En este artículo se recapitula un debate sobre proyectos de guerra biológica relacionados con el ‘Plan Colombia’; se recuerda el rechazo al propósito de utilizar contra la coca el famoso hongo Fusarium oxysporum, variedad Erythroxylum; se reseña el origen de la llamada ‘alternativa criolla’ y la denuncia contra este proyecto de investigación de ‘controladores biológicos nativos’, pretendida contrapropuesta nacionalista, de muy mala fortuna, que surgió de manera clandestina y tuvo que ser suspendida por sus creadores; y se constata que los peligros persisten.

‘Herbicidas biológicos’ en el Plan Colombia

En el punto titulado ‘Erradicación de cultivos’ el ‘Plan Colombia’ traza como orientación: “Apoyar las nuevas estrategias del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en las pruebas y desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente seguros y confiables, con el fin de encontrar nuevas tecnologías de erradicación”.

El Congreso norteamericano plantea la erradicación de los cultivos ilícitos, en especial de coca, “a través de una combinación de programas de desarrollo alternativo; erradicación manual; aspersión aérea de herbicidas químicos; pruebas de micoherbicidas ambientalmente seguros y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de narcóticos ilegales en territorio colombiano”[4].

Así, el Plan Colombia opta como nunca antes por la erradicación forzada de cultivos declarados ilícitos a través de medios que, además de proyectos para pruebas de ‘agentes biológicos’, incluyen fumigación química y ‘pactos’ de erradicación manual que los campesinos deberán aceptar bajo la amenaza de la fumigación con plazos perentorios para la “sustitución de cultivos”. Con tales estrategias este Plan expone al Estado a agudizar la violación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente.

El rechazo al Fusarium oxysporum, variedad Erythroxylum

Con la participación de las Naciones Unidas en este proyecto, dice la Defensoría del Pueblo, “Estados Unidos no sólo obtiene una cubierta política de sus intenciones, sino que de esta manera se hace más difícil la obtención de información sobre el proyecto. Las Naciones Unidas, al contrario de lo que sucede con el Gobierno norteamericano, no está obligada por la Ley de Libertad de Información, la cual garantizaría el acceso a documentos oficiales por parte de terceras personas”[5].

Se sabe que una investigación del gobierno de los Estados Unidos iniciada en la década de 1960 identifica en la isla de Kauai (Hawai) una variedad del Fusarium denominada Erythroxylum,  que en 1987 aíslan sus componentes químicos y confirman su potencial como “micoherbicida"[6]. Además, aunque no hay información sobre los procedimientos desarrollados en laboratorio, muchos afirman que este microorganismo fue modificado genéticamente haciéndolo más agresivo[7].

A la gravedad de la situación causada por la fumigación química, se suma el peligro de la liberación de este microorganismo, cuyas toxinas son consideradas armas biológicas en la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas, que prohíbe su desarrollo, producción, uso y almacenamiento para propósitos hostiles o en un conflicto armado.

Ante posibles ‘pruebas experimentales’ y la eventual utilización masiva de este hongo, surge una oposición enérgica de sectores académicos, investigadores y algunas organizaciones sociales. En el debate se menciona, además, que el Protocolo sobre Bioseguridad del Convenio de Diversidad Biológica reconoce que los organismos vivos modificados genéticamente -OVM, OGM- poseen potenciales impactos negativos sobre la biodiversidad y la salud humana, por lo cual su introducción a los países requiere una estructura reguladora diferenciada[8]. Por no existir certeza científica sobre las consecuencias que traería su aplicación se recuerda al gobierno colombiano el principio de precaución, señalado en el Convenio de Diversidad Biológica, en el Protocolo sobre Bioseguridad y en la legislación nacional, como un deber de quienes tienen que tomar determinaciones en lo ambiental.

En la discusión se aclara que la utilización del Fusarium oxysporum variedad Erythroxylum no sería “control biológico”, sino dispersión de plagas y enfermedades con capacidad de atacar plantas, animales y seres humanos, que su aplicación afectaría la biodiversidad y la producción de alimentos, al tiempo que violaría los convenios internacionales antes mencionados ratificados por Colombia y la propia Constitución Nacional cuyo artículo 81 prohíbe “la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares". La Constitución también establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, que el Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas, que también serían afectados.

La ejecución de la “estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia alarma a los países vecinos por el desplazamiento forzado de personas que llegan a estos en calidad de refugiados, y por la amenaza del uso de agentes biológicos sobre la selva húmeda tropical compartida.

