*”Devuélvannos la Coca”,

Palabras de la representante indígena Fabiola Píñacué

 

“DEVUÉLVANNOS LA COCA”*

 

 

 

LA MINGA

La Minga Indígena vino a Bogotá y los voceros de los indios plantean un nuevo Pacto de Chicoral con el país real; y los están matando. Los Indios piden ser representativos de unas aspiraciones sociales colectivas. Yo, como parte de esta nación inconclusa, me siento totalmente representada por esa Minga y creo que la respuesta social ha sido contundente en ese sentido. Piden los Indígenas que se les devuelva la coca y cito el comunicado de la Minga sobre el Nuevo Pacto de Chicoral /vertical y no horizontal/ en su 8º pto: “Defender la coca como nuestra planta sagrada y concertar políticas para evitar su uso ilícito”. ¿Cómo?

Lo inmediato es haciendo claridad. En primera instancia sobre la coca. ¿Cómo es posible que un gobierno se atreva a irrespetar sin ningún pudor la Hoja Sagrada de sus Pueblos Originarios? ¿La mata que mata? Esa no se la cree nadie y grave error comete el gobierno colombiana minando así su credibilidad y mostrado su desprecio por su capital humano y natural. La coca no mata. La ignorancia, el armamentismo y el Glifosato, sí. Las Naciones Unidas plantea nuevos rumbos frente a la coca y los colombianos claman por que se protejan los recursos de la nación. Es de conocimiento generalizado que lo que vale actualmente, y más aún en el futuro, son las materias primas, los recursos naturales. De ahí que sorprenda que -los llamados a dirigir los destinos de la patria- subestimen,  destruyan y entreguen así su riqueza.

No es la mata de coca lo que más intranquiliza a la Comunidad Internacional en este momento. Lo que la alarma es la violencia colombiana aunada a la consolidación de un fuerza armada (entre cuyas filas la prevalencia de consumo de drogas no deja de ser revelador) que, en los últimos años, ha saltado a ser la segunda del hemisferio con 275,000 efectivos.  La protección de los derechos y riqueza natural colombiana preocupa a la Comunidad Internacional. Alertar en giras internacionales sobre los daños químicos del narcotráfico mientras el gobierno que alerta aplica medidas químicas  y elimina los aranceles sobre los agroquímicos es totalmente incongruente. Lo que confirma la gira de cárteles de Pacho Santos es que el gobierno colombiano es totalmente consciente del daño que están ocasionando los agroquímicos, entre otros, los que aplica de su propia mano  a través de sus fumigaciones. La actual administración puede ignorar, negar, lo que quiera. Lo que no puede es caer en su propio engaño y seguir demoliendo lo que reconforta a la Comunidad Internacional: la fuerza viva de la oposición y la entereza de sus instituciones y Pueblos Originarios. Esto es lo q’ da fé de que en Colombia hay contrapesos; que no todo está perdido; que hay un relevo social posible y que Colombia puede encontrar caminos propios.

El RELEVO DEMOCRÄTA

Cada experiencia es única y Colombia necesita soberanía para determinar la normatividad que responda, se ajuste, a sus aspiraciones populares y posibilidades, dentro de sus costumbres y medios. Los tabú y dificultades que enfrenta Colombia para debatir el tema de consumo son un reflejo más de las presiones que ejerce el narcotráfico en aras de consolidar sus contrarreformas al amparo de la guerra. No cabe la menor duda de que la primera víctima de la concesión de la soberanía nacional a cuenta del enriquecimiento fácil será el narcotráfico en el poder. Otra es que no se den por enterados; que cierren los ojos frente al abismo. La promoción de esta guerra de todos contra todos (por sapeo, estigmatización, campañas de desprestigio y descuento de la nación) equivale a quemar el bosque en el que se está. Por otra parte, las políticas tienen que reflejar las expectativas sociales para que cumplan su cometido de base; así sea con miras a la cooptación de una base social para ejercer un cargo político. Buscar ‘fórmulitas’ legales y panaceas para suprimir esas expectativas sociales es de una falta de amplitud imperdonable. Las convulsiones —crímenes atroces, delincuencia, despojo, corrupción, pérdida de valores e ideología, daños ambientales…— que sacuden cotidianamente a Colombia no dan tregua; nos absorben. Estas convulsiones no son independientes del mercado de consumo de drogas. Cualquier epiléptico sabe que en el consumo de Fenobarbital está el alivio de sus convulsiones, y el origen de un sinfín de otros males. El epiléptico que pretenda que lo que tiene que atacar son las drogas como el Fenobarbital o la marihuana (cuyo uso se reconoce para aliviar convulsiones) y no su propia enfermedad, corre el riesgo de morir. O, lo que podría ser peor para muchos, de quedar en Estado vegetativo.

