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Conversaciones de Paz: cultivos ilícitos,
narcotráfico y agenda de paz
Ed. Indepaz – Mandato Ciudadano
por la paz, junio de 2000
De expropiados de la tierra a "narco-agricultores"
Problemática del campesinado amazónico colombiano
Henry Salgado Ruiz[*]
Discutir los problemas que enfrentan los campesinos de la región amazónica y los impactos generados por la cocalización del agro, implica elaborar una lectura que permita comprender tanto las causas que provocaron las grandes migraciones hacia esta región, como las condiciones difíciles de su arribo a la selva. Consideramos que es muy complicado tratar de buscarle solución a los cultivos ilícitos sino conocemos los contextos sociales, políticos y económicos que facilitaron su emergencia. A partir de una lectura profunda de estos contextos y de la comprensión de las razones que llevaron a los campesinos a adoptar dichos cultivos, podremos a mediano y largo plazo diseñar e implementar políticas que permitan darle una salida integral a las problemáticas del campesinado amazónico.
De los cultivos ilícitos se ha hablado mucho en la actualidad y de los campesinos poco se dice. El tema de la droga es el texto central de muchos de los debates que adelantan los académicos y políticos. Sin embargo, para algunos analistas y estudiosos de la región amazónica, los problemas de la droga no son más que un contexto que afecta de manera preocupante a las poblaciones del área: a los pueblos indígenas y a los campesinos que hace más de cuarenta décadas arribaron a la región.
En esta ocasión hemos querido detenernos en la problemática de los campesinos amazónicos y aportar algunos elementos para su comprensión. La coca llegó a la economía campesina como una estrategia de sobrevivencia que, aunque revestida de criminalidad, les permitía su reproducción biológica, social y cultural. Pasar de ser en el imaginario social un campesino expropiado de la tierra a ser un "narco-agricultor" no ha sido fácil ni tampoco aceptado. Los campesinos desde sus organizaciones vienen luchando por deconstruir ese imaginario, que de manera paulatina los convirtió en delincuentes y les ha negado su cultura, su sociedad, sus valores; sus formas de sentir y vivir. Los campesinos se esfuerzan a través de diferentes medios organizativos y comunicacionales por explicar los problemas estructurales que los golpean y las razones que los llevaron a cultivar la marihuana y la coca; sin embargo, sus argumentos no son escuchados. Se enfrentan a un Estado que los ha condenado al marginamiento desde hace más de un siglo y, en la actualidad, a una sociedad cada vez más insensible y cerrada para entender sus razones y sus propuestas.
Hemos comenzado este artículo elaborando una apretada síntesis de las leyes agrarias que el Estado colombiano ha promulgado desde finales del siglo XIX , con el fin de demostrar que estas leyes han estado orientadas a facilitar los procesos de concentración y explotación capitalistas de las tierras , por una parte, y por otra, a expulsar a los campesinos hacia espacios geográficos inhóspitos y alejados de la vida económica y política del país. Posteriormente, elaboramos una descripción de las estrategias de sobrevivencia diseñadas por las familias campesinas para sostenerse en las tierras selváticas y las condiciones estructurales que los llevaron a adoptar, para finales de los años setenta, los cultivos ilícitos. Por último discutimos las alternativas que se han planteado para darle salida a los problemas presentes en las zonas de colonización. La idea que nos anima en el último acápite es mostrar que si bien las alternativas técnicas y el conocimiento de los ecosistemas amazónicos son aspectos importantes, no son la solución a la grave problemática que enfrenta el campesinado amazónico. Planteamos que es necesario impulsar en la región un verdadero Desarrollo Rural, entendiendo éste como un proceso social, cultural, político y económico, acompañado de profundas transformaciones en la estructura de la tenencia de la tierra ubicada dentro de la frontera agrícola.
Desde finales del siglo XIX el Estado colombiano ha implementado una serie de políticas agrarias encaminadas tanto al fortalecimiento de medianas y grandes unidades agropecuarias con orientación capitalista, como a la anulación y desviación de la presión campesina sobre las tierras fértiles y productivas ubicadas en las zonas centrales de las cordilleras y los valles interandinos.
En el siglo XIX las políticas de baldíos buscaron la ampliación de la frontera agraria con el objetivo de generar un proceso de valorización de tierras que, siendo profundamente fértiles y potencialmente productivas, se encontraban internadas en la selva. En la medida en que la inserción de Colombia al capitalismo comercial estaba basado, en esencia, en la exportación de materias primas y productos agrícolas, la burguesía decimonónica desarrolló una intensa política de apertura de nuevas fronteras territoriales que le permitieron ensanchar la base productiva. Como señala LeGrand, este proceso de integración de nuevos territorios y ampliación de la frontera agraria se basó fundamentalmente en la expropiación de las tierras valorizadas por los campesinos[1]. En una dinámica de tú desmontas y yo ocupo, la burguesía agraria del siglo XIX esperaba que el campesino desmontara la selva y la valorizara con su trabajo y sus productos, para proceder a expropiarla. Argumentando derechos legales a través de documentos sellados otorgados por la corona española en los siglos XVI y XVII, estos traficantes de tierras se apropiaban de la tierra que el campesino con su propio trabajo había adquirido.
A pesar de que ley 61 de 1874 y la ley 48 de 1882 introducían el criterio según el cual la propiedad se adquiría a través del cultivo, independientemente de la extensión, cuando los campesinos querían tramitar el título de propiedad, se encontraban con obstáculos administrativos y financieros que imposibilitaban dicho trámite. Las clases media y alta, al tener control de las estructuras jurídico-políticas y de los recursos económicos, tenían mayores facilidades para obtener los títulos de prolibro_cultivosAgenda_indice.htmlpiedad de las tierras baldías.