Otro hecho que causa gran preocupación por el uso del Fusarium oxysporum es la negativa del Estado de la Florida en 1999 de ejecutar un programa de experimentación con este microorganismo para atacar cultivos de marihuana. Según los mismos norteamericanos no existe certeza de que el hongo no cause daños graves al medio ambiente[9]. ¿Porqué si Estados Unidos admite que el llamado ‘agente verde’ es un arma biológica y se niega a utilizarlo en su territorio, quiere aplicarlo en Colombia? ¿Porqué es aplicable el principio de precaución -carencia de certeza- en Estados Unidos, pero no en Colombia?

Con base en un juicioso análisis sobre los posibles impactos que generaría el uso del hongo Fusarium oxysporum, variedad Erythroxylum, sobre la biodiversidad y la salud humana y la posibilidad de vulnerar los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, la Defensoría del Pueblo en comunicado de prensa del 10 de julio de 2000, recomienda a las autoridades nacionales competentes no permitir el ingreso al país de este hongo, aun para ser utilizado en proyectos de simple experimentación.

En un escenario de oposición y de protestas nacionales e internacionales, el Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, no tiene otra alternativa que rechazar públicamente el uso de este hongo por carecer de certeza sobre sus impactos en el medio ambiente y la salud humana. En declaración para la Revista CAMBIO, de la última semana de julio de 2000, el Ministro reconoce que “la polémica nace de una propuesta que presentó el Programa Antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP) a consideración del gobierno colombiano para realizar ensayos controlados en Colombia de un hongo denominado Fusarium oxysporum C-4, desarrollado y probado en Hawai”[10].

Aparece la "alternativa criolla"

Con el calificativo de ‘alternativas criollas’ el Ministro se refiere, sin nombrarlo de manera explícita, al Proyecto titulado“Formas alternativas, integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por cultivos de coca y su erradicación”, formulado por el Ministerio del Medio Ambiente con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt[11], como una manera de sortear la crisis y al mismo tiempo mantener los compromisos con Estados Unidos.

La iniciativa se presenta como una contrapropuesta para ser desarrollada por científicos e instituciones colombianas, con pruebas de campo en la Amazonia y con apoyo financiero de la comunidad internacional. Pero el Sinchi como entidad ejecutora –dice el proyecto- puede “subcontratar” con empresas nacionales o internacionales. El inicio del estudio estaba previsto para agosto del 2000, con una duración de 3 años y por un valor de 7 millones de dólares[12].

Aspectos del debate sobre el proyecto de la “alternativa criolla”

• En primer término se recuerda que con base en principios éticos la investigación científica debe estar al servicio de la vida, la justicia social, la solidaridad, la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz.
• El proyecto no se integra a una agenda de paz y solución negociada de los conflictos y desconoce la posibilidad de sustitución gradual y concertada con las comunidades campesinas. Aunque la propuesta se presenta como solución ‘tecnológica’ pura y aséptica, se ubica en un contexto de guerra y se suma a las soluciones violentas del conflicto Colombiano.
• Bajo el sofisma de un “control biológico” inofensivo, se propone realmente la identificación y posterior empleo de armas biológicas que incrementarían el desplazamiento forzado de poblaciones y la crisis humanitaria en el país, además de los potenciales daños sobre flora y fauna de la Amazonia colombiana y de países vecinos.
• Estimularía la utilización de más tóxicos químicos por parte de los cultivadores para “defender” sus plantíos de coca y repercutiría en una mayor demanda de “controladores biológicos” para lucrar a productores y mercaderes de agroquímicos y agentes biológicos, inscritos en alternativas de guerra.
• Significaría más guerra contra los campesinos y contra la selva. Los microorganismos patógenos de la coca, incluso los “criollos”, pueden llegar a infectar y matar diversas especies de plantas, amenazar la biodiversidad y la seguridad alimentaria. El rechazo ya no es solo al uso del Fusarium oxysporum, variedad Erythroxylum, pues los herbicidas biológicos nativos, se reitera, también pueden generar graves daños al medio ambiente y a la salud humana.

