Ante el continuado deterioro de la situación colombiana el Comité Universitario por Colombia, que se propone contribuir a la formación de la opinión pública acerca de la situación colombiana y buscar una participación mas firme de los gobiernos europeos y de la Unión Europea con políticas a favor de una salida negociada al conflicto, reunido en París el 19 y 20 de marzo en presencia de varios representantes de las instituciones europeas, hace el siguiente pronunciamiento:
 

1. EL DRAMA COLOMBIANO

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Colombia se caracterizó  por  la continuidad de sus instituciones democráticas y por una cierta estabilidad política.  Paralelamente, la debilidad histórica del Estado, el recurso permanente al Estado de Sitio, la intensidad de la violencia política, la fuerte concentración del poder en  manos de una clase política tradicional y excluyente, la permanencia de las desigualdades y de las injusticias sociales han sido factores negativos del desarrollo político.

En este contexto, la combinación a lo largo de los anos 80 de la expansión del narcotráfico y  el desarrollo del activismo de los grupos armados ilegales condujeron al país a una situación  sin precedentes en la cual la violación de los derechos del humanos y el recurso a violencias brutales terminaron por imponerse.
 

2.UN PROCESO DE PAZ ILUSORIO

El “Proceso de paz” iniciado por el Presidente Pastrana en 1998 no permitió consolidar verdaderas negociaciones alrededor de perspectivas políticas claras. Después de que el 20 de febrero se rompieran las negociaciones  solamente subsisten las conversaciones con el ELN. Tras los recientes encuentros en La Habana entre el gobierno y esta organización se han producido los primeros resultados alentadores, entre otros la posibilidad de una tregua que si llegara a concretarse, tendría repercusiones importantes. Así el ELN esté lejos de tener un potencial militar comparable al de las FARC-EP, un hecho tal podría facilitar en un momento dado el reinicio de un proceso global de diálogo.
 

El carácter ilusorio del proceso con las FARC-EP, no se debe solamente a que se hubiera  desarrollado en medio de las hostilidades, lo que suele ocurrir con frecuencia y era quizás inevitable. Se debe, ante todo, al hecho que  privilegió una simple retórica de paz, en detrimento de la búsqueda de gestos limitados pero acumulativos, para ir en dirección de la humanización del conflicto y de una reducción de su intensidad. El proceso no le dio prioridad a la puesta en marcha de mecanismos reconocidos de verificación auspiciados por la comunidad internacional. En lugar de acuerdos parciales pero verificables se centró en finalidades últimas, sin duda abstractas, como la reestructuración global de la sociedad y de sus instituciones.
 

En esas condiciones, las negociaciones solo podían estancarse y, con la prolongación de los enfrentamientos, la sospecha de un uso puramente táctico de las conversaciones se reforzó inevitablemente.
 

El gobierno de Pastrana, tiene, sin duda, una parte de responsabilidad en este fracaso. Sin preocuparse de asociar al país y a sus dirigentes a lo que estaba concebido como una apuesta personal, no precisó ni los objetivos, ni los procedimientos de la negociación. La entrega sin condiciones de una zona desmilitarizada sólo fue la primera etapa de una serie de lo que se presentó como concesiones realizadas bajo el pretexto de establecer la “confianza”. La improvisación de las negociaciones, en ausencia de un proyecto gubernamental de fondo,  no permitió jamás definir los asuntos prioritarios. A fortiori en  ningún momento dejó percibir el escenario de eventuales acuerdos políticos. La adopción del “Plan Colombia” con un fuerte componente militar, la adhesión al plan americano de fumigación, la tolerancia frente a los grupos paramilitares, parecieron indicar otras prioridades, que sembraban dudas sobre el contenido concreto del discurso de la paz.
Sin embargo, es irrefutable que las FARC-EP tienen también una responsabilidad esencial en el fracaso del proceso de paz. No hicieron ningún gesto que permitiera avanzar en los diálogos. Por el contrario, se dedicaron a multiplicar las provocaciones al gobierno, a la opinión publica, y a la comunidad internacional, ya fuese mediante el uso abusivo de la zona desmilitarizada, de actos como el asesinato de los indigenistas americanos o el secuestro de los cooperantes alemanes, de las “ pescas milagrosas” o de su negativa para liberar al padre de un niño en fase terminal de cáncer. En lugar de sacarle provecho al espacio político que se les había concedido, las FARC-EP dieron pruebas de una ausencia inquietante de iniciativa política. Se preocuparon sobre todo por incrementar su capacidad militar, en hombres y en armas. Su principal exigencia, aquella de una posible ley de intercambio de prisioneros, parecía destinada ante todo a permitirles recuperar a los dirigentes que les están haciendo falta. Al persistir en su voluntad de llegar al poder por la fuerza y rechazando de entrada cualquier idea de  desarme, dieron la impresión de mantenerse fieles a la vía de la "combinación de todas las formas de lucha" y de utilizar la negociación en esta perspectiva.

