ENCUENTRO IDENTIDADES CULTURALES Y PATRIMONIOS NATURALES
Foro Social Colombia
2005
MESA DE CONTROVERSIA
Relatoría elaborada por Santiago Posada y Juan David Moreno (Mama Coca)
Fumigaciones, Plan Colombia e Impacto al Patrimonio Natural y Derechos Humanos
El desarrollo del encuentro se orientó hacia dar respuesta a las siguientes preguntas transversales:
- ¿Cuáles son las características de las prácticas del Estado frente a los temas relativos al medio ambiente, servicios públicos, territorios étnicos, parques naturales y biodiversidad?
- ¿Cuál es el estado de los movimientos de resistencia a dichas políticas y cuáles serian las bases de una estrategia de coordinación de las resistencias?
- ¿Qué alternativas se construyen desde las resistencias y cual es el estado de desarrollo de las mismas?
Los elementos centrales que orientaron la reflexión y el análisis respecto a la problemática estuvieron referidos a:
Fumigaciones: Alternativas de Resistencia desde las Comunidades
Por: Elsa Nivia
RAPALMIRA –Red de Plaguicidas para la América Latina (RAPAL)
En su presentación Elsa Nivia se refirió a la composición química de la mezcla que se utiliza en las fumigaciones aéreas a cultivos de hoja de coca y a la alta toxicidad de las fumigaciones. Comenzó planteando que ciertamente el glifosato es de baja toxicidad, pero sin embargo habría que considerar los efectos de largo plazo del mismo. El glifosato sólo no es absorbido por las plantas. Necesita otros elementos para poder dañar las cutículas de las hojas y toda parte verde de una planta donde se hace fotosíntesis. Necesita sustancias que hagan corrosión para que pueda ingresar al interior de la planta para lograr su efecto herbicida.
En herbicidas que ya se venden en el mercado, producidos por Monsanto y que contienen glifosato, se utiliza un sulfactante (POEA) que tienen efectos parecidos en la piel o en el suelo al que se produce en las hojas para que el glifosato pueda entrar.
Hay una manipulación de la información científica al decir que el glifosato es inocuo porque es de baja toxicidad pues no se está considerando el alto nivel tóxico de la mezcla para que el glifosato produzca efectos herbicidas. El Gobierno colombiano rara vez hace referencia a la mezcla que realmente utiliza (Glifosato con POEA, cosmoflux y agua) justamente para esconder así la magnitud de la toxicidad de las fumigaciones.
La toxicidad de la mezcla que se utiliza, que no es únicamente Glifosato, explica los síntomas de intoxicación aguda tanto en animales como humanos. El contacto con la mezcla hace que el glifosato circule por la sangre. Los síntomas que se prensentan son fiebre, vomito y diarrea y el contacto de los surfactantes con la piel puede generar infecciones cutáneas con el paso del tiempo.
Otra discusión que se deriva de la problemática de las fumigaciones es la relacionada con la contaminación del agua. Las fumigaciones para la erradicación de la coca, al igual que la agricultura sustentada en el uso de agrotóxicos,está contaminando las fuentes del agua y la desaparición de la fauna acuática. El glifosato es aún más tóxico para los animales acuáticos y anfibios que para los mamíferos. Es así que que las fumigaciones generan un aún mayor impacto social en aquellas comunidades que realizan actividades relacionadas con la pesca que en las comunidades que viven de la agricultura.
Elsa Nivia hizo un llamado a ser coherente en el discurso y prácticas cotidianas, y que al igual que existe la necesidad imperativa de oponerse a las fumigaciones con glifosato en los cultivos de coca, es preciso también oponerse a la agricultura que usa pesticidas y agrotóxicos y abstenerse del cultivo, consumo y comercialización de productos no orgánicos.
Propone una reforma del modelo agrícola; que se reglamente el uso de agrotóxicos ya que contaminan las aguas y causan la muerte de especies hidrobiologicas, daños a cultivos, el medio ambiente y la salud humana.
La aplicación de una agricultura orgánica permitiría a los cultivadores exigir (sin caer en contradicciones) al gobierno la suspensión de las fumigaciones.