Lo cercano y propio es el narcotráfico, que responde a fórmulas de concentración y se perpetúa por la búsqueda de repartición de las riquezas. De aquí se desprende la necesidad de promover una normatividad propia que propicie la distribución social de los dineros del narcotráfico y su obligación de responder por sus crímenes de Lesa Humanidad. Se requieren medidas que socaven el control armado que ejerce el narcotráfico sobre el consumo y la producción, pasando por el cultivo de la coca.  Se requiere mirarse de frente y pensar el futuro  sin desconocer ni descartar lo que somos y lo que tenemos. Desafortunadamente, la cultura (incultura) colombiana maneja una codicia de lo ajeno que es lo que constituye el robo como norma para pasar a la incorporación del síndrome de malandrín que desemboca en el reino del más HP.

No obstante, es moralmente inaceptable que, porque las determinaciones sobre el consumo y venta y de ‘drogas’ las dicta Washington, se niegue el derecho a la verdad, reconciliación y reparación nacional de los colombianos. Coartar las justas demandas de las victimas bajo la óptica de que pesa más la relación de crímenes económicos en USA que la verdad sobre vínculos entre droga, política y crímenes de lesa humanidad, socava la búsqueda de soberanía de la sociedad civil colombiana para atajar la guerra. La pretensión de que el narcotráfico colombiano se desmantela en Washington y no en Colombia es otra de las tantas estrategias a las que se acoge el narcotráfico para perpetuarse. Por otra parte, esta errada estrategia golondrina condena a los Estados Unidos a seguir viviendo el desangre y dependencia social y económica que representa el narcotráfico y la lucha en su contra. 

La llegada de Obama y los demócratas al poder señala el hastío con el desgaste de la guerra. El relevo generacional y cultural, además de simbólico, es real. Joe Biden, el vicepresidente electo, fue en su momento uno de los más ardientes defensores del Plan Colombia dentro del campo de los demócrata. Sin embargo, los pasos dados señalan que pesa más la defensa de los Derechos Humanos de las poblaciones más vulnerables que la aplicación arbitraria de las políticas de drogas. Recientemente, Biden y Obama presentaron un proyecto de ley que eliminaría la disparidad en las condenas por posesión de crack (una especie de bazucó depatraseado o pasta de coca) y la posesión de polvo de clorhidrato de cocaína. No se limitaron a aumentar las penas. Al contrario, equipararon las cantidades. De tal forma, que la sentencia mandataria mínima (5 años) se dará por la posesión de 500 gramos de crack, la misma dosis que para el clorhidrato de cocaína. Este cambio es significativo y se debe en buena parte a un gran amigo de Colombia, Ethan Nadelman, Director Ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA). La DPA lleva años abogando por que homologuen las sentencias La razón de base es que la mayor sentencia frente al crack afecta mayoritariamente a los sectores afroamericanos. El 80% de los condenados son negros cuando un 75% (¾) de los consumidores de crack en USA son blancos. La DPA, afirma que fumar crack no es muy distinto a consumir cocaína. Es cuestión de ver si en Colombia podemos afirmar lo mismo.

EL DESLINDE

¿A qué lado de la brecha social colombiana prevalece el consumo de basuco? Las denuncias sobre el daño a la estructura de Plaza de Toros revelan que los jíbaros del sector de la Macarena raspaban los ladrillos para rendir las papeletas de basuco que vendían a niños. Que un niñito de 8 años consuma sustancias alteradoras es dramático pero que, en razón de su vulnerabilidad, se le venda ladrillo mezclado con basura es un simple reflejo de la inconcebible irresponsabilidad social y del Estado. Creo que, si vamos a ver, una buena parte de estos niños fumadores de basuco, vienen de barrios de expendio y/o sus hogares son las mismas ollas. Justamente por esto no se trata de atacarse a las ollas. Este es un trabajo social no policivo. Esos niños, esas familias, esos expendedores merecen un trabajo de reinserción social, ojalá sin moralismos sobre lo que están haciendo.

