Las comunidades afectadas por la aplicación del llamado Plan Patriota en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo en el marco del Foro Nacional MILITARIZACIÓN E IMPACTO SOCIAL DEL PLAN PATRIOTA EN EL SUR DEL PAÍS.
 

 

Declaramos:

Que en los departamentos del Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo se está desarrollando desde el inicio de 2004 un operativo militar denominado Plan Patriota

Que en el marco de las operaciones militares del denominado Plan Patriota, se están cometiendo diversas violaciones a los derechos humanos por parte de las unidades militares y de Policía que operan en los departamentos arriba citados Entre estas violaciones se destacan: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos inhumanos y degradantes, maltrato verbal y ejecuciones extrajudiciales.

Que en el marco de las operaciones militares del denominado Plan Patriota se están cometiendo diversas infracciones al Derecho Internacional Humanitario especialmente, ocupación de viviendas de campesinos, instalación en escuelas para ser utilizadas como campamentos transitorios, las unidades militares han obligado a civiles a patrullar junto con ellos exponiendo así sus vidas, han obligado al desplazamiento forzado a las personas que acusan de ser auxiliadores de la guerrilla o a familiares de ellos.

Otras infracciones al DIH que se registran a propósito de la puesta en marcha del Plan Patriota tienen que ver con la siembra de minas antipersonales por parte de la insurgencia y de miembros de grupos paramilitares.

Que el Plan Patriota ha sido el escenario propicio para la práctica sistemática de criminalización, judicialización y hostigamiento a líderes populares y demás pobladores de la zona, incluyendo sobrevivientes de la Unión Patriótica, buscando generar terror en las poblaciones para con ello desvertebrar el tejido social constituido por organizaciones con muchos años de trabajo social y comunitario en estas zonas, que aportaban a la construcción de escenarios democráticos y participativos para la búsqueda de la paz y el desarrollo.

Que adicionalmente la conducta tanto de las unidades militares como de Policía, que participan en las operaciones del Plan Patriota han incluido acciones de asalto, pillaje y bandalismo en contra de los pobladores, en la mayoría de los casos se trata de hurtos de animales domésticos, hurtos en las viviendas de los pobladores, extorsiones, chantajes y amenazas.

Que una de las características de la aplicación del Plan Patriota es la consolidación territorial de los grupos paramilitares. A la par de las operaciones militares del Plan Patriota hemos venido observando cómo los paramilitares están ocupando nuevos territorios y consolidando su poder local con la tolerancia y complicidad de las autoridades militares y de policía y de algunas autoridades locales civiles de estos departamentos. Producto de esta consolidación, se han presentado asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, extorsiones y masacres.

Adicionalmente los grupos paramilitares ejercen una importante y creciente presión contra los campesinos para monopolizar la producción y comercialización de la base de coca, con lo cuál están potenciando el poder del narcotráfico en dichas zonas en detrimento del medio ambiente, del desarrollo económico regional, etc.

Que la estrategia paramilitar fomentada y apoyada por las operaciones del Plan Patriota está favoreciendo el establecimiento de monocultivos agroexportadores, y de ganadería extensiva arrasando con la selva amazónica.

Que en el marco de las operaciones del Plan Patriota se ha extendido la práctica de fumigación indiscriminada y extensiva no sólo de cultivos de uso ilícito sino de cultivos para la subsistencia, cultivos de programas alternativos, fuentes de agua, centros poblados, resguardos indígenas, y parques nacionales naturales.

Que es una situación de especial preocupación la condición de la mujer en dichas zonas ya que se han presentado casos no denunciados de abuso o acoso sexual por parte de las unidades participantes de las operaciones el Plan Patriota.

Que causa especial alarma la situación de vulnerabilidad de niños y niñas afectados por la situación de hambruna causada por las fumigaciones y el bloqueo alimentario y de medicinas, y la afectación de los menores por los combates que se presentan en zonas pobladas, por los ametrallamientos y bombardeos aéreos y terrestres, por las acciones perpetradas por los paramilitares, y el aumento de casos de prostitución infantil.

