BÚSQUEDA
El principio de la autonomía del ser humano para ser autor de su propio destino
Gustavo
De Greiff. —
Quisiera decir que una ley de legalización, naturalmente presume el fracaso
de las leyes prohibitivas, que es evidente y a lo cual me referí en las
palabras de inauguración de este encuentro y en el trabajó que presenté el
día viernes al final del encuentro. Pero también presupone que se considere
en una ley de legalización, el principio de la autonomía del ser humano para
ser autor de su propio destino, así como la existencia del Estado como
coordinador de la igual libertad de todos los ciudadanos.
Si consiguientemente el bien más preciado para el hombre es la
libertad, la ley penal no debe usarse sino excepcionalmente. Tampoco puede
extenderse para todas las acciones que el Estado, en un momento dado,
considere que no deben realizarse o que deben ser motivo de punición. Habr+a
casos en que medidas administrativas de tipo civil (por ej., multas,
revocación de permisos, exigencia de licencias, etc) son preferibles
Generalmente, los penalistas estudian el delito una vez que está
establecido por la ley; entonces, recién piensan cuáles son sus elementos,
cuál su punición, el tipo penal, etcétera. Pero, pocos se preguntan cuándo
es legítimo que un acto humano pueda ser penalizado o deba ser penalizado.
Desgraciadamente, es increíble que desde 1925 el mundo no haya aprendido,
cuando un gran penalista español, refugiado en esta tierra argentina, ya
advertía sobre el horror de la ola penalizadora que recorría el mundo.
Si ustedes miran la historia del nazismo, fascismo, comunismo, del
franquismo; en fin, de todas las dictaduras, verán que bajo esos regímenes
es cuando más se penalizan las conductas humanas.
Creo que estamos en una etapa del estudio del problema de las drogas
en donde se debe reconocer el fracaso de la guerra contra los
estupefacientes y la necesidad de encontrarle una solución racional
diferente de la simple prohibición, mediante la legalización o regulación
legal de la producción y comercio de las drogas narcotizantes y
sicotrópicas. Esta legalización también debe ser acompañada de campañas
educativas disuasivas del abuso de las drogas y del suministro de
tratamientos médicos a los adictos.
Bajo esa concepción, en México, la senadora María del Carmen Bolado
del Real, requirió mi intervención para que la ayudara a redactar un
proyecto de ley sobre legalización de la droga, porque sobre el tema se
habla mucho, pero hasta ahora —que yo conozca— muy poco se ha presentado en
forma sistemática y precisa acerca de cómo debe ser esa legalización.
Naturalmente, con entusiasmo me presté a ayudarle a redactar el
proyecto correspondiente, que fuera el resultado de la ambición de la
senadora de lograr en México la aprobación de un proyecto de esa naturaleza,
comprendiendo las dificultades que existen para que eso suceda; es decir,
para que pueda lograrse en un cuerpo legislativo de alguno de nuestros
países, que estudie un proyecto de ley de esas características.
A ello se oponen las tres convenciones firmadas en las Naciones
Unidas que reglamentan o rigen el sistema de control de las drogas de esta
clase, de drogas sicotrópicas y narcotizantes, junto con un programa
político fundamental, que es la oposición del gobierno de los Estados
Unidos, a que se modifique este sistema prohibitivo.
Pero, por una parte, no debe olvidarse que los tratados
internacionales pueden modificarse con el consetimiento de las partes y
denunciarse por la parte que no quiera seguir atada con algun tratado. En
cuanto al gobierno estadounidense es cierto que puede ejercitar una presión
muy fuerte para impedir un cambio de estrategia enel combate a las drogas,
pero no es tan poderoso como la naturaleza le acaba de demostrar.
En todo caso, creo que debemos pasar del estado de crítica
justificada de las leyes prohibitivas y transitar por el camino de la
imaginación respecto de cómo debe ser un proyecto de ley de
legalización que, repito, llamaría de regulación de la producción y
del comercio, acompañado de campañas educativas y de tratamiento para los
adictos.
Fue así que en quince artículos tratamos de concretar ese imaginario
de cómo debe ser una ley de legalización que, naturalmente, es distinta para
países como Argentina o los países europeos, que no sufren el problema del
cultivo de las plantas de donde se extraen algunas de esas drogas, pero que
sí sirve para países como Colombia, Perú, Bolivia y México, en donde se
registra o se encuentra el cultivo de plantas de donde se extraen esas
drogas.
Si tenemos en cuenta esa finalidad, hay que preguntarse cómo debe ser
la legalización. ¿Debe dejarse a cualquiera que quiera y pueda —bajo
controles y con permiso de la autoridad— cultivar, producir y comerciar o
debe ser un monopolio estatal o debe permitirse sólo que sea producido por
empresas farmacéuticas y el envío mediante fórmula médica? Es que hay muchas
clases de legalización.
