preveía y demostrando la correlación de fuerzas en los órganos legislativos del Estado, a favor del gobierno, el 9 de diciembre de 2009, con 60 votos a favor y 14 en contra de un total de 102 senadores, se aprobó el proyecto del acto legislativo que prohíbe el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.[42] Al respecto el ministro  Fabio Valencia Cossio, aseguró: "Hoy hemos dado un paso histórica contra el narcotráfico, contra la producción y muy especialmente contra el consumo de la droga… Quiero expresar que después del trámite de esta reforma constitucional, el país puede estar tranquilo, porque vamos a empezar a reglamentarla para poder atender al adicto como un enfermo, para proporcionarle a través de la salud pública, los servicios correspondientes para su rehabilitación”. Entre tanto, las  bancadas de la  oposición mostraron su inconformidad. Es así como Gustavo Petro del Polo democrático Alternativo dijo: “¿Qué es lo que prohíbe eso que estamos discutiendo hoy? Prohíbe que el individuo en su intimidad, allá en su cuarto, en su conciencia misma, en el lugar más propio y autónomo, en la vida privada del ciudadano el Estado pueda decirle que es lo bueno, si toma o no toma, si consume drogas o no. Se está prohibiendo es el derecho a vivir como se le dé la gana. Se le está prohibiendo su libertad” De manera similar el vocero del Partido Liberal Juan Manuel Galan, sostuvo que “Como partido y como bancada hemos asumido  una posición de partido al votar negativamente este proyecto, porque lo consideramos inconveniente y no desde el punto de vista doctrinario, filosófico, ideológico, sino desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de lo conveniente en una política que es crucial para que nuestro país supere esta trampa mortal que es el narcotráfico”

Nadie se atreve y sería un absurdo pretender negar las consecuencias negativas que tiene para la salud el abuso de las SPA.  Tomando en cuenta el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Hogares[43] su uso ha venido incrementándose en los últimos lustros, lo cual  justifica plenamente que el gobierno manifieste su preocupación por el tema y que busque, como es su obligación, enfrentar la tendencia. Pero lo sano es ir más allá del mero planteamiento cuantitativo.

Así por ejemplo, es un hecho que las SPA legales son las más utilizadas por la población. Los resultados de la encuesta permiten calcular que son 6.9 millones los tomadores de cerveza en el país y que de éstos el 20% son menores de edad. Es decir que alrededor de 1.400.000 niños habían bebido cerveza en el último mes, antes de la encuesta. Los productores nacionales e internacionales, dueños legales de grandes fortunas deben estar muy satisfechos, aunque no tanto como para dejar de promocionar sus productos y procurar incrementar aún más sus ventas. De manera similar las instituciones beneficiarias de los impuestos y contribuciones que se generan por ésta fuente, deben estar regocijadas, porque podrán cumplir con sus funciones más holgadamente.

Respecto al tabaco, otra SPA legal, los resultados también son llamativos. Casi la mitad de la población (45%) dice haber consumido alguna vez tabaco. De estos 3.3 millones aun fuman diariamente y el 6% de los consumidores habituales son menores de edad. Es necesario reconocer que la campaña contra el consumo de tabaco en sitios públicos y en general, ha tenido efectos inmediatos, pero aún no se pueden cuantificar esos resultados. Sin embargo, por simple percepción, el consumo debe haberse reducido, principalmente en las poblaciones jóvenes  y los viejos fumadores que perseveran se reconocen como una especie en vías de extinción. Es de anotar que en la campaña contra el consumo del cigarrillo que se ha venido implementado a nivel nacional, copiada en gran medida de la respectiva a nivel internacional, la parte coercitiva es insignificante   frente a la parte educativa y preventiva.

Pero en donde las alertas se disparan,  es respecto al consumo de SPA ilegales, que es un consumo prácticamente insignificante si se compara con el consumo de las SPA legales. Se afirma que las drogas ilícitas que no han podido salir del país están siendo utilizadas por nuestra población y que eso se refleja en la acelerada tasa de crecimiento del consumo. Desde hace varios años se viene advirtiendo al país sobre éste preocupante fenómeno y se ha posicionado en el imaginario colectivo la idea general de que,  independientemente de los esfuerzos del gobierno, el país ha dejado de ser solo productor de drogas ilícitas y se ha convertido,  además,  en un país consumidor de las mismas.

Las Naciones Unidas respecto al consumo de drogas en Colombia, hace tres años, que venía advirtiendo sobre su crecimiento. En un documento de la UNODC[44] del año 2007 se afirmó que “las estadísticas disponibles sugieren un consumo creciente de todas las sustancias ilícitas, incluidas aquellas que hace unos años eran prácticamente desconocidas (como la heroína y el éxtasis). Cerca del 5% de la población colombiana ha consumido marihuana; casi el 1% ha consumido o consumen regularmente cocaína y, aproximadamente, 0.3% son adictos al bazuco”. Ratificando estas cifras, al año siguiente el vicepresidente de la Junta  Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU confirmó que “El consumo de drogas en Colombia está afectando desde los 7 años hasta los setenta años de edad y obviamente la población más vulnerable es la infantil, los adolescentes y los adultos jóvenes”[45]. Por la misma época, el subcomandante de la Policía de Antinarcóticos coronel José Ángel Mendoza, en la rendición de cuentas de la entidad a su cargo afirmó que "Más de dos millones de colombianos son consumidores habituales de sustancias estupefacientes, esto nos los va a confirmar un censo de hogares colombianos"[46]. Medio año más tarde, la noticia bomba[47] fue que el gobierno acababa de recibir los resultados de la Encuesta Nacional de consumo y que según los datos 3.5 millones de colombianos  habían fumado marihuana, que el 8%  admitió haber consumido marihuana por lo menos una vez en su vida, así mismo que el 2.5% admitió haber consumido cocaína y  el 0.9% éxtasis.  Los comentarios de la población y de los estudiosos del tema coincidieron en que  la política del Plan Colombia respecto al consumo de drogas ilícitas ha sido un fracaso. Sin embargo,  los resultados de la encuesta más decantados  son aún más preocupantes[48], son 3.9 millones los colombianos que reconocen haber consumido drogas y no 3.5, la diferencia de 400.000 personas equivale a la población de una ciudad intermedia. Concluyendo: de cada 25 colombianos mayores de 12 años, de todos los sexos religiones y razas, por lo menos uno reconoce que ha consumido algún SPA alguna vez en la vida y 540.000 lo habían hecho en el último año.

Estos datos nos muestran que exactamente el 66.66%de los que alguna vez consumieron drogas ilícita hace más de un año que no lo hacen. Entonces una de las conclusiones que se nos impone es que el efecto adictivo del consumo afecta máximo al 33% de los consumidores. Sería conveniente conocer por cuál motivo ese grupo de 1.260.000 personas dejaron de consumir.  ¿Qué es lo que más ha influido en ese cambio de opción, los instrumentos de prevención, educación, represión o cuáles? Esto permitiría establecer con mayor precisión las políticas, planes y proyectos que permitan defender intereses superiores como son la vida, la salud, la integridad física y la educación, aunque no necesariamente tenga que ser por encima de la libertad para consumir drogas ilícitas y creando nuevas instituciones, o tomando medidas que pueden ser peor que la enfermedad, es decir que la adicción.

Al analizar la composición social de los consumidores, contrario a la percepción popular,  la población pobre es la que menos consume drogas y los ricos lo hacen en mayor proporción. El 2.4% de la población perteneciente a los  estratos socioeconómicos 1 y 2 se identifican como consumidores,  mientras que en el estrato 4 estos alcanzan el 4.2%, poco menos que el doble. En los estratos 5 y 6, es decir en la cúpula de la pirámide social,  el porcentaje alcanza al 2.9 y en el estrato 3, al que corresponde la mayor parte de la población, se declararon  consumidores el 2.8%.

La política contra las drogas ilícitas y su influencia en las relaciones sociales concomitantes con el aspecto medico de la población, a partir de la estructura socioeconómica, debe pasar por el análisis de la demanda efectiva de los usuarios de SPA. La capacidad adquisitiva y la voluntad de compra de los diferentes grupos poblacionales, determina el precio y la calidad de las sustancias que ellos consumen, en consecuencia los riesgos para la salud dependen de la demanda efectiva de los consumidores.

En cuanto al tipo de sustancia, el estudio muestra que la marihuana es la preferida ya que  un 8% de los encuestados reconoció haberla consumido por lo menos una vez en la vida y se calcula que 450.000 personas lo han hecho en el último año. De estos últimos más del 55.5% se consideran abusadores o dependientes de la marihuana, es decir unas 250.000 personas.

La encuesta que fue realizada por el gobierno muestra que los consumidores de cocaína también han aumentado. Se  calcula que 494.000 colombianos la han usado alguna vez en la vida y que son más de 140.000 los que la han consumido en el último año. Así mismo se consideran abusadores o dependientes a 84.000 personas,  lo que corresponde al 60% de los que consumieron en el último año. El comparar los niveles de consumo anteriores y los presentes, así como comparar la utilización de drogas licitas e ilícitas, le permitió al gobierno argumentar la necesidad de proponer la prohibición de la dosis personal.

De acuerdo con la información presentada por el Senador de la República Juan Manuel Galán el 26 de mayo de 2009, en el Senado Colombiano, la prevalencia del consumo pasó del 1,6% en 1996 al 2.7% en el 2009. Es decir que en 13 años se aumentó en cerca del 69% el consumo drogas ilícitas en el país. El Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, ratificando ese incremento del consumo, pero al mismo tiempo haciendo énfasis en la sentencia CT 221 de 1994, que despenalizó la dosis personal, indicó que es a causa de esa permisibilidad legal que el consumo se ha incrementado de esa manera en el país y que precisamente por eso fue necesario volver a prohibir la dosis personal.

De otra parte, la prohibición de la dosis personal fue justificada por el gobierno advirtiendo que el consumo conlleva al delito, trasmitiendo la idea de que el incremento del consumo se relaciona con el incremento del crimen. Como reencauchando la teoría que se manejaba en Estados Unidos hace cerca de un siglo. Respecto a la marihuana, en ese entonces “Se creía que esta yerba volvía a los consumidores adictos, locos y asesinos. Además se mantuvo que la marihuana era más dañina que el entonces recientemente legalizado alcohol. Luego no es sorprendente que desde 1915 comenzó a aparecer la legislación que prohibía el consumo de esta hierba.”[49]  Es conveniente recordar que hoy día el uso de la marihuana con fines terapéuticos está legalizado en 14 Estados norteamericanos: California, Alaska, Colorado, Hawái, Maine, Míchigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rodhe Island, Vermont,  Washington y Nueva Jersey[50] y su producción es de las industrias más rentables. Un estudio de 2006 sobre los E. U. arrojaba los siguientes resultados “que, por año, se cultivan 10.000 toneladas de marihuana por un valor de 35.800 millones de dólares; el valor de mercado sería aún mayor. Esta cifra supera marcadamente los 23.000 millones de dólares del cultivo de maíz, los 17.600 millones de dólares del cultivo de porotos de soja y los 12.200 millones de dólares del cultivo de heno. La marihuana es el mayor cultivo comercial en 12 estados y el valor de la marihuana que se cultiva supera al maní en Georgia y al tabaco en Carolina del Norte y del Sur. En California, el mayor productor, representa una producción de 13.800 millones de dólares.”[51]

La relación de las drogas ilícitas con la violencia y el delito es innegable, pero no con respecto al porte o consumo de la dosis personal. Por lo menos nunca en igual medida, ni de lejos! A la relación con la ilegalidad de la producción y distribución al por mayor. Esta relación se vivencia todos los días a escalas inmensamente superiores en otros campos, por ejemplo en el conflicto armado colombiano. La fuente fundamental del financiamiento de los grupos irregulares armados es el narcotráfico y no es aventurado afirmar que gran parte de los delitos cometidos en esa guerra tienen como propósito el predominio del negocio. En este sentido las drogas ilícitas sí que son principio y fin de los crímenes más execrables. Esa relación es evidente, pero para romper ese círculo vicioso no es táctico y mucho menos estratégico la prohibición del porte y consumo de la dosis personal. Una política basada en este fundamento, antes que mejorar las relaciones sociales lo que fomenta es su entorpecimiento, porque distrae la esencia de la cuestión.

Por parte del argumento relacionado con la salud, según el cual el estado colombiano tiene la obligación de “curar a las malas”[52], es conveniente poner de presente que la morbilidad en el país tiene requerimientos de prevención y curación mucho más importantes que el uso o adicción a las drogas ilícitas.  Según datos del Ministerio de Salud[53], las tasas de morbilidad por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las consultas externas, en su orden son como se muestran en el Cuadro Nº 1:

CUADRO Nº 1

TASAS DE MORBILIDAD EN COLOMBIA POR CIEN MIL HABITANTES

1

Infecciones respiratorias agudas

279

2

Control embarazo normal

255

3

Enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén

255

4

Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos

162

5

Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo

143

6

Otras enfermedades de los órganos genitales

136

7

Enteritis y otras enfermedades diarreicas

128

8

Enfermedad hipertensiva

118

9

Laceraciones, heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos

96

10

Control del lactante y del niño sano

95

 

Resto de causas

1.949

 

Total causas

3.614

Fuente: Ministerio de Salud, formato SIS103. Los datos corresponden a una muestra del 10% de la consulta médica del Sector Oficial y Mixto

La relación del abuso de las drogas ilícitas y las enfermedades ha sido tema de estudio en múltiples oportunidades. Así por ejemplo en el 2002 se publicaban los resultados de un trabajo interdisciplinario[54], en donde se hacían algunas advertencias que es bueno tomar en cuenta para la formulación de las políticas contra las drogas ilícitas:

·        Existe una relación directa entre las problemáticas del uso de drogas ilícitas y la transmisión del VIH/SIDA, la cual obedece a las relaciones sexuales sin protección propiciadas por el abuso de drogas o alcohol, y que ese riesgo aumenta en la medida que aumente el abuso de las drogas, porque las personas bajo los efectos de los SPA no se protegen en sus relaciones sexuales.

·        La mayoría considera que en Colombia la relación abusos de drogas  y VIH/SIDA, depende de las condiciones de la educación y de los contextos culturales y sociales.

·        Consideran que la problemática debe conocerse y tratarse desde una perspectiva científica, sin prejuicios ni exclusiones y sin sesgos moralistas que tergiversen las investigaciones o las intervenciones.

·        Ambos fenómenos son problemas de salud pública y como tales deben ser asumidos por el Estado, coordinada y conjuntamente; no de manera aislada como lo hacen actualmente las instituciones que trabajan en estos temas.

·        Las causas del abuso de drogas son: las privaciones psicoafectivas, la violación de derechos individuales, las carencias en procesos vitales, las deficiencias en la socialización y las experiencias desfavorables en grupos sociales. Los que trabajan en prevención del abuso de drogas opinan que el entorno cultural es determinante en la relación entre abuso de drogas y VIH/SIDA

·        El entorno cultural promueve el uso del alcohol, de la misma forma que valida el sexo sin protección.  Este comportamiento es calificado por algunos  consultados como claramente machista y favorable al crecimiento de la problemática de VIH/SIDA.

·        Se deben tener en cuenta aspectos como la situación económica del país, la incapacidad del Estado para responder a las necesidades de la población y el aumento de la producción y comercialización de drogas; lo que lleva al uso y abuso de las drogas y por ende al aumento del riesgo de contagio de VIH/SIDA.

 

·        Otros consideran que la relación entre VIH/SIDA y abuso de drogas no es evidente, sino ocasional o ‘accidental’, ya que está condicionada por los valores y las costumbres del individuo, y donde el ser consumidor de SPA no es determinante.

·        Las relaciones de poder o el uso de la fuerza se manifiestan cuando al alcohol y otras drogas asociadas a la rumba se suman la carencia de interés de parte del hombre por las relaciones sexuales protegidas y la falta de autonomía de la mujer para exigir dicha protección.

·        Para la mayoría de los consultados la población más vulnerable está dentro de los jóvenes que inician su actividad sexual a temprana edad y la población en alto riesgo está dentro de habitantes de la calle que mantienen relaciones sexuales desprotegidas, trabajadores sexuales, jóvenes de grupos satánicos o en delincuencia y jóvenes trabajadores sexuales con relaciones sexuales con hombres

De manera similar una serie de investigaciones muestran además que el consumo de SPA se relaciona directamente con enfermedades de tipo mental[55] como el  trastorno bipolar, la depresión y los episodios psicóticos. Pero estos trastornos también tienen que ver con las privaciones psicoafectivas, la violación de derechos individuales, las carencias en procesos vitales, las deficiencias en la socialización y las experiencias desfavorables en grupos sociales, el entorno cultural, la situación económica del país, la incapacidad del estado para responder a las necesidades de la población, etc.

De modo que no existe duda de la correlación estadística entre el abuso de SPA ilícitas o lícitas y diversos tipos de anomalías severas en la salud, lo que hace necesario que el problema sea enfrentado como un problema de salud pública, con programas prevención y curación voluntarios, no con tribunales que determinen la tipología de la ética y de la moral pública y que con base a ello determinen los grados de racionalidad de los que consumen para  definir la terapia obligatoria. Es absolutamente necesario privilegiar la objetividad, teniendo en cuenta que  al mismo tiempo en la arista de la unión SPA – salud pública,  existe una serie de condiciones humanas que obligan a acompañar las acciones medicas con programas y proyectos integrales de carácter social y económico, en donde la represión juega un papel tan insignificante que cualitativa y cuantitativamente debe ser despreciada.

A partir de las propuestas gubernamentales colombianas y de las tendencias conceptuales que se agitan en el mundo contemporáneo, el debate sobre la política contra las drogas ilícitas en el país se hace cada vez más intenso. Esto se entiende porque frente a cada propuesta se blanden argumentos relativamente válidos y porque detrás de cada propuesta existen intereses absolutamente entendibles.  Es así como el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, se opuso públicamente a la posición oficial del presidente de la república al manifestar[56] que no era partidario de la penalización del consumo de la dosis personal, porque consideraba que la situación dramática de los adictos no se resuelve con cárcel y que así como los enfermos de SIDA y cáncer son ayudados por el estado, los adictos también deberían serlo. Pero al mismo tiempo ratificó que la lucha contra el narcotráfico debe continuar y hacerse más contundente: "Debemos ser más implacables con los narcotraficantes, y debemos seguir siendo más duros con las extinciones de dominio a las propiedades destinadas por narcotraficantes al menudeo de cultivos ilícitos".  

El debate sobre el porte y consumo de la dosis personal es un debate que necesariamente tienen que pasar por el estudio, comprensión y toma de decisiones sobre los fenómenos sociales, sobre la economía nacional, sobre nuestra cultura y sobre nuestras instituciones. Se agita el debate sobre la dosis personal pero es necesario aprovechar el impulso para debatir lo estructural del problema.

Dentro del análisis sobre el qué hacer, debe ocupar el puesto que corresponde por la rigurosidad científica que la caracteriza la propuesta de la política de reducción del daño. Esta percepción aparece con lineamientos muy definidos en la Resolución de Frankfurt de Ciudades Europeas Sobre Política de Drogas a finales de 1990, como una respuesta de carácter social al convencimiento de que la política represiva, prohibicionista, contra las diferentes fases de la reproducción de las drogas ilícitas era un rotundo fracaso y que en consecuencia, es necesario cambiar de paradigma por uno que permita “mirar a las drogas y su consumo con ojos de encuentro y reconciliación a lo inevitable que implica su presencia en el contexto humano.”[57] La comprobación objetiva de que “La adicción a las drogas es un fenómeno social que no puede ser erradicado por una política sobre drogas, sino más bien regulado y, en el mejor de los casos, limitado”, y que “Para la mayoría de consumidores de drogas, la dependencia es una fase de tránsito crítica en su historia personal que puede superarse por un proceso de maduración ajeno a la dependencia de drogas.” Conlleva al convencimiento de que “La política de drogas no debe impedir este proceso, sino más bien ofrecer asistencia y apoyo.”[58]

 

2.3.3 DERECHO HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948, en su preámbulo establece una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta en el momento de relacionar estos derechos con los problemas que debe afrontar la política contra las drogas ilícitas:

1.      la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana

2.      se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias

3.      los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

 

4.      los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre

5.      La Asamblea General proclama la presente  Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

 

De manera similar, de los 30 Artículos que contiene los derechos proclamados y que los estados firmantes se han comprometido a cumplir, como es el caso de Colombia, son concomitantes al caso de la situación del país respecto a los fenómenos del narcotráfico y sus secuelas los siguientes 23 Artículos:

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2: 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.                       

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 16: 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Artículo 29: 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Igualmente la Constitución Política de Colombia, en el TITULO I - DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES,  al determinar las características fundamentales de la República de Colombia y establecer los fines esenciales del Estado indica que:

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Seguidamente, en el Titulo II - De los Derechos, Las Garantías y Los Deberes, Capitulo 1, De los Derechos Fundamentales ( que son 41), también Encontramos una serie de trece  formulaciones  que tienen estrecha relación con las relaciones sociales que se viven en el país como consecuencia del narcotráfico y que tienen concomitancia con los Derechos Humanos en ésta materia:

Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

La violación de los Derechos Humanos y de los Derechos Fundamentales mencionados ha sido una constante en nuestro desarrollo histórico, en especial a partir de los años 70. Lo advertía en 1988 el Presidente Virgilio Barco, en su conocida intervención ante el Congreso de Diputados en Madrid, de la cual vale la pena resaltar algunas afirmaciones que vienen al punto:  “El Gobierno está librando una lucha frontal para proteger los derechos humanos, castigar a quienes recurren a la violencia para tramitar sus conflictos y capturar a los narcotraficantes… Integró comisiones de estudio de la violencia y de la situación de los derechos humanos, para que recomendaran fórmulas de solución. Creó una Consejería Presidencial para la protección de los derechos humanos la que, además de organizar actividades de promoción y defensa de estos derechos, puede denunciar a las autoridades competentes violaciones a los derechos humanos… La lucha contra el narcotráfico, quizás el principal promotor, de las violaciones de los derechos humanos, está produciendo buenos resultados… Si hay algo claro es que el Gobierno y la sociedad colombianos están haciendo todo lo que está a su alcance para combatir el narcotráfico y defender los derechos humanos. Y lo están haciendo y lo seguirán haciendo contra viento y marea, incluso contra la incomprensión de entidades internacionales y observadores nacionales y extranjeros que tratan de demeritar lo que se está realizando en estos campos, pasando por alto, con su silencio selectivo, comportamientos criminales, de cuya vileza no existe duda”[59] Informaba el presidente sobre la lucha que el gobierno venía dando contra los narcotraficantes en defensa de los Derechos Humanos y denunciaba a la vez que era el narcotráfico el principal promotor de las violaciones de estos derechos y que la comunidad internacional y nacional a través de sus entidades se mostraban indiferentes y pasivas frente a la vileza de los crímenes cometidos.

 

Para argumentar sus afirmaciones el presidente Barco, buscando impactar a los diputados con  lo macabro de la situación, les comentó los acontecimientos que consideró más impresionantes del momento: “Es cierto que se sabe que han sido asesinados en 1984, el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y en 1988 el Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos; diez y seis Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, once de ellos en la tragedia del Palacio de Justicia; el Director de un diario nacional y el subdirector de un diario regional. Un ex Ministro de Justicia, Enrique Parejo, sobrevivió milagrosamente a un atentado cometido en Budapest. Pero se desconoce que, además de esas víctimas, desde 1985 hasta el 30 de abril de 1988 los narcoterroristas han segado la vida de 197 policías y de distinguidos oficiales, entre ellos el Coronel Jaime Ramírez Gómez, ex director de la Policía Antinarcóticos.”

 

Si demeritar el significado de los acontecimientos denunciados en ese entonces por el presidente Barco, indudablemente repudiables, se puede afirmar que hoy día la situación de los Derechos Humanos y Fundamentales no ha mejorado y que por el contrario, los acontecimientos cotidianos nos muestran un deterioro aun más preocupante. De acuerdo con el último informe sobre el Indice Global de la Paz[60] que toma en consideración variables cualitativas y cuantitativas califican las condiciones relacionadas con el estado de  la paz, los niveles de democracia, transparencia, educación, bienestar material, criminalidad y respeto de los derechos humanos, en la clasificación del mejor al peor, entre 144 países ocupamos el puesto 130.

 

Ya en 1996 Juan Gabriel Tokatlian hacía un llamado de atención al Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos[61], indicando que el proceso de evolución de la delincuencia de los procesadores y traficantes colombianos de drogas ilícitas, estaba llegando a la fase más desarrollada según el esquema de Stier y Richards.

 

Según el mencionado esquema,  el crimen organizado evoluciona en tres estadios:

 

1.      “La fase "predatoria" inicial: se caracteriza por la reafirmación territorial de grupos criminales que garantizan su poderío mediante la violencia y con ello logran defender su empresa ilícita, eliminar rivales, ganar espacio físico y asegurar un monopolio privado en el uso de la fuerza.

2.      La fase "parasítica" subsiguiente implica una notable influencia política y económica, combinada con una enorme capacidad corruptiva de segmentos públicos y privados.

3.      El nivel último, el "simbiótico": se produce cuando el sistema político y económico se vuelve tan dependiente del "parásito" que significa el crimen organizado, como éste de las instituciones establecidas para su expansión y afianzamiento. Aquí ya se asiste a un fenómeno de naturaleza política: un nuevo actor con fuertes atributos de poder económico e influencia social que busca legitimar su presencia en la sociedad con múltiples medios para lograrlo y de modo vehemente. De consolidarse esta fase final sin una comprensión y resolución profunda y efectiva a lo que ello significa e implica, el entorno interno y externo se tornará inexorablemente crítico para el país.”

No cabe duda que en cada una de las fases existen diferentes formas de  violación de los Derechos Humanos y Fundamentales. Sin embargo los acontecimientos de nuestra actualidad, lo que sí pone en duda es la secuencia de las tres fases, porque la realidad nos muestra que pueden convivir simultáneamente. Un informe reciente de la ONU[62]  permite deducir que las características de las tres fases de evolución del crimen organizado se entrelazan y conviven a través del accionar de diferentes actores. Las guerrillas, las fuerzas armadas del Estado, los grupos armados ilegales de ultraderecha y los narcotraficantes violan permanentemente y de diferentes formas los derechos humanos. (Esta afirmación del informe puede inducir a confundir los actores de las violaciones con la motivación de los hechos. Los actores son las guerrillas, las fuerzas armadas del Estado, los grupos armados ilegales de ultraderecha y los narcotraficantes y las motivaciones el negocio del narcotráfico.)  Las ejecuciones extra-judiciales, la tortura, las desapariciones, las violaciones contra niños e indígenas,  siguen siendo noticias diarias, en donde los actores pueden ser diferentes pero todos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas.

El CODHES nos muestra otro ejemplo[63] “las autoridades del pueblo indígena Awá de Nariño denunciaron que el sustento diario y la manutención de más de 1100 familias de 8 comunidades han resultado seriamente afectados debido a las fumigaciones del gobierno contra los cultivos ilícitos en su territorio, durante los últimos siete años y  que entre las principales violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que denuncian las autoridades indígenas del pueblo Awá, se destacan 160 asesinatos, 10 amenazas directas a líderes y autoridades, 12 detenciones arbitrarias, 9 desapariciones forzadas, 6 muertos por minas antipersonales, 7 casos de violación sexual y 12 de reclutamiento forzado, entre otras vulneraciones, en los últimos 9 años.” 

El reconocimiento, prácticamente oficial, de la coexistencia de actores opuestos y de los diferentes estadios del crimen organizado en el país se expresan cuando  el embajador de Colombia en Bruselas, Carlos Holmes Trujillo, declaró que la violencia de los grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión `ha tocado a todos los sectores de la sociedad colombiana´. No obstante, aseguró que el Gobierno de Colombia ha llevado a cabo `mejoras evidentes´ y opinó: `estamos en el camino correcto, vamos avanzando´.”[64]  

Sin embargo, la afirmación de que el gobierno está haciendo las cosas bien y que vamos en el camino correcto, se pone en duda cuando Hebert Veloza el ex jefe paramilitar del Bloque Calima de la Autodefensas se fue sin confesar más de 11 mil delitos,[65] porque la Embajada de los Estados Unidos solicitó la extradición de Hebert Veloza García, “H.H.”, “Carepollo” o “Hernán Hernández”, por los cargos de concierto para importar y distribuir en los Estados Unidos desde un lugar fuera de ese país cinco o más kilogramos de cocaína, con el pleno conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada de manera ilegal.

En una entrevista exclusiva de El Espectador con el líder paramilitar Hebert Veloza antes de ser extraditado, alias “HH”,  hizo una serie de afirmaciones que permiten sacar conclusiones sobre la relación del narcotráfico con los derechos humanos[66] y sobre los beneficiarios de los delitos que se ocultan en la sombra de la extradición, lo cual obviamente tiene que ver directamente con las políticas gubernamentales en su lucha contra el narcotráfico.  Entre otras perlas afirmó que:

 

·        Él se acostumbró a matar y que ahora ya no le teme a nada.

·         “Matar gente se vuelve un vicio, como meter perico o fumar marihuana”.

·         Calculaba que sus dos bloques “asesinaron a 3.000 personas o más. Muchos se tiraron al Cauca. Cantidades".

·         “Cuando llegamos a Urabá decapitamos mucha gente. Se generó como estrategia para promover terror. Ya que nosotros éramos 20 hombres y allá había muchos frentes guerrilleros. Entonces utilizábamos situaciones para generarle terror a la población, para que nos tuvieran más miedo a nosotros que a la misma guerrilla”

·         “En esta guerra perdieron los pobres y nosotros, que estamos en la cárcel. Nosotros pusimos muertos y puso muertos el pueblo. Pero los ricos se beneficiaron. Hay que contar la verdad para que esas personas no sigan utilizando la guerra para beneficiarse económicamente".

·         “creo que la verdad si quedará mocha, sin terminar de contar ya que como usted sabe,  una guerra tan larga y tan atroz no se cuenta en un mes o dos meses.”

·         “de todas maneras justicia y paz está aclarando quiénes apoyaron, quiénes financiaron, quiénes se beneficiaron de las autodefensas, y yo creo que la gente está más temerosa de que nosotros sigamos hablando.”

·         “yo siempre he hablado de la verdad, de por qué murió tanta gente en las zonas, por qué surgieron las fosas comunes, donde están las fosas, porqué murieron esas personas y ya estamos en la etapa de hablar de políticos, de financiaciones, de participación de mucha gente que es de la sociedad, empresarios, los que iniciaron la guerra.”

·         “Pues todos los senadores, representantes o políticos que han resultado mencionados han dicho que son enemigos nuestros y que nos han combatido. Y a todos se les ha comprobado que sí tenían vínculos con las autodefensas. Nosotros estamos como la novia fea, en la noche nos acariciaban y en el día no nos voltiaban a mirar.”

·         “Los políticos sí utilizaron a las autodefensas para alcanzar sus objetivos.”

·         Dejaron de aterrorizar mostrando los muertos y comenzaron a desaparecer gente por instrucciones de otros: “Porque eso subía los índices de mortalidad en los municipios y eso no les convenía, entonces nos decían: ‘desaparezcan y los dejamos trabajar’. Y nosotros desaparecíamos.”

·         Justifica la vinculación al narcotráfico al afirmar que “El bloque calima existe desde el año 2000. Se hace una reunión ese año en la finca del mocho Arcángel Henao, ya que el objetivo de las autodefensas no era servirle al narcotráfico sino ser un grupo independiente para combatir la guerrilla. En esa reunión estuvieron Diego Montoya, Rasguño, el mocho Arcángel, y hubo otra serie de narcos. Nos reunimos porque Vicente y don Berna citan a una reunión para tratar de buscar un apoyo financiero para las autodefensas en el Valle. Porque la guerra no se financia vendiendo empanadas y con la plata de la economía legal es imposible sostenerla. Nos tocó recurrir a las finanzas ilegales.”

·         “Una cosa era permitir que el ala ‘narca’ ingresara a las autodefensas. Y otra cosa era financiarnos de un negocio del narcotráfico, que era cobrar un impuesto. En el Valle siempre nos financiamos cobrándole impuesto a los ‘narcos’, pero no ingresaron estos señores a las autodefensas. Ni Diego ni Rasguño.”

·         Las negociaciones de carácter político no se realizaron exclusivamente con personal nacional “Hubo un momento en que Carlos estuvo liderando una negociación macro con el gobierno americano, donde estaban incluidos todos los narcos del Valle y casi de todo el país y algunas personas de las autodefensas vinculadas con el narcotráfico.”

·         “Luego se hizo otra reunión en la finca de Rasguño y allá fueron ‘narcos’ como Chupeta, Varela, Víctor Patiño y fue Carlos también.”

·         “Carlos Castaño decía que el combustible de la guerra era el narcotráfico, que había que sacar de alguna forma a esta gente del narcotráfico para poder mermar la guerra en Colombia.”

·         “Carlos lo decía: a las autodefensas del Magdalena Medio las acabó el narcotráfico, cuando llegó Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Acabaron con las autodefensas, mataron gente, a casi todos los comandantes antiguos.”

·         “el movimiento de las autodefensas no fracasó. Fue tanto el crecimiento y la penetración de las autodefensas a nivel nacional que mire cuántos políticos hay en la cárcel por vínculos con nosotros, cuántos militares hay vinculados, cuántos empresarios. Yo creo que fue un éxito total. El fracaso fue la negociación. El problema fue el narcotráfico, el verdadero acabose de las autodefensas.”

·         “cuando fue pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico Carlos lloraba. Decía que no era justo porque él era la persona que más estaba en contra del narcotráfico en las autodefensas. Él decía que su extradición era política. Carlos combatía el narcotráfico de frente.”

·         “Hubo muchos reparos al proceso de paz con las AUC. Porque la paz se hace con los enemigos, no con los amigos, y de alguna manera las autodefensas eran amigas del Estado.”

·         “otros muchachos se están rearmando por falta de oportunidades. La mayoría del a gente que está en la guerra no está por voluntad, sino porque no hay qué hacer. La guerra se volvió una bolsa de empleo.”

 

En el mes de mayo de 2008 el gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a 14 importantes jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también solicitados por narcotráfico, con perfiles similares al  líder paramilitar Hebert Veloza. Del grupo hacían parte Salvatore Mancuso (alias 'Santander Lozada'), Diego Fernando Murillo ('Don Berna') y Rodrigo Tovar Pupo ('Jorge 40').[67]

Es necesario tener presente que  la mayoría de los extraditados tienen cargos relacionados con el narcotráfico, con producir o distribuir cocaína, lavar dinero o pertenecer a algún grupo terrorista, pero en Colombia, se les acusa por ordenar y participar en crímenes de lesa humanidad, los cuales se prevé que van a quedar impunes. El silencio de los culpables reconocidos conviene a algunos bulliciosos públicos frente a la estupefacta sociedad.

En la actualidad existe un reconocimiento construido y generalizado a la labor gubernamental respecto a la lucha contra las bandas criminales del narcotráfico. Según un informe de inteligencia[68], éstas aunque han perdido el 36 por ciento de sus integrantes y el 50 por ciento de su territorio, aun mantienen un gran poder económico y corruptor por cuenta de las millonarias ganancias de la droga. Se calcula que son once las organizaciones ilegales dedicadas al  narcotráfico, la extorsión y el secuestro, con alrededor de 2.500 mercenarios armados que, aunque en ocasiones tienen enfrentamientos internos por el control del negocio, se están aliando con sus antiguos enemigos las guerrillas.

3. LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILÍCITAS Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA

3.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA SITUACION ECONOMICA DE LA POBLACION MUNDIAL

 

Los  fenómenos económicos contemporáneos a nivel mundial, se convierten día a día en fenómenos aparentemente más complejos, como resultado de la globalización del sistema capitalista y de su hegemonía monopólica como modo de producción.  Hoy cualquier alternativa de desarrollo no se concibe   por fuera del mismo capitalismo, fuera del cual, se afirma sin decirlo, no hay salvación. Pero la verdad es que las contradicciones, categorías y leyes económicas siguen siendo las mismas desde su aparición como sistema predominante, solo que en la medida que las fronteras de los diferentes países además de imaginarias son superfluas cuando de obtener ganancias se trata, los aspectos negativos toman mega formas. Hoy la diferencia está en las cantidades, las cualidades siguen siendo las mismas porque son inmanentes al modo de producción. Es así como la propiedad privada sobre los medios de producción es incuestionable y la organización de la producción por parte de los propietarios tiene como objetivo la obtención de la mayor ganancia con el menor costo. De aquí que se busque   el aprovechamiento máximo de los recursos productivos físicos como las materias primas (en especial los recursos naturales y otros semielaborados)   y demás instrumentos de trabajo (maquinarias, herramientas, edificaciones, etc.). También se trata de aprovechar al máximo el capital humano (que ya no son seres humanos) a través de una remuneración salarial mínima. En el capitalismo liberal y neoliberal, la competencia es metamorfoseada como la forma ideal de libertad.

No es extraño entonces que, lo que sucedía dentro de las fronteras de los países soberanos a consecuencia de las economías capitalistas autóctonas, hoy se presente a escala mucho mayor en la llamada aldea global, que sigue siendo capitalista. La ley de la concentración y centralización del capital y de la producción sigue vigente:  en el año 1999 los 358 personajes más ricos – según un informe de Naciones Unidas - ganaban más que 2.300 millones de individuos...”[69] De manera similar se afirmó que el 2% de los adultos más adinerados en el mundo poseía más de la mitad la riqueza familiar mundial, según otro estudio publicado en el año 2000 por el Instituto Mundial para Investigación del desarrollo económico de la UNU (UNU-WIDER). Por la misma fecha una investigación más exhaustiva sobre  la riqueza personal,  informa también que en el 2000 el 1% de los adultos más adinerados poseía el 40 % de los activos mundiales y que el 10% de adultos más ricos acreditaba un 85% del total mundial de la riqueza. En contraste, la mitad de la población adulta en el mundo poseía escasamente 1 % de la riqueza mundial.