Después de varios meses, el proceso de paz pendía de un hilo. La prolongación de la zona desmilitarizada, realizada el 20 de enero del 2002, se logró con enormes dificultades: por primera vez las FARC-EP debieron ceder aceptando el control externo de la zona por parte de las fuerzas armadas, así como  un calendario preciso que se orientaba hacia la consolidación de un cese al fuego. Lo que estaba claro era que, a la fecha, tanto al gobierno como a las FARC FARC-EP se les había agotado el margen de maniobra. O se abrían a verdaderas negociaciones o  el relanzamiento de la guerra era inevitable.

Es imposible saber si secuestrando un avión las FARC-EP optaron deliberadamente por la ruptura. El resultado ya se produjo: además de la intensificación del conflicto, se arruinaron las perspectivas de diálogos por un tiempo indeterminado. A excepción del período comprendido entre 1992 y 1998, no se debe olvidar que el conflicto colombiano ha estado, casi siempre, acompañado de un proceso de negociación. Es un verdadero salto al vacío lo que acaba de producirse y nada puede predecir en qué condiciones estará Colombia cuando se retorne a las conversaciones.

3) UNA GUERRA SIN SALIDA
 

La idea de una solución militar no parece ser menos ilusoria que la retórica de la paz. Con ella se corre el riesgo de un conflicto interminable y de un debilitamiento de las instituciones democráticas.
 

Sin duda, las fuerzas armadas se han modernizado con la ayuda de los Estados Unidos y es poco probable que registren derrotas comparables a las que sufrieron entre los años 1995 y 1998. Sin embargo, no vemos como lograrán garantizar una presencia a lo largo y ancho del territorio y menos aún como podrían evitar el terrorismo y los actos destructivos contra las infraestructuras. En el transcurso de las semanas siguientes a la ruptura del proceso de paz, dieron la impresión de no estar mejor capacitadas que en 1990 cuando ocuparon la sede de las FARC-EP en la Uribe:
 

En todo caso, no han podido evitar los múltiples sabotajes perpetrados en todo el país. Por ahora, no disponen ni de los efectivos ni de la formación para contrarrestarlos. Sus mandos  señalan que el presupuesto militar está lejos de las exigencias que requiere una situación de guerra interna generalizada, e incluso de estar al nivel de otros países latinoamericanos que no afrontan situaciones de guerra interna.. No es evidente que las elites civiles y la opinión estén dispuestos a los sacrificios que impondría el aumento presupuestal.
 

Se podría pensar que los Estados Unidos van a incrementar su ayuda, comprometida en principio hasta ahora solo a las operaciones de destrucción de cultivos ilícitos. Ciertos sectores de la administración americana continúan denunciando la colusión de  las fuerzas armadas con los paramilitares. El incremento de la ayuda  implicaría una injerencia considerable en la utilización de estos recursos..
 