Los hacendados de finales del siglo XIX y comienzos del XX utilizaron como mecanismos de expropiación de tierras campesinas, tanto los mecanismos "legales" señalados anteriormente, como la amenaza, la extorsión y el cercamiento de grandes extensiones ya valorizadas por el trabajo campesino. Además, recurrieron al sistema de aparcerías, en un esfuerzo de retener parte de la mano de obra campesina, que incentivada por las leyes agrarias de la época, estaba migrando hacia nuevos territorios. Establecían con el campesino un contrato de arrendamiento mediante el cual se le adjudicaba la posesión de un pedazo de tierra ubicada dentro de los predios de la hacienda. Sin embargo, estas relaciones sociales precapitalistas estructuradas en el interior de las haciendas, en poco tiempo desataron fuertes conflictos. En los años veinte los campesinos empezaron a presionar para que se les dejara cultivar productos comerciales en sus parcelas y luego, en una radicalización de sus exigencias, en los años treinta comenzaron a disputarse la propiedad de las mismas[2].
El gobierno colombiano en respuesta a estas crecientes exigencias campesinas y en función del modelo de sustitución de importaciones, diseñó en los años treinta y cuarenta leyes agrarias (inicialmente la Ley 200 de 1936 y luego la Ley 100 de 1944) orientadas a frenar las reivindicaciones campesinas y a presionar a los hacendados - latifundistas a una orientación empresarial de sus predios[3] Con estas medidas estatales muchos campesinos aparceros fueron expulsados y obligados a emigrar o bien hacia las ciudades, en donde se adelantaban significativos obras de infraestructura o hacia nuevas zonas de frontera.
Este modelo agrario de modernización capitalista y concentración territorial y la expulsión de los sectores campesinos hacia nuevos territorios, fue acompañado de profundos conflictos socio-políticos en los años cincuenta. Frente al deterioro social que provocó la violencia de estos años y como respuesta a las presiones del gobierno norteamericano para contrarrestar las influencias de la revolución cubana, el gobierno colombiano expidió la ley 135 de 1961 mediante la cual reglamentó una “Reforma Social Agraria” que acogía la idea de crear unidades de producción familiar sin descartar las grandes unidades empresariales. Mientras los grandes terratenientes, en respuesta a la amenaza de expropiación que representaba la ley 135, empezaron a modernizar la explotación de sus grandes territorios y expulsar a los últimos remanentes de aparceros, las economías campesinas veían cada vez más cerradas las puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo - ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios.
Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de la ley 135 de 1961, que fue en realidad una reforma legal sin aplicación real. Las explotaciones menores de 10 hectáreas disminuyeron en número y superficie, las unidades medias se mantuvieron perdiendo importancia en el total, mientras el estrato medio-alto (20-50 hectáreas) y el alto (mayores de 50 hectáreas) aumentaron en número y superficie, siendo más notorios los aumentos de este último. El desarrollo vía la gran propiedad seguía imponiéndose y las relaciones precapitalistas alcanzaban una pequeña relevancia en el panorama agrario[4]. Con el ánimo de exigir una mayor celeridad en los procesos de conversión capitalista del agro, el gobierno emitió la ley 1ª de 1968. Esta ley enfatizó la afectación de los predios inadecuadamente explotados y estimuló la organización campesina.
Este escenario agrario, de presiones gubernamentales dirigidas a fortalecer la explotación capitalista de las grandes y medianas extensiones, de organización campesina y de amenazas de redistribución del agro, fue frenado por los partidos tradicionales y los terratenientes a través de la Acuerdo de Chicoral. Con este acuerdo se puso fin a las amenazas de reforma agraria redistributiva. Suárez anota que en Chicoral se gestó un acuerdo entre el gobierno y los grandes inversionistas del campo para impulsar una estrategia desarrollista que destruyó el marco legislativo que daba piso a la distribución de tierras y logró, mediante la segregación de una línea gobiernista de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), dividir el movimiento campesino. Las leyes 4a y 5a de 1973, que formalizaron los acuerdos pactados en Chicoral, no sólo inmunizaron muchos predios ante la posibilidad de afectación del Incora, garantizando una buena indemnización en caso contrario, sino que establecieron mecanismos para incentivar su producción[5].
El modelo agrario colombiano, entonces, se apoyó en un marco legal que creó las condiciones políticas y económicas para afianzar las grandes empresas agrícolas e incorporar al proceso productivo tierras no explotadas, contando dentro de éstas a los nuevos frentes de colonización generados por el proceso de concentración de la propiedad: la región del Darién Antioqueño, el bajo Cauca, el macizo andino del nudo del Paramillo, la serranía de San Lucas y el valle del río Magdalena, la región de Tunebia/Sarare, la baja vertiente septentrional del río Magdalena, los llanos del Casanare, la región amazónica, entre otros.
