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El texto que aparece a continuación, es un Documento de Trabajo de la Campaña "Lucho Presidente" por el FSP

En el debate electoral, el candidato presidencial Luis Eduardo Garzón ha expresado con claridad una posición que incluye el cese de las fumigaciones químicas y de la represión contra la población campesina e indígena y demás estrategias de erradicación forzada que conllevan la violación de Derechos Humanos. Además, como dice su propuesta de "Programa de Gobierno", Lucho se ha pronunciado también por un "Un replanteamiento a fondo de las políticas antidrogas que propugne por un enfoque de salud y educación pública, abandone la represión prohibicionista actual y abra el debate científico y político sobre las alternativas de legalización a nivel nacional e internacional". 

 Según esta propuesta, además de buscar la reducción de los daños producidos por el abuso de sustancias químicas extraídas de plantas naturales y por las propias políticas de control de la demanda, haría falta, en los países que concentran los cultivos, suspender la incriminación y la guerra contra los campesinos cultivadores, primer eslabón de la oferta. La “disminución del daño” (harm reduction) en el caso de la demanda y la despenalización del consumo tienen que ir de la mano de la descriminalización de los campesinos y el cese de la erradicación forzada de sus cultivos. 

 Colombia carece de una política autónoma para enfrentar sus particularidades nacionales mientras que, en la esfera internacional, hace falta una redefinición de los términos de la “responsabilidad compartida” y una reorientación de la “represión legítima” (Law Enforcement) hacia los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos, de suministro de insumos y de narcotráfico. 

 Es claro que la búsqueda de alternativas integrales y positivas al problema requiere también medidas económicos y sociales de orden estructural, como políticas democráticas de reforma agraria y de reconstrucción de la economía campesina, ordenamiento territorial y empleo.

Narcotráfico y Estrategia Antidrogas

Documento de Trabajo
Frente Social y Político - Luis Eduardo Garzón


En el problema de las drogas contemplamos dos aspectos básicos que están intrínsecamente ligados:
  1. La economía ilegal de las drogas con sus tres niveles básicos: producción (cultivos ilícitos y procesamiento de materia prima para ser refinada en sustancias para un mercado mundial); tráfico (incluye no sólo el hecho de exportar drogas, sino la serie de actividades relacionadas con el lavado de dólares y que desde el punto de vista económico ilegal es tal vez el aspecto más importante) y finalmente el abuso y los problemas asociados al consumo.
  1. En segundo lugar, las políticas antidrogas y que obedecen a la existencia del paradigma prohibicionista sobre el tema y que se traduce en un marco de elaboración de políticas públicas. En el caso colombiano, la situación de las políticas antidrogas tiene la particularidad de estar asociadas a la agenda bilateral con los Estados Unidos. La ¨narcotización¨ de la agenda, agravada por su injerencia frente a otros temas bilaterales con Washington, se ha convertido a la postre en una pérdida de autonomía total de Colombia en el manejo del tema, en la medida en que se acepta que este sea un instrumento de ¨negociación¨ que acompaña otras áreas estratégicas de interés para los gobiernos.
A partir de las anteriores consideraciones y en función de una propuesta alternativa que reconozca las diferencias básicas del circuito de drogas, establecemos tres niveles básicos para una mirada más precisa del problema, sin los cuales se hacen incomprensibles las búsquedas de manejo adecuado del tema. Gráficamente se resume así:

Diferenciación de niveles básicos del circuito de drogas y consecuencias de política

 
 
Nivel del circuito ilegal de drogas Política Niveles de Manejo estatal nacional Instancias estatales responsables Cooperación Internacional
Producción Alternativas de Desarrollo Autonomía con criterios de cooperación Autoridades relacionadas con Ambiente, Agricultura, Desarrollo  Cooperación Técnica para el Desarrollo
Procesamiento y Tráfico Law Enforcement(Represión legítima) Acuerdos Internacionales de responsabilidad compartida Fiscalía, Policía, Sistema Judicial, Control Financiero, Dirección de Estupefacientes, Sistema de Información, Acuerdos y represión del lavado, asesorías sobre extinción de bienes, cooperación judicial,
Abusos y problemas en el consumo Salud Pública Autonomía con criterios de cooperación Autoridades de salud pública y alcaldías Intercambio de experiencias de manejo en el abuso de drogas