En octubre de 2007, con motivo del Día internacional para la erradicación de la pobreza nos indicaban los siguientes datos: “cuatro norteamericanos poseen juntos una fortuna superior a la del PIB de 42 naciones con 600 millones de habitantes. Dos terceras partes de la población mundial - 4 mil millones de personas - viven inmersas en la economía de la necesidad, pues ni siquiera disponen de alimentación en cantidad y calidad suficiente. En 1960 había en el mundo 1 rico por cada 30 pobres; hoy la proporción es de 1 a 80.”[70]

Según el Banco Mundial y otras instituciones del sistema, en el año 2007, el grupo de los 500 multimillonarios más ricos sumaban una fortuna de casi tres billones de dólares, mientras que más de mil millones de personas apenas alcanzaban a obtener un promedio de un dólar diario y más de tres mil millones que no alcanza a cubrir el parámetro de necesidades básicas, medidas por alimentación, vivienda y salud. Otro informe de la misma institución advertía que “La mitad de la producción mundial se da en menos del 5% de la superficie terrestre del mundo…”[71]

Pero más allá de las cifras, es necesario entender las causas de las tendencias de la transformación o metamorfosis de la sociedad, lo cual impone tener una visión objetiva de la realidad. Porque,  dependiendo del paradigma que se imponga en la comprensión del mundo por parte de los dirigentes mundiales, se lograrán con mayor o menor eficacia los propósitos y las soluciones buscadas.

En nuestra realidad, la producción, distribución y consumo de las drogas ilícitas, por el volumen de recursos monetarios que  dinamizan y por su carácter de ilegalidad, tienen gran influencia en la economía del país. Afectan los diferentes sistemas ecológicos particulares y a la madre tierra en su conjunto, a la biodiversidad y al clima, pero lo que más están afectando es a la vida humana de nuestro territorio nacional. Igualmente influye en  nuestros vecinos cercanos y lejanos, en los países con quienes nos interrelacionamos. De ahí que la implementación de la política contra las drogas ilícitas, independientemente del paradigma desde el que se diseñe, tiene que reflejarse en los aspectos del desarrollo económico y por ende en el bienestar de la sociedad.

3.2 RELACION DEL NARCOTRAFICO Y LA ECONOMIA

La existencia del narcotráfico influye de manera importante en aspectos claves de la reproducción social como son la  capacidad productiva de la población, la producción de bienes y servicios, el comercio interior y exterior, el consumo social e individual. Pero al mismo tiempo, las condiciones en que se da la reproducción social apalancan la actividad económica ilícita del narcotráfico. Precisamente por estos motivos la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, presentó un estudio en 2002 que examinó los efectos  del tráfico ilícito de drogas en el mundo[72]. Los resultados del estudio, así no coincidan plenamente con los resultados cuantitativos de otras investigaciones, mantienen y confirman algunos aspectos de carácter cualitativo que son de importancia para la formulación de una política coherente contra este flagelo:

 

·        La heroína y la cocaína siguen siendo las drogas ilícitas que más repercusiones socioeconómicas tienen en todo el mundo en lo que respecta a la morbilidad, la mortalidad y la necesidad de administrar tratamiento.

·        También se reconocen las repercusiones considerables de muchas otras drogas, principalmente el cannabis y las diversas drogas sintéticas.

·        La industria de las drogas ilícitas crea puestos de trabajo en el sector agrícola para un gran número de personas con aptitudes poco desarrolladas y escasa educación.

·        El comercio de drogas ilícitas también da empleo a “laboratoristas”, a distribuidores mayoristas, a los que se dedican al blanqueo de capitales, a distribuidores minoristas y a personas que actúan de correos.

·        Apenas unos pocos, principalmente los que organizan el comercio de drogas ilícitas, obtienen grandes ganancias.

·        A largo plazo, la industria de las drogas ilícitas provoca graves problemas que en definitiva socavarán el desarrollo económico del país de que se trate.

·        El ingreso generado por la producción y el tráfico ilícitos de drogas y las repercusiones de ese ingreso en la economía de los países no se pueden calcular con exactitud.

·        Las estimaciones que se hacen tienen por objeto dar una idea del orden de magnitud de las consecuencias económicas que esas actividades pueden tener a corto y a largo plazo para los países en cuestión.

·        Contrariamente a la noción generalizada de que el ingreso generado por la industria de las drogas ilícitas fomenta automáticamente el desarrollo económico, no hay indicio alguno de que la expansión del cultivo ilícito haya dado lugar al mejoramiento de la situación económica en general ni al de ninguno de los indicadores de desarrollo más amplios a nivel nacional.

·        Si bien hay pruebas de que la venta de drogas ilícitas puede fomentar el desarrollo económico a corto plazo, subsiste la duda de que pueda promover un proceso de desarrollo sostenible a largo plazo.

·        En los países en que se han producido drogas ilícitas se ha comprobado una declinación del crecimiento económico.

 

A partir de las afirmaciones anteriores la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes recomienda que en las actividades de fiscalización de drogas se deban tener en cuenta los siguientes aspectos:

 

·        Las drogas ilícitas generan ganancias a corto plazo para unos pocos y pérdidas a largo plazo para muchos;

·        El problema de la droga ha de considerarse en el contexto económico y de desarrollo de un país en general;

·        Existen mecanismos multilaterales arraigados para hacer frente al problema de la droga y al problema del desarrollo, y esos mecanismos deben estar mejor integrados, ya que no es posible lograr el desarrollo económico a largo plazo sin un sistema eficaz de fiscalización de drogas;

·        La producción y el tráfico ilícitos de drogas crean considerables oportunidades de empleo en los países en que reina la desocupación, aunque ponen en peligro el desarrollo del capital humano;

·        Los pequeños agricultores obtienen beneficios económicos a corto plazo de los cultivos ilícitos, si bien la suma de esos beneficios representa menos del  volumen del comercio mundial de drogas ilícitas;

·        El 99% del valor añadido del comercio mundial de drogas ilícitas es generado por el tráfico nacional e internacional;

·        El grueso de las ganancias devengadas por el comercio de drogas ilícitas se percibe en los países desarrollados; sin embargo, las consecuencias negativas económicas del problema de la droga se sienten mucho más en los países en desarrollo, en que el valor del comercio de drogas ilícitas representa un mayor porcentaje de la economía que en los países desarrollados;

·        En general hay una relación inversamente proporcional entre la producción ilícita de drogas y el crecimiento económico de un país;

·        La producción ilícita de drogas y las actividades económicas conexas comprometen el desarrollo económico a largo plazo debido a sus efectos de desestabilización del Estado, de la economía y de la sociedad civil.

 

Las anteriores afirmaciones nos llevan a concluir que las actividades que se desarrollan en la cadena productiva de las drogas ilícitas deben tener su expresión en los indicadores económicos: cuentas nacionales, Producto Nacional Bruto (PNB), tasas de empleo, ahorro nacional e inversión, crecimiento económico, inflación y deflación. La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales y se extiende a todos los continentes. Sin embargo el  carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes. De todas maneras, para algunos especialistas la economía colombiana misma depende ya en cierta medida de los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Y los carteles de la droga se han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. Una parte de los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los estudiosos, se destina a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el creciente déficit externo, así mismo permite mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría la reciedumbre de Colombia frente a problemas financieros internacionales.[73]

 

Otros analistas, en cambio, aseguran que se ha distorsionado la naturaleza del problema del narcotráfico en Colombia. Por el grado de desarrollo alcanzado por el país, sostienen, la economía no depende tanto de la droga y subsiste la capacidad soberana del Estado para combatirla. También desestiman las bondades económicas del fenómeno al considerar que el desmedido ingreso de narcodólares desequilibra la demanda interna, afecta la producción transable, altera los precios, genera expectativas sin bases sólidas y suscita, a largo plazo, un caos total.

 

 

3.3 VENTAJAS COMPARATIVAS PARA LA NARCOECONOMÍA

 

También hay quienes opinan que la alta capacidad del narcotráfico, como actividad económica, para influir en el desarrollo socioeconómico,  tiene su punto de partida en que aún Colombia conserva algunas ventajas comparativas que le permiten llevar a cabo exportaciones de alta rentabilidad, para sus productores y para sus comerciantes al por mayor. Se conceptúa que las ventajas que aún se mantienen están fundamentadas en varios aspectos como son, desde el punto de vista de la producción, la gran disponibilidad de  tierras, las cuales no  tienen que ser necesariamente fértiles; la disponibilidad permanente de  climas aptos (no tenemos estaciones) y la  característica general de que para los cultivos no se requiere disponibilidad de aguas permanentes,  como tampoco se requiere de alta tecnología para la producción. De manera similar es una ventaja que la mano de obra utilizada no tiene que ser en su mayoría altamente calificada y los pocos expertos que se pueden llegar a emplear son prácticamente complementarios a los procesos de la cadena productiva. Este tipo de fuerza de trabajo abunda en nuestros países. Se afirma que la magnitud del desempleo en Colombia y en los países limítrofes asegura al narcotráfico y a la guerra, mano de obra barata en el orden de cien y más veces de la que actualmente emplean. Lo mismo sucede con la disponibilidad de tierra. La sola disminución del área cultivada legalmente asegura a los narcocultivos un área disponible equivalente a doscientas y más veces el área actual utilizada en cultivos ilícitos.[74]

Pero también hace parte importante de sus ventajas comparativas, dentro de la ilegalidad, el hecho de que la institucionalidad sea fácil de manejar ya sea por su incapacidad o por su deshonestidad. La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático.

También hace parte de sus ventajas comparativas el hecho de ser dinamizadora de otras actividades económicas  ilegales y legales, por lo que cuenta con un amplio respaldo de tirios y troyanos. Por ejemplo los proveedores internos de raciones y vestuario para los hombres en armas, los proveedores externos y distribuidores internos de armas y municiones, amén de los de otros gastos no militares requeridos por guerrilleros y paramilitares.[75] La preparación de la guerra intensa, genera un mayor interés en los fabricantes de armas, se construye una economía de la guerra con las ganancias del narcotráfico y con el presupuesto nacional. Se calcula que para un total de 30.000 combatientes los gastos pueden ser del orden de 3.000 dólares anuales per cápita o sea 900 millones de dólares anuales, lo cual es una suma que indudablemente despierta la codicia de muchas personas, máxime cuando el número de combatientes tiende a incrementarse.

Desde el punto de vista de la demanda,  la producción de cocaína  y heroína, así como la misma marihuana aunque ya en menor proporción, tienen un mercado cautivo de altos ingresos en crecimiento y en donde la elasticidad de la demanda es muy poca frente a los cambios de los precios. Por lo tanto,  las posibilidades de crisis económicas de superproducción en ésta rama no se ven tan cercanas y el negocio,  aun siendo de alto riesgo en su calidad de ilegal, cuenta con la demanda suficiente para que ese riesgo sea asumido con osadía, porque asegura  alta rentabilidad. Sin embargo, es necesario reconocer que se viene manifestando una tendencia creciente por el consumo de otras drogas, principalmente de carácter sintético, que inclusive se están abriendo paso en la economía nacional a través del consumo de nuestras juventudes, lo que permite prever una posible sustitución de la cocaína, la amapola y la marihuana en los mercados nacionales y mundiales. Es bueno recordar que con la aparición del plástico y su consecuente industria se sustituyeron gran cantidad de productos de origen agropecuario y minero. Así mismo recordemos que hace unos 150 años,  el famoso tenor Caruso inauguró con su presentación el teatro Amazonas, “monumento barroco de bastante mal gusto”[76] en la época del apogeo del caucho  en Manaos. Las ventajas comparativas de carácter natural y con mayor razón las de carácter artificial, son desplazadas por la tecnología, es decir por los dueños de los avances en la ciencia, en la técnica y en el conocimiento en general, campos en los que nuestras ventajas comparativas nos tienen en los últimos puestos de la escala mundial.

En el mundo globalizado que conocemos existen además otras ventajas comparativas, tanto para producir como para comerciar y consumir diferentes tipos de mercancías. Todas las discusiones sobre los tratados de libre comercio, como su nombre lo indica, tratan es de ponerse de acuerdo en cuáles tipos de productos se han de intercambiar y en qué condiciones, obviamente para lograr el máximo beneficio de las partes. Solo que las partes no tienen siempre, mejor casi nunca, tienen igualdad en las ventajas de negociación y por lo contrario, algunas partes tienen mayor oportunidad de salir más favorecidas cuando tienen más elementos  a su favor. De aquí que aspectos relacionados con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la democratización, la defensa de los líderes políticos, sindicalistas, periodistas, etc. son elementos adicionales a las negociaciones. Nunca son el objetivo central de los acuerdos como a veces se quiere mostrar a la opinión pública, son simplemente medios adicionales en las negociaciones.

No es extraño entonces que los congresistas demócratas de los Estados Unidos de Norteamérica,  en abril de 2009 al término de una visita al país hubieran expresado  que "El Plan Colombia ha funcionado, está funcionando y necesita continuar. Estamos complacidos con el progreso que ha hecho en derechos humanos, con el compromiso del presidente Uribe y su gabinete para focalizarse en que los ciudadanos sean protegidos, sean amigos o de la oposición"[77], cuando la realidad es que los progresos del Plan Colombia han sido seriamente cuestionados y los derechos humanos son permanente violados y a escalas poco comparables en el planeta. Precisamente, por eso mismo, por el propósito de los tratados de libre comercio, tampoco es extraño que en la misma fecha y respecto al mismo tema,  otros legisladores, pero esta vez ingleses,  manifestaran al terminar su propia visita que se iban  “dejando como conclusión que el Gobierno de Álvaro Uribe y la Fuerza Pública son cómplices de la mayoría de casos que se registran de violaciones de derechos humanos, por lo cual no se debe apoyar ningún acuerdo comercial para Colombia, ya sea con Estados Unidos o la Unión Europea.”[78]

3.4 LA COMPETIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO NACIONAL

Es un axioma económico que para poder consumir es necesario producir, aunque algunos teóricos afirman para negar la importancia de la producción de bienes y servicios,  que también se puede vivir de la renta, de los intereses y del comercio. Valga la pena recordar que los bienes y servicios que se comercian o que se arriendan y los dineros que se prestan, que son representaciones simbólicas de las mercancías, son obtenidos después de procesos productivos. Que la sociedad que no produce está condenada a desaparecer, es otra afirmación tan clara y evidente que no es necesario ni el momento de demostrarlo. Entonces, las posibilidades de  crecimiento, progreso y desarrollo social dependen en gran medida de las capacidades que se tengan para producir y de su aprovechamiento efectivo.

Las capacidades productivas están determinadas fundamentalmente por la tecnología instalada en las unidades productivas (empresas de todos los tamaños) y por las capacidades físicas y psíquicas de los productores directos, es decir por el conocimiento y habilidades de los productores directos.

Respecto al nivel de las capacidades productivas de nuestra sociedad,  un estudio sobre competitividad publicado por “The Economist”, en abril de 2009, reportó que   “Colombia obtuvo una calificación total de 25,4 puntos sobre 100. Estados Unidos es el primero en el escalafón (74,6 puntos), Taiwán es segundo (69,2) y el Reino Unido tercero (67,2) … Entre los 10 países americanos evaluados, Colombia ocupa el octavo lugar, superando tan solo a Perú y Ecuador, que alcanzaron puntajes de 24,8 y 24,5, respectivamente. Además de Estados Unidos, por encima de Colombia se ubican Canadá, Chile, Brasil, México, Argentina y Venezuela.” Según el reporte,   el año 2008 Colombia ocupó el puesto 51 entre 64 países, con una calificación total de 25,7 puntos. En estos dos años, en vez de mejorar nuestras capacidades competitivas las empeoramos levemente, aunque la verdad es que queda poco espacio para empeorar más en la escala mundial.

 

Aunque a nivel individual algunas empresas pueden contar con tecnologías muy avanzadas, en especial las de capital foráneo, la realidad es que como lo demuestran las investigaciones, a nivel social nos encontramos en condiciones técnicas desventajosas. Esto implica que para competir en la aldea global con mercancías similares llegamos con  costos de producción mayores que los que tienen en promedio los demás productores, en ocasiones superiores a los precios de venta de los productores más tecnificados. Un espejo práctico para ver este fenómeno los encontramos en los hipermercados, en donde encontramos productos a precios que son inferiores a los costos que se requerirían para producirlos a nivel nacional.

 

Según el estudio comentado Colombia, independientemente de las buenas intenciones en cuanto a las políticas establecidas para superar este gran inconveniente,  falla en puntos relevantes como son el capital humano, la infraestructura y el entorno de investigación y desarrollo. Para el área de Información y tecnología (IT), en infraestructura la calificación para Colombia es de 4,3 puntos mientras que los países líderes registran entre 80 y 90 puntos. En investigación y desarrollo, el país está entre los de más bajo nivel (0,1 puntos), cuando hay países como Taiwán y Corea del Sur, que ya registran 74,3 y 59,9 puntos, respectivamente.

 

Conviene resaltar lo que al respecto dijo Ian Raisbeck,
representante de la Business Software Alliance (BSA) en el país: "Es triste ver a Colombia en los últimos puestos, pero lo verdaderamente importante es que identifiquemos que mejorando la infraestructura tecnológica, generando un ambiente favorable para la inversión extranjera y creando un plan para que haya más programas de posgrado y maestrías tecnológicas es como podremos convertir al sector tecnológico en uno de los más competitivos del país”. Es decir, la recomendación es que debemos hacer mayores esfuerzos (léase gastos por parte del país en preparar mano de obra calificada y en  infraestructura, además de mejorar la normatividad existente) para que las inversiones extranjeras tengan mayor competitividad en el área de la tecnología.

 

Los niveles de atraso no solo se dan en la tecnología de punta, que es una falla cardinal en el mundo moderno,  lo mismo se puede decir de las demás actividades económicas, así por ejemplo, en el Conversatorio Agroindustria, Biotecnología y Competitividad, organizado por AGROBIO, la SAC y el Consejo Privado de Competitividad[79] se demostró que “el sector agropecuario colombiano no atraviesa por el mejor momento pues ha crecido menos que la economía en su conjunto durante las últimas tres décadas.” Las causas de éste gran atraso se le adjudican a  que “El sector agropecuario cuenta con bajo capital humano y falta de fuerza laboral calificada.” Una de nuestras más grandes falencias es el desempleo estructural, como consecuencia de la falta de planeación en la educación superior: “Colombia dice ser un país agrícola y, hoy en día, tenemos más graduados en bellas artes que en agronomía, veterinaria y ciencias afines”. Contamos con una de las biodiversidades más robustas y exóticas del planeta pero las perspectivas de mejoramiento en éste aspecto son muy pocas ya que “Según estudios del ministerio de Educación (2005) tan sólo el 2,8% de los egresados de educación superior estudian ciencias relacionadas con el sector.” Y según el Banco Mundial, “la investigación y desarrollo en el sector agropecuario es muy baja. De 127 investigadores por millón de habitantes - que ya es un porcentaje muy bajo incluso en comparación con la región (Chile cuenta con 833, Argentina con 768, Brasil con 462 y Venezuela con 206) - solo el 7,1% de ese total investiga en ciencias agrícolas.”

Es necesario advertir que respecto a la competitividad de nuestra fuerza de trabajo también encontramos apreciaciones que aparentemente contradicen las anteriores afirmaciones y que estimulan la inversión extranjera en Colombia. Por ejemplo el presidente ejecutivo de Siemens, comentaba[80] que era muy probable que el éxito de las inversiones extranjeras en Colombia se debiera a la disponibilidad de mano de obra nacional. “Colombia posee el capital humano más y mejor calificado de la región, y uno de los mejores del continente. Su competitividad y compromiso hacen de Colombia y su gente un polo de atracción para el inversionista.” Resaltan de este comentario tres aspectos: uno, que existe éxito en las inversiones extranjeras, cosa que no es seguro afirmar para las nuevas empresas nacionales. Dos, la capacidad, es decir el nivel de preparación y habilidades de los trabajadores. Y tres, la voluntad de nuestra fuerza de trabajo para trabajar haciendo bien las cosas que le corresponden. Respecto a la capacitación hace los siguientes comentarios:

·        La fuerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad Andina y entre las más calificadas a nivel gerencial y operativo de América Latina. 

·        La tasa de alfabetismo de Colombia es una de las más altas de América Latina. Para 2007 dicha tasa fue 92,1%, lo que muestra una importante mejora en comparación con 1990 (88,4%)

·        Colombia tiene una gran disponibilidad de profesionales altamente calificados,  particularmente para posiciones gerenciales.

 

De acuerdo con el World Competitiveness Yearbook (WCY) 2008, Colombia se ubicó en el puesto 32, entre 55 países, en términos del nivel de competencia de los gerentes locales. El mismo estudio ubicó a Colombia en el puesto 9 en términos de disponibilidad de trabajo competitivo, superando a países como Argentina, México y Venezuela. 

GRAFICO Nº 2

DISPONIBILIDAD DE TRABAJO Y GERENTES COMPETITIVOS

Disponibilidad de Trabajo Competitivo                       Gerentes Competitivos

(0 = No disponible  10= Disponible)                  (0 = No Disponible   10 = Disponible)

 

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2008

Los indicadores del WCY 2007 muestran que:

Como se puede concluir de los anteriores comentarios, es necesario establecer dos tipos de políticas respecto a la competitividad de la fuerza laboral colombiana. De una parte, mejorar los niveles académicos que promuevan la tecnología de punta y su aplicabilidad a nuestras condiciones industriales en la producción de bienes y servicios. De otra parte, establecer los programas que posibiliten la vinculación laboral de la mano de obra disponible pero subutilizada que existe en la actualidad en el país. Mientras no existan las condiciones suficientes de supervivencia dentro de la legalidad, el participar en los procesos de producción y distribución de drogas ilícitas siempre será una alternativa atractiva para los desempleados.

3.5 EFECTOS DEL NARCOTRAFICO EN LA ECONOMIA

Cuando decimos que el narcotráfico tiene efectos en la economía, queremos hacer referencia fundamentalmente a la economía nacional. Sin perder de vista  que también tiene efectos en la economía de grupos humanos específicos, como es el caso de las diversas poblaciones rurales, pequeños propietarios, campesinos, asalariados,  empleados y desempleados, así como en algunos grupos humanos que habitan áreas urbanas de comunas y barrios poco favorecidos. También el narcotráfico influye en la economía de grupos de personas con recursos medios y altos. Un ejemplo de estos últimos son los que Gustavo Ducan define como los Señores de la Guerra[81], personajes cuyas cinco principales características son 1. Que ejercen una hegemonía político militar sobre alguna población o territorio. 2. Que se apropian de las funciones del Estado en alguna área local, pero que respetan al Estado central. 3. Que se abrogan el derecho de administrar la justicia en las comunidades bajo su dominio. 4. Que explotan alguna economía particular (en nuestro caso por lo general está relacionada con las drogas ilícitas,  pero también pueden ser de otros campos ilícitos y aun de algunos lícitos) y 5.Que manejan el derecho de ciudadanía en las regiones bajo su dominio.

De tal manera que los recursos que circula a partir de la actividad del narcotráfico, tocan a todos los estratos socioeconómicos existentes en el país y a todas sus clases sociales. El país visible y el invisible sienten alguna influencia, mayor o menor, directa o indirectamente, del narcotráfico y de los volúmenes de recursos que circulan como consecuencia del lucrativo negocio. Esta influencia se refleja en aspectos de gran importancia de la economía nacional.

Los recursos del narcotráfico, son dinero que como equivalente general de las mercancías, de acuerdo a su poder adquisitivo (su volumen y valor relativo) influye sobre los precios de todas las demás mercancías existentes en el mercado. Como todo el mundo lo sabe, además porque lo ha sentido, la escasez de dinero hace que los precios de las cosas que se encuentran disponibles en los mercados bajen y lo contrario, cuando abunda la capacidad adquisitiva de los compradores potenciales nos damos el lujo de pagar más dinero por las mismas cosas que antes comprábamos más baratas.

El dinero del narcotráfico al intermediar en los mercados, además facilita que las demás mercancías circulen,  que cambien de propietarios, que pasen de unas manos a otras. El dinero del narcotráfico, como todo dinero, posibilita que las mercancías den el doble salto mortal que deben cumplir para poder realizarse, para poder ser mercancías y no quedarse en los mostradores como simples productos inútiles a personas ajenas a su propio productor. Es decir, los recursos que se utilizan para comprar cosas posibilitan que esas cosas confirmen que le son útiles a la sociedad, esto es, que tienen valor de uso y que a la vez tienen valor de cambio, que tienen una cantidad de trabajo social materializado en sí mismas, tal que les permite ser intercambiadas por otras mercancías. El dinero del narcotráfico al ser un medio de intercambio, como todo dinero, independientemente de su legalidad, posibilita que muchos productos puedan cumplir como mercancías, al demostrar que tienen valor de uso y valor de cambio, características conditio sine qua non de las mercancías y fundamento del funcionamiento del sistema capitalista, porque precisamente es aquí, en éste proceso donde se rescatan los costos de producción y se obtienen las anheladas ganancias.

También el dinero del narcotráfico influye en la economía nacional, al ser guardado, al servir como medio de acumulación de tesoros y de ahorro, ya sea como caletas es selvas y lujosos chalets,  o como cuentas de ahorro o cuentas corrientes, en bancos estrictos o en paraísos fiscales. Porque estos recursos representan significativos potenciales de inversión y de consumo, posibilidades importantes de activación, crecimiento y fortalecimiento de diversas actividades económicas.

El dinero del narcotráfico al mismo tiempo, representa una posibilidad de los países para cumplir con las obligaciones de carácter internacional. En dinero del narcotráfico en su carácter de dinero mundial tiene influencia sobre la balanza  de pagos, sobre la balanza comercial y la cuenta de capitales.

Estas características de los recursos generados por el negocio del narcotráfico, no solo influyen en la economía nacional, porque el narcotráfico es una actividad que abarca todo el globo terráqueo. Como dice Peyote[82] es un negocio mundial. La producción, la distribución, la comercialización y el consumo de más de 4.000 toneladas métricas de opiáceos por año, que de una o de otra forma interrelacionan todos los continentes, con movimientos monetarios gigantescos y clandestinos, involucran y afectan directamente las economías de  Birmania, Laos,  Tailandia Afganistán y Paquistán en Asia; Perú, Bolivia, Colombia y México en América Latina,  que como productores se interrelacionan con los consumidores que compran drogas ilícitas naturales en Europa y América del Norte y demás continentes. De otra parte, el proceso reproductivo de las drogas ilícitas sintéticas también mueve voluminosos recursos. De tal manera que es indudable que directa o indirectamente, todos estamos influidos en mayor o menor grado por la economía del narcotráfico.

La influencia del narcotráfico en la economía de los países se refleja en la industria, la formación de capital, la confianza inversionista, en el empleo, los costos de transacción, los costos privados de seguridad, las utilidades,  la propiedad y explotación de la tierra urbana y rural, la finca raíz, en el monto y el movimiento de las divisas, la tasa de crecimiento del PIB, etc. (XXX)

El  profesor Francisco E. Thoumi en una investigación del año 1995 afirmaba que “La mayoría de los economistas colombianos que han estudiado este fenómeno concluyen que, finalmente, la industria ilegal ha tenido un efecto negativo sobre el comportamiento de la economía colombiana… En particular, la industria ilegal ha actuado como un catalizador que aceleró un proceso de "deslegitimización" del régimen contribuyendo al estancamiento económico. Este proceso ha producido una disminución muy notable en la confianza para negociar, lo que aumenta los costos de transacción; ha contribuido a aumentos en la violencia e impunidad que han inducido la fuga de capital "limpio" y han aumentado los costos privados de la seguridad; ha promovido expectativas de grandes utilidades rápidas que han resultado en inversiones altamente especulativas y aumentos en el número de quiebras, desfalcos, etcétera. La mayoría de los economistas también concurren en que la economía colombiana puede comportarse bastante bien sin la industria de drogas ilegales. Si esta industria desapareciera, el peor escenario sería una recesión relativamente suave de unos dos años, lo que muchos consideran un precio relativamente bajo comparado con los beneficios que a largo plazo pudieran resultar.”[83] (¿Cuál es la validez de esta afirmación hoy, 13 años después? XXX)

3.5.1 VOLUMEN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL NARCOTRAFICO

Los volúmenes de los recursos que se mueven alrededor del negocio de las drogas son definitivamente una gran incógnita. Como se ha repetido, son muchas las actividades legales e ilegales,  con mayor razón éstas últimas,  las que se relacional con el negocio y difícilmente se podría calcular con exactitud los montos de dinero que se mueven junto al narcotráfico. En la actividad propia de la producción, distribución y consumo de las solas drogas ilícitas existen aproximaciones que solo permiten dar un orden de magnitud a las cifras.

Con relación a la cocaína[84]  se afirma que “El precio que paga el consumidor último de estupefacientes en los países ricos viene a ser unas doscientas veces superior a lo que se le paga a los cultivadores de las materias primas necesarias para su obtención.” Lógico que el precio final incluye entre sus costos de producción una serie de elementos que van desde materias primas adicionales, costos de infraestructura, transporte y hasta los pagos por concepto de corrupción. Aunque se afirma que los costos adicionales no son tan onerosos para los narcotraficantes, si es que éstos se relacionan con los recursos obtenidos al final. En un estudio publicado hace más de 12 años se afirmaba con admiración  que “El negocio de las drogas ilegales mueve cien mil millones de dólares en los circuitos financieros mundiales e interesa a muchos más que a adictos y traficantes: hay Estados cuya economía depende de ellas, políticos que llegan al Gobierno bajo la influencia de los cárteles e industrias que aportan productos para su fabricación.”[85] Hace apenas un año ya no era ninguna sorpresa informarle a la opinión pública que “Opio, cocaína, marihuana y anfetaminas movilizan mundialmente cada año un presupuesto que puede doblar el de un país petrolero como Venezuela. Debidamente ¿lavadas? y llevadas a honorables bolsas de comercio, las ganancias anuales del narcotráfico llegan a representar ¿en acciones perfectamente legales? más de 300 billones de dólares: una cifra que torna ridícula la pretendida especie de que es éste un negocio manejado por capos tercermundistas que se esconden en algún búnker de Colombia o Afganistán.”[86] Es conveniente llamar la atención sobre la anterior afirmación, que se refiere al monto de la ganancia; categoría económica que por definición excluye los costos de producción, por lo tanto se refiere exclusivamente al beneficio obtenido. Así mismo, es conveniente recordar que un billón en español equivale a un millón de millones (1.000.000.000.0000), mientras que como expresión anglosajona equivale a mil millones (1.000.000.000).

Difícilmente se puede encontrar otro negocio que en el proceso de transformación y realización del producto final los rendimientos monetarios sean tan voluminosos y tan dinámicos. Tomando en consideración el negocio de la sola cocaína, por ejemplo, los 235 kilos de hoja de coca, que se requieren para producir un kilo de cocaína en promedio pueden costar 1.375 dólares, mientras que a los consumidores finales (al por menor) ese precio puede alcanzar un promedio de 60.000 dólares. “Pero no es un kilo: son 992.000, que eso fue, según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) la producción mundial de cocaína en un año tan cualquiera como 2007. Y no es sólo coca: también hay, igual de lucrativos o más, 8.870.000 kilos de opio. Y 41.400.000 kilos de marihuana. Y 494.000 de anfetaminas varias. Y pare usted de contar alucinógenos y otras especies.”[87] Si con base a estos datos calculamos el volumen monetario de la sola cocaína producida en el año 2007, al precio anotado de los consumidores, éste alcanzaría la cifra de  59.520 millones de dólares.

En un informe reciente de las Naciones Unidas[88], el director ejecutivo de la ONUDC, Antonio María Costa, dijo que el costo estimado del mercado mundial de drogas ilícitas es de 320.000 millones de dólares, que "Las drogas están entre las mercancías más valiosas del mundo", y que "Los beneficios del delito relacionado con las drogas son de magnitud macroeconómica".

Los últimos datos oficiales sobre el volumen de producción de cocaína en Colombia nos indicaban que se registró una leve disminución de la producción, de 600 toneladas métricas en 2007 a unas 430 toneladas en el 2008[89], sin embargo los movimientos cíclicos de la producción de las SPA son similares y tan racionales económicamente como lo son en la producción las demás mercancías, como se puede observar en la tabla Nº 2 y el gráfico Nº 3.

En promedio durante los 18 años registrados, Colombia produjo 430 toneladas métricas anuales, cifra que coincide casual y extrañamente, con el volumen adjudicado por la ONU para la producción del año 2008. Sea como sea, incluyendo la información oficial del año 2008, el promedio de los últimos 10 años ha sido una producción de 604.2 toneladas anuales, las cuales traídas a precios actuales, de 200 dólares por gramo nos da cifras interesantes.

 

 

CUADRO Nº 2

FABRICACION POTENCIAL DE COCAINA EN TONELADAS METRICAS[90]

           

 Fuente: UNODC, http://www.unodc.org/pdf/WDR_2004/Chap3_coca.pdf, http://www.unodc.org/pdf/WDR_2005/volume_1_web.pdf

 

A partir de los comentarios del ministro de defensa colombiano Juan Manuel Santos, podríamos hacer unos cálculos de aproximación a los datos reales sobre las cifras monetarias que se mueven en el negocio. El ministro nos informó[91] como parte de victoria, de la lucha contra el narcotráfico,  que “con base en el informe que recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se corroboró que el precio del gramo de cocaína subió entre enero de 2007 y diciembre del año pasado,  de los 97 dólares a los 199,60 dólares”  y que "La última cifra que nos dio el Gobierno de Estados Unidos muestra que el precio de la cocaína llegó a niveles sin precedentes, nunca antes se había visto un precio tan alto y ni habíamos visto una pureza tan baja". Igualmente  afirmó que “la pureza de esa droga disminuyó del 67 al 44 por ciento en ese lapso de tiempo”. Con esta información podríamos hacer un ejercicio de aproximación a las cifras reales y calcular que a precios constantes de 2009 la producción de cocaína en Colombia durante los últimos 19 años,  la cual según datos oficiales fue de 7.948 toneladas métricas y tendría un precio actual de 7.948 x 1.000. 000 gramos x 200 dólares = 1,5896E+12 dólares, esto es US$ 1.589.600.000.000 (un billón quinientos ochenta y nueve mil seis cientos millones de dólares estadounidenses). De esa cantidad el 76% se abría obtenido en los últimos 10 años. Es decir un billón doscientos ocho mil cuatrocientos millones de dólares (1.208.400.000.000) se habrían producido en los dos últimos dos lustros.

               

 

           

Solo la producción de las 430 toneladas métricas de 2008 valdría ochenta y seis mil millones de dólares (86.000.000.000) en las calles de Estados Unidos. Aunque si fuéramos sofisticados en los cálculos, tomando en consideración que la cocaína producida y la vendida al consumidor directo tienen diferentes grados de pureza (la primera es de una pureza cercana al 100% mientras que la segunda es rebajada para rendir los ingresos) las cifras podían aumentar entre 33 y 54%.

Valga resaltar que del precio de 60.000 dólares por Kilo de cocaína en 2007, que reconoce Hernán Carrera,  pasan a ser 199.600 dólares en diciembre del mismo año si se toma en cuenta los datos del Ministro de Defensa (199.6 dólares por gramo). Esto es, que se registraría un incremento de los precios en cerca del 233%. Ahora bien, si se toman solo los datos del ministro el incremento es del 106%, que de todas maneras es un buen negocio para cualquier capital.

Pero la cuestión es, ¿cómo influyen esos volúmenes de dinero en la economía de nuestro país? 

3.5.2 INFLUENCIA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB

En un importante ensayo[92] el economista alemán Nicolás H. Hardinghaus, hace 20 años se preguntaba si es posible medir el efecto del narcotráfico en la economía nacional y sus respuestas hoy siguen siendo plenamente válidas. Por su carácter de ilegal el narcotráfico evita la publicidad abierta y el control de la sociedad, por lo que no aparece en el sistema oficial de cuentas. Al no aparecer y tener en la realidad ingentes recursos, lógicamente distorsiona los resultados anuales de la contabilidad del país. La medición oficial del PIB y su tasa de crecimiento, al no tomar en cuenta estas actividades, registran una  producción nacional inferior a la real.

Tomando en consideración que dicha información es de suma importancia para el establecimiento de las políticas administrativas, económicas y sociales, la distorsión de los datos repercute en la elaboración de diagnósticos erróneos y así mismo en la formulación de propuestas equivocadas, tanto en las políticas mismas como en los programas y proyectos que se proponen en los planes de gobierno.

Sin embargo existe una serie de cuentas que se desprenden de la lucha contra las drogas como son las compras de insumos, armas, aviones, pago público de sueldos, inversiones fuera del negocio directo de la droga, etc. que sí aparecen en las cuentas nacionales y lo evidente es que por efecto directo del ingreso de recursos del narcotráfico el producto interno bruto tiene que crecer, así como el empleo y los precios. Para Hardinghaus  “La narcoeconomía influye directa e indirectamente en el PNB. Directamente, por las propias actividades de intercambio de droga por dinero. Indirectamente, por todos los negocios y procesos que genera, o asistiendo o facilitando la narcoeconomía, u obstruyéndola.” Aunque también se debe reconocer que “Medir este efecto resulta aún más difícil que medir los efectos directos e indirectos del negocio de la droga mismo.”

Para explicar el efecto de los recursos del narcotráfico en la economía nacional Hardinghaus propone la ecuación del consumo keynesiana o sea, la de la demanda agregada:

Y = SP + G.

En donde:

Y = es el total de la producción en un período de tiempo determinado, por lo general un año. Esta cantidad se puede identificar como el PIB o el Producto Nacional Bruto (PNB)

SP = los gastos o compras del sector privado, en donde participa directa e indirectamente el mercado creado por el narcotráfico

G = los gastos o compras del gobierno, que para el caso son los gastos en represión del delito.