Si bien en los años cincuenta se generaron importantes migraciones hacia diferentes regiones del país, fue en los años sesenta y setenta donde se acentuó la migración obligada de campesinos hacia regiones inhóspitas y desconocidas. Un significativo contingente de estos campesinos se desplazó a la región amazónica, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a lo que se ha denominado la Amazonia occidental, que comprende los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. Para conocer las condiciones en que llegaron éstos campesinos a esta parte de la selva amazónica, vamos a detenernos rápidamente en las estrategias de sobrevivencia que implementaron los campesinos
Las causas que explican las nuevas oleadas migratorias de la zona andina, de los valles interandinos y del pie de monte llanero hacia la Amazonia occidental, son variadas. Los nuevos y viejos inmigrantes exponen razones diversas: posibilidades de explotar recursos madereros, "probar suerte", vincularse a las actividades petroleras, reunirse de nuevo con parientes o amigos, acumular dinero, abrir una finca o buscar un vínculo laboral con las instituciones estatales presentes en la región... Sin embargo, aunque es indiscutible que existen motivos individuales que operan en cierto sentido en la psicología del inmigrante, es necesario anotar que existen razones de orden estructural, como hemos visto en el acápite anterior, que obligan el desplazamiento.
No se trata de personas que por iniciativa propia decidan enfrentarse a un espacio social y natural nuevo y desconocido. Tampoco estamos hablando de aventureros ni de conquistadores como se quiere expresar en la frase "probar suerte". Estamos hablando de gentes con precarias condiciones económicas que han sido expulsadas de sus lugares de origen y que buscan desesperadamente un lugar donde poder reproducirse biológica, social y culturalmente.
Los procesos de ocupación social de la Amazonia, entonces, no pueden ser considerados como un fenómeno autónomo, aislado de una totalidad social que lo produce. Es importante tener en cuenta para comprender estos grandes movimientos migratorios no sólo el repertorio argumentativo que el individuo inmigrante elabora cuando se le pregunta en torno de su presencia en la región, sino además, las causas estructurales que lo obligan a desplazarse de un espacio geográfico a otro. Aragón, quien estudia los procesos de migración en la Amazonia brasileña, ha mostrado que la decisión de migrar más que ser individual responde a una decisión colectiva asumida por el núcleo familiar como parte de una estrategia de sobrevivencia. Para Aragón el concepto de estrategia de sobrevivencia se refiere, en general, a las actividades a través de las cuales las familias buscan llegar a un equilibrio entre sus necesidades de consumo, su fuerza de trabajo disponible y sus alternativas existentes con el fin de obtener los recursos necesarios para la reproducción socio-económica y biológica del grupo[6].
A la región amazónica ha ingresado gente de todas las partes del país. En cada historia se hace referencia a los lugares donde se estuvo antes de llegar a la región. Se trata de campesinos, que desde los años cincuenta y sesenta, han transitado de frontera en frontera sin encontrar aún un lugar seguro y permanente donde poder asentarse. Para muchos de los campesinos - colonos, la región amazónica ha sido el último intento, para otros uno más. Expulsados por la alta presión sobre la propiedad de la tierra, por la constitución de grandes unidades agropecuarias, por la incapacidad del minifundio de reproducirse, por los procesos de reestructuración agraria impulsados por el Estado, por los conflictos socio - políticos que han azotado a Colombia y/o por los fracasos de colonizaciones dirigidas por el Estado, los grupos de inmigrantes que arribaron a la región llegaron cargados de un cúmulo de experiencias y expectativas propias de cualquier campesino - agricultor.
En tanto campesinos - agricultores, lo primero que hicieron fue asentarse cerca a las trochas o vías fluviales que les permitieran tener acceso a los poblados más cercanos, pues lejos de pensar en reproducir una economía estrictamente de auto-consumo, los colonos llegaron con la idea de establecer productos comerciales que les permitieran integrarse al mercado y la economía nacional. La modalidad de este patrón de residencia fue, por tanto lineal; se establecieron con sus familias a lo largo de las trochas o caminos de herradura y en caso de que se encontraran internados en la selva, a la orilla de los ejes fluviales de la región.
No se trata de hombres solos, hablamos de familias enteras que se trasladaron y que se encontraron con territorios y ecosistemas desconocidos. Para poder empezar a vivir en la región tuvieron que edificar su casa -que inicialmente no fue más que un cambuche-, construir su medio de transporte, elaborar muchas de sus herramientas de trabajo y de caza, deforestar el bosque ubicado a su alrededor y sembrar comida. Desde el momento en que el colono pretendió fundarse empezó una dura jornada de sol a sol. No existió descanso, todo el tiempo empleado en asentarse fue pletórico en extenuantes jornadas en donde el apoyo de sus hijos, de su mujer y de algún vecino cercano fue vital. Después de tumbar y quemar, los primeros cultivos fueron de pan coger. Con éstos cultivos, además de la pesca, la caza y la cría de cerdos y gallinas, lograron los niveles de autosubsistencia esenciales para poder reproducirse y proseguir el proceso de valoración de la finca.
La actitud de los colonos fue la de replicar en las selvas húmedas de la Amazonia las prácticas productivas aprendidas en sus lugares de origen. La colaboración que buscaron en los indígenas de la región fue eminentemente coyuntural. La lógica inicial era aprender a pescar y cazar para la subsistencia de su familia -y allí la población indígena fue un apoyo importante-, pero el propósito último era la conversión del bosque en pasturas. El comportamiento frente al medio ambiente más que responder al deseo de conocer y adaptarse a las exigencias de una naturaleza hasta entonces desconocida, estuvo marcado por la idea de adaptar el bosque húmedo tropical a los patrones económicos y productivos andinos y/o llaneros.
