ENCUENTRO IDENTIDADES CULTURALES Y PATRIMONIOS NATURALES

Bodega Alta, Cauca, 3, 4 y 5 de noviembre 2005

 

Foro Social Colombia

 

 

DOCUMENTO DE ENFOQUE

 

El encuentro “Identidades Culturales - Patrimonios naturales”, parte integrante del III Foro Social Colombia, tiene como antecedente inmediato la realización, en diciembre de 2004, del segundo Foro Social Colombia, dentro del cual funcionó el espacio denominado “Afirmando y defendiendo los bienes comunes de la tierra y de los pueblos como alternativa a la mercantilización y el control de las transnacionales”.

 

Las organizaciones y personas que participaron en dicho espacio identificaron consensos básicos en torno a los siguientes puntos:

 

· La defensa de la vida y el rechazo a la guerra.

 

· El rechazo a la privatización de los recursos naturales, su explotación comercial en beneficio del capital nacional y transnacional y en particular la privatización de los servicios públicos.

 

· El apoyo a una reforma agraria integral y al mandato agrario e indígena.

 

· La autodeterminación en el uso sostenible del territorio y el rechazo al ALCA y el TLC.

 

Así mismo hubo acuerdos en torno a diversas acciones, entre ellas la campaña de semillas que propone el sector agrario, la realización del Congreso de Usuarios de Servicios Públicos y la campaña de defensa del Agua como bien público.

 

El Congreso fue realizado como estaba previsto y de él surgió la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos.

 

Entre tanto, la campaña de defensa del agua (EL AGUA: UN BIEN PÜBLICO) fue lanzada (27 de Abril) y avanza en su primera fase (construcción de los diagnósticos sobre la situación del agua en las regiones), la cual debe culminar en los días previos al evento. En este se hará el lanzamiento de los foros regionales, que constituyen la segunda fase de dicha campaña.

 

Puede afirmarse que los consensos construidos y las acciones acordadas han venido rindiendo frutos en una mayor articulación de las organizaciones y movimientos implicados y en la profundización de la resistencia a las políticas neoliberales. Sin embargo, aún no se logran visibilizar consistentemente las alternativas que se están construyendo a través de las experiencias locales e incluso regionales, y menos convertirlas en propuestas de políticas públicas que se constituyan en polo alternativo frente a la dinámica privatizadora y mercantilista dominante.

 

La amenaza sobre los bienes comunes sigue creciendo aunque la resistencia, como veremos, ha dificultado la adopción rápida y sin tropiezos de las medidas que se han diseñado para ampliar y profundizar los procesos de privatización y mercantilización de dichos bienes.

 

Un somero análisis permite constatar los siguientes campos de conflicto:

 

1)       La política guerrerista de la “seguridad democrática”, si bien crea la sensación de ausencia de conflicto, sobre todo en la región central y en las inmediaciones de las principales ciudades colombianas, viene consolidando el dominio de los grupos paramilitares en trance de legalización mediante la denominada Ley de Justicia y Paz.

 

Lo anterior genera una situación favorable a la profundización del modelo extractivista, funcional a los intereses de las transnacionales, mediante la ampliación de la minería y la explotación forestal en detrimento de la biodiversidad y de las culturas indígenas, afrocolombianas y campesinas, cuyas poblaciones están siendo desplazadas. En este último campo se destaca la deforestación de la selva húmeda tropical del Urabá chocoano y de la costa pacífica nariñense para sustituir dicha selva por plantaciones de palma africana.

 

A la vez se consolida el nuevo latifundio narco – paramilitar, con modelos de ganadería extensiva altamente destructivos de los ecosistemas y de la posibilidad de impulsar una agricultura diversificada y ecológicamente sustentable que garantice la seguridad y soberanía alimentaria de la población. Se trata, en suma, de un reordenamiento territorial de gran envergadura impuesto por la fuerza.

 

Sin embargo, y a pesar del terror desatado por el conflicto armado, las comunidades continúan resistiendo y cualifican su oposición, destacándose las movilizaciones realizadas por el movimiento indígena del Cauca.

