Cualquier medida y proceso que busque desatar el nudo de la guerra por la
persecución de la coca tiene que ser integral y enfocar a) los procesos
económicos, sociales y políticos del narcotráfico, b) el cultivo de la coca y el
uso que de ella se hace y se puede hacer c) el consumo de todas las sustancias
alteradoras de consciencia y el respeto debido a quienes las consumen.
Estos son los 3 ejes del Papel de la Coca:
• 1°- La reconversión del cultivo de la coca y sus
cultivadores.
• 2°- La realización de estudios y análisis sobre la economía
del narcotráfico, las medidas en su contra y su impacto social.
• 3°- Programas para los usuarios recreativos y en
dificultades
Dentro del marco de profundizar conocimientos que guíen las políticas y
construir un enfoque integral frente al fenómeno de las “drogas”, el
proyecto
El Papel de la Coca
promueve el fomento de alternativas legales transitorias para los cultivos del
campesinado cocalero. Uno de los ejes de la presente propuesta es una serie de
estudios que promuevan, con conocimiento de la biodiversidad propia del país y
de Convenciones internacionales ambientales y sobre estupefacientes,
alternativas productivas para priorizar y agilizar la erradicación manual
voluntaria masiva del monocultivo de coca.
La industria del papel constituye el 2.5% del PIB de Colombia. La participación
de Colombia en este mercado, que a nivel mundial es de US $98 mil millones, es
del orden del 0.1%. El crecimiento de dicho mercado mundial es de 5.4% y en
Colombia durante los últimos 10 años el crecimiento de producción de papel ha
sido de 3.4%. La balanza comercial de Colombia en papel y cartón es deficitaria.
La producción de celulosa con procesamientos químicos es uno de los grandes
consumidores de energía, contaminantes de aguas y suelos y, cuando no se basa en
la reforestación con plantaciones de crecimiento rápido (i.e. pino y eucalipto),
es una gran depredadora de bosques. Vemos así como protestas recientes de
ecologistas en acción y sus consideraciones ambientales forzaron la mano de las
instancias de financiación públicas españolas e internacionales llevando a ENCE
a renunciar a la implantación de su fábrica de celulosa en Uruguay.
La industria mundial de papel y de pulpa cruda se ha basado en maderables sólo
desde finales del s XIX y actualmente está ávida de materia prima de producción
sostenible para satisfacer las necesidades de este mercado en expansión (un
crecimiento del 50% entre el 2002 y 2010). En un estudio del 2005, Araujo Ibarra
Asociados S.A. señala el gran potencial de exportación que representa la
industria del papel para Colombia. Este potencial debe y puede ser desarrollado
de manera a garantizar el desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución del legado natural de los colombianos. Colombia cuenta con un gran
número de fibras para la producción de papel y pulpa cruda dentro del respeto de
las normas establecidas por el comercio sostenible y en cumplimiento de la
obligación del país de generar recursos para el fortalecimiento del sector
agrícola. La producción de pulpa para papel y de papel beneficiaría a la
industria editorial con un mayor abastecimiento y menores costos de estos
insumos. Además de un mercado exportador importante, se encuentra con un
segmento deficitario en el país.
Según un estudio del 2001 de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME),
el subsector de pulpa y papel depende en gran parte del comportamiento de la
demanda interna del segmento editorial y de empaques, ya que cerca del 48% de la
producción total de papel es destinado al segmento inicial y el 11.2% a la
elaboración de sacos de papel para la construcción (cemento). Durante el año
2000, la producción nacional de pulpa abasteció poco más o menos el 79% del
mercado interno y el restante 21% fue importado. De acuerdo con información de
ANDI (Asociación Nacional de Industriales), de la producción total, la pulpa de
madera constituye el 58% de la materia prima para la producción de papel, cartón
y demás tipos de artículos, mientras que la pulpa de bagazo y la de otras
fibras, totalizan el 43% distribuido en 41% y 1% respectivamente.
La industria de papel en Colombia está
compuesta en su mayoría por grandes empresas particularmente en la producción y
transformación de pulpa, papel y cartón, mientras que en la franja de empaques
las empresas existentes son de tamaño mediano. Este estudio afirma que, en el
2001, las importaciones de pulpa de madera se han ido incrementando debido
probablemente a la insuficiente disponibilidad de bosques plantados, ya que la
producción de pulpa a partir de la madera se está efectuando con recursos de
dicho tipo de bosques, con fines protectores, lo cual no garantiza la
sostenibilidad.[1]
del recurso forestal. Sería de vital importancia proceder a analizar los
patrones de producción y mercada de este sector para los años 2001-2006.