La participación del narcotráfico en la formación oficial del PIB  (Y) depende entonces del volumen de los recursos que efectivamente entren al país por esta actividad y de la parte que de esos recursos se utilicen para comprar los insumos necesarios para la reproducción de los procesos productivos de drogas ilícitas y  para la compra de bienes de uso y consumo diferentes a los destinados a la producción de SPA.

Además, también influye el valor de los recursos del Estado que se destinan para enfrentar el flagelo de la actividad. En nuestro caso los recursos del Plan Colombia son un ejemplo, aunque como se sabe no son los únicos recursos destinados a tal efecto.

La ecuación de la demanda es válida tanto para los países productores subdesarrollados como para los consumidores desarrollados, aunque “la relevancia relativa de la estimulación económica por la narcoeconomía varía mucho. Es menos grande en países como EE.UU., pero muy importante en países pobres involucrados.” No se puede olvidar que en la distribución de los recursos se afirma que a los productores directos solo les corresponde un 1% del total de los recursos generados en el negocio, por lo que los más favorecidos de la clandestinidad de las drogas ilícitas, nuevamente, serian los países altamente desarrollados.

Otro aspecto de importancia en el estudio de Hardinghaus, es la creación de empleos. “La narcoeconomía genera empleos en todos los niveles de la cadena, desde la siembra hasta el consumo. En los países del Tercer Mundo estos empleos se crean primordialmente en la agricultura. El cultivo y la cosecha de cannabis, coca, amapola, dan ocupación a «ejércitos de reserva» de la fuerza de trabajo. Sembrar, cultivar, cortar, pisotear la hoja de la coca hasta convertirla en pasta - primeros pasos en el proceso de producción de la cocaína - mejora, por la inmigración a las zonas del cultivo, la situación laboral de los países afectados, en general. Se dan empleos en la industria (procesamiento), en el comercio (almacenamiento, distribución al por mayor, transporte de la droga), finalmente en los servicios (seguridad, finanzas, consultoría legal, etc.)” Importante el concepto que enuncia de «ejércitos de reserva» ya que este hace referencia a una categoría de vital importancia para el sistema capitalista. En la medida que el volumen de desempleados sea mayor la posibilidad de pagar menores salarios también es mayor por lo que en el capitalismo liberal es mayor la posibilidad de obtener mayores ganancias para los empleadores. Pero al mismo tiempo, en la función social del Estado un mayor desempleo implica mayores erogaciones en subsidios y gastos asistenciales. Entonces, mientras que la actividad del narcotráfico disminuye el volumen del ejército de reserva en los países productores, no atenta contra la ganancia capitalista de las actividades legales porque el número de desempleados es muy alto, pero en cambio si disminuye significativamente la presión por las reivindicaciones sociales.

En los países desarrollados también el narcotráfico genera empleo, sin embargo éste tiene otras características que implican efectos económicos diferentes. “La generación de empleos en los llamados países consumidores se concentra en el comercio (distribución de la droga al por mayor y al por menor, transporte), y en los servicios (bancos, consultoría financiera, servicios sociales, servicios médicos, personal de campañas anti narcotráfico).” Es un empleo más cualificado y con alta participación del empleo formal.

Para estudiar el efecto del narcotráfico en el ahorro nacional, el cual está directamente relacionado con la inversión del país, Hardinghaus desagrega el concepto de gasto del sector privado (SP) en 2 componentes: consumo (C) y ahorro (L), esto es:

SP = C+L

De donde la ecuación de la demanda agregada Y = SP +  G se puede expresar como:

Y = C + L + G

Es decir la demanda agregada (Y) en un país depende del Consumo, lo que compran los particulares,  más lo que ahorren y/o estén dispuestos a invertir, más los gastos del estado.

De otra parte, el consumo de los particulares (C) depende de los ingresos que ellos obtengan, en la  relación siguiente:

C = a + bY

Significa que el consumo de los particulares (C) depende del valor de la demanda agregada o ingreso agregado (Y). A mayor ingreso obviamente mayor consumo. Pero no todos los ingresos de la población son consumidos, porque de ellos una parte se ahorra. Si bien es cierto que una gran parte de la población, los menos favorecidos, no pueden ahorrar porque sus ingresos no les permiten siquiera satisfacer totalmente sus necesidades básicas, la parte de la población de mayores ingresos sí tiene capacidad de ahorro.

Los coeficientes a y b son constantes de comportamiento del consumo, teóricamente si el ingreso (Y) fuera cero, el consumo de todas maneras sería

C = a + b (0) = a = un mínimo vital

El coeficiente b es equivalente a la propensión marginal al consumo, es decir cuánto del ingreso adicional se tiende a consumir. Si por ejemplo un ingreso crece de 4.000 a 5.000 unidades monetarias y el consumo pasa de 4.000 a 4.850 entonces significa que un incremento de 1.000 unidades del ingreso genera  un incremento del consumo en 850 unidades, por lo que

b = 850/1.000 = 0.85

Significa que de cada unidad adicional de ingreso 0.85 unidades se destinan al consumo, o sea que la tendencia marginal al consumo es del 85% del ingreso adicional. El restante 15% se destina al ahorro.[93]

De lo anterior la demanda agregada se puede expresar:

Y = a + bY + L + G

Despejando la demanda agregada

Y – bY = a + L + G

Y (1 – b) = a + L + G

Y = 1/(1 – b) (a + L + G)

En donde

1/(1 – b) = multiplicador de la demanda por efecto de la tendencia al consumo.

Por lo tanto su inverso, el multiplicador de la demanda agregada por efecto de la propensión marginal al ahorro será:

1/ (1/(1- b) = 1- b

Finalmente la demanda agregada o Producto Nacional Bruto, tomando en consideración el multiplicador de la demanda agregada por efecto de la propensión marginal al ahorro, será igual a:

Y = (1 – b) (a + L + G)

La tendencia marginal al ahorro es de gran importancia en este modelo teórico de Keynes, ya que la fuente de la inversión (dinamizadora del crecimiento económico) es precisamente el ahorro.

Como dice Hardinghaus,  “Ahora bien, por lo clandestino, el ahorro generado por la narcoeconomía no se ve.” Pero la certeza es  que los recursos del narcotráfico que entran al país  influyen en el ahorro nacional. Como la fuente de la inversión es precisamente el ahorro, son inversión todos los recursos que los narcotraficantes realizan para recuperar lo consumido en el proceso productivo anterior y aquellos que se realizan para ampliar el proceso productivo (inversión nueva). Todas estas son compras que los narcotraficantes le hacen a otras ramas económicas legales e ilegales, y que dinamizan las actividades económicas del país.

La reposición y nuevas compras que requieren para los laboratorios, edificaciones y construcciones, instrumentos y medios de producción. “Gran parte de los ingresos de la droga se utiliza para cubrir gastos de operación, materia prima, transporte, salarios, sobornos, lavado del dinero, etc. Se estima que en Colombia más de 60% de los ingresos brutos de la cocaína, por ejemplo, se reinvierten en el propio negocio. Es decir, este dinero beneficia ante todo a los carteles de la droga y sus socios, e indirecta y marginalmente a la economía del país[94].Al mismo tiempo son muy  importantes, desde el punto de vista de la activación y dinámica de la economía nacional, las inversiones que se hacen por fuera de la producción de sustancias ilegales,  como es el caso de la compra de bienes raíces, fabricas, supermercados, plantaciones, acciones en áreas deportivas y turística y demás papeles de valor. Sin embargo es conveniente reconocer que algunos estudiosos del tema opinan que las repercusiones no son tan importantes, “Empero, un examen más detallado muestra que las repercusiones reales en la producción son muy relativas. Según un estudio del economista Mario Arango, a finales de los ochenta 75% de los narcotraficantes prefería colocar su dinero en bienes raíces (departamentos, casas, ranchos, etc.), mientras que pocos (si acaso algunos) se interesan por sectores productivos tradicionales, como minería, textiles o manufacturas. Las inversiones legales del narcotráfico incluyen actividades de uso dual (dual-use): empresas con un giro comercial común (laboratorios farmacéuticos, electrónicos, etc.), pero con áreas productoras de productos químicos y accesorios para obtener la droga. En los sectores agropecuario y pesquero operan empresas exportadoras de camarón, pulpa de fruta, flores cortadas y otros cultivos, entre cuyos contenedores se esconde el producto ilícito. Otra parte de los ingresos netos del narcotráfico se destina a la compra de propiedades y bienes suntuarios (joyas, oro, autos, yates, etc.), por lo que su efecto como inversión también se diluye.[95]

Las inversiones originadas en los recursos del narcotráfico tienen como la gran mayoría de las inversiones en el sistema capitalista objetivos claros: buscar una alta rentabilidad, servir de respaldo en el momento que por gajes del oficio se puedan requerir recursos a la mano y adicionalmente legalizar, blanquear o lavar, las riquezas. Por lo general estos tres objetivos no van de la mano en el mismo sentido, no siempre las inversiones más rentables son las más legales, ni las más fácilmente disponibles a corto plazo y viceversa.

Tomando en consideración el volumen de los recursos que ingresan al país como consecuencia del negocio del narcotráfico, el efecto del multiplicador no puede ser despreciable en nuestra economía nacional. De acuerdo con Hardinghaus, quien realizó algunos cálculos para varios países  en el año 1988, advertía que el efecto multiplicador no podía precisarse con exactitud, solo podía estimarse: “El mismo Keynes creía que el multiplicador de gastos en EE.UU. tenía un valor entre 2, 5 y 3. Otras estimaciones ubican el multiplicador, en economías con bajo desempleo, entre 2 y 3,4. Otro debe ser el multiplicador en caso de una economía en desarrollo con alta tasa de desempleo, como la de Bolivia. En tal caso, se justifica un multiplicador de 4 a 5, Por consiguiente, la afluencia de sólo 600 millones de dólares conduce a un efecto impulsor de 2.400 a 3.000 millones de dólares… En lo que toca a Colombia, los ingresos mundiales sólo del Cartel de Medellín, por concepto de exportación de cocaína, alcanzan entre 4 y 5.000 millones de dólares anuales, y los narcoingresos totales colombianos aproximadamente 7 mil millones por año. Con esto, los ingresos brutos colombianos por exportación de droga sobrepasan ampliamente los ingresos colombianos por exportación de café de aproximadamente 1.62 mil millones de dólares e igualan aproximadamente las exportaciones legales colombianas, en total de aproximadamente 5.340 mil millones de dólares anuales (1988). Hay que tomar en cuenta que sobre todo en el caso de Colombia, por la amplia internacionalización de las organizaciones de narcotraficantes colombianos, la parte de los narcoingresos que nunca entra al país, sino que se invierte de antemano en el extranjero, será mucho más alta que lo general. Entonces, no se puede calcular que el monto de los narcodólares, que «se radica» en el país, excede por mucho los 1.700 millones de dólares. La inyección de liquidez desde afuera genera aumentos del PNB en el país de aproximadamente 6.500 millones de dólares, si se basa en un multiplicador de 3,8 ligeramente inferior de aquel de Perú y Bolivia, por la situación económica más estable del país” Resumiendo, cada dólar que entra al país tiene un efecto de 3.8, es decir en efecto monetario se convierte en casi cuatro dólares. A precios aproximados a los de hoy (2.000 pesos por dólar), cada dólar que entra al país se convierte en 7.600 pesos colombianos.

Al respecto de los ingresos generados por el narcotráfico y su efecto en el volumen de la demanda o efecto multiplicador,  cuatro años más tarde el International Narcotics Control Board (INCB)[96],  afirmaba que en el año 2001 la producción y tráfico de drogas ilícitas habían generado entre el 2 y el 3% del PIB en Colombia. Es decir, en pesos corrientes de ese año habrían producido entre 4.3 y 6.4 billones de pesos (Ver cuadro Nº 3). Al mismo tiempo aconseja que “para comprender las posibles repercusiones de la actividad en la economía, es importante tener en cuenta el efecto multiplicador de las sumas invertidas inicialmente”. Para el INCB, combinando la tasa media de ahorro de los países de bajos ingresos (20% del ingreso) y la tasa media de importación (26%) el efecto multiplicador esperado sería de 2,45. Con éstos parámetros, los recursos generados por el narcotráfico en Colombia en el año 2001, habrían generado un poder adquisitivo total entre 10.5 billones y 15.7 billones de pesos colombianos.

Aplicando los parámetros de Hardinghaus, es decir un efecto multiplicador de 3.8, las anteriores sumas alcanzarían unos límites entre 16.3 billones y 24.3 billones de pesos corrientes en el año 2001.

Pero la INCB en la búsqueda de las cifras le incluye adicionalmente a sus cálculos el diferencial de consumo de las personas que participan en la producción y distribución de las drogas ilícitas, con lo cual el efecto multiplicador se reduce. “En el caso de la producción ilícita de drogas, hay varios factores que indican que el efecto multiplicador real del ingreso generado por el comercio de drogas ilícitas será inferior al derivado de una actividad legítima comparable. Las pautas de consumo de los narcotraficantes en un país en que se producen drogas ilícitas se caracterizan por un nivel elevado de consumo suntuario debido al estilo de vida que llevan. Los narcotraficantes también suelen adquirir más artículos importados que la población en general, lo que aumenta considerablemente la tasa media de importación. Teniendo en cuenta los artículos que suelen adquirir los grupos de traficantes de drogas, se calcula que los gastos en concepto de artículos importados ascenderían al 80% de los gastos totales. El efecto multiplicador derivado de los gastos de los narcotraficantes para la actividad económica legítima podría descender entonces de la estimación original de 2,45 a 1,55.” Pero además, la INCB propone desglosar los ingresos que reciben por el negocio ilícito en ingresos de los agricultores (29%)  e ingresos de los narcotraficantes (71%) y aplicarle a cada grupo el multiplicador que le correspondería.

Entonces, a partir del 2% del PIB de 2001, es decir de los 4.3 billones de pesos, para calcular su efecto tendríamos que calcular el 29%  y aplicarle un multiplicador de 2.45, lo que nos arrojaría un valor de 3.1billones y adicionarle la resultante de multiplicar el 71% de los recursos por el multiplicador de 1.55, es decir sumarle 4.7 billones. Con lo anterior los 4.3 billones se convertirían en una demanda efectiva de 7.8 billones. Si tomamos en consideración el 3% del PIB, los 6.4 billones, la demanda generada alcanzaría los 11.6 billones.

 

Estos cálculos nos pueden servir de ejemplo para comprender no solo la importancia de los recursos generados en el ilícito negocio, sino la importancia de los mismos en la economía desde el punto de vista de la demanda agregada. Pero también nos sirven de ejemplo para reflexionar sobre las dificultades metodológicas para calcular las cifras. 

Aceptando que los productores directos solo obtienen un 1% del total de los ingresos obtenidos, en aras de tener un acercamiento metodológico muy conservador a la cifra real y siguiendo la misma lógica utilizada por  Hardinghaus, un ingreso de 860 millones de dólares, lo correspondiente a las ventas de la cocaína colombiana en 2008, tendrían un efecto impulsor entre 3.440 y 4.300 millones de dólares, sólo en ese año. Siguiendo en la misma l, los 15.896.millones de dólares obtenidos de 1990 a 2008, han podido tener un efecto multiplicador de la nada despreciable suma que oscila entre 63.600 y 79.500 millones de dólares durante el período comprendido entre los años 1990 y 2008. En pesos de hoy (2000 pesos colombianos por cada dólar) la suma oscila entre 127.2 y 159 billones de pesos colombianos.

La economía colombiana, a diferencia de la de los demás países de la región, ha tenido un comportamiento relativamente positivo y sobre todo estable. “En los años ochenta casi todas las economías latinoamericanas perdieron dinamismo y algunas experimentaron una franca recesión, así como hondas dificultades de liquidez y financiamiento externo que abrieron paso a severos programas de ajuste y devaluaciones. Colombia sorteó con éxito esa crisis regional. De 1981 a 1990 el crecimiento acumulado de su PIB fue de 43.6%, frente a 12.4% del conjunto de la región. En ese lapso el país no tuvo problemas serios de liquidez y mantuvo una aceptable captación de recursos del exterior, lo que le permitió contar con reservas suficientes, mantener firme su moneda y no aceptar condiciones duras en el financiamiento externo.”[97] Un comportamiento similar tiene la economía en el presente decenio, una tasa de crecimiento anual ascendente le permitió llegar a un aumento acumulado en los siete primeros años del 39,4% del Producto Interno Bruto (Ver Cuadro Nº 4)

 

Los datos de los cuadros Nº 5 y Nº 6 nos permiten ver el detalle de la información relacionada con los movimientos del PIB a precios corrientes y precios constantes, lo mismo que los de las proyecciones de población, calculadas por el DANE.

De la anterior información, podemos resumir tres conclusiones para lo corrido del decenio:

1.      Se registra un incremento positivo y creciente del PIB nacional con un promedio del 3.6% anual.

2.      El crecimiento poblacional, proyectado oficialmente, por lo contrario es decreciente con un promedio para el período del 1.24%

3.      Por lo anterior, el incremento en la riqueza que le correspondería a cada habítate colombiano sería de un 2.34% anual, de manera constante desde el año 2000.

Aunque las afirmaciones son correctas desde el punto de vista cuantitativo, la tercera afirmación no es cierta habida cuenta del la inequitativa distribución de la riqueza. Si hubiera una distribución equitativa, el nivel de  ingresos de cada colombiano (independientemente de su edad) desde el año 2000 al año 2007 se habría incrementado en 16.38%. Ahora bien, lo importante desde el punto de vista de la política contra las drogas ilícitas es que en ese crecimiento de la riqueza nacional, tienen que haber influido de manera definitiva los recursos que siendo generados por el narcotráfico   han entrado al país. No se debe olvidar que son una ínfima parte del total de los recursos que se producen en el ilícito negocio. La otra parte de esos recursos, la mayor parte, tienen que haber incrementado otros Productos Internos Brutos nacionales e individuales, en otros países.

 

Cabe una reflexión, de acuerdo con las cifras oficiales del DANE las posibilidades de mejoramiento del nivel de vida de la población hubieran sido muy importantes al darse una distribución equitativa, pero la verdad es que el aprovechamiento de esos beneficios se ha quedado en algunas “pocas” manos. Entre menor sea el número de personas beneficiadas  mayor será la riqueza acumulada por parte de ellas y lógicamente menor la intención o voluntad de redistribuirlas.   

 

Con relación a América Latina, según las cifras de la CEPAL, con excepción del año 2004, el crecimiento económico de Colombia estuvo por encima del promedio de la región (Ver gráfico Nº 5). Aunque aun no existen datos definitivos para el año 2009, según el Fondo Monetario Internacional (FMI)  la tasa de crecimiento del  PIB en América Latina sufrirá una baja considerable, del 4,5 por ciento que se registró en el año 2008 al 3,25 por ciento en 2009. “Esto se debe a que se prevé que la demanda de sus productos disminuya como resultado de la desaceleración de la economía global y los cambios en las políticas monetarias para contener la inflación, explicó la institución financiera en un informe…”[98] Pero parece que la más damnificada en cuanto a la desaceleración económica de la región será precisamente Colombia, “La desaceleración económica ha sido tan fuerte en los últimos meses, que al final de este año Colombia tendrá la tasa de crecimiento más baja de Suramérica, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.” Según la proyección del incremento porcentual del PIB para 10 países latinoamericanos, el crecimiento estimado para Colombia sería del 3%, siendo el menor de la lista.[99] (XXX)

 

 

Aunque aun no existen datos definitivos para el año 2009, según el Fondo Monetario Internacional (FMI)  la tasa de crecimiento del  PIB en América Latina sufrirá una baja considerable, del 4,5 por ciento que se registró en el año 2008 al 3,25 por ciento en 2009. “Esto se debe a que se prevé que la demanda de sus productos disminuya como resultado de la desaceleración de la economía global y los cambios en las políticas monetarias para contener la inflación, explicó la institución financiera en un informe…”[100] Pero parece que la más damnificada en cuanto a la desaceleración económica de la región será precisamente Colombia, “La desaceleración económica ha sido tan fuerte en los últimos meses, que al final de este año Colombia tendrá la tasa de crecimiento más baja de Suramérica, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.” Según la proyección del incremento porcentual del PIB para 10 países latinoamericanos, el crecimiento estimado para Colombia sería del 3%, siendo el menor de la lista.[101]

No cabe duda que las inyecciones de capital, que el negocio del narcotráfico le han introducido a la economía colombiana, han sido determinantes para mantener una posición privilegiada frente al promedio latinoamericano y que las condiciones de la crisis económica global afectan de manera negativa esa condición de ventaja comparativa (XXX) “No pocos analistas consideran que la evolución, en general, aceptable de la economía colombiana en los últimos tiempos, el equilibrio de sus cuentas externas, la estabilidad cambiaria y la fortaleza de sus reservas internacionales se deben, fundamentalmente, a los ingresos del narcotráfico. Desde esta perspectiva, la eliminación de tales recursos originaría un verdadero caos económico.”[102]       

3.5.3 EFECTO SOBRE LOS PRECIOS

Uno de los efectos más evidentes de la afluencia de capitales provenientes del narcotráfico es el de la valorización de la moneda nacional. Aunque la relación es un poco más compleja (habida cuenta del número de transacciones o velocidad de circulación del dinero, del encaje bancario y de otros instrumentos monetarios como las tasas de interés establecidas por el Banco de la República) las divisas en su carácter de mercancías universales, también están inmersas en la ley de la oferta y la demanda. La abundancia de dólares en el país hace que se desvaloricen frente al peso colombiano. Visto del otro lado, la abundancia de dólares revalúa el peso. Pero al mismo tiempo, la abundancia de dinero, sin un incremento proporcional de la producción de bienes y servicios, conlleva a que los precios se incrementen, es decir que la moneda se desvalorice frente a las mercancías. ¿Elemental no?

Respecto a la desvalorización del dólar, se le adjudican diversas causas, así por ejemplo Mauricio Cabrera Galvis, en una publicación de Portafolio[103], “el portal de economía y negocios” de los colombianos, escribía: “Se dice que la caída del precio del dólar es un fenómeno mundial, se le echa la culpa al Banco de la República por subir las tasas de interés, se comenta la responsabilidad del Gobierno por traer dólares para financiar el gasto público preelectoral, y también se congratulan algunos, porque la Seguridad Democrática está atrayendo capitales al país. Todos estos factores son ciertos y en Dinamarca serían suficientes para explicar la revaluación de la moneda nacional. Pero aquí, en Cundinamarca, hay otro 'pequeño' factor que tiene gran incidencia en la sociedad colombiana y presiona a la baja la cotización del dólar a pesar del inmenso déficit en el comercio exterior: el ingreso de dólares del narcotráfico. En Colombia, llevamos muchos años en que la tasa de cambio negra, o paralela, es inferior a la oficial como consecuencia de los dineros ilícitos que ingresan a la economía, lo que hace más sorprendente la ausencia de este factor en los análisis oficiales y académicos de la situación cambiaria.”El  comentario sarcástico de Cabrera no hace otra cosa que resaltar lo que todo ilustrado en Colombia sabe, pero que todo el mundo ignora.

Si observamos el cuadro Nº 8, podemos ver que desde el año 1990 hasta el 2003, se registró un incremento permanente promedio del 14.5% anual del precio del dólar frente al peso colombiano, mientras que a partir del año 2004 el dólar se desvaloriza un 8.5% anualmente. Un dólar en julio 1990 equivalía a 508 pesos colombianos y en el mismo mes del año 2003 alcanzó su tope de 2.859 pesos. De ese año en adelante la desvalorización ha sido permanente y en julio de 2009 se cotizaba en 2.053 pesos. ¿Cuánto de esta depreciación le corresponde al ingreso de divisas por el narcotráfico y cuánto a otros motivos? “En 1990, en el marco de una política antiinflacionaria, con base en la apertura económica y la liberalización de los mercados, se estableció un mecanismo de devaluación periódica de la moneda a fin de impulsar las exportaciones. Empero, la creciente entrada de divisas y el incremento de las reservas internacionales presionaron al alza los precios por vía del aumento de la emisión primaria. Ante ello las autoridades tuvieron que reorientar su política a favor de la apreciación de la moneda, al tiempo que se buscó controlar los flujos de capital.”[104] Hace ya varios años que por presión de los exportadores, el Estado Colombiano hace esfuerzos gigantescos para que el dólar mantenga un nivel alto frente al peso colombiano, por ejemplo la compra masiva de dólares por parte de Banco de la República y de otras instituciones.

No se puede olvidar que los dólares que ingresan al país por culpa del narcotráfico, no corresponden solo a los que traen directamente los narcotraficantes. A éstos  hay que adicionarles los que teniendo la misma causa, el narcotráfico, tienen otras fuentes. “Desde el año 2000, Washington ha entregado a Bogotá más de 5.000 millones de dólares en ayuda militar y entrenamiento para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales, como la guerrilla que obtiene de la producción y el tráfico de drogas millonarios ingresos para financiar su lucha armada.”[105] 

Perfectamente cabe el cuestionamiento de que por qué motivo, existiendo el negocio ilícito desde mucho tiempo antes,  solo en los últimos años es que se da el fenómeno de la desvalorización del dólar. Esto se aclara al tener en cuenta que precisamente es en los últimos años cuando la afluencia de dólares al país se incrementa porque las condiciones objetivas imponen a los narcotraficantes traer al país una mayor parte de sus ingresos. Una de estas condiciones es la lucha mundial contra los paraísos fiscales,  la cual se agudiza a partir del año 2004. Otra condición objetiva fue la posibilidad de repatriar capitales habida cuenta de los acuerdos del gobierno con los paramilitares, por ejemplo el Acuerdo de Santa Fé de Ralito, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (julio 2003) y el Acuerdo para involucrarse en las negociaciones con los paramilitares del Bloque Central Bolívar & Vencedores de Arauca (noviembre 2003).

Paralelamente al ingreso de los grandes volúmenes monetarios generados por el narcotráfico, se disminuyen los precios al consumidor en promedio un punto porcentual durante el período  1993 a 2008 (ver Cuadro Nº 9 y Gráfico Nº 8). En el año 1999, se registro una disminución de 7.5 puntos porcentuales, considerada muy atípica. Pero el hecho es que durante el período observado, contrario a lo esperado, el crecimiento de los precios se desacelera, lo que aparentemente entraría en contradicción con el planteamiento teórico. Nicolás H. Hardinghaus para explicar este fenómeno, dice que “En la medida que la liquidez proveniente del narcotráfico genera un aumento de la demanda de bienes y servicios, al no ser ésta satisfecha por el crecimiento similar de la oferta, se produce cierta presión inflacionaria. Sin embargo, en el caso de los países productores, gran parte de las divisas generadas por la exportación es absorbida por las importaciones adicionales, que disminuyen la presión inflacionaria. Un efecto contrario, es decir, deflacionario, se da en caso de una interrupción, específicamente en caso de una interrupción repentina de la actividad narcoeconómica.”  Como veremos más adelante, en efecto en Colombia se han venido registrando importaciones adicionales importantes y con características especiales que explican la caída de los precios a pesar del ingreso voluminoso de recursos provenientes del narcotráfico y de su efecto multiplicador.                  

La disminución paulatina pero permanente del IPC, no implica que las cosas sean más baratas hoy que antes. Lo que quiere decir es que la velocidad del incremento de los precios es menor; que los precios aumentan año a año (o día a día) pero no tan rápido como antes. Esto tiene su origen en varios fenómenos económicos de los últimos tiempos, sobre todo a partir de la implementación de la apertura económica generada con la globalización del neoliberalismo. Por una parte las importaciones de mercancías producidas a bajos costos, desde otros países con mayor desarrollo tecnológico, como es el caso de Estados Unidos y países europeos y desde otros países donde los costos de mano de obra son supremamente bajos, como es el caso de China.

 

                       

         Fuente: BusinessCol.com, http://www.businesscol.com/economia/precios.htm#DATOS

 

     

                            

Como podemos ver en el cuadro Nº 10 y el gráfico Nº 9, entre 1998 y 2008, la balanza comercial indica que hemos importado mercancías por 10.126 millones de dólares más de lo que hemos exportado. Quiere decir esto que ha aumentado la disponibilidad de mercancías en el país y así hayan ingresado más recursos monetarios no se da un desequilibrio entre la oferta y la demanda efectiva, lo que repercute en que los precios tiendan a disminuir levemente.

Al mirar el cuadro Nº 11 podemos ver que la estructura del origen de las importaciones, ha variado en varios aspectos de importacia. De una parte aunque el país que más nos suministra mercancias es Estados Unidos, con un promedio  del 30% de las importaciones para el todo el período,  la realidad es que su participación ha venido disminuyendo al pasar del 32% en 1988 al 29% en 2008. Tres puntos porcentuales en un volumen de importaciones tan grande es muy significativo en recursos monetarios. Para que Estados Unidos Hubiese mantenido la participación de 1998, en el año  2008 habria tenido que venderle 1.200 millones de dolares más a Colombia. Sin embargo los Estados Unidos aumentaron sus ventas a Colombia en un 144% durante el período. De otra parte,  disminuyeron en el período sus exportacioens a Colombia Japon, España y Alemania, en porcentajes similares a los de Estados Unidos, pero como su participación en el total es mucho menor, no son tan significativos monetariamente en el contexto que analizamos por el momento.

   

Un caso llamativo e importante por el comportamiento de los precios es el de China, que aumentó su participación en las ventas a Colombia 20 veces en los 10 años observados. Es decir que crecieron sus ventas a nuestro país en el 1.915 por ciento. De manera similar aunque a menor escala aumentaron sus ventas a Colombia, Brasil y México en el 390% y Ecuador y otros países en 168 y 163% respectivamente. Aquí vale la pena recordar que los productores  de china “invadieron nuestros mercados” con mercancías que,  independientemente de la calidad, fueron muy apetecidas por sus precios bajos. De todas maneras las divisas originadas en el narcotráfico ayudaron a solventar el déficit comercial del país. “Sin duda, el narcotráfico explica en gran medida la afluencia de divisas a Colombia. En los años noventa estos flujos han contribuido al importante superávit en la cuenta de capitales de la balanza de pagos, vía inversión y endeudamiento de largo plazo; ello ha hecho posible financiar el creciente déficit en cuenta corriente (sobre todo por el saldo comercial desfavorable) sin alterar el nivel de las reservas internacionales[106]

Respecto al efecto que tienen los ingresos de narcotráfico en la balanza comercial, debemos tener presente que como resultado del multiplicador keynesiano podríamos esperar que el total de esos ingresos se multiplicaran casi cuatro veces y que por lo menos un 40% de su valor fuese destinado al ahorro e inversión dentro del país ya que “Se estima que en Colombia más de 60% de los ingresos brutos de la cocaína, por ejemplo, se reinvierten en el propio negocio. Es decir, este dinero beneficia ante todo a los carteles de la droga y sus socios, e indirecta y marginalmente a la economía del país”[107].

 

Tomando en consideración que el 80% de las importaciones tienen como fin la producción y el restante 20% el consumo (ver Cuadro Nº 12 y Gráfico Nº 11), al suponer que los recursos del narcotráfico que ingresan al país se utilizan de manera similar a los legales,  podríamos concluir que efectivamente los recursos del narcotráfico impulsan de una manera muy importante el desarrollo del país, pues precisamente son las importaciones de bienes de capital e insumos los que permiten el desarrollo industrial.  En sana lógica, cuantos más recursos se inviertan en bienes de producción se crea una mayor y más moderna base material que facilita el  crecimiento económico. Aunque según “un estudio del economista Mario Arango, a finales de los ochenta 75% de los narcotraficantes prefería colocar su dinero en bienes raíces (departamentos, casas, ranchos, etc.), mientras que pocos (si acaso algunos) se interesan por sectores productivos tradicionales, como minería, textiles o manufacturas.”, sin embargo hoy día  la consigna de los narcotraficantes parece ser el manejo de un bajo perfil y asegurar al máximo sus recursos, de tal manera que en el momento que se les presente inconvenientes de carácter legal puedan tener recursos de respaldo, ojalá legalizados en las economías formales.

De todas maneras, frente a una estructura favorable de las importaciones, quedan incógnitas que sobrepasan el marco de éste trabajo, como es el hecho de poder diferenciar cuánto de las importaciones colombianas corresponden a capitales que aunque estén radicados en Colombia son capitales extranjeros. Porque habida cuenta de las ventajas que se les brinda, además de la seguridad, estos capitales se llevan sus ganancias y de estas quedan muy pocas en el país, es decir que su contribución al incremento neto de la riqueza nacional es muy poco. También es necesario tener presente el fenómeno de la llamada enfermedad holandesa, según la cual el ingreso de recursos voluminosos de divisas a un país puede tener efectos desfavorables a la economía, porque estos ingresos se convierten en una alta demanda de bienes y servicios que no se pueden exportar, lo que impulsa a la economía a producir solo para el consumo interno en perjuicio de las actividades exportadoras, las que supuestamente dan mayor dinámica al desarrollo.    

3.6 RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA INFLUENCIA DEL NARCOTRAFICO EN LA ECONOMIA

La visión del gobierno nacional respecto a la influencia del narcotráfico en la economía del país tiene un enfoque muy diferente al expuesto. Para el Estado Colombiano las categorías e indicadores macroeconómicos, la generación de riqueza y su redistribución, son conceptos que no se tienen en cuenta. Para el gobierno colombiano la situación socioeconómica de la población, sus niveles de ingreso, sus necesidades y oportunidades de satisfacerlas, el funcionamiento del sistema económico nacional y mundial, son fenómenos extraños, como si no existieran. Como si el negocio del narcotráfico se diera fuera del planeta, en el abstracto y en el vacío. Para el gobierno nacional los recursos monetarios generados por uno de los negocios más rentables del mundo, no se relacionan con la generación y distribución de la riqueza entre los países involucrados en el ilícito negocio, no interesan en cuanto al crecimiento del PIB, ni se relacionan con el volumen y estructura de la producción de bienes y servicios, ni en cuanto al consumo y la inversión, ni importan frente a la balanza comercial.  Tampoco se tienen en cuenta las ventajas comparativas que ofrecen nuestras condiciones objetivas para la producción de SPA ilegales,  ni la subutilización y atraso de nuestras capacidades competitivas frente a la aldea global.

Como lo muestra un informe de la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República sobre el impacto del narcotráfico en la economía colombiana, los temas más relevantes para el gobierno nacional son los relacionados son el incremento del terrorismo, la fragilidad del sistema ecológico, la importancia presupuestal del de los recursos del Plan Colombia, los costos que generan las familias guardabosques, los desmovilizados y los desplazados.

Para el gobierno colombiano la influencia del narcotráfico en la economía colombiana tiene especial relación con los siguientes aspectos:[108]

Las organizaciones ilegales de los grupos armados, como son las guerrillas y las AUC, tienen su capacidad de financiar los actos terroristas a partir del narcotráfico.

El narcotráfico afecta negativamente la ecología del territorio nacional. Cada hectárea de cocaína cultivada requiere de la destrucción de cuatro hectáreas de selva. Cada hectárea de amapola requiere de la destrucción de dos hectáreas y media de selva. El costo de reforestación de una hectárea tipo protector por año es de US$ 850

Los recursos del Plan Colombia tienen una gran importancia para el presupuesto nacional: Entre 1999 y 2003, se han comprometido recursos por US$ 8.438 millones para la ejecución del Plan Colombia. De estos recursos, el 70% (US$ 5.886 millones) corresponde al esfuerzo fiscal colombiano. (Cuanto será el gasto a la fecha y en cuál proporción? XXX)

Dentro del Plan Colombia es de especial interés el programa de las familias guardabosques: el programa Familias Guardabosques, con el cual se han vinculado 21.000 familias. Cada familia tiene un costo anual de US$ 2.200. (21.000 familias = US$ 46.200.000) Este programa busca reconstruir el tejido social en las regiones en dónde el flagelo del terrorismo y el narcotráfico ha fragmentado la cohesión social y comunitaria.   (Cuanto será el gasto a la fecha y en cuál proporción? XXX)

En la economía del país tienen gran influencia los costos generados por la desmovilización de subversivos y paramilitares. Entre el 7 de agosto del 2002 y el 27 de julio del 2004, 5.901 miembros de los grupos subversivos se han desmovilizado de manera voluntaria. Cada una de estas personas reincorporadas a la vida civil representa para el Estado anualmente US$ 4.085. Durante el 2003, el estado invirtió  US$ 3.782.863 en alojamiento, alimentación y atención humanitaria a desmovilizados. El presupuesto para el año 2004 es de             US$ 9.457.159, de los cuales ya se han ejecutado US$ 5.674.295. (Cuanto será el gasto a la fecha y en cuál proporción? XXX)

El fenómeno del desplazamiento forzoso: En el 2001 fueron desplazadas 333.639 personas, en el 2002 se registraron 387.105 y 196.636 en el 2003. En el primer semestre del 2004, el desplazamiento disminuyó un 47.6%. El Gobierno Nacional, a través de la Red de Solidaridad ha ofrecido entre agosto del 2002 y junio del 2004 ayuda humanitaria a 49.954 desplazados y  ha gestionado el retorno de 14.072 familias a sus lugares de origen. Estas ayudas representaron  para el Estado  en el 2003 US$ 29.166.666. Durante el 2004, está previsto un presupuesto de         US$ 50.409.338, de los cuales ya se han ejecutado US$ 27.173.040. (Ayuda humanitaria y acompañamiento retorno incluyendo planes de alimentación) (Cuanto será el gasto a la fecha y en cuál proporción? XXX)

También se vincula al fenómeno del narcotráfico y su efecto en la economía al delito del secuestro: Entre 1996 y 2003, el delito del secuestro le costó al Estado colombiano y a los ciudadanos que estuvieron secuestrados 260 millones de dólares (DNP). Esto representa casi medio punto del PIB. De esos 260 millones  de dólares, 110 millones fueron gastados por el Estado para contrarrestar el delito y los 150 millones restantes representan las pérdidas para la sociedad. Los costos de la lucha antisecuestro arrebatan el dinero que podría ser invertido en inversión social. Con los 110 millones de dólares invertidos se habrían podido entregar 6 millones de desayunos escolares a niños de bajos recursos. Durante el periodo mencionado, los secuestrados dejaron de recibir 47.7 millones de dólares al no recibir pago de salarios. Por su lado, la muerte temprana de los retenidos le representó al país una pérdida total de 260 millones de dólares, lo que equivale a un costo anual de 93.526 millones de pesos. (0.045% del PIB).            (Cuanto será el gasto a la fecha y en cuál proporción? XXX)

 

4.      INFLUENCIA DE LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILICITAS EN EL IMAGINARIO SOCIAL

 

Existe una serie de términos que se relacionan con el concepto de imaginario social,  como por ejemplo  mente y mentalidad, conciencia,  cultura y modo de pensar, capacidad y actividad mental, designio, pensamiento, propósito, voluntad, ideología y podríamos incluir una larga lista de homólogos. Lo importante es que todos estos términos tienen que ver con las actividades y procesos de carácter cognitivo conscientes e inconscientes que se llevan a cabo en la psiquis. Como lo dice Sol Astrid Giraldo E.[109] en la presentación de una investigación sobre el tema, que “términos como mentalidad, imaginario colectivo o cultura política, por ejemplo, son usados frecuentemente por los distintos autores sin que se explique claramente su acepción determinada y si hay consenso o no acerca de ella”. Esta afirmación sigue siendo válida en la actualidad.