Debemos enfocar todos los frentes hasta lograr cultivos libres de agrotóxicos. Es indispensable tener presente los riesgos del glifosato a nivel genético, su ´potencial cancerígeno, a nivel de degradación de suelos, contaminación de fuentes de agua e impacto sobre la flora y fuana.
Observaciones al Estudio del Programa de Erradicación de Cultivos Ilicitos Mediante la Aspersión Aérea del Herbicida Glifosato (PECIG), y de los Cultivos Ilicitos en la Salud y el Medio Ambiente.
Por: Tomas León de Sicard
Agrólogo docente
IDEA-UN
El profesor Tomás León de Sicard comenzó planteando que la subjetividad en la ciencia siempre está presente, y que toda lectura o diagnóstico que se haga en un estudio científico comprende altos grados de interpretación personal que pueden brindar resultados tanto hacía un lado como hacía otro. En este sentido, la ciencia no es una práctica fría, ajena al cuerpo social. Sino que está inmersa en los circuitos culturales y por lo tanto no es ajena ni a su tiempo ni a su entorno. No puede aducir inocencia y lavarse las manos cuando ella misma es vehículo y camino de las contradicciones de la sociedad.
Lo anterior lo hizo como presentación de las observaciones que él y unos colegas suyos de la Universidad Nacional de Colombia hicieron al Estudio de la CICAD (, comisión adscrita a la OEA), titulado “Estudio del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante la Aspersión Aérea del Herbicida Glifosato (PECIG), y de los Cultivos Ilícitos en la Salud y el Medio Ambiente”. El estudio de la CICAD fue presentado públicamente como de alto grado científico en relación a la utilización del Glifosato en la erradicación de cultivos de Coca.
El profesor habló acerca del estudio, mencionando que fue hecho por un grupo de expertos internacionales contratados específicamente por la Oficina para el Control y Abusos de las Drogas (CICAD) dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Quienes suscriben el estudio expusieron públicamente su trabajo de más de un año y en él conceptúan, palabras más palabras menos, que el glifosato tal como se usa en el Programa de Erradicación Aérea de Cultivos Ilícitos (PECIG) no genera riesgos para la salud humana o para el ambiente (Solomon et al. 2005). El estudio costó US $1.000.000 y fue elaborado en el término de un año; seis meses de revisión de la literatura y 5 meses de estudio de campo.
Los investigadores de la CICAD desde el comienzo del informe plantean que no tomaron en cuenta elementos consustanciales a las fumigaciones: “se excluyen del estudio específicamente todos los aspectos sociales, políticos y económicos y el informe final se basa estrictamente en la ciencia y en argumentos basados en la ciencia”.
De tal manera, Tomas León plantea, que el estudio no consideró, o si lo hizo fue de manera tangencial, los riesgos directos o indirectos sobre ecosistemas o agroecosistemas vecinos, pérdidas de biodiversidad, muerte de animales domésticos, desplazamientos de población o incremento en procesos erosivos del suelo como consecuencia del uso del herbicida. Igualmente no se tuvo en cuenta las más de 8.000 quejas en contra de las fumigaciones que reposan en la Defensoría del Pueblo
El profesor León se sustenta en tres puntos implícitos en la argumentación del estudio de la CICAD para esbozar su crítica a la noción de ciencia y a la ética del mismo. 1º- en la medida en que se asume la investigación como científica desde las ciencias “duras”, se deja de lado a las ciencias sociales, humanas y económicas del análisis ambiental; 2º- el estudio coloca el acento solamente en las explicaciones que proviene de las ciencias naturales o ciencias “duras” en un fenómeno que, en realidad, toca muchos más de los aspectos considerados por ellos y en tercer lugar, porque es ineludible que este estudio, o cualquier otro de la misma índole se utilizará con fines políticos, como ha sucedido en efecto.
León insiste en la necesidad de abordar el tema de las fumigaciones con mayor discernimiento ya queen la medida que en el caso colombiano es especial en la medida en que se trata de la primera vez en la historia de la humanidad en que un país es sistemáticamente sometido a fumigaciones con herbicidas para erradicar un cultivo (que no es una maleza); un cultivo atado por milenios a la cultura local y a la actual conflictividad social, económica y política de un país que atraviese sin duda, una realidad supremamente compleja.