En Colombia, la industria de papel y pulpa de papel
participa con alrededor 10% de la energía consumida por la industria
manufacturera. De ahí la importancia de entrar a analizar la ventaja de la
presente propuesta a nivel de eficiencia energética.
Entre otras, se requeriría,
modelizar la industria de
pulpa,
papel y
productos de papel
con el fin de obtener predicciones
para el mercado internacional y
por países
sobre
precios y cantidades demandadas, ofertadas, importadas e exportadas e los
distintos tipos de papel y cartón para
un periodo a proyectar.
La actual propuesta de consolidar una industria nacional de papel y pulpa cruda
requiere investigación estratégica y se encomienda al apoyo de la empresa
privada en particular la de la rama de papel y pulpa para que esta fábrica sea
un propósito nacional de paz y alternativas de empleo para las regiones
cocaleras.
La fábrica de papel y pulpa a base de fibras vegetales puede entrar a llenar los
vacíos del mercado que dependen de las importaciones sin necesidad de que
represente una amenaza para las industrias papeleras existentes, que reportan un
crecimiento promedio de aproximadamente un 20%. Se podría pensar en llenar entre
otros las necesidades del mercado de los cuadernos escolares, en plena expansión
como lo demuestra un crecimiento del 10% en el 2005.En el 2006, se importaron
cuadernos por un monto superior a los US $5, 000,000 y los costos del papel
aumentan de año en año; en el 2005, la tonelada métrica de métrica de papel de
56 gramos que se usa para cuadernos estaba 750 dólares y para el 2006, subió a
800 dólares.
El Papel de la Coca se
dirige asimismo al sector empresarial en general, a las organizaciones sociales
e instancias estatales para que apoyen las estrategias de venta del proyecto
piloto a fin de facilitar la viabilidad del proceso de erradicación productiva.
Hay una infinidad de productos que se fabrican de papel y cartón. Una propuesta
es que el proyecto piloto se inicie con la fabricación de papel membreteado para
usos especiales. Una de las principales consideraciones para la consecución de
apoyos nacionales e internacionales a este proyecto productivo es el importe que
puede tener en la paz y estabilidad económica de Colombia.
La evaluación y estudio de plantas fibrosas no maderables para la producción de
pulpa cruda y papel
A fin abrir las puerta al comercio sostenible de la pulpa cruda y papel, se hace
necesario adelantar la evaluación y estudio de aquellos activos biológicos en
plantas fibrosas no maderables que, por la especificidad (largo, diámetro,
espesor de la pared y coeficiente de rigidez) de sus fibras y otras
características, permitirían su explotación efectiva y rentable productiva para
el consumo nacional y la exportación. Estos estudios se deben llevar a cabo
teniendo en cuenta la extensión de los cultivos existentes y las interrelaciones
existentes entre los ecosistemas naturales y modificados. Especies como la
Guadua Angustifolia Kunth, el Estropajo (Luffa
cilindrica) y la Erythroxylaceae
deben ser objeto de estos
estudios por la necesidad de encontrar forma sostenibles de explotar su
potencial para el bienestar nacional y, como en el caso de la Erythroxylum,
de encontrar formas
alternativas transitorias de canalizar el uso de las grandes extensiones
existentes hacia explotaciones sostenibles y legales en consideración de la
necesidad de erradicar de forma racional su monocultivo químico y con respeto a
convenciones internacionales que condenan el uso y erradicación químicos de las
mismas.
Estudios que precisen las cifras de químicos consumidos por la agricultura, el narcotráfico y en fumigación
Así como es excepcionalmente difícil encontrar estudios detallados y
despasionados sobre el potencial comercial de la hoja de coca por especie,
también es casi imposible encontrar estudios sensatos que evalúen la
cantidad de químicos que absorbe el subsuelo, las aguas y el pueblo colombiano.
Entre otros, Colombia tendría que precisar
el
Índice Técnico Agrícola (ITA), que es la media de los coeficientes de variación
por país con respecto a la media del conjunto de países para determinar los Kg.
de fertilizantes empleados por hectárea, para poder cotizar su vocación agrícola
ambiental hacia el futuro.
