La producción, tráfico y consumo de drogas en el mundo ha
seguido incrementándose en el periodo 1998-2000, pese a las acciones
de prevención, interdicción y desarrollo alternativo que
se han venido impulsando desde hace más de 20 años. Esta
es la razón por la que está desarrollándose un debate
internacional sobre la pertinencia y eficacia de las actuales políticas
y los tratados internacionales que sobre penalizan el consumo y la producción
de drogas con fines ilícitos y priorizan las acciones interdictivas
sobre las de prevención y desarrollo socio-económico y cultural.
La discusión fue más intensa desde que en junio de 1998 se
aprobará una nueva estrategia internacional sobre drogas – la estrategia
SCOPE - en la Asamblea General Especial de las Naciones Unidas (UNGASS)
que es la que está siendo impulsada por los organismos especializados
como la Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE) y el Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID o UNDCP en inglés).
La SCOPE prioriza la erradicación compulsiva de cultivos – manual,
química y biológica –, la interdicción de traficantes
y la sobre penalización de consumidores y micro comercializadores.
En este debate y pese a las grandes diferencias entre “duros” o halcones,
“suaves” o palomas y “pragmáticos” o buhos, los consensos internacionales
parece que se alinean actualmente en torno a cuatro puntos:
Combatir de manera integral el tráfico ilícito, incluyendo
métodos policiales y de inteligencia, sin priorizar aspectos policial/represivos.
Prevenir el abuso en el consumo de drogas y contribuir a la rehabilitación
de droga dependientes con un encaramiento médico/sanitario.
Promover el desarrollo integral en las zonas de cultivos de plantas
para fines ilícitos priorizando una concepción socio-económica
y cultural de la problemática.
Respetar los cultivos de coca destinados al consumo tradicional
e industrialización benéfica, incluyendo en ello la defensa
internacional de su uso tradicional a través de estudios científicos
adecuados.
A nivel hemisférico, la discusión reciente está desarrollándose
en torno a la aplicación del llamado Plan Colombia y la más
reciente Iniciativa Regional Andina (IRA) del presidente Bush, la construcción
del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) solicitado en la
III Cumbre Presidencial de Santiago en 1998 y diseñado por la CICAD
y por la dispersión y ensanchamiento del fenómeno del tráfico
de drogas, su producción y consumo.
Sobre el PC y la IRA el debate es entre posiciones extremas y los consensos
son difíciles. Están aquellos Gobiernos, policías
y militares que, junto con el Gobierno de los Estados Unidos, señalan
que se trata de iniciativas necesarias para encarar el problema del “narcotráfico”
y la violencia e inestabilidad que trae aparejado no sólo en Colombia
sino en toda América. Sostienen que ambos fenómenos ponen
en peligro la gobernabilidad así como la estabilidad macro económica
que se considera necesarios para un clima adecuado de inversiones en torno
a la implementación de la ALCA.
Sin embargo, principalmente representantes de las sociedades civiles y
poblaciones de las zonas afectadas, así como científicos,
académicos y ONGs defensoras del medio ambiente y los DDHH, sostienen
que ambas iniciativas están altamente “narcotizadas”, militarizadas
y andinizadas.
La hipótesis central es que el tráfico ilícito de
drogas (TID) y la inseguridad nacional y/o regional por la violencia, la
subversión y el terrorismo, son pretextos para el despliegue estratégico-militar-policial
de EEUU en las Américas con el objetivo de ejercer control territorial
militar, político, económico y social en la cuenca andino-amazónica
debido a los recursos naturales estratégicos que tiene: petróleo,
oro, minerales diversos, piedras preciosas, maderas, plantas promisorias
y animales exóticos, pero sobre todo agua dulce, oxígeno,
biodiversidad genética y culturas ancestrales.
Estos últimos son reservas de recursos, conocimiento y cultura que
están en proceso de extinción en el mundo. En la actualidad,
la cuenca andino-amazónica es la principal fuente de agua dulce
en el mundo (75 % del total), mucho más importante que las cuencas
de los ríos Mississippi, el Nilo, la Mesopotamia, el Ganges y el
Yang Tse Kiang que son los que alimentan las tierras agrícolas que
la humanidad consume y satisfacen la sed de millones de seres humanos.
