La Política Exterior de los Estados Unidos y la Seguridad Colombiana

Stephen J. Randall
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Calgary

 
 

            Aún cuando el fin de la Guerra Fría ha alterado la dinámica, los funcionarios de Estados Unidos sin embargo continúan preocupándose con la amenaza de armas nucleares soviéticas y han agregado a esa prevención la amenaza estratégica planteada por los estados "rebeldes" con capacidad nuclear.

            Al mismo tiempo otros factores han entrado a la agenda de seguridad en el último decenio. Los debates y puntos de la agenda durante la Reunión Cumbre de Miami de Jefes de Estado, por ejemplo, en 1994, incluyeron el desarrollo sostenible, comercio libre, la educación, la democratización, la creación de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos entre los factores que influencian la estabilidad y futura salud de la región. Tales temas no son factores nuevos en los debates regionales, ya que muchos de ellos vienen desde finales del siglo diecinueve, pero en los años recientes se ha visto un enfoque intensificado sobre éstos asuntos tanto por parte de los gobiernos como de organizaciones no gubernamentales. En la Cumbre de Miami, por ejemplo, una coalición de grupos presentó el proyecto conjunto "Paz y Seguridad en las Américas" patrocinado por el Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, el Área de Relaciones Internacionales y Militares de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (CHILE) y el Centro Latinoamericano de Defensa y Desarme.[4]

            Aún cuando este grupo recomendó control y limitación de armamentos así como un mayor grado de atención al desarme, también recomendó que "el mantenimiento de los equilibrios regionales no se sirve por limitaciones impuestas por los Estados Unidos respecto de la transferencia de tecnología militar a América Latina" ya que tales materiales se consiguen en una amplia gama de fuentes alternativas. "Por otro lado", sostenían los autores del informe, "la inclusión de los estados latinoamericanos en los principales regímenes de control y limitación de armamento produciría un marco institucional global para la transferencia de tecnología militar sin el riesgo adscrito a un proceso totalmente libre de cualquier control. Los autores también anotaron que un enfoque sobre los acuerdos de desarme relacionados con armas de destrucción masiva no era adecuado para manejar el tema mucho mayor de la limitación de armas convencionales,[5] incluyendo por ejemplo, el asunto de las minas quiebrapatas sobre el cual Canadá desde entonces ha asumido un papel preponderante.

            A la fecha, poco parece haberse logrado en la reforma de las instituciones hemisféricas de acuerdo a los lineamientos sugeridos. Mas bien, hay un alto nivel de preocupación por el narcotráfico, especialmente por parte de los Estados Unidos. El anuncio de la administración Clinton a principios de ano 2000 que el narcotráfico constituía una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos no fue sorpresa alguna ya que las administraciones Reagan y Bush ambas habían presentado el comercio de narcóticos esencialmente en tales términos. El anuncio de Clinton fue por tanto una extensión lógica de la atención que se ha dado desde la administración Reagan en los anos 1980 al impacto de los narcóticos sobre la sociedad americana asi como sobre la estabilidad regional.[6]

            Los narcóticos, la actividad guerrillera, y la migración de gentes no son los únicos factores novedosos en la seguridad hemisférica. Mucho más atención se le dedica ahora que hace algunas décadas a las implicaciones de seguridad relacionadas con la pobreza, la marginalización de la gente de la corriente central de la vida económica y política de una sociedad, niveles mas bajos de educación, y enfermedades. Tales preocupaciones no son exclusivas de Colombia naturalmente, pero desde el fin efectivo del movimiento Sendero Luminoso en Perú, solo Colombia y México (Chiapas en este ultimo caso) tienen movimientos significativos de guerrilla en América Latina. La amenaza a la seguridad regional que genera la situación Colombiana es evidente, y hay una relevancia considerable para las recomendaciones contenidas en el Informe FLASCO en la Cumbre de Miami, especialmente en cuanto a la necesidad de una respuesta mas coordinada a lo que es una cuestión regional, y ciertamente global, y no un asunto aislado nacional o bilateral.

