Una rápida lectura del PL 112-20

Una rápida lectura del PL 112-2019

Art. 1 Si bien la intención es enfocar el dilema de las aspersiones áreas estatales y de los cultivos con uso ilícito, no deja de ser una locura dar fuerza de ley al uso estatal del glifosato y semejantes. Estamos hablando de permitir por ley a un Estado el uso de sustancias químicas como arma en situación de guerra. Los intentos del Centro Democrático con el Decreto Duque van dirigidos justamente a incorporar las aspersiones, ante todo áreas, como norma.

Art. 2 Una revisión de la trayectoria de las fumigaciones en Colombia revela que siempre se ha planteado como la última opción. Las variables condicionantes del artículo 2 son casi imposibles de “cuantificar/operacionalizar” en la vida real. La Fuerza Pública no puede (tampoco debe) deliberar sobre las ventajas y daños colaterales.
Art. 3 La Consulta Previa en territorios indígenas y étnicos no se discute. De hecho de eso tratan las Sentencia T-080/17 y Sentencia T-236/17 –
Art. 4 Estudios previos- Justamente, eso dicen las sentencias de la Corte Constitucional y ese ha sido uno de los obstáculos para este gobierno. Los estudios deben ser sobre las MEZCLAS que usa el gobierno y tendiendo muy presente que deben enfocar específicamente los efectos en tierras tropicales y de sustancias (herbicida en el caso del glifosato) que no están hechos para erradicar matas sino malezas. Estos estudios no existen en ningún lado (ref comunidad académica internacional).
Art. 4 Efectivamente, la Corte Constitucional en su Auto aclaratorio 387/19, al referirse a comunidades especificas y la encrucijada de los cultivos, condiciona el Principio de Precaución pero las Convenciones Internacionales, no. No hay discusión sobre el hecho de que es POSIBLE que estas sustancias sean toxicas, en cuyo caso rige de por sí el Principio de Precaución de rango constitucional.
Art. 5- Según el CONPES 3958 del 2019, “Con corte al 1 de enero de 2019 , el 66,00 % del territorio nacional tenía información catastral desactualizada, el 28,32 % no contaba con formación catastral y solo el 5,68 % del territorio nacional tenía información actualizada ( IGAC, 2019 ). De tal forma, para poder georreferenciar las áreas “a tratar”, habría que, primero, ordenar el confuso panorama catastral colombiano (previsto pre COVIUD-19 para el 2025). Hasta la fecha y durante 40 años (desde 1978) las fumigaciones se han hecho a tientas gracias a su opacidad. De ahí, en parte, que prosperen las demandas multimillonarias en contra del Estado. Así es, “No Será permitido asperjar zonas que no hayan sido referenciadas y delimitadas de manera previa y expresa.
Art. 6 Seguimiento, la idea de los locales ejerciendo control es buena. Por otra, creo que en un asunto de política tan polarizado lo que podría remotamente dar visos de legitimidad a esta medida sería una veeduría de la Comunidad Internacional.
Art. 7 La reparación por vía administrativa nos remite a una situación de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de JUSTAMENTE un conflicto armado interno -

Reitero lo dicho en mi lectura del Proyecto Duque para condicionar los daños por aspersiones:

Colombia lleva asperjando (de forma experimental pero continuada y con diversos agrotóxicos algunos de ellos hoy prohibidos internacionalmente) por tierra y aire como medida de la Política de Narcóticos desde 1978, El Inderena había advertido al gobierno colombiano sobre el deber del Estado. En su carta de 1978 urge que se tomen "todas las previsiones necesarias para que no pueda posteriormente imputarse a falta de previsión del Estado, la ocurrencia de alteraciones o deterioros ambientales que puedan producirse en perjuicio, bien para la salud humana o para recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna".

Esta obligación del Estado con la Nación todavía está pendiente de cumplirse. Colombia es el único país del mundo que se autofumiga con el supuesto objetivo de erradicar sus cultivos declarados ilícitos. Supuesto pues, si tras 40 años de aspersiones, el balance es: una marihuana extensa y ya comercial; más de 200,000 has de coca (180,000 has. más que al origen); y ahora productores de derivados de amapola, lo que se ve es que hemos fumigado millones de hectáreas sin haber erradicado. Fumigar no es erradicar, esta tendencia a equiparar fumigaciones=erradicación es lo que tenemos que desincrustar de imaginario colombiano.

Aunque lo que es ilegítimo en sí son las fumigaciones y no los mezclas químicas con las que el Estado colombiano fumiga, la coyuntura actual está haciendo por fin comprender la hombre que el origen de la actual crisis sanitaria y económica tiene su origen en los daños ocasionados a la Naturaleza (Llamado ONU) Entre otras, se multiplican los estudios que relacionan uso de glifosato y COVID-19.

El uso de sustancias químicas por parte del Estado colombiano en el marco de guerra no se puede convertir en ley so pena de caer en la trampa de avalar las fumigaciones.