En este sentido, la carta abierta del 17 de agosto del 2000 que varias ONG dirigen al  Presidente ANDRES PASTRANA ARANGO y al Ministro del Medio Ambiente, JUAN MAYR MALDONADO, señala como preocupante que se pretenda eliminar los cultivos de coca “acudiendo, además de las estrategias conocidas, a la del control biológico mediante el uso de micoherbicidas (hongos)”. La carta advierte que “la llamada estrategia de control biológico no es mas que una ‘dispersión de plagas’, con las que no se puede garantizar selectividad porque los organismos pueden mutar genéticamente y atacar otras especies, como cultivos alimenticios o plantas silvestres”[13].
Centenares de personas y de organizaciones de Colombia y del exterior firman esta carta, que exige: “evitar el uso de armas o ‘agentes’ biológicos sean éstos extranjeros o nativos, así como sustancias agrotóxicas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la subversión, las cuales ocasionarán una catástrofe irreversible y sin precedentes, que tendrá implicaciones nefastas dentro de un espacio de vida para las presentes y futuras generaciones”.
• Además de postulados de la Constitución Nacional y su carta de derechos, el proyecto de las “alternativas criollas” contradice convenios internacionales ratificados por el país, entre ellos el Convenio de la Diversidad Biológica y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT que obliga a los gobiernos a respetar las culturas y valores de los pueblos indígenas, su relación con los territorios que ocupan o utilizan y en particular los aspectos colectivos de esa relación. El gobierno tiene la obligación de consultar cualquier actividad que se proponga o se desarrolle en los territorios indígenas o que pueda afectarlos, cosa que no hizo.
• Pone en evidencia la incoherencia de políticas en el Ministerio del Medio Ambiente que propone a través del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, el diseño participativo con las comunidades de una política pública, denominada “Agenda 21 Amazonia Colombiana”, pero al mismo tiempo perfila desde la penumbra investigaciones que vulneran los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales.
• Tras la propuesta de investigación de ‘controladores biológicos de la coca’, el proyecto encubre una iniciativa de bioprospección y piratería sobre el conjunto de la biodiversidad amazónica colombiana. Al respecto es elocuente en el texto del mismo lo relacionado con los derechos de propiedad: “Los derechos patrimoniales de autor, como información, datos, metodologías, protocolos, colecciones biológicas, patentes y cualquier otra información científica o técnica que se genere en el desarrollo del proyecto, pertenecerán exclusivamente al Ministerio del Medio Ambiente y al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi como entidades responsables de la ejecución del proyecto, en caso de utilización de la información para publicaciones de carácter científico, se darán los créditos correspondientes a los investigadores y a las entidades públicas o privadas que participen en la ejecución del mismo...”

Tal régimen de “derechos patrimoniales de autor”, sobre colecciones biológicas, patentes y demás aspectos mencionado, usurparía los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales, de una región rica en recursos genéticos.
El Anexo No. 6 del Proyecto explica la bioprospección, como una estrategia “que asesora y ayuda a los empresarios en el desarrollo de sus ideas, diseño de planes de negocios y a la creación y consolidación de sus empresas, mediante una Red de Apoyo en Bionegocios”. La bioprospección busca acortar el camino y los costos en la identificación de recursos genéticos, o de principios activos en los organismos vivos para transformarlos, por ejemplo, en fármacos. Para ello utiliza el conocimiento colectivo de las comunidades locales y pueblos indígenas. El problema surge cuando estos conocimientos y recursos genéticos, que deberían ser respetados como inalienables, son expropiados mediante patentes, inclusive sobre organismos vivos, o a través de dudosas “retribuciones económicas”, como propone el proyecto mencionado, transformándose la bioprospección en piratería, en este caso sobre los recursos de la diversidad biológica y cultural de la región amazónica colombiana[14].
• El proyecto desconoce las instancias de participación y concertación con las comunidades campesinas y pueblos indígenas y de discusión con la comunidad científica. El debate es aceptado de manera tardía por el Ministerio del Medio Ambiente, cuando ya se produjo multitud de pronunciamientos y una citación del Congreso Nacional al Ministro, el 1 de agosto de 2000, promovida por el Senador Rafael Orduz.

Seminario de Paipa, septiembre 2000: retrocede la “alternativa criolla”

La mayoría de los participantes rechaza la amenaza de guerra biológica, oposición que desde hacía meses realizaban sectores significativos de la comunidad científica colombiana, organizaciones sociales e indígenas, organizaciones no gubernamentales, miembros del Congreso Nacional y la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente propone convocar “un grupo científico independiente del más alto nivel y representativo del saber colombiano”, con el fin de “examinar” la propuesta de estudio antes citada, “reafirmarla en caso que sea aceptable, o proponer alternativas”. Se abre así un espacio para abandonar ese proyecto.