En el proyecto del que les he hablado, que naturalmente corresponde a
mis ideas, pienso que es mejor dejar a la industria privada, o al sector
privado, la producción y el comercio, pero con reglamentación. Cuando en su
momento se levantó la prohibición que pesaba sobre las bebidas alcohólicas
quedó permitida su producción sin reglamentación ni controles de ninguna
clase. Y a pesar de eso fue benéfico, porque se terminó la violencia y dejó
de haber batallas campales de bandas de traficantes de bebidas alcohólicas
en las calles de Chicago, de Houston, de Nueva York, de las grandes ciudades
de los Estados Unidos y dejó de haber corrupción en la Justicia, etcétera.
Pero, en el caso de las drogas, se justifica más no sólo levantar la
prohibición sino también establecer en qué condiciones debe ser posible la
producción, el comercio y el consumo.
En el proyecto de ley se partió del principio de tratar de evitar que
la producción de esas drogas esté monopolizada. Entonces, se trató de romper
el monopolio vertical y horizontalmente. Verticalmente estableciendo que el
cultivo puede ser, o podría ser, realizado por personas naturales; la
producción de las drogas mediante compañías de responsabilidad limitada y la
venta, el expendio de la drogas, también mediante compañías de
responsabilidad limitada pero que, en ningún caso podrán estar mezcladas
entre sí. Repito: para romper la posibilidad de un o unos monopolio en cada
sector.
Yo
creo que el mejor sistema de legalización es dejando las actividades de
cultivo, producción y comercio en manos particulares pero bajo la súper
vigilancia del Estado, como sucede con las actividades económicas
importantes, tales como la banca, el seguro y otras.
El cultivo se autorizaría y habría una entidad del gobierno, que en
México podría ser la Secretaría de Salud Pública, que expediría los permisos
de cultivo, de producción y de comercialización. Y que debería tener un
desempeño similar a las superintendencias de bancos, de sociedades anónimas
o de capital, por ejemplo.
Este proyecto de ley se referiría únicamente a cocaína, heroína y
marihuana, que son el problema fundamental de México, Colombia y de
cualquier país en donde se cultivan todas o algunas de plantas de donde se
extraen las materias primas de las drogas que he mencionado.
Se establece en la ley cuál debe ser el porcentaje máximo del
elemento activo en cada una de las drogas. Por ejemplo, en la marihuana el
THC debería ser del equis por ciento, en la cocaína la presencia de HCL
sería también de equis por ciento, los porcentajes apropiados deben ser el
resultado de consulta con expertos médicos que determinen cuál debería ser
la concentración de cada elemento activo. Este tema debería fijado estar en
la ley, no en la reglamentación, para evitar cambios tendenciosos o producto
de intervenciones movidas por intereses económicos.
Naturalmente, a las compañías dedicadas a la producción y al comercio
deberíamos exigirles el cumplimiento de la ley bajo penas tales como multas
o revocación de los permisos de funcionamiento. También debería llevarse un
control de las ventas y de las exportaciones. Y, finalmente deberían
establecerse controles sobre la propaganda, es decir, no habría que permitir
que se hiciera publicidad masiva en los medios de comunicación para el
consumo de esas drogas. Así, no
podrían establecerse sitios de expendio de las drogas cerca de instituciones
religiosas o educativas. Las empresas tampoco podrían, como sucede ahora con
las tabacaleras, promocionar eventos deportivos. El deporte promocionado por
una compañía productora de drogas podría llevar a pensar en una propaganda
del consumo. Entonces, estos principios pues de no monopolio y, por
consiguiente, no plantación, cultivo, producción y comercio unidas en una
sola entidad o en varias, es uno de los principios fundamentales —pienso yo—
de una ley de legalización.
Así mismo, debe establecerse un sistema tributario que permita que el
Estado reciba ingresos que se dedicarían para promociones, campañas
educativas y suministro de tratamientos para los adictos.
A los interesados les recomiendo un trabajo que fue recientemente
editado por una fundación inglesa sobre este aspecto de la legalización que
lo pueden encontrar en la página web que se identifica con la siguiente
dirección:
www.tdpf.org.uk. Es bastante
comprensiva de cómo se justifica la legalización y las varias formas que he
mencionado.
Termino aquí incitando a los asistentes a que pasemos de la etapa de
la censura, de la prohibición —que aunque no debemos dejarla, no nos podemos
limitar a ello— a la de imaginar y concretar cómo puede ser un ambiente de
regulación. Muchas gracias.