Drogas y Autonomía

A partir de la diferenciación propuesta, se observa que existen dos ámbitos donde prevalece la posibilidad de estructurar políticas con un mayor nivel de autonomía:
  1. En el contexto de la producción en donde se ubica el tema de los cultivos ilícitos.
  2. En el ámbito del manejo de los problemas asociados al consumo.
Asumir propuestas parciales de ¨sustitución de cultivos¨ sin un enfoque integral de política de drogas para los diferentes niveles del circuito incluyendo el tráfico, se convierte en una situación contraproducente que puede repetir los reiterados fracasos mostrados por el actual paradigma y que ha terminado colocando los mayores énfasis en la reducción de la oferta de drogas. La propuesta integral debe apuntar al desarrollo de una política de reducción de daños la cual se basa en los siguientes criterios:
  1. No es posible “erradicar “ las drogas. La aspiración de la humanidad debe ser lograr a través de medidas diversas y eficaces para escenarios complejos - que incluyen la aplicación de la ley - una convivencia con las drogas buscando obtener el mínimo de daños para quienes entran en contacto como productores o como consumidores.
  2. Tanto el nivel de la producción de drogas como el nivel del abuso responden principalmente a condiciones socioeconómicas y culturales particulares de cada país o región. Mientras tanto el tráfico de drogas que es de carácter internacional, aprovecha esos escenarios y estimula las dos puntas de la cadena y se queda con las mejores ganancias de las cuales se benefician también grandes capitales “legales” e ilegales del mundo global. Por tanto no se puede esperar que las regiones productoras, con acciones dirigidas hacia uno de los niveles que guarda relación con graves problemas estructurales, resuelvan esta compleja situación global y conflictiva de las drogas.
  3. La existencia de monocultivos de coca, amapola o marihuana, genera unas condiciones de fragilidad social, económica y ambiental con graves consecuencias que ponen en peligro la autosuficiencia alimentaria, el uso eficiente de la biodiversidad, la preservación sociocultural de las comunidades indígenas, distorsiona los procesos de ocupación de la amazonia y en general los territorios de colonización y finalmente, convierte a los productores en los objetivos de una guerra injusta.
  4. La responsabilidad parcial de los grupos armados en la presencia y control de los cultivos ilícitos en el contexto de una guerra financiada en parte con estos recursos, les convierte en actores importantes para la búsqueda de soluciones en el marco de las obligaciones surgidas de los procesos de paz, hecho concomitante con los deberes que en esta materia debe asumir el Estado.

Propuesta

a. Producción : Propuestas alternativas a la monodependencia de los cultivos ilícitos.

La inscripción de esta propuesta se dará en el marco de los programas de desarrollo socio económico del orden regional. En otras palabras, la incidencia de las políticas integrales definidas para el ámbito del desarrollo rural y ambiental, se constituirán en los marcos básicos para las decisiones más allá de acciones para ¨sustituir¨ cultivos ilícitos por actividades productivas legales.

La reducción del tratamiento del problema a “proyectos” y su financiación ( como se ha hecho hasta ahora) no representa de ninguna manera un principio de manejo adecuado, si no se inscribe en definiciones estratégicas previas alrededor del tema de las drogas y la necesidad de elaborar una política nacional.

En relación con la producción, la política se afirma en:

  1. El cese de las fumigaciones
  2. Alternativas de desarrollo concertadas con las comunidades implicadas e implementadas a través de un proceso gradual de sustitución sobre la base de inversiones focalizadas y que obedezcan a un uso racional del territorio con base en su ordenamiento incluyendo en ella la dimensión ambiental.
  3. Descriminalización de los pequeños productores
  4. Compromisos ciertos de los grupos armados en una solución al problema de las drogas en nuestro territorio, sobre la base de una redefinición del proceso de paz y con participación autónoma de las comunidades implicadas en esa economía.
  5. Garantías de paz, seguridad personal y de respeto a los ddhh y al dih para la implementación de esta política en los territorios implicados en esa economía.

b. Tráfico y Procesamiento.

El criterio básico es:

Una política de drogas para Colombia que replantee el concepto y la práctica actual de la corresponsabilidad internacional de este problema.

  1. Sobre la base de las definiciones autónomas tanto para la producción como para los problemas asociados al consumo, reconocemos que el narcotráfico es un problema internacional y que como tal se requieren de acuerdos y en general una política de corresponsabilidad que supere la actual distorsión en el manejo de esta problemática.
  2. La comunidad internacional deberá fijarse tareas de cumplimiento de metas sobre:
  3. Lavado de dólares
  4. Contrabando de armas
  5. Contrabando de bienes
  6. Exportación de insumos para procesar psicoactivos
  7. Manejo adecuado del problema de los laboratorios de drogas sintéticas.
  8. Manejo del problema de la proliferación de economías ilegales que se mueven en gran medida con recursos del narcotráfico en los países del norte, asociadas a redes internacionales de prostitución, tráfico de personas, casinos y casas de juegos que encubren estas economías de drogas ilegales.
  9. Política de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos por el narcotráfico
  10. Reformas institucionales referidas al tráfico, principalmente en:
Sobre esta base de compromisos ciertos y tangibles de la comunidad internacional, Colombia desarrollará el cumplimiento de metas en relación con la producción respetando nuestra total autonomía en el manejo de esta problemática.

c. Problemas asociados al consumo

  1. Restablecimiento de estos problemas como correspondientes y manejados por las instancias de salud pública.
  2. Predomino de un enfoque de reducción de daños tanto de las drogas pero sobre todo de las políticas que hoy se utilizan frente a ellas.
  3. Redefiniciones institucionales con base en esos criterios. Serán las instancias de salud y no las organizaciones de represión las responsables del manejo y marcha de los programas asociados a los abusos en el consumo de drogas. Tal enfoque debe buscar una incidencia tanto en el orden nacional como a nivel de las administraciones municipales.
  4. Desarrollo institucional y legal del enfoque sobre descriminalización de la dosis personal del uso de drogas. En esta materia Colombia tiene decisiones importantes como el fallo emitido por la Corte Constitucional sobre el punto y que requieren desarrollos tanto en la adecuación de instituciones responsables como de creación políticas públicas.

[1] En el actual estado institucional, existe un desorden alarmante de entrecruzamiento de funciones de diferentes instancias por razón de la ausencia de una política coherente y de diferenciaciones claras de responsabilidades para cada instancia.
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