Mama Coca: Ediciones Anteriores

Quisiera primero que todo presentarles el Colectivo que integro aunque aquí hablo de mis inquietudes a título personal. Mama Coca es una organización de derechos humanos que busca vincular análisis académicos sobre las políticas y medidas antinarcóticos, activismo pro reforma de dichas medidas y la búsqueda de propuestas de las comunidades locales frente a la persecución de la que son objeto. Agradecemos a Silvia Unchaurraga y a ARDA el esfuerzo por incluir el debate sobre los cultivadores de coca en este simposio. Uno de los pasos para poder avanzar en el movimiento pro reforma de las políticas de drogas es justamente la comprensión del otro, del que está siendo perseguido con la misma excusa. Usuarios y cultivadores sirven de disculpa y blanco en esta lucha feroz, esta tercera guerra mundial, que se está dando por consolidar monopolios para el control de los recursos: petróleo, aguas, biodiversidad y drogas. Creo que no nos engañamos, la Guerra de la Droga de moral no tiene nada; si no es a nivel de la incorporación que ha hecho la sociedad civil de la idea de que ‘droga’ es sinónimo de degeneración.

Yo he observado que en general los cultivadores de coca y, paradójicamente los narcotraficantes (considerando que se trata de sus clientes), manejan una imagen bastante negativa de los consumidores de marihuana (otra planta) y de otras sustancias alteradoras de consciencia. En el caso de los cultivadores tradicionales es comprensible que sientan que la persecución de la que es objeto su sagrada coca se debe al mal uso de ella ha hecho la cultura occidental. Sin embargo, también considero que la mayor victoria del Prohibicionismo ha sido el haber logrado generar este tipo de automatismos que permiten que se justifique la masacre de los unos (de los campesinos) por las posibles dificultades personales y sociales de los otros (los consumidores). El discurso ha calado a tal punto que los mismos consumidores de marihuana, cocaína y demás sustancias parecen convencidos de que no puede ser bueno. Muchos consumidores hablan de vicio y manejan la convicción profunda de que el consumo de drogas es inmoral. ¿Qué podemos decir de los que no consumen? Mi constatación en la vida es, y lo digo por experiencias personales dolorosas, que como en todo consumo, hay usuarios con dificultades pero también hay millones de usuarios recreativos y quienes usan estas sustancias para fines curativos.

LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD SÍ SON RECONCILIABLES PERO EL NEGOCIO DEL NARCOTRÁFICO ES IMPERDONABLE

Los promotores de la guerra de la droga afirman que el consumo existe porque existe el narcotráfico. Una reacción generalizada en Colombia es que el problema son los consumidores, notablemente los estadounidenses. Lo que sí parece claro es que por mucho plomo, glifosato y cárcel que nos den, con el lucro que genera un comercio con un mercado de 185 millones de consumidores, que por demás está en plena expansión, los antinarcóticos difícilmente pueden pretender lograr la famosa meta de cero drogas y mucho menos para el 2008. En Colombia pueden fumigar hasta el Palacio Presidencial pero esto no garantiza que se acabe ni el narcotráfico ni el consumo de cocaína. Es más, de pronto deberían comenzar a fumigar por ahí si es que realmente desean acabar con el narcotráfico colombiano.

Colombia está actualmente en un proceso que llaman de desmovilización. No entro en las complejidades de este proceso en un país polarizado entre 4 grupos armados (Estado, Paramilitares, Guerrilla FARC y Guerrilla ELN sin mencionar altos índices de delincuencia común) y una sociedad civil sándwich cuyas voces son acalladas a plomo, por intimidación o a punto de difamación. Yo trataré de limitarme a algunos de los factores que atañen a los cultivadores y más someramente a los consumidores.