Por su parte, la guerrilla tampoco parece capaz de lograr resultados decisivos. Su potencial militar le permite sin duda controlar provisionalmente ciudades pequeñas así como  ejes estratégicos. Pueden, ante todo, afectar la economía del país llegando a paralizar temporalmente las carreteras y la red de fluido energético. Pero la nueva capacidad de desplazamiento de las fuerzas armadas seguramente las obligará a regresar al estilo clásico de la guerra de guerrillas. Además, la pérdida de la retaguardia segura  garantizada por la zona de distensión complica su acción. Esta guerrilla, afianzada en sus tradiciones rurales, permanece ajena al país "urbano", en el cual sólo dispone de algunos núcleos limitados de apoyo. Su descrédito político a nivel nacional es un hecho innegable. Al respecto, la situación colombiana es diferente del caso salvadoreño. Finalmente es difícil advertir en qué medida la guerrilla conserva su cohesión. El boleteo perpetrado por varios frentes conlleva una tendencia a su autonomización; existen indicios de que varios de ellos actúan por su propia cuenta.
La intensificación del conflicto corre el riesgo de traducirse ante todo, en el aumento acelerado del poder de las organizaciones paramilitares. Estas ahora hacen sentir su presencia en casi todas las regiones, incluso en las zonas tradicionalmente dominadas por las guerrillas. Con el apoyo o la tolerancia del Ejercito tomaron el control de  Barrancabermeja, centro de refinación petrolera de fuerte tradición sindical, y se instalaron en  Putumayo y  Arauca, departamentos hasta hace muy poco controlados por las guerrillas. Su expansión territorial es sin embargo solo una faceta de sus logros. El crecimiento de los apoyos políticos, tácitos o declarados, constituye otro de los aspectos igualmente preocupante. Si se puede dudar de la afirmación de uno de sus más importantes líderes, según la cual contarían con el respaldo de una parte  significativa de la clase política, es evidente que el rechazo hacia las guerrillas conduce a muchos ciudadanos a considerar a los paramilitares como la única "muralla" protectora.
Una gran parte de la opinión  acogió favorablemente la ruptura del proceso de paz. Cansada de la falta de resultados, reclamaba desde hace varios meses una política "dura" hacia la guerrilla. Partidario de tal política, Alvaro Uribe, candidato de las próximas elecciones presidenciales, registra un aumento vertiginoso en las encuestas.
Los efectos del 11 de septiembre se agregan al endurecimiento en curso. Ya antes los  Estados Unidos habían declarado a las dos organizaciones guerrilleras y a los paramilitares como “terroristas”. Son muchos los colombianos que en este momento asimilan la lucha contra la guerrilla a la “Guerra contra el terrorismo”. Luego de ignorar de manera obstinada los actos intolerables perpetrados por las FARC-EP en el marco del objetivo de paz, el presidente Pastrana aceptó denunciar a las FARC, tras la ruptura del proceso, como terroristas y narcotraficantes, como para precipitar la reorientación de los planes puestos en marcha por los Estados Unidos.
Estamos viviendo en realidad una situación de inestabilidad que no corresponde de ninguna manera a una coyuntura de "empate" que desencadene una solución negociada.
La economía de la droga, que no conoce reflujos y se encuentra bajo el control de los grupos armados ilegales, ensombrece el panorama. La guerrilla podría en un momento dado perder toda cohesión pero la confrontación puede también perdurar mucho tiempo. Los peores escenarios pueden ser imaginados: la marcha hacia la guerra civil generalizada o hacia la internacionalización de la guerra. Las relaciones de fuerza se pueden modificar de repente, bien sea en  beneficio de las fuerzas armadas si las guerrillas no mantienen su unidad, o bien, en beneficio de las guerrillas, si logran asfixiar la economía del país. Otros escenarios posibles son la fragmentación del conflicto o la desintegración institucional. Cualquiera que sea la hipótesis, el regreso a la mesa de negociaciones no podrá sino acontecer en un contexto fuertemente alterado.
En todos los casos, las instituciones corren el riesgo de ser bastante golpeadas. Un éxito militar podría llegar a ser también una victoria paramilitar. Y, un atentado de las guerrillas podría crear una situación de caos. No es posible ver con claridad quien puede salir ganando en esta guerra, pero si es claro quienes serían los perdedores.
Queda un escenario más optimista, aquel en donde el poder colombiano lograría hacer frente a las diversas amenazas por parte de los actores al margen de la ley, proponiendo a las guerrillas reformas políticas y sociales precisas que les ofrecerían  nuevas perspectivas políticas. Este escenario exige el concurso lúcido de la comunidad internacional.

4) EL DEBILITAMIENTO DE LAS  INSTITUCIONES.

