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El Gobierno Nacional a través de los medios de comunicación
ha desplegado una amplia propaganda en torno al proyecto de ley que modifica
la ley 160 de 1994. Las organizaciones del Consejo Nacional Campesino conocimos
el texto de dicho proyecto el 2 de octubre y encontramos que dicho proyecto
se burla de las más sentidas reivindicaciones del movimiento campesino.
Hemos decido presentar la próxima semana, por medio de un importante
grupo de congresistas que apoyan la causa campesina, nuestro proyecto de
ley, que reglamenta los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución
y que propone normas para restablecer la soberanía de la nación
sobre el campo y la soberanía alimentaria; defender la propiedad
colectiva del patrimonio genético y la biodiversidad; reconstruir
la agricultura nacional; generar tecnología propia y realizar una
reforma agraria integral que liquide el latifundio especulativo y permita
el reordenamiento social, cultural y ecológico de la propiedad y
el aprovechamiento de los suelos para beneficio de todos los colombianos.
El proyecto del Gobierno, en lo esencial copia la letra y el espíritu
del fracasado proyecto de ley del gobierno Pastrana. Como tal proyecto
pretende entregar al campesino las tierras en arrendamiento y comodato,
dejándolo aun más expuesto al desplazamiento forzado y a
la explotación. Como el anterior proyecto propone, violando todo
principio jurídico y moral y los objetivos de la reforma social
agraria, expropiar a las personas declaradas inocentes en los procesos
por enriquecimiento ilícito, sean o no latifundistas, buscando solucionar
un problema de la dirección de estupefacientes y no a los campesinos
y negándose a extinguir el dominio del gran latifundio especulativo.
Aunque el proyecto oficial acepta que el campesino reciba la tierra
con un subsidio del 100 %, no dispone ningún presupuesto para otorgarlo
y pretende mantener al campesino como arrendatario o aparcero de los programas
de los grandes propietarios y empresas trasnacionales, en vez de realizar
verdaderos programas de reforma agraria en reservas campesinas. También
acepta el avalúo para la compra de un bien sea el catastral, pero
aplica esto solamente en los casos excepcionales de compra directa por
el Instituto respectivo, pero manteniendo el mercado de tierra con precio
abierto para las negociaciones con los campesinos, sin que la expropiación
por vía administrativa pueda efectuarse sino injustamente, en los
casos de propietarios absueltos en juicios.
Con este proyecto, el Gobierno insiste en rechazar cualquier concertación
con las organizaciones campesinas independientes de él. Prefiere
negociar con el Gobierno de Bush nuevos tratados de “libre” comercio que
ahogan la producción nacional y aceptar, a cambio de migajas, los
pérfidos criterios de la transnacionales sobre “propiedad intelectual”,
que llevan a desconocer la propiedad colectiva de los colombianos sobre
el patrimonio genético, a pagar lo que es nuestro y a la más
burda dependencia de la tecnología y precios de la transnacionales.
Llamaos a todos los colombianos a apoyar nuestro proyecto de ley con la
movilización y a participar en el paro nacional del próximo
30 de octubre contra la política neoliberal y autoritaria del Gobierno.
CONSEJO NACIONAL CAMPESINO
Bogotá D.C. Octubre 3 de 2002
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