Según el estudio de la escuela de estudios ambientales en la Universidad de Yale
y del Earth Institute de la Universidad de Columbia, el Índice de Desempeño
Ambiental (EPI por sus siglas en inglés) sitúa a Colombia en el puesto 17° a
nivel mundial entre 133 países con base en 16 indicadores que dan seguimiento a
seis categorías de política: Salud Ambiental, Calidad del Aire, Recursos
Hídricos, Biodiversidad y Hábitat, Recursos Naturales Productivos y Energía
Sustentable. Estudios sobre medidas excepcionalmente destructivas como las
fumigaciones y la propensión al uso de químicos en la agricultura legal (entre
80 y 87%, según el gobierno) e ilegal permitirían a Colombia contar con
mediciones cuantitativas vitales para controlar la contaminación y manejar sus
recursos naturales mejorando las políticas y la transición a una toma de
decisiones ambientales basadas en sólidos fundamentos analíticos.
La reconstitución de la verdad sobre más de dos décadas de fumigaciones se
refiere asimismo a que las autoridades precisen públicamente la lista de
veredas, fechas, cantidades de químicos, las mezclas, su densidad y el número de
veces que se sobrevoló asperjando cada una de las veredas. Es probable que ellos
mismos desconozcan el paso arrasador de las fumigaciones. Esta información,
fidedigna, permitiría a ellos, al país y a la Comunidad Internacional tener los
elementos de juicio para sopesar los costos y resultados de esta medida. Las
primeras fumigaciones en Colombia se efectuaron para erradicar la marihuana en
1984, tras seis años de resistencia a las presiones estadounidenses. Contrario a
las pretensiones de Washington, por temor y presión social, no se hicieron con
paraquat sino con glifosato. En
1984, se fumigaron 3.400 hectáreas de cultivos de marihuana; en 1985, 6.000
hectáreas; en 1986, 12.000 hectáreas; en 1987, 10,368 has. y para 1988, se
fumigaron 4,400 has. [Tokatlian 2000] Esta fumigación se hizo básicamente en
contra de la costa atlántica y las gentes de la Sierra hoy en día hablan de ríos
emparedados, quedó el cauce mas las aguas murieron.
Las fumigaciones de la marihuana en Colombia afectaron de manera notoria los
patrones de consumo reduciendo la demanda y mercado de la marihuana colombiana
trasladando estos cultivos a USA, cuya producción para el 2006 fue de 10,000
toneladas, diez veces más que en los años 1980, convirtiendo la marihuana en el
primer cultivo comercial de ese país. El mercado el mercado global de la
marihuana es de US $142.000 millones y la parte estadounidense del mercado es de
US $35.000 millones. Se afirma que USA es el principal exportador de marihuana
(con variedades cada vez más potentes y resistentes a los herbicidas) con 29,
400,000 consumidores nacionales y un mercado potencial de 162.000.000
consumidores a nivel mundial. En 1985, se comenzó a fumigar la coca con el
peligrosísimo Garlon-4. El primer años,
2.000 hectáreas; 760 en 1986; 460 en 1987; y 230 en 1988. .La
fumigación de la coca (de por sí cultivada con químicos y destinada a ser
químicamente procesada) no ha incidido en el consumo, ni en las toneladas de
cocaína exportadas.
Según la ONDCP, en 1987, Colombia tenía sembradas 29,000 hectáreas de coca y,
en 1990, tenía sembradas 40,100 has., cosechaba 45,300 toneladas métricas de
hoja y producía 92 toneladas de cocaína. En el año 2000, tenía sembradas 163,000
has. Según la OEA-CICAD, entre 1991 y año 2000, se fumigó 273,000 has. Entre el
2000 y el 2005, se fumigaron aproximadamente 650,000 has. de coca En los años
1990, se inicia la fumigación de la amapola, por aquello de que no había
funcionado ni con la marihuana ni con la coca. En los últimos 15 años, Colombia
ha fumigado más de un millón de hectáreas de coca a lo largo del territorio
nacional y los químicos con los que el Estado fumiga son cada vez más
concentrados. En el 2003, la administración Uribe intensificó la dosis de 8
litros por hectárea a 12 litros por hectárea. Hace 15 años, en 1990, Colombia
tenía sembradas 40,100 has., cosechaba 45,300 toneladas métricas de hoja y
producía 92 toneladas de cocaína, contra 640 toneladas métricas de cocaína en el
2005. Las cifras indican que las fumigaciones no han dado los resultados
propuestos y que los costos ambientales, en legitimidad política, en
repercusiones sociales y a nivel financiero son supremamente altos.
