Esa química colombiana

 

Dites-vous bien que le destin est féroce lorsqu’il décide à votre place.

(Tarik Noui « Le Treille des négriers »)

           

En medio de la actual proliferación de información y desinformación, frente a los visibles esfuerzos por meter en cintura la información que incomoda a la política,  Mama Coca propone unas sencillas aunque nutridas bases de datos cronológicas y su propuesta de investigación con la convicción de que sigue siendo imperativo dejar constancia para prevenir el olvido y luchar por encontrar eco frente a una de las problemáticas químicas y bélicas más apremiantes de nuestra era: La Guerra de la Droga.

El nuevo formato de mamacoca contiene nueve bases de datos de información propia y recopilada principalmente de sitios académicos en Internet y algunos escans de impresos de referencia. Estas bases de datos buscan facilitar los procesos de investigación exhaustiva que esperamos poder acompañar con nuestro propio trabajo,  “El Papel de la Coca”.  La investigación El Papel de la Coca es una investigación en curso sobre un proceso productivo (socionegocio)  cuya vocación es impulsar la articulación y desarrollo de un diagnóstico e informe pluridisciplinario multinacional sobre los aspectos sociales, ambientales y comerciales de los procesos químicos colombianos: narcotráfico, producción, consumo, cultivo y erradicación.   

Las  5 bases de datos: “Aspersión aérea”;Cultivos proscritos y narcotráfico”, “Consumo: uso y abuso”, “Legislación: ambiente estupefaciente” y “Debate sobre políticas de plantas y drogas” referencian los ejes de la problemática de las drogas para Colombia. Las bases de datos “Bibliografía” y “Repositorio de autores en el tema” (en construcción)  proponen una lista detallada mas no exhaustiva de los estudiosos nacionales e internacionales más destacadas y perseverantes en las investigaciones sobre el tema.   

La breve  Cronología de la Guerra de la Droga” reseña los derroteros de esta guerra de más de 170 años plagada de fracasos e información ignorada al momento de diseñar las políticas. Una guerra de tramas hollywoodenses pero, sobre todo, de la sangre y sin salida del infierno químico de consumidores, campesinos, narcotraficantes y  políticas.   La Droga,  la cocaína, está al centro de cuanta serie policiaca hay. Está, sobre todo, al corazón de la cotidianidad de nosotros los colombianos. La reseña Representación Social -el Narcotráfico en el Imaginario Popular hace referencia a aquellas expresiones culturales que permiten al imaginario popular conciliar la contradicción entre sus vivencias y sueños de superación de la injusticia social, las leyendas y episodios de historia patria originadas por La Prohibición y el dictamen oficial de que Las Drogas son en mal en sí.

El trabajo de compilación de la información que constituye estas bases de datos revela que esta guerra, que se declaró en 1839 a nombre del libre comercio, se prosiguió bajo el impulso de la industria farmacéutica y a nombre la salud y se sostiene actualmente en defensa de las tesis de Seguridad Nacional/Terrorismo, ha dado el dudoso triunfo y grandes beneficios a quienes la declararon y siguen alimentando su razón de ser: las políticas de mercado y la industria química. De esta guerra, muchas somos las víctimas; y muchos, y cada vez más, los países que la sufren. Sin embargo,  fuerza es de admitir, que el emblema de las drogas la lleva Colombia. Colombia es el  laboratorio químico por excelencia de todos los procesos: cultivos químicos, procesamiento químico, erradicación química y, más recientemente, si creemos las cifras oficiales,  gran consumidora de drogas químicas importadas. 

Esta medida, el bombardeo químico -que Colombia permite y de la que hace alarde- es tan ilegitima que ni siquiera en el invadido y sometido Afganistán se han atrevido a aplicarla abiertamente como política estatal. La negación insubstancial y de plano de parte del Estado colombiano de todas las exhortaciones de científicos, comunidades locales y organizaciones sociales nacionales e internacionales,  en un intento por desgastar (cuando no desvirtuar) las protestas e intentos por obtener causa en los tribunales, es diciente del peso que tiene la oposición social en Colombia y los argumentos de la política por las armas.