 

La Ley Forestal que da cubrimiento legal a la explotación en gran escala de las selvas colombianas y que es impulsada desembozadamente por la USAID, ha encontrado dura resistencia en las organizaciones étnicas colombianas y en las organizaciones ambientalistas, que han demostrado la peligrosidad de dicha Ley para la biodiversidad natural y cultural. El trámite del proyecto de Ley no ha podido culminar tranquilamente con su aprobación, a pesar de la celeridad con que ha sido impulsado por el Gobierno.

 

Tanto la denominada política de “seguridad democrática”, como la Ley Forestal, menoscaban el Estado Social de Derecho, al promover medidas que debilitan la protección de los derechos humanos y desconocen los derechos colectivos de indígenas y afrodescendientes establecidos en la Constitución de 1991, al reconocer el carácter pluriétnico y pluricultural de la nación colombiana.

 

 

2)       Los indígenas y los afrodescendientes están entre los grupos mas afectados por el conflicto armado y por la forma “guerrerista” en que éste pretende ser resuelto por el actual gobierno. A su vez la población campesina, que a pesar de todos los embates que sufre sigue siendo el pilar fundamental de la seguridad alimentaria del país, enfrenta una verdadera contrarreforma agraria que concentra la tierra a niveles nunca vistos en el país, mientras que el Mandato Agrario, la más reciente propuesta del movimiento campesino, es ignorada por el gobierno.

 

El desplazamiento y la destrucción de la cultura de estos amplios sectores sociales son las principales amenazas no sólo para las personas, en particular mujeres, niños y niñas, sino para la biodiversidad característica de sus territorios ancestrales. Por la estrecha vinculación entre la necesidad de preservar la identidad cultural de estos pueblos y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que conforman los territorios que tradicionalmente han habitado, es que hemos denominado el Encuentro que tendremos “Identidades Culturales – Patrimonios Naturales”.

 

En él abordaremos la relación cultura – territorio – medio ambiente, mas no se profundizará específicamente en el campo de lo étnico o de lo cultural, lo cual daría para otro evento no menos importante. Se hará énfasis, sin embargo, en la incidencia que las amenazas detectadas en cuanto a lo ambiental tienen en estas culturas y su relación con el territorio.

 

3)       Las políticas de lucha contra el narcotráfico y la llamada “erradicación de cultivos ilícitos” fracasan estruendosamente, pero siguen implementándose en función de diversos intereses. No obstante los adversos y contradictorios resultados de su aplicación, se amenaza con ampliar y extender las fumigaciones a los parques nacionales. Igualmente el Gobierno Nacional, apoyado por la administración Bush, intenta nuevamente convencer a la opinión pública de la inocuidad de dichas prácticas, esta vez con el aval de un cuestionable estudio de la OEA cuyas limitaciones metodológicas y la consiguiente invalidación de sus conclusiones fueron puestas en evidencia por expertos de la Universidad Nacional de Colombia.

 

Sin embargo, la fuerte reacción de los ambientalistas y de amplios sectores parlamentarios colombianos, encabezados por la izquierda democrática, a la cual se sumó el rechazo de sectores del propio Congreso de los Estados Unidos y organizaciones ambientalistas de ese país, han mantenido congelada la medida. No obstante, en el resto del territorio continúan las fumigaciones con sus consecuentes daños sociales y ambientales.

 

4)       Los bienes comunes, como el agua, continúan siendo convertidos en mercancía y su comercialización en fuente de enriquecimiento para las transnacionales que avanzan hacia el control del sector.

 

En Colombia son ya evidentes las nefastas consecuencias de la privatización de los servicios públicos, entre ellos el suministro de agua. Ahora se pretende, mediante la denominada Ley “Por la cual se establecen medidas para orientar la planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional”, avanzar hacia la privatización de las corrientes de agua dulce y los depósitos de agua subterránea, estableciendo un sistema de concesiones que pueden cederse sin mayores requisitos, es decir estableciendo un “mercado del agua”, a tono con las políticas del Banco Mundial y del denominado Foro Mundial del Agua.

 

Frente a lo anterior se amplía el movimiento de resistencia a la privatización de los servicios públicos. Dicho movimiento confluyó en el reciente Congreso de Usuarios de los Servicios Públicos, el cual definió la plataforma política, el plan de acción y resoluciones en torno al fortalecimiento del movimiento de los servicios públicos.