OPIAC: el veto a las investigaciones para la guerra

La OPIAC manifiesta que tal proyecto de investigación es contrario al proceso de construcción de una “Agenda 21 Amazonia Colombiana”, promovida por el Ministerio del Medio Ambiente y liderada por el Instituto Sinchi con la participación de esta organización indígena. La OPIAC señala que el diseño del proyecto de estudio de los “controladores biológicos” de la coca viola por parte del Ministerio del Medio Ambiente y del Sinchi el “Acta de compromiso” firmada con la OPIAC para desarrollar el proceso participativo para la Agenda amazónica. La OPIAC anuncia que se retira del proceso de la Agenda mientras el gobierno no aclare su posición a través del Ministerio del Medio Ambiente y del Sinchi.

Finalmente, la ponencia de la OPIAC presenta un conjunto de propuestas, discutidas y aprobadas por el Comité Directivo de la Organización. Entre ellas, “impulsar la  erradicación manual de cultivos con fines ilícitos” acompañada de políticas que garanticen “la supervivencia y la seguridad alimentaria de los campesinos cultivadores”; rechazar toda erradicación forzada contra campesinos o indígenas, así como la fumigación química y el mal llamado “control biológico” contra los cultivos de coca. Propone además la realización de “una reunión regional amazónica” en la cual participen las autoridades tradicionales indígenas, los gobernadores indígenas, los curacas, con el Ministerio del Medio Ambiente y otros organismos del gobierno, para establecer compromisos en relación con estos puntos.

Taller Nacional “Agenda 21 Amazonia Colombiana”: nuevo retroceso de la “alternativa criolla”

En respuesta a la OPIAC, la Dirección del Sinchi aclara que el proyecto no está en ejecución, no está financiado y no es objeto aún de convenios. A partir de una “autocrítica”, la Dirección del Sinchi expresa su disposición a retirar del proyecto el componente relacionado con la identificación de “controladores biológicos” de la coca. Aunque mantiene los otros componentes, este es otro paso hacia el retiro definitivo del proyecto.

El 20 de octubre de 2000, la OPIAC emite una nueva declaración pública, mediante la cual exige que sea retirado, en su totalidad, el proyecto del Ministerio del Medio Ambiente y los Institutos Sinchi y Humboldt. Subscriben esta declaración 26 representantes de los pueblos indígenas de la Amazonia y Orinoquia colombiana reunidos en el “Taller Nacional”.

En esta oportunidad, los representantes indígenas de la región amplían el rechazo de las comunidades al desarrollo de agentes biológicos contra la coca y, en general, al desarrollo de investigaciones que vulneran los derechos de los pueblos indígenas sobre el conocimiento ancestral y atentan contra su autonomía. La declaración de la OPIAC denuncia que el proyecto aludido desconoce la soberanía nacional y se somete a las presiones internacionales inherentes al “Plan Colombia” para la ejecución de políticas represivas para la erradicación de cultivos ilícitos, sin importar los altos costos sociales, el incremento de la guerra y el enfrentamiento interno en nuestro país; y exige respeto hacia las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

El “Taller Nacional de Agenda 21 Amazonia Colombiana”, con delegados de la región y la presencia de la Dirección del Sinchi, con el fin de determinar nada menos que “el contenido de la Agenda para la región, sus acciones y estrategias”, concluye con un rechazo a la fumigación de cultivos con fines ilícitos. Como alternativa se plantea procesos concertados y graduales con los campesinos, en un marco de transformación pacífica de los conflictos, así como la compensación a los campesinos e indígenas por los daños causados por las fumigaciones en sus cultivos de alimentos y en otros proyectos productivos lícitos.

Los participantes en este Taller se pronuncian en defensa de los derechos y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas; por una moratoria de la bioprospección en los mismos términos del “Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad”, realizado en Nairobi, en mayo de 2000: “Nuestra preocupación por la violación, el saqueo y el robo de nuestra Madre Tierra exige que pidamos una moratoria a la bioprospección y al acceso y uso del conocimiento tradicional hasta que llegue el momento en que nuestra herencia cultural esté totalmente protegida por las leyes nacionales e internacionales”.

Pero permanecen sin respuesta algunas preguntas: Las conclusiones de este evento, concertadas por representantes de comunidades campesinas y pueblos indígenas con el SINCHI, ¿Serán cumplidas por el gobierno y el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Tienen el carácter y la fuerza de auténticas "políticas públicas"? ¿Tienen fuerza como compromiso real del Estado? Resulta notorio que en el taller están ausentes tomadores de decisiones nacionales, como Ministerio del Medio Ambiente, Planeación Nacional, Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Sin embargo, a través de la protesta ciudadana, de sectores del Congreso Nacional, de la comunidad científica, de pronunciamientos nacionales e internacionales, de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones de los pueblos indígenas, se producen derrotas a estos proyectos y  lucrativos negocios de la guerra biológica.