Dentro de la veeduría internacional de este proceso de desmovilización, recientemente vino a Colombia José Miguel Insulza de la OEA. Al igual que el Departamento de Estado gringo, Insulza nos previno que ojo que los narcotraficantes no se fueran a disfrazar de paramilitares para beneficiarse del proceso de reconciliación. Será que soy de otro planeta pero me parece inconcebible que afirmen que los crímenes de los armados (asesinatos selectivos de líderes comunitarios, masacres, secuestro, desapariciones, tortura, desplazamiento, expropiación….la lista es larga y abarca paramilitares autodefensas campesinas, guerrilleros y fuerzas del Estado) que nos afirmen que estos crímenes de lesa humanidad sí son reconciliables pero que el negocio del narcotráfico es imperdonable.

¿Cómo no condenar los execrables crímenes que giran alrededor del narcotráfico y de las demás arremetidas armadas del capitalismo salvaje (sea Monsanto, Nestlé, McDonald’s o Coca Cola)? La pregunta que no encuentra eco (por temor al estigma y a la incriminación) es si el crimen es el enriquecimiento (o precaria supervivencia en el caso de los campesinos cocaleros) con el cultivo de la coca, su procesamiento y comercio. Si bien es cierto que la ilegalidad y lucro del comercio de las drogas es uno de los factores que fomenta acciones armadas (de parte de intereses de las multinacionales, fuerzas del Estado, guerrilla, paramilitares y delincuencia común), también es innegable que este negocio es una parte vital del engranaje de la economía nacional e internacional. En el caso colombiano, las ganancias que representa el narcotráfico (así sean mínimas comparadas con las ganancias de los paraísos fiscales, vendedores de armas y otros negocios conexos) generan millones de empleos.

Muchas de las actividades del narcotráfico son a través de empresas “legales” y en algunas de las regiones rurales de Colombia los ingresos de los habitantes están casi exclusivamente ligados a la economía del narcotráfico. El mismo Estado colombiano depende de la “droga” (como en el caso del Plan Colombia) para financiarse. Es llamar al engaño pretender que con los empréstitos de Washington para la guerra y las magras inversiones sociales propuestas por el gobierno se va a formalizar la economía colombiana y a proveer fuentes de ingresos alternas para estos millones de colombianos al borde de la miseria. Si bien el monocultivo de la coca no conviene al país, lo que está haciendo la Administración Uribe es cambiar coca por armas; y sea cual sea el contexto internacional para poder (o no poder) entablar una discusión real sobre el fenómeno del narcotráfico, el hecho es que existe y cualquier negociación y proceso de reconciliación nacional que se cierre a esta realidad está condenando al país a repetir sus errores. Sin alternativas viables, sin justicia social, podrá haber desmovilización y hasta perdón pero no habrá paz.

Ciertamente, algunos de los programas de inversión social productiva del Gobierno son promisorios pero mientras los fondos sólo alcancen para desarmar a los unos y armar a los otros, es ilusorio pretender acabar (por simple decreto presidencial) con el descontento social y la degradación de una guerra civil en delincuencia común; menos en un país cada vez más armado, con altísimos índices de desempleo en una economía en un 58% informal. Las autoridades oficiales pueden ponerse a tono y hablar de “narcoterroristas”. Pueden así intentar desconocer la injusticia social que ha caracterizado la historia colombiana y la ventana de oportunidades que representó en su momento este negocio para miles de marginalizados en la pobreza absoluta, para ricos venidos a menos, para sectores políticos, para grupos insurgentes como las FARC y para los buenos capitalistas colombianos, negociantes mil. Podemos decir que la cultura colombiana o falta de ella es terreno fértil para el narcotráfico. Lo que no se puede es borrar la evidencia de la historia y rol (pasado y presente) desempeñado por el narcotráfico en los procesos políticos y económicos del país, aun a nivel del Estado.

Colombia lleva más de 50 años sumida en una guerra fraticida. Nos estábamos matando antes de que llegara el narcotráfico y, si las cosas siguen como van, nos seguiremos matando pero habremos por lo menos (consecuentes con la expropiación económica que caracteriza nuestra historia) erradicado la magra repartición de las divisas del narcotráfico entre raspachines (quienes cosechan las hojas), campesinos en la miseria, cocineros y millones más que viven del negocio. Este proceso de “limpia nacional”, como va, será uno más de los pactos horizontales entre y para las cúpulas de poder económico político. El narcotráfico no se está desmantelando ni quedando por fuera del proceso. Lo que se está dando es una negociación con los narcos más armados de parte de aquellos que ya llegaron al poder político.