De todas maneras para acercarnos al tema es conveniente rescatar algunas elaboraciones teóricas al respecto.  Algunas palabras adquieren otros significados y algunos significados se denominan con otras palabras. Se sabe que con el paso del tiempo, las expresiones idiomáticas van cambiando, con lo que se demuestra que las lenguas son vivas y que esos cambios obedecen a transformaciones culturales, las cuales a su vez se originan por múltiples factores, dentro de los cuales es preponderante la influencia de las condiciones económicas de la sociedad. No hay que hacer mucho esfuerzo para detectar que dentro de una misma sociedad,  con una distribución inequitativa de los ingresos, la población menos favorecida tiene expresiones y capacidades cognitivas diferentes a lo más favorecidos económicamente. Esta premisa es válida no solo para el capitalismo clásico, intervencionista o neoliberal. Lo ha sido a través de la historia de la humanidad. Podríamos mirar los lenguajes de los nobles y de los siervos en el feudalismo y los de los esclavos y esclavistas en el modo de producción esclavista. Las expresiones idiomáticas son reflejo de la cultura y de las formas de pensar de las poblaciones.

 

Una de las teorías más importantes que se desarrollaron sobre el tema es la teoría de la “conciencia social”. Aquí es oportuno y conveniente resaltar el término de conciencia, que el Diccionario de la  Real Academia de la Lengua define como “Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. || 2. Conocimiento interior del bien y del mal. || 3. Conocimiento reflexivo de las cosas. || 4. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. || 5. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.[110] Resalto entonces que conciencia implica capacidad de reconocimiento del yo mismo, de mis transformaciones, si se trata de conciencia individual o del reconocimiento del nosotros y de nuestros cambios, si se trata de nuestra conciencia social. Pero además implica la capacidad implícita de la sociedad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, y de tener claridad intuitiva sobre el cómo comportarse desde el punto de vista ético o moral frente a una  situación determinada.

 

La conciencia social es un sistema compuesto de ideas pertenecientes a diversos campos culturales y de fenómenos psicológicos, que se manifiesta de manera predominante en un grupo humano. La religión, la moral, el arte, los principios, los valores, la filosofía y hasta las mismas ciencias, en especial las ciencias sociales, que prevalecen en la sociedad en un momento histórico dado,  son formas de expresión de la conciencia social. Aunque la conciencia individual, de una persona perteneciente a un grupo social, puede estar un tanto alejada de la conciencia social del grupo, el pensamiento de la gran mayoría de las personas que conforman ese grupo, la moda y la media aritmética estadísticamente hablando, oscila alrededor de la conciencia social.

 

La importancia de la conciencia social en el desarrollo humano ha sido valorada de diferentes maneras. Algunos teóricos aseguran que la conciencia social ha sido la fuerza creadora de la historia. Podemos recordar desde el mundo de las ideas de Platón, pasando por las concepciones teológicas de San Agustín y Tomas de Aquino, la idea absoluta de Hegel, el solipsismo de Berkeley, hasta llegar al mundo de los héroes y de las personalidades de  Carlyle. Para dar un ejemplo muy cercano, la política fundamentada en la cultura ciudadana del ex - alcalde de Bogotá Antanas Mokus nos muestra el convencimiento del burgomaestre de que la conciencia social es de suma importancia como fuerza de cambio. Todos ellos ven en el mundo de las ideas  la posibilidad de encausar el derrotero de la sociedad. 

 

En el otro extremo de los puntos de vista, los materialistas mecánicos o vulgares niegan cualquier grado de importancia a la conciencia social, partiendo de la observación del desarrollo de la naturaleza. La naturaleza no tiene conciencia y no necesita de conciencia para evolucionar y transformarse. Por lo tanto según los materialistas vulgares la conciencia no es importante para el desarrollo.

 

Otros teóricos e investigadores le dan a la conciencia social un papel de gran importancia, pero no como principio único de causalidad en el desenvolvimiento de la vida humana,  sino como un factor definitivamente influyente pero en el contexto del desarrollo socio-material, es decir de importancia relativa al desarrollo de las relaciones sociales y de las capacidades productivas.

 

No es científico afirmar que en la conciencia social se origina el principio de todos los fenómenos que se manifiestan en el desarrollo de la sociedad, como tampoco es razonable aceptar que, como la naturaleza tiene sus propias leyes y evoluciona independientemente de alguna forma de conciencia propia, así mismo la especie humana lo puede hacer de manera inconsciente. La realidad es que a los desarrollos sociales, por definición, les es inmanente la actividad humana, en la cual es característica la actuación consciente. La especie humana, en su evolución y desarrollo,  siempre se ha propuesto fines y al mismo tiempo ha definido cuáles son los medios más propicios para lograr esos fines. Otra cosa muy diferente es que en muchas ocasiones se equivoque en la selección de sus fines  o de los medios, o de ambas cosas. Sin embargo esa  actuación consciente de la especie humana, como advertíamos,  no está separada de las condiciones materiales y sociales en que se desarrolla la sociedad. En la medida que haya un mayor conocimiento y dominio por parte de la sociedad de las condiciones endógenas y exógenas a la existencia humana, serán más exitosos los logros que se alcancen frente a las metas que el ser humano se proponga.

 

La conciencia social, de una u otra forma es determinante en los derroteros de las comunidades. Según el dominio objetivo de las condiciones socioeconómicas en que se da, es decir según el conocimiento y la capacidad de decidir de la sociedad, la conciencia social ayudará y fortalecerá las tendencias progresivas del desarrollo social o por lo contrario, sin un dominio objetivo del entorno la conciencia social puede llegar a entorpecer el desarrollo social. Así mismo, si no existe conciencia social a favor de la sociedad, los valores, los principios, las ideas, pueden llegar a ser manipulados por sectores de la sociedad que busquen beneficios particulares, aun en detrimento de la mayor parte de la sociedad. 

 

Un concepto que se relaciona con el imaginario social, es el del “imaginario colectivo”[111], el cual según  Ivett García Sandoval, “es el conjunto de imágenes que hemos interiorizado y en base a las cuales miramos, clasificamos y ordenamos nuestro entorno. Estas representaciones interiores son tan importantes que, prácticamente, regulan nuestra vida.” Aquí podemos recordar el concepto de paradigma de Capra, el cual se asemeja, no obstante que el de Capra es mucho más amplio (Ver página 6). De todas maneras, aunque existen dudas de la definición exacta de lo que es el imaginario colectivo, el término es usado por los estudiosos actuales de las ciencias sociales, por los funcionarios públicos, por políticos de diferentes niveles, por los medios de información masiva y tantos otros, en remplazo del termino de conciencia social.

 

La investigadora Ivett García Sandoval, para ayudar a comprender el concepto de imaginario colectivo dice que: “Todos esperamos que las relaciones humanas se ajusten a nuestras imágenes mentales …y, cuando nuestro entorno responde a este imaginario nos sentimos tranquilos, contenidos, pero la realidad se sale de estos cauces (lo que suele ocurrir) y entonces se genera la incertidumbre y por consiguiente la angustia aparece en escena”. Valga la pena resaltar de esta afirmación dos términos, imagen e imaginario. Lingüísticamente se definen,  “imagen” como “Figura, representación, semejanza y apariencia de algo” e “imaginario” como algo “Que solo existe en la imaginación.” Es decir que tanto la imagen como el imaginario no necesariamente corresponden a la realidad sino que es una representación que uno como sujeto puede tener en la mente, insisto así esté alejada de la realidad. Es decir que el imaginario es un concepto completamente contrario a la conciencia, ya que la conciencia social implica conocimiento objetivo de la realidad.

 

De aquí que siendo el imaginario colectivo una creación, que puede estar alejado de la realidad, pero que además puede ser creado de manera artificial y no basado en la realidad objetiva, puede ser creado a voluntad de quienes tengan los medios para hacerlo. García lo afirma rotundamente cuando dice que “El `imaginario colectivo´ no surge de la nada sino que se trata de una construcción social en la intervienen los diferentes grupos de la sociedad y concurren a ella todos los sectores que la conforman. Los que disponen de mayores recursos, humanos, económicos, artísticos, mediáticos, hacen `pesar´ para imponer su `imagen´ por sobre las provenientes de grupos más numerosos pero con menores posibilidades… Cabe decir entonces que IMAGINARIO y PODER están siempre estrechamente vinculados.” La tecnología más desarrollada de los medios masivos de comunicación  contemporáneos, juegan un papel determinante en la formación del imaginario colectivo, por su eficiencia, su eficacia, economicidad y tantos otros indicadores de la productividad. Massimo Desiato utiliza una contundente metáfora para dibujar el concepto cuando dice “Podría decirse que el lugar donde el gobierno gobierna realmente es el imaginario colectivo.”[112] Se sobrentiende que el imaginario colectivo es una formación generalmente artificial que corresponde a los intereses de las personas que tiene las posibilidades de manejar los instrumentos de formación social. “El hombre sólo esporádicamente es racional; a no ser que se lo eduque con rigor, no se deja guiar por los argumentos, sino por los símbolos. De esta manera, no podemos suponer un electorado que tanto en la política como en la economía conoce los propios objetivos e intereses e intenta satisfacerlos. Más bien, el ser humano percibe la situación política y económica a través de símbolos y metáforas que lo envuelven, reacciona en términos emotivos y se satisface más mediante los estereotipos que a través de resultados concretos y tangibles.” Hoy en día, es parte del imaginario colectivo la “verdad absoluta” de la comunicación, que una imagen vale más que mil palabras, a no ser que como dice Desiato estemos hablando de una persona educada con rigor, en donde los argumentos pueden desvirtuar cualquier imagen.

Tal vez una de las máximas aplicaciones de lo que significa la creación de un imaginario colectivo se materializó en el manejo que el nazismo le dio a la población alemana, la cual en forma masiva y delirante siguió las directrices de su líder sin reflexión de la cientificidad e implicaciones históricas de su comportamiento:[113]La propaganda política es uno de los fenómenos dominantes en la primera mitad del siglo XX. Sin ella serían inconcebibles las grandes conmociones de nuestra época. Fue en gran parte gracias a ella que Hitler debió sus victorias desde la toma del poder hasta la invasión del 40."[114] La propuesta hitleriana no hubiera logrado tanto daño si no hubiera encontrado eco en una población cuyas condiciones socioeconómicas atravesaban por uno de los peores momentos de su historia y si no hubiera encontrado el instrumento preciso paras implementarla."El ministro de propaganda era el Dr. Joseph Goebbels, que fue nombrado por Hitler Ministro para la Educación del Pueblo y la Propaganda, fue uno de los primeros en advertir la efectividad de los medios masivos de comunicación en la imposición de ideas".[115] A éste funesto personaje se debió en gran parte la alienación del pueblo alemán, el imaginario colectivo de una raza superior que se les creó, del cual se apropiaron con inmensa fe y esperanza para salir de su desespero, se masificó mediante la educación impartida por los establecimientos escolares y universitarios, pero en ello también fueron definitivos los medios masivos de información.

El concepto de imaginario social utilizado en este aparte no se aleja formalmente de los dos anteriores, es decir del concepto de conciencia social y del concepto de imaginario colectivo. Podría decirse que de una u otra forma los fusiona y los simplifica, a la vez que le agrega un elemento de importancia, su estrecha relación con las instituciones. La política contra las drogas ilícitas, como se ve en el siguiente capítulo, está planeada e implementada desde las instituciones. De ahí la importancia que le demos al concepto de imaginario social, por su estrecho vinculo con la institucionalidad. La Conciencia social y las instituciones son los dos elementos constituyentes fundamentales de la superestructura del estado que se retroalimentan, se impulsan y se condicionan mutuamente.  

Se le adjudica la autoría del concepto de “imaginario social” al filósofo griego Cornelius Castoriadis, quien en durante el siglo XX se dedicó a explicarlo. “El concepto es usado habitualmente como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología, pero en la obra de Castoriadis tiene un significado preciso, ya que supone un esfuerzo conceptual desde el materialismo para relativizar la influencia que tiene lo material sobre la vida social.”[116] En contraposición a los deformadores marxistas mecanicistas, que adjudicaban las necesidades de cambio y los cambios mismos, exclusivamente a necesidades de tipo material, para Castoriadis, la conformación de las instituciones no necesariamente corresponden un 100% a necesidades de tipo material, lo mismo sucede con los cambios sociales, no siempre corresponden en su totalidad a necesidades materiales, sino que en la conformación de las instituciones y en los cambios sociales influyen otro tipo de causas de carácter inmaterial, como es el imaginario colectivo. “A lo largo de su obra, Castoriadis proporciona numerosos ejemplos históricos de cómo los distintos imaginarios: instituciones, leyes, tradiciones, creencias y comportamientos, no pueden ser explicados exclusivamente en base a causas materiales.”

Esa interrelación entre conciencia social e instituciones, esa retroalimentación y sus efectos en los cambios cuantitativos y cualitativos que experimentan, nos muestra una típica relación dialéctica entre dos elementos. Entonces, la realidad es que el concepto de imaginario social de Cornelius Castoriadis, recoge elementos del materialismo histórico, que es la forma como el materialismo dialectico observa, entiende y explica el desarrollo de la sociedad humana.

Valga la pena aclarar de una vez, que para el marxismo clásico, en su concepción  del materialismo histórico, al explicar en qué consiste la unión dialéctica entre conciencia social e instituciones, diferencia plenamente sus contenidos. Como conciencia social se entiende el conjunto de principios y valores que tiene una sociedad en un momento histórico dado, mientras que como instituciones se entienden el conjunto de componentes de carácter físico que materializan sus correspondientes de la conciencia social. Así por ejemplo, los principios y valores políticos predominantes de la población, elementos componentes de la conciencia social se materializan en los partidos políticos vigentes, que son instituciones. Los conceptos de justicia radicados en la conciencia social se materializan en el derecho, las normas, las leyes y los establecimientos relacionados con la rama, los cuales hacen parte de las instituciones. Los conceptos de belleza y estética, parte de la conciencia social, se materializan en las obras de arte, de arquitectura, la literatura, el cine, la pintura y los ministerios y demás oficinas de carácter gubernamental que son responsables del tema.

Pero el marxismo clásico, además reconoce que si bien la conciencia social influye en la conformación de las instituciones, las instituciones a su vez influyen en la conformación de la conciencia social. No cabe duda por ejemplo que el ministerios de educación influye en la formación de la cultura, capacitación y conocimiento de la población, que los partidos políticos influyen en la formación política de la población, que la televisión influye en la visión estética, ética y otra serie de elementos componentes de la conciencia social de los televidentes.

La importancia del concepto (sea conciencia social, o imaginario colectivo o imaginario social) en relación con la política contra las drogas ilícitas, es la justificación social o el respaldo que la sociedad le da a las políticas y demás acciones conexas,  que el estado o el gobierno de turno implementan en contra del narcotráfico. Todo lo que tiene justificación social, se puede mantener y fortalecer con mayor facilidad que aquello pueda tener un rechazo social. Porque  también es cierto que todo aquello que no tiene aceptación social, que no es aceptado por la conciencia social, se puede mantener pero a costos altísimos, como son la intimidación, la fuerza y la violencia, pero además también se puede mantener a través del engaño, que a la larga es otra forma de violencia, aunque más sofisticada. Es en este último eslabón, el del engaño, en que el concepto de conciencia social se demerita, porque lo excluye, mientras que el de imaginario social lo acepta como parte constituyente. Como lo dice Rafael Reygadas Robles Gil: “Cuando hablo de imaginario, en primera instancia no me refiero a su uso especular o lacaniano, sino lo entiendo como el conjunto de significaciones sociales que permite y hace presente algo que no es, pero que en tanto futuro deseable es, y da sentido al discurso, a la acción y a las prácticas sociales, a la vez que permite definir estrategias y priorizar relaciones.”[117] Algo que no es, pero que puede ser y es deseable. Ese deseable, no es necesariamente para el conjunto de la sociedad, o mejor, ese deseable es por lo general para un grupo  o para alguien que no representa a la sociedad, sino que representa algún poder en manos de unas minorías y es en esa medida que se busca y se hace lo posible por conseguirlo. De aquí que el concepto de imaginario social sea más apto para relacionar la influencia de la política contra las drogas ilícitas en las formas de pensar, de creer, de desear, de valorar y evaluar, de anhelar y de tomar partido por parte de la sociedad en la solución del problema del narcotráfico. Porque “La generación del consenso social, la construcción social de la hegemonía no es un mero hecho económico o político, sino que tiene una dimensión imaginaria fundamental.”

El imaginario social como elemento de gran importancia para la gobernabilidad del país, la puso de manifiesto el presidente Alvaro Uribe en la instalación de la quinta rendición de cuentas sobre Derechos Humanos,[118] cuando les advirtió a los asistentes: “La única manera de resolver los problemas es con dedicación a las soluciones, con una férrea e inquebrantable voluntad…Nosotros creemos que en un Estado de opinión, donde no prevalece el capricho del gobernante, sino el imperio de la ley, y más allá que de la misma interpretación de los jueces, lo superiormente importante es la opinión pública, es fundamental para darle sostenibilidad en el largo plazo a una política de seguridad, que permita que las nuevas generaciones de colombianos vivan libres de guerrilla, de paramilitares, de otras expresiones del narcotráfico.” Para Uribe, la política contra las drogas ilícitas, más allá de lo que interpreten los jueces, “Lo superiormente importante es la opinión pública” y esa es la que se debe formar, esa opinión es la que debe crearse.  Es necesario contar con el respaldo de la opinión pública para poder lograr los objetivos. La pregunta es ¿Cuáles son las motivaciones e intereses que originan la política? Por ahora recordemos un medio, una vos angelical que nos repite hasta la saciedad por la radio una mentira: “No cultives la mata que mata” haciendo alusión a la mata de coca. El efecto logrado por la campaña generó tanta burla por lo ridícula y tanta critica por lo absurda, que la dirección Nacional de Estupefacientes se vio obligada a “mejorarla”: “Si traficas la mata que mata notaras un cambio. Te veras diferente: con la frente más alta, las manos más limpias, la mirada más recta. Se espantará el miedo, regresará a casa la dicha, se pasarán las noches en vela. La coca, la mariguana y la amapola matan. No trafiques la mata que mata”.

4.1 LA NUEVA VISION NUBLADA DEL MUNDO

Pero la creación de una nueva conciencia social en los tiempos contemporáneos, no es una necesidad histórica solo para Colombia, sino que es una necesidad de la fase que vive es sistema capitalista mundial. De aquí que las Palabras de Miguel D’Escoto Brockmann, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al iniciarse la Conferencia de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y Su Impacto Sobre el Desarrollo, realizada en New York  del 24 al 26 junio 2009, sean de gran interés, porque en ellas se perfila la carta de navegación de la política mundial del futuro inmediato a partir de la crisis económica actual. Rescatamos y comentamos algunas ideas fuerza del discurso,[119] porque al estar inmersos en el mundo globalizado sus lineamientos fundamentales tienen la gran probabilidad de convertirse en doctrina predominante en las decisiones de todos los Estados.

D´Escoto hace un diagnóstico de la situación planetaria actual de manera acertada, pero desafortunadamente las formulas de salvación que propone no lo parecen. De su descripción del mundo llama la atención afirmaciones como:

·        vivimos un momento singularísimo de la historia humana, en el cual está en juego nuestro futuro común

 

·        debemos todos sumar esfuerzos para evitar que la crisis global se transforme en una tragedia socioambiental y humanitaria.

 

·        No es humano ni responsable construir una Arca de Noé que salve solamente al sistema económico imperante dejando a la gran mayoría de la humanidad a su propia suerte, sufriendo las nefastas consecuencias de un sistema impuesto por una irresponsable, aunque poderosa minoría.

 

·        Hay que reconocer que la actual crisis económico-financiera es el último resultado de un modo egoísta e irresponsable de vivir, de producir, de consumir, de establecer relaciones entre nosotros y con la naturaleza que implicó una sistemática agresión a la Tierra y a sus ecosistemas y una profunda disimetría social, una expresión analítica que disimula una perversa injusticia social planetaria.

 

·        El egoísmo y la codicia no se pueden remendar. Tienen que ser sustituidos por la solidaridad y eso, obviamente, implica un cambio radical.

Afirmaciones que, cada una,  tienen la precisión de un teorema. Sin embargo las propuestas dejan un amplio margen de dudas. Al advertir que  como hemos construido una economía globalizada, ahora es el momento de crear una política y una ética globalizadas, es decir debemos asimilar una ética nueva que  presupone a la vez una óptica nueva  que  nos viene de las así llamadas ciencias de la Tierra, según las cuales la Tierra está insertada dentro de un vasto y complejo cosmos en evolución. Ella está viva, es la Madre Tierra. Recordamos la hipótesis Gaia, por lo concluimos que la idea de la nueva ética propuesta por D’Escoto corresponde a la visión holística y ecológica del mundo. 

La necesidad de un nuevo imaginario social mundial  debemos  relacionarla con  la actual economía globalizada, que tiene su marco filosófico en el neoliberalismo, en el llamado "Consenso de Washington"[120], el cual tiene su origen en 1990 y fue adoptado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial,  el Congreso de los EE. UU., la Reserva Federal, otros altos cargos del gobierno globalizado y algunos otros grupos de expertos en el manejo de la política económica mundial. De aquí que los principios y valores del nuevo imaginario social mundial se esconden en los 10 mandamientos económicos establecidos en el Consenso de Washington. Los temas sobre los cuales existió acuerdo,  para ser impuestos como paradigma nuevo del mundo de ese entonces,  fueron:

·        disciplina presupuestaria;

·        cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras);

·        reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados;

·        liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés;

·        búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos;

·        liberalización comercial;

·        apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas;

·        privatizaciones;

·        desregulaciones;

·        garantía de los derechos de propiedad.

En resumen se puede decir sin equívocos, que la teoría económica globalizada que acompañó el proceso de globalización del sistema económico, es el paradigma que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado, para que los capitales busquen, sin impedimentos, las mejores condiciones para obtener los mayores beneficios individuales para sus propietarios. Los resultados de la aplicación de ésta política se manifestaron plenamente en la actual crisis, la ley de la concentración y centralización del capital en cada vez menos número de muy poderosos propietarios y una pauperización de grandes masas de la población alcanzó a grandes velocidades niveles de contradicción nunca antes vistos. Aquí está en origen formal de la crisis.  Ante esta realidad se necesita un nuevo paradigma. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, el Banco Mundial, Dominique Strauss-Kahn  director general del Fondo Monetario Internacional, el primer ministro británico Gordon Brown, el premio Nobel de Economía Paul Krugman y muchos otras personalidades que pregonaban y predicaban las virtudes del Consenso, hoy anuncian su muerte y preparan su sepelio.

 

Al proponerse ahora en el seno de las Naciones Unidas crear una ética nueva, no es fácil suponer que esa nueva ética sea el resultado de un acuerdo de voluntades de quienes detentan el poder para mejorar la calidad de vida de todos o de la mayoría de la población, aun en detrimento de sus propios intereses individuales. Es válido preguntarse si ¿será cierto que los inversionistas cambiarán  la esencia de su paradigma? ¿En que se fundamentan los principios  y los valores de las comunidades? ¿Quién los impone o cómo se adquieren?

 

La nueva  ética que se propone y que poco apoco, pero de manera casi inexorable, se impone planetariamente se denomina la ética del bien común. Llamada así porque supuestamente consiste (hasta que demuestre lo contrario)   en proclamar y salvaguardar el Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, que tiene las características de universalidad y gratuidad de los bienes fundamentales que la constituyen como son la propia tierra, la biosfera, el agua, los bosques, los climas y la humanidad como parte del reino de la vida. Entonces, por ejemplo, “la Tierra pertenece, no a los poderosos que se apropiaron de sus bienes y servicios, sino al conjunto de los ecosistemas que la componen”. Sería interesante constatar que los terratenientes ancestrales y los nuevos terratenientes, aceptasen este concepto y no utilizaran todos sus poderes para defender las prerrogativas que hoy tienen. De manera similar habría que ver qué piensan, qué dicen y cómo reaccionan los hoy propietarios legales, así sean ilegítimos, de los demás “bienes comunes”. Es plenamente valido preguntarse qué haría cambiar real y efectivamente de paradigma a todos los que hoy son propietarios y usufructuarios directos de los bienes fundamentales.

 

Para la conformación del nuevo imaginario social se proponen cinco ejes fundamentales:

 

Primero: la utilización sostenible y responsable de los escasos recursos naturales. Esto implica superar la lógica de la explotación de la naturaleza y fortalecer la relación de respeto y de sinergia. Cabe la pregunta si esta propuesta será aceptada por los terratenientes colombianos y por los poseedores de tierras destinadas a los cultivos ilícitos. Obviamente que para los cerca de  4 millones de  desplazados forzosos de Colombia, no cabe la pregunta, porque la utilización sostenible y responsable de los escasos recursos naturales haría parte fundamental de la solución a los problemas de supervivencia que hoy, y no sabemos hasta cuando, los agobia.

 

Segundo: devolver a la economía su debido lugar en el conjunto de la sociedad, superando la visión reduccionista, que la hizo el gran eje estructurador de la convivencia humana. La economía debe ser respetuosa de valores y no fuente de valores; debe ser vista como la actividad destinada a crear, dentro del respeto de las normas sociales y ecológicas, las bases de la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos sobre el planeta. Pero la visión reduccionista tal como la entendemos, que sólo ve algún componente en forma aislada, en este caso el lucro, es precisamente la que está contemplada en las normas sociales y ecológicas vigentes. En la composición de los legisladores sigue prevaleciendo el paradigma estatuido y no hay que llamarse a engaños en que cambiaran sus posiciones por el prurito del llamado de atención de la nueva doctrina.

 

Tercero: generalizar la democracia a todas las relaciones sociales y a todas las instituciones. No solamente aplicarla y profundizarla en el campo político, con una nueva definición del Estado y de los organismos internacionales, sino también ampliarla al área de la economía, de la cultura y de la relación entre hombres y mujeres para que sea un valor universal y verdaderamente una democracia sin fin. Aquí la palabra clave y fuerza es Democracia, concepto cambiante a través de la historia, en el tiempo y en el espacio. Concepto que como el de justicia es fundamentalmente elaborado y acomodado a las circunstancias materiales que definen el contexto socioeconómico establecido.

 

Cuarto: forjar un ethos (punto de partida) mínimo desde el intercambio multicultural y desde las tradiciones filosóficas y religiosas de los pueblos, a fin de que puedan participar en la definición del Bien Común de la Humanidad y de la Tierra y en la elaboración de nuevos valores. Interesante propuesta, sobretodo muy democrática, en nuestro caso podríamos imaginarnos a los desempleados, empleados,  trabajadores informales, a los diferentes grupos humanos que hoy impone la visión de la diversidad, negros, indios, mujeres, LGTB, productores ilegales y legales, etc. poniéndose de acuerdo para aportar al ethos nacional y luego al mundial.

 

Quinto: potenciar una visión espiritual del mundo que haga justicia a las búsquedas humanas por un sentido trascendente de la vida, de la labor creativa de los humanos y de nuestro corto tránsito por este pequeño planeta. No cabe duda que esta es la estrategia más real y aplicable, potenciar una visión espiritual del mundo. Llegamos al momento histórico que  tanto temía Carl Sagan[121] Este notable científico preocupado  por la posibilidad de que nos introdujeran en una nueva edad oscura de irracionalismo y superstición nos advertía: “Preveo  cómo será la América... los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de unos pocos y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes; la gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento a los que ejercen la autoridad; nosotros aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto, nos iremos deslizando, casi sin darnos cuenta, en la superstición y en la oscuridad.” Podríamos adicionar las palabras textuales de D´Escoto “Aquí se dan las bases para una biocivilización que tiene como centralidad la vida, la Tierra y la Humanidad, cuyos ciudadanos se sienten hijos e hijas de la alegría y no de la necesidad.”

La propuesta, para poder ser implementada, requiere fundamentarse de cuatro principios éticos aceptados como decíamos por todos los seres humanos. Se nos advierte que “Todos estos retos no serán adecuadamente respondidos si no cambiamos nuestras mentes y nuestros corazones y no creamos espacio para la emergencia y el desarrollo de otras dimensiones esenciales del ser humano. El uso exclusivo y abusivo de la razón instrumental-analítica en los tiempos modernos nos ha hecho sordos al clamor de la Tierra e insensibles a los gritos de los oprimidos que son las grandes mayorías de la Humanidad. Es decir que la cuestión es de principios. En lo más hondo de nuestra naturaleza humana somos seres de amor, de solidaridad, de compasión y de comunión. Por eso hay que enriquecer la razón analítica con la razón sensible, emocional y cordial, sede de los referidos valores.” Parece como si en nuestras sociedades la razón analítica fuera muy popular, a tal grado que originara freno al desarrollo de una  sociedad equitativa, y que precisamente por eso debemos ser más amorosos, solidarios, compasivos  y cooperativos, y no abusar de de la razón instrumental – analítica. No es entonces raro que el esoterismo tenga en los últimos tiempos un auge exorbitante, fundamentalmente en los países menos desarrollados y en ellos en la población menos favorecida.

La propuesta del nuevo paradigma no solo se proclama como conveniente, sino como viable, porque según se afirma, la creencia testimoniada por las tradiciones espirituales y afirmada por cosmólogos y astrofísicos contemporáneos, de que por detrás de todo el universo, de cada ser, de cada persona, de cada evento y de nuestra crisis actual, actúa la Energía de Fondo, misteriosa e inefable, llamada también Fuente Alimentadora de todo  Ser.  Entonces, nos dan la albricia con plena certeza, que ésta Energía sin nombre,  que ya no la llaman dios,  – actuará también en este momento de caos ayudándonos y empoderándonos para vencer al egoísmo y tomar las medidas necesarias para que éste momento no sea catastrófico, sino creativo y generativo de nuevas órdenes de convivencia, de modelos económicos innovadores y de un sentido más alto de vivir y de convivir.

4.2 EL IMAGINARIO SOCIAL DEL NARCOTRÁFICO

Los grupos sociales vinculados al narcotráfico por su parte tienen un imaginario social propio, que aunque tiene relación con el modelo predominante en el resto de la sociedad (no podría ser de otra manera)  tiene sus propias especificidades, las que miraremos con algún detalle, porque en esa forma de pensar se encuentra en gran medida la justificación de su comportamiento social. Además, porque la política contra las drogas ilícitas, tiene responsabilidad en la conformación del  imaginario social de los mismos grupos y por supuesto de la sociedad en su conjunto. A este fenómeno, se le ha venido dando un reconocimiento creciente, a tal grado que ya hace muchos años se habla de una narcocultura.  Lilian Paola Ovalle,  advertía que se estaba conformando una “cultura de narcotráfico o una `narcocultura´” la cual ya estaba siendo estudiada de alguna forma desde diferentes visiones por importantes investigadores.[122] Ovalle, partiendo del punto de vista de la necesidad de “descifrar las transformaciones sociales y culturales que el narcotráfico ha generado en las sociedades de alguna regiones de Latinoamérica”,   propuso estudiar el fenómeno partiendo de entender el narcotráfico como una red transnacional en donde las fronteras entre países son inexistentes y de hacer un reconocimiento objetivo de la existencia de una narcocultura.  Al mismo tiempo muestra la necesidad de hacer un acercamiento a los efectos de esa cultura en la conformación de lo que ella denomina las representaciones sociales y los frentes culturales. A partir de algunas de las consideraciones del ensayo de Ovalle podemos hacer algunos comentarios de tipo general que nos acercan al tema. 

La conformación de la conciencia social de las personas vinculadas al negocio de las drogas ilícitas, se va generando a partir de su actividad cotidiana, la cual al desarrollarse en la ilegalidad tiene sus especificidades que difieren de las actividades de tipo legal, aunque toman del resto de la sociedad su marco de referencia. Así el imaginario específico de las personas relacionadas con el narcotráfico sea definitivamente sui generis, tiene vínculos con la conciencia social (predominante) de su entorno.

El término narco aparece en el DRAE, como un acortamiento del nombre común de narcotraficante y como elemento compositivo que significa droga, es decir como prefijo de algún sustantivo relacionado con la droga. Pero más allá de la descripción etimológica, ese prefijo nos lleva a un mundo diferente al tradicional, en donde conviven narcotraficantes, narcoparamilitares, narcoguerrillas, narcodolares, narcoterrorismo, narcovalores, narcolujos, narcocomportamientos, narcogobiernos,  y toda una serie de términos que sin el prefijo tendrían una significación social muy distinta, por lo general imágenes simples que no implican juicios de valor. Mientras que al prefijo narco, antecediendo a cualquier término, se le adjudica una connotación peyorativa.

La conformación de ese mundo distinto al “mundo común”, tiene su origen, con todas las excepciones que puedan confirmar la regla, precisamente en el mundo común y corriente. Poblaciones rurales y urbanas con dificultades objetivas de alcanzar niveles de vida dignos dentro de la legalidad, pero asediados por la propaganda de la sociedad de consumo, la cual en el afán de obtener la mayor ganancia posible, bombardea diariamente con mensajes explícitos o subliminales, la promoción del fetichismo de la mercancía. Habida cuenta que el reconocimiento social, el respeto, la admiración, la felicidad y hasta el amor se puede lograr fácilmente y en abundancia si se pertenece a la cúspide de la pirámide social. Pero para pertenecer a esa cúspide es necesario comprar mercancías. Entre mayor sea la cantidad y la calidad de las mercancías que una persona pueda comprar y consumir, mejor lugar le corresponde en la escala social. Esa es la regla de oro del mundo consumista. Pero en ese mundo común y corriente, la realidad es que las posibilidades de éxito dentro de la legalidad son muy reducidas. La competencia tradicional ha generado desequilibrios en las capacidades productivas, que impiden que dentro de la legalidad existan facilidades para lograr mejorar las condiciones de vida de grandes masas poblacionales. Mientras tanto, en la ilegalidad del negocio del narcotráfico, por lo contrario,  existe una alternativa viable que independientemente del alto grado de riesgo inmanente, ofrece grandes recursos, rentabilidades que en ninguna otra actividad legal pueden comparársele. Obvio, siempre y cuando esa actividad legal no esté relacionada con el mundo de las drogas ilícitas como es el caso de una buena parte del negocio de la guerra.

En el mundo del narcotráfico se genera una serie de condiciones y relaciones de supervivencia entre las personas, que se manifiesta  a través de imágenes, valores y conceptos que conforman la narcocultura. La cual tiene en común con el imaginario social general varios elementos, como es el caso del afán competitivo, el deseo de acumulación y concentración de capital, y en especial el instinto de conservación que conlleva la solidaridad coyuntural de pares. Todo lo anterior,  dado el carácter clandestino de  la actividad, se traduce en una serie de códigos de comportamiento específicos, como es el de considerarse impulsores del desarrollo socioeconómico de sus comunidades, luchadores contra la pobreza que el Estado no ha sido capaz de menguar, igualadores de las diferencias de estratos, consumidores compulsivos y desprendidos que ni siquiera los ricos tradicionales pueden igualar. Las condiciones, las relaciones, los valores, los códigos y todas las demás imágines del narcomundo, encuentran sus formas de expresión en su propio lenguaje. El Profesor-investigador del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos suministra una excelente muestra de estas expresiones que en el lenguaje del mundo legal tienen otro significado.  

CUADRO Nº 13 - GLOSARIO DE LA NARCOCULTURA

Abrirse en llamas/Ventiado: huir rápidamente.

Medallo/metrallo: Medellín.

Ache: heroína.

Muñeco: muerto.

Bacán: que tiene don de mando/ Valiente/ Que vive bien.

Nieve: cerveza/ cocaína.

Bacano: algo muy bueno/ Sentirse bien.

Ocho: un 250 gramos

Banderiar: exhibirse, dejarse ver luego de una acción.

Oficina: organización delictiva/ cártel.

Bazuko: pasta básica, sulfato de cocaína.

Parchar: ir de fiesta, reunión de amigos.

Becado: encarcelado.

Parche/ parchecito: fiesta pequeña entre amigos; reunión de parceros.

Bezaca: cabeza

Parcero: amigo.

Biyuyo: dinero.

Pasodoble: dosis de coca.

Braviar: retar/ Impugnar.

Patrasiar: reconsiderar un negocio; traicionar.

Caleta: refugio para guardar dinero o droga.

Pecueca: un tipo mala gente/ hombre despreciable.

Calichano: oriundo de Cali, Colombia/ colombiano.

Pepas: pastillas.