El profesor hizo un llamado a la academia y destaca la insuficiencia de las respuestas de las universidades y de los centros de investigación frente a los problemas fundamentales del país. Colombia nunca se ha planteado con seriedad las repercusiones del uso de venenos en la agricultura y por décadas impulsó y aún impulsa la utilización indiscriminada de fungicidas, herbicidas, insecticidas y otras sustancias venenosas sin realizar estudios serios y monitoreos continuos sobre sus efectos a corto, mediano y largo plazo en diversos componentes de los ecosistemas y en la salud de los consumidores.
El hecho de que el país no cuento con estudios serios sobre los efectos del glifosato en los ecosistemas y en la salud no quiere decir que tales efectos no existen.
Para concluir, el Profesor León hizo un llamado a entender que la solución al problema del consumo de narcóticos no es tecnológica. Esto quiere decir que la humanidad no debe buscar cómo eliminar físicamente las plantas de coca, porque ello puede hacerse fácilmente a mano o simplemente abandonando los cultivos. Sólo que estos actos se revisten de una enorme complejidad porque están teñidos con condicionantes militares, políticos, económicos, sociales y morales en donde debe dirimirse el problema.
El problema debe dirimirse es en la enorme complejidad de los factores militares, políticos, económicos, sociales y morales que conlleva el dilema de los cultivos de
DEBATE JURÍDICO SOBRE LAS FUMIGACIONES:
Por: Diana Murcia
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Las fumigaciones con glifosato se iniciaron en 1984 y hasta el año 2002, cuatro años después de implementado el Plan Colombia las denuncias sobre los efectos llegan a los tribunales colombianos debido a la acción popular presentada en Nariño por las fumigaciones ocurridas en municipio de Barbacoas. El Consejo de Estado falló en contra de las aspiraciones de los demandantes alegando que “no se verificó la situación del daño causado como acción directa de las fumigaciones aéreas en las áreas fumigadas”. Sin embargo, destacó que las fumigaciones se habían realizado sin contar con un Plan de Manejo Ambiental para la zona, y advirtió que las fumigaciones deberían hacerse siempre y cuando se cumpliera con este requisito. En 2003 ordenó que se iniciara el proceso de consulta a estos pueblos indígenas según se desprende del convenio 169 de la OIT aun que el fallo fue positivo sus territorios continuaron siendo fumigados.
En 2004 el Consejo de Estado falló una apelación realizada por el Tribunal de Cundinamarca que con base en el principio de Precaución había ordenado suspender provisionalmente las fumigaciones en todo el país fundamentado en que no había razón valedera de que exista peligro de daño irreversible y grave al medio ambiente. En el 2005 falló en contra de las pretensiones de un campesino del Caquetá, que había perdido todos los cultivos agrícolas por falta de una prueba contundente que demostrara que los daños en materia de salud, medio ambiente o seguridad alimentaria se debieran directamente a las fumigaciones aéreas, y en cambio terminó justificándolas como un deber legítimo del Estado para combatir el narcotráfico.
Debido a la muerte de ocho niños en la frontera con Ecuador, la Federación de organizaciones del cordón fronterizo del Ecuador ( FORCOFES) presentó un recurso de amparo contra el Gobierno ecuatoriano por omisión en su deber de proteger a sus ciudadanos, violaciones de los derechos humanos, a la salud, a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, así como el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición. Culparon al Estado de la República de Colombia como responsable de los daños transfronterizos establecidos en el artículo 23, numerales 6 y 20 de la Constitución Política del Ecuador. Como respuesta el Tribunal Administrativo de Quito resolvió amparar los derechos a los ciudadanos ecuatorianos y con base en el principio de precaución ordenó la suscripción de un memorando de entendimiento entre Ecuador y Colombia.
Ante tal incidente diplomático, las autoridades colombianas se apoyaron en el informe “técnico – científico” elaborado por la CICAD (2005) lo cual demuestra que los tribunales de justicia colombianos no quieren proteger los derechos de los ciudadanos y los Tribunales de Justicia Ecuatoriana si se preocupan por la situación, pero no tienen herramientas fuertes para hacer cumplir sus fallos. Mientras tanto miles de personas siguen siendo víctimas de las aspersiones y ni siquiera son registradas, es decir, las estadísticas oficiales no reflejan la tragedia ambiental ni humana de las fumigaciones, ni están interesadas en hacerlo.