Entretanto, los rigores de la persecución antinarcóticos los sufre el habitante del campo. Al campesino se le criminaliza, aplica guerra química y, en el mejor de los casos, su alternativa de empleo es entrar a formar parte del programas estatales de asistencia a corto plazo, de las filas del ejército privado que esta armando Uribe o de la Red de Informantes. Los campesinos cocaleros; raspachines; jibáros (expendedores minoristas); y cientos de pequeños y medianos narcotraficantes sin ejércitos, con suerte sobreviven a la represión, expropiación y cooptación por todos los grupos armados. En el proceso del Estado por construir las estadísticas de bajas y detenciones de narcoterroristas paras y guerrilleros que requiere Washington, caen miles de campesinos inocentes, desarmados, no cocaleros y otros cuyo único crimen fue estar vinculados, por lo general por fuerza mayor, a la economía del narcotráfico.

Nos dicen que la coca, su procesamiento y comercio son lo que financia la guerra; y que acabando con la coca van a acabar la guerra. En Colombia hay aproximadamente 15 millones de habitantes rurales de los cuales, según el gobierno, 400,000 son pequeños cultivadores de coca. Colombia es un país en el que el que la concentración de la tierra llega a niveles absolutamente inmorales y en las últimas décadas los paramilitares no han sido ajenos a este proceso. Los grandes propietarios, cinco mil personas, pasaron de tener el 32% de la tierra en 1984 a ser propietarios del 45% en 1997 y del 50% en el 2002. [2] Según informe de la Contraloría para el 2005, en los últimos veinte años los narcotraficantes consolidaron una concentración de tierras de 4.5 millones de hectáreas, cuyo valor llega a los 2.500 millones de dólares. Desafortunadamente, todo parece indicar que lo que se está negociando actualmente con los paramilitares de las AUC es el traspaso de armas a cambio de un mayor poder político y que sus propiedades no se vean afectadas.

La captura de narcotraficantes y la expropiación de sus bienes posibilita la repartición des estos bienes (predios urbanos, rurales, motonaves y empresas) en aras de una mayor justicia social. Actualmente, los bienes expropiados a los narcotraficantes pasan a manos, entre otras, de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) con administración por terceros o gestión directa de la DNE. La reintegración social de los bienes acumulados por el narcotráfico, sin embargo, se enfrenta, al igual que muchos otros procesos, a la corrupción de los empleados oficiales y la infiltración del narcotráfico en sus entidades. El alcance de la política de incautaciones depende de que los paramilitares declaren realmente los bienes que poseen. Como en el proceso actual se trata de dejar las armas y no necesariamente el negocio, en la mayoría de los casos, estos bienes son traspasados a testaferros antes de entrar a negociar. Abrir claramente el diálogo a los narcotraficantes propiamente dicho y no sólo a los armados, permitiría la alternativa de declarar un crimen económico y situaría el proceso de negociación dentro de la realidad nacional de un campesinado sin tierra y un 62% de colombianos viviendo en insurgentes niveles de pobreza. Por otra parte, la posibilidad de reconocer sus actividades de acumulación y ofrecer sus bienes a cambio indicaría un proceso real de desmantelamiento del narcotráfico colombiano.

Los tres eslabones principales de la cadena de las drogas son el narcotráfico, el cultivo y el consumo. Es iluso pensar que cualquiera de estos tres está pronto a desaparecer, así se ajuste el discurso en línea con la guerra terrorista que actualmente impulsa la Administración Bush. Bajo esta óptica, las supuestas víctimas en cuyo nombre se abogó a favor de la Guerra de la Droga, los consumidores, pasan a engrosar las filas del espectro terrorista con el que se nos arrodilla ahora. En el 2002, la ONDCP (Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de USA) lanzó una campaña vinculando el consumo de drogas a los actos terroristas. Colombia, al igual que muchos otros países de América Latina asumió la bandera. De ahí que el mensaje que prevalece actualmente frente al consumo es “usted consume droga, usted financia terrorismo”…. Este mensaje es simplemente más de lo mismo; en este caso la culpa de las Guerra de la Droga la tienen los consumidores. Además de la penalización del consumo, ahora estamos a un paso de incriminar a los consumidores por financiar actos terroristas.