“Según la Contraloría General de la República, la fumigación para erradicar una
sola hectárea de coca cuesta en promedio 500 dólares (...) trabajan (las
avionetas T65), escoltadas por cinco helicópteros. La hora de vuelo de un Black
Hawk vale 1.200 dólares; la de un 2123 o un Huey, unos 800, y las de las T65,
250 dólares. La hora que pasó en el aire la escuadrilla costó 5.300 dólares. A
los pilotos de las avionetas y a los pilotos, copilotos y artilleros de los
helicópteros, hay que sumar los 12 comandos “Jungla”, entrenados en un costoso
programa porque SAS, la fuerza elite británica, que cuidan de la seguridad
cuando haya que bajar a tierra. “En total son 34 o 35 hombres, a los que hay que
pagar salario, alimentar y dar alojamiento”, dicen en la base, añadiendo que en
tierra, otras 60 o 70 personas acompañan cada misión, entre “mezcladores” que
cargan 350 galones del químico en cada avioneta, mecánicos, tanqueadores,
encargados de tarjetas de vuelo, jefes y otros. En total, cada hora de
fumigación desde esta pequeña base involucra 100 hombres. (...) Volar cuesta,
pero acabar definitivamente una hectárea vale mucho más. (...l) En el 2001 a
nivel nacional, s e fumigaron 98.000. Todo un récord en superficie y en
metálico, pues significa que desde los cielos de Colombia llovieron 52.2
millones de dólares. Semejante esfuerzo arrojó la celebrada disminución de
18.482 hectáreas en la superficie total de coca cultivada. Es decir, se
fumigaron casi 100.000 para obtener una reducción de casi 20.000, según las
cuentas oficiales (...)”. En El Tiempo. “Los costos de las fumigaciones
aéreas sobre los cultivos ilícitos”. Octubre 12 de 2002.[2]
Estudios
de fondo sobre el importe de la hoja de coca en la economía nacional; los costos
y ventajas de alternativas a la erradicación química.
La biodiversidad, orgullo y valor colombiano de intercambio con la Comunidad
Internacional, es contraria a cualquier monocultivo e incluye la Erythroxylum
novogranatense. Tanto el monocultivo de coca como el intenso uso de químicos
asperjados desde el aire, son consideraciones urgentes que merecen una atención
académica prioritaria pues podrían estar comprometiendo la supervivencia natural
y económica del país. Es asombroso que, ante la magnitud del problema de coca
para Colombia, no existan estudios de fondo sobre el importe de la hoja de coca
en la economía nacional; los costos y ventajas de alternativas a la erradicación
química y los costes que implicaría pagar (en especie) a los mismos cultivadores
para su erradicación manual y/o reconversión para extraerla de manos del
narcotráfico. Las cifras desdibujadas por la clandestinidad dificultan
establecer una base para el cálculo. Si nos basamos en el estudio de la DNE y
ONDCC, el
promedio de ingresos bruto per capita (a nivel nacional) para las 336,150
personas que viven del cultivo de coca sería de US $2,500 al año, sin descontar
costos de herbicidas, fertilizantes y mano de obra.
El mecanismo de legalidad transitoria de los cultivos existentes permitiría
establecer la dimensión del mercado de la hoja de coca; censar los cultivos de
coca existentes, calcular el costo/inversión/ganancia por mata y proceder a la
erradicación manual voluntaria del arbusto para fabricar papel a cambio semillas
variadas para promover cultivos alternativos. Esto requiere un estudio a fondo.
Análisis
que se centren en las desmovilizaciones en lo que se refiere a la apropiación y
uso legal de los dineros y bienes incautados al narcotráfico para el
fortalecimiento económico y social del país.