La corrupción y el resquebrajamiento de los partidos políticos tradicionales constituyen solo el aspecto más visible del debilitamiento institucional en Colombia.
Hoy más que nunca,  la vida política es alterada por la confrontación. Hay que mencionar la influencia de los paramilitares en las elecciones. Tanto los paramilitares como las guerrillas asesinaron a varios alcaldes y concejales. Procediendo al secuestro de varios congresistas y de una candidata presidencial, las FARC-EP acentuaron el chantaje. Los alcaldes  son frecuentemente llevados a aceptar un modo de co- gobierno con los actores armados al margen de la ley y obligados a pagar una cuotaparte sobre las inversiones públicas realizadas.
 Hay a menudo un desfase entre las políticas nacionales de orden público y las políticas locales y son muchos los representantes locales que buscan lograr un modus vivendi precario con el fin de proteger a sus comunidades, como en el caso del oriente de Antioquia. Los gobernadores del sur del país aspiran a construir su propia estrategia, incluso solicitando la ayuda de la Unión Europea.
La situación de quiebra financiera en la cual se encuentran muchos departamentos y municipios agrava la crisis institucional. La corrupción encuentra aquí un terreno propicio: lejos de manifestarse únicamente en el ámbito nacional, ella se hace presente también en muchas instancias locales. El desempleo y la ausencia de programas sociales se suman desde luego al descrédito de las instituciones.
Favorable en este momento a la solución militar, la opinión pública podría fácilmente cambiar de posición a partir del instante en que comience a sufrir las consecuencias de la guerra.
 

5- FACTORES POSITIVOS DE REORGANIZACIÓN SOCIAL

En este contexto muchos elementos se mueven en la dirección de una cierta renovación institucional. La democratización de la vida política se produce también en numerosas municipalidades rurales. Pero ella es más evidente en el mundo urbano. Si bien las grandes ciudades no han escapado de las dificultades económicas, no dejan de mostrar, sin embargo, una modernización y democratización de su modo de gestión.

Bogotá es el ejemplo más espectacular. Gracias a la sucesión, en los últimos diez años, de alcaldes de gran calidad y de modos de gestión modernos que asocian racionalización y participación, el marco urbano de la ciudad se ha modificado en todos los ámbitos: transporte, medio ambiente, cultura, ciudadanía, hasta el punto  que esta experiencia se ha convertido en una referencia internacional. Otras ciudades siguen el mismo camino.

También en el mundo urbano se asiste al surgimiento de movimientos políticos que rechazan las antiguas prácticas clientelistas y se inscriben en el contexto de una modernización democrática.

Al lado del país en guerra, existe entonces otro país que no cesa de evolucionar. Tanto en el Estado como en las empresas, Colombia dispone todavía de una clase dirigente de una calidad que no siempre se encuentra en otras partes.
 

Múltiples sectores de la población se esfuerzan por hacer frente a la difusión del conflicto mediante unas medidas concretas. Las poblaciones indígenas mostraron el camino reivindicando su derecho a la neutralidad y predicando formas de resistencia colectiva frente a los actores armados. Junto con ellas, las poblaciones negras, los habitantes de otras localidades y diversas organizaciones intentan adoptar esta actitud de resistencia.

En este sentido, existe en Colombia un conjunto de redes asociativas de una gran vitalidad, a menudo relacionadas con la Iglesia Católica, y en algunos casos independientes. Hasta en las zonas más conflictivas, ellas contribuyen frecuentemente a evitar una completa desorganización social.

Algunas veces, las ONGs  hacen un trabajo excelente para proteger a la población, como es el caso de las "comunidades de paz". Otras veces intentan atenuar los antagonismos asociando programas de desarrollo y organización ciudadana. La mejor ilustración es el Programa del Magdalena Medio del cual se inspiran otras iniciativas regionales.

Estas son algunas razones que permiten mantener la esperanza  de un escenario no-catastrófico.
 

6- EN FAVOR DE UNA ESTRATEGIA DIVERSIFICADA Y GLOBAL DE PAZ

El gobierno de Pastrana centró todos sus esfuerzos sobre el proceso de paz. La próxima administración se verá confrontada a una coyuntura que exigirá políticas más diversificadas. Es cierto que la propuesta de negociaciones debe permanecer abierta. Pero, fuera de que resulta imposible prever cuando se van a poder retomar, la experiencia mostró que era imprudente mezclar la misma negociación con el debate sobre las reformas que se refieren al conjunto de la población colombiana.