            El tráfico de narcóticos desde Colombia y la región continua siendo la amenaza más seria a la seguridad, aun cuando este tráfico en el caso Colombiano claramente se complica por la relación cercana entre el comercio de droga y los dos movimientos principales guerrilleros, las FARC y el ELN, tanto localmente en la Región Andina y globalmente. Esto no es sorprendente cuando uno considera que el valor del comercio de drogas se estima a un nivel superior al del comercio de combustibles hidrocarburos.[7] El vínculo entre los narcóticos y el movimiento guerrillero en Colombia es especialmente desestabilizante por cuanto los objetivos de los involucrados son utilizar el narcotráfico como uno de los medios para financiar las operaciones guerrilleras contra los gobiernos elegidos. A través de las ultimas dos décadas ha ocurrido un cambio en la percepción del impacto del narcotráfico tanto en América Latina como en América del Norte. Los Estados Unidos y Canadá también llegaron a aceptar su propia responsabilidad al ayudar a las naciones productoras y exportadoras con la interdicción, sustitución de cultivos, ayuda económica y social para el desarrollo, y la ayuda militar que es el enfoque del Plan Colombia.

       La visita de medio día del Presidente Clinton en la ciudad de Cartagena, realizada en agosto del presente año, con el fin de reunirse con el Presidente Pastrana y otros funcionarios públicos colombianos, subraya la importancia estratégica que la Administración Clinton otorga a la situación colombiana. La visita de Clinton es la primera de un presidente de los Estados Unidos en tomar lugar desde la asistencia del Presidente Bush en Cartagena a una Cumbre de Narcóticos (1990). El alto perfil de la delegación de Clinton fortaleció el grado de compromiso de la administración hacia la implementación del Plan Colombia, la reducción de la industria de estupefacientes, el final de la contienda armada de la guerrilla y su conexión con los narcóticos, y el regreso de la estabilidad económica y política en Colombia.[8] Clinton fue acompañado en su corta visita por la Secretaria de Estado Madeleine Albright, la Fiscal General Janet Reno, el General Barry McCaffrey, su Concejero Jefe en Política de Narcóticos, el republicano de Illinois y el vocero de la Cámara Dennis Hastert, otros diez miembros del Congreso y su hija Chelsea. Sería difícil imaginar una muestra más clara del grado de compromiso de la administración hacia la situación colombiana, lo que fortalece la precaria situación política del Presidente Pastrana y muestra públicamente el apoyo al controversial Plan Colombia.[9]    

       La política exterior de los Estados Unidos en general, pero específicamente hacia Colombia, continua manifestando un rango de tensiones y contradicciones políticas. Desde mediados de los años setenta y especialmente después de la crisis centroamericana de Nicaragua, El Salvador y Guatemala en los ochenta, ha existido una tensión en la política norteamericana entre la dicotomía de una poltíca internacional con seguridad colectiva y una política de aislamiento o unilateralismo. En general, los Estados Unidos continúa sufriendo del síndrome pos-vietnam, caracterizado por un intenso miedo de envolverse una vez más en una guerra extranjera sin conclusión previsible. La corta y exitosa Guerra del Golfo contra Irak, por lo menos en términos militares, no desvaneció esta ansiedad. La guerra del Golfo fue un moderno conflicto de alta tecnología llevado a cabo básicamente desde el aire –a través de mísiles crucero, bombas inteligentes y otro armamento sofisticado- a pesar de contar con medio millón de efectivos de infantería localizados en Arabia Saudita y Kuwait. Además el conflicto también fue tradicional, a pesar del temor de armas químicas y biológicas usadas por Irak.