Y ahora qué hacemos?
En cuanto a fumigaciones el debate jurídico en Colombia ya está agotado. A través de veintisiete años se ha opacado cualquier crítica o acción legal contra las fumigaciones. Por este motivo el debate debe continuar y tomar fuerza a nivel político.
El día 2 de noviembre organizaciones sociales, académicas y no gubernamentales sostuvieron una interesante reunión con parlamentarios de todo el mundo pertenecientes al partido verde. Allí se propuso el establecimiento de una alianza entre sectores sociales colombianos y las iniciativas políticas de dichos parlamentarios.
Actualmente hay redes dispersas de lucha contra las fumigaciones, contra la política antidrogas, por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, hay también movimientos que se oponen a los operativos militares tales como el Plan Patriota, que no sirven más que para bloquear de manera infame a la población, privándola de los mínimos elementos para sobrevivir.
Todas estas iniciativas y redes, organizaciones sociales y personas, debemos iniciar un trabajo arduo de coordinación y alianza, en la que se combinen los debates científico, académico y político, para iniciar acciones de exigibilidad social, política y jurídica.
La propuesta entonces, es dar el paso a las alianzas, a las solidaridades a través de un trabajo conjunto coordinado, que nos haga fuertes justo en el año en que más poblaciones y tierra han sido fumigadas, justo en el año en el que la ayuda norteamericana para el Plan Colombia fue mayor, justo en el año en que el gobierno decidió perdonarse y perdonar a los violadores de derechos humanos.
Debe haber responsables por todo el daño ambiental y social que se está causando con las fumigaciones aéreas con glifosato. Deben conocerse quienes son los directos beneficiados con la implementación de las fumigaciones. La Monsanto y el Ejército Nacional deben ser llevados a un tribunal de justicia nacional e internacional para que sean condenados por su directa responsabilidad en la degradación ambiental y en la afectación de comunidades. Igualmente debe haber responsables en los altos niveles del gobierno colombiano y de los Estados Unidos. Así la propuesta de la realización de un tribunal de justicia contra las fumigaciones queda en pie.
Justo en el año en el que la impunidad está más de moda, la propuesta es que se imponga la moda de enlazarnos, nosotros, los que creemos en que la solución debe darse contando con la dignidad humana, nosotros, los que creemos que otro mundo, es posible.
Intervención:
LA ESQUIZOFRENIA DE MI ESTADO COLOMBIANO
María Mercedes Moreno
Mama Coca www.mamacoca.org
El Foro Social Colombia se ha fijado el objetivo de hacer un balance general de la situación. Se ha propuesto evaluar si las políticas de drogas actuales contribuyen o no a reducir los problemas de narcotráfico y violencia con miras a construir una agenda factible que incluya propuestas de acción conjunta y estrategias correspondientes, entre sectores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil.
La intervención comenzó precisando que, para hacer este balance, lo primero que tenemos que ver es la esquizofrenia en la que se encuentra inmersa la actual administración: un proceso de desmovilización en el que, mientras se afirma que los crímenes de lesa humanidad sí son reconciliables y que, naturalmente, el negocio del narcotráfico es imperdonable, se está incorporando los dineros del narcotráfico en el seno del sistema financiero y político colombiano gracias a fondos destinados a la guerra de la droga.
Un primer elemento a tener en cuenta en la problemática se relaciona con los cultivadores de la hoja de coca. Resulta necesario mirar que mientras se negocia con los paramilitares de las AUC el traspaso de armas a cambio de un mayor poder político y que sus propiedades no se vean afectadas, el gobierno plantea que la coca, su procesamiento y comercio son lo que financia la guerra; y que acabando con la coca van a acabar la guerra y que para ello la única alternativa es fumigar.