Caliche: oriundo de Cali, Colombia/ colombiano.

Peye: ser despreciable, miedoso, que no vale la pena.

Camaján: traficante carismático y de atuendos vistosos.

Picar arrastre: engañar a alguien.

Cambuche: refugio para dormir/ casa.

Pielroja de tacón alto: marca de cigarro barato con filtro.

Camello: trabajo.

Pilas papá: Alerta/cuidado.

Carroloco: que presta servicios menores.

Pille: mirar.

Caspa: tránsfuga.

Pinta/pintoso: hombre/ ropa vistosa.

Champaña en rama: marihuana.

Plante: dinero; suma importante de dinero.

Chucha: axila mal oliente

Polocha: policía.

Chumbimba: bala/ disparar.

Potorros: puertorriqueños.

Combo: banda/ grupo de referencia.

Quebrar/Quiñar: eliminar, asesinar.

Coso: un kilo de cocaína.

Riata/Gonorrea: mala gente.

Cuca: atractiva, muy bonita.

Sardina: adolescente.

Cucha: madre.

Soplador/Soplar: adicto a la cocaína.

Desechable: sicarios suicidas.

Subido: migrante/que "sube" a EE.UU.

Destriparse: perder la vida/ ser detenido con droga.

Suiche/Desechable: sicario suicida.

Dum dum: bala expansiva.

Tartamuda: ametralladora.

Duracel: narcotraficante poderoso.

Tombo/a: policía, la policía.

Duro: narcotraficante muy poderoso/ persona con influencias.

Traqueto: narcotraficante.

Faltón: desleal.

Tropeliar: pelear.

Federico: policía federal.

Tubo/Boquifrío: arma de fuego.

Gorzobia: desleal, traidor, mala gente.

Tuqui tuqui lulú: matar a alguien.

Guevón: tonto, ingenuo.

Uno A/Centavito: droga de primera calidad.

Imparajitable: inevitable.

Varón: hombre valiente.

Jíbaro: expendedor callejero de droga.

Ventiado/a: escapar de prisa.

Mágico: mafioso.

Voliar fruta: disparar en ráfagas.

Marrano: desleal.

Yonqui/Yunquie: adicto a la heroína.

Material: droga.

 

FUENTE: El truquito y la maroma, Juan Cajas, La Insignia. México, noviembre del 2003, http://www.lainsignia.org/2003/noviembre/cul_021.htm 

 

 

En la medida que el negocio de las drogas ilícitas florece, se van vinculando cada vez más y más personas de la más variada posición social, ya no tan populares en su origen, pero si comunes en sus ambiciones económicas. Profesionales de diferentes ramas académicas y posiciones sociales, se han vinculado a través del tiempo al  negocio en una ecuación de oferta y demanda de fuerza de trabajo, son cada vez más necesarios en la ilícita actividad por sus conocimientos, por sus capacidades intelectuales y políticas, pero a la vez son atraídos por los jugosos recursos que ofrece el negocio.  Algunos de los nuevos vinculados se independizan y abren sus propios frentes de trabajo, con lo que la narcocultura va penetrando la esfera del mundo de la legalidad y el imaginario social no puede distinguir con precisión el límite de las dos culturas. Como dice Ovalle “De esta forma, `el narco´, `el adicto´ y los `carteles del narcotráfico´ ya no sólo son actores principales de películas, telenovelas, libros y demás medios de comunicación masiva, sino que empiezan a ser actores sociales y escenarios cotidianos.” Al ser permeado el imaginario social por la narcocultura se da comienzo a una posible legitimización del proceso de reproducción de las sustancias psicoactivas. Legitimación que no es conveniente para todos aquellos que se benefician de las altas ganancias que  genera la ilegalidad del negocio.

Para Ovalle son dos los mecanismos más importantes que los grupos ilegales utilizan para comunicar su existencia: “La violencia – transgresión y la opulencia - derroche.” Así mismo, la industria de la cultura es la encargada de transmitir los mensajes que socializan esa existencia.

 

4.3 EL IMAGINARIO SOCIAL SOBRE LA PENALIZACION DEL CONSUMO

 

Podemos decir que en Colombia la visión que predomina es la de la represión, la del prohibicionismo, de todas las fases del proceso reproductivo de las sustancias PSA ilegales. De aquí que el porte y consumo de la dosis personal que se había despenalizado mediante la Sentencia C-221/94,  fue nuevamente prohibida por la presión ejercida de algunos sectores políticos encabezados por el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, aun en contra de las tendencias mundiales al respecto.

El debate entre los diferentes sectores  sobre la conveniencia o inconveniencia de la penalización del consumo, tuvo dos posiciones extremas aunque no necesariamente antagónicas, que ameritan ser consideradas al reflexionar sobre el imaginario social que predomina y las alternativas ideológicas en la sociedad contemporánea. Mientras que los defensores de la libertad individual del consumo defienden la tesis de que la prohibición con carácter coercitivo ha sido un costoso  y rotundo fracaso y que por lo tanto lo conveniente es darle al consumo un tratamiento de carácter médico, preventivo y curativo, los que prefieren la penalización alegan a su favor que la legalización ha sido una forma de permisividad de la sociedad que ha originado el incremento del consumo especialmente entre los adolescentes y que al mismo tiempo ha estimulado la producción y la comercialización.

 

CUADRO Nº 14

PREGUNTAS SOBRE LA DESPENALIZACION DEL CONSUMO Y RESPUESTAS DE DOS POSICIONES OPUESTAS

En aras de mostrar con objetividad los argumentos de las partes en controversia, se muestra el cuadro Nº 14, en donde se enfrentan las dos posiciones mediante una serie de preguntas formuladas por Laura Ardila Arrieta. En representación de las tesis gubernamentales, la del ex - ministro y aspirante a la presidencia de la república en continuación de las políticas del actual gobierno Andrés Felipe Arias y las del ex – magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz.

 

 

ANDRES FELIPE ARIAS

CARLOS GAVIRIA DIAZ

¿Por qué penalizar  o no la dosis mínima de drogas?

Hay que penalizar la dosis mínima de drogas por varias razones. La primera es que Colombia, debido a la despenalización, se convirtió en un país de consumo intermedio. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas así lo indica. Se encuestaron más o menos 30.000 personas y se encontraron unos resultados muy preocupantes. Por ejemplo, en el último año 540.000 ciudadanos consumieron marihuana. Cerca de 140.000, cocaína. Basuco: 34.000. Éxtasis: 55.000.

Hay que hacer una observación. No se despenaliza para que se consuma menos. Se despenaliza, justamente, para que la gente tenga conciencia de los daños que produce. El consumo hay que desestimularlo por otros medios... Para eso no encuentro una respuesta satisfactoria. No hay ningún motivo para penalizar el consumo de la dosis mínima. Por varias razones: está de por medio la autonomía de la persona, la libertad humana. Si se considera que la dosis personal hace daño, ese es problema del consumidor. El Estado no puede injerir en las decisiones que el consumidor tome... A esas estadísticas no hay que prestarles mucha atención por la siguiente razón: cuando el consumo de drogas está prohibido, la gente niega que consuma. No obstante, si el consumo no está penalizado, las personas contestan libremente que sí usan la dosis mínima. Por lo anterior, es posible que las estadísticas de años pasados hayan estado erradas.

La despenalización de la dosis personal está siendo aprovechada por los traficantes de drogas de nuestro país, que trafican libremente por dosis personales. Por ejemplo, el expendedor de basuco guarda en una alcantarilla su cargamento y lo vende por dosis mínimas. Si la Policía lo captura, el juez de garantías lo tiene que soltar inmediatamente, ya que el delincuente reclama su derecho a portar la dosis personal.

Si se piensa que la persona que consume drogas puede atentar contra la integridad de los demás, tengo una noticia: a las personas hay que sancionarlas por lo que hacen, no por lo que puedan llegar a hacer. La penalización es una política peligrosa, terrible, que atenta contra la libertad humana y la autonomía. Comparemos el consumo de drogas con el de licor, por ejemplo. Tomar licor es tan dañino, sin embargo nunca se ha considerado como algo delictivo, entre otras cosas, porque el Estado ha derivado de ahí recursos.

Mi tercera razón para penalizar es filosófica: no puede ser que Colombia sea el país que ha hecho el sacrificio más grande en la lucha contra el narcotráfico. Todo para que en la calle se permita la venta dosificada de drogas.

Si fuéramos a penalizar el consumo de ciertas sustancias, en razón de que afectan la salud de quien las ingiere, entonces debería estar penalizado el consumo de grasas. Habría que fijar una dosis de chicharrón para todos los ciudadanos. La democracia es fundamentalmente un sistema de gobierno amable, que persuade, que educa. Los padres que piensan que el rejo es bueno para sus hijos están equivocados. Esos mismos personajes son los que, siendo gobernantes, creen que lo mejor es el encierro en las cárceles.

 

 

¿Qué opina de los tribunales de tratamiento que propone el Gobierno?

El proyecto del Gobierno es muy bueno. Sucede que el libre desarrollo de la personalidad, argumento que se invoca para defender la despenalización del consumo mínimo de drogas, tiene límites en el respeto al ordenamiento jurídico colombiano, en los derechos de los demás.

No hay nada más peligroso que el paternalismo. Es un autoritarismo disfrazado con un rostro amable. Paternalismo es decirle a una persona: “Mire, yo conozco mejor que usted sus intereses, déjeme protegerlo”. Al ciudadano no se le puede tratar como a un incapaz. Eso es propio de las dictaduras. Los tribunales de tratamiento fueron propios de los regímenes detrás de la cortina de hierro y en la Alemania nazi. Son medidas terribles.

No todo el que consume drogas es un enfermo...

Correcto. Por eso las sanciones que plantea la iniciativa son variadas. Pueden ir desde la pedagogía o educación hasta las sanciones terapéuticas, en las que sí podría haber una limitación al derecho a la libertad en instituciones adaptadas para eso. También puede haber casos en los que un drogadicto puede ser mandado a la cárcel si comete una infracción al código penal.

Un consumidor no es un enfermo. Una persona puede consumir drogas simplemente porque éstas lo satisfacen.

Hay quienes dicen que cada persona está en libertad de tratar su cuerpo como mejor le parezca...

La diferencia es que con el cáncer, por poner un ejemplo, uno no les está generando un riesgo a las demás personas. Con la droga sí. Lo que está buscando el Gobierno es, precisamente, ejercer una protección coactiva para proteger a la sociedad y al consumidor mismo de los efectos de la droga.

Una persona que sale a atentar contra la vida de otra debe ser detenida por las autoridades. Pero una persona que se fuma un pucho de marihuana no está atentando contra la salud de los otros. Atenta contra la salud de los otros el que se fuma, por ejemplo, un cigarrillo en un espacio cerrado.

¿La penalización de la dosis mínima ayuda en la lucha contra los grandes carteles?

Cada kilogramo de cocaína destruye cuatro hectáreas de bosque natural en nuestro país. Eso equivale a ocho canchas de fútbol. Cada kilogramo de cocaína implica muerte, implica terrorismo, implica flujo de caja para los criminales. La dosis mínima alimenta los carteles que de pronto no están especializados en mandar droga al exterior, sino que la envían para el mercado doméstico. La despenalización le permite al expendedor continuar campante por la calle.

Cuando en la Corte dictamos la famosa Sentencia 221 de mayo de 1994, éramos conscientes de que la persecución coactiva contra las drogas ha fracasado. La prohibición lo que hace es que en una democracia las personas oculten un comportamiento que no debería estar oculto. En la medida en que el consumo, la producción y el expendio de drogas se oculten, se encarecerá el producto y se impulsará el narcotráfico. Porque si el narcotráfico no rindiera las ganancias que rinde, no existiría. Por eso hay que empezar a pensar, con mucha tranquilidad, en la descriminalización de la producción de drogas. La humanidad en ocasiones divisa soluciones a los problemas, pero se tarda en tomar esas decisiones. Sin embargo, tengo la certeza de que para allá vamos.

¿Cómo ve la marcha de hoy? (se refiere a una marcha a favor de la dosis personal)

Me parece que esta marcha distorsiona el debate, es irrespetuosa con la mayoría de familias colombianas que quiere penalizar no para mandar a la cárcel al enfermo, sino para arrestar al expendedor. Es un irrespeto con los muertos que dejaron narcotraficantes como Pablo Escobar.

La marcha es magnífica. Es en contra de las políticas equivocadas y autoritarias. Si mañana estuviera en el país, asistiría portando mi dosis mínima, puede ser de marihuana.

¿Alguna vez ha consumido drogas?

Afortunadamente tuve la oportunidad de crecer en un hogar en el que recibí de mis padres un ejemplo de verticalidad. Mi familia me enseñó que la droga hace mucho daño. No sólo sobre quien la consume, sino sobre el resto de la sociedad. Me siento intimidado frente a una persona bajo los efectos de la droga. Nunca pensé en consumir, ni tampoco tuve la oportunidad.

Muchos de mis amigos han consumido. Yo nunca lo hecho, pero no porque lo considere criminal. En mi casa a mis hijos jamás les he prohibido que consuman alcohol o drogas. El resultado: el más vicioso de mi casa soy yo, que de vez en cuando me tomo un whisky.

¿Qué opina de la posición de su contrincante?

Me parece que uno de los errores más grandes de la Corte en los últimos años fue haber atendido la ponencia del doctor Gaviria. Gaviria utiliza el sofisma del libre desarrollo de la personalidad para permitir la dosis personal. Su argumento es equivocado. La penalización no va en contra ni del pluralismo ni de la autonomía ni de la dignidad.

Esa es una posición muy del doctor Arias, que se presenta como portador de las banderas del doctor Uribe.

*FUENTE: Dosis mínima: ¿error o acierto?, Laura Ardila Arrieta, ELESPECTADOR.COM, 25 de marzo de 2009, http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso130840-dosis-minima-error-o-acierto

 

Resaltamos algunas de las argumentaciones que buscan el favor de la opinión pública, y que por lo tanto influyen en el imaginario social sobre la penalización del consumo. Para la posición prohibicionista y represiva del gobierno, varias son las razones que existen para implementar la prohibición del porte y consumo de la dosis personal. La primera es que Colombia, debido a la despenalización, se convirtió en un país de consumo intermedio. Segundo, que la dosis personal está siendo aprovechada por los traficantes de drogas para vender más drogas,  amparados en la dosis personal y la tercera, que no tiene presentación que  el país que ha hecho el sacrificio más grande en la lucha contra el narcotráfico, permita que en la calle se venda la droga dosificada. Además, que el planteamiento sobre el libre desarrollo de la personalidad, que sirve de argumento para defender la despenalización del consumo mínimo de drogas, no es tan cierto ya que tiene límites en el respeto al ordenamiento jurídico colombiano, concretamente en los derechos de los demás. Por último, advierten que las sanciones que plantea la iniciativa son variadas, estas pueden ir desde la pedagogía o educación hasta las sanciones terapéuticas, en las que sí podría haber una limitación al derecho a la libertad en instituciones adaptadas para eso. Aunque también pueden darse casos extremos en donde  un drogadicto puede ser mandado a la cárcel si comete una infracción al código penal, porque lo que está buscando el Gobierno es ejercer una protección coactiva para proteger a la sociedad y al consumidor mismo de los efectos de la droga.

 

De otra parte, los argumentos de los que están en contra de la prohibición, que en la medida en  que los medios masivos de comunicación se los permite también aportan a la conformación del imaginario social, se pueden resumir en lo siguiente. Es una equivocación pensar que se despenaliza para que se consuma menos, lo que se busca con la despenalización es que la gente tenga conciencia de los daños la droga ilícita produce y si lo que se quiere es disminuir el consumo,  hay que desestimularlo por otros medios. No existe ningún motivo para penalizar el consumo de la dosis mínima por varias razones: de una parte la prohibición atenta contra la autonomía de la persona  y la libertad humana. Si la dosis personal le hace daño al consumidor ese es un problema del consumidor, el Estado no debe estar prohibiéndoles a los consumidores de muchas cosas que le son dañinas que no las consuma, por ejemplo dulces, grasas, carnes, etc. Y en lo relacionado con los peligros que los consumidores representan contra otras personas, el Estado no puede dictarles sentencia previa,  porque a las personas hay que sancionarlas por lo que hacen, no por lo que puedan llegar a hacer. Por ejemplo, tomar licor es tan dañino o más que algunas drogas hoy clasificadas como ilícitas, y bajo su efecto se pueden haber cometido muchísimos más delitos, sin embargo nunca se ha considerado como algo delictivo, entre otras cosas, porque el Estado ha derivado de ahí recursos. El concepto de democracia, como lo explicamos adelante, es fundamentalmente un sistema de gobierno amable, que persuade, que educa, no hay que confundirlo con el paternalismo. Porque el paternalismo es un autoritarismo disfrazado con un rostro amable,  es decirle a una persona: “Mire, yo conozco mejor que usted sus intereses, déjeme protegerlo”. Al ciudadano no se le puede tratar como a un incapaz. Eso es propio de las dictaduras. Los tribunales de tratamiento fueron propios de los regímenes detrás de la cortina de hierro y en la Alemania nazi. En cuanto al aspecto económico, es elemental que en la medida en que el consumo, la producción y el expendio de drogas se oculten, se encarecerá el producto y se impulsará el narcotráfico, porque al narcotráfico lo estimula es precisamente las altas ganancias que recibe. Si la  anterior ley económica es válida, se debería empezar a pensar, con mucha tranquilidad, en la descriminalización de la producción de drogas.

 

El interés del gobierno por regresar a la prohibición del porte y consumo de la dosis personal siempre fue muy grande,  a tal grado que el mismo presidente de la República, el doctor Alvaro Uribe Vélez, en la cumbre de UNISUR realizada el 28 de agosto  de 2009, con oportunidad de la invitación que se le realizó para que explicara el por qué del establecimiento de las bases militares estadounidenses en Colombia, les dijo a los mandatarios presentes que “en nuestro país, como en muchos países, por decisiones judiciales, hay una legalización del consumo, una impunidad a la dosis personal. Y eso se utiliza como un factor de inducción de la niñez a la criminalidad... Sale un niñito de su casa en procura de ir a un parque de diversiones, de deporte, lo reclutan los narcotraficantes, se aprovechan de su inimputabilidad penal y lo utilizan para distribuir droga, y termina de consumidor e involucrado en el negocio criminal... No se entiende que un país que ha derramado tanta sangre por el terrorismo narcotraficante, tenga permisividades frente al consumo[123]

 

Uno de los aspectos más sobresalientes del debate es el relacionado con la penalización de los consumidores. Al respecto el Ministro de la Protección Social, defensor de la penalización explicaba que “cuando se habla de penalizar el porte y consumo de unas sustancias que son ilícitas porque son nocivas, no necesariamente se está pensando en atribuir un carácter criminal a dicha conducta para atiborrar las cárceles de farmacodependientes, sino tipificarla como una falta que requiere una sanción social y para la que se pueden imponer penas de carácter educativo y adelantar acciones de atención y rehabilitación.”[124] Es decir, para el Ministro penalizar  no necesariamente es criminalizar pero si se requiere imponer penas y esto es debido a que, según argumenta, las medidas educativas efectivas modifican solo un 20% de las conductas de las personas, mientras que la modificación de las actitudes el 60%. Por este argumento estadístico y con igual rigurosidad lógica, necesariamente sería tres veces más conveniente modificar las actitudes. ¿Pero cómo se propondrá el gobierno modificar las actitudes?

 

Para el Director del Centro de Estudios DeJuSticia Rodrigo Uprimny, en la propuesta gubernamental “lo cierto es que se crean unos tribunales, que podrán ordenar la privación de la libertad de cualquier persona que sea sorprendida con un cachito de marihuana, para que siga a la fuerza un tratamiento. Y eso es obviamente una pena, por más de que se la encubra con un lenguaje humanista… Es más, ese enfoque terapéutico puede incluso ser más riesgoso para la libertad pues priva al consumidor de las garantías del derecho penal.[125]Adicionalmente a esto, conviene reflexionar sobre los riesgos del hacinamiento en los lugares de reclusión, las condiciones de encierro y el tipo de tratamientos que se les dará a los enfermos; esto teniendo en cuenta las condiciones de vida de las poblaciones carcelarias de hoy en el país y las dificultades y los costos de la salud. Los famosos tratamientos terapéuticos que se les darán a los enfermos detenidos no parecen muy promisorios para llevarlos a la cordura.

Con relación al imaginario social, la idea del prohibicionismo, es decir la propuesta del gobierno, tiene la particularidad de ser acogida con facilidad por la primera impresión que genera en quien la escucha y no la reflexiona. A primera vista, cualquier padre de familia tiende a aceptar de manera inmediata el prohibicionismo, viendo la posibilidad de que sus hijos terminen en la adicción y todos los males que le son conexos, máxime cuando las drogas ilícitas son la causa de tantas calamidades en el país como la violencia, las guerrillas, las mafias y demás. Marianne Ponsford[126] hace algunas reflexiones importantes al respeto de la prohibición de la dosis personal al afirmar que es entendible que la mayoría de la gente “esté de acuerdo con penalizar el porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes. Y esté de acuerdo también con la Iglesia por su postura en contra del uso del condón y a favor de la fidelidad, como estrategia para combatir el SIDA. Porque ambas medidas parecen estar encaminadas a proteger una institución social que casi todo el mundo quiere por encima de cualquier otra cosa: la familia.” Pero advierte que la cuestión no tiene una respuesta ni una solución tan fácil. El aceptar cualquier propuesta sin fórmula de juicio, es muy fácil y aparentemente lógico. Cosa que nos es muy dada en mayor proporción cuando los niveles de educación son muy bajos o cuando esa educación no nos ha equipado con la suficiente capacidad y voluntad de cuestionamiento y razonamiento. En esas condiciones de debilidad intelectual, somos más susceptibles a aceptar las formulaciones dogmáticas.  Como bien lo define Ponsford, “el dogma: esa creencia que no admite réplica, que no se puede someter al debate de la inteligencia ni puede ser controvertida por la evidencia. El dogma es una imposición que exige obediencia ciega. Pero el dogma es también el más violento mecanismo de control sobre una sociedad, y sin duda el más antidemocrático. Nadie puede opinar, nadie puede participar, nadie puede dar un testimonio.” Pero el dogma, en su afán de imponer obediencia, tiene la característica adicional de recurrir al miedo, porque el miedo es una herramienta que utiliza el autoritarismo: “Basta mirar la historia de la Iglesia Católica. Miedo al infierno, miedo a la culpa, miedo al sexo. Miedo a todo aquello que reste capacidad de control por parte de la suprema autoridad que todo lo ve.” Marianne Ponsford, no solo no le ve posibilidades de éxito a la política del, prohibicionismo en la lucha contra las drogas, sino que le ve una peligrosa utilidad en contra de la democracia, es decir a favor de la permanencia del actual gobierno nacional. Existe una congruencia entre los campos del prohibicionismo dogmático, el nuevo auge de las religiones y la captación masiva de votos.

 

Con el auge del esoterismo, los movimientos político-religiosos hace algún tiempo vienen ocupando cada vez mayores espacios en la vida política y en las instituciones para su ejercicio. El Congreso “en julio de 2005 condecoró a los pastores evangélicos Ricardo y María Patricia Rodríguez, de la Iglesia Centro de Avivamiento para Las Naciones, con la Cruz de Oro de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, por los servicios prestados al país en el ejercicio de su misión evangélica. Representan a miles y miles de feligreses, es decir, de obedientes votantes…” Y miren cómo se mueven: caso uno. El 3 de mayo de 2007 Édgar Espíndola Niño, ex alcalde de Sogamoso y cristiano evangélico, ocupó la curul de Luis Eduardo Vives, investigado por nexos con el paramilitarismo. Su proyecto de ley estrella fue el siguiente: multar con 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a todo el que incurriera en adulterio. Inevitable preguntarse: ¿No sería preferible que el Estado no interfiriera en los problemas de pareja? ¿No será que estos problemas pertenecen a la esfera de la intimidad? Caso dos. Víctor Velásquez Reyes, senador del movimiento Colombia Viva en Unión Cristiana, presentó un proyecto de ley para prohibir a homosexuales y prostitutas el uso de prendas que se puedan interpretar como exhibicionismo con fines comerciales. Inevitable preguntarse: ¿Debe el Estado regular la profundidad del escote, o el largo de la falda? Caso tres, que ya pasa de castaño oscuro: la semana pasada se debatió en el Congreso el siguiente proyecto de ley, presentado por la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, fundadora de la Misión Carismática Internacional, y cuyos feligreses la llevaron a ocupar su curul: "La presente ley tiene por objeto otorgar competencia a los comandantes y subcomandantes de Estación de Policía, para aplicar la retención transitoria en Comandos de Estación a toda persona que evidencie vulnerabilidad, indefensión o excitación, y que por esa condición puedan convertirse en potenciales víctimas o victimarios". Los feligreses, obedientes ovejas del rebaño, por su fe, que es creer lo que no vemos pero que dios lo ha revelado, cumplen ciegamente los dogmas de sus iglesias, con la esperanza de que un día, así sea en la otra vida, encuentren la felicidad y pierdan el miedo, mientras tanto, sus votos son aprovechados por quienes les han creado los dogmas, la fe y el imaginario social.

 

En un comunicado a la opinión pública[127] los organizadores de un numeroso grupo de ciudadanos propusieron abrir un debate con carácter científico,  respecto a la propuesta del gobierno, en apoyo a la Constitución y a las leyes, y con el convencimiento de que el Estado no debe intervenir en el desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos y que la autorregulación es el mejor medio de equilibrar las libertades y los derechos de los demás. Para este efecto reclamaron claridad, antes de tomar cualquier tipo de medida, sobre los siguientes tópicos de carácter pragmático:

·        Distinguir entre los diferentes tipos de consumidores de sustancias psicoactivas. ¿Todo consumo es problemático? ¿Se puede tratar de la misma manera al adicto y al consumidor recreativo?

 

·        Riesgos asociados al prohibicionismo. ¿Cuáles riesgos asociados al consumo de drogas podrían evitarse con una regulación de su uso y producción?

 

·        Prevención efectiva. ¿Cómo proteger a las poblaciones vulnerables, como menores de edad y personas de bajos ingresos, del consumo problemático? ¿La información lleva a la prevención?

 

·        Producción. ¿Cuál es el costo real para Colombia de la guerra contra las drogas? ¿Cuál debe ser el rol de los consumidores de drogas en un país productor?

El debate propuesto, el cual además debe incluir otros razonamientos, tiene plena validez en el marco del Estado Social de Derecho porque la legitimidad del mismo Estado y de sus acciones no es una condición permanente e inamovible, sino que por lo contrario es un proceso dinámico de cambio en concordancia con la efectividad de sus acciones. De aquí que se hace necesario tener claridad sobre efectividad de las propuestas del gobierno en lo que respecta a la política contra las drogas ilícitas.

Al respecto el grupo permanente de investigación jurídica, socio-jurídica y de antropología jurídica de la Universidad de Caldas nos recuerda[128] que el ex presidente  Cesar Gaviria Trujillo en ejercicio de la presidencia le escribió una carta al entonces Fiscal General de la Nación,  Gustavo de Greiff, en donde le decía que “yo tendría muchos argumentos morales, jurídicos y prácticos para desvirtuar las supuestas bondades de la legalización, particularmente para Colombia. Tan sólo considero que este debate no contribuye en modo alguno en la lucha por la defensa de la democracia” y que de este modo el entonces Presidente de la República, paradójicamente cerraba las puertas al debate público, ejercicio democrático por excelencia, en aras de la democracia. Esta situación le resultaba a las investigadoras bastante preocupante en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, pues la negativa a sustentar razonable, seria y públicamente las políticas en contra de las drogas y muy especialmente las políticas criminales que implican una restricción de derechos fundamentales, les conducía a considerar que estaríamos ante un ejercicio autoritario del poder público. Hoy, después de tres lustros y como producto del análisis objetivo de los resultados de la política vigente contra las drogas ilícitas, el ilustre personaje como miembro  de  la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia,  plantea la necesidad de un debate abierto en la búsqueda de  estrategias más eficientes y humanas[129], en donde las directrices principales deben ser:

La realidad es que estudios sobre el efecto de la despenalización, realizados en otros países con la rigurosidad científica que amerita el tema, indican que contrario a lo que afirma el gobierno colombiano, la despenalización del uso y de la tenencia de SPA puede llevar a la disminución del consumo. En Portugal, hace ocho años se sancionó una ley de despenalización, la cual desató una gran polémica porque los prohibicionistas pronosticaban que el país se transformaría en el centro de atracción turística de los drogadictos europeos, pero la verdad es que el consumo en el tiempo transcurrido disminuyó en un 10%.[130] “Brendan Hughes, del Observatorio Europeo de las Drogas, con sede en Lisboa, dijo a la BBC: “No sabemos si es por la ley. No sabemos qué es lo que hace que la gente deje de consumir drogas. Lo que sí sabemos es lo que no ha sucedido: no ha habido una explosión en el consumo. El sentido común puede decir una cosa, pero todas las estadísticas afirman lo contrario”. Además las enfermedades relacionadas al consumo de drogas están mucho más contenidas. Al mismo tiempo, se reconoce que el tratamiento del consumo de drogas como un problema de salud pública y las acciones de información y prevención han tenido efecto positivo en la disminución de los adictos. De todas maneras el narcotráfico en Portugal sigue siendo un delito grave. Asombra el grado de coincidencia entre la propuesta de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia y la práctica de Portugal.

Volviendo al tema del imaginario social, y recapitulando que todas y cada una de las personas tienen un imaginario individual que oscila alrededor del imaginario social a que pertenecen, no es de extrañar que un grupo de los más connotados intelectuales colombianos apoyaran la iniciativa de solicitarle al gobierno que retirara la propuesta de penalizar nuevamente el porte y consumo de la dosis personal. Pero, tampoco debe sorprendernos, según lo comentado, que un grupo mucho más grande de personas apoye abiertamente, con fervor, la propuesta del gobierno.  Aunque no tiene la calidad de una muestra estadística, según un sondeo  a la población,[131]  el 71% apoyó sancionar el consumo de drogas ilícitas en Colombia y  tan sólo un 22% se opuso a que se penalizara. Sin embargo la muestra solo correspondió a 350 personas. De todas maneras, en el Congreso de la República, la mayoría de las bancadas oficialistas, que a su vez son mayoría en el senado aprobaron la propuesta penalizadora y se abrió paso a otra reforma constitucional para lograr el objetivo del gobierno. Sería muy conveniente que se abriera el debate y se socializaran los diferentes conceptos sobre todo lo relacionado con las drogas y que una vez la población adquiriera una visión objetiva de los significados, es decir que adquiriera conocimientos científicos sobre el tema y no simples dogmas, se realizara una consulta o un referendo para que cualquier medida al respecto fuera tomada con la participación de la ciudadanía bien informada.

La reforma se aprobó en contra de un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia[132], según el cual el porte de la dosis personal no es un acto punible porque el consumo de dosis mínima o autoconsumo, se constituye en un comportamiento autodestructivo el cual incumbe a los ámbitos de la libertad personal y además, el consumo de marihuana y sustancias estupefacientes generan en la persona problemas de adicción y esclavitud, que lo convierten en un enfermo compulsivo, merecedor de recibir tratamientos médicos terapéuticos antes que merecedor de un castigo.

4.4 LA LIBERTAD Y LA MORAL

 

La libertad entendida como la facultad inmanente del ser humano para obrar de una manera o de otra, tiene una doble acepción complementaria. Tomando en consideración el entorno de una persona, libertad implica ausencia de moderación o represión y desde el punto de vista del propio ser, del yo, significa la capacidad de acción o a la facultad de tomar decisiones que conduzcan a actuar. Los humanos como individuos o como grupos sociales son libres en la medida que no están sometidos al dominio, poderío o señorío de alguien y en la medida que pueden tomar decisiones para actuar de una u otra manera[133]. Para entender cómo influye la política contra las drogas ilícitas en la formación del imaginario social, es conveniente tener en cuenta que entre las múltiples manifestaciones de la libertad, sobresalen en importancia las libertades políticas y las libertades cívicas.

La libertad política se define como “el derecho, o la capacidad y habilidad, de la libre determinación, como expresión de la voluntad del individuo, concerniente a qué tipo de organización social desea tener, desarrollar o a cuál pertenecer.” Las libertades cívicas o civiles y los derechos individuales, que están incluidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “pueden considerarse como la capacidad de realizar diferentes actos de trascendencia pública sin impedimento estatal, y gozando para su disfrute de la protección del mismo Estado”. Entre las libertades cívicas adquieren dimensión propia las libertades de asociación, circulación, enseñanza, empresa, expresión, reunión, pensamiento, prensa, intelectual, porte de armas, religiosidad y sexualidad.

Por su parte la moral, como forma de expresión de la conciencia social[134], es el conjunto de normas, principios y valores, que le sirven de marco de referencia a los individuos y grupos sociales para obrar en concordancia con lo que es bueno o malo y con lo que es correcto o incorrecto. Por lo tanto, la moral también tiene una doble connotación, al ser objetiva y subjetiva a la vez. La objetividad de la moral se fundamenta en la existencia de normas obligantes en el entorno de los individuos y de los grupos sociales en un momento histórico y en un espacio determinados. La parte subjetiva de la moral hace referencia a la conciencia, al contenido interno psíquico o psicológico, que cada individuo o grupo social tiene frente al respeto y a la obligatoriedad de esas normas; a la conciencia que permite valorar los comportamientos propios y ajenos en relación a dichas normas. Entonces en la conceptualización de la moral aparecen dos conceptos definitorios: norma moral y respeto u obligatoriedad de cumplimiento de esa norma. Las normas morales, como todas las nomas sociales, al determinar el comportamiento de las personas en la sociedad, son factores de encausamiento y coordinación de las actividades sociales y en ese sentido, son factores de coerción y disciplina social. De aquí que un comportamiento moral, al interpretarse como un comportamiento solidario con la sociedad puede llegar a coartar la libertad. Por lo tanto, la validez de las normas morales como parte del imaginario social, tiene su justificación en la medida que apuntalen el progreso social o vayan en contra de ese progreso social al favorecer intereses particulares de los creadores de la norma.

A partir del anterior acercamiento al concepto de libertad, podríamos formularnos algunas preguntas, para tenerlas presentes en las siguientes observaciones: ¿Cómo puede la política contra las drogas ilícitas estar influyendo en la formación del imaginario social, en lo relacionado con la libertad?, ¿hasta qué punto se dará el sometimiento al dominio, poderío o señorío de alguien?, ¿se pueden tomar decisiones objetivas para actuar de una u otra manera.?, ¿existe “el derecho, o la capacidad y habilidad, de la libre determinación, como expresión de la voluntad del individuo, concerniente a qué tipo de organización social desea tener, desarrollar o a cuál pertenecer.”?, ¿hasta dónde se da el respeto a los Derechos Humanos?, ¿Existe capacidad de realizar diferentes actos de trascendencia pública sin impedimento estatal, y gozando para su disfrute de la protección del mismo Estado”?, ¿Y qué pasa con las importantes y numerosas libertades cívicas? ¿Cuáles son los principios y los valores de referencia que nos están formando para actuar en nuestra sociedad?, ¿Cómo es el manejo de las normas obligantes y cuáles pueden ser los objetivos de ese manejo? Y finalmente ¿Será el imaginario social un sistema?

Para correlacionar la libertad y la moral conviene incluir un concepto adicional: lo ilícito. Según Guillermo Ospina,[135] lo ilícito nos remite a un espacio de relaciones, actividades y comportamientos “no permitidos moral ni legalmente”. Ampliando la idea, lo ilícito es todo aquello que está fuera de lo legal, de lo moral o de las reglas establecidas[136]. Entonces, lo ilícito por definición de alguna forma restringe la libertad absoluta dentro de un grupo social, o como los respetuosos de las tradiciones y conservadores de las buenas maneras podrían  decir,  coarta el libertinaje. Hacer algo ilícito, desde el punto de vista moral es hacer algo en contra de los valores del grupo social en donde se lleve cabo la acción. Desde el punto de vista de lo acordado entre los miembros de la sociedad es hacer algo que infringe las reglas establecidas social o legalmente.

De lo anterior, el concepto de lo ilícito puede tener diferentes acepciones en el orden de los valores. Por ejemplo, dentro de los grupos sociales que delinquen, que pertenecen a un grupo social más amplio, el delatar es un ilícito que se paga hasta con la vida, mientras que para el resto de la sociedad puede ser motivo de agradecimiento, hasta de recompensas económicas. Para los señores de la guerra, cuyos lazos de relaciones se atan a miembros del alto poder social, al hablar, pensar y actuar frente a la guerra, a la guerrilla, al narcotráfico, a los paramilitares, a los raspachines, lo ilícito puede ser muy diferente a lo que es ilícito para muchos otros grupos sociales frente a estos tópicos. Y viceversa.

Adicionalmente, además, lo ilícito está relacionado con todos los aspectos que conforman el imaginario social y por esto es un concepto polifacético  y multifuncional, que abarca muchos campos, como lo dice Ospina “comparte aspectos estéticos, económicos, políticos, sociales y culturales que para el caso colombiano vinculan directamente el tema de las drogas, sociedades rurales, redes de narcotraficantes, guerra de guerrillas y estrategias globales de dominación en medio de relaciones de suma complejidad ética y moral.” Todos estamos expuestos cotidianamente a la obligación moral y legal de rechazar múltiples hechos por ilícitos y sin embargo no todos coincidimos en lo que definitivamente es ilícito. Objetivamente se podría afirmar que no tenemos un punto de referencia que nos permita anclarnos, para no alejarnos del concepto más valedero, porque en los ámbitos del poder, en los que se supone deberíamos poner nuestra atención en la práctica, se actúa de manera ilícita en forma permanente según el pensamiento generalizado de grandes capas de la sociedad. Por este motivo, no podemos preguntar cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta para definir de la manera más equilibrada qué es o no ilícito, es decir, quién o quienes nos deben decir qué es lo ilícito y con qué autoridad ética o moral nos lo pueden indicar o imponer.

