BASES PARA UNA NUEVA POLITICA SOBRE
LA HOJA DE COCA
Hugo Cabieses Cubas
A solicitud de la Federación Provincial de Campesinos de La
Convención, Lares y Yanatile (FEPCACYL), expongo mi posición
personal
sobre la problemática de la hoja de coca, en tanto que estudioso
del tema y solidario con las luchas del movimiento campesino y la población
de las cuencas hidrográficas en las que se produce esta planta sagrada
y maravillosa. Esta posición