Pero al momento de su arribo estos propósitos no eran más que sueños y anhelos que llevaron consigo los colonos. Se trataba en muchos casos de hombres y mujeres que en sus lugares de origen tuvieron su tierra y sus cultivos en lugares próximos a centros de mercadeo y que por diversas razones de orden estructural y/o problemas individuales no tuvieron otra opción que desplazarse a los confines de la frontera agraria. Se trataba de un volver a empezar, había que trabajar duro para lograr consolidar de nuevo una unidad de producción campesina[7] que les permitiera su reproducción familiar, social y cultural.
Eran muchos los apremios que enfrentaban los colonos y muy pocas las posibilidades que ofrecía la región para su integración favorable a la dinámica económica nacional. La carencia de títulos, la ausencia de vías de comunicación en buen estado que los vinculara con los centros de consumo del interior del país, el deficitario estado de las vías intermunicipales y el elevado costo del transporte, la gran distancia y lentitud del transporte fluvial, la ausencia de instalaciones para el acopio y almacenamiento apropiado de los productos, entre otros, fueron factores que se ofrecieron como verdaderos obstáculos para el desarrollo municipal y regional. Estos factores determinaron, por una parte, la pérdida del entusiasmo de muchos campesinos - agricultores que veían una vez más frustrados sus propósitos de hacer Finca y quedarse en la región y, por otra parte, la adopción -para finales de los setenta y comienzos de los ochenta- de “economías de retaguardia”[8] como la marihuana[9] y la coca (Erythroxylon coca) respectivamente.
Arribar a los confines de la frontera agraria luego de haber tenido un pedazo de tierra e intentado una o más veces asentarse no fue nada fácil. A los sentimientos cotidianos de frustración se unieron el rencor y la inconformidad. Pese a conocer las consecuencias negativas de salud que genera el consumo de drogas alucinógenas y los discursos jurídicos que prometían duros castigos a quienes se vincularan a la narcoeconomía, los campesinos terminaron articulados a dicha economía; para ellos los cultivos ilícitos se constituyeron en su única esperanza.
No fue fácil, desde luego, ni individual ni colectivamente, superar los problemas morales, religiosos e intrafamiliares que trajeron tras de sí estos cultivos. En los hogares de los colonos las disputas y los argumentos en contra o favor de la narcoagricultura no se hicieron esperar. Sin embargo, el argumento más contundente y que subordinaba los más temidos sentimientos morales y religiosos fue el que nació del apremio y el desespero: “si no es con la coca, entonces de que vamos a vivir !!!”. Esta fue el principal argumento que empezó a legitimar los primeros pasos hacia la cocalización del agro amazónico.
La coca llegó a los colonos de la Amazonia como una estrategia de sobrevivencia. Pese a conocer sus impactos negativos en la salud humana, en la juventud y en la estructura misma de las sociedades, los colonos no tuvieron otro recurso, era su única opción. Al respecto de estos mecanismos de sobrevivencia anota Canetti: “El momento de sobrevivir es el momento del poder. El espanto ante la visión de la muerte se disuelve en satisfacción pues no es uno mismo el muerto. Este yace, el superviviente está de pie. Es como si hubiese antecedido un combate y como si uno mismo hubiese derribado al muerto. En el sobrevivir cada uno es enemigo del otro; comparado con este triunfo elemental todo dolor es poca cosa. Es importante sin embargo que el superviviente esté solo ante uno o varios muertos. Se ve solo, se siente solo y, cuando se habla del poder que este momento le confiere, nunca debe olvidarse que deriva de su unicidad y sólo de ella. Todos los deseos humanos de inmortalidad contienen algo de manía de sobrevivir. El hombre no sólo quiere estar siempre; él quiere estar cuando los otros ya no estén. Cada uno quiere llegar a más viejo y saberlo, y cuando él mismo ya no esté se le ha de conocer por su nombre”[10]
La coca impactó de manera significativa a muchas de las familias que habían llegado a la región con el propósito de consolidar economías campesinas articuladas de manera efectiva a las dinámicas económicas regionales y nacionales. Estas familias sufrieron notables alteraciones en el interior de su estructura. Mientras la mujer se dedicó a elaborar los alimentos para los miembros de su familia y los jornaleros vinculados al cultivo de coca y procesamiento de pasta básica de cocaína, los hijos una vez estuvieron en edad de trabajar, se integraron en calidad de asalariados a las labores del campo, bien sea en la unidad agropecuaria de su familia[11] o en las de sus vecinos cercanos. Los niños se dedicaron a recoger las hojas de coca que los “raspadores” dejaban regadas en la chagra. De esta manera las nuevas generaciones de campesinos empezaron a internalizar nuevos referentes simbólicos y normativos altamente asociados a la economía de mercado.
Es importante resaltar que en la nueva dinámica familiar que resultó de la monetarización de las economías campesinas, la mujer fue el único miembro de la familia que no ingresó a las nuevas relaciones salariales. Si bien las actividades domésticas de la mujer aumentaron como consecuencia del incremento del número de comensales, ello no significó que empezará a devengar dinero. El jefe de la familia (predominantemente hombre) establecía el contrato oral con los jornaleros y continuó encargado de la economía del hogar. El dinero, los adornos de oro y los vestidos que recibía la mujer de parte del jefe del hogar, eran asumidos como algo propio de la esfera "afectiva" y de las responsabilidades conyugales. Las relaciones hombre - mujer no se modificaron y siguieron predominando las tradicionales relaciones de dominación y desigualdad.