Ya en 1978, la sola idea de que se fuese a fumigar suscitó múltiples reacciones adversas. Las primeras fumigaciones no contaron con el concepto jurídico favorable y anteceden  la entrada en vigencia de la ley 99 de 1993 y del decreto 1793 de 1994.  La primera condena que declaró administrativamente responsable a la Nación a la Policía Nacional por los perjuicios materiales causados con ocasión de las fumigaciones efectuadas en la Sierra Nevada de Santa Marta con el herbicida Glifosato en el mes de junio de 1986 fue proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 19 de junio de 1992. Posteriormente, ha habido otras condenas que siempre terminan dirimidas por el Consejo de Estado a favor del Gobierno colombiano escudado tras la fórmula de política de control de orden público y la aplicación de un régimen de transición en materia de licencia ambiental para eludir la ley; para seguir fumigando en total ignorancia de las repercusiones, o no, a nivel sanitario y ambiental. Lo cierto es que la ausencia de daños no se decreta y la patente de corso que se acomodó el Estado colombiano no altera las potenciales (y ya visibles si oímos las quejas de las comunidades locales) repercusiones de las aspersiones químicas. No altera los aspectos éticos y objeciones jurídicas.

La lógica dicta que no hay químicos inocuos. Ni los que se usan en los cultivos, ni los que se usan en el procesamiento, y menos aún los cócteles que se fumigan en grandes cantidades desde el aire. Los ataques de destrucción masiva sin margen de error no existen. En Colombia, las  aspersiones aéreas  son masivas, indiscriminadas y no se fumiga con Glifosato sino con un cóctel de químicos cuyo principio activo es el Glifosato potencializado por los otros químicos.  Ese mismo químico, el Glifosato, es el que se utiliza para que, esta mata que busca matar el Estado, crezca y prolifere al margen de la economía formal.  Nos dicen que el uso de precursores químicos; de Glifosato en la agricultura “tradicional”; y la cocaína consumida que pasa en los orines y ríos de Estados Unidos, razona la aplicación masiva de químicos por parte del Estado colombiano. Se asevera que el conflicto interno colombiano ahora se alimenta de la Guerra de la Droga. La historia sostiene que la política armada colombiana existía antes de la entrada en escena de la droga y, si no se resuelve por la justicia social, seguirá existiendo así algún día logremos erradicar la droga; cosa poco probable. La pregunta que debería estar al centro de la toma de decisiones es: ¿Cuáles son las bondades, así sea económicas y morales, de esta química colombiana? ¿De qué conocimientos científicos disponemos para así investirnos?  

En lo inmediato,  la falta de elementos probatorios de los daños o inocuidad de las aspersiones aéreas —justamente por no contar apenas sino con información y estudios fragmentarios— no exime la culpa de no haber aún acatado la  exigencia de monitoreo sanitario y ambiental, formulada desde que se anunció la intención de fumigar.  No exime al Estado de la obligación de responder por unos costos exorbitantes de erradicación que han sido una carga más de guerra para el pueblo colombiano que bien se podrían haber invertido en subsanar la necesidad del recurso a lo ilícito. Los vacíos de, y desdén con el que se acogió, la propuesta de erradicar comprando la coca sumado al tardío reconocimiento del repudio que suscitan las fumigaciones  aéreas a nivel internacional lleva desde el 2005 a la implementación de la erradicación manual forzada. El poco valor que tiene la vida en Colombia, el menosprecio de sus soldados y campesinos y la incapacidad de conciliar sobre la necesidad de acabar con el monocultivo de coca han dado al traste con este costoso programa. Las consecuencias del programa de erradicación manual forzada han sido desastrosas por  las muertes ocasionadas por las minas antipersonales y los ataques armados. Igual,  las fumigaciones aéreas siguen siendo el absurdo medio privilegiado e incrementado año a año; aunque los logros por ese lado no han sido nunca alentadores pues, si bien actualmente se afirma que el área cultivada en Colombia ha disminuido, también se afirma que la coca se ha desplazado nuevamente a los otros países andinos.  Así los únicos beneficiados son los usuarios de drogas que seguirán siendo los mismos pero consumiendo drogas con menos químicos. Por lo demás, trasladar el problemita a los vecinos equivale a hundir al otro para salvarse uno.  Ese sí que es el efecto globo, que llaman.

 Lo cierto es que los colombianos nos debemos un examen riguroso  del pasado-presente y futuro sanitario, alimentario, ambiental y comercial del territorio que compartimos. Requerimos investigaciones ‘de amplio espectro’, variadas, minuciosas, rigurosas e independientes que sustenten o desvirtúen las repercusiones o inofensividad de las fumigaciones. Treinta años de experimentación química da con que.  Si dichas investigaciones rigurosas (independientes de las políticas de drogas) nos revelan el temido desastre sanitario y ambiental que presagia el uso intensivo e indiscriminado de químicos, tendremos -todos, gobierno y sociedad civil- la obligación de abogar por alternativas a nombre del pueblo colombiano.  Si, por el contrario, las fumigaciones son tan inocuas como lo proclaman instancias antidrogas como la CICAD, el gobierno colombiano habrá mostrado que en Colombia no sólo las armas tienen eco.