El enriquecimiento con el mercadeo de drogas está tan cerca o tan lejos de ser un problema de moral como lo es el enriquecimiento con la privatización de los medios de transporte y de comunicaciones. La inmoralidad no está en que se venda o se consuma droga, la inmoralidad está en que las fuerzas del narcotráfico y la DEA nos tengan inundados de drogas cada vez más químicas y se sigan enriqueciendo con el cuento de que eso no se debe ni vender ni consumir. Lo totalmente inmoral e inaceptable es que busquen condicionar, a punto de plomo y químicos, conductas que atañen el libre albedrío individual y la soberanía nacional. Tal vez, si partimos de la óptica de que no es un asunto de moral sino de medios, podemos facultarnos para promover enfoques novedosos, pragmáticos y eficaces frente a las ollas, el jibareo y consumo de drogas que se ajusten a nuestras necesidades, posibilidades, e intereses nacionales.

La pregunta que tendríamos que plantearnos los colombianos es ¿cómo enfocar esa categoría amorfa llamada narcotráfico que va desde el corazón de “la patria” hasta el rincón más recóndito del Sur del país? De tal forma, habría que pensar en la necesidad de precisar cómo efectuar un deslinde claro entre los sectores armados que desplazan y despojan al país y los millones de cultivadores, expendedores y consumidores que sólo son parte de la guerra en la medida que los legisladores así lo han dispuesto. La mayor parte de lo que se configura (desde la ley, desde la moral) como narcotráfico, es una masa social, de pequeños campesinos, raspachines, jibaros, ollas y consumidores en extremo grado de vulnerabilidad. Mientras no diseñemos fórmulas para ejercer un control social, promover la reinserción social, del expendio y consumo, éstos seguirán siendo de la exclusiva competencia y a beneficio exclusivo de la industria química, los adictos a los dineros del narcotráfico y su propagación por la guerra.

Los expendedores sí hacen plata fácil y rápida, sobre todo con la basura que cortan y venden. Pero nada comparado con la venta al por mayor. Ejercer una vigilancia social pragmática sobre los expendios de basuco sería un paso monumental hacia la fijación de controles de calidad y por edad. Las drogas se consumen. Como decía Obama, ante la pregunta de si cuando fumó marihuana inhaló el humo, “de eso se trata”. Parece tan evidente, las drogas existen y nada sacamos con negarlas, ya suficiente daño se ha hecho con esta pretensión. Lo cierto es que, entre la teoría y la práctica media un abismo; el mismo abismo que media entre el uso recreativo y el uso complicado. La recreación, el uso recreativo de “drogas”, sólo representa un problema para quienes así lo ven y lo decretan.

FÓRMULAS PARA ENFOCAR EL CONSUMO

Lo que sí debe merecer nuestra atención es entender y ayudar a aliviar c/quier atadura que limite el accionar individual y social. Para el individuo, dejar una atadura y obstáculo emocional y/o químico no es más que la superación de un destino adverso. Para la nación colombiana, librarse del condicionamiento (político, social e internacional) por las drogas implica un ejercicio social, partiendo de la realidad. Es éste un proceso de un equilibrio supremamente delicado que se podría iniciar con charlas desde el conocimiento sobre las drogas y la promoción de espacios alternos con miras a la reeducación.

Se podría comenzar por el diseño de cartillas dirigidas a los sectores que trabajan con jóvenes desde la más temprana edad. Una meta podría ser desde los 13 años, tratando de enfocar prioritariamente esa época en la que se calcula la edad previa al inicio del consumo. Los logros en el campo educativo en el Distrito son el espacio perfecto para programas de este tipo. Habría que ver qué tipo de sustancias son las más consumidas (y/o las más baratas) y promover conocimientos científicos y vivenciales sobre esas y las sustancias que las acompañan. Programas que no pequen de moralistas, alentadas por los jóvenes desde sus propias experiencias, enmarcadas por las experiencias de usuarios de larga data, médicos y trabajadores sociales. No se trata de una doctrina. Se trata de saber cuáles son las experiencias reales de los jóvenes colombianos que ya han ensayado las drogas y adecuar los discursos y orientaciones a esa variedad de experiencias para evitar las dañinas y no pontificar desde lo idílico sobre lo que desmiente lo vivido.