Según la ONDCP, el número total de usuarios de drogas en el mundo se estima en 185 millones de personas, el 3% de la población mundial o el 4.7% de la población entere los 15 y 64 años. El cánnabis es la sustancia más utilizada (cerca de 150 millones de personas), en segundo lugar están los estimulantes tipo anfetaminas (ATS, en sus siglas en inglés) consumidas por aproximadamente 30 millones y 8 millones que consumen Éxtasis. Unas 13 millones personas consumen cocaína, 15 millones consumen opiáceos (heroína, morfina y opio sintético). Estas cifras reflejan el consumo en el periodo entre 2001-2003.[3] Según la DEA, las incautaciones de ATS han aumentado en un 656% desde 1999. Entretanto, las toneladas incautaciones de cocaína han sido relativamente estables. Estas cifras parecerían indicar que lo que se está impulsando es un creciente consumo de drogas cada vez más químicas.

Aparentemente, el consumo en Colombia se ajusta a las tendencias internacionales. Mientras la mentalidad de “Todos unidos contra la droga” en Colombia justifica la guerra química en contra del campesinado colombiano, su persecución y explotación por todos los armados y el asesinato selectivo de jíbaros por parte, en muchos casos, de los mismos comerciantes de cocaína que parecen haber incorporado el automatismo puritano de que quienes consumen drogas son malos elementos. En muchas localidades colombianas el problema de consumo lo resuelven los escuadrones de limpieza, simplemente recogen y matan a los que los colombianos llaman “desechables” o habitantes de la calle.

Oficialmente y en los pocos centros privados existentes prima el enfoque de reducción de la demanda y prevención del consumo. Son contados los colombianos que conocen la noción de Reducción de Daños. El programa de prevención más antiguo es DARE “Educar para resistir el uso y abuso de las drogas y la violencia” la iniciativa que lanzó la policía de Los Ángeles en 1983. En el año 1.997 la Dirección de Policía Antinarcóticos lanzó el programa DARE Colombia. Este programa, al igual que en los otros 56 países que lo han adoptado, enfoca la educación preventiva entre jóvenes entre los 8 y 14 años. Esta extensión social de antinarcóticos es encomendable siempre y cuando no excluya otras alternativas. Tal vez el programa con mayor servicio social frente al consumo es el de Bienestar Social que lleva 14 años funcionando. Este Proyecto de Prevención Integral del Uso Indebido de Drogas que enfoca a los usuarios en dificultades poco a poco va incorporando una noción de Reducción de Daños. Sin embargo, como en todo lo que se refiere a las drogas, los espacios para innovar y buscar alternativas sociales, personalizadas y más acordes con la realidad también se van cerrando poco a poco gracias a la centralización de todo lo relacionado con las drogas en manos de la DNE y la canalización de los fondos hacia la represión.