¿Qué se tiene y qué se requiere? 

Una revisión de la literatura existente, revela que las fuentes primarias, oficiales, de campo, clínicas, imágenes y satelitales son nulas. Sabemos y no sabemos de lo que estamos hablando. Los documentos oficiales se citan entre sí con base en estimativos y escasa información de campo, y las cifras y datos de los estudios de la sociedad civil vienen de sus capacitaciones en los temas y la dispersa información de campo que logran desentrañar acá y allá; de las quejas de la comunidades desde que se efectuaron las primeras fumigaciones. Todos actuamos desde el temor y el vacío.  Las advertencias a los sucesivos gobiernos colombianos por parte de entidades públicas y ciudadanas sobre su falta de fundamentos y constitucionalidad para efectuar las fumigaciones es base suficiente para cuestionar y propender por alternativas.  Da de que dudar la falta de un seguimiento sistemático a una de las medidas estatales más controvertidas en Colombia y a nivel internacional. ¿Cuándo, dónde, cuánto y exactamente con qué se ha fumigado en Colombia desde la primera fumigación en junio de 1978?  

Ninguna política de control se puede perpetuar, ni defender, desde el desconocimiento. La información precisa y soportes de rigor  sobre las fumigaciones y el seguimiento de las mismas responde a las exigencias de investigaciones ambientales y sanitarias que se vienen haciendo al Estado colombiano- Entre otras, por parte del Inderena, cuya oposición a la medida al seno del CNE  fue manifestada desde antes de que se efectuara la primera fumigación [Carta del Inderena al Consejo Nacional de Estupefacintes el 18 de junio 1978]. En ese entonces se fumigó con el altamente tóxico Paraquat cuyo uso aéreo está ahora prohibido a nivel internacional. Los estudios, declaraciones y  auditorías de seguimiento del impacto ambiental y sanitario de las aspersiones y la información subsiguiente a los parámetros enunciados en la resolución 001 del 11 de febrero de 1994 son el primer paso para adelantar las investigaciones del caso; investigaciones  sin sesgo de drogas si se quieren resultados fiables sobre el tema objeto de estudio. El daño que puede ocasionar el consumo nasal y/o intravenoso de cocaína o heroína y el daño ocasionado por el uso de precursores químicos y agroquímicos en la agricultura son variables independientes del daño que, como muchos sostenemos, ha ocasionado y sigue ocasionando el Estado colombiano con sus aspersiones aéreas.  El consumo de los químicos asperjados por el Gobierno colombiano no sólo lo sufren los campesinos y erradicadores, lo sufrimos todos los colombianos que nos alimentamos del agro; lo sufren los proyectos de desarrollo alternativos y de cultivos supuestamente orgánicos y lo sufrirán ineluctablemente  las exportaciones colombianas si no tomamos las previsiones del caso. Es poco probable que la causa de drogas sirva de argumento para que a Colombia se le otorgue una excepción al comercio sus productos saturados de químicos y el hecho es que, aunque el perfil de manejo de las fumigaciones no es el mismo, se sigue fumigando y ahora sí que el silencio al respecto es opresivo, ofensivo e imperdonable. !Fácil: las fumigaciones (ya) no hacen daño, son las FARC las que promueven las protestas en su contra!

Bien haría el actual Gobierno en otorgar el beneficio de la duda —del Principio de Precaución— (así sea, incongruentemente, a posteriori) comenzando el desfase de esta medida y facilitando la información e investigaciones que permitan los conocimientos y el desarrollo de proyectos en armonía con un mundo en el que priman las consideraciones ambientales.  El Gobierno de Juan Manuel Santos debe entrar a considerar que el mayor servicio que le puede prestar a Colombia, y Colombia a la Comunidad Internacional, es contribuir a superar el jaque químico en el que se encuentra el país. Las alternativas para acabar con esta química colombiana existen y Colombia merece más que el mito de los herbicidas inocuos y la conversión de su gran biodiversidad en otra leyenda de “El Dorado”.

 María Mercedes Moreno

 Enero 2011