UNDCP se retira de proyectos de agentes biológicos contra cultivos “ilícitos” en Suramérica

Pero el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas continúa apoyando un proyecto de investigación de un hongo para eliminar la amapola en Uzbekistán; retrocede en el proyecto de la guerra biológica en Colombia, pero lo hace sin cuestionar su papel en el proyecto de Uzbekistán. Sin embargo, el retiro de UNDCP de proyectos de agentes biológicos contra cultivos declarados ilícitos en Suramérica es un hecho positivo, que puede ser utilizado como palanca para lograr una prohibición global de tales proyectos. Además, determina otro retroceso de las investigaciones diseñadas en Colombia con esos propósitos.

Enero de 2001: retirada la “alternativa criolla”

Como consecuencia de las protestas, debates y denuncias, el Ministerio del Medio Ambiente se ve obligado primero a rechazar la utilización del hongo Fusarium oxysporum variedad Erythroxylum. Ahora, de hecho, cancela el proyecto para la identificación de los llamados “controladores biológicos nativos” de la coca, siguiendo los pasos de la agencia antidrogas de Naciones Unidas, UNDCP, en el retiro de este tipo de proyectos para Colombia y la región andina, decisión que el Ministro en la carta citada manifiesta que “comparte a cabalidad”.

Y ¿ahora? Hacia la prohibición global de agentes biológicos contra cultivos

La agencia antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP) se retira de proyectos de “control biológico” contra cultivos declarados ilícitos en Colombia y la región andina y el Ministerio del Medio Ambiente decide en enero de 2001 “no continuar con el análisis” de un proyecto de “controladores biológicos nativos”.

La Resolución del Parlamento Europeo, del 1 de febrero del 2001, sobre el Plan Colombia y en apoyo al proceso de paz colombiano, expresa que la Unión Europea “debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados los riesgos que su uso entraña tanto para la salud como para el medio ambiente”. Esta decisión del Parlamento Europeo es otro golpe significativo contra estas políticas porque rechaza no sólo un agente biológico Fusarium oxysporum, sino la estrategia en su totalidad.

Sin embargo, los peligros persisten. Hay programas activos de armas biológicas contra las drogas en Asia y los Estados Unidos. El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas UNDCP, con el auspicio de los Estados Unidos y el Reino Unido, tiene el compromiso de desarrollar agentes biológicos contra cultivos declarados ilícitos.

En reportaje de la BBC de Londres al señor Rand Beers -‘Subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para asuntos internacionales y de narcotráfico’-, le preguntan: si Colombia continúa negando el consentimiento informado para la prueba de campo del hongo Fusarium oxysporum, variedad Erythroxylum, ¿el juego se termina?. Él responde: “Sería muy difícil recuperarse, pero no estoy dispuesto a admitir que se acabó”. El señor David Sands, científico y comerciante norteamericano, según el mismo reportaje “poseedor de los derechos sobre el hongo”, declara de manera categórica: “entraremos sin permiso”[17].

La administración Bush ratifica al señor Beers en su cargo. El señor Sands, a diferencia de Rand Beers, no es un funcionario del gobierno, pero como menciona el mismo video reportaje de la BBC de Londres, tiene excelentes conexiones en el Congreso y en las esferas gubernamentales de los Estados Unidos. Estos hechos también hacen pensar que “el juego” aun no terminó y que no ha concluido el debate sobre los proyectos de armas biológicas.

Por todo esto, es necesaria una prohibición global. No basta desmantelar los programas existentes de investigación, es indispensable una prohibición sobre cualquier trabajo, presente o futuro, en armas biológicas para erradicar cultivos. A la Comisión de Estupefacientes de la ONU y a la Conferencia de las Partes del Convenio de Armas Biológicas y Tóxicas, se debe solicitar la prohibición global del uso de agentes biológicos contra cultivos, como la coca, la amapola o la marihuana.

En especial, es preciso continuar procesos pedagógicos en la sociedad y mantener una vigilancia nacional e internacional, sobre posibles proyectos de agentes biológicos contra cultivos. Esta cruzada contra la guerra biológica, que también es contra de la fumigación química, es en primer término por la defensa de los derechos humanos, que son la base de una auténtica ética ambiental. La experiencia colombiana muestra la capacidad de la comunidad académica y científica, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales, para oponerse a iniciativas que atentan contra los derechos humanos y la diversidad biológica.