Conviene señalar una vez más que la credibilidad de cualquier gobierno también dependerá de las medidas adoptadas para hacer frente a los paramilitares.

En un momento en que se avecina la ratificación del Tratado de Roma sobre una Corte Penal Internacional, no puede tolerarse la persistencia de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Lo que es cierto para los paramilitares también lo es para las guerrillas las cuales, de seguir cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario, deben ser condenadas en el ámbito nacional e internacional.

La ventaja más grande de Colombia frente a la guerra interna sigue residiendo en su adhesión a las reglas democráticas y al Estado de Derecho. Esta es la condición para la restauración o la consolidación de un sentido de la ciudadanía compartida.

Las reformas políticas son de una urgencia tal que todos los candidatos presidenciales lo reconocen, ellas tienen que ver con el funcionamiento del Congreso o con el sistema electoral. Pero esas reformas deben apuntar de una manera más amplia al fortalecimiento de las instituciones. Desde la lucha contra la corrupción hasta la lucha contra la impunidad, pasando por la modernización del sistema judicial y de las diferentes instancias administrativas de control, se impone la modernización del Estado.

La ruina de las finanzas locales implica sin duda también reexaminar los textos que presidieron  la aplicación de la descentralización.

Se hacen también necesarias  reformas económicas y sociales. No nos concierne definirlas. Solo cabe señalar que el regreso a la paz pasa también por unos programas sociales específicos en favor de los sectores marginados y de las regiones de colonización que,  por haber sido abandonadas, se encuentran en el centro de todas las formas de violencia. Dicho regreso implica además la adopción de medidas contra los bienes acumulados por los narcotraficantes.

El Estado colombiano debe hacer todo lo posible para hacer presencia entre la población. Deben ser promovidos programas ambiciosos y diversificados con el fin de favorecer la capacidad de organización de categorías precisas: mujeres, jóvenes, minorías... Este podría ser el medio para contribuir al retroceso de la guerra. El conflicto actual no puede expresarse únicamente por sus causas iniciales. Después de 20 años una guerra tan brutal engendra su propio contexto, el cual tiene que ver cada vez menos  con aquel del inicio. Pero la resolución de un conflicto supone la propuesta de cambios que reestablezcan la confianza en el porvenir, especialmente en lo que concierne la reforma agraria y los cambios institucionales. La cooperación internacional es indispensable en este sentido.
 

