LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO COLOMBIANO!

PARA:
 

Presidencia de la República

Ministerio de Salud

Ministerio del Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura

Defensoría del Pueblo

Contraloría General de la República

Procuraduría General de la Nación

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por decisión de marzo 23 de 2001 contenida en el Expediente Nº 5483, ratificó la legalidad de la Resolución 01669 de mayo 27 de 1997 del Ministerio de Salud, reconociendo la validez de su Artículo 1º, mediante el cual se prohibió (una vez más) la importación, fabricación, comercialización y uso de productos formulados con base en el insecticida organoclorado ENDOSULFAN (THIODAN, THIONIL) (Categoría Toxicológica I, extremadamente tóxico), y declaró la nulidad de los artículos que permitían su uso en café, reconociendo la vigencia de la Resolución 209 del Ministerio de Agricultura, por la cual se prohibieron los organoclorados en el cultivo del café desde 1978, para proteger el mercado internacional del grano.
 

El Ministerio de Salud dictó la prohibición cumpliendo disposiciones de la Constitución Nacional de 1991 y la Ley 9ª de 1979 (Código Sanitario), norma de contenido social orientada a “la conservación y el mantenimiento de la salud de la comunidad, como un bien de interés público”, afirmando en la contestación de la demanda que “... el interés de la comunidad está por encima del puramente individual...” (textos del Expediente Nº 5483). También respaldó su decisión en atribuciones concedidas por el Decreto 1843 de 1991 sobre Uso y Manejo de Plaguicidas y por la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente.
 

La decisión de la máxima autoridad, el Consejo de Estado, fue la respuesta a una demanda de dos abogados defensores del veneno, presentada después de varias acciones legales de la sociedad civil, como Derechos de Petición y Acciones de Tutela interpuestos, y de varias decisiones de prohibición del Ministerio de Salud, que los fabricantes del tóxico se negaban a acatar. En este nuevo intento por mantener en el mercado este peligroso agrotóxico, podría decirse que los demandantes subestimaron la capacidad legal, profesional, científica y ética del Ministerio de Salud, al acusarlo en la demanda con los términos desobligantes de “falta de competencia”, “desviación de poder”, “falsa motivación“ y “expedición irregular del acto” (tomados textualmente del Expediente Nº 5483), pretensiones que fueron denegadas por el Consejo de Estado.
 

La decisión del Consejo de Estado obedeció a un profundo análisis de extensa documentación, aportada como prueba por diferentes instituciones, como el mismo Ministerio de Salud y el Servicio Seccional de Salud de Risaralda (reportaron numerosos casos de intoxicaciones y varias muertes), el Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia, Corantioquia, Federación Nacional de Cafeteros, Cenicafé y Comités Departamentales de Cafeteros de Risaralda, Caldas y Quindío. Además, se revisaron estudios de la Universidad del Cauca, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la Organización Mundial de la Salud OMS y la Organización Panamericana de la Salud OPS; y otra documentación aportada por funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Caldas, Rapalmira (ONG) y otros participantes en la Primera Mesa de Trabajo Interinstitucional “Los Plaguicidas y su Impacto en la Zona Cafetera del Departamento de Caldas” (organizada por el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas); incluso se tuvo en cuenta información de RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina (RAP-AL) y PAN (Pesticides Action Network), emitida en desarrollo de la campaña internacional contra el endosulfan liderada por PAN Asia/Pacífico.
 
 

Conviene tener presente lo expresado por el doctor Bustillo en un reciente comunicado de prensa titulado “El manejo integrado de la broca no está basado en insecticidas”, donde afirma claramente lo siguiente: “El problema de la broca no está en el uso de insecticidas, ni en el tipo de insecticidas a usar, sino en una serie de prácticas agronómicas y de tipo cultural que el cafetero debe adoptar en sus fincas, para seguir produciendo café para exportación en presencia de la broca.”
 
 

Hacemos un llamado al Señor Presidente de la República, a los Ministros de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, y a todas las instancias responsables, para que se haga cumplir de manera perentoria la mencionada prohibición
 
 

ELSA NIVIA, Ingeniera Agrónoma y Licenciada en Biología y Química

Directora Ejecutiva Rapalmira - RAP-AL Colombia (PAN-Pesticide Action Network)

Cali, Valle

rapalmira@telesat.com.co
 

TERESITA LASSO AMÉZQUITA, Trabajadora Social, MsC. Asentamientos Humanos y Ambiente - Especializada en Administración de Recursos Humanos

Observatorio de Conflictos Ambientales – Dept. de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Universidad de Caldas, Manizales

Miembro de RAP-AL

obscam@cumanday.ucaldas.edu.co
 

LILLIAM EUGENIA GÓMEZ ALVAREZ, Ingeniera Agrónoma, PhD.

Presidente Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia

RODRIGO VERGARA RUIZ, Ingeniero Agrónomo, MsC.

Grupo de Entomología GEUN - Facultad de Ciencias Agropecuaria

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

Miembro de RAP-AL

rvergara@perseus.unalmed.edu.co