Los bosques húmedos y el sistema de aguas que contiene son la principal
fuente de oxígeno del globo, en tanto que la biodiversidad de flora,
fauna y culturas, a pesar de la destrucción producida en los últimos
200 años por la intervención/explotación del mundo
occidental, constituye una reserva mundial en gran parte desconocida.
Desde la perspectiva de la seguridad nacional de EEUU, esta zona no puede
ni debe caer en manos de gobiernos, pueblos y sociedades civiles que pretendan
y tienen el derecho ancestral de explotar y administrar soberanamente los
recursos mencionados. Por ello, sostiene esta hipótesis, el despliegue
estratégico de EEUU no es contra bandas y/o carteles de traficantes
y contra organizaciones de guerrilleros y/o terroristas, sino contra pueblos
completos que deben ser sometidos y/o desalojados de las zonas mencionadas
para administrarlas con racionalidad capitalista. En esta hipótesis,
la agenda de discusión sobre el futuro de la región ha sido
impuesta EEUU: la lucha contra el TID significa luchar contra los que financian
a los guerrilleros y terroristas, provocadores de inestabilidad nacional
y regional.
Colombia es actualmente la principal fuente de inestabilidad hemisférica,
desde una perspectiva militar-policial para EEUU, ya que se trata de un
país fraccionado entre dos fuerzas que luchan por el poder – guerrilleros
y paramilitares – y una que se esfuerza por mantenerlo – el Gobierno Nacional
-, conflicto que es fuente de inestabilidad regional por el peligro que
tiene de ampliarse hacia sus fronteras. El Gobierno colombiano controla
territorios en la franja central del país: el eje cafetero, la hidro
energía, la agroindustria, los minerales, los aeropuertos y puertos
internacionales. Los guerrilleros de las FARC controlan el sur oriente:
el petróleo por explotar, la ganadería intensiva, la producción
de coca/pasta/cocaína y los principales ríos de la amazonía.
Los del ELN controlan el nor-oriente y la orinoquia: petróleo en
actual explotación, algodón, una parte del café, coca
y amapola. Los paramilitares controlan el Magdalena medio – café,
ganadería, azúcar, coca y amapola – y la costa oeste pacífica
en la que hay producción de plátano, bosques, manglares y,
sobre todo, posible canal interoceánico desde el Golfo de Urabá,
alternativo al de Panamá.
En esta situación, con la gobernabilidad en cuestión y fuerzas
armadas golpeadas militarmente y con posibilidad que el conflicto interno
devenga en guerra civil – término no reconocido por el Gobierno
e insistido por las fuerzas insurgentes - y se traslade más allá
de las fronteras hacia Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y
Brasil, en base a un Plan Colombia criollo formulado en 1998 por el flamante
Gobierno de Pastrana, EEUU diseñó en 1999 y está financiando
con cerca de US$ 2,000 para los próximos tres años un plan
que tiene tres ejes: narcotizar, militarizar y andinizar
el conflicto. La
narcotización es el pretexto, la militarización
es el método y la andinización es el contexto geográfico
socioeconómico y de recursos naturales de los territorios a controlar.
La narcotización apunta al “corazón y la mente” de
las personas, convenciéndolas sobre la maldad de esta actividad,
pero sobre todo apunta a cortar las finanzas de las fuerzas insurgentes
y, de paso, poner en “manos blancas” nacionales el control de un negocio
que se les escapa de las manos en por lo menos un 30 %.
La militarización es policial, en la perspectiva de gendarmizar
a las Fuerzas Armadas nativas – ejército, marina y aviación
–, evitar conflictos futuros de expansión territorial y golpes militares
indeseables y, asimismo, poner los muertos nativos y la destrucción
de material bélico que fueran que las fuerzas norteamericanas no
están dispuestas a proporcionar.