7) EL PAPEL DE EUROPA
El papel de Europa es necesariamente diferente del de los  Estados Unidos. Estos han ayudado a la modernización de las fuerzas armadas y orientado la estrategia de lucha contra la droga. Anunciando un programa especial de protección del principal oleoducto, dieron un paso hacia un apoyo más directo a la lucha contra la guerrilla. Luego de la ruptura de las negociaciones y de los operativos de sabotaje por parte de la guerrilla,  los Estados Unidos consideran la  hipótesis de una ayuda más considerable, esta vez orientada contra la guerrilla. A las preocupaciones sobre sus repercusiones en los países vecinos, se suma el interés de avanzar en el proyecto de libre comercio de las Américas, así como el de garantizar sus  inversiones  en una zona estratégica.
Durante largo tiempo Europa ha juzgado desde lejos y sobre la base de una información limitada la situación colombiana. Las últimas resoluciones del Parlamento Europeo muestran que se ha tomado conciencia de la gravedad  del conflicto.
Europa debe materializar su interés en la región y no puede hacer caso omiso de la evolución de la situación. Manteniéndose al margen del plan Colombia pero comprometiéndose en ayudas diferentes a las militares, asumió el papel de interlocutor que se tradujo en la participación de varios de los países miembros de la Unión Europea en los diferentes grupos de países amigos. Al igual que el gobierno colombiano, le apostó al éxito de las negociaciones, a pesar de exponerse a algunos desaires en actos y palabras por parte de las FARC-EP, y corriendo el riesgo de desgastarse ante la ausencia de resultados. Dado el número de países vinculados al proceso, entre los cuales prevalecían ciertas discrepancias incluso sobre el Plan Colombia, no era posible sino un "acompañamiento" más que  una mediación efectiva. La ruptura del proceso de paz surgió en el momento preciso en que ese acompañamiento iba a tomar un aspecto más formalizado. La ruptura los obliga hoy a reconsiderar sus objetivos inmediatos.
La Unión Europea debe por supuesto insistir sin cesar en la exigencia del respeto por los derechos humanos y del respeto por el derecho internacional humanitario a todos aquellos que los violen. Debe también pronunciarse fuertemente sobre el evidente desastre ecológico provocado en Colombia a la vez por los cultivos ilícitos y sus fumigaciones, así como los sabotajes continuos a los oleoductos que provocan daños incalculables. Es también indispensable que la Unión Europea  pruebe a los colombianos que comprende la complejidad de la situación.
Pero debe sobre todo ayudar a mantener la posibilidad  de una solución política y por lo tanto contribuir a su construcción.
No es suficiente con afirmar su diferencia frente a Los Estados Unidos. Para hacer oír su voz frente a iniciativas de ese país que llevarían a una escalada del conflicto a nombre de la lucha contra el terrorismo, Europa tiene que fijar posiciones claras y coordinadas.
En todo caso la Unión Europea puede desempeñar un papel importante en múltiples planos.
a)      Brindar su apoyo a la democracia colombiana y al fortalecimiento de sus instituciones.
b)      Contribuir a hacer aceptar que la búsqueda de un acuerdo político no puede confundirse con la búsqueda de soluciones al problema internacional de la droga, las cuales no pueden producir efectos a corto plazo.
c)      Colocar  la ayuda financiera a la cual se comprometió al servicio de una verdadera estrategia por Colombia. Hasta el momento, sólo ha desembolsado una pequeña parte de esta ayuda, a riesgo de levantar dudas sobre su grado de compromiso. Esta ayuda no se puede limitar a micro-planes de sustitución de cultivos cuya eficiencia es muy reducida, ni tampoco a apoyar micro-programas dispersos. Debe traducirse en la implementación de programas regionales coordinados. Fuera del Magdalena Medio, existen regiones en crisis económica, tal como la zona cafetera, esencial para el equilibrio del país pero víctima de la caída de los precios, y que tiene ejemplos positivos de gestión como el de la reconstrucción de Armenia. La Unión Europea podría ayudar a implementar  amplios planes de transformación.
d)      Promover vigorosamente el apoyo a los diferentes esfuerzos de la sociedad civil para su fortalecimiento y para que se pueda  sustraer del conflicto.
e)      Insistir para que las guerrillas retomen el camino de la  política subrayando el aislamiento y el impasse que resultan de la prioridad que le dan a la actuación militar y resaltando también el carácter necesariamente democrático que debe tener cualquier fórmula de poder.
A la Unión Europea le compete más generalmente reflexionar sobre los dos grandes desafíos de Colombia.
Acabamos de referirnos al primero, se trata del problema internacional del tráfico de droga del cual Colombia es la primera víctima. Ya es hora de sacar las consecuencias del principio de co-responsabilidad que sigue siendo una fórmula vacía. En el momento en el que las medidas de fumigación revelan su ineficacia y  el  problema de las redes de lavado de dinero y de contrabando de armas vuelven a ser temas de actualidad, se impone la necesidad de plantear, con el concurso de todos los países implicados, la búsqueda de políticas alternativas, sin excluir la de una legalización controlada. La falta de una institución europea central encargada de la lucha contra las drogas no contribuye a la  eficacia de  la política actual.

El segundo desafío es el de  participar de las conversaciones con el gobierno colombiano, las Naciones Unidas, los países afectados por el conflicto y si es posible con las guerrillas, en la vía de la construcción de una verdadera mediación, desde el momento en que un proceso de paz pueda ser reanudado bajo las condiciones que garanticen esta vez, su viabilidad.

La búsqueda de una salida política está evidentemente primero en las manos de los colombianos. Pero debe pasar por la internacionalización de la negociación. A partir de este momento la alternativa es entre la internacionalización de la guerra y la internacionalización de la paz.

París, marzo 20 de 2002
 

FIRMAN

Daniel Pécaut
Jean-Michel Blanquer
Peter Waldmann
Alain Joxe
Alain Touraine
Christian Gross
Michel Wieviorka
Michel Agier
Sabine Kurtenbach
Odile Hoffmann
Yvon Le Bot
Joaquim Roy
Georges Lomné
Alain Labrousse
Philippe Texier
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