Las cartillas deben ser muy bien ponderadas por personas con experiencia en el tema, teniendo muy presente la existencia de un sesgo inevitable que puede ser fruto de una fácil experiencia con las drogas o, lo que sería más de lo mismo, de la prevención prohibicionista. Nos podrían servir de apoyo las experiencias de los brasileños y los argentinos. Sin embargo, no hay que perder de vista que la experiencia de Colombia con las drogas es única y el ajuste social nos es propio. Por otra, no hay que desatender el hecho de que es preciso asumir la necesidad de tomar medidas sobre la mala calidad de las drogas. Los españoles cuentan con laboratorios móviles que se sitúan a la entrada de los sitios de rumba y miden la calidad con el fin de proteger a los usuarios de riesgos por corte de las sustancias. Es un ejercicio de control válido en un país de rumberos y jóvenes. En Colombia, con el cuentito de la inmoralidad e ilegalidad del negocio de las drogas, nos tiene montado un negocio que se caracteriza por enriquecerse a punto de productos que son una pobre semblanza de lo que su nombre indica, marihuana pésima o tan fuerte que ya ni mata de marihuana es.  Estudios hechos en España, estiman que la cocaína vendida al pormenor en sus calles rara vez sobrepasa un 40% de pureza por un 60% de corte. La característica falta de escrúpulos, ignorancia infinita sobre las drogas y total control de los comerciantes  de drogas sobre las mismas sumado al menosprecio en el que tienen a sus compradores,  da pie a que, en las calles colombianas, la adulteración de la cocaína llegue con frecuencia hasta a un 90%.

Una primera consideración se refiere a la necesidad de dejar el embauque y poner las cosas en perspectiva. El Whisky sólo es adictivo para aquellas personas propensas. Permitir (a nombre de la adicción de unos) que, quien a bien tenga, lo produzca, comercialice y adultere, aumenta los riesgos para el consumidor e incentiva el comercio al aumentar el lucro.  En el caso del clorhidrato de cocaína, el verdadero riesgo para los usuarios radica en la infalible adulteración del producto al menudeo (corte con cal, lactosa, cafeína, yucarina, hasta con talcos y, básicamente con c/quier componente blancuzco que se preste para ser molido) y el uso de químicos cada vez más corrosivos (Diablo Rojo, Decol..) en su procesamiento. Cuando los colombianos comenzaron a exportar marihuana rendida con boñiga, perdieron el negocio. Sin embargo, cuando esos mismos colombianos le muelen todo tipo de pepas a la marihuana fumigada para que surta algún efecto, están atentando contra la vida de sus consumidores.  Los peor servidos en cuanto a productos de pasable calidad, y por ende de mayor riesgo, son justamente los jóvenes y los más pobres, como siempre.

Otra consideración son los cálculos de consumo cuando estamos hablando de que las 700 toneladas métricas que se dice está Colombia exportando, acaban multiplicadas a la N por corte en la reventa. El colateral de esta falsedad de cifras es la total ignorancia sobre el consumo.  Carlos Lleras en una ocasión comentaba lo sanas que eran las rumbas de los jóvenes pues sólo bebían agua y chupaban colombinas. Una forma de medir el consumo de Éxtasis puede ser por la venta de agua y de bonbonbun. Podemos eventualmente saber sobre la producción de perico en ciertas regiones del país estimando las ventas de cemento gris, a.c.p.m., Decol y Diablo Rojo… y así sucesivamente. ¿Qué significado tiene para el narcotráfico la liberación de precios y posterior eliminación de aranceles a la importación de cemento? ¿Qué le significa la tendencia a la baja de los precios de los agroquímicos? ¿En que le favorece que todos los cálculos sean especulativos? La tendencia más generalizada es a medir triunfos y derrotas por las cifras. La realidad no se mide (únicamente) en cifras. Si partimos de que, en la Humanidad, hay personas/sectores propensos a determinadas conductas, gustos y características, podremos superar ese espectro de cifras y estadísticas con las que nos “demuestran” que las drogas son "EL “flagelo”. El flagelo es que la dirigencia colombiano haya permitido que su existencia, la de sus gentes, esté condicionada por las drogas.