La andinización es lograr el compromiso de los gobiernos
de los países vecinos para intervenir en el conflicto, presionando
al Gobierno colombiano y a las fuerzas insurgentes para llegar a un acuerdo
negociado en el que EEUU no resulte excluido o con menos hegemonía
que la anterior. Todo ello, en la perspectiva de “hacer negocio” para sus
transnacionales, con el modelo neoliberal en la mano, petardeado por los
movimientos sociales e indígenas, hacia la consolidación
de la Alianza de Libre Comercio (ALCA) desde río Grande hasta la
Patagonia, que permita de paso contrapesar la potencia del Mercosur, la
mirada latinoamericana a la Cuenca del Pacífico y la presencia europea
al oeste del continente y el Caribe.
A nivel nacional, el tema de las drogas y las políticas de drogas
ha estado marcado por los siguientes seis hechos y tendencias:
Contrariamente a lo propagandizado por la mafia Fujimori/Montesinos, lamentablemente
apoyada por el Gobierno de EEUU, ha habido éxito virtual y no real
en la lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas.
Esto se expresa en que los cultivos de coca se han reactivado desde 1998
– no son 34,000 has sino 65 a 70 mil has en el 2000[2]
-, las incautaciones de drogas han sido a firmas y bandas competitivas
con los carteles de Montesinos, “Los Camellos” y los López Paredes
y las detenciones no son de cabecillas importantes sino de delincuentes
de poca monta, micro comercializadores o de competidores de los principales
carteles mencionados.
Rearticulación de las firmas y bandas de traficantes de drogas que
han alimentado y siguen alimentando los diversos tráficos que son
la base de sustentación de la inmensa corrupción existente
aún en el país, así como contribuyen a la subsistencia
de focos subversivos en el Alto Huallaga, el Apurímac-Ene y la Selva
Central (Satipo-Ene-Tambo).
Confusión, competencia desleal y deterioro moral, técnico
y presupuestal de las instituciones dedicadas a combatir el fenómeno.
El Ministerio del Interior a través de la DINANDRO, la OFECOD y
el CORAH, que han mostrado incompetencia, legalismo absurdo – como el sustento
de la erradicación forzosa de cultivos en el DL 22095 - y complicidad
con los delincuentes que dicen combatir. Contradrogas ha devenido en un
ente inoperante, sin propuesta propia, con funcionarios ineptos y totalmente
dependientes de los dictados y presupuestos de la Embajada de EEUU. El
Ministerio de RREE que debió llevar la posición internacional
del Perú en esos asuntos, desarticuló la sección especializada
y entregó el manejo del tema a Contradrogas.
Fracaso de los programas de “desarrollo alternativo” en los diversos valles
cocaleros, mal uso de los fondos de la cooperación internacional
y del Tesoro Público – para apoyar la ilegal reelección de
Fujimori -, desaparición de fondos importantes – como los destinados
al programa de crédito campesino – y errores técnicos cometidos.
Todos estos problemas deben ser seriamente investigados por el nuevo Gobierno
y sancionados los responsables.
Deficiente debate nacional sobre esta problemática, lo que se ha
expresando en la casi ausencia del tema en los Planes de Gobierno de los
candidatos a la Presidencia de la República, pero también
se expresa en la total negativa a revisar la actual legislación
sobre drogas que data de 1978 – DL 22095 – y de un conjunto de confusos
dispositivos legales elaborados entre 1992 y 2000 por Montesinos en el
SIN.
Un elemento positivo es la existencia de una Mesa de Diálogo entre
los productores y pobladores de zonas cocaleras y el Gobierno, que funciona
desde el año pasado y que ha sido reconocida mediante un dispositivo
legal por el actual Gobierno de Transición (DS 009-SA, 14 de marzo
del 2001). Esta experiencia de diálogo y concertación debe
continuar y potenciarse.
2. Sobre drogas, tráfico
de drogas y política exterior.-
Una concepción integral sobre drogas y políticas de drogas
implica considerar sus tres dimensiones - producción, tráfico
y consumo con fines ilícitos –, manejadas como una política
de Estado con la indispensable participación y compromiso de la
Sociedad Civil organizada.
El Perú debe impulsar una política integral, coherente y
de largo plazo, reiterando su voluntad de luchar selectiva y eficientemente
contra el crimen organizado alrededor del tráfico de drogas, insumos
químicos y lavado de dinero.
Es ineficiente la sobre criminalización de los sectores de la población
vulnerables al tráfico ilícito como son los cultivadores
campesinos de la materia prima y los consumidores empobrecidos de los barrios
de las ciudades.
