DENUNCIA PÚBLICA

En la página web “Colombia libre”, de las denominadas autodefensas unidas, sección primer plano, actualidad, opinión, se dice:

“10 de diciembre de 2002

Agencia ANNCOL

El estatus político al paramilitarismo
 

Según lo ven las Farc el gobierno tiene en marcha su ofensiva en todos los frentes: guerra, legislativo, laboral y, ahora, universitario. Insisten sobre que el viejo tratamiento de orden público ha vuelto a las universidades. Según esta visión de las Farc los trabajadores petroleros son sometidos al "chantaje" del contrapliego y la "campaña publicitaria antisindical" de los empresarios y del gobierno. “
 

Enseguida transcribe el editorial de mi autoría, publicado en el semanario VOZ, edición 2173, del 4 al 10 de diciembre del corriente, y reproducido por la agencia Anncol. Como la nota introductoria señala expresamente ésa como una opinión de las FARC, me permito aclarar lo siguiente:

Es un abuso atribuir a las FARC lo que constituye una opinión de alguien que no forma parte de dicha organización y no tiene por qué hablar en su nombre. El señalamiento es de mala fé, porque pretende mostrar que el secretario general del Partido Comunista Colombiano es uno vocero de las FARC. Lo dicen con el fin expreso de macartizar un punto de vista, confundir y facilitar las judicializaciones amañanadas de la Fiscalía, en contubernio con el gobierno de Uribe Vélez, como viene ocurriendo con centenares de ciudadanas y ciudadanos inocentes a quienes se les desconocen los derechos y garantías constitucionales.
 

EL STATUS POLÍTICO AL PARAMILITARISMO

El gobierno tiene en marcha su ofensiva en todos los frentes: guerra, legislativo, laboral y, ahora, universitario. El viejo tratamiento de orden público ha vuelto a las universidades. Los trabajadores petroleros son sometidos al chantaje del contrapliego y la campaña publicitaria antisindical de los empresarios y del gobierno.
 

En el parlamento avanzan las reformas que preparan el paquetazo de shock económico y social, más el Referendo. Pero las cosas no son tan fáciles. Desde todos los ángulos se está desatando la oposición y la resistencia democrática conciente a la política oficial.
 

El centro de la conducción de Uribe hasta ahora ha sido la seguridad bajo el estado de conmoción. Sin embargo, los éxitos antisubversivos se anulan con los reveses sufridos por la tropa. Ningún pez gordo ha sido capturado. La ausencia de resultados en el corto plazo no alimenta la popularidad de Uribe. De sobrepeso, la Corte decretó la inconstitucionalidad del grueso del 2002, pieza clave de la legislación de guerra. Aunque desde el poder se le reste importancia al hecho, algunos califican esta medida como la primera derrota seria del gobierno. Para remontarla puede requerirse un golpe de opinión o tal vez algo más.
 

Por ahora bueno es el antifaz de la paz. De pronto surge al acuerdo con los paramilitares, se relanza el diálogo con el ELN y se afloja la corta rienda al acuerdo humanitario. Ciertas expectativas e ilusiones renacen en  medio de tal confusión.
 

Las comisiones primeras de Senado y Cámara han aprobado la reforma a la Ley 418 de 1997 que suprime el reconocimiento político como condición para la negociación con los llamados “actores del conflicto”, categoría indiferenciada dentro de la que ahora se cobija el paramilitarismo de Estado en persona. Con un gobierno que no tiene una política de paz, sino una de guerra, flaco servicio le prestan a la búsqueda de una solución política democrática quienes asumen que guerrilleros y paras son idénticos. Al suprimir la condicionalidad, en realidad se coloca a la criminalidad paramilitar al nivel de un status político que no tiene y que fortalecerá sin duda la impunidad reinante.
 

Pero no es todo. El paramilitarismo se desmontaría formalmente para reintegrarse a la guerra bajo las redes de informantes, cooperantes y soldados campesinos. Tal y como estaba pensado en la política de la seguridad. La reabsorción estatal del paramilitarismo sería su legitimación absoluta. El terrorismo de Estado y los “re-paras”, esos clones sueltos del actual sicariato, continuarían su labor sucia.
 

La “paz” con los paras hace parte del escalamiento de la guerra interior, que la puede acercar aún más a la guerra civil. El show del acuerdo intenta salvaguardar a los cabecillas de una extradición ya pedida y a la que el gobierno dio su anuencia. Bush sabe de los compromisos y dificultades del gobierno, los utiliza y los estimula, en función de sus intereses intervencionistas.
 

La izquierda, las fuerzas democráticas y el movimiento popular no pueden engañarse ni transigir frente a esta otra trampa, complementaria a la del Referendo. El alinderamiento del Estado con el autoritarismo y el fascismo no conduce a la paz.
 

Jaime Caycedo