Con la incorporación de cultivos ilícitos al agro amazónico, las familias campesinas que se encontraban más retiradas de las redes de transporte y físicamente distantes de los centros de mercado empezaron a obtener altas tasas de rentabilidad. Este fenómeno, que contradice las teorías convencionales de la geografía económica, ha sido característico en las zonas cocaleras. Bedoya, quien analiza el fenómeno de expansión de la coca en el Alto Huallaga (Perú), señala que con la coca los más ricos eran quienes estaban más retirados de las carreteras y los más pobres eran los que permanecían dentro de una agricultura comercial legal o agricultura de subsistencia[12].
El exceso de liquidez originado por el narco-cultivo y la dependencia del mercado externo para el aprovisionamiento de alimentos que surgió como consecuencia de la reasignación de los factores de producción campesinos (tierra, tecnología, fuerza de trabajo familiar y producción agrícola) hacia la coca generaron una significativa inflación en productos de primera necesidad, licores, artículos suntuarios e insumos agrícolas. El tradicional reclutamiento de fuerza de trabajo familiar o por reciprocidad, propio de las economías campesinas fue rápidamente absorbido por una economía en donde la mano de obra pasó a ser básicamente asalariada. Los cultivos ilícitos y los altos ingresos devengados en esta actividad, además, estimularon a los jornaleros a exigir altos salarios por su trabajo.
El proceso de mercantilización de la mano de obra, al tiempo que deterioró los niveles de solidaridad entre los campesinos y desestructuró las relaciones de parentesco y compadrazgo que habían surgido en el desarrollo de los primeros asentamientos, se constituyó en un serio obstáculo para los procesos organizativos que, ya sea a nivel veredal o municipal, los campesinos estaban impulsando. En la medida en que el cultivo de coca permitía a cada familia campesina resolver sus necesidades de reproducción social y biológica de manera exitosa, los problemas colectivos referidos a la carencia de vías de comunicación, crédito, asistencia técnica, servicios de agua y luz, entre otros, pasaron a un segundo plano dentro del rango de necesidades a solucionar. Para ejemplificar lo anotado, cabe destacar que la coca -concretamente la pasta básica de cocaína- al ser un producto liviano que no requiere transporte pesado ni pago de fletes, trajo como consecuencia que la ausencia de vías de comunicación pasara a ser un problema menor. Sencillamente a lomo de mula, a pie o en canoa con motor fuera de borda, el campesino se desplazaba al sitio local donde la transacción comercial tiene lugar.
Algunos campesinos de la región señalan que con el cultivo de coca muchos hombres de la región abandonaron el machete y sus actividades agropecuarias tradicionales para dedicarse a raspar hoja (recolectar hoja de coca) y procesar la pasta básica de cocaína. Si bien muchos conservaron algunas hectáreas en productos de subsistencia, hubo quienes funcionalizaron todos sus factores de producción hacia la coca. Los colonos que, atrapados por el deseo de enriquecerse de manera rápida, reasignaron todos sus factores de producción hacia la coca fueron los más golpeados por la crisis de la producción coquera que vivieron los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare durante el año de 1983 y mitad de 1984. Para éste período, en la región decreció la siembra, la cosecha y el procesamiento de la coca. Muchos colonos emigraron, el comercio se retiró y muchas fincas fueron abandonadas. Quienes lograron sobrevivir fueron aquellos que sembrando coca o no, mantuvieron sus productos agrícolas legales de auto-consumo y comercialización.
La lógica económica campesina de producir para consumir ha funcionado en la Amazonia con fuerza durante la economía coquera. Aunque existen casos en que la rentabilidad obtenida con los cultivos ilícitos se constituyó en la fuente del bienestar para muchas familias campesinas que invirtieron sus ganancias en ganadería y en la compra de nuevas tierras rurales y urbanas, un significativo número de colonos orientó los flujos de dinero a la ampliación de la capacidad de consumo. Estos fuertes flujos de dinero lejos de constituirse en capital, funcionaron y siguen funcionando predominantemente como dinero atesorado que se consume los fines de semana preferentemente en bares y prostíbulos al calor de la música de Darío Gómez, Luis A. Posada o el Charrito Negro, sus cantantes predilectos. Este dinero atesorado es invertido además en prendas de oro y artículos suntuarios que sirven al campesino para adquirir cierto prestigio social. Con sus prendas de oro y su obsesivo consumismo dan a conocer a sus coterráneos la fuente económica de su efímero éxito.
Es necesario señalar que en la región amazónica colombiana la cocalización del agro no ha dado lugar a una "dolarización de la economía regional", tal como sucedió en el Alto Huallaga (Perú) y en el Chapare (Bolivia). Las transacciones comerciales que se hacen con dólares son pocas y no han tenido un impacto significativo en la estructura social amazónica. Recibir dólares por la pasta básica de cocaína significa para los campesinos empezar una nueva transacción comercial - vender dólares por pesos colombianos- que por lo general les reporta pérdidas[13].
Presos de la necesidad y arrinconados por la pobreza, los campesinos que arribaron a la región amazónica en los años sesenta y setenta terminaron convertidos en narco-agricultores. Sin embargo este nuevo estatus social y el imaginario que en torno a él se ha elaborado, ha sido rechazado de manera permanente por los mismos campesinos de la región. Desde comienzos de los años ochenta, los campesinos amazónicos a través de sus diferentes organizaciones –sindicatos, cooperativas y juntas de Acción comunales- le han presentado al gobierno nacional alternativas a los cultivos ilícitos y ofrecido soluciones posibles a los múltiples problemas que enfrentan las regiones de colonización. Sin embargo, las reivindicaciones campesinas han sido respondidas por el Estado colombiano con tímidas inversiones socio-económicas y grandes apoyos financieros para las campañas de fumigación y militarización de la sociedad amazónica. Se le ha dado tratamiento militar a una problemática eminentemente social[14].