La libertad y la moral se unen en la práctica de la vida social mediante la articulación de lo ilícito. Podemos tener claridad conceptual, legitimidad y legalidad sobre nuestras libertades y la moralidad de nuestras actuaciones, pero el temor a lo ilícito nos restringe y condiciona,  porque en nuestro imaginario social los temores nos restringen impidiéndonos llegar a la materialización de nuestros derechos, así estos estén plenamente identificados y legalizados.

La Constitución Política de Colombia utiliza el término “libertad” en 14 artículos, de los cuales resalto los siguientes tres:

 

ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

 

ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

 

ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

 

Con relación a éste último Artículo, de las libertades económicas, es necesario resaltar que esa libertar, puede y debe ser impulsada por el Estado con propósitos muy claros:

 

ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

 

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

 

En resumen, dentro de los fines esenciales del estado está el de proteger las libertades de todas las personas residentes en Colombia, entre las cuales  se destacan la libertad de conciencia y la libertad económica. Respecto a la protección de la libertad de conciencia, es el Estado el responsable de que nadie sea ni siquiera  molestado por lo que piense o crea, ni nadie puede ser obligado de manera alguna a actuar en contra de esas convicciones. Así mismo, sin ir en contra del bien común, los colombianos tienen libertad de dedicarse a cualquier actividad económica y a desarrollar libremente su iniciativa. Es más, el Estado está en la obligación de impedir que se obstruyan o se restrinjan esas libertades y que las personas que tienen posiciones dominantes en el mercado abusen de su condición en contra de la libertad económica. El estado tiene la obligación de intervenir en los procesos de producción, distribución y uso o consumo de bienes y servicios, para favorecer el nivel de vida de los colombianos, en especial la de los de menores recursos.

Miremos algunos elementos que nos posibilitan entender cómo es que los conceptos de libertad, de moral y de lo ilícito, se materializan en el mundo del narcotráfico y en relación a esto,  cómo es que la política contra las drogas ilícitas influyen en la formación del imaginario social.

En principio, la materialización de la libertad en un Estado Social de Derecho debería superar realización de la misma en el marco de un Estado Liberal y en el de un Estado Paternalista. Porque el Estado Social de Derecho no renuncia a los principios que sobre la libertad tiene el Estado Liberal y por lo contrario lo supera en mucho. Porque en el Estado Social de Derecho el Estado queda autorizado y obligado a intervenir con los instrumentos que tenga a su alcance para que la libertad sea un hecho real, es decir, se logre. Nuestra constitución como veíamos dice claramente: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger… libertades”; “Se garantiza la libertad…”; “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad...” De otra parte, a diferencia del Estado Paternalista, el Estado Social de Derecho acepta a las personas naturales como seres pensantes, capaces de discernir y diferenciar entre lo que les conviene y lo que no les conviene. En esa medida les reconoce a los individuos y a las comunidades la capacidad autónoma de decidir sobre lo que deben hacer y les posibilita hacerlo. Sin embargo esta concepción sobre la libertad y el papel del Estado frente a las libertades en nuestro país se atiborran de contradicciones y lo que debía ser un certero principio del comportamiento gubernamental en la práctica se convierte en incertidumbre.

Un ejemplo muy claro al respecto lo tenemos con el fallo que despenalizó el porte y consumo de la dosis personal. “Este fallo sentó un precedente sobre el alcance de la  libertad del individuo en un Estado Social de Derecho y materializó las concepciones filosóficas más profundas sobre libertad que se vienen gestando desde antes de la Revolución Francesa.”[137] Sin embargo, en Colombia como en muchas partes del mundo, aún existen posiciones contrarias. Estas posiciones obcecadas se pueden sintetizar en las respuestas que dio el ex ministro Andrés Felipe Arias[138] y que representan las posiciones del gobierno actual: primero, nos oponemos a la despenalización porque debido a la despenalización Colombia se volvió un país consumidor. Segundo, los narcotraficantes colombianos aprovechan el concepto de dosis personal para traficar y tercero, como Colombia ha hecho el sacrificio más grande en la lucha contra el narcotráfico no puede permitir que en la calle se vendan drogas. Desde nuestro punto de vista, con relación al concepto de libertad,  Arias en esencia dice: Primero, restringimos la libertad de porte y consumo de la dosis personal de unos para restringir la libertad de porte y consumo de la dosis personal de otros. Segundo, la existencia del narcotráfico y sus delitos conexos son originados en la libertad del porte y consumo de la dosis personal y tercero (la razón filosófica), Colombia ha hecho un sacrificio muy grande en la lucha contra el narcotráfico para que ahora se vaya a otorgar la libertad de porte y consumo de la dosis personal. El ex ministro no plantea estrategias serias para prevenir el consumo, mucho menos para acabar con el flagelo del narcotráfico y todas las desgracias que le son conexas. Tampoco  se puede entender, que la prohibición al porte y consumo personal sea la  recompensa al inmenso sacrificio que la cruenta guerra le ha significado a la sociedad colombiana.

La libertad, la moral y lo ilícito,  han sido tratadas por los creadores de los imaginarios sociales, de una manera tan ambigua que inicialmente han generado incertidumbre y confusión en amplias capas de la población, pero que luego al convertir en dogmas sus propuestas, les ha servido para fortalecer sus posiciones de privilegio. Fernando Tocora López[139] nos dice que en las constituciones liberales desde un comienzo se han incluido  “en los nacientes códigos penales conductas punibles sin víctimas o de mera connotación moralista”. Es así en este tipo de normas se han perseguido a los suicidas, a los homosexuales, a las prostitutas, los parias, adúlteros, vagabundos y hasta algunas razas de seres humanos, que por inequidades en la historia de sus desarrollos,  como comunidades y como individuos, se han convertido en la vida real más en victimas que en victimarios. Pero sin embargo, a partir de conjeturas y falsos dogmas, se les persigue y se les convierte en victimarios de posibles delitos que, así aun no hayan sido cometidos,  es mejor dictarles sentencia previa y lo que es peor, con la anuencia de la sociedad porque el imaginario social prediseñado así lo acepta.

Pero al mismo tiempo, existe una mirada complaciente y compinche, cuando los consumidores pertenecen a  las altas esferas de la sociedad. Tocora López advierte que esa nueva tábula de “herejes”, “hoy es incrementada masivamente por los consumidores modernos de drogas, aquellos que deambulan por las calles de las megalópolis o de las ciudades inhóspitas e implacables; no los que consumen la droga en suntuosos departamentos de ciudades como Nueva York o Paris, ni los que la inhalan en las elegantes discotecas de las grandes ciudades, sino de aquellos trashumantes expulsados del sistema, aquellos que llegaron tarde al reparto de los bienes y de las prebendas.” La política contra las drogas ilícitas de esta manera encausa sus programas y proyectos contra los eslabones más débiles de la cadena “favoreciendo los traficantes- empresarios; y dentro de este grupo ha preferido perseguir a los pequeños traficantes (expendedores al menudeo, proveedores de barrio, etc.); y al interior de los traficantes mayores ha escogido perseguir a los menos poderosos, a los que menos vínculos tienen con el poder.” Es un hecho reconocido socialmente que el tratamiento conceptual y práctico en los ámbitos del poder, frente a las libertades, la moral y lo ilícito, está en estrecha correlación con los niveles sociales de las personas.

Conviene advertir, que la pandemia inducida del prohibicionismo se extiende a muchos otros aspectos, porque en la medida que se restringen las libertades y se fortalecen el esoterismo y el paternalismo sobre las comunidades, las mismas comunidades actúan de forma fanática respaldando a sus líderes y a sus actuaciones, así estas actuaciones se manifiesten en contra de los intereses de las mismas poblaciones. Andrea Forero Aguirre[140] llama la atención sobre los síntomas de “un Estado sobreprotector y ultraconservador, como si estuviéramos regresando a aquellas épocas de principios del siglo XX o incluso más atrás, cuando la Iglesia Católica establecía las normas y amenazaba con excomulgar a las ovejas descarriadas.” Así en los últimos tiempos en los órganos legislativos del Estado Colombiano  además del prohibir y sancionar el consumo y porte de la dosis mínima de droga se ventilan propuestas como la de imponer ‘toque de queda’ a los menores de edad en todo el país, entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana. Respecto a los productos conocidos como energizantes, regular su comercialización y publicidad, de tal manera que se prohíba su venta a menores de edad. Prohibir la venta de licores cerca a los colegios y universidades. Multar con 20 salarios mínimos a quien le fuera infiel a su pareja, prohibir el ingreso de perros y gatos a los parques. Y aunque no se promueve por ahora ninguna norma sobre las relaciones sexuales prematrimoniales, el mismísimo presidente Alvaro Uribe sugirió que “Es mejor aplazar el gustico hasta la familia”. El restringir las libertades a los gobernados, a los súbditos, con su propia anuencia, ha sido siempre un anhelo de los gobiernos despóticos, para perpetuarse en el poder, para perpetuar sus ideas y políticas a favor de los privilegiados del status quo.

De todas formas, la libertad, la moral y lo ilícito, en nuestro medio, tienen una connotación muy diferente en cuanto a la producción, distribución y consumo de las drogas legales, así sean tan o más dañinas que las ilegales. El consumo del tabaco, alcohol y de muchos fármacos de efectos psicoactivos, que influyen negativamente con mayor fuerza en la salud de sus consumidores, en la adicción, en la descomposición social, en los gastos de los presupuestos del estado, son vistos no solo con tolerancia sino que muchas veces son motivo de prestigio social. Como dice Pien Metaal[141] Las opciones legislativas tomadas en los intentos por definir y proteger la salud pública en relación con las sustancias sujetas a fiscalización, así como las formas en que se están aplicando estas políticas, se rigen por el moralismo.” Un moralismo que desafortunadamente para la población colombiana ha tenido efectos contrarios a los que se pretendían lograr, según las razones predicadas para la formulación de las normas que respaldan la actual política contra las drogas ilícitas.

 

La legislación prohibicionista vigente, cuya razón se basó en defender la salud física y moral de la población, ha propiciado uno de los negocios más rentables del mundo moderno. Pero por su carácter de ilegal ha generado funestas consecuencias en el conjunto de los elementos estructurantes del sistema social, en las relaciones sociales de nuestra población, en la economía del país, en nuestra conciencia social y en nuestras instituciones. Pero además existen tópicos específicos, que el enfoque  moral actual no toma en cuenta como parte de la política contra las drogas ilícitas, como es el caso de la guerra, los desplazamientos forzosos, la expropiación violenta de la tierra de pequeños y medianos campesinos, el irrespeto a los derechos humanos, el desempleo, los daños ecológicos generados por la producción clandestina y por la lucha contra esa producción mediante las fumigaciones, además de tantos otros que se desarrollan en los demás apartes de éste trabajo.

 

Estamos de acuerdo con Metaal cundo afirma que “Aunque puede que la protección de la salud humana fuera la intención inicial, los juicios de valor sobre las drogas y aquellos que las producen, comercian con ellas y las consumen, unidos a respuestas punitivas y de tipo bélico, han acabado definiendo en gran medida sus resultados. Es necesario adoptar normas claras basadas en derechos humanos fundamentales para reorientar y humanizar las políticas de drogas en el futuro.” Es decir, que es necesario adicionarle a la percepción valida pero un tanto sobredimensionada sobre el problema de la salud, la percepción mucho más importante y definitivamente subvalorada del respeto a los derechos humanos, para lo cual en necesario acudir al razonamiento científico y abandonar los dogmas obscurantistas, a no ser que la intención no sea cambiar la actual situación del narcotráfico y sus beneficiarios. 

 

Es una necesidad histórica  la de cambiar el paradigma con que se enfrenta en la actualidad el problema de las drogas ilícitas, idea que es apoyada por numerosos intelectuales de prestigio y que como dice  Jorge Iván Cuervo R no es nada nueva y está apoyada por muchos estudiosos sobre el tema La idea no constituye ninguna novedad. Investigadores como Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, o como Darío Betancourt (q. e. p. d. por sus investigaciones sobre narcotráfico) y Martha L García, Francisco Thoumi, Ciro Krauthausen y Fernando Sarmiento, entre otros, han llamado la atención sobre la idea de mirar el narcotráfico más allá del Código Penal y ahora con la óptica de una cruzada moral. En ese orden de ideas, vale la pena rescatar del olvido la interesante investigación de Alma Mater, entidad que aglutina las universidades Tecnológica de Pereira, y las universidades del Quindío y de Caldas, llevada a cabo por los investigadores William Mejía, Guillermo Gartner, Álvaro Fernández, Gabriel Vergara y Mónica Ciro, donde se hace una radiografía económica y social de los llamadas ‘mulas’ o correos humanos internacionales de sustancias prohibidas.[142] Son muchos y muy valiosos los esfuerzos que se han hecho por darle al problema del narcotráfico nuevas perspectivas, pero desafortunadamente la inteligencia científica y académica no siempre es la consejera de quienes tienen el poder gubernamental de los Estados.

 

El cambio de la legislación actual, a propósito de establecer una política contra las drogas ilícitas más coherente con los principios de la libertad, tiene necesariamente que pasar por lograr un respaldo social, por generar una conciencia social alejada del imaginario que se le está imponiendo a la población.  Que parta de la objetividad y que incluya el conocimiento generalizado por parte de la ciudadanía sobre el concepto de la reducción del daño como sustento filosófico a la formulación de esa política. Porque si es tan cierto como se pregona, que la política contra las drogas ilícitas tiene como objetivo salvaguardar la salud pública, el camino que indudablemente es más corto, menos costoso socialmente y mucho más eficaz, es escoger las estrategias de la reducción del daño.

 

Las leyes y todas las normas son medios que se utilizan para lograr objetivos, puede decirse que las normas son instrumentos de la política. Así mismo, se aceptan como verdades  indefectibles[143] que la fuente originaria y exclusiva por excelencia del derecho fue, es y será la costumbre y que la ley, la jurisprudencia y las demás formas de reglamentación no sirven para crear hábitos, solo para desarrollarlos y perfeccionarlos. Es necesario hacer conciencia que la utilización de sustancias psicoactivas por parte de los humanos (como se demostró en el aparte 2.1 EL CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS Y EL SER HUMANO) es una costumbre milenaria  cuyo origen es desconocido, pero que su presencia ha sido y es permanente. Entonces lo que resta es, como dice Metaal, “…la aceptación de la presencia de estas sustancias como un rasgo permanente de la sociedad moderna, como la consecuencia lógica del deseo humano de alterar la mente, relajar el cuerpo o escapar de la realidad de vez en cuando. La coerción, el ignorar este deseo o condenarlo como algo inmoral es contraproducente, ha sido la causa de graves violaciones de los derechos humanos y ha incrementado la delincuencia y los conflictos en todo el mundo.” Es necesario abrir el debate sobre cuál debe ser la política contra la drogas ilícitas, pero a partir del conocimiento científico, de las verdaderas características de las diferentes sustancias, empezando por la coca y la marihuana, cuáles las causas de las adicciones y los efectos de las mismas, cuáles los orígenes de los supuestos delitos conexos al consumo, los procesos productivos y de comercialización, sin perder de vista la defensa de los derechos y libertades. Todo esto y más, en pro de una formación del imaginario social basado en la objetividad de la libertad.

Colombia, por sus mundialmente reconocidas características en relación con el narcotráfico, tiene la responsabilidad de afrontar el tema con la suficiente rigurosidad científica y no quedarse a la saga o ir en contravía a los sucesos internacionales y mucho menos puede perder los logros alcanzados con tanto esfuerzo para regresar al obscurantismo. Por ejemplo, Argentina hasta hace unos días logró lo que nosotros teníamos hace 15 años respecto a la posesión y consumo de pequeñas cantidades de marihuana.[144] La Corte Suprema de Argentina reconoció que este tipo de actos corresponden a la libertad individual de las personas y “reconoció el carácter de víctimas de quienes consumen sustancias ilícitas y abogó por atender su situación de salud en lugar de criminalizarlos.” Así mismo, dentro de los argumentos de la exposición de motivos para dictar la norma reconoció que "Aquellas consideraciones que fundan la criminalización del consumidor, en base a la posibilidad de que estos se transformen en autores o partícipes de una gama de delitos, parecen contradecir el estándar internacional", Esta es una clara posición de los magistrados argentinos en donde nos muestran un reconocimiento progresivo de los derechos y las libertades en un país con un triste pasado en cuanto a la democracia se refiere.

El caso argentino generó una serie de comentarios de importancia en relación a las libertades y la moral, en la formación del imaginario social, no solo respecto a Argentina misma sino que son válidos para todo el mundo. Según el artículo de Valeria Perasso, los analistas, expertos y autoridades consultados por BBC Mundo, están de acuerdo en que la decisión de los argentinos esta en dentro de la tendencia de la región, es decir dentro del concepto de reducción del daño, en la línea del respeto a los derechos humanos,  remplazando al tradicional concepto del prohibicionismo represivo.   Así lo resume Martin Jelsma, coordinador del Programa de Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI). “El fallo argentino señala que hay una tendencia en la región. Es un auténtico cambio de paradigma que va hacia la 'descriminalización' que reemplaza al modelo punitivo que está en vigencia hoy”. México, Uruguay y Ecuador también han tomado posiciones similares.

Conviene resaltar el caso de Portugal, en donde según un estudio realizado por Glenn Greenwald, Del Instituto Cato de Washington y citado por Armando Montenegro[145], la puesta en vigencia de la ley de despenalización desde el año 2001, ha sido todo un éxito. En Portugal “nadie puede ser arrestado o castigado si es sorprendido en posesión de una cantidad igual o menor a la de consumo personal de diez días”, un volumen muy superior al que estaba establecido en Colombia. Allá, como aquí, el grupo de opositores a la despenalización, sobre todo la derecha dice Montenegro, “pronosticó que se iba a disparar el consumo, que aumentaría el crimen, que se deterioraría la seguridad y que Portugal recibiría una avalancha de turistas consumidores de marihuana, cocaína y heroína. Sucedió todo lo contrario.”  Aunque Portugal registra cifras de consumo muy inferiores a la de los países que tienen legislaciones coercitivas,  el consumo no aumentó y más bien tiende a disminuir, así como tienden a disminuir las enfermedades asociadas a su utilización, por ejemplo el SIDA. Esta es una clara demostración de las bondades generadas por la implementación de la estrategia de reducción del daño, porque en Portugal a los consumidores no se los envía ante la justicia para que los condene, sino que se les asesora por equipos interdisciplinarios conformados por una Comisión de Disuasión de la Adicción para brindarles ayuda teórica y práctica.

4.5 EL DESLUMBRE DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO

 

Decíamos que  en la conformación del imaginario social, el fetichismo de la mercancía es un factor de influencia determinante. El imaginario social actual nos muestra  (no nos explica), que para ser respetado, querido, admirado y hasta temido, se debe pertenecer a la cúpula de la sociedad. Esto significa que se debe tener una capacidad de compra que le permita a uno adquirir la mayor cantidad y la mejor calidad de mercancías, porque dependiendo del consumo de las personas, familias y grupos más o menos homogéneos, se pertenece a un determinado estrato socioeconómico y hasta a una clase social.

 

En la cúpula de esa clasificación se encuentra un reducido porcentaje de personas cuya característica general es que pueden comprar la mejor alimentación, la mejor  vivienda, educación, salud, lujos y más lujos. La  abundancia, disponibilidad y uso de bienes en estas personas, cuando ha sido tradicional por generaciones, se refleja en varios aspectos de carácter físico e intelectual: son más altos, fuertes, saludables, con más años de educación formal y en establecimientos  de reconocido prestigio, más cultos, muchos hablan varios idiomas, etc. Es obvio, han tenido la posibilidad de comprar más y mejores bienes y servicios. Mientras tanto, en la bases de esa estratificación socioeconómica se encuentra una gran masa de personas que apenas si sobreviven, su aspecto físico reflejan la mala alimentación, la falta de vivienda digna, de servicios públicos, de educación y cultura, De todas maneras los habitantes de la base aspiran a acercarse a la cúpula, para sentirse bien desde el punto de vista socioeconómico.

 

Entonces la cuestión es con dinero, porque para poder comprar hay que tenerlo. Lícita o ilícitamente, dependiendo de las oportunidades. El imaginario social, le rinde homenaje, sumisión, veneración, respeto a las mercancías, porque la condición social depende de su uso y consumo como dice Calos Marx al explicar el concepto[146], las mercancías se convierten en un fetiche y sus adoradores en fetichistas de las mercancías. El trabajo de Lilian Paola Ovalle[147] nos facilita hacer algunas apreciaciones que permiten aclarar el imaginario social de la narcocultura y su influencia en el imaginario social general. Lo cual es metodológicamente conveniente para entender la influencia de la política contra las drogas ilícitas en el imaginario social y  sus interrelaciones.

 

Es inocultable que existen narcotraficantes de todos los estratos socioeconómicos, pero la génesis de su conformación se inicia en la historia contemporánea colombiana, con personas por lo general pertenecientes a estratos medios y especialmente bajos.  También es cierto que las posibilidades de grandes riquezas atrajeron más tarde al negocio a personas adineradas tradicionalmente. De todas formas, la imagen predominante del narco que la sociedad tiene es impactante por su opulencia, aunque últimamente se está dando una tendencia a cambiar los look´s por un bajo perfil. El poder que se le asocia al narcotraficante es tal vez la idea que más fuertemente impacta, porque además del temor que inspira, estimula algunas formas de envidia y nostalgia. Aunque en el fondo la gente del común sienta un rechazo a los medios que utilizan los narcotraficantes para llegar a ese poder, el origen social y la “trepada” en la estratificación socioeconómica causan admiración. Como cita Ovalle “la mezcla de  impunidad,  armas de fuego y la sensación de poder que los acompaña,  genera contextos de trasgresión  inadmisibles.”, pero el inmenso poder de compra, que todo lo puede en una sociedad de consumo, despierta la codicia de muchas personas.

 

La población, al menos una parte importante de ella, vive en una especie de neblina conceptual, que es espesada por diferentes medios: noticias diarias, telenovelas, cine, música y hasta literatura. De esta manera se llega a crear un imaginario social que muchas veces justifica lo injustificable y condena lo incondenable. Es así como podemos encontrar que “…las ejecuciones y asesinatos presentadas en los medios como `ajustes de cuentas´ empiezan a ser asumidos y hasta cierto punto justificados como respuestas naturales a `la traición´ dentro de ese específico grupo social.” y por otro lado también encontramos absurdos como  la idea tan promocionada de que “la marihuana y la coca son matas que matan.”

De las fuentes que con mayor fuerza coadyuvan a formar el imaginario social y la conciencia social, cabe resaltar el mundo de las noticias. Tomamos como ejemplo la información que nos suministra el portal ELTIEMPO.COM, el cual nos muestra que desde el año 1990 hasta el 27 de septiembre de 2009, en solo 5 portales se habían publicado 31.906 noticias relacionadas con la palabra “narcotráfico”[148] (ver cuadro Nº 15.

                                              

CUADRO Nº 15

NUMERO DE NOTICIAS RELACIONADAS CON LA PALABRA NARCOTRAFICO POR PORTAL

 

 

Portal

Nº noticias

eltiempo.com

30.671

portafolio.com.co

979

cambio.com.co

237

futbolred.com

17

elenco.com.co

2

TOTAL

31.906

 

El cuadro Nº 16 y el gráfico Nº 12 nos muestran que en lo corrido de los 20 años del período observado, estos portales publicaron en promedio cerca de 1.600 noticias por año, un poco más de cuatro noticias diarias. Si se piensa que esas mismas noticias y otras sobre el tema, fueron comunicadas además por radio, televisión, medios escritos y otros portales, podemos hacernos una imagen del intenso atosigamiento a que ha sido expuesta la opinión pública respecto al narcotráfico. La mente y sus conceptos no pueden quedar inmunes a tanta información y algún imaginario tiene que formarse.

                    

CUADRO Nº 16

NUMERO DE NOTICIAS RELACIONADAS CON LA PALABRA NARCOTRAFICO POR AÑO

AÑO

NOTICIAS

%

1990

339

1,1

1991

988

3,1

1992

992

3,1

1993

1.134

3,6

1994

1.555

4,9

1995

2.134

6,7

1996

2.895

9,1

1997

1.926

6,0

1998

1.473

4,6

1999

1.136

3,6

2000

1.169

3,7

2001

1.045

3,3

2002

940

2,9

2003

930

2,9

2004

1.181

3,7

2005

1.095

3,4

2006

1.608

5,0

2007

2.607

8,2

2008

3.665

11,5

2009

3.094

9,7

 

31.906

100,0

Fuente:ELTIEMPO.COM/Domingo 27 de septiembre de 2009

http://www.eltiempo.com/archivo/buscar/?q=narcotr%C3%A1fico

 

 

Llama la atención la tendencia cíclica del volumen de noticias, de 1995 a 1997 se registra un pico en donde en el año 1996 alcanzó un promedio de 8 noticia diarias. En lo corrido del presente año (2009), que se puede prever como otro pico de ciclo,  son 14 noticias diarias relacionadas con narcotráfico.

 

 

 

         

 

 

En tratamiento y la importancia de las noticias se puede asociar a la sección en donde se publican. Si bien es cierto que la gran mayoría (25.8%) tienen un carácter de información general, conviene resaltar que la información analítica y la de carácter nacional representan un alto porcentaje,  por encima del 19%, lo que implica un alta responsabilidad en la formación del imaginario social.  

 

 

 

CUADRO Nº 17

NUMERO DE NOTICIAS RELACIONADAS CON LA PALABRA NARCOTRAFICO POR SECCION

Sección

%

Información general

8.236

25,8

Editorial - opinión

6.282

19,7

Nación

6.188

19,4

Justicia

2.694

8,4

Política

2.194

6,9

Internacional

2.055

6,4

Economía

1.778

5,6

Cultura y entretenimiento

539

1,7

Lecturas fin de semana

338

1,1

Otros

1.602

5,0

TOTAL

31.906

100,0

Fuente:ELTIEMPO.COM/Domingo 27 de septiembre de 2009

http://www.eltiempo.com/archivo/buscar/?q=narcotr%C3%A1fico

 

Además de las noticias, las telenovelas y el cine contribuyen decididamente en la conformación de la imagen que se tiene del narcotraficante y su ilícito negocio. La telenovela rosa, más conocida como la telenovela Corín Tellado, en donde el corolario remitía a que para poder ser exitoso, para pertenecer a la cúpula de la pirámide socioeconómica, así se fuera muy pobre, uno debía ser bueno, creyente, humilde, buen trabajador y sobre todo honrado (muy honrado!!), fue borrada sin dificultad por la telenovela contemporánea, en donde el mensaje, subliminal o explícito, muestra que para ser exitoso, aunque sea por un corto tiempo, meses o tal vez años, se necesita ser todo lo contrario al protagonista de Corín Tellado.

 

En un reportaje de la revista Semana que comenta el libro de Margarita Jácome[149], “La novela sicaresca. Testimonio, sensacionalismo y ficción”, en el cual se comparan  los estilos literarios que han tratado el tema del narcotráfico y sus protagonistas, se hace hincapié en que el arte de una u otra manera tiene la función de reflejar la realidad social.  En esa línea, respecto al narcotráfico advierte que “La inequidad, la pobreza y la falta de oportunidades nos une en Latinoamérica en torno de la experiencia de la juventud que ha visto en el asesinato y el crimen una bolsa de empleo, de modo que vamos a tener más narraciones de ese estilo.”[150]. Así mismo, se afirma que ese tipo de literatura estimula  a muchas personas para que se conviertan en partidarios de los criminales  porque los muestran como seres de carne y hueso,  tan comunes como cualquier otra persona de su entorno. Los personajes de estas tramas son parecidos a muchos de los lectores en las necesidades que tienen, en las ambiciones, valores, creencias y capacidades laborales, aunque puedan diferir mucho en osadía y desprendimiento de la vida. El libretista Luis Felipe Salamanca, aclarando el motivo del auge de las telenovelas relacionadas con el tema del narcotráfico, dice que "Mujeres voluptuosas, venganzas implacables, lujo y riquezas adquiridos de manera fácil son siempre un imán para aquellos desesperados que sueñan, algún día, con llegar a conseguirlos; y la televisión les está enseñando, o recordando, cómo se pueden llegar a cumplir estas fantasías"[151]. ¿Quién no se ha sentido alguna vez en la vida identificado de alguna manera, con alguno de los personajes que uno esté leyendo o mirando en el cine o la televisión?

 

La verdad es que la lectura en general y especialmente la lectura de literatura y ciencia, no es de consumo masivo en nuestro medio, sin embargo existen excelentes narraciones y análisis sobre el mundo de los “mágicos”,  “narcos” y sus “traquetos”. Algunas de estas obras, buscando mercado han sido llevadas al cine y a las telenovelas. Medios de mucho mayor consumo que la lectura, en especial el de las telenovelas que en gran medida se han convertido en elementos aglutinantes de las familias, de los amigos y hasta  de vecindarios.

 

Sin pretender exactitud estadística, en el cuadro Nº 18 tenemos una buena muestra de las películas y telenovelas producidas y vistas por muchas personas de todas las edades en Colombia, cuya relación con el mundo del narcotráfico y la formación del imaginario social es evidente. Podemos mirar dos aspectos interesantes, la productividad de los medios audiovisuales relacionado con la mafia, narcotraficantes y políticos, se ha venido incrementado geométricamente, con predominio de las telenovelas, las cuales en dependencia de su éxito son llevadas al cine. Los contenidos en esencia son muy parecidos y en la forma siempre tienen cosas que impresionan, por lo que tienen la magia de atraer y ser consumidos en masa,  transportando y sembrado imágenes; formando imaginarios sociales.

 

CUADRO Nº 18

MUESTRA DE PELICULAS Y TELENOVELAS COLOMBIANAS

RELACIONADAS CON EL NARCOTRAFICO

TITULO

DIRECCION

GENERO

AÑO

La mala hierba

Dunav Kuzmanich

telenovela

1982

Amar y vivir

Carlos Duplat

telenovela

1988

Rodrigo D

Víctor Gaviria

película

1990

La mujer del presidente

Luis Alberto Restrepo

telenovela

1997

La vendedora de rosas

Víctor Gaviria

película

1998

¿Por qué diablos?

Sergio Osorio

telenovela

1999

La virgen de los sicarios

Barbet Schroeder

película

2000

La viuda de la mafia

Sergio Osorio

telenovela

2004

La viuda de la mafia

Sergio Osorio

telenovela

2004

Rosario Tijeras

Emilio Maillé

película

2005

Sin tetas no hay paraíso

Luis Alberto Restrepo

telenovela

2006

El ventilador

Daniel Bautista

telenovela

2007

El ventilador

Daniel Bautista

telenovela

2007

El Cartel

Luis Alberto Restrepo

telenovela

2008

Los protegidos

Juan Pablo Posada

telenovela

2008

Perro come perro,

Carlos Moreno

película

2008

Sin tetas no hay paraíso

Luis Alberto Restrepo

telenovela

2008

El cartel de los sapos

Luis Alberto Restrepo

telenovela

2008

Inversiones el ABC

Fernando Moseres

telenovela

2009

El Capo

Carlos Alberto Ríos

telenovela

2009

Las muñecas de la mafia

Luis Alberto Restrepo

telenovela

2009

 

 

 

Independientemente del interesante debate sobre si alguna de las obras pertenece al género de la sicaresca o de la marcoestética, es muy ilustrativo el comentario del crítico de televisión Omar Rincón: "al contrario de la sicaresca, la narcoestética no es un homenaje al modo joven de hablar y matar, sino una aceptación (cuando algo sale en teve y tiene éxito es porque la sociedad lo acepta como propio y genera identificación y hasta orgullo) de nuestra narcomente: todo vale para salir adelante y tener billete y poder lucir"[152]. Mejor imagen del fetichismo de la mercancía no es posible.  

El libretista Luis Felipe Salamanca[153], mirando desde el punto de vista de la demanda nos deja claro que la medición del rating indica qué es lo que le gusta al público y eso es lo que se produce, para satisfacer la demanda efectiva. En otras palabras el imaginario social también influye por su parte sobre el medio que lo forma, estableciéndose así una unión dialéctica en donde los dos contrarios se complementan, se retroalimentan y generan cambios cuantitativos y cualitativos. Esto implica que ya existe una forma de conciencia social bastante definida, tanto como para llamar la atención de los capitales que se invierten en la industria del entretenimiento.  Salamanca nos muestra a su vez, los elementos prominentes que hacer parte del imaginario social, componentes de tipo estético, ético y moral,  político y pedagógico. Entre ellos sobresalen las mujeres hermosas, sensuales y sobre todo sexuales, los asesinatos más macabros, el derroche y mal gusto de la sociedad del consumo y del fetichismo de la mercancía, pero además la forma para llegar a ellos.

Además de las noticias, la literatura, el cine y las telenovelas, se debe hacer referencia a la música. Hace muchos años que vemos en las calles, en los medios de transporte, en los salones de clase y hasta en los sitios de trabajo, a muchos jóvenes y algunos viejos, con los audífonos colgando de las orejas. La gran mayoría, por no decir la totalidad, escuchan música. Como decían los clásicos, Repetitio est mater studiorum: La repetición es la madre del estudio (es decir, la madre del “Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo”, según el DRAE). Por supuesto que no todo el mundo que escucha música escucha apología al narcomundo. Sin embargo tampoco se puede negar que una buena parte de la masa poblacional si lo hace. La música como formadora del imaginario social tiene y ha tenido un poder indiscutible a través de la historia. Desde Homero (siglos IX y VIII a.d.e.), quien según sus biógrafos, cantaba en la las calles  y plazas  públicas las admirables características de los héroes de ese entonces, hasta los narcocorridos actuales,  que nos hablan de otros días y de otra patria.

 

Independientemente de que la primera asociación que se hace al hablar de la relación entre la música y el narcotráfico,  es la de las  grandes fiestas de “coronación” de contrabandos (con músicos exclusivos incluidos), para nuestro caso es necesario resaltar que diferentes géneros musicales,  que nos hablan del mundo de las drogas ilícitas, también cumplen una función social muy importante al crear y recrear imaginarios. A tal nivel que en México por ejemplo[154], para evitar las transmisiones que causen “corrupción del lenguaje” y que sean contrarias a las “buenas costumbres”, el gobierno había sancionado,  desde el 2001 a octubre de 2008, a 71 emisoras por emitir narcocorridos que hacían apología al crimen y a la narcocultura.  

Para Ovalle, el resultado de esta forma de conciencia social es… que el mundo del narcotráfico va encontrando aceptación social. “Esta amalgama de violencia e impunidad es conocida por la ciudadanía y sin lugar a dudas juega un papel importante en este campo de lucha por la legitimidad de la que se habla.”(XXX). En otras palabras, en la medida que las imágenes de esa forma de vida se empoderan en el imaginario social, en la medida que menos nos sorprenden y se vuelven más familiares, ese mundo se va legitimando. Pero también es necesario advertir que existe un proceso de retroalimentación en donde los estrambóticos personajes se van metamorfoseando, motivados por el rechazo social, por el desprestigio de la chabacanería (hermana siamesa de la baja cultura y el alto poder de compra) e indudablemente por evitar “dar boleta” como dicen, para no ser tan evidentes ante la sociedad y la justicia, van refinado sus gustos o por lo menos sus presentaciones. “Es común ver  que cada vez más las botas puntiagudas, las camisas a cuadros y los cintos pitiados con grandes hebillas van siendo reemplazados por trajes Armani, y camisas Versace.  Los kilos de joyas, van siendo reemplazados por un simple y discreto reloj marca Rolex.” Esta transformación es un acercamiento morfológico al otro mundo de la abundancia, legitimado y legalizado en el sistema.

4.6 LOS VALORES CULTURALES POPULARES

Al tomar en consideración las palabras de la declaración de la UNESCO, en México (1982) cuando dijo, que “la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.” Y que  la cultura es la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.”, podríamos introducirnos en una discusión de carácter filosófico muy profunda, en donde tendríamos que definir varios aspectos. Por ejemplo, ¿toda cultura posibilita reflexionar? ¿Toda cultura hace de nosotros seres éticamente comprometidos? Me parece que hay culturas alienantes y alienadas, en donde precisamente la capacidad de discernir y de criticar por parte de las personas, antes que desarrollarse y crecer, se atrofia. También hay culturas en donde el compromiso ético se pone en duda. Por lo menos, en los términos tradicionales de lo que se  entiende por ética.  Como por ejemplo,  cual es la ética de las antiguas novelas de Corín Tellado y cual la de las calles de muchachos pobres de hoy. Qué significa estar éticamente comprometidos, para un pacto entre dos narcotraficantes o entre dos señores de la guerra, o entre dos subversivos, dos paramilitares o simplemente dos sicarios. En lo que creo que no habría muchas discusiones, es en cuanto al concepto de “reflexionar sobre sí mismo”, que para todo el mundo es muy claro, por aquello del modelo de desarrollo en donde se impulsan y se rinde apología a las políticas individualistas, en contra de las políticas colectivas o sociales.

La explicación de la UNESCO sobre las cualidades de la cultura, es completamente positivista, como se puede ver cuando afirma que esas cualidades de la cultura se dan “Porque  a través de la cultura discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.” Ese concepto de cultura obviamente no da pie a una cultura “negativa”, que tal vez habría que llamarla “anticultura”, o como dice Ovalle “narcocultura”,  como la que se da en el caso del mundo del narcotráfico, en donde los valores, el compromiso y la crítica, toman otras connotaciones y significados.

Por lo anterior es mejor simplificar la discusión, advirtiendo que al hablar de cultura se debe tener en cuenta que el concepto tiene diferentes y diversos significados. Y que para el tratamiento de la política contra las drogas ilícitas y su influencia en el imaginario colectivo podemos simplemente aceptar que existen dos acepciones. El de significación más amplia, que identifica la cultura con todo lo que el hombre ha creado, sean esas creaciones de carácter material o espiritual y de otra parte, el de sentido más restringido del concepto de cultura, que hace referencia solo a los productos de carácter espiritual, mientras que a los de carácter material los define como civilización.