En Colombia se está aplicando impunemente una guerra química en contra del campesinado desde hace ya casi 30 años. Millones de litros de mezclas químicas bombardeadas desde el aire seguramente han convertido a los colombianos en uno de los pueblos más propensos a enfermedades genéticas y cánceres. Además nuestros gobernantes están destruyendo impunemente los recursos naturales de Colombia para las necesidades ambientales futuras de la Humanidad.
El segundo elemento en la presentación de María mercedes Moreno es aquel relacionado con los usuarios o consumidores de planta y sustancias alteradoras de consciencia. Al respecto cabe tener en cuenta que el lucro que genera un comercio con un mercado de 185 millones de consumidores, que por demás está en plena expansión, hace muy difícil que los antinarcóticos pueden pretender lograr la famosa meta de cero drogas y mucho menos para el 2008.
En el 2002, la ONDCP (Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de USA) lanzó una campaña vinculando el consumo de drogas a los actos terroristas. Colombia, al igual que muchos otros países de América Latina asumió la bandera. De ahí que el mensaje que prevalece actualmente frente al consumo es “usted consume droga, usted financia terrorismo”…. Este mensaje es simplemente más de lo mismo; en este caso la culpa de las Guerra de la Droga la tienen los consumidores. Además de la penalización del consumo, ahora estamos a un paso de incriminar a los consumidores por financiar actos terroristas.
PAZ CON LAS “DROGAS”
Para finalizar, la presentación se centró en una propuesta tendiente a abordar de manera distinta la problemática de la producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. La Guerra de la Droga de moral no tiene nada; si no es a nivel de la incorporación que ha hecho la sociedad civil de la idea de que ‘droga’ es sinónimo de degeneración.
Más allá de la guerra contra la coca, a medida que la Guerra Terrorista se funde con la Guerra de la Droga, la paz del mundo también depende de que nosotros la sociedad civil hagamos las paces con las llamadas ‘drogas’.
Se propone que entre todos tratemos de comprender el dilema no sólo del campesinado cocalero sino asimismo de los consumidores de sustancias alteradoras de consciencia, estigmatizados, criminalizados y obligados a esconderse y negarse como si lo suyo fuese un acto criminal, o un acto contra terceros.
Mientras los colombianos no aceptemos y actuemos sin moralismos importados frente al cultivo, consumo y narcotráfico en nuestro seno, seguiremos prestándonos para que nos arrodillen con el pretexto del daño que le hacemos al mundo.
Yo diría que primero tenemos que hacernos a la idea de que, por mucho que las iniciativas y apoyos a la guerra vengan de Washington, las respuestas y los cambios corren exclusivamente por cuenta nuestra. Propongo entonces que los que nos han escuchado en este auditorio se integren de manera activa a este proceso de reconciliación nacional que comienza por hacer la paz con las drogas. Que consideremos la posición y situación de todas las caras de este fenómeno que existe desde que la humanidad es humanidad pero que la cultura occidental ha logrado convertir en tragedias humanitarias y combustible para la guerra.
En este foro sobre identidades culturales y recursos naturales tenemos que tener muy presente que, mientras el Estado colombiano siga en toda inconsciencia inundando el país con químicos, nuestras ricas aguas, biodiversidad y capital humano no serán más que otra Leyenda del Dorado. Cualquier propuesta y movilización en defensa de nuestro legado natural que no parta de un rechazo tajante de las fumigaciones, estará destinada a soñar con lo que pudo haber sido y no fue. Si deseamos que otro país sea posible necesitamos recuperar nuestras aguas, tierras y comida sin tóxicos obligando al Estado colombiano a que abandone su política de autoflagelación. Esto sólo se logra articulando el accionar social para que se sepa y se tenga en cuenta lo que piensa la sociedad desarmada de este país. Podemos y, concretamente, pediría que cada uno de los presentes que anote una breve sugerencia de acciones viables que podríamos emprender para movilizarnos a fin de obligar a nuestros gobernantes a que tengan un mínimo de dignidad y que cesen de fumigarnos como cucarachas. No somos nosotros los que debemos comprobar el daño. Compete al Estado dejar de fumigar —por Principio de Precaución— mientras rinde evidencia contundente de que no está contribuyendo a la degradación de la salud y medio ambiente del pueblo colombiano.
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