Por muchas leyes que hagamos para acomodarnos al ideal de un país “de ángeles”, el comportamiento ético y responsable se replica por la praxis, el ejemplo desde el ejercicio del poder, y no porque así se decrete. Legislar sobre el consumo del alcohol durante el embarazo equivale a pretender negar la capacidad de discernimiento, responsabilidad y amor propio y materno de las mujeres. Paternalismo, género y prepotencia política se combinan para reflejar la imposibilidad de cumplir con el deber de brindar educación y medios. Partamos de la base de que para enseñar hay que saber y que, entre el saber y el poder, tercia el pragmatismo. Habría que ver, por ejemplo, que la coca y marihuana (sin  daños colaterales por lo gnl pues no se conocen casos de intoxicación por coca ni marihuana) son fórmulas naturales (comprobadas) para iniciar el camino de desapego de la dependencia química del alcohol y demás. Decirle a un joven que de la marihuana necesariamente pasará a drogas más duras es condenarlo, es una especie de profecía que se cumple al profetizarla. Lo que habría que hacer es facilitarle los elementos de juicio y confiar en que le sirvan. Promover espacios en los que el reto sea su fuerza propia en los deportes, para su creatividad, sus logros académicos. Permitirle asumir a consciencia el papel que pueden desempeñar las drogas en el camino y detrimento de dichos logros. El doping en los deportes existe pero, en la medida en la que se promuevan conocimientos sociales sobre el mismo, se puede pretender atajar el daño. Fomentar el deporte (deportes extremos en el caso de los jóvenes más propensos al riesgo), competencias de conocimiento entre escolares, alicientes a la creación artística… son algunas medidas de reeducación de la demanda de drogas hacia la oferta de sensaciones por otros medios. Adicionalmente, el consumo de coca sana, por mambeo, té, bebidas energizantes y tantos más sería la fórmula por excelencia para atajar la adición química de la que sufre Colombia.

¡AL MENUDEO JAMÁS!

La primera revelación de nexos entre narcotráfico y el Estado colombiano se remonta, según Fabio Castillo, a 1978 con Turbay Ayala [1978-1982]. Es Turbay Ayala quien da vía libre a las fumigaciones en 1978. Seguramente, lo uno no es ajeno de lo otro. Aunque es imperdonable. Lo cierto es que el narcotráfico lleva más de 30 años incrustándose en el poder, propagando la coca a punto de fumigaciones y condicionando los procesos nacionales a legislación de drogas que responde a intereses ajenos y contrarios al bienestar de la nación colombiana. Es más, a fuerza de feriar los recursos empresariales públicos y los recursos naturales de la nación, el narcotráfico mismo se está encargando de socavar ese poder que tanta sangre le ha costado al país. Al convertir al Estado colombiano en simple administrador de recursos que ya no le pertenecen, lo único que tiene que hacer el poder de turno, las multinacionales que dominan la política, es esperar a que se consolide el traspaso de los recursos para proceder a la libre remoción (a como dé lugar) de la Administración de turno. Es probable que ni la Monsanto quiera que se fumiguen sus aguas. 

Las fumigaciones corren por cuenta del Estado colombiano y, en esos últimos 30 años, han servido a la consolidación política del narcotráfico al desviar la atención de los esfuerzos antinarcóticos en su contra. Sea lo que sea, en el momento que alguien por fin interponga una demanda contundente, el Estado colombiano no podrá alegar ignorancia sobre el daño químico. Hay con que exigir que se repiense. La carta dirigida por el Inderena al Presidente Turbay en 1978, antes de que se efectuar la primera fumigación, advierte sobre la obligación del Estado de cumplir “la exigencia prevista por el artículo 28 del Código nacional de los recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente, de realizar un estudio ecológico ambiental previo de las áreas sobre las cuales se proyecta llevar a cabo la fumigación para tomar toda las previsiones "necesarias para que no pueda posteriormente imputarse a falta de previsión del Estado, la ocurrencia de alteraciones o deterioros ambientales que puedan producirse en perjuicio, bien para la salud humana o para recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna”.

El narcotráfico, su cobardía, su temerosa muda y sanguinaria incorporación al Ejecutivo y parte de poder legislativo y judicial es inadmisible. Sin embargo, que los narcotraficantes legislen sobre las drogas no es ni más ni menos absurdo a que los grandes productores de vino, de tabaco y de armas condicionen la normatividad respectiva. Lo que sí es alucinante es que esta generación de narcotráfico haya dado tal salto cualitativo y cuantitativo al poder y, no contenta con eso, se haya dedicado a promover discursos seudo-moralistas frente al consumo y cultivo que lo único que proyectan es una filosofía de “¡Al menudeo jamás!”. Reformar la constitución para atacarse al consumidor y agredir al campesinado con químicos no es atacarse al negocio mayorista de drogas, al narcotráfico.  Es atacarse al pueblo colombiano.