       Colombia, en cambio, presenta una situación diferente. Existen similitudes y divergencias entre dicho país y lo enfrentado por los Estados Unidos a mediados de los años sesenta con respecto a la toma de decisión durante el curso de acción en Vietnam. La diferencia más notable es el reconocimiento esencialmente universal en el hemisferio occidental y en naciones europeas, que debe procurarse una solución al flagelo colombiano de la guerrilla y los narcóticos, aunque con diferentes estimaciones de aproximación. Este gran consenso internacional es fundamental en la capacidad de cualquier administración de Estados Unidos para obtener el apoyo público y el consentimiento del Congreso. No existe posibilidad alguna de que los carteles o la guerrilla sean apoyados por un gran poder, tal como ocurrió en Vietnam. Al mismo tiempo, la fortaleza de estos grupos al margen de la ley incentiva la incursión de potenciales influencias destructivas foráneas en Colombia, lo cual se percibió en las recientes revelaciones del tráfico de armas de Jordán con las FARC,[10] y en la previa participación de israelíes al proveer asistencia militar y entrenamiento de armas a los narcos. Tampoco hay sentido alguno en que la guerrilla o los carteles representen fuerzas democráticas, aunque haya preocupación acerca del crecimiento del paramilitarismo y la violación de los derechos humanos por las fuerzas armadas colombianas.[11]

        No hay duda alguna de que los oficiales de alto rango norteamericanos perciban el tráfico de narcóticos en Colombia como una amenaza a los Estados Unidos, a la seguridad hemisférica y a las instituciones democráticas. El General Charles Wilhelm, Comandante en Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, delineó efectivamente la posición de su país a través de un testimonio en septiembre de 1999 ante la Camara de Representantes, el Comité de Reforma Gubernamental, el Subcomité de Justicia Criminal, el Departamento de Narcóticos y ante Recursos Humanos.[12] El General expresó que a pesar de la sostenida prohibición de esfuerzos multinacionales, en 1998 tan sólo 394 toneladas métricas de cocaína de las 541 que salieron de la región de producción, alcanzaron los puntos de distribución en Estados Unidos a través de Florida y la frontera suroriental. También subrayó que los narcotraficantes habían incrementado la producción de variedad de planta de coca en las áreas del Putumayo y el Caquetá en Colombia, y la subsiguiente expansión de la producción hacia Perú y Bolivia.

         Wilhelm expresó que el alto nivel de dependencia de las organizaciones guerrilleras de los ingresos generados del intercambio del tráfico de narcóticos por armas, operaciones de combate y utilidades, en particular para las FARC, las hacen más vulnerables a un efectivo esfuerzo de bloqueo de producción y distribución. El objetivo debe ser elevar los precios a un nivel en que se reduzca la demanda, lo que conduce a disminuir los ingresos y por ende, a convertir el tráfico de narcóticos en una actividad no rentable. También observó que las derrotas militares sufridas por las autoridades colombianas durante 1999 han fortalecido a las FARC y al ELN, al mismo tiempo que les ha dado incentivos para emprender importantes negociaciones, a pesar del esfuerzo del Presidente Pastrana al respecto. En general, Wilhem mostró una posición “prudentemente optimista” al afirmar que con la ayuda de Estados Unidos el gobierno colombiano podría avanzar en el proceso de paz iniciado por el Presidente Pastrana, pero que el éxito en la mesa de negociación dependía de la reducción de la amenaza militar de la guerrilla. Wilhelm reportó que las fuerzas de seguridad colombianas han mejorado su nivel de desempeño durante la ofensiva de julio de 1999 y en subsiguientes encuentros, al mismo tiempo que la cooperación entre la policía y el ejército se fortaleció. Una condición esencial para llevar a buen término las negociaciones de paz consiste en aumentar la frecuencia de éxitos militares de la Fuerza Armada Colombiana. Durante la administración Samper, los Estados Unidos brindó poca asistencia a las Fuerzas Militares, pero en cambio incrementó el nivel de asistencia a la Policía Nacional debido a su concentración de esfuerzos hacia el tráfico de narcóticos. De hecho, la Dirección Anti-Narcóticos de la Policía Nacional ha sido el mayor aliado de la lucha de los Estados Unidos contra la erradicación de cultivos y otras operaciones anti-narcóticos en Colombia.[13] Wilhelm argumentó en 1999 que era necesario incrementar el apoyo a las fuerzas militares sin comprometer el nivel de apoyo a la Policía Nacional. Si bien es cierto que la Policía Nacional es profesional y está bien dirigida, no cuenta con el suficiente número de efectivos, ni con el armamento necesario para hacer frente a los diversos escuadrones y columnas móviles de las FARC dotadas de capacidad militar.