Luego de que el marco legal agrario había logrado promover e impulsar la explotación capitalista de las medianas y grandes extensiones ubicadas en las cordilleras y valles interandinos e integrar a la frontera agraria nuevos territorios, las nuevas medidas agrarias posteriores a las leyes 4ª y 5a de 1973, se orientaron fundamentalmente a la regulación de los nuevos frentes de colonización. Para este efecto, se diseñaron programas gubernamentales como el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) o los planes de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, orientados a mitigar los problemas que aparecieron en los nuevos territorios, relativos a la violencia social y política, a la desordenada ocupación de la frontera agraria y a la adopción campesina de cultivos ilícitos (marihuana y coca).
Los peligros de posibles reformas agrarias redistributivas, para el bienestar de la burguesía terrateniente, han sido superados por el gobierno colombiano a través de actos legislativos. En los años ochenta, las nuevas legislaciones agrarias estuvieron a tono con los nuevos idearios neoliberales que desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se empezaron a promover e imponer en América Latina. La ley 35 de 1982 y de ley 30 de 1987 incorporaron la figura de reforma agraria por la vía del mercado de tierras. Con estas leyes los terratenientes se vieron motivados a vender tierras de baja rentabilidad y productividad al Incora.
Estas leyes no sólo ofrecieron la posibilidad a muchos terratenientes para deshacerse de tierras poco fértiles, sino que resultaron ser menos conflictivas para las elites regionales y la clase política. Este nuevo concepto de reforma agraria fue incorporado de manera explícita en la ley 160 de 1994[15]. Con esta Ley el Estado se despreocupa del problema de la estructura de la propiedad territorial y entrega al mercado la solución del problema campesino de la tierra. Luego de garantizar por la vía de la legislación agraria la acumulación y concentración de grandes extensiones de la tierra en manos de pocos terratenientes, el Estado terminó por desatender las demandas campesinas por tierra y ofrecer programas de poco impacto real en las zonas de colonización.
Como se puede observar en esta apretada síntesis, las “reformas agrarias” implementadas por el Estado colombiano, más que buscar resolver el problema de la tierra a los campesinos, han estado orientadas a presionar a la burguesía terrateniente para que implemente una explotación capitalista de sus tierras y a favorecer la acumulación territorial. Con estas “reformas” los campesinos fueron despojados de sus tierras y obligados a emprender procesos migratorios hacia nuevos territorios inhóspitos en donde la lógica de capital agrario no ha estado ausente. En estos territorios la lógica del tú desmontas y yo ocupo también ha jugado su rol. En las zonas de colonización de los años sesenta y setenta se han impulsado procesos de expropiación de la tierra y del trabajo campesino. En la actualidad la región amazónica enfrenta un proceso de acumulación terrateniente y potrerización de grandes hectáreas. Al igual que en los años cincuenta, en estos territorios los conflictos socio-políticos y militares se agudizan y provocan nuevos desplazamientos campesinos. Cuando el campesino cree haber solucionado en parte el problema de la tierra en los nuevos territorios, de nuevo se enfrenta con la lógica de una guerra que parece hecha para despojarlos de sus tierras valorizadas con su trabajo. Pero la selva tiene límites, y son pocos los territorios nuevos que se pueden integrar a la frontera económica y política. El problema sigue vigente. Las grandes unidades agropecuarias están concentradas en pocas manos, el campesino carece de tierra, esta condenado a la soledad y al marginamiento.
El conflicto agrario lejos de haber encontrado una solución, continúa. Enfrentamos un conflicto agrario que cada vez se profundiza y complejiza. Por una parte, en los territorios de colonización amazónica ha emergido y se ha consolidado un movimiento armado esencialmente agrarista - las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, cuya base social y política es bastante amplia[16], y por otra parte, los cultivos ilícitos -que podrían haber encontrado un freno institucional desde sus inicios- en la actualidad se han constituido en un problema de magnitudes inmanejables, tanto para el gobierno colombiano que no ha tenido voluntad política para aportar a la solución, como para los campesinos, quienes terminaron siendo el eslabón más débil de una gran economía que ha afectado las variables macro- económicas del país y penetrado las estructuras políticas del Estado.
En la actualidad la región amazónica colombiana es uno de los epicentros más importantes de la violencia socio-política que enfrenta Colombia. Para muchos analistas esta violencia es explicada por la presencia de actores armados como las FARC y los cultivos ilícitos. Sin embargo, las causas que explican el conflicto armado actual tienen raíces más profundas y estructurales, como hemos demostrado en las líneas anteriores. Marc Chernick anota al respecto: “Las raíces de la violencia contemporánea son mucho más profundas que la bonanza actual de la droga: fluyen de conflictos sociales que se han enconado durante largo tiempo, especialmente en el campo, cuya resolución ha sido aplazada por décadas. El narcotráfico puede haber elevado y acelerado la violencia, pero no la causó”[17].
Para teóricos como Findley[18] y Morán[19] los éxitos o fracasos de los procesos de colonización, espontáneos o dirigidos, se evalúan por la articulación efectiva que ocurre entre el sitio de la colonización y el centro de mercado, por la implementación de políticas coherentes y por el conocimiento científico que se posea del medio amazónico.
