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Pastrana y Uribe han coincidido


La escandalosa declaración que acotó el pasado gobierno al documento de ratificación de la Corte Penal Internacional muestra el propósito sinuoso de boicotear su competencia frente a caso flagrantes que involucran a oficiales generales en la complicidad con el paramilitarismo y en graves violaciones de los derechos humanos.
 

El gobierno Uribe, que conocía dicha declaración, ha salido en su defensa con el argumento de dejar abierta una posibilidad para futuros procesos de paz. No existe ningún proceso de paz a la vista. Los movimientos guerrilleros han reclamado, al igual que toda la opinión democrática del país, como una condición para avanzar al diálogo el cese de la impunidad que impera en Colombia.
 

Es una grosería desconocer durante los próximos 7 años, que corresponden al período de vigencia del repudiado Plan Colombia, el alcance de la CPI  para los crímenes de guerra que se cometan en territorio colombiano. La declaración de impunidad que respalda ahora el gobierno de Uribe marcha al compás de la exigencia de Washington de firmar una tratado bilateral que excluya al personal militar y a los contratistas de guerra que actúan en Colombia de quedar cobijado por la vigencia de la CPI. La declaración se anticipa, en un gesto unilateral de entreguismo al tratado que Uribe piensa suscribir con motivo de su viaje a Washington.
 

El Partido Comunista Colombiano reafirma su rechazo a la política de guerra y la legitimación e impunidad de la intervención militar extranjera orientada a actos de guerra contra ciudadanos colombianos.
 

Exige del Estado garantías para que la justicia civil colombiana investigue y juzgue todos los delitos en que incurra personal militar extranjero que actúa en el territorio nacional, sin excepciones de ninguna clase.
 

Llama al pueblo colombiano y a la opinión internacional a proseguir en la denuncia y la lucha en contra de la impunidad y tolerancia con los criminales de guerra pero también contra quienes amparan, auspician y promueven el terrorismo convertido en política oficial de Estado a través de la compra de información y la cacería de brujas con los dineros públicos que deberían socorrer las graves necesidades de la mayoría de nuestros compatriotas.
 

Partido Comunista Colombia

Comité Ejecutivo


Bogotá, septiembre 4 de 2002



 
 
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