Es por ello que los participantes en este Foro Nacional reafirmamos nuestro rechazo al Plan Colombia y su política de fumigación aérea y militarización a través de operaciones militares sostenidas como el Plan Patriota, a la política de bloqueo económico, alimentario y médico y de la limitación al derecho de la libre locomoción a través nuestros territorios, y de la constante acusación a todos los habitantes de estos departamentos de ser auxiliadores, cómplices o simpatizantes de la guerrilla.

En nuestra condicion de victimas de graves violaciones a los derechos humanos  anunciamos la conformacion del MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANIA, LA DIGNIDAD HUMANA Y LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS, QUE SE OPONE AL PLAN COLOMBIA, AL PLAN PATRIOTA Y CON ELLOS A LA INTERVENCION MILITAR NO DECLARADA NORTEAMERICANA EN COLOMBIA


 

Y EXIGIMOS


 

AL GOBIERNO NACIONAL


 

  1. Respeto por los DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, CIVILES Y POLÍTICOS de los pobladores de los departamentos en los que se está desarrollando el Plan Patriota.

  1. Garantía del goce de todos los derechos humanos de los cuales hemos sido privados a propósito de la puesta en marcha del Plan Patriota en nuestros territorios

  1. El cese de las acciones de criminalización contra los líderes sociales, políticos y comunales de nuestros territorios y la garantía del legítimo ejercicio de su actividad social.


 

  1. El cese de las fumigaciones en nuestro territorio y la formulación inmediata de una política concertada de erradicación manual directamente con los cultivadores, con programas de sustitución sostenibles y permanentes que sean producto de una real política de Estado y no de gobierno, que prevenga la expansión de nuevas siembras de la hoja de coca y que progresivamente permita el avance hacia una economía lícita y sostenible ambientalmente.

  1. Investigación inmediata de todos los crímenes cometidos por agentes del Estado que han participado de las operaciones del Plan Patriota. Y Avance real en las investigaciones penales y disciplinarias ya iniciadas sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas en los departamentos arriba señalados.

 

  1. Desmonte inmediato de la estructura paramilitar, investigación de sus crímenes y garantía de no impunidad de los mismos a través de la ilegítima ley de Justicia y Paz.

  1. Finalmente, reafirmamos nuestro derecho a la libertad de opinión expresión y movilización y por ello, exigimos que no se tomen represalias legales ni de hecho en contra de las comunidades y lideres participantes en este foro y que se investigue el origen y los autores de las amenazas previas a nuestro encuentro.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

  1. Dirigir pronunciamientos de solidaridad hacia el gobierno nacional para que respete nuestros derechos, tome en cuenta nuestras demandas y tome medidas inmediatas y de buena fe para resolver nuestra situación.

  1. Instar a los actores armados para que den pleno cumplimiento a las normas humanitarias y se abstengan de la Comision de actos contrarios al derecho internacional humanitario en beneficio de la población civil de estos territorios.

  1. Realizar un seguimiento a la situación humanitaria de las zonas mediante la conformación de un equipo de observación sobre las violaciones que hemos denunciado en la presente declaración.

  1. Llamamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas verifique las violaciones de derechos en las zonas de aplicación del Plan Patriota y que en consonancia emita conforme a su mandato una recomendación urgente al Gobierno Nacional.

  1. Urgimos un pronunciamiento inmediato ante la Corte Penal Internacional para que de apertura formal a la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del desarrollo de la estrategia paramilitar que se consolida con el actual proceso de negociación, y cuya impunidad se perfecciona con la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz.

Suscriben:

  • Las comunidades del Medio y Bajo Caguán organizadas en núcleos comunales, asociación de juntas y gremios;

  • Comunidades del Guaviare organizados alrededor del movimiento comunitario, resguardos indígenas y asociación de desplazados

  • Comunidades del Meta organizadas a través de juntas de acción comunal y de la comisión de seguimiento a los derechos humanos y derecho internacional humanitario de los centros poblados de Matadebambú municipio de Vista Hermosa, Villa de la Paz municipio de Puerto Lleras y Puerto Toledo municipio de Puerto Rico región del Bajo Ariari y las comunidades de los municipios de El Castillo, Lejanías y Uribe del departamento del Meta.

  • Comunidades del Putumayo organizadas alrededor de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y la Organización Zonal Indígena del Putumayo OZIP.


 

Declaración dada en Bogotá, Florencia y Cartagena del Chairá el día 29 de julio de 2005.


 


 

 

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