Las plantas y drogas van y vienen con la Humanidad al ritmo de sus costumbres. El consumo de drogas es otra dimensión de, y encuentro con, la realidad y como tal es que se debería enfrentar. El consumo o no de exceso de colesterol, de alcohol durante el embarazo, de sustancias más o menos tóxicas para el organismo obedece a unos elementos de juicio. Las costumbres responden a los medios al alcance y espacios propicios a la concientización y desarrollo del sentido de responsabilidad individual. Se requieren conocimientos para poder concientizar y salir del oscurantismo para llegar al corazón de la patria, al corazón del narcotráfico. El tiempo apremia para que el narcotráfico se ilustre y recapacite sobre el rol que está llamado a desempeñar la sociedad para salir de la guerra en su contra. A nombre de un cese de hostilidades en contra de la sociedad colombiana, no hay que olvidar que una de las consideraciones de peso para levantar la Prohibición en contra del alcohol fue la necesidad de generar empleo, ingresos tributarios y rentabilizar los escasos recursos públicos en medio de la Gran Depresión de comienzos del s. XX. No se puede desconocer  que, mientras Colombia importaba químicos y se desgastaba en combatir la marihuana,  el comercio se trasladaba a otras latitudes y se despenalizaba de facto.

EL CÍRCULO DEL COMERCIO QUÍMICO DE OCCIDENTE

En el s. XXI hemos dado el círculo completo de la espiral para llegar la punto de partida de la Guerra de la Droga del Imperio de Occidente y de los monoteísmos. Entre 1839-42 y 1856-58 los ingleses libraron las Guerras del Opio a fin de imponer el mercadeo y consumo de opio en China. Para la época, las importaciones eran monopolio del Estado chino y éste le vendía té a los ingleses y a cambio del metal plata mejicano. Los ingleses con miras a reversar el costoso flujo de plata hacia la China, lo sustituyeron por el opio que compraban a la India. El opio como remedio era conocido en China desde la Dinastía Ming pero su uso recreativo era prácticamente desconocido y existían ya leyes sobre el abuso. Con el comercio británico, la rápida expansión del consumo de opio en China termina siendo causal de guerra. La Corona Inglesa protege a sus traficantes de droga y, de paso como medida de guerra, se apropia de Hong Kong. De igual forma, familias de gran renombre hoy se lucraron con la prohibición del alcohol y empresas como la Coca-Cola se lucran de sus privilegios y la persecución en contra de la coca.

Cuando se hace un seguimiento cronológico de la legislación antidroga, lo que se vislumbra es que la persecución armamentista en contra de las mal llamadas ‘drogas’ responde a intereses paternalistas y comerciales promovidos  por una visión monoteísta y puritana. Se vislumbra como la Guerra de las Drogas ha contribuido a consolidar los intereses de la industria química; farmacéutica y agroquímica que, por lo general, con una y la misma. Con el Acto Farmacéutico de 1868 para controlar la competencia no asociada se inicia el camino hacia la eliminación de la competencia de las plantas. La represión del consumo de la marihuana, amapola y coca favorece a la industria farmacéutica que patenta fórmulas químicas a base de las plantas originarias cuyo cultivo y venta están prohibidos y de la industria agroquímica que fabrica los agroquímicos y precursores con los cuales se alteran las plantas originarias. La dependencia química de la agricultura, el impulso de los Organismos Genéticamente Modificados y el consumo creciente de sustancias cada vez más químicas confirma el peso del comercio en formulaciones que se reclaman del ámbito de la moral.