El presente debate también enseña que es indispensable fortalecer alternativas pacíficas frente a varias décadas de una inútil ‘guerra a las drogas’ dirigida en especial contra los campesinos de las regiones con cultivos tipificados como ‘ilícitos’, sin que se logre reducir el consumo que en el mundo llega a  más de 235 millones de personas y sólo en Estados Unidos casi a 14 millones. Cada día es más evidente que “el mal no son las sustancias, no son los productos o el elemento droga en sí mismo, sino las políticas que se desarrollan”[18]. Hace falta, en síntesis, redefinir la política frente a ‘las drogas’, aceptar que es imposible eliminarlas, que es necesario descriminalizar a los campesinos cultivadores, despenalizar y buscar el mínimo daño en la salud de los consumidores, promover el debate internacional sobre estas alternativas[19].

[1] Ex Consultor del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi. Ingeniero Agrónomo, Calificado en: Industrias. Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional. Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz. Miembro de la Corporación Unidades Democráticas para el Desarrollo Ceudes.
[2] Ex Funcionaria del Sinchi y ex Coordinadora de “Agenda 21 Amazonia Colombiana”. Sociologa. Coordinadora Programa Colombia, Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos.
[3]“Plan Colombia. Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, Presidencia de la República, 1999.
[4] Ley HR4425, capítulo 2 sección 3201, condiciones de asistencia para Colombia, USA, Julio 13 de 2000.
[5] Defensoría del Pueblo, Los cultivos ilícitos, política mundial y realidad en Colombia, agosto de 2000.
[6] Defensoría del Pueblo, Op Cit, 2000.
[7] Según Gilles-Eric Séralini, “OGM Le vrai débat”, Flammarion, 2000 (hablando de la guerra biológica): "en conjunción con el gobierno, los científicos americanos han modificado agentes microbianos y otros hongos Fusarium (Fusarium oxysporum y Ploespora papaveraceae) para devastar las plantaciones de narcóticos". (p. 66).
[8] "La falta de certeza científica debida a la información y conocimiento científicos relevantes insuficientes en relación con la extensión del potencial de un organismo vivo modificado de causar efectos adversos en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en la Parte importadora, tenidos también en cuenta los riesgos para la salud humana, no puede impedir a esa Parte tomar una decisión, como fuera apropiado, en relación con la importación del OVM en cuestión... para evitar o minimizar esos efectos adversos potenciales".
[9] Jared Kotler, Colombia Against Using Fungus. Asociated Press Writer, Julio de 2000. Citado por Defensoría del Pueblo, Op Cit, 2000.
[10] “Porqué rechazamos el hongo”. Revista Cambio No.370, 24-31 de julio del 2.000, Bogotá.
[11] Véase Proyecto “Formas alternativas, integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por cultivos de coca y su erradicación” en: www.sunshine-project.de/pr180700es.html, www.mycoherbicide.net/NEWS/lastcounterproposal.htm, www.ceudes.org
[12] La empresa comercial Live Systems Technology S.A., que tiene vínculos con la formulación de esta propuesta de estudio del “control biológico de la coca”, es mencionada en la versión de mayo del 2000 del proyecto, en la de julio del 2000 no aparece de manera explícita.
[13] Véase carta en www.sunshine-project.de
[14] Véase: (1) Darío González, Bioprospección y guerra biológica, agosto de 2000, www.viaalterna.com.co, www.ceudes.org. (2) OPIAC, “Los pueblos indígenas actores insustituibles”, septiembre 2000. www.ceudes.org
[15] Véase: Comunicado de prensa conjunto de Acción Andina (Bogotá), Sunshine Project (US/Alemania), Transnational Institute (Amsterdam), en www.sunshine-project.org/pr131100.html
[16] Memorando de Justificación para Determinación Presidencial 2000-28. www.sunshine-project.org/indexesp.html
[17] BBC de Londres, reportaje vídeo “La secreta guerra británica contra las drogas”. 2000.
[18] Juan Manuel López Caballero, “Colombia: víctima de la política antidrogas”, en: Cultivos ilícitos en Colombia, Memorias del foro realizado el 17 y 18 de agosto de 2000. Universidad de los Andes, Bogotá, enero de 2001.
[19] Véase: Soluciones pacíficas alternativas a la ‘guerra a las drogas’. Mesa ‘Cultivos ilícitos’, II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadana para una Agenda de Paz, Bogotá, marzo de 2001.