Uno de los escollos del actual proceso de desmovilización y de paz es el vínculo
que existe entre los armados y el narcotráfico. La economía del narcotráfico y
costos (sociales, políticos y ambientales) de la erradicación forzada no son
sólo un problema de guerra son, antes que nada, condicionamientos para una paz
duradera con justicia social. Faltan análisis que se centren en las
desmovilizaciones y guíen desde la academia la apropiación y uso legal y
transparente de los dineros y bienes incautados al narcotráfico para el
fortalecimiento económico y social del país.
Considerando que el 75% de la tierra cultivada en Colombia está en manos de un
10% de la población, la titulación de tierras al campesino cultivador (baldíos y
las 297,000 hectáreas incautadas al narcotráfico y en extinción de dominio), no
sólo propiciaría el arraigo y pertenencia a la nación sino que sería el mejor
incentivo económico para garantizar el apoyo de los cultivadores y el éxito
perdurable de cualquier medida de erradicación.
Servicios
ambientales y convocatorias a propuestas concretas que fortalezcan el ecoturismo
La extensión social de la DNE por medio de la administración de estos bienes
incautados hacia propuestas a operarios y hoteleros para fortalecer el perfil
ecológico del país, y así el turismo, debe ir acompañada de los servicios
ambientales ofrecidos por las organizaciones sociales para formación en
convivencia armónica con el hábitat y debido respeto y aprovechamiento de sus
recursos naturales. Se podría hacer una convocatoria a las comunidades locales
para que formulen propuestas concretas de consolidación social alrededor de sus
intereses, posibilidades y necesidades. Propuestas como, por ejemplo, la
inversión en conservación de la fauna y flora local y en deportes extremos no
sólo sería una atracción adicional para el turismo sino que también fortalecería
a las comunidades locales brindando sus jóvenes espacios para ocuparse y
probarse.
Formación en Derechos Humanos
El derecho a la oposición no es sólo una de las condiciones elementales para que
democracia sea algo más que un adjetivo, es además uno de los pilares de la
autoridad democrática. La labor de crear consciencia sobre los derechos humanos
es esencial a la autoridad democrática del Estado. Los colombianos,
guerrilleros, soldados, campesinos cocaleros, narcotraficantes, paramilitares,
somos eso, colombianos todos. Los derechos humanos no cesan, no se pierden ni
por el hecho de ejercer una actividad proscrita, ejercer la oposición política y
armada, o por estar armado al servicio del Estado. Los DDHH ya no se conciben
como un arma contra el campo opuesto sino que se convierten en el instrumento
para construir un nuevo orden internacional La creación de una Corte Penal
Internacional (CPI); los juicios por crímenes contra la humanidad, y la
participación e incidencia de países amigos en los procesos de paz sugieren el
surgimiento de un espacio internacional de Derechos Humanos. [Daviaud 2001] En
Colombia, la creciente tendencia a hacer referencia a los Derechos Humanos ha
venido acompañada de una creciente violación de los mismos. Las organizaciones
sociales colombianas obran arduamente por convertir el discurso de defensa de
los DDHH en una realidad reconstruyendo el tejido social que la política y la
guerra desgarran. Los Derechos Humanos abarcan el derecho a la salud y a un
ambiente sano. La mejor forma de garantizar estos es a través del conocimiento.
Organizaciones sociales como Indepaz, Ecofondo y el Colectivo de Abogados
trabajan en todo el país con talleres de formación para las comunidades locales.
Esta capacitación
en aprovechamiento y respeto ambiental, y en derechos humanos
es el acompañamiento indispensable al éxito de cualquier proyecto, se éste
social, productivo o político.
Fórmulas para enfocar el consumo
En aras de incidir en el fenómeno consumo de las sustancias alteradoras de
consciencia debemos primero mirar cómo evaluamos y nos referimos al consumo de
las mismas, de qué información científica se dispone y como podríamos
capacitarnos para lograr nuestros objetivos. Bien sea, educar y atajar la
propensión entre los jóvenes al consumo de las sustancias que sí son realmente
peligrosas y/o lograr que no se viole el derecho a la salud física y mental e
integridad de las personas que sufren de un consumo compulsivo o gozan un
consumo recreativo. El diseño de las políticas y programas debe partir del
conocimiento del fenómeno al que se refieren dichas políticas y programas.