        Durante 1999 la fuerza militar de los Estados Unidos trabajó en conjunto con las autoridades colombianas con el fin de crear un batallón anti-narcóticos, el cual que sería un tercio más capacitado que un batallón colombiano tradicional. Este batallón sería entrenado principalmente por miembros de la Séptima Brigada de Fuerzas Especiales de Estados Unidos en la base de Tolemaida, ubicada en la región suroccidental de Colombia, y se esperó que comenzaría operaciones para diciembre de 1999. Sus ideas fueran un parte del fondo del Plan Colombia, y la idea fue que si el batallón resultaba ser tan efectivo como se planeó inicialmente, el siguiente paso sería establecer una brigada de similar diseño y función.

        Wilhelm indicó que la efectividad de dicha brigada dependería en gran medida de la calidad de información de inteligencia que lograse ser obtenida. Para lograr este objetivo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han trabajado con las autoridades colombianas para crear un Centro Conjunto de Inteligencia, el cual estaría localizado con la Brigada Anti-Narcóticos, al sur de Tres Esquinas. El entrenamiento comenzó en otoño de 1999 con la intención de iniciar operaciones para finales de año. Lo anterior fue la piedra angular para la aprobación del paquete de ayuda por parte del Congreso de los Estados Unidos (marzo de 2000), consistente en tres batallones anti-narcóticos, 60 helicópteros, consejeros militares norteamericanos y equipo militar adicional.

        De igual manera Los Estados Unidos ha brindado apoyo militar en otras áreas. Uno de los objetivos ha sido mejorar la capacidad de la Fuerza Aérea Colombiana para bloquear el tráfico de drogas particularmente en operaciones nocturnas, a través de la provisión de anteojos de visión nocturna, equipo navigacional aéreo de cabina y personal de entrenamiento en la Base de Operaciones de Barranquilla. Al mismo tiempo, la Fuerza Armada de Estados Unidos trabajando conjuntamente con el Departamento de Defensa de Estado, trataron de asegurar la disponibilidad de repuestos para aviones y equipo adicional. Lo anterior es muestra de la posibilidad de compra de cinco helicópteros Blackhawk el año pasado. La fuerza militar de Estados Unidos también aunó esfuerzos con el Departamento de Estado Internacional de Narcóticos y con la Agencia de Law Enforcement, para proveer un préstamo sin costo de 18 helicópteros UH-IN comprados en Canadá. Durante el año fiscal de 1999 los Estados Unidos envió más de 30 equipos anti-narcóticos de entrenamiento a Colombia, los cuales brindaron asistencia a más de 1500 miembros de la fuerza de seguridad en un amplio rango de tópicos que van desde entrenamiento de operaciones de campo para pequeños escuadrones, hasta entrenamiento de helicóptero y patrulla fluvial. Los Estados Unidos ha ido más allá al compartir información de inteligencia a través del establecimiento de un sistema de comunicaciones que conecta los equipos nacionales con la Joint Interagency Task Force, localizada en Key West, que ahora está a cargo de operaciones anti-narcóticos.