Según Findley -quien evalúa los procesos de colonización en Brasil, Colombia y Perú- el tránsito de la fase de colonización, en donde el colono empieza la tarea de limpiar el bosque y establecer cultivos de subsistencia, a la fase de consolidación, que es donde se establecen cultivos comerciales, se garantizará si se implementan correctivos esenciales como son la re-estructuración de los términos del mercado en favor del agricultor de frontera, el desarrollo de una fuerte infraestructura que articule el interior de la frontera agraria y las regiones de colonización, el desarrollo de más oportunidades de empleo en las zonas de frontera y una reorientación de la colonización hacia un desarrollo sostenido.
Estas recomendaciones están orientadas a facilitar lo que Findley considera como una solución para el desarrollo rural y que consiste en implementar en las zonas de colonización los programas de Desarrollo Rural Integrado (DRI). A pesar de que Findley reconoce explícitamente que los programas de colonización y los programas DRI difieren en su concepción, lo que le interesa es que ambos programas están orientados a solucionar problemas como el empobrecimiento de las familias campesinas y de la tierra, la falta de oportunidades de empleo rural y bajas rentas, las grandes migraciones rurales hacia las ciudades, el uso ineficiente de los recursos naturales y la insuficiente capacidad para la satisfacción de las necesidades básicas humanas.
Desde otro ángulo, aunque no menos técnico que el planteado por Findley, Morán, con base a estudios realizados en Brasil, arguye que el fracaso de tantas colonizaciones en la Amazonia se explica por las promesas utópicas de los gobiernos a los colonos y a la falta de adaptación al medio. Para Morán la conservación de la selva húmeda tropical y la sobrevivencia de las comunidades nativas dependerá de las acciones políticas que se tomen y de la investigación científica. Sostiene Morán que un conocimiento adecuado de las características del ecosistema amazónico permitirá implementar políticas agrícolas que al tiempo que conserven el medio y respeten al hombre amazónico, viabilizen la consolidación de los actuales colonos que ocupan el área.
Sin embargo, es necesario señalar que cada día aparecen nuevos e importantes centros pilotos de experimentación en donde se están poniendo a prueba prácticas de cultivo acordes con las propiedades físico-químicas del medio ambiente amazónico. Novedosos programas agro-forestales que no se oponen a las propiedades de los suelos y que ofrecen ingresos favorables a los colonos son presentados a la sociedad como verdaderas alternativas frente a la problemática socio-económica y ecológica de las colonizaciones amazónicas. Pero a pesar de poseer un conocimiento detallado de las características de los suelos amazónicos, de su clima y de su dinámica ecológica, el deterioro de los recursos del área es un proceso que no se ha podido detener.
No se ha tenido en cuenta que además de problemas técnico-administrativos, existen factores como la estructura de la tenencia de la tierra y la distribución del ingreso, entre otros, que imposibilitan la consolidación del colono. El mismo Morán [20] señala que además de necesitarse una ciencia que oriente sus esfuerzos hacia el conocimiento del hombre y medio amazónicos, se debe tener presente que la colonización en si misma no resuelve nada. Los beneficios que se obtengan dependen de cómo se estructura la distribución del producto y para ello, sostiene el autor, es necesario definir y garantizar estructuralmente los beneficios de los grupos menos favorecidos, si es que se quiere evitar la reproducción de los problemas sociales generados por la concentración de la tierra en las elites sociales.
Collins[21],corroborando lo que se esta planteando, arguye que al tiempo que se ha incrementado la investigación sobre las prácticas de cultivo que se deben implementar en los suelos tropicales, también se ha desarrollado una creciente percepción de que el conocimiento más sofisticado de la ecología de una región y un mayor repertorio de técnicas productivas no garantizan el manejo sostenido y exitoso de los recursos. Para Collins el deterioro ambiental no puede ser entendido sin considerar las formas en las que la tenencia de la tierra en el interior de la frontera agraria y en las zonas de colonización, las políticas crediticias, la titulación y otros factores institucionales y estructurales condicionan las estrategias de manejo de recursos de los productores que trabajan la tierra.
Los análisis que enfatizan factores técnicos para explicar los éxitos o fracasos de la colonización no ofrecen respuestas a los graves problemas de la colonización. Sin duda alguna la implementación de correctivos como los sugeridos por Findley y el avance del conocimiento científico del ecosistema amazónico como anota Morán, pueden coadyuvar al mejoramiento de la vida del colono y acelerar su proceso de consolidación. Pero en la realidad, problemas técnicos como la carencia de títulos, la ausencia de vías de comunicación en buen estado que vinculen las zonas de colonización con los centros de consumo del interior del país, el deficitario estado de las vías intermunicipales y el elevado costo del transporte, la gran distancia y lentitud del transporte fluvial, la ausencia de instalaciones para el acopio y almacenamiento apropiado de los productos, entre otros, lejos de poder solucionarse con buenos propósitos, responden más a las dinámicas económicas y políticas del país.
En efecto, es conocido que los procesos de colonización de la región amazónica no han respondido a estrategias gubernamentales debidamente planificadas. Por el contrario, estos procesos han obedecido, como vimos anteriormente, más a políticas agrarias orientadas a fortalecer el proceso de modernización del agro en beneficio de la burguesía terrateniente, por una parte y por otra, a desviar la presión de los campesinos de las regiones andinas y valles interandinos hacia los nuevos focos de colonización, ubicados fundamentalmente en la región amazónica. De ahí que el ritmo de la colonización de la región amazónica avance o se detenga, de acuerdo con el ritmo de expansión y reproducción que el capital ha tenido en la frontera.