Con el fin de identificar de una manera práctica lo que se entiende por cultura y así hacer un acercamiento metodológico al tema de la política contra las drogas ilícitas y su influencia en el imaginario social, tomamos como punto de partida la definición de Wikipendia: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.” Simplificando  se advierte que “Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano.”

Rescatamos de estas definiciones el hecho de que la  cultura está conformada por  un conjunto de aspectos, es decir que está compuesta de varios, pocos o muchos, elementos. Si a este agregado no lo vemos de manera estática, sino que por el contrario a sus elementos componentes los vemos funcionando con interrelaciones que generan sinergia, que hacen que el conjunto tome movimiento, desarrollo y transformación, entonces se puede entender como un sistema. La cultura es entonces un sistema.

El otro aspecto importante de la definición de cultura, es la funcionalidad o utilidad de los elementos que componen la cultura. Es decir, que las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, cumplen un papel, una función, que es la de  regular el comportamiento de las personas que conforman la sociedad. Por lo que se concluye que la cultura es un sistema mediante el cual la sociedad regula el comportamiento de sus miembros, a través de la más variada gama de categorías: costumbres, prácticas, códigos, normas y etc., etc.

Debemos hacer hincapié en que la cultura es un sistema vivo, porque nace, se desarrolla y se transforma, pero que también come y deja residuos, en concordancia con las condiciones de vida de la sociedad. No es lo mismo la cultura de las sociedades de hace diez mil años (La de Homero por ejemplo) y las de hoy, ni son lo mismo todas las de hoy en diferentes lugares de la tierra. Ese carácter de diversidad de las culturas y de dependencia con las condiciones del entorno, como son los grados de desarrollo económico, nos permite observar que así como existe una cultura elitista, necesariamente existe una cultura popular. De todas formas, las sociedades se identifican con una cultura, la llamada cultura predominante, porque precisamente es la que tiene en su momento mayor influencia en el conjunto de la sociedad.

Por la anterior afirmación, hacemos un muestreo de unas pocas pero representativas imágenes de las que son transferidas a la cultura general en términos de noticias. La frase tan cliché, de que la realidad supera a la ficción podemos complementarla con que, la ficción magnifica a la realidad haciéndola más atractiva. Los medios masivos de información o la industria de la información, en la medida que exalta los acontecimientos, lo mismo que en la medida que transmite las realidades con objetividad, repercute en los imaginarios sociales, en los comportamientos de las personas, en los rechazos y aceptaciones sociales.

En las imaginaciones, en las conciencias y en las intuiciones de cada una de las personas existen juicios de valor. Así mismo sucede en la sociedad.  ¿Qué es lo que se considera bueno o malo para una persona o para una sociedad? ¿Qué es lo bonito y qué es lo feo? En Colombia, como en el resto del mundo, en las personas a nivel individual y a nivel colectivo, se han creado y se siguen creando imágenes, juicios de valor,  de lo que son por ejemplo, los señores de la guerra.

Para la formación de los valores culturales populares, os medios, canalizando los intereses de quienes tienen el poder de utilizarlos, desde los preliminares al proceso de paz y tal vez mucho antes, nos están vendiendo la idea de que  existen unos paramilitares y unos narcotraficantes malos y otros no tan malos.[155] Nos muestran que estos personajes de nuestra cotidianidad (independientemente de las atrocidades que hayan cometido contra las personas, hombres, mujeres, adultos, ancianos o niños, contra los derechos humanos, contra los derechos fundamentales, contra el derecho internacional humanitario) se pueden distinguir en dos categorías, cuya diferencia está dada por el momento en que se hayan vinculado con el narcotráfico. La fundación Seguridad & Democracia asegura que existe una situación confusa en el proceso de paz en Colombia, por un lado existe un “reconocimiento de un grado de legitimidad en aquellas fuerzas irregulares que ejecutaron acciones militares en contra de las guerrillas…” y eso “se ha traducido en la opinión a que deben obtener algún tipo de tratamiento benévolo en su reinserción en la sociedad.”  Pero que de otra parte “no está claro qué hacer cuando esas fuerzas han apelado al narcotráfico como mecanismo de financiación de la guerra.” Esta preocupación refleja que en el imaginario social existe más que un dilema una clasificación.

Aquellos personajes que se dedicaron a “hacer justicia” persiguiendo guerrilleros “cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales”, pero además pueblos y ciudades, y que solo se sirvieron del narcotráfico como una fuente adicional de financiamiento de sus cruzadas, no son tan malos como los que desde el inicio se dedicaron al narcotráfico y la lucha contra la subversión se dio como complemento al negocio. Pero los peores, según ese planteamiento,  son los que solo se dedicaron a contrabandear drogas ilícitas y no lucharos contra las guerrillas. La gran incertidumbre nunca jamás planteada en estas hipótesis, es si la actividad del narcotráfico, en su más pura expresión de producción, distribución y venta, realmente es un delito tan abominable y reprobable, que sobrepasa en importancia frente a las leyes y derechos, en la opinión pública, a los demás crímenes que se les puede imputar a los implicados en éste negocio al momento de aplicar la justicia.

Un rápido recorrido por las noticias relacionadas con el negocio de las drogas ilícitas nos permite ver los mensajes, explícitos y subliminales, que forman el imaginario social. Los acontecimientos narrados por las noticias son los que sirven de inspiración, son materia prima de la literatura, películas, telenovelas y narcocorridos. En ellas encontramos a lo largo de un período históricamente muy corto unas transformaciones en los procesos y procedimientos, pero se constata que son transformaciones que han buscado cómo mantener el negocio de las drogas ilícitas, cómo volverlo más rentable, en términos neoliberales cómo volverlo más eficiente, más eficaz, independientemente de las negativas consecuencias sociales que generan. El cambio que se registra en este período corto pero efervescente, (digamos los últimos treinta años) va desde el narcotraficante puro, que enfrenta sanguinariamente a todos sus enemigos,  incluyendo al Estado,  hasta llegar a los señores de la guerra que no ven en el Estado un enemigo,  pero que como dice la Fundación Seguridad & Democracia, son “individuos i) necesariamente vinculados con el narcotráfico, tanto para financiar su organización armada como para su lucro personal, ii) con mando sobre un ejército privado regular que, iii) es capaz de ejercer funciones de Estado −monopolio de la violencia, la tributación y la justicia−, sobre un territorio.”

Esta transformación del prototipo del capo, nos muestra que ha habido una reestructuración en el sistema de producción, distribución, redistribución, carga y transporte, uso y consumo. Se ha incrementado la división técnica del trabajo, la producción es menos artesanal, más tecnificada (Nos cuentan que están utilizando submarinos de fabricación nacional para burlar a las autoridades militares y policiales, nuca antes tan voluminosas y tecnificadas. Pero también indican cambios en las formas de organización política y administrativa. Aparecen personajes que sustituyen al estado en amplias áreas del país, cobran impuestos, imparten justicia,  y en medio de todo esto el narcotráfico continúa siendo el vínculo central entre todos ellos.

La historia reciente del narcotráfico en Colombia, aunque comenzó mucho antes, está vinculada a Pablo Escobar Gaviria, personaje conocido nacional e internacionalmente porque, de ser un hamponcito “jalador de carros” en las calles de Medellín, pasó a ser uno de los capos más ricos, poderosos y sanguinarios del planeta, al haber acumulado una inmensa fortuna mediante el contrabando de la cocaína. Ese es el imaginario social que nuestra población tiene del personaje. Mucho se ha escrito sobre él, muchas son las anécdotas y  las noticias. Según el biógrafo Alonso Salazar Jaramillo[156], a partir de Pablo Escobar en Medellín y por qué no decirlo, en el país  El narcotráfico creció desmesuradamente y sin muros sociales o institucionales que lo contuvieran. Afianzó la cultura del consumo, revivió y popularizó prácticas religiosas fetichistas e incoherentes con la ética, afianzó el dinero y la fuerza como elementos predominantes en la relación social, socavó las instituciones y relajó los controles naturales que la sociedad debe tener contra el delito.” La fortuna de Pablo Escobar adquirió dimensiones míticas en el imaginario social por su volumen y extravagancia, según Alejandra de Vengoechea[157]  Escobar alcanzó a ser, el séptimo en el escalafón de los hombres más ricos del mundo. Dentro de sus propiedades se encontraban casas con pistas de hielo, túneles de escape y vajillas de oro; en una de sus pertenencias, la famosa Hacienda Nápoles de 1.800 hectáreas, donde los políticos llegaban a negociar y las mujeres se bañaban en piscinas de champaña, “Construyó 13 lagos artificiales, un hospital, casas para su millar de empleados, caballerizas, una pista para sus aviones, la plaza de toros, un casino, un parque con animales prehistóricos en hierro -- el Jurasic Park -- y cuatro kilómetros de carreteras pavimentadas y señalizadas para su toque final: un zoológico.” En donde muchos colombianos pudieron por primera vez y probablemente única vez en la vida, ver “canguros de Australia, dromedarios del Sahara, elefantes de la India, jirafas e hipopótamos del África, búfalos de las praderas de Estados Unidos.” Paralelamente al crecimiento de la fortuna de Escobar, el poder del capo se fue inmiscuyendo en las relaciones sociales del país y personajes de todas las expresiones culturales buscaron fortuna a su sombra: políticos, empresarios, vedetes de la radio y la televisión, periodistas, santos párrocos y muchas personas del común. Muchos fueron los beneficiados de su ilícito negocio, pero como dice Salazar “Mientras el capo recibía súbditos,  sus guerreros multiplicaban la violencia. En 1991 la cifra de muertes ascendió a 6.500, cifra que nos ubicó en el número uno del escalafón mundial de la muerte.” Esa doble moral se puso de manifiesto en el entierro de Escobar y se cimentó desde entonces en el imaginario social de Colombia. Salazar nos la dibuja  cuando recuerda que: “Escobar murió en 1993. Al mismo tiempo que una muchedumbre de proletarios despedía, con homenajes y llanto, a quien se había convertido en un guerrero mítico, otra parte de la sociedad que había permanecido miedosa, atolondrada e inerme, empezó a reaccionar contra el terror que nos envolvía como una atmósfera espesa.” Hoy, después de 16 años, la esencia del negocio de las drogas ilícitas sigue siendo la misma: la obtención de la máxima ganancia sin importar las consecuencias sociales que se generen. Sin embargo, las formas de organización de los narcotraficantes, desde el punto de vista empresarial se han transformado. Tanto a nivel del interior de la empresa, como en sus relaciones externas,  la división técnica del trabajo se han transformado muy significativamente y se seguirá adaptando en la medida que las condiciones lo ameriten. De mantenerse la tradicional política en la lucha contra las drogas ilícitas, podríamos pensar como Salazar quien afirma que “…la evidencia histórica muestra que después de 30 años de la llamada guerra contra las drogas se puede derrotar a los narcotraficantes pero no al narcotráfico.”

Las imágenes del narcotráfico y de sus personajes, hoy en día, las podemos ver a diario en multitud de historias que nos transmiten los periódicos, revistas, noticieros de radio y televisión. Y lógicamente juegan un papel determinante en la formación del imaginario social. Por ejemplo, Salvatore Mancuso, uno de los tantos extraditados de Colombia, uno de los grandes capos de la mafia, reconocido paramilitar y narcotraficante, se quejó ante la Corte Suprema del país, advirtiendo que el mismísimo otrora Fiscal de la Nación, Mario Iguarán, había reconocido que no sabía los motivos de su extradición. Así mismo, tratando de explicar lo justo de su causa y acción, afirmó que “ejercí control territorial en un amplia zona; me sostuve en él, realicé operaciones militares y políticas sostenidas, impulsé la ley y la disciplina, impartí justicia, cobré impuestos y controlé las economías lícitas e ilícitas en nombre de una autoridad de facto”[158] Es decir que se reconoce como un auténtico señor de la guerra, de acuerdo con la definición de Gustavo Duncan. Señor cuyas actuaciones tienen connotaciones socioeconómicas y políticas consideradas, por expertos en ciencias y leyes,  como delitos mucho más graves que mismo narcotráfico.

Otra imagen, repetitiva, que forma cultura popular, es por ejemplo la de uno de los subalternos de Mancuso, Jorge Iván Laverde Zapata alias “El Iguano”,[159] quien se declara campesino de origen e inocente del narcotráfico, le contó a la Corte suprema que unos 7.000 desmovilizados se habían rearmado por falta de oportunidades, reconoció que el frente que él comandaba (Frontera) había cometido más de 2.500 asesinatos (Claro que él dijo que no sabía con exactitud cuántas personas había matado con sus propias manos, que tal vez “unas 80 ó 100.”) y que fue él “quien patrocinó la idea de fabricar hornos y cremar allí a las personas que los ‘paras’ asesinaban” porque eran “sus enemigos y, de paso, los enemigos del país.” La idea, patrocinada por su jefe, era la de no dejar demasiadas evidencias, aunque de todas maneras era útil, según ellos, mostrar su crueldad para atemorizar, dejando de “escarmiento” a la vista pública algunas de la víctimas. “El Iguano” muestra su descontento con el proceso de paz por dos razones: la primera, porque los políticos que los acompañaron en sus gestas los traicionaron y segunda, porque según indicios ni en 100 años terminaría de confesar sus crímenes, ya que “He confesado cantidad de homicidios y apenas me han legalizado 135 crímenes en tres años.”

Otro personaje culturizador de nuestra población es el del caso de  Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”,[160] el narcotraficante número uno dentro del ranquin de los delincuentes más buscados por la DEA, pero que en Colombia no tenía órdenes de captura por éste delito, pero si tenía excelentes relaciones con “el ex director de Fiscalías de Medellín y hermano del ministro del Interior, Fabio Valencia, el abogado Guillermo León Valencia, hoy preso y en juicio por sus nexos con la organización del capo…” Don Mario con sus 15 hermanos y  huyendo de la violencia, llego a Amalfi donde conoció a los hermanos Castaño Gil (Fidel, Vicente y Carlos) creadores de las autodefensas, y como tantos otros jóvenes sin muchas alternativas se vinculó a la lucha antiguerrillera. “Don Mario, seducido por Vicente Castaño y los dineros a raudales del narcotráfico, emigró a los Llanos Orientales para apoyar la expansión del bloque Centauros, al mando de Miguel Arroyave,” (más conocido por el alias de “El Arcángel”).  Con su eficiente y eficaz colaboración el bloque Centauros alcanzó a dominar “los departamentos del Meta, Casanare, Guaviare y Arauca. Una nefasta alianza que extendió sus tentáculos hasta Bogotá, convirtiéndose en la base para la creación del llamado bloque Capital.” Pero el dominio de tierras no se redujo a esas  grandes áreas  geográficas, sino que después de abandonar el proceso de paz,  fue conocido como el “controlador feudal de Urabá”, por su dominio sobre esta inmensa y rica región  y, “de paso, ofició como articulador de las nuevas bandas criminales que se extendieron desde el Chocó hasta La Guajira, pasando por las sabanas de Córdoba.” Según palabras del ex ministro de la defensa Juan Manuel Santos, por los días de su captura, en los últimos 18 meses, habían sido “asesinadas más de 3.000 personas por cuenta de los combos al servicio de Don Mario”.  Pero que independientemente del inmenso poder que tenía “Don Mario” fue capturado comiendo arroz con sus propias manos, “acurrucado como un perro” dijo el  Ministro.

‘Don Mario’, por ejemplo, meses después de su captura, reconoció ante unos periodistas[161] que efectivamente perteneció a las autodefensas por más de 10 años, a las cuales se vinculó al no tener otra alternativa como desplazado. Aunque reconoció haber tenido bajo su mando 5.000 personas, no se hace responsable por ningún homicidio. Así mismo dice que no fue narcotraficante, que él solo cobraba “impuestos”, ya que el narcotráfico para las autodefensas “Fue el oxígeno como impuesto de gramaje.” Solo en Urabá le pagaban “un porcentaje de $500.000 por cada kilo de droga. Recogía $5.000 millones mensuales. Los ‘narcos’ sacaban entre 8 y 10 toneladas mensuales.” En defensa de su vida delictiva afirmó que a él sus verdaderos jefes le pagaban 15 millones de pesos mensuales por su trabajo y que sus perseguidores le “subieron el perfil delincuencial para proteger a los verdaderos ‘narcos’”, porque “Es verdad que los organismos del Estado nos ayudaron, que los gremios económicos también. Esa es la verdad que tanto le temen.”

Dentro de los diferentes aspectos que más llaman la atención de la comunidad es el “fácil” enriquecimiento de las personas vinculadas a las actividades relacionadas con las drogas ilícitas. Danilo Bustos, un vendedor de dulces[162] con solo tercero de primaria,  de acuerdo con la información que tiene la Fiscalía, como efecto de su alianza con uno de los capos de la droga logró crear una red de negocios que “en el último año, le dejó ganancias por más de $20 mil millones y un círculo de testaferros a su servicio.” Según nuestros cálculos, esas ganancias equivalen, medido en pesos y precios del momento, a lo que obtendrían 2.874 trabajadores que devenguen un salario mínimo mensual durante un año corrido de trabajo, incluyendo primas semestrales y de navidad. Lo cual como se sabe de todas maneras no es muy corriente, pero sirve para contextualizar el dato. Las autoridades, según el seguimiento a su enriquecimiento, dicen que “Para 2007 se tenía documentado que su fortuna había ascendido a los $5.000 millones y, de igual manera, los activos de su empresa de transportes Transciba que para el año 2009 tenía valorado su patrimonio en más de $15.000 millones.” Además “las autoridades dan cuenta de que por lo menos tres  fincas, una avioneta y 28 tractomulas de su propiedad pasarán a un proceso de extinción de dominio que la Unidad de Lavado de Activos iniciará en su contra próximamente”. Después de este enriquecimiento  del señor Danilo Bustos, se podría afirmar con plena certeza que no todo en la vida son dulces.

Es necesario comentar por su importancia en la formación del imaginario social,   aunque sea repetitivo en los casos que se conocen al respecto del narcotráfico y sus actividades conexas,  que aquí también hay “datos muy concretos de una serie de homicidios perpetrados por la organización de Bustos con el fin de evitar a toda costa la intervención de las autoridades.” Pero además vale la pena rescatar otro elemento importante de la noticia, porque está muy relacionado con el imaginario social vigente, y es que “Las autoridades también tienen pistas de que sus consejeros espirituales le advirtieron que pronto podría caer en manos de la justicia debido a las actividades ilegales… sin embargo, ‘las contras’ no funcionaron y el emporio que construyó, según la Fiscalía, con la ayuda de la mafia, comenzó a derrumbarse sin que nada lo hubiera impedido.” La opinión pública quedó con la idea de que no le funcionaron las contras,  y eso que eran muy poderosas porque “debajo de su cama, en el apartamento en el que vivía al norte de Bogotá, la Dijín de la Policía encontró tres estuches de colores verde, morado y rojo en los que fueron hallados el cascabel de una serpiente, una moneda y un objeto parecido a un escorpión. Del mismo modo, una bolsa repleta de pelos que se utiliza como ‘contra’ o amuleto para ser favorecido en el amor o en los negocios.” Esos pelos deberían ser de pájaro macuá, digo yo.

Aunque no es la regla general, como lo hemos dicho, también se encuentran en estas actividades personajes con estudio que precisamente por sus niveles de educación han tenido que llevar a cabo labores más especializadas en la división técnica del trabajo. Tal es el caso de Jair Eduardo Ruiz Sánchez, alias “Nicolás”,[163] un licenciado en producción agropecuaria, quien afirmó en una entrevista a la revista Semana: “Yo entré por gusto, yo no entré por venganza, yo no entré a las Autodefensas por necesidades económicas porque gracias a Dios mi papá nos dejó con que estudiar y con que vivir. Ingreso confiando en la amistad de ellos, por gusto. Yo quería ser bandido, quería vivir esa experiencia. La viví, la disfruté y la estoy asumiendo acá con la frente en alto, y con un costo alto. Desafortunadamente los que llevan la parte más dura es la mamá de uno y los hijos.” Este personaje, también declara no haber tenido nada que ver con el narcotráfico, porque según él solo Ganaba dos millones y medio de pesos mensualmente y su trabajo consistía en que “Tenía que recoger plata para medicamentos, gasolina, repuestos, nómina de los urbanos, materiales de construcción, viáticos, servicio de abogados para los capturados en Tame, gastos funerarios, transporte. Eso representaba un gasto mensual de 250 millones de pesos, que era por lo que yo tenía que responder.” Su jefe alias “El Mellizo” ponía el resto para sostener el bloque, unos 800 millones adicionales. La forma de recaudar los ingresos era cobrándoles impuestos a los ganaderos propietarios de 100 reses adultas en adelante  “tenían que pagar 8 mil pesos res año, que era un promedio de 800 mil pesos al año. Era una extorsión y nadie la dio por las buenas, siempre había la intimidación, pero se garantizaba que las autodefensas no se iban a entrar a comerles las gallinas o los marranos, ni a metérsele en la finca.”  Había además otras contribuciones, “Cada botellita de gaseosa que entrara al municipio de Tame pagaba 30 pesos a las Autodefensas; la cerveza 50 pesos botella; la botella de aguardiente 700 pesos y el cilindro de gas grande eran 1.500 ó 2.000 pesos. La gasolina eran 30 pesos por galón. Se acordó con los distribuidores que ese cobro se lo transmitieran al consumidor.” Alias “Nicolás” advierte que no tuvo relación con el narcotráfico, pero que sabía que “El frente Guaviare se financiaba del gramaje, un impuesto al kilo de base que salía de la zona, por unas tarifas que establecía Don Mario. Iba entre 600 ó 700 mil pesos por kilo de base que saliera de la zona de influencia del frente Gaviare. Si había coca de zona guerrillera se pagaba a 150 mil pesos el kilo.”   

Alias “Nicolás”, no solo niega haber trabajado con drogas ilícitas, sino que asegura no haber matado a nadie, aunque reconoce haber estado con personas que si asesinaban, que él por orden del estado mayor de las autodefensas   registró unas 400 víctimas en las cuentas que llevaba. Advierte además que él, estudiado y todo, se metió a trabajar con las autodefensas “Por gusto, allá se ve mucha persona estudiada. Eso es otro mundo, otra familia, el compañero de uno es como un hermano, y más en el trabajo de uno de recoger un cadáver, llamar a la mamá. Uno le coge como amor a eso.”  Indudablemente que este tipo de afirmaciones influyen en la conformación de los paradigmas populares.  

Los personajes descritos en los párrafos anteriores, como decíamos son una mínima muestra aleatoria. No se puede tener un cálculo exacto de su número y para la opinión pública no es muy importante tener ese dato. Pero lo que en el imaginario social sí existe con mucha claridad, es que ese gran número de delincuentes tiene vínculos muy estrechos con altos miembros de la clase política, industrial y ganadera. Así mismo existe un sentimiento generalizado de impotencia frente a las posibilidades de que se haga justicia y por lo contrario, se piensa que pera evitar que se impliquen las personalidades del mundo legal de los gobiernos, de los negocios y de la política, cómplices de la guerra sucia,  se extraditan a los Estados Unidos los criminales y así se entierra la verdad.  De los paramilitares más reconocidos por su crueldad y con vínculos directos con el tráfico de drogas ilícitas, en un solo día, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados a Estados Unidos, con cargos de narcotráfico, 13 de los principales jefes del paramilitarismo: Salvatore Mancuso, Diego Murillo (alias Don Berna), Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos Sierra (alias El Tuso), Guillermo Pérez Alzate (Pablo Sevillano), Edwin Gómez, Diego Alberto Ruiz Arroyave, Manuel Enrique Torregrosa, Francisco Javier Zuluaga (alias Gordolindo) y Eduardo Vengoechea. Pocos días antes también fue extraditado Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.[164]

En Colombia desde hace muchos años y con mucha frecuencia, según la información oficial entregada a los medios por parte de las autoridades, se realizan capturas de importantísimos cabecillas y jefes del narcoterrorismo. Por lo que la opinión pública además de la admiración por sus fuerzas policiales y militares, tiene la idea de que son muchas las personas de importancia en esos rangos y además de que son muchas las organizaciones dedicadas a ese ilícito. Aunque también hay quienes piensan que los laureles son gritos de victoria autoestimulantes. Además, los delincuentes tras las rejas, en su afán de justificarse, o vengarse, o de pronto en su afán de reclamar auxilio de sus antiguos colaboradores, hacen confesiones y denuncias nada convenientes para algunos políticos y funcionarios de alto nivel.

 

Otro ejemplo típico de formación del imaginario social es el de los famosos, nacional e internacionalmente, “falsos positivos”. El 24 de septiembre de 2009 el expresidente Cesar Gaviria denunciaba “que la cifra de personas ejecutadas extrajudicialmente por el Ejército y presentadas como muertas en combate es superior a 1.500, y que el gobierno no quiere reconocer la magnitud de estos homicidios.”[165] Sobre el mismo tema la imagen que el presidente Alvaro Uribe le envió a la opinión pública fue “que en diferentes regiones del país se intenta paralizar la acción de la Fuerza Pública, levantando falsas acusaciones contra esta. Dijo que de los casos denunciados como ‘falsos positivos', sólo en 22 de ellos se ha encontrado soporte jurídico.”[166]. Sin embargo, la verdad parece ser otra. De acuerdo con un informe oficial del Ministerio de Defensa publicado el 16 de Octubre de 2009[167], las víctimas han sido 1.881 y 1.150 uniformados de diferentes ramas de las fuerzas armadas colombianas están vinculados a estos delitos, entre ellos 7 coroneles, 8 tenientes coroneles, 17 mayores, 40 capitanes, 50 tenientes y 36 subtenientes. La Fiscalía General de la Nación ha emitido 350 órdenes de captura y han dictado 522 medidas de aseguramiento. El imaginario social sin embargo, según encuestas de opinión aún apoya (XXX) la política gubernamental, de Seguridad Democrática, cuyo objetivo fundamental es acabar a bala con el narcoterrorismo.

 

La persecución generada por la política prohibicionista contra la cadena de reproducción social del negocio de las drogas ilícitas ha tenido efectos transformadores en las estructuras productivas y en las del poder, pero no se puede afirmar lo mismo del contenido, de la esencia del negocio. Así mismo, aunque las transformaciones de los modos de expresión de la “grandeza” de los personajes vinculados directa o indirectamente al negocio de las drogas ilícitas son evidentes, tampoco se puede decir con certeza que la visión  que la gente tiene sobre las ventajas y desventajas del negocio haya cambiado en la misma proporción. La sociedad de consumo sigue buscando adeptos y el narcotráfico se presenta como una opción válida para lograr pertenecer a la cúspide de la pirámide socioeconómica.

Desafortunadamente, la imagen de la narcocultura o de la sicaresca, permea el imaginario social, sin formula de juicio. Como dice Mauricio García Villegas[168]En Colombia no tenemos análisis sino noticias y ni siquiera buenas noticias sino imágenes de noticias.” Esas imágenes son las que conforman el imaginario social, de grandes y chicos, lo cual implica que se pueden quedar en la mente por generaciones. Los cambios culturales son lentos y de gran inercia, una vez llegan tienden a permanecer y solo con procesos largos pueden volver a cambiar. En Colombia, si es que en realidad se quiere un cambio en las condiciones humanas para enfrentar el problema del narcotráfico, tanto los valores culturales populares así como el deslumbre de la sociedad de consumo, deberían ser revisados. Pero de manera científica y no simplemente maquillando las realidades con los consabidos dogmas. A no ser que lo que se persiga no sea un tipo de solución favorable a la sociedad en su conjunto, sino el mantenimiento de un status quo. En ese caso como dice el profesor e investigador García, “quizás los únicos que sí tienen una verdadera visión de mediano y largo plazo en este país son el presidente Uribe y sus seguidores más dogmáticos e incondicionales. Sólo que, en este caso, el largo plazo está destinado a restaurar ese pasado autoritario, católico y patriarcal con que soñaban Caro y Núñez cuando imaginaron la Constitución de 1886.” En este caso la pregunta que debemos hacernos es ¿cuáles son los verdaderos motivos e interese para regresar a la época de las cavernas?

No es cierto que las matas maten, como dice Alfredo Molano “No hay ninguna mata a la que se le pueda echar la culpa de la guerra.”[169] Las guerras las hacen los hombres motivados por sus propios intereses, son los seres humanos los que conforman los ejércitos, las bandas de maleantes, los grupos de sicarios, son los hombres los que ejecutan y dirigen las masacres, los que construyen los hornos crematorios para las víctimas,  los que ensucian sus manos, los que enturbian y tuercen la mirada de poblaciones desamparadas, los que engendran el miedo, los que espantan la dicha, los que obligan las noches en vela.

4.7 LA DEMOCRACIA

En nuestra Constitución Política se hace referencia a la democracia en varios artículos de los cuales subrayamos algunos conceptos que nos permiten relacionar la política contra las drogas ilícitas y su influencia en el imaginario social. La carta magna nos dice que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República… democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Artículo 1). Que “En todas las instituciones de educación… se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana…” (Artículo 41). Que “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia;” (Artículo 67). Que a los miembros de la Fuerza Pública en su etapa de formación “se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos.” (Artículo 222). De los anteriores preceptos se deriva la importancia que el concepto de democracia tiene en la conformación de nuestro Estado, por lo que es necesario hacer un acercamiento a su significado.

Existen muchas y variadas definiciones de democracia, que muestran los momentos históricos en que fueron formuladas, aunque siempre el concepto se relaciona con la forma de gobierno y de organización del Estado.  Así por ejemplo, en las acepciones de los filósofos de la antigua Grecia, en la sociedad esclavista, los esclavos al no ser considerados personas sino instrumentos de trabajo, fueron excluidos del derecho a participar en la solución de los problemas públicos. Algo similar sucedió con los siervos de la gleba durante el feudalismo.  Dentro del sistema capitalista las variaciones del concepto de democracia no han faltado, pero hoy en la época del capitalismo global, como punto de referencia se generaliza la idea de que “Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo.”[170]

De la anterior definición sobresalen dos ideas. Primero, que la totalidad de los miembros deben tener el poder y segundo que el ejercicio de ese poder es el que permite y posibilita que las decisiones  que tome el grupo sean acordes con la voluntad del grupo. Surge la inquietud de si esa voluntad del grupo puede ser algún tipo de decisión que vaya en contra de los intereses del mismo grupo. Por ejemplo, un grupo religioso que tenga el poder de tomar decisiones decide en su conjunto el suicidio colectivo, o la eliminación de los ancianos o de los jóvenes del grupo. ¿Es esa una decisión democrática? Si es así, el concepto de democracia no es suficiente para hacer socialmente justificables las decisiones que se tomen democráticamente. La democracia pasa a ser un instrumento que sirve para tomar decisiones respecto a unos propósitos y fines establecidos con anterioridad. Propósitos y fines que busquen claramente el beneficio objetivo del conjunto o grupo social.

En el caso colombiano los propósitos establecidos como fundamento de la democracia están formulados de manera genérica en el citado Artículo 1 de nuestra Constitución Política al definir la República como un Estado Social de Derecho, porque esto implica que todos los poderes (y los ciudadanos) deben buscar “realizar la justicia social y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional [171] Son los principios, los derechos y los deberes que se encuentran en la Constitución Política colombiana los que se deben buscar mediante el mecanismo de la democracia. Las decisiones democráticas deben estar encaminadas a lograr condiciones de vida dignas para el total de la población, a respetar  las libertades de las personas, contrarrestar las desigualdades sociales, a ofrecerle a todos  las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales.[172] Estos objetivos del Estado Social de Derecho de nuestra república, tan amplios conceptualmente, están delimitados por lo expresamente definido en el articulado de la carta política y al mismo tiempo se sustentan en los principios fundamentales de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la igualdad.[173] Sin embargo, en lo relacionado con el mundo del narcotráfico, cuya influencia en los aspectos estructurantes de nuestra sociedad es tan obvia y negativa, los resultados en el cumplimiento de los objetivos del Estado Social de Derecho y de los principios fundamentales, ponen en duda la eficiencia y la eficacia de la aplicación de la democracia en la toma de decisiones.

Respecto al principio fundamental de la dignidad humana, la política contra las drogas ilícitas ha sido caldo de cultivo para incrementar la guerra con sus consecuencias funestas en el irrespeto a la vida a través de  masacres y crímenes selectivos. Esta política no facilita a los numerosos implicados el desarrollo de sus capacidades humanas constructivas, sino que por lo contrario, las expectativas de vida creativa son desviadas hacia la concepción de la vida supuestamente “fácil”, bandolera y sicarial, lo cual se irradia a la vida del resto de la sociedad en un sentimiento de permanente temor en muchos casos y en algunas regiones de permanente terror.

La política de guerra respecto al principio fundamental del trabajo, si bien genera altos ingresos para los señores de la guerra y para muchos de aquellos que estén vinculados al negocio de la misma guerra,  no posibilita para una gran parte de la población afectada el suministro de los bienes y servicios necesarios para la subsistencia, porque las posibilidades de empleo socialmente productivo se minimizan,  lo que obliga a que se forme un circulo vicioso al tener que recurrir a participar en el ilícito negocio una parte importante de la población, como única alternativa de sustento.

El principio de la solidaridad se desdibuja totalmente, y se transforma en el principio de la complicidad, en donde obviamente los derechos de la fuerza remplazan a los de la justicia, y la solidaridad humanitaria se convierte en “lambonería” y “sapería”, los cuales en los códigos de la narcocultura son delitos que se pagan con la vida y que merecen ser escarmentados. La solidaridad en la política de guerra contra las drogas ilícitas se convierte en sumisión, sometimiento y subordinación incondicionales al más fuerte en armas y  monstruosidad.

En el mundo ilegal del narcotráfico, la igualdad que en condiciones normales es además de un principio un derecho fundamental en el Estado Social de Derecho,  no representa un proceso de nivelación de las  oportunidades, a favor de grupos menos favorecidos, sino todo lo contrario. Genera mayores desigualdades que se reflejan en la acelerada concentración de la riqueza en los grupos de personas que directamente se benefician del negocio y de los que tienen actividades legales e ilegales cercanas al narcotráfico. Esto se refleja en el desplazamiento forzoso, la concentración de la tierra, la expropiación violenta de los medios de producción de pequeños y medianos propietarios, la pauperización y lumpenización de masas poblacionales, la impunidad de los delitos contra los derechos humanos y demás violaciones de derechos y obligaciones, la discriminación por raza, sexo, e ideas políticas.

Entonces, la democracia como mecanismo de selección en la toma de decisiones para que responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo, no puede estar dada en abstracto sino que tiene que estar supeditada a los principios y derechos definidos constitucionalmente y debe ser viabilizada mediante el ejercicio libre del poder público y del poder político.

Es necesario recordar que el poder  político está delimitado por la Constitución como sigue:

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.”

De otra parte, el poder público, el cual emana del pueblo según el Artículo 3 de nuestra Constitución, se delimita a tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial (Artículo 113), por lo que la democracia debe realizarse mediante el ejercicio del poder político y del poder público en las tres Ramas

Sabiamente la Constitución también establece que el pueblo puede ejercer el poder de manera directa o por medio de sus representantes. En efecto, el poder del pueblo es ejercido prioritariamente de manera indirecta, pero es ahí donde radica el problema del verdadero ejercicio de la democracia porque no siempre o muy pocas veces los representantes del pueblo identifican y defienden los intereses del pueblo que los elige. El poder del pueblo se limita a participar en las elecciones,  a elegir mediante el voto entre diferentes candidatos, opciones políticas e iniciativas. Pero la elección por naturaleza es un acto de conciencia, una decisión de voluntad y convencimiento, es decir un acto de la razón y del conocimiento. Pero cuál es el grado de razonabilidad y de sabiduría que puede tener una población cuyos medios de formación intelectual, cuya conciencia social  e imaginario social están siendo meticulosa y sistemáticamente manipulados?

Respecto al  imaginario colectivo en relación con la política contra las drogas ilícitas, en absolutamente necesario defender lo alcanzado hasta el momento respecto a la democracia, pero es necesario que la posibilidad de ejercer el poder político y poder público se sustente en el conocimiento objetivo y real del fenómeno del narcotráfico y sus implicaciones. Se debe lograr que la opinión pública no se conforme y se adhiera a los dogmas establecidos por quienes equivocada o intencionalmente formulan políticas contrarias al beneficio general e inclusive contrarias a la libertad individual establecida constitucionalmente y buscan el respaldo social para legitimarlas. Es así como las investigadoras Ana Paula Castro, Andrea Del Pilar Gómez, Luz María Sánchez y Diana Carolina Zuluaga[174] al cuestionarse la propuesta de penalizar el porte y consumo de la dosis mínima se preguntaban si “¿es legítimo someter a las convicciones morales de los ciudadanos la decisión sobre una cuestión que implica una violación a un derecho fundamental?” Sobre el mismo tema el Rodrigo Uprimny dice que “la propuesta gubernamental de reformar la constitución para penalizar el consumo de sustancias sicoactivas es engañosa, desborda el ámbito legítimo de un estado democrático y tendría efectos contraproducentes”[175] Así mismo Carlos Vicente de Roux argumenta al respecto que “El Estado no debe incursionar en el control de los placeres privados, ni siquiera en el de los placeres privados dañinos. De lo contrario se le abre el camino a esa modalidad de totalitarismo que invade la esfera de la vida íntima, el reducto más intocable de la libertad.”[176] Estas citas, como muchas otras posibles,  en ningún momento desconocen el derecho y la necesidad de la participación ciudadana en el ejercicio de la democracia. Lo que se resalta es la necesidad de incrementar la democracia más allá del simple derecho a participar, incluyendo el derecho democrático al conocimiento objetivo de lo que es o no conveniente según los derechos y principios constitucionales.