        Wilhelm aseguró que el problema que enfrenta el gobierno colombiano al lidiar con dos grupos insurgentes y diversas organizaciones paramilitares, presenta adicionalmente una amenaza a la seguridad de los países vecinos, en los cuales los grupos insurgentes ya encuentran refugio - tanto en la provincia del Daríen en Panamá, como en Venezuela Ecuador y en menor extensión en Perú y Brasil. Wilhelm declaró que sin una acción coordinada la situación colombiana podría ser más severa. Para contrarrestar el impacto de la situación colombiana, Venezuela Ecuador y Perú despliegan fuerzas en las regiones fronterizas en orden a prevenir o limitar incursiones de insurgentes, narcotraficantes y paramilitares. De esta manera, Venezuela cuenta normalmente con tropas de 10.000 efectivos a lo largo de su frontera con Colombia. La resolución de la disputa fronteriza entre Ecuador y Perú, y la consecuente implantación de los acuerdos de paz, han permitido a ambos gobiernos mejorar la colaboración en temas regionales como el narcotráfico. En el caso de Ecuador, la inestabilidad civil y la frágil economía limitaron la capacidad del gobierno para enfrentar la violencia y la corrupción asociadas al narcotráfico, a pesar de la capacidad del gobierno de incrementar el número de efectivos en la frontera colombo-ecuatoriana. Actualmente Brasil tiene conocimiento de la intrusión en su territorio de narcotraficantes e insurgentes, a la vez que son concientes que el uso doméstico de narcóticos esta deteriorando la sociedad brasileña, trayendo como resultado el endurecimiento de las políticas del país a causa de las incursiones de las FARC y los narcotraficantes en el Amazonas. De la misma manera Brasil incrementó en 1999 el número de patrullas activas, a la vez que continua generando $1.4 billones en sistemas de vigilancia del Amazonas. Igualmente el gobierno brasileño ha reestructurado la Organización Nacional Anti-Narcóticos.

        La situación de Panamá es aún más compleja, pues la invasión norteamericana en 1989 y la abolición de las Fuerzas Militares Panameñas dejó al país tan sólo con el apoyo de una Policía Nacional poco entrenada y mal equipada para enfrentar las incursiones fronterizas de grupos dotados militarmente como la guerrilla y los paramilitares. Las FARC utilizan el territorio panameño para reagruparse y recuperarse de sus esfuerzos en predios colombianos, mientras que los paramilitares cruzan la frontera para atacar los frentes guerrilleros.

        Actualmente existe una oposición de diversas perspectivas por parte de varias sectores en los Estados Unidos hacia el Plan Colombia, por lo menos en lo que concierne a su contribución. La opinión pública, el Congreso y los funcionarios públicos están preocupados de que una mayor militarización de la guerrilla y de los narcotraficantes en el sur de Colombia conduciría a expandir e intensificar el nivel de violencia en el país, sin que se eliminen los carteles o los movimientos insurgentes. Por ejemplo, la congresista de Wisconsin, Tammy Baldwin, criticó severamente el paquete de ayuda a finales de marzo de 2000, argumentando que la ayuda militar no contribuye de ninguna manera a solucionar los problemas colombianos de inequidad, impunidad judicial, bajo desempeño económico o guerra civil. Ella contempló que los Estados Unidos debería más bien procurar la paz en la región y apoyar a quienes participaron en las marchas del “no más”, llevadas a cabo en octubre de 1999.[14] Existen además reservas en cuanto al tema de los derechos humanos, en lo concerniente al aporte de casi dos mil millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos a las fuerzas militares sin garantía alguna de su conducta frente a los Derechos Humanaos. Una menor preocupación tiene que ver con el impacto de las migraciones a Estados Unidos, tanto de la clase media, que bajo presión busca evadir la violencia y las amenazas de secuestro, como de aquellos desplazados del campo y las zonas marginales. Por otro lado, la mayor preocupación que ronda entre la opinión publica y el Congreso norteamericano –tanto para Demócratas como para Republicanos-,[15] es con respecto al Plan Colombia y la posibilidad de enlistar tropas norteamericanas en el conflicto para participar más allá que en calidad de consejeros militares. La muerte de un piloto femenino norteamericano en territorio Colombiano, asintió el peligro de los Estados Unidos de resultar envuelto en otra guerra no declarada. La guerra de Vietnam aún persiste en la memoria de políticos norteamericanos y en su respectiva toma de decisiones.