Son ineficaces las acciones unilaterales de erradicación compulsiva
manual, química y/o biológica de los cultivos a nivel nacional,
así como las políticas penalizadoras del consumo de drogas
ilícitas y la sobre penalización de la micro-comercialización.
El Estado debe aplicar la fuerza de la Ley contra las personas y/o organizaciones
criminales y sus colaboradores que realicen este delito incluyendo el tráfico
de materias primas, insumos químicos, lavado de dinero y tráfico
de armas y explosivos con estos fines.
El Estado debe reconstruir y consolidar una línea de política
exterior sobre drogas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe
formar parte del Directorio de Contradrogas o su instancia reemplazante.
Esta política debe impulsar la posición del Perú sobre
el desarrollo rural en la Selva Alta, la protección y uso sustentable
del medio ambiente y la revisión de los términos de intercambio
en el actual régimen de comercio internacional. La posición
sobre drogas debe estar basada en los principios de responsabilidad compartida,
no injerencia en asuntos domésticos e integralidad en el tratamiento
del tema.
En relación con el cultivo, comercio y consumo de coca con fines
ilícitos, debe ratificarse la posición sostenida por la Cancillería
desde finales de los ochenta acorde con la Convención de Viena de
1988, la misma que fue sostenida hasta 1996: a) la hoja de coca no es lo
mismo que su derivado cocaína; b) el productor de coca es un interlocutor
válido y no un delincuente; y c) el consumidor de coca no es un
droga dependiente. Esta posición se apoya en el artículo
14 de la Convención de Viena de 1988 y busca disipar ambigüedades
sobre la hoja de coca - previa sustentación técnica, científica
y jurídica -, para solicitar su retiro de la Lista I de Estupefacientes
de la ONU.
En el aspecto interdictivo, honrando los compromisos internacionales asumidos
por el Perú – principal pero no exclusivamente con Estados Unidos
-, se debe privilegiar las acciones de bloqueo del puente aéreo,
rutas fluviales, marítimas, terrestres y de fronteras, antes que
la represión al campesino cultivador de coca. Asimismo, estos fondos
deben ser usados en apoyo a actividades de inteligencia de la Policía
Nacional del Perú para ubicar y apresar cabecillas de bandas, firmas
y carteles de drogas, precursores químicos y lavado de dinero.
En este mismo aspecto, los fondos destinados para las actividades del CORAH
y el CADA debe ser reorientados. En cuanto al CORAH, el personal debe ser
capacitado para reconvertirse de erradicadores compulsivos en plantadores
de especies forestales, plantas comercializables y actividades económicas
alternativas. Este personal debe ser seleccionado entre agricultores cocaleros
dispuestos a impulsar un Plan de Reducción Voluntario, Gradual,
Manual y Concertado de plantíos de coca. En cuanto al CADA, sus
actividades deben ceñirse estrictamente al monitoreo de cultivos
y actividades económicas de coca y alternativas con miras a impulsar
el Plan mencionado.
Se debe apoyar las acciones de política pública basadas en
la transparencia en el manejo de asuntos públicos, la participación
democrática de las organizaciones sociales y la fiscalización
de las acciones que ejecute el Estado por parte del Congreso, el Poder
Judicial, la Contraloría y los medios de comunicación.
Una proporción importante de los recursos de la cooperación
de Estados Unidos destinados a la compra de helicópteros, armas
y herramientas para erradicar y/o fumigar cocales, deben ser destinada
a actividades de investigación, seguimiento y captura de cabecillas
de bandas y carteles de drogas, traficantes de insumos químicos
y lavadores de capitales en bancos nacionales y extranjeros, actividades
típicas de blanqueo de capitales como son la construcción,
los servicios turísticos y los juegos de azar. Estas actividades
deben estar sujetas a la fiscalización de los organismos pertinentes
del Estado y la Sociedad Civil.
Se debe tender a “civilizar” – poner civiles al mando - las acciones que
realiza la Policía Nacional, la OFECOD, el CORAH, la Policía
Aérea, así como las propias Fuerzas Armadas. Al momento de
la transferencia del mando en julio del 2001, debe haberse alentado una
acción abierta de la PNP y las FFAA para evitar la corrupción,
en el campo del diseño, ejecución y fiscalización
de políticas de drogas.