El porte y consumo de la dosis personal es solo uno de los muchos aspectos importantes que tiene el problema del narcotráfico y que deben ser contemplados en la formulación de la política contra las drogas ilícitas.  Actualmente se hace conciencia de la necesidad de darle un nuevo enfoque a la formulación de dichas políticas, lo que no implica debilitar la democracia sino todo lo contrario fortalecerla en el conocimiento. La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia lo explicita al afirmar que “Las nuevas políticas deben basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos. En ese esfuerzo se debe involucrar no sólo a los gobiernos sino al conjunto de la sociedad.”[177] Las propuestas sobre la política que vienen de la supuesta exclusividad del conocimiento, tienden a ser contraproducentes al no tomarse en cuenta los derechos, aunque sean respaldadas por las mayorías manipuladas. Según citan Ana Paula Castro y demás investigadoras, Isaiah Berlin nos advierte de este riesgo cuando dice que “…no sólo la acción despótica de un individuo que concentra el poder es una amenaza para la garantía de dichos derechos, sino que las mayorías a través de los denominados mecanismos de participación democrática pueden también vulnerarlos.” Es por lo tanto necesario romper con el monopolio del supuesto conocimiento absoluto, que como tal sin formula de juicio no pasa de ser dogmático y en su lugar, socializar el conocimiento sobre el tema y ampliar el debate, para que se incluyan nuevas visiones y con base a ellas crear nuevas propuestas. La Comisión Latinoamericana sobre  Drogas y Democracia defiende y promociona esta tesis al afirmar que la “construcción de alternativas es un proceso que requiere la participación de múltiples actores sociales: instituciones de justicia y seguridad, educadores, profesionales de la salud, líderes espirituales, las familias, formadores de opinión y comunicadores. Cada país debe enfrentar el desafío de abrir un amplio debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más adecuadas a su historia y su cultura.

Colombia, siendo un país que en el contexto mundial se encuentra tan desprestigiado por la impronta del narcotráfico, un país que mundialmente es conocido por ser el mayor productor de cocaína, por la guerra fratricida secular asociada al comercio de las drogas ilícitas, no puede menos que buscar el paradigma que al respecto represente un cambio definitivo en los logros y en los efectos sociales de la política contra las drogas ilícitas, como ya lo están haciendo otros países con menos mala fama sobre el tema, pero indudablemente con mayor sabiduría. Es así como en la última reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, celebrada el 11 y 12 de marzo de 2009, con la asistencia de 52 gobiernos y que tuvo el propósito de hacer una evaluación de los resultados de 10 años de aplicación de la política prohibicionista, se manifestaron inconformidades por parte de 26 países, es decir el 50% de los presentes. Los países rebeldes entre los que se encuentran Alemania, Australia, Bolivia, España, Bulgaria y Suiza[178], contrariados por los pocos resultados positivos y preocupados por los negativos, firmaron un documento en donde dan a conocer su decisión de implementar la “reducción de daños”. Insistimos que la nueva visión sobre las drogas ilícitas no debe restringirse a solo el aspecto del consumo. Uno podría pensar que si bien es cierto que en el consumo es donde las drogas ilícitas como todas las mercancías, realizan la validez de su existencia, no es en esa fase de la cadena donde se encuentran los mayores problemas. Los grandes problemas están en las otras fases de la cadena reproductiva: en la producción, distribución y redistribución de las drogas ilícitas. Una política que solo se preocupe por la parte del consumo es insuficiente.

El interesante artículo de Andrea Domínguez abre el abanico de posiciones frente a la insistencia de mantener,  por parte de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la política represiva y prohibicionista. En “El trasfondo” de esas pociones dice, se encuentran afirmaciones como por ejemplo que “la política contra las drogas es un mecanismos de control social”,  con el prohibicionismo y la represión se pueden controlar poblaciones “problemáticas” asociadas al consumo como son los jóvenes, los marginados, los desempleados y demás similares. Varios países no aceptan las evidencias científicas y mantienen enfoques ideológicos con perspectivas moralistas,  en donde los Derechos  Humanos y las obligaciones de los Estados son subvalorados.

La obstinación de la política prohibicionista no encuentra eco en las formas de organización de los involucrados en los negocios ilícitos. Los narcotraficantes muestran su habilidad de acomodamiento, de “modernización” de sus aparatos productivos no solo en el aspecto técnico, sino que también en sus formas organizacionales. El general Oscar Naranjo advierte que el viejo sistema de los narcos se ha venido replanteando, que ahora son más desafiantes, de ser pocos pero grades carteles ahora se organizan en muchos pequeños carteles “no son carteles sino 180 "baby-cartels" con no más 15 personas, especializados en finanzas y en conquistar paraísos fiscales sin ser detectados,  sin historial criminal, de bajo perfil, sin guardaespaldas, ni lujos, ni carros último modelo… No tienen control territorial, son flotantes, se mueven por el mundo entero, son invisibles"[179]

 

5. LA POLITICA CONTRA LAS DROGAS ILICITAS Y SU INFLUENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Para hablar de la influencia de la política contra las drogas ilícitas sobre las instituciones, hacemos una aproximación al concepto de Estado, porque las instituciones  a que haremos referencia son parte fundamental para su funcionamiento, son formas de expresión del Estado. La idea es hacer un acercamiento metodológico para introducirnos en el tema con algunos elementos en común ya que no existe unanimidad sobre el concepto de Estado.  La definición de Estado ha cambiado de acuerdo a los momentos históricos y los diferentes puntos de vista desde donde se mire. Es así como para Hegel el Estado es la realización de la razón, para la teoría jurídica es una creación del derecho, para la concepción biológica es un organismo especial, la teoría de la solidaridad ve en el Estado una organización de defensa y progreso del interés general, para el marxismo es una organización con el monopolio de la fuerza en manos de la clase gobernante para defender y hacer progresar sus propios intereses y  así, existen muchos otros puntos de vista. Pero no vamos a entrar en discusiones sobre los aciertos y desaciertos de estas concepciones y más bien procuremos un concepto contemporáneo  en cual nos facilite hacer la reflexión que nos proponemos.

Para facilitar las cosas, podríamos quedarnos con una de las acepciones que trae el Diccionario de la Real Academia Española, la cual dice “Estado 5. Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.” Esto, como a los defensores de la concepción biológica, nos hace pensar en un ser vivo, puesto que los seres vivos tienen órganos y éstos cumplen funciones específicas a favor del mismo ser vivo. En el caso que uno de los órganos de un ser vivo falle, comienza a funcionar mal todo el conjunto. Sin embargo, ampliemos un poco la noción de Estado y miremos con la ayuda de Wikipendia[180] algunos aspectos de interés que complementan las ideas anteriores. Por un lado la enciclopedia nos dice que “El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado.” Adicionalmente, a partir de otras definiciones de la misma fuente podemos agregar, sin alterar su significado pero resaltando algunos elementos de gran importancia, que el Estado es una organización conformada por un “conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad…”, que además “en el interior de un territorio monopoliza para sí el uso de la fuerza legal.”

Cuando a las anteriores generalidades de la conformación y funciones del Estado se le adiciona que la conformación, el funcionamiento y los fines del Estado deben estar plenamente determinados por las leyes y que además las diferentes funciones (que tienen esas instituciones en particular y el Estado en su conjunto) se  encausan a través de tres poderes claramente identificados como poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, entonces estamos definiendo una forma específica de Estado, que es el llamado “Estado de Derecho”.

Ahora bien, dentro de los diferentes tipos de Estados de Derecho, el Estado Social de Derecho es para nosotros de mucha importancia, porque es el que rige a los colombianos según la Constitución Política vigente. El Estado Social de Derecho tiene además las siguientes características adicionales que conviene resaltar[181]:

1.      El Estado en su conjunto así como cada una de sus partes componentes,  debe estar relacionado estrechamente y de manera inseparable a la sociedad y viceversa, la sociedad debe adherirse de igual forma al Estado. 

2.      La sociedad es un conglomerado de personas y grupos de grupos humanos que viven en condiciones de desigualdad real. Es decir que el concepto de igualdad hace más referencia a los deseos humanos en cuanto a los derechos y a las obligaciones que cada uno de sus miembros tiene o debe tener, pero que en la vida fáctica aun no se ha logrado.

3.      A partir del anterior concepto, la principal función de Estado es  la de propiciar las condiciones materiales y sociales para que cada uno de los miembros del conglomerado humano tengan igualdad en la libertad, en función de suprimir las demás desigualdades sociales.

4.      La organización estatal, es decir la razón de ser de cada una de sus instituciones, debe estar encaminada a materializar en hechos la justicia social y a rescatar la dignidad humana. Para el logro de estos objetivos las autoridades públicas deben actuar dentro del marco de los principios, derechos y deberes sociales establecidos por la misma Constitución Política.

5.      El logro y la garantía de condiciones dignas de vida de la población es objetivo prioritario de las acciones del Estado y sus instituciones.

6.      Al Estado no le está permitido interferir o recortar las libertades individuales y en cumplimiento del propósito de eliminar las desigualdades sociales, debe propiciar las oportunidades requeridas para que  los asociados puedan desarrollar sus propias capacidades y superar las condiciones materiales de vida.

7.      El Estado además de “asegurar la vida, la propiedad y la libertad” debe “promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; y asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2° de la C.P.)”

8.      Excepcionalmente al Estado se le permite intervenir en el funcionamiento de la  economía del país, pero con el objetivo específico de “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos” 

Por lo anterior el Estado colombiano está obligado a defender y a obedecer los principios fundamentales del respeto a la dignidad humana y a propiciar e impulsar el trabajo y la solidaridad  como fundamento de la República unitaria. (art. 1° de la C.P.) Así mismo, el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, para lo cual entre otras acciones debe adoptar las medidas que sean necesarias en favor de los grupos discriminados o marginados. (art. 13 de la C.P.)” de los cuales ya hemos hecho alusión.

El Estado, para poder cumplir con los propósitos y funciones antes mencionados, y con todos los demás que le asignan la Constitución y las leyes, debe servirse de instrumentos, procesos, procedimientos y diversos mecanismos, los cuales se expresan o toman forma a través de las llamadas instituciones del Estado. Según el DRAE las instituciones son organismos que desempeñan funciones de interés público, especialmente benéfico o docente, esto es, son organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad.

Sin embargo vale la pena ampliar un poco el concepto de institución. Se hace referencia[182] a que las instituciones, aunque pueden ser lugares físicos no necesariamente lo tienen que ser. Por ejemplo, las normas de conducta y las mismas costumbres que se consideran importantes en la sociedad son instituciones, pero también lo son las organizaciones del gobierno y de los servicios públicos. Todas ellas, así sea solo en teoría,  buscan el bien común mediante la normalización o regulación de las relaciones entre los individuos a través de reglamentaciones y normas. Si aceptáramos  la conceptualización ampliada de instituciones, entonces, al investigar las relaciones  entre la política contra las drogas ilícitas y las instituciones del Estado, deberíamos tomar en cuenta una gran multitud de normas de conducta, costumbres, organizaciones gubernamentales y demás formas comentadas, lo cual haría muy complejo, por no decir inviable, el trabajo.   Sin embargo, la conveniencia metodológica nos permite hacer abstracción científica, para centrar el análisis en el Estado y en las ramas del poder público que son las contienen cuantitativa y cualitativamente la inmensa mayoría de las instituciones.

En nuestra Constitución Política se establece que “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial” y que “Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado” (ARTICULO 113). Lo que nos permite asimilar que los órganos del Poder Público son instituciones mediante las cuales el estado viabiliza el cumplimiento de su destino y además se debe resaltar que esos diferentes órganos del Estado, aunque tienen funciones separadas, deben “colaborar armónicamente para la realización de sus fines”

 

A lo largo de las páginas anteriores se ha hecho hincapié en que el negocio de las drogas ilícitas está estrechamente relacionado a varias esferas del poder en el país. Esos vínculos se manifiestan de manera negativa porque entorpecen y dificultan el cumplimiento de las funciones del Estado Social de Derecho. Al respecto, uno de los aspectos más importantes tiene que ver con la guerra declarada contra el narcotráfico, porque ésta se ha convertido en un obstáculo insalvable para que se convierta en un hecho la “inseparable interrelación entre el Estado y la sociedad. El rompimiento del Estado con gran parte de la población se refleja negativamente en que:

1.      Las relaciones sociales sufren un deterioro prácticamente irreversible, que se puede ver en el desplazamiento forzado de millones de personas que son empujadas a la miseria y al sufrimiento en territorios nacionales o de otros países. Desplazados y  despojados de sus propiedades, y de las posibilidades de lograr las condiciones materiales y sociales para alcanzar igualdad en la libertad, en función de suprimir las demás desigualdades sociales.

2.      El incremento de la concentración y centralización de la riqueza, en cada vez un menor número de personas, que paralelamente genera mayor pauperización, lo cual está en contra de la búsqueda y posibilidad de “materializar en hechos la justicia social y de rescatar la dignidad humana.”

3.      Inmersos en la guerra los principios, los derechos y los deberes constitucionales, no solo son letra muerta sino que mediante la manipulación del imaginario colectivo se metamorfosean y adquieren significados contrarios a su intención de origen.  

La característica que debe cumplir un Estado Social de Derecho respecto a su relación con la sociedad en Colombia, estrecha e inseparable, no se cumple. Pero además “la unidad” en sentido constructivo, no se da ni siquiera entre las mismas instituciones de los poderes públicos como lo ordena la Constitución Política. Pedro Medellín lo manifestaba con certeza al afirmar que “El Estado y el gobierno colombiano no son capaces para mantener la unidad del poder político institucionalizado, ni la unidad de acción de sus instituciones…”[183]

Otra de las manifestaciones de la desviación de los poderes del Estado colombiano se pone de manifiesto en el fenómeno del paramilitarismo, en donde el monopolio de las armas en manos del Estado, como principio constitucional tampoco se cumple. De acuerdo con el historiador Edgar de Jesús Velásquez Rivera [184], para Medina Gallego. “En la primera parte de los años ochenta las organizaciones paramilitares fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión, luego evolucionaron hacia un proyecto político, militar y social con la colaboración y complacencia de las fuerzas armadas.[185] Este es un claro ejemplo en que se ve que los representantes del Estado ayudan a su desinstitucionalización.

En relación al origen del paramilitarismo y su interferencia en el Estado, Miriam Álvaro asegura que “En un primer momento, los grupos paramilitares aparecieron como respuesta a la actuación de grupos guerrilleros. Pero, con el tiempo se fueron transformando en un proyecto propio de Estado local y regional.”[186] Además afirma que estos grupos “Organizaron y estructuraron un paraestado con reglas de juego diferentes, amenazando la construcción de la gobernabilidad, el desarrollo institucional, la seguridad colectiva y la Democracia.”  Lo cierto es que,  independientemente de si primero aparecieron desde el narcotráfico para luego luchar contra los insurgentes secuestradores, o que aparecieron como luchadores contra la insurgencia y luego se convirtieron con el tiempo en narcotraficantes, la verdad es que éstos grupos irregulares desestitucionalizaron  una de las características más importantes del Estado Social de Derecho, como es el de la exclusividad del manejo de la fuerza pública. Pero además interfirieron en otras funciones del Estado al involucrar en sus actividades ilegales a otras instituciones. Felipe Botero y María Lucía Méndez citando a María Teresa Ronderos muestran que “En el 2007 fueron implicados por parapolítica 46 congresistas de los cuales están presos 16, además de ex congresistas y ex gobernadores entre otros. Igualmente varios políticos y funcionarios públicos, desde ex ministros hasta alcaldes, fueron investigados por nexos con el paramilitarismo”[187]

 

Desde un comienzo se ha venido dando una polémica acerca de la verdad del grado de influencia de los grupos de narcotraficantes en las instituciones del Estado colombiano. El historiador Edgar de Jesús Velásquez Rivera comenta una serie de notas sobre el tema[188], que nos permiten ver cómo las autoridades colombianas en defensa de su gestión tratan de negar  o minimizar la influencia de los narcotraficantes en las funciones estatales y cómo los narcotraficantes también tratan de justificar su intervención en los asuntos del Estado. Es así como, según Gill “Tanto el estamento castrense como los distintos jefes de Estado, cuando se les cuestiona tal situación, la niegan rotundamente y, cuando las pruebas son incontrovertibles, evaden sus responsabilidades afirmando que se trata de hechos aislados y que en modo alguno comprometen a las instituciones y menos aún que se trata de una política de Estado”[189] De otra parte, el líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, en su declaración a la Fiscalía en julio de 2006, afirmó: “Nosotros, como organización política y militar, reemplazamos al Estado en sus funciones, tanto en la ejecutiva como en la legislativa y judicial, pues nuestra lucha política nos llevó a eso, ya que nos tocó restablecer las funciones que el Estado debía cumplir y nunca hizo.[190]Esto mismo fue lo que predicó Salvatore Mancuso ante el Congreso de la República en Bogotá, cuando reclamó un reconocimiento de héroe por haber salvado la patria de la subversión: “Ante la falta de respuesta del Estado, nos vimos forzados a cambiar sobre la marcha nuestros instrumentos de trabajo, por las armas y en nombre de todos los azotados por la violencia, resistir y enfrentar la guerra declarada a Colombia por los terroristas. Se trataba de defender nuestras vidas, nuestra dignidad y nuestro territorio.”[191] En la versión libre tomada en mayo de 2007 Mancuso dijo que 25 alcaldes de la Costa Atlántica fueron elegidos con apoyo de las autodefensas y aseveró que empresas como Postobón y Bavaria apoyaron a su grupo ilegal y  habló de importantes ganaderos del norte del país que tuvieron relación con las finanzas de las AUC. Según información de Daniel James Hawkins Son numerosos los escándalos que han salido a la luz pública en los últimos dos años; culminado, en abril del 2008, con el encarcelamiento de 29 parlamentarios, la investigación de 51 congresistas, al igual que la de un significativo número de alcaldes, gobernadores, personal militar y diplomáticos. Todos acusados de complicidad con paramilitares con fines económicos y electorales.” En noviembre del mismo año, la revista Cambio informaba que “131 dirigentes políticos que son o fueron parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales o diputados, están mencionados en  los expedientes de la parapolítica. 60 son parlamentarios y 19 lo fueron”[192]Estos datos confirman que las confesiones de los narcotraficantes en sus arengas reivindicatorias no están tan alejadas de la verdad y si como dicen, que guardan secretos aun más escandalosos, entonces nada debe sorprendernos. En la defensa de sus propios intereses, los capitales ilícitos llegan a cuerdos para unir fuerzas y luchar contra sus enemigos comunes, pero también hacen acuerdos con capitales de carácter legal, independientemente de su nacionalidad u origen. Que la defensa de las rentas y de las ganancias no conocen de escrúpulos nos lo muestra James al anotar que “Algunas compañías que han sido acusadas públicamente de colaborar con los grupos paramilitares y el Ejército Colombiano en el acoso y asesinato de numerosos dirigentes sindicales, activistas políticos, indígenas y otros miembros de la sociedad colombiana en las últimas dos décadas son: BP Exploration Company, Occidental Petroleum, Drummond y Coca-Cola. Además, a finales del 2007, la Corte Suprema estadounidense impuso una multa de 25 millones de dólares a Chiquita por haber pagado a grupos paramilitares en sus regiones de operación de Urabá y el Magdalena.”[193]

 

La interferencia de los grupos de narcotraficantes en las instituciones estatales y privadas, genera conflictos en sus estructuras y en sus funcionamientos al distorsionar los objetivos de sus funciones, al obligar a convertir en clandestinas algunas de sus actividades porque sobrepasan los atributos legales que les corresponden. Al mismo tiempo, se rompe la armonía deseada en el funcionamiento de sus poderes autónomos. Hoy día, los conflictos entre los diferentes poderes del Estado se mantienen, por no decir que empeoran. Porque hay estudiosos de la situación colombiana que afirman que por lo contrarío las confrontaciones entre ellos y entre las instituciones que los conforman se han agudizado.  Es el caso de María del Rosario Anzola[194]quien deja constancia que La pelea de fondo es la parapolítica y los múltiples escenarios de disputa entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia pasan  por este espinoso asunto.” Los narcotraficantes en su uniforme de paramilitares se encuentran de algún modo detrás de “La interinidad en la Fiscalía, los choques entre el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría y la Corte Suprema, los escándalos paralelos convertidos en nuevos expedientes judiciales y hasta la polarización que protagoniza desde las columnas de opinión” porque todos esos desafortunados acontecimientos nacionales “tienen el denominador común de un país que no encuentra cómo pasar la página del paramilitarismo y las fuerzas que lo multiplicaron.”  Podría afirmarse sin temor a equívocos, que no existe en el momento alguna institución  importante que no esté tocada por algún lado por los efectos de los narcotraficantes y sus negocios ilícitos. Lo más preocupante al respecto es que todos los actores del conflicto alegan tener la razón y piden a la sociedad legitimar sus acciones. Así lo sentía,  o por lo menos así lo decía Mancuso en su elocuente intervención ante el Senado Este proceso concita a construir los instrumentos jurídicos que permitan la salida digna de la guerra para todos los comandantes y combatientes de nuestra organización, también los privados de la libertad. Como recompensa a nuestro sacrificio por la Patria, haber liberado de las guerrillas a media República y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba, o la Nicaragua de otrora, no podemos recibir la cárcel.”

La intromisión del narcotráfico en las instituciones del Estado colombiano es vista como una ventaja comparativa para el éxito del ilícito negocio. Beltrán y  Salcedo-Albarán, al desarrollar su concepto de  “Entornos generosos para el crimen” advierten que dentro de las condiciones que han facilitado la producción está el haber desarrollado poder político en el nivel nacional y territorial colombiano por parte de los narcotraficantes, ya que “Dicho poder político les ha permitido influir en el poder ejecutivo, legislativo y judicial colombiano”[195]entre otras ventajas para el negocio destacan los “Altos niveles de corrupción pública” y la “Ineficiencia en la administración de justicia”. Refuerzan el argumento citando a Francisco Thuomi quien indica que “La cooptación de las autoridades se puede producir de modo directo o de modo indirecto. En el modo directo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son sobornados; en el modo indirecto se financian campañas de funcionarios que aspiran a altos cargos del Estado”. Tal vez faltaría insistir en el método complementario del chantaje terrorista. Luis Jorge Garay explica el fenómeno de la cooptación del Estado como “el ejercicio mediante el cual una persona o grupo, legal o ilegal, en provecho de su poder de influencia, intermedia ante el Estado para favorecer sus propios intereses”. Refiriéndose al caso de la cooptación mafiosa dice “…en el caso de la ilegalidad se está frente al poder de grupos criminales organizados, en ocasiones en alianza con sectores legales, que buscan reconfigurar instituciones de un Estado para su provecho, a través del Estado mismo.”[196]

Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, un maniático del control a las cuentas[197], registró en su computador “cómo el capo mandó asesinar 150 personas en pocos meses, cómo enviaba más de 20 toneladas de coca semanales y cómo tenía un centenar de miembros del Estado a su servicio.” Desde el punto de vista cuantitativo no eran pocos sus colaboradores y desde el punto de vista cualitativo, tampoco demeritaba en nada su conformación: “Decenas de miembros de la Fuerza Pública, fiscales, registradores y jueces estaban en las nóminas del capo.” Asombran al redactor de la noticia “los datos sobre penetración, colaboración y corrupción que ‘Chupeta’ consiguió a todos los niveles del Estado.” Asombran a cualquiera los montos del rubro presupuestal destinado a la corrupción: “mensualmente el pago de sobornos costaba en promedio 8.000 millones de pesos, ese aparato corrupto que tuvo a su servicio le garantizó vivir relativamente tranquilo en la clandestinidad.” Nos podemos preguntar, para contextualizar los montos a nivel nacional durante los últimos veinticinco o treinta años, cuántos “Chupetas” han vivido y están viviendo relativamente tranquilos en la clandestinidad. Porque el fenómeno de la infiltración mafiosa en el estado no es nueva. En la historia de Pablo Escobar,[198] quien fue abatido el 2 de diciembre de 1993 después de haber ejercido el narcotráfico por un cuarto de siglo, el general Hugo Martínez Poveda reconoce que el capo “No tenía características de líder, fue lo que fue por dinero…” y “le hace la venia por su capacidad para infiltrar los organismos de seguridad y reconoce que por ello huía de las maneras más insospechadas”.

Desde entonces, muy posiblemente desde antes, el negocio de las drogas ilícitas ha buscado a las instituciones estatales para facilitar sus beneficios. Para Camilo González Posso, Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). El “mal llamado paramilitarismo … es solo parte de una mutación mayor que ha tenido la sociedad colombiana y que involucra no solo estructuras militares ilegales sino también estructuras económicas, políticas e institucionales al servicio de mafias y negocios que se reproducen aprovechando conexiones con funcionarios públicos o posiciones en el Estado.”[199]Se reconoce que ha habido una mutación de las formas de organización después del desmonte parcial de las AUC, como es el caso del reciclaje de estructuras y la emergencia de neoparas, la reingeniería de los negocios del narcotráfico, la corrupción, participación en macroproyectos, la concentración de tierras y el lavado de activos,  el reencauche como paramafias clientelistas. Así mismo se puede inferir una transformación en las formas de interferir en las instituciones del Estado.

 

La desinstitucionalización del Estado como efecto del negocio de las drogas ilícitas, además de reflejarse en cada una sus partes componentes, en sus instituciones y por la tanto en el todo, en su interior, también se refleja en la parte externa, en las interrelaciones con otros Estados y con el mudo en general. Las relaciones con los países vecinos, como son  los casos de Venezuela y Ecuador, están atravesadas por el narcoterrorismo según las versiones mismas de las autoridades Colombianas. En el encuentro de UNASUR en Bariloche, Argentina (2009), el tema del narcotráfico fue el centro del debate entre Colombia y los demás asistentes, a tal nivel que en tres de los seis puntos acordados en la declaración final se refirieron al tema. De la misma manera, los controvertidos acuerdos con los Estados Unidos de Norteamérica sobre las Bases Militares en el territorio colombiano, tienen como fundamento la lucha contra el narcotráfico según las mismas fuentes. En el preámbulo del acuerdo que posibilitó el establecimiento de las bases militares norteamericanas en el territorio colombiano se dice que  el mismo se justifica y es viable[200]:

·         “Teniendo en cuenta la Declaración de Cartagena, sobre la producción, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas, suscrita en Cartagena el 15 de febrero de 1990, y la Declaración de San Antonio sobre la cooperación regional en la lucha contra el problema mundial de las drogas y los delitos relacionados, suscrita en San Antonio el 27 de febrero de 1992;”

·         “Observando el Anexo al Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 30 de agosto de 2004, que establece un programa bilateral de control de narcóticos, incluido un programa integral contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas contra la seguridad nacional de Colombia;”

·         “Teniendo en cuenta el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Suprimir el Tráfico Ilícito por Mar (conocido como `el Acuerdo de Interdicción Marítima´), suscrito en Bogotá el 20 de febrero de 1997 y el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América Relativo al Programa de Supresión del Tráfico Ilícito Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (`Acuerdo Air Bridge Denial´), suscrito en Bogotá el 20 de diciembre de 2007;”

·         “Reconociendo el historial de cooperación bilateral, así como la importancia de promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo, el problema mundial de las drogas, la delincuencia organizada transnacional  y la proliferación de armas pequeñas y ligeras;”

Ningún Estado, por muy rico y poderoso que sea, en las condiciones de funcionamiento del Estado colombiano, puede cumplir con los principios y los objetivos del Estado Social de Derecho.  “Si la gobernabilidad es la `capacidad de gobernar´ caracterizada por la administración eficiente de los bienes públicos, la capacidad de satisfacer las necesidades de la población y el mantenimiento del equilibrio de poderes en el Estado, los hechos mencionados anteriormente configuran el marco propicio para la manifestación de una grave crisis institucional y de gobernabilidad en Colombia.  La legitimidad del Estado colombiano, así como la gobernabilidad del País, están en entredicho.” nos dice de manera muy acertada Martínez Castilla.[201] Con la forma de funcionamiento de nuestro estado se está atentando contra su propia existencia, infringiendo su razón de ser, no solo porque no está al servicio de los intereses generales, sino porque ataca a su vez la esencia de los principios en los que se fundamenta su función administrativa: “de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” como lo impone sabiamente el Artículo 209 de nuestra Constitución Política. Aunque hay quien dice que el de publicidad si se cumple a regañadientes porque todo el mundo sabes cómo funciona el Estado colombiano por culpa del narcotráfico. Para Eissa “En la actualidad, temas como el narcotráfico, el terrorismo, la degradación ambiental, las migraciones no controladas, la proliferación de armas de destrucción masiva, el crimen organizado transnacional, el terrorismo informático y el aumento de la brecha económico y social entre las naciones, han sido securitizados en distintos grados, es decir, incorporados a la agenda de seguridad porque se entiende que afectan en alguna medida la seguridad de los Estados, las sociedades y los individuos.”[202]

5.1 EL PODER LEGISLATIVO

Dentro de las instituciones de mayor importancia en la organización del Estado colombiano se encuentran las que corresponden al Poder Legislativo. Este poder es el que establece las reglas de comportamiento, de obligatorio cumplimiento, de todos los asociados a la República. Al mismo tiempo le corresponde controlar si las actividades que desarrolla en Poder Ejecutivo se llevan a cabo en concordancia con la voluntad popular. “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.” (ARTICULO 114). Tomando en consideración la importancia de estas funciones se entiende que se manifieste un gran interés por parte de los poderes reales, económicos, partidistas, gremiales, religiosos y demás, por participar directamente en la conformación del congreso. Porque de acuerdo a la efectividad en la  participación dentro del poder legislativo es que se pueden determinar las normas que favorezcan intereses propios y  asegurar que a su vez, en un marco de legalidad, el gobierno ejecute las correspondientes tareas que posibiliten materializar dichos intereses. 

 

Es así como, independientemente de que algunas personas hayan apoyado de manera voluntaria a los narcoparamilitares  en sus aspiraciones parlamentarias, fue fundamentalmente mediante la intimidación y otros medios no santos que lograron copar buena parte de las curules del congreso de la república. El propio líder paramilitar Salvatore Mancuso afirmó el 11 de marzo de 2002, que cerca del 35 por ciento de los congresistas mostraban una afinidad a la causa paramilitar y que trabajarían en su favor[203].  Velásquez Rivera, al estudiar las diferentes vías que fueron utilizadas por los paramilitares para expandir su presencia en Colombia, muestra entre otras, la de penetración y empoderamiento de las instituciones que legalizan las formas del comportamiento social: Frente al poder legislativo (concejos municipales, asambleas departamentales, cámara de representantes y senado), en todos los casos determinaron quienes podían ser candidatos y quienes no y, en consecuencia quienes resultarían elegidos.” Es decir que los narcotraficantes no solo participaron de la selección de los cuadros que más les convenía, sino que impidieron que pudieran participar quienes no favorecían sus intereses. Además, utilizaron como instrumento apalancador de su estrategia el manejo de los recursos monetarios, tan abundante en sus bolsillos y tan escaso en los de otros, “Se denunciaron casos en que para cámara de representantes y senado a los aspirantes a tales cargos se les asignó astronómicas cifras de dinero para garantizar el éxito de los mismos y, en otros casos, se les cobró una especie de impuesto por hacer política en sus zonas de influencia. En cualquiera de los casos, los elegidos quedaron comprometidos con el paramilitarismo.[204]  Mancuso, por ejemplo en su larga lista de adeptos hizo referencia a la excongresista Rocío Arias y dijo que “salió elegida Representante gracias a un acuerdo con los paras en Antioquia.”[205] En efecto, Arias fue juzgada y condenada, se entregó el 22 de enero de 2008 y a mediados de octubre de 2009, fue puesta en libertad “tras cumplir gran parte de su condena por parapolítica” como lo registró el diario El Tiempo.[206] Llama la atención la prepotente seguridad y confianza con que Mancuso hace alusión a su poder frente a las instituciones del estado cuando dijo “Nosotros sacamos el 80 por ciento de los concejales en los 5 municipios que comprenden al Golfo de Morrosquillo porque el 20 por ciento restante ya eran adeptos nuestros”[207]

 

Otro de los líderes paramilitares extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos de Norteamérica, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, en su computador personal tenía archivos que detallaban el inventario de sus haberes de trabajo[208]: “vehículos, armas, personal, nómina y listas de colaboradores.” y de algunos de los trabajos realizados: “cómo habían sido asesinados al menos 50 líderes sindicales o comunales de varios departamentos de la región atlántica” Entre los archivos “se encontraron correos electrónicos, actas de reuniones y otros documentos, con los que se pudo establecer que había relaciones entre este grupo paramilitar y centenares de políticos”. Así mismo se confirmó la tristemente famosa reunión llevada a cabo a finales de 2001 en Santafé de Ralito, a la que asistieron “personas importantes de la política regional incluyendo congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y periodistas.”

 

La Constitución Política colombiana establece que “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.” y que “El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.” (ARTICULO 133). Pero desafortunadamente para las instituciones del Estado Social de Derecho estas premisas raramente se cumplen. Al infiltrase los intereses de los narcotraficantes en el Poder Judicial las funciones institucionales son distorsionadas y los miembros de los cuerpos colegiados, aunque no por consenso pero si por mayoría, no actúan consultando el bien común ni la justicia, sino como es lógico en bien de los particulares que los patrocinan o imponen. Además, los legisladores, así como los demás funcionarios del Estado, cuando  incumplen con las funciones pocas veces responden ante la sociedad.

 

De otra parte, dentro de las facultades que tiene el poder legislativo está la del control político al ejecutivo “Citar y requerir a los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos para que concurran a las sesiones.” (ARTICULO 135) Tiene explícitamente la función de “Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado” (Artículo 136). Así mismo el Senado está facultado para conocer de las acusaciones que por hechos u omisiones formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República, contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación (ARTICULO 174). Pero, también por votación de las mayorías, el control político que el senado le hace al ejecutivo la mayoría de la veces se convierte, en los casos importantes, en tribuna para hacer proselitismo demagógico a través de los medios masivos de información en horarios preferentemente “triple A” y  de respaldo condicional a los socios que trabajan en las instituciones de los demás poderes.

 

Es en esa lógica que los miembros del Congreso que han sido respaldados por los negociantes de drogas ilícitas interpretan, hacen, reforman y derogan leyes. Expiden códigos en todos los ramos de la legislación y reforman sus disposiciones, aprueban el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, determinan cuales instituciones del estado se deben crear, fusionar o desaparecer, cuáles son las normas de funcionamiento de esas instituciones, cómo, cuándo y para qué el gobierno puede celebrar contratos, negocian empréstitos y enajenar bienes nacionales. Estos mismos señores tienen la capacidad constitucional de establecer las rentas nacionales, las contribuciones fiscales y parafiscales,  y fijar los gastos de la administración. Así mismo tienen la posibilidad de aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional, inclusive tienen la facultad de transferir algunas de las atribuciones del Estado nacional. Ellos pueden incidir de manera definitiva en las amnistías e indultos generales por delitos políticos y en las indemnizaciones que se les puedan asociar. Deciden sobre  la apropiación, adjudicación y recuperación de las tierras baldías de la nación. Pueden determinar los objetivos y criterios del crédito público, del comercio exterior, del régimen salarial de los empleados públicos e intervenir en la libre economía nacional. Como si fuera poco, además de lo anterior, el Poder Legislativo regula sobre los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, sobre la administración de justicia, la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, y sobre las instituciones y formas de participación ciudadana (Artículo 152).  Muchas de las funciones del Congreso, por voluntad y conveniencia, pueden ser transferidas al Presidente de la República otorgándole facultades extraordinarias, para que expida normas con carácter de ley (Artículo 150)

 

Las atribuciones del Poder Legislativo explican por sí mismas el inmenso interés de los participantes en el negocio de las drogas ilícitas por entrar a controlar la formulación de las normas y la toma de decisiones que viabilizan la estructura y el funcionamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Los vínculos de los narcotraficantes con el poder legislativo se ponen de manifiesto en las confesiones y reconocimientos que hacen sus más connotados jefes. En 1982 Pablo Escobar Gaviria logró entrar a la Cámara de Representantes como suplente de Jairo Ortega y veinticinco años después los esfuerzos de los narcotraficantes por apoderarse de esta institución son aún más evidentes: “El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, ratificó… ante la Fiscalía su versión contra un grupo de congresistas de la Costa Atlántica que habrían recibido apoyo de esa organización armada.”[209] Así mismo se entiende que personas de dudosa idoneidad y probidad, a través de diferentes artimañas logren su permanencia en la vida pública, como lo muestra Botero cuando nos recuerda que “En plena campaña al Congreso, ocho políticos fueron expulsados de las filas de los partidos de la 'U', Conservador, Liberal, Cambio Radical y Colombia Democrática porque existían fuertes sospechas de sus vínculos con organizaciones paramilitares. Irónicamente, estos individuos fueron admitidos en otros partidos y en su mayoría fueron elegidos al Congreso”[210] Estos son casos profusamente conocidos por la opinión pública. Si se toma en consideración el amplio conocimiento que se tiene sobre la corrupción en las instituciones legislativas, puede parecer absurdo que la poca  población que participa en los comicios electorales siga apoyando a políticos con antecedentes dudosos. Pero el fenómeno se entiende al tomar en cuenta la gran capacidad de convencimiento que tienen los interesados mediante los recursos del dinero y la intimidación. El problema no solamente fue de gravedad en el pasado, lo es en el presente y corren riesgos de que sea aun más grave en el futuro, como lo prevé Martínez Castilla  “Si el Congreso no logra depurar las tradicionales formas de hacer política en el país que han favorecido los nexos con grupos criminales a nivel regional, muy posiblemente se verá abocado a perder su rol protagónico en materia legislativa y a depender del Ejecutivo.”[211] En la opinión pública, en el imaginario social, las instituciones más desprestigiadas son el Senado, la Cámara y los Consejos municipales. 

5.2