       Algunos especialistas en el tema latinoamericano, en conjunto con grupos de presión, también se oponen al apoyo militar de Estados Unidos, tal como lo ilustra el diputado director de la Oficina de Washington en asuntos Latinoamericanos, William Spencer, al argumentar que el acercamiento militar es peligroso y vano. Asimismo afirma que un acercamiento anti-insurgencia no tiene una mayor probabilidad de acertar que un plan anti-narcóticos, pues tanto los insurgentes como los narcotraficantes cuentan con suficientes bases y trincheras, además del hecho que, según su opinión, las fuerzas militares colombianas están relacionadas con el tráfico de narcóticos.[16]

        Si bien es cierto que existen detractores del Plan Colombia en Estados Unidos, también es importante reconocer que existe un apoyo considerable. El hecho que un paquete de US$1.7 millones haya sido aprobado por el Congreso es una muestra de lo expresado en líneas anteriores. Los Senadores republicanos Paul Coverdell y Michael DeWine reflejaron la opinión de muchos otros republicanos al argumentar que el Plan Colombia “es claramente nuestro interés nacional”, mientras otro congresista afirmó que el paqueta de ayuda no había sido suficiente. De la misma manera el Senador de Iowa y Presidente del Comité del Senado para el Control Internacional de Narcóticos, Charles Grassley –uno de los autores originales del paquete de ayuda para Colombia en 1999-, criticó la administración Clinton por gastar miles de millones de dólares en el sostenimiento de las tropas norteamericanas en Kosovo, cuando los narcóticos en Colombia representan una amenaza más cercana e inmediata para la sociedad americana. Grassley también expresó que la administración Clinton había “ignorado en gran medida la amenaza de la guerra de narcóticos en nuestros ciudadanos –creciendo como un cáncer en una cercana democracia que está desesperadamente pidiendo ayuda".[17] El Senador Republicano Jesse Helms, Presidente del Comité del Senado de Relaciones Exteriores, inició una sesión del comité en octubre de 1999 con la siguiente crítica hacia las políticas de la administración Clinton para Colombia: “Qué está haciendo el Gobierno de Estados Unidos para ayudar? Muy poco y a lo mejor ya muy tarde…. Solo recientemente Estados Unidos ha comenzado a proveer un soporte escaso para el nuevo batallón anti-narcóticos del ejército’’[18] Las encuestas de opinión pública en Estados Unidos a finales de 1999 mostraron una gran preocupación nacional con el tema de narcóticos y un respectivo apoyo militar para actuar en áreas de producción. El Presidente Clinton también mostró su preocupación, pues dejaría al Partido Demócrata con el problema colombiano y el sería recordado como “el presidente-narcotico”. Otra potencial fuente de apoyo en los Estados Unidos para el paquete de ayuda es el sector de industria militar, incluyendo las compañías que fabrican los helicópteros y los radares anti-aéreos P-3 usados para localizar y combatir a los narcotraficantes. Otras compañías con intereses en Colombia han apoyado la asistencia militar.[19]

         Tanto el Presidente Clinton como su contraparte en Colombia han sido cuidadosos en acentuar que no existe peligro alguno de una intervención directa de Estados Unidos en el conflicto colombiano. Clinton asimismo indicó en Cartagena que no existía intención alguna de involucrarse en una “guerra de pistoleros” con las FARC o el ELN. En abierta declaración, la cual se prestó para adversas interpretaciones, también añadió que mientras el Presidente Pastrana se encuentre en el poder no cabría lugar para una intervención militar extranjera en Colombia. El principal objetivo de Clinton en su declaración consistió en brindar apoyo político a Pastrana, cuya popularidad en las encuestas colombianas ha diezmado drásticamente desde su apoyo inicial hace dos años.