Ello supone suspender mediante Resolución Ministerial las acciones
de erradicación forzosa durante el período de transición
y permitir el control y fiscalización sobre las acciones que realiza
la OFECOD, así como realizar una investigación seria sobre
la situación de todo su inventario de bienes incautados en los últimos
años.
1. Sobre coca
Debe asumirse la complejidad del tema en base a tres principios: a) la
hoja de coca es integral y diferenciada de sus componentes con fines ilícitos
como son la pasta básica y/o clorhidrato de cocaína; b) el
cultivador y comercializador de coca es diferente que el traficante con
fines ilícitos; y, c) el consumidor de coca debe ser respetado y
alentado ya que no se trata de un droga dependiente.
El Gobierno, el Estado y la Nación deben considerar que la planta
de la coca tiene tres caracteres: a) es un bien cultural integrante de
la biodiversidad andino-amazónica; b) constituye una parte importante
de la canasta de productos y por lo tanto del ingreso de las familias campesinas;
y, c) es materia prima para la producción de drogas con fines ilícitos.
Se debe defender, respetar y alienta las dos primeras características,
pero rechazar y combatir concertadamente con los agricultores, pobladores
de las zonas cocaleras y la sociedad civil, la tercera característica
de la hoja de coca.
Es indispensable promulgar una Ley de Coca diferenciada de una de Drogas
que también es necesario promulgar, tal como lo estableciera el
Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994-2000.
Acorde con la Estrategia de Revalorización Internacional de la Hoja,
así como con la economía social de mercado que la Constitución
promueve, se debe estudiar medidas dirigidas al libre mercado de la coca
para el consumo tradicional y su industrialización benéfica,
promoviendo la progresiva disolución de la Empresa Nacional de la
Coca (ENACO) S.A. y su reemplazo por un Instituto que cumplirá las
obligaciones emanadas de la Convención Unica de Estupefacientes
de 1961.
2. Sobre desarrollo alternativo
El problema de los cultivos de coca está relacionado con la pobreza
y marginación desde el Estado, el deterioro paulatino del medio
ambiente, los términos injustos del comercio internacional de los
productos agrícolas alternativos, los esfuerzos significativos en
materia de cumplimiento de la ley, la salud pública y el desarrollo
rural.
Hablar de drogas en un país caracterizado por el problema de la
oferta ilegal, implica necesariamente mencionar la colonización
y sus impactos y, por lo tanto, es fundamental la participación
de los productores en la definición del futuro que desean, desarticulados
de la economía ilícita.
Es necesario hacer una evaluación de lo realizado desde 1995 en
la estrategia de desarrollo alternativo, especialmente con respecto al
uso de los fondos obtenidos en la Mesa de Donantes convocadas por el Gobierno
anterior, así como de los recursos invertidos por el Tesoro Público
en estos programas.
Es indispensable la participación de los agricultores y pobladores
de las zonas afectadas en la elaboración de este balance, así
como en el diseño, implementación y fiscalización
de la nueva estrategia. Se debe investigar las acciones ejecutadas durante
el Gobierno anterior en materia de desarrollo alternativo desde 1990 a
la fecha, tanto en sus aspectos técnicos como en los asuntos relativos
al cumplimiento de la ley.
Entre 1995 y 1998 la cooperación internacional aportó recursos
al Perú por alrededor de US$ 100 millones para el desarrollo alternativo
y para acciones de prevención y rehabilitación de drogas.
Hasta en dos oportunidades – noviembre de 1998 en Bruselas y enero del
2000 en París -, el anterior Gobierno anterior convocó Mesas
de Donantes, en las que se consiguió recursos por US$ 25 millones
adicionales pero se firmó compromisos por un total de US$ 170 millones.
Asimismo, contrariamente a lo que sostienen algunos donantes, se estima
que el Tesoro Público ha invertido en esta materia no menos de US$
150 millones desde 1995.
Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado una balance serio y documentado
sobre el uso de estos fondos, así como sobre los resultados obtenidos
tanto para impulsar una economía alternativa a la monoproducción
de coca como en asuntos de prevención y rehabilitación, por
lo que el actual Gobierno debe busca realizar este balance.
3. Sobre Contradrogas
Resulta indispensable la recuperación de la autonomía en
la gestión de políticas sobre drogas con la finalidad de
obtener logros realistas. Las acciones deberán circunscribirse al
fortalecimiento institucional con miras a construir un sistema integrado
de gestión pública con autoridad política, técnica
y moral para encarar la lucha indesmayable contra las bandas organizadas,
nacionales e internacionales.
En esta línea de trabajo deberá fortalecerse los canales
de diálogo establecidos con los productores agropecuarios de la
Selva Alta con una agenda abierta a partir de la discusión del desarrollo
alternativo y la reducción gradual y concertada de los cultivos
de coca.
El PROMUDEH, junto con los otros Ministerios integrantes de Contradrogas
o el ente reemplazante, debe ser un actor fundamental de la estrategia
integral contra la producción, el tráfico y el consumo de
drogas ilícitas. En este sentido participará en las reuniones
que sean convocadas y en ellas presentará planes, programas y proyectos
que girarán en torno a los siguientes ejes: a) fomento del desarrollo
sostenido y sustentable con perspectiva de género en las cuencas
cocaleras, buscando fortalecer y crear organizaciones de jóvenes
y mujeres en base al tejido social preexistente; b) atención prioritaria
a los programas sociales y de apoyo alimentario básico que fomenten
la construcción de institucionalidad y tejido social organizado;
c) articulación de los programas alimentarios del PRONAA con la
producción campesina de las cuencas cocaleras apuntando hacia la
construcción y fortalecimiento de mercados locales; y, d) apoyo
a la investigación científica y antropológica sobre
los usos, mitos y costumbres de la producción, comercio y consumo
de la hoja de coca.
4. Sobre la Mesa de Diálogo
del Alto Huallaga
La Mesa de Diálogo fue una conquista de los agricultores del Alto
Huallaga debido a sus luchas de febrero (Monzón), setiembre (Aucayacu),
octubre (Puerto Pizana) y noviembre (Tingo María) del año
pasado. Aún con el anterior Gobierno se instaló la MD y desde
el principio se planteó que debería ampliarse a los otros
valles, particularmente Apurímac-Ene, Pichis-Palcazu, Quillabamba-Yanatile,
Inambari-Tambopata, etc. Por ello, desde el principio participó
en esta MD también los dirigentes de la CONAPA-Perú y sus
asesores.
Con el nuevo Gobierno y luego que diéramos una batalla para lograr
gente adecuada en Contradrogas - batalla que perdimos ya que colocaron
gente allegada a la embajada de EEUU -, la MD fue reconocida oficialmente
mediante DS 009-SA del 14 de marzo del presente año. En este dispositivo
se reconoce a los agricultores como interlocutores válidos, se designa
2 delegados de base por cada una de las 13 cuencas cocaleras - más
un representante de los municipios -, se incluye un delegado de la Defensoría
del Pueblo y uno de la Coordinadora Nacional de DDHH.
El Gobierno representado por Contradrogas, OFECOD y ENACO toman como base
los 20 puntos de agenda que habían sido propuestos por los agricultores
desde noviembre del año pasado, los que pueden resumirse en cuatro
planteamientos:
reconocimiento de la MD (ya cumplido);
cese temporal de la erradicación forzosa de cultivos (no cumplido);
investigación sobre el uso de los fondos para el "desarrollo alternativo"
1995-2000 y participación en la estrategia 2001-2005 (no cumplido);
y,
ley de coca y reestructuración de ENACO buscando la creación
de un Instituto de la Coca que también tenga facultadas fiscalizadoras
de la producción, comercio y consumo legal (cumplido parcialmente).
La MD ha realizado 8 sesiones de trabajo y en ellas no han participado
delegados de Quillabamba, Yanatile e Inambari. Pero sí de Apurímac-Ene
y Pichis-Palcazu. En la última sesión del 23 y 24 de mayo,
realizada luego de la huelga indefinida de los cocaleros de Aguaytía,
Irazola y Curimaná, acordaron con Contradrogas y el Ministerio del
Interior (OFECOD y el CORAH), un Plan de Acción para la reducción
gradual y concertada de cultivos de coca. Este Plan será financiado
por Contradrogas, aunque aún no ha conseguido fondos para ello y
asistido técnicamente por la UNAS.