Es posible que los antinarcóticos ya no promuevan un discurso que nos divide entre países consumidores y países cultivadores, pero en los hechos, para la Comunidad Internacional, existen países parías. En esos países, la Guerra de la Droga ha generado tragedias humanitarias de la cuales difícilmente nos recuperaremos. En Colombia se está aplicando impunemente una guerra química en contra del campesinado desde hace ya casi 30 años. Millones de litros de mezclas químicas bombardeadas desde el aire seguramente han convertido a los colombianos en uno de los pueblos más propensos a enfermedades genéticas y cánceres. Bajo esta lluvia de venenos, sus ricas aguas y biodiversidad están pasando a ser otra leyenda del El Dorado. Paranoia o perversa estrategia de mercado, es posible que nunca lo sepamos pero en Colombia, la política antinarcóticos sólo beneficia a la Monsanto. La Compañía Monsanto, después de estar prácticamente quebrada en el 2002, apuntala el Plan Colombia. Esta compañía que produce el glifosato con el que nos fumigan como cucarachas también produce las únicas semillas que dan fruto en suelos tan intensamente fumigados. Los argentinos han sufrido la amarga experiencia con la soya transgénica. Colombia está en la mira y si continúan las fumigaciones, el campesino colombiano no tendrá más alternativa que comprar cada dos años las semillas de la Monsanto con el glifosato ya incorporado. Las multinacionales vienen por todo. El TLC se agiliza para sacar las biopatentes de lo que consideran comercializable, compran las riberas para controlar las aguas y, en contraprestación, dan vía libre al proyecto mesiánico, autoritario y militarista de Uribe Vélez.

Este político, siendo gobernador departamento de Antioquia (cuna del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, los Ochoa y otros grandes capos del narcotráfico) sentó las bases de su proyecto político. Durante su gobernación, Uribe impulsó el paramilitarismo por medio del Decreto Ley 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada) que le permitió la creación de 71 cooperativas de seguridad compuestas por civiles armados, las llamadas CONVIVIR. Los terratenientes colombianos históricamente han recurrido a la contratación de mercenarios/ejércitos privados. La diferencia es que Uribe ha convertido esta estrategia en una política de Estado. Ahora bien, lo grave no es que Uribe tenga raíces en el narcotráfico. Lo atemorizante es que Washington así lo decida en su momento y las repercusiones para el país cuando, a semejanza del trato dado a su aliado Noriega, el Departamento de Estado decida sacar del poder a un personaje con un ejército privado de las dimensiones como las que proyecta Uribe. Un flash de futuro del mercenariato colombiano nos lo proyecta la empresa ecuatoriana que recluta mercenarios colombianos para que maten en Irak.

Una mirada rápida a los programas de Uribe basta para comprender su proyecto asistencialista para un pueblo bajo tutela armada. Bajo la Administración Uribe perversamente pareciera que la Dirección Nacional de Estupefacientes gobernara por decreto. La medida estrella es fumigar y, como dice su Vicepresidente Francisco Santos, “Tiene más reversa un orgasmo que la medida de fumigaciones”. Desde las primeras fumigaciones (con el hoy mundialmente prohibido Paraquat) bajo la Administración de Julio César Turbay (1978-1982) hasta la intensidad de Uribe, la autodestrucción de la salud, reservas de aguas y biodiversidad colombianas pasará a la historia como muestra de la falta de proyección de una clase política absorta consigo misma.

La medida de fumigaciones nos perjudica a todos pero —mientras los sectores económicos más poderosos miden las repercusiones en la productividad a nivel nacional y reaccionan— inicialmente afecta a los pequeños cultivadores. Enferma a sus hijos con aguas envenenadas y los obliga a abandonar tierras tan empobrecidas que ni siquiera dan con que alimentar a sus familias. Los terratenientes, muchos de los cuales se dedican a la ganadería extensiva, apenas comienzan a percibir los daños por muerte y daños genéticos en el ganado y otras como los rezagos ambientales que, al desvalorizar sus tierras, posiblemente logren frenar el modelo de especulación con la tierra que viene impulsando el paramilitarismo. Esta medida antinarcóticos que la actual administración reivindica como Política de Estado, es inmoral, irresponsable, ilegal e ilegítima. Los hechos —enfermedades y devastación en las zonas fumigadas, dineros desperdiciados en químicos a detrimento de inversión social— así lo demuestran y el discurso triunfalista y cifras que se cantan de hectáreas erradicadas en nada compensarán la pérdida del legado sanitario y ambiental de los colombianos. Nuestros gobernantes están destruyendo impunemente los recursos naturales de Colombia para las necesidades ambientales futuras de la Humanidad.