El consumo de sustancias alteradoras de consciencia, al igual que el cultivo de
cánnabis, coca y amapola, y la existencia del sapo alucinógeno de la especie
suramericana bufo marinus, no data de ayer ni parece pronto a
desaparecer, simplemente porque así lo decrete la Prohibición. Aunque la
existencia (estimada) de 200 millones de consumidores, el 5% de la población
mundial, indica que no es un fenómeno tangencial, el haberlo construido en el
eje de la existencia o autodestrucción de la nación colombiana refleja el alto
grado de ignorancia, incompetencia y/o corrupción y sumisión con el que se ha
enfocado/aprovechado el tema del consumo de estas sustancias. Si bien, al
igual que el cultivo, el consumo de sustancias alteradoras de conciencia no se
puede desligar, ni culpar, de la implosión y explosión del fenómeno del
narcotráfico, un enfoque ajustado del consumo sí puede contribuir a desmantelar
el accionar violento y corruptor del narcotráfico. Con que sólo se ajuste la
legislación al reconocimiento de facto de que el fenómeno del consumo no
es monolítico y no todas las “drogas” repercuten de forma negativa sobre el
individuo y la sociedad, estaríamos dando un primer paso por el camino de lo que
es viable pretender, y útil al propósito de la paz.
Las costumbres de las sociedades en su evolución son las que marcan la
intersección entre la ley natural y los derechos y deberes del ciudadano y sus
elegidos. Se afirma que el 5% de la población colombiana entre los 15 y 64 años
y el 10% de los jóvenes colombianos, según estudios recientes, son usuarios de
“drogas”. El hecho es que ni siquiera sabemos si somos 2 millones o 5 millones
de consumidores ni qué porcentaje de estos consumidores son usuarios recreativos
y cuántos son usuarios compulsivos en dificultades, elementos que deberían ser
consideraciones centrales en el diseño de las políticas. Otra consideración que
debería pesar en el diseño de las políticas es si la justicia colombiana y los
padres de ese 10% de jóvenes están dispuestos y en condiciones para asumir una
reforma constitucional que propiciaría la incriminación de estos millones de
hijos de familias colombianas; jóvenes que por lo general son parte integral de
la Colombia estudiosa, trabajadora y productiva; jóvenes cuyo futuro podría
quedar en entredicho por una incriminación a la ligera por consumo de drogas.
La promoción de un debate amplio, pluralista e incluyente sobre el tema del
consumo en el actual proceso de reconciliación (por inclusión) sería un paso
trascendente y probablemente el primer pasó hacia la adquisición de los
elementos de juicio que se requieren para poder retirar el consumo de manos del
narcotráfico. El resultado positivo de un primer acercamiento a los cultivadores
cocaleros debería servir de ejemplo. La mejor forma de atajar la expansión de
cultivos, consumo y dependencia de la economía del narcotráfico es a través de
la presencia e inversión social del Estado con el apoyo de organizaciones
sociales especializadas en el tema. Organizaciones sociales brasileñas que
trabajan desde el Estado y argentinas como ARDA llevan muchos años trabajando
con consumidores en dificultades para facilitar la reinserción social que su
adicción y las políticas de penalización les han arrebatado. La sociedad
estadounidense no es el contraejemplo en todo, pero la encarcelación de los
consumidores de “droga” no responde ni a las posibilidades ni a la realidad
colombiana. Justamente lo que ha socavado una de las mayores virtudes del pueblo
estadounidense es la Prohibición. Uno de los pilares de la construcción nacional
estadounidense es el civismo —los principios de un buen ejercicio de la
ciudadanía— que se basa en la justicia, igualdad y responsabilidad individual
que equilibra el abuso de poder y permite la autorregulación de la sociedad. El
Prohibicionismo es la negación de la libertad individual. Si embargo,
considerando la dinámica y escala de desarticulación social, económica y
política a la que el Prohibicionismo ha llevado a Colombia, estamos en la
obligación de dar una oportunidad a enfoques alternativos a la represión e
incriminación. Se proponen unos talleres
de capacitación en Reducción de Daños para el personal de las instituciones de
Bienestar Social encargado de enfocar el manejo del consumo recreativo y de
usuarios en dificultades.