El balance general de la MD, pese a lo poco avanzado, es positivo. No obstante,
subsisten algunas preocupaciones:
está centrada en el Alto Huallaga, Monzón y Padre Abad;
no está articulada con otras Mesas de diversos sectores;
los dirigentes de la Asociación Alto Huallaga, Monzón y Padre
Abad, están divididos entre ellos, discrepan con los que vienen
"de afuera" y están en plena campaña por las municipales
y/o por usar los fondos posibles de Contradrogas;
el secretario ejecutivo de Contradrogas y sus funcionarios están
aprovechando la MD para promocionarse e intentar quedarse con el nuevo
Gobierno;
además están haciendo todo tipo de maniobras para controlar
y distorsionar las decisiones que se tomen en la MD;
la erradicación forzosa de cultivos ha continuado aunque a menor
ritmo, pero según lo proyectado se reiniciará apenas los
productores bajen la guardia, se acelere la implementación del Plan
Colombia y se acrecienten las presiones sobre el nuevo Gobierno; y,
el rol de la Coordinadora Nacional de DDHH y de la Defensoría del
Pueblo hasta ahora ha sido muy pasivo.
Un buen recomienzo de la MD sería que el Gobierno adoptara las siguientes
medidas:
promulgar un dispositivo legal cesando las acciones de erradicación;
ratificar el reconocimiento de la MD como instancia de interlocución
con el Estado;
nombrar un nuevo secretario ejecutivo de Contradrogas y un nuevo equipo
técnico;
evaluar la estrategia antidrogas tomando como base el Plan Nacional de
Prevención y Control de Drogas 1994-2000;
revisar y discutir con los actores la Estrategia 2001-2005, tomando como
base para la discusión y acuerdos los puntos formulados por lo agricultores
en las actas de la MD; y,
constituir una Comisión Nacional de Coca que impulse una Encuesta
Nacional y formule una Ley de Coca.
Se debe mantener y fortalecer una relación de diálogo con
las organizaciones de la Selva Alta basada en la experiencia de la MD de
Tingo María que han tenido dos ejes: a) la ejecución de programas
de desarrollo rural alternativo; y, b) el tema de la interdicción
cuando se trata de la reducción gradual y concertada de cultivos
de coca. En ambos casos se debe buscar la mayor participación y
compromiso de los ciudadanos organizados en la formulación, ejecución
y fiscalización de los planes, programas y proyectos que se lleven
a cabo en las diversas zonas, privilegiando el principio de la reducción
gradual, concertada y pacífica de los cultivos de coca.
Lima, martes 3 de junio del 2001
[1]
Economista, investigador asociado del CEPES, presidente del DRIS y asesor
de la CONAPA-Perú de las cuencas cocaleras. Estas propuestas son
el resultado de discusiones en el grupo de “cocólogos” de Lima,
en la CONAPA-Perú y en la Mesa de Diálogo Gobierno/Cocaleros
que entregamos al Gobierno de Transición entre noviembre y diciembre
del año pasado o a Plan de Gobierno de Perú Posible en febrero
marzo del presente año. No obstante, asumo la responsabilidad por
la presente versión que ha sido ampliada, corregida y actualizada.Cocabie@terra.com.pe [2]
La metodología de sensores satelitales, aerofotografía y
verificación de campo usada por la NAS y el CADA mide cada año
las mismas zonas, pero no las nuevas que se han integrado la consecuencia
del efecto globo (traslado) y mercurio (dispersión) de la coca.
Este debe ser motivo de preocupación para el nuevo Gobierno, ya
que si acepta las cifras dadas por la NAS y aceptadas por Contradrogas
para el año 2000, en marzo del 2002 cuando EEUU “certifique” países
cooperantes en asuntos de drogas, el incremento de cultivos de coca será
achacado al Gobierno de Transición y al de Perú Posible.
Favor compartir esta información
y ayudarnos a divulgarla citando a Mama Coca