En la región amazónica occidental, podemos observar que el proceso de colonización que ha tenido lugar enfrenta problemas técnicos y estructurales de no fácil solución. No es posible en la actualidad plantear que los campesinos de la región estén estabilizados social y económicamente. La mayoría de ellos viven en la actualidad del cultivo de la coca. Con este producto han logrado crear, de manera coyuntural, condiciones económicas que les permiten reproducirse biológica, social y culturalmente. Según se ha podido observar en este artículo, los cultivos de coca ofrecen al campesinado ventajas económicas que ningún otro producto lícito le ha ofrecido. El nivel de marginalidad y desarticulación económica en que se ha encontrado el espacio amazónico colombiano con respecto a la sociedad nacional se ha constituido en un factor que posibilitó la adopción campesina de cultivos ilícitos. Frente a una articulación desfavorable con la economía de mercado, la ausencia de vías de comunicación, de asistencia técnica y crediticia, entre otros problemas estructurales, el campesino no tuvo otra alternativa que vincularse a un cultivo revestido de criminalidad y clandestinidad.
En este sentido, consideramos que si realmente se quiere dar solución a los problemas de la droga y con ello a los campesinos amazónicos, no se puede seguir implementando proyectos desarticulados que beneficien a unos sectores y olviden a otros. Se requiere implementar en la región amazónica un verdadero Desarrollo Rural, pero entendiendo éste como un proceso socio-económico, político y cultural y no como un conjunto de políticas, programas y proyectos; estos son los medios para impulsar y orientar dicho proceso. Plaza y Chiriboga[22] señalan que el desarrollo rural además de preocuparse por buscar niveles aceptables de producción y productividad de la agricultura campesina debe incluir problemas relacionados con la democracia en el campo, la igualdad entre géneros, la participación política, la creación de mercados locales sólidos y diversificados, mejoramiento de la infraestructura y medios de transporte, distribución de la población, la conservación de los recursos naturales y un manejo apropiado de los ecosistemas y el respeto de la diversidad cultural.
Para lograr esto, se requiere de significativas transformaciones políticas y socio-económicas posibles de alcanzar sólo a través de una real negociación con los actores armados y una voluntad política expresa, por parte de los gremios económicos y del gobierno colombiano, de asumir esos cambios. Por ahora, de acuerdo a las características actuales del agro colombiano, estas grandes reformas tienen más sabor utópico que real[23]. Sin embargo, para empezar, consideramos que en las actuales circunstancias del debate político colombiano existen al menos dos medidas que pueden implementarse y solucionar en parte algunos problemas que enfrentan los campesinos amazónicos.
En primer lugar, es factible aplicar la extinción de dominio de los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito, ordenada por la Ley 333 de 1996 y entregar a campesinos pobres de las zonas de colonización las tierras afectadas. El cálculo porcentual de las tierras controladas por el narcolatifundio se estima entre el 7 y 8% del total de la superficie agrícola de país, estimada en 40 millones de hectáreas[24]. Esta medida, al decir de Chernick, es una importante arma y oportunidad en el arsenal de negociaciones del gobierno[25]. Ello frenaría en parte la contrarreforma agraria que en la actualidad adelanta el trinomio ganaderos – gamonales - narcotraficantes con el apoyo de los organismos paramilitares. Es importante anotar que la misma Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC-, en su negativa a realizar una reforma agraria, ha contemplado esta propuesta como algo realizable, que no afecta sus intereses económicos[26].
En segundo lugar, es posible aplicar, con un significativo respaldo político y económico, los instrumentos legales contemplados en la Ley 160 de 1994, por medio de la cual se dispuso, entre otros aspectos, la creación de Zonas de Reserva Campesinas para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de propiedad rural que se señalen. Con el apoyo a esta iniciativa, tanto en zonas de colonización, según lo contempla la ley, como en el interior de la frontera agraria , se pueden revertir en parte las tendencias actuales del agro colombiano (latifundización, minifundización, empobrecimiento rural, descomposición campesina, colonización desordenada, entre otras), y también reducir la renta absoluta del suelo, a partir de un uso de acuerdo con sus características agro-ecológicas[27].
Hablamos de estas dos propuestas por que las vemos viables a la luz del marco jurídico colombiano y a tono con el estado del debate político actual. Sin duda alguna podríamos extendernos en propuestas y hablar de procesos de planificación con participación comunitaria, de implementación de procesos de ordenamiento territorial, de respeto a la diversidad biológica y cultural, de reformas agrarias que afecten el interior de la frontera agraria, de promoción del desarrollo comunitario, de respaldo económico a proyectos agro-ecológicos que surjan de la iniciativa campesina, del respeto y apoyo económico a los pueblos indígenas, etc. Pero muchas de estas propuestas corren el riesgo de ser asumidas de manera desarticulada y no vistas como medios necesarios para impulsar un proceso de largo aliento en la región.
Por ahora, lo que preocupa es que el tema de una verdadera reforma agraria que beneficie a los campesinos no se constituya en un punto de discusión central en las mesas de diálogo Gobierno – FARC y quede postergada de nuevo, como tantas otras reformas sociales, económicas y políticas, que al no haber sido implementadas, nos condenan a la prolongación del conflicto político – militar que enfrentamos hoy. Un conflicto que puede incrementarse de manera sensible si el Gobierno insiste en ofrecer soluciones militaristas a las problemáticas sociales como lo viene haciendo de nuevo, por ejemplo, a través del Plan Colombia.
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