La primera convención de drogas la convocó los Estados Unidos al apropiarse de las Filipinas. Se perseguía el opio y el deseo de desvertebrar la superioridad comercial británica. Hoy por hoy, nos tienen montados en la prohibición de 250 sustancias, entra la cuales figura el pobre sapito Bufus. Si no fuese tan dramático sería chistoso. Cuando uno mira las resoluciones de la DNE, siente uno lo fastidioso que debe ser el trabajo para estos funcionarios al verse obligados a ‘prohibir’ un tras otro los elementos del funcionamiento cotidiano. Cemento gris, gasolina, urea amoniacal, aceite combustible para motor (A.C.P.M) y kerosene petróleo ….en el Putumayo, Caquetá, Nariño, Antioquia… y así con todo y por todo el país. Los policías estadounidenses, los británicos, franceses se quejan de verse obligados a aplicar las normas en contra del consumo banal. ¿Qué no dirán los policías colombianos que tienen que hacer frente a una cotidianidad delictiva sin equivalente en otras latitudes? Seguramente las autoridades colombianas cumplirían mejor su función de protección de la ciudadanía si su labor estuviese condicionada por la realidad colombiana y no por las prioridades de Washington.

POR EL CAMINO DE LA COCA

En términos muy generales, los estadounidenses avanzan la descriminalización por el camino de la marihuana médica y los europeos enfocan el uso por la modalidad de Reducción de Daños para los usuarios y para la sociedad. Mi convicción personal es que el camino hacia el ejercicio de un enfoque social del consumo en Colombia pasa por la Hoja de Coca, cuyo consumo ya es legal de facto, y ni más faltaba que no lo fuese. Lo inaceptable es que la coca sana no sea legal de jure. Concretamente, Colombia podría fijarse una Política de Gobierno de denuncia de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 que colocó la coca como única planta en la lista 1 de sustancias prohibidas.

Este esfuerzo contribuiría a devolver a la Hoja de Coca la imagen de marca de lo que realmente es. “Devuélvannos la coca” es una válida reivindicación de los Pueblos Originarios y una causa que nos vincula con nuestros hermanos andinos y latinoamericanos. Una propuesta —presentada de manera estructurada y estudiada en razón de los riesgos que corren nuestros representantes políticos— que atienda los preconcebidos que maneja el imaginario popular y sopese la realidad de las repercusiones mortales de las drogas en Colombia, seguramente encontraría eco en el exterior y en esos millones de colombianos que de una y otra forma están relacionados con las plantas y sustancias alteradoras de conciencia.

Tal ejercicio del poder estatal abriría paso a un acercamiento social al consumo de las 250 sustancias con las que nos han acabado inundando a punto de plomo. Apuntalaría la alternativa de un eventual ejercicio de un marco social y reglamentación estatal de dichas sustancias a través de medidas arancelarias, impositivas, y de control de calidad y daños para cultivadores, usuarios y proveedores. La búsqueda de generación de impuestos para las arcas del Estado por medidas ajenas a la guerra consolidaría esta propuesta social. Una propuesta de drogas no puede ser ajena al daño que representa para sus constituyentes la guerra química en contra de la coca y a favor del mercadeo y guerra de la industria agroquímica y farmacéutica. El diseño de una política que propicie el ejercicio de un control social soberano que ataje la expansión del mercadeo armado de las drogas’, no es un derecho, es un deber.

Al asumir el tema del consumo desde una perspectiva de reducción de los daños, se vislumbra una forma de superar el fenómeno del narcotráfico enfocándolo a través de respuestas contextualizadas y soberanas. Se hace menester reconocer que los efectos de políticas reformadoras serán más o menos graduales en la medida en que se vean enfrentadas o complementadas por las alternativas propias a otros contextos geográficos. Es probable que el retorno de la soberanía —alimentaria, ambiental, económica, política y social— por el camino de la coca siente las bases de alternativas al tráfico de drogas de Colombia. Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador y otros países de la región promueven la necesidad de industrializar la coca para salir del impasse y superar el condicionamiento del desarrollo por el narcotráfico. Que hable la Minga y, yo añadiría, que el narcotráfico real realmente la escuche y responda lícitamente pues es por el bien de todos. No somos ni ciegos, ni brutos, ni mudos ni sordos. El narcotráfico y Washington tampoco… creo. Ahora bien, mientras el narcotráfico siga obstinado en cavar su propia tumba allanando el terreno para acciones violentas de la Comunidad Internacional en su contra, poco o nada puede la sociedad civil de la patria para impedirlo. No obstante, los movimientos sociales de oposición a la guerra sí pueden preveer esa eventualidad y buscar la forma de amortiguar ese golpe para el país.

María Mercedes Moreno

Enero 2009

 

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