 

De otra parte, el mencionado proyecto de ley del agua está siendo ampliamente cuestionado desde diversos sectores, lo cual hace presagiar que su aprobación tampoco será fácil.

 

La privatización de los servicios públicos y la amenaza de extenderla a las fuentes de agua afecta particularmente la situación de la mujer y de los niños y niñas, por cuanto ellas y ellos dependen más fuertemente del suministro del vital elemento para sus actividades domésticas. La privatización de cuencas agrava las labores de acarreo de agua, que en forma injusta se han encargado a estos sectores de la población.

 

5)       Otra amenaza que se cierne sobre los bienes comunes es el Tratado de Libre Comercio, que no solo profundizará la dependencia y subordinación del país al mercado mundial, sino que privatiza la naturaleza a través de la patentación de especies vegetales, grave riesgo que ha sido denunciado por organizaciones ambientalistas nacionales y, más recientemente, por organizaciones no gubernamentales estadounidenses.

 

Con relación al mencionado tratado, es suficientemente conocida la oposición que crecientemente suscita en Colombia, aún entre sectores tradicionalmente aliados de las políticas gubernamentales como la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC. A pesar de lo anterior, el Presidente de la República parece encaminado a aceptar el punto de vista de los negociadores norteamericanos, llegando incluso a desautorizar a sus propios ministros cuando éstos se apartan de la línea oficial de sometimiento a los dictados de la Administración Bush.

 

Para lograr todo lo anterior, el Sistema Nacional del Ambiente SINA, que con altibajos y contradicciones se venía construyendo desde 1991, ha resultado incómodo para el actual Gobierno. Este, acorde con la banca multilateral y la OMC, considera que las medidas de prevención y las limitaciones ambientales a las actividades económicas son una traba para el libre desarrollo del mercado.

 

En esta lógica, el desmonte progresivo de la institucionalidad ambiental, incluido el amplio sector de funcionarios comprometidos con los objetivos del SINA, ha sido una consecuencia lógica de la visión imperante.

 

Igualmente es coherente con la tendencia a desmontar el Estado Social de Derecho, tendencia que también se manifiesta en el abandono de los elementos de política de participación que precariamente se habían venido construyendo en las administraciones anteriores y que la actual ha borrado prácticamente del mapa.

 

Las anteriores políticas forman parte de la agenda mundial de las multinacionales y los gobiernos y organismos multilaterales que las apoyan.

 

Así, por ejemplo, “leyes del agua” son promovidas en otros países latinoamericanos obedeciendo la política del Banco Mundial de promover los llamados “mercados del agua”.

 

Igualmente, el desmonte de la institucionalidad ambiental colombiana se corresponde con procesos similares en otros países de la región y del mundo, en consonancia con el abandono de los principios e iniciativas establecidas en la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, principios que fueron sustituidos por el pragmatismo y los intereses comerciales que dominaron la Cumbre de Johannesburgo.

 

Enfrentamos, en suma, una tendencia global de mercantilización de la vida en sus diversas manifestaciones.

Por las razones anotadas, importantes puntos de coincidencia temáticos y de acción se identificarán y desarrollarán en el VI Foro Social Mundial policéntrico, que tendrá lugar en Enero de 2006.

 

En los diversos escenarios de éste: Karachi (Pakistán), Bamako (Malí) y, especialmente para nosotros en Caracas, se hará evidente que la resistencia que existe en el país se inscribe en amplias corrientes de oposición internacional, aunque falte una mayor visibilización y articulación de la misma.

 

En el contexto anterior, el Encuentro Identidades Culturales – Patrimonios Naturales está llamado a profundizar en el análisis de un conjunto de temas de candente actualidad, a multiplicar las acciones de resistencia, ampliando la articulación y coordinación de los movimientos y organizaciones que los impulsan.

 

Los temas que por su importancia deben ser tratados se abordarán en los paneles, mesas de controversia y talleres que se describen en documentos específicos.

 

A lo largo del Encuentro intentaremos responder las siguientes preguntas transversales:

 

 

 

 

 

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