El Gobierno
departamental del Cauca no ha sido indiferente a la situación social
que viven diferentes comunidades y regiones por el avance de la guerra.
Nuestro mismo origen popular y nuestra procedencia de las organizaciones
sociales del Cauca nos plantean una filosofía de paz, vida digna,
respeto de los Derechos Humanos y justicia social. Por eso, desde antes
de posesionarnos estuvimos acompañando a los indígenas y
campesinos del Naya y del Norte del Cauca que se desplazaron por la violenta
arremetida de los paramilitares. Acción que se hizo clara en el
regreso a sus tierras; decisión que las comunidades adoptaron después
de varios días de encontrarse en Santander de Quilichao. Así
lo hemos hecho en todos los momentos aciagos que han vivido las comunidades
a lo largo y ancho del departamento.
Sin embargo,
todo el mundo sabe que el conflicto armado no se circunscribe al territorio
en que ejercemos gobierno. Sino que obedece a una dinámica nacional
de control de territorio de los diferentes grupos armados; que se recrudece
en nuestra región justamente desde el ano anterior. Por ello nuestra
acción se reduce a alertar a los organismos de seguridad del Estado
sobre las acciones que las comunidades descubren que las puede afectar
sin que ello garantice una acción eficaz; puesto que se sale del
marco de nuestras atribuciones. Fortalecemos sí la búsqueda
de apoyo humanitario y de acompañamiento a la población agredida;
que es lo mínimo que un gobierno popular debe darle a sus protegidos.
Igualmente, hacemos gestiones para que en un corto plazo haya comunidades
con recursos para llevar adelante algunos de sus proyectos.
Sabemos que
en el proceso de la guerra, sus activadores buscan polarizar las fuerzas
para colocar la población a su favor. Es así como, desde
nuestra posesión, hemos recibido información de que la mayoría
del gobierno departamental y de dirigentes del Bloque Social Alternativo
fuimos declarados objetivo militar por parte de las Autodefensas Unidas
de Colombia. Amenaza que se corroboró el pasado viernes, de una
manera directa, con nuestro asesor, el profesor de la Universidad del Cauca
Diego Jaramillo Salgado.
En la campaña
electoral y en el ejercicio de gobierno hemos sido claros en condenar la
acción militar venga de donde viniere porque acaba con el tejido
social, y las organizaciones sociales, por largos años construido
en este departamento. Porque imposibilita la realización de proyectos
económicos y sociales, y porque, lo más importante, incentiva
los factores de violencia y coloca a la población en la mayor indefensión
frente al avance de la barbarie.
Por eso le
decimos al señor Carlos Castaño, y a quien opte por intimidar
con las armas, que nuestra acción está expuesta a los ojos
de toda la población en defensa y en beneficio de todos los caucanos.
Que no renunciaremos a aprovechar todo minuto de nuestro período
de gobierno para cumplir el mandato que el pueblo nos ha dado. Que no es
otro, que facilitar y aclimatar condiciones para la paz, defender la vida
de los caucanos y favorecer todos los procesos tendientes a crear una sociedad
digna y con justicia social.