La Reducción de Daños se refiere a políticas, programas, servicios y acciones
dirigidas a minimizar los eventuales daños a la salud, sociedad y economía de
los individuos, comunidades y sociedades que se asocian con el consumo de
“drogas”. Es un enfoque pragmático que acepta que el uso de sustancias
psicotrópicas es un hecho. Que, aunque no está libre de riesgos, el usuario
asocia la sustancia que consume con un placer o beneficio y que la nula
efectividad de las medidas públicas frente al consumo se debe justamente a que
dichas medidas pretenden desconocer y/o negar que efectivamente, tras el consumo
hay una motivación de beneficio y/o placer. La Reducción de Daños, aunque no
propende por la abstinencia, reconoce la necesidad de ayudar a quienes se
encuentran en dificultades por el consumo de “drogas”. La RD considera que, ante
la constatación de que las drogas no están despareciendo sino que, por el
contrario, el consumo no ha dejado de crecer, lo más atinado y eficaz es tratar
de contener y reducir los daños asociados con este consumo. Las intervenciones
de RD por lo general enfocan los patrones de consumo del usuario así como las
normas y actitudes sociales que las condicionan.
La asesoría de organizaciones sociales estadounidenses, europeas y
latinoamericanas y su concertación con las instancias competentes en el tema del
consumo permitiría el desarrollo de un enfoque integral, lo que podría evitar
que la ignorancia y descuido de una de las variables obstaculice o contrarreste
los logros de otros procesos.
El acompañamiento
El éxito de este proceso de erradicación productiva depende de su transparencia
y en el reconocimiento de parte de todos los armados de que sin una justicia
social para el campesinado, Colombia, la participación soberana de Colombia en
la Comunidad Internacional no será más que un sueño. Considerando el conflicto
autodestructivo en el que nos estamos ahogando los colombianos y la guerra por
la droga que lo instiga, la mejor forma de garantizar la transparencia de este
proceso es por medio de un acompañamiento colegiado. De tal manera, se propone la
conformación de
una comisión compuesta por voceros de los pueblos indígenas, integrantes de las
entidades fiscalizadoras de drogas, expertos de las organizaciones sociales y
académicos nacionales e internacionales encargados de enmarcar este proceso de
erradicación manual voluntaria masiva y diseñar los mecanismos sociales,
políticos, económicos y legales que permitan:
1.
Ejercer un control de los insumos del proyecto y el desfase gradual del uso de
agroquímicos en país. (Ver anexo “ Marco Legal”)
2.
Propiciar la canalización de los fondos y bienes incautados al narcotráfico a
usos en Enmarcar la transición a una toma de decisiones acorde con los derechos
de comunidades indígenas y campesinas y recomendaciones de las protestas
sociales.
3.
Formular propuestas para la reconversión de la industria agroquímica nacional a
una producción más acorde con la vocación ambiental y mercados con futuro para
el país.
4.
Proponer fórmulas que faciliten la reconversión social de los organismos
antidrogas hacia el tipo de labores que se requerirán para fortalecer una
economía de paz.
Se
propone asimismo la conformación de una comisión de verificación de las
fumigaciones compuesta por representantes de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de la Organización Mundial del Trabajo (OTI), representantes de todas
las actividades relacionadas con el uso de químicos del Programa Ambiental de
las Naciones Unidas, representantes de la DNE, de la Junta Fiscalizadora de
Drogas (JIFE o CICAD, por sus siglas en inglés) voceros de los pueblos
indígenas, médicos epidemiólogos, biólogos, agrónomos, ejecutivos de las juntas
directivas de la Monsanto y de Cosmoagro, de la Comunidad Andina, representantes
de Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela y Ecuador y Panamá y representantes del ICA
y de de las organizaciones sociales de Derechos Humanos nacionales e
internacionales. Adicionalmente, se solicita que las entidades competentes
faciliten la información pertinente (veredas fumigadas, fechas, litros
asperjados, producto y mezcla, altura de aspersión….) que permitiría determinar
la causalidad de daño entre los químicos asperjados y utilizados por el
narcotráfico o la ausencia de correlación.
La reconstitución de la verdad sobre 30 largos años de fumigaciones se refiere
asimismo a que las autoridades precisen públicamente la lista de veredas,
fechas, cantidades de químicos, las mezclas, su densidad y el número de veces
que se sobrevoló asperjando cada una de las veredas. Es probable que ellos
mismos desconozcan el paso arrasador de las fumigaciones. Esta información,
fidedigna, permitiría a ellos, al país y a la Comunidad Internacional tener los
elementos de juicio para sopesar los costos y resultados de esta medida.
MMMoreno
febrero 2007_nov2008