DECLARACIÓN DE NUEVA LOJA (LAGO AGRIO) SUCUMBIOS, ECUADOR

Las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, eclesiásticas Organismos Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Francia, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Suecia y Venezuela, asistentes al Encuentro Internacional “IMPACTO DE LA MILITARIZACION EN LAS ZONAS FRONTERA” realizado en Lago Agrio entre el 16 y 19 de abril del 2001

CONSIDERANDO:

Que la aplicación del Plan Colombia y la Iniciativa Andina, y su consecuente militarización de las zonas de frontera responden a intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos y otros Estados dirigidas al control de zonas y recursos estratégicos, con la implementación de la militarización en Colombia, Panamá y de bases militares en Manta (Ecuador), Aruba y Curacao, Comalapa (El Salvador), Liberia (Costa Rica), Vieques (Puerto Rico), Nanai en Loreto y en el Alto Huallaga (Perú) entre otras, así como el uso de estrategias y tecnologías de guerra; que además este Plan, ratificado por la mayoría de Estados contraviene el espíritu del Convenio 169 de la OIT que establece la libre determinación y respeto a los pueblos indígenas;

Que existe una relación entre el modelo económico que pretende extender los Acuerdos de Libre Comercio de las Américas para imponer la política favorable al capital mundial en la región y la implementación del Plan Colombia y la Iniciativa andina, como expresión militar del proyecto económico;

que las políticas de los Gobiernos en las zonas de frontera se han caracterizado por un aprovechamiento irracional de los recursos naturales, generando efectos negativos de carácter ambiental, social, cultural y económico en las poblaciones fronterizas, dentro de las que están incluidas comunidades indígenas y afro-descendientes;

que para solucionar los conflictos sociales y económicos de las zonas fronterizas por parte de los Estados regionales se ha utilizado la militarización y la fuerza, con mecanismos represivos de control social, a través de prácticas de sometimiento, temor y obediencia ciega;

que otra consecuencia de esta militarización es el incremento en las inversiones y el comercio legal e ilegal de armamentos, del que se benefician únicamente los Estados, compañías y agentes productores y comercializadores de armas.

que el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia ha significado: el reclutamiento forzado de indígenas y afro-descendientes; la exacerbación de prejuicios raciales, xenófobos y otras formas de intolerancia, incompatibles con la construcción de una cultura de paz y respeto a la diversidad. Además, las partes en contienda han involucrado a niños y niñas como estrategia de guerra que vulnera la autonomía de las comunidades y los derechos de los niños y niñas;

que la militarización, en lugar de proporcionar seguridad a la población civil, genera graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, produce secuestros, masacres, ejecuciones extrajudiciales y obliga a los desplazamientos forzados y al exilio;

que la hoja de coca no es una sustancia estupefaciente, por lo tanto es lícita, su uso tradicional ha significado un pilar fundamental en el desarrollo de las culturas indígenas ancestrales de América; por otra parte, la cocaína sí es un producto ilícito, elaborado en su mayoría con componentes químicos provenientes de los países del Norte;

que el narcotráfico es un fenómeno de carácter global que incluye producción, procesamiento, comercio, consumo de drogas y enriquecimiento de sectores financieros transnacionales, y que sin embargo la política antinarcóticos no se ha dirigido a los eslabones de producción y comercio, sino a fumigaciones de cultivos en los países productores y, por lo tanto, se ataca el eslabón más débil de esta cadena, sin afectar a quienes obtienen y acumulan la mayor rentabilidad en el negocio.

que la fumigación masiva de coca y amapola, que se viene ejecutando en el marco del Plan Colombia no es la solución al narcotráfico; esa acción indiscriminada constituye un atentado contra la salud de las poblaciones y pone en serio peligro el equilibrio ambiental de las comunidades y territorio andino y amazónico;

que el Estado colombiano ha incumplido reiteradamente las recomendaciones internacionales para desmantelar, procesar y sancionar a los grupos paramilitares;

que al constatar que en el mundo se levantan voces que demandan solución al conflicto social y armado en Colombia, a través del diálogo, y contra la estrategia militarista que constituye una amenaza para la paz de la región;

que en la resolución del conflicto deben participar activamente las autoridades, organizaciones y pueblos indígenas, afro-descendientes y demás poblaciones de zonas de frontera:

RESUELVEN

Reafirmar el decidido rechazo al Plan Colombia y a la Iniciativa Andina que él significa, frente a los cuales las organizaciones participantes nos levantamos para mantener la vigilancia ciudadana y la denuncia de esta grave intervención por parte del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos y la paz de nuestra región.

Mantener la defensa de los recursos naturales y estratégicos, puesto que en ellos descansa la posibilidad de construcción del proyecto histórico de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes en la América Latina. En consecuencia, los Estados deberán promover y acelerar los procesos de legalización y entrega de territorios y tierras a las comunidades étnicas y campesinas de la región.

Reiterar la obligación de los Estados latinoamericanos de proteger, promover y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y en consecuencia, atender efectivamente las recomendaciones de los organismos internacionales.

Apoyar la solución política negociada de los conflictos y el diálogo como mecanismo para abordar las causas estructurales que los originan.

Plantear que las comunidades indígenas, afro-descendientes y los pueblos fronterizos tienen el más firme compromiso con el desarrollo integral y sostenible de la región, frente a los cuales los Estados, junto con la cooperación internacional, deben establecer políticas sociales tendientes a elevar el nivel de vida de la población, con pleno respeto por la cosmovisión de los pueblos indígenas y afro-descendientes.

Llamar a los Estados de América Latina a implementar leyes para refugiados que estén acordes con los instrumentos internacionales en la materia y representen en la práctica la protección de las personas solicitantes de asilo y desplazadas internas en el contexto del conflicto armado interno.

Demandar la inmediata suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca y buscar la desmilitarización de los territorios de los pueblos que utilizan la coca como planta sagrada.

Solicitar a los Gobiernos de Ecuador, Aruba, Curacao, El Salvador, Costa Rica, Perú y Puerto Rico el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y propiciar jornadas de movilización ciudadana y desobediencia civil en todos estos lugares, en rechazo a su presencia. Solicitar igualmente a los Estados latinoamericanos que eviten la militarización de las fronteras como política oficial para mantener el control.

Hacer un llamado de urgencia a los Estados latinoamericanos para que ratifiquen los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos, el Estatuto de Roma que da lugar a la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

Exhortar a los Parlamentos Andino, Latinoamericano, Amazónico e Indígena a coadyuvar en la búsqueda de soluciones alternativas al conflicto social y armado colombiano, la promoción y la defensa de los derechos humanos y la paz en la región.

Expresar su solidaridad y apoyo a las iniciativas de las comunidades, que en medio del conflicto, han optado por una cultura de la no-violencia y tratan de sacar adelante sus proyectos de vida y esperanza.

Exigir a los Estados Unidos indemnización por los efectos nocivos del Plan Colombia en orden al impacto al ecosistema y de orden social de Colombia y los países vecinos, en especial Ecuador.

Instar a los gobiernos de América Latina a que incorporen las demandas y derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afro-descendientes dentro de la Declaración y Plan de Acción de la próxima Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las formas de Intolerancia Relacionadas, a celebrarse en Sudáfrica en el segundo semestre del 2001.

El Seminario Internacional reafirma su fe en la solidaridad entre los pueblos y por ende su compromiso en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, afro-descendientes y fronterizas binacionales.

Dado en la ciudad de Nueva Loja (Lago Agrio), Sucumbios, Ecuador, a los 19 días del mes de abril del 2001.