        El antiguo Embajador de los Estados Unidos en Colombia y también Presidente de la Sociedad de las Américas, Thomas McNamara, expresó en el diario Miami Herald durante la visita de Clinton que el Plan Colombia es la manera más efectiva en que los Estados Unidos puede participar, con el fin de fortalecer la democracia en Colombia y para lograr una negociación constructiva entre el gobierno y la guerrilla igualmente.[20] Asimismo declaró la falta de existencia de una base real a la preocupación del encarte de Estados Unidos con la situación militar en Colombia y que era de suma importancia asistir al gobierno colombiano en este momento, en orden a prevenir la amenaza a la estabilidad del país por parte de la guerrilla y los narcotraficantes. Desde que comenzó el programa de ayuda para Colombia en 1989, el Departamento de Defensa ha insistido en que no habrá incursión militar en el país. El Coordinador del Departamento de Defensa para Apoyo y Políticas del Drug Enforcement, Brian Sheridan, aseguró al Comité del Senado para el Control Internacional de Narcóticos en septiembre de 1999 que “el personal militar de Estados Unidos continuará su función de entrenamiento, así como lo ha hecho durante varios años. Bajo ninguna circunstancia el personal militar de Estados Unidos participará o acompañará a las Fuerzas Militares de Colombia en operaciones de ninguna clase… el apoyo de Estados Unidos continuará siendo dependiente del proceso de Derechos Humanos supervisado por el Departamento de Estado”. [21]De la misma manera es necesario mantener en perspectiva el tamaño del paquete de ayuda norteamericana para Colombia, el cual consistió en $1.7 millones para contrarrestar el narcotráfico, sin dejar a un lado los $2 mil millones de asistencia para Kosovo y los otros $2 mil millones para compensación a las víctimas de la Guerra del Golfo, ayudas financieras aprobadas por el Congreso norteamericano en Marzo.[22] Cabe notar además, para guardar relación de la ayuda aportada a Colombia, que en 1999 este país fue el tercer más grande destinatario de asistencia de los Estados Unidos en el tema de seguridad, lo que implica que recibe más asistencia que el Caribe y América Latina juntas.[23]

        McNamara también argumentó que “nuestros objetivos para fortalecer la democracia, los derechos humanos y las economías de mercado en América Latina sufrirán un serio retroceso si Colombia se desestabiliza”. Tal como McNamara indica, la percepción del gobierno de los Estados Unidos hacia Colombia es que el gobierno colombiano es bastante frágil y que la fuerza de los grupos al margen de la ley –guerrilla, narcotráfico y paramilitares– es un reflejo no del abuso del poder estatal, sino del desacierto en usarlo efectivamente. La violencia, la corrupción y los abusos en Derechos Humanos son, según perspectiva del Embajador, el resultado de la debilidad del Estado, para lo cual recomienda reformas fundamentales en el sistema judicial, en el Congreso y en las Fuerzas Militares, con el fin de reemplazar la corrupción y los intereses particulares por profesionalismo y compromiso hacia las instituciones colombianas y por ende, hacia el interés nacional. McNamara también expresa la necesidad de mantener a los paramilitares bajo control, pues mientras estos tengan libertad de acción, la guerrilla no consentirá en llegar a un acuerdo pacifico en la mesa de negociación. La política de reforma del Presidente Pastrana a través del Plan Colombia es, opina el Embajador, un paso acertado en esa dirección, así este no sea el ideal y aunque la trayectoria al éxito tienda a ser larga, ardua y sangrienta.

            El dilema aún persiste. ¿Cuál es la ruta más efectiva, basada en un proceso gubernamental democrático, para alcanzar la paz, la prosperidad económica y la estabilidad política, en la cual la confianza en el Estado y sus dirigentes vuelva a existir? El Plan Colombia es un acercamiento multidimensional que tiene en cuenta los anteriores tópicos, pero el primordial enfoque es indiscutiblemente una solución militar que destruya la base económica del terrorismo. Una solución militar puede que tenga éxito a corto plazo, aunque la historia sea fiel testigo de los contados éxitos de los conflictos contra-insurgencia después de la Segunda Guerra Mundial. A largo plazo, sin embargo, no hay duda de que la estabilidad política colombiana dependa de la capacidad del Estado en proveer seguridad, en apoyar el desarrollo económico, en facilitar una distribución equitativa del ingreso y la riqueza, y en retomar la confianza del ciudadano corriente. Esto es un verdadero reto capital.