Se propone canje de naturaleza por deuda mientras se desmantelan las entidades ambientales que visibilizan la imposibilidad de entrar a negociar con ríos de glifosato y tierras quemadas. Peor aún, se negocia con propuestas de suicidio ambiental: larvas de mariposa y hongos locos. Se implantan programas como el de Familia Guardabosques mientras se legisla la privatización de los recursos naturales con iniciativas como la Ley Forestal y otras como la Ley del Agua que, por favorables que puedan ser en otras latitudes, en Colombia terminan tergiversadas para servir al enriquecimiento ilícito de unos pocos a costa del pueblo colombiano. Se habla de paz y justicia y desmovilización mientras se priorizan las inversiones militares sobre las urgentes necesidades sociales y se impulsan programas como el de soldados campesinos (muchachos del campo que, sin ser soldados regulares, reciben un veloz entrenamiento militar y armas para el patrullaje y vigilancia de sus gentes) a instar de las CONVIVIR. Se cambia radicalmente el modelo de justicia por un sistema acusatorio cuyo equivalente a nivel social es la promoción (como en cualquier dictadura) de una sociedad de delatores pagos en un país en el que la pobreza es la norma. También se propone el sapeo (delación) de la coca como un medio para ganarse unos pesos. Entretanto la DNE decreta el Observatorio de Drogas con el objetivo de ser la (única) entidad que ofrezca información colombiana a la Comunidad Internacional sobre la temática de drogas y los delitos relacionados. Estamos a un paso de que se nos niegue el derecho de tratar el tema de las drogas sin pasar por la DNE, a detrimento de un diálogo que refleje las diversas facetas del dilema colombiano. Esta centralización niega a aquellas autoridades bien intencionadas la posibilidad de actuar con base en la variedad de respuestas y propuestas que hay con miras a potencializar las posibilidades del Estado de velar por su futuro.

Estoy aquí abogando ante ustedes por que en sus labores y escritos tengan presenta la inmensa tragedia del pueblo colombiano, desposeído y víctima de las más atroces masacres y persecución. Los colombianos anhelamos la paz y la paz en Colombia, retomando las palabras de Anthony Henman, depende de la paz con la coca. Más allá de la guerra contra la coca, a medida que la Guerra Terrorista se funde con la Guerra de la Droga, la paz del mundo también depende de que legisladores y jueces hagan las paces con las ‘drogas’. Quisiera aprovechar este espacio para proponer que entre todos —legisladores, jueces, activistas por la reforma de las políticas de drogas y académicos— pensemos en promover cambios que enfoquen la región de manera articulada e integral. Entiendo nuestras diferencias y las dificultades pero quisiera dejar aquí la inquietud de formar alianzas para que las propuestas y mociones sociales y legislativas que se impulsen tengan presente la comprensión del otro y la necesidad de visualizar la región latinoamericana como latinos diversos y no los puritanos en los que algunos de nuestros dirigentes políticos nos quieren convertir.

Propongo concretamente que con miras Viena 2008 pensemos en la elaboración de un informe para la UNGASS. Que busquemos la manera de recopilar la información necesaria para vincular de manera documentada una propuesta de programas sociales de reducción o rechazo de daños para usuarios y cultivadores. Se necesitan leyes que se ajusten a la realidad y que consideren la posición y situación de todas las caras de este fenómeno que existe desde que la humanidad es humanidad pero que la cultura occidental ha logrado convertir en tragedias humanitarias y combustible para la guerra. Simposios como este son un primer paso para conocernos y dar a conocer propuestas articuladas de usuarios y cultivadores y vislumbrar la regionalización de nuestras propuestas sociales y legislativas. Me gustaría pensar que desde aquí vamos a poder afirmar nuestra diferencia y enriquecedora diversidad para contrarrestar la homogeneización que nos buscan imponer con la Guerra Terrorista. Gracias.

[1] Conferencia dictada en el marco del I Simposio Regional de Jueces y Legisladores organizado por REFORMA (Red Latinoamericana para la Reforma de las Políticas de Drogas) en el Senado de la Republica de Argentia.

[2] Hector Mondragón: La economía rural y la guerra, 2002

[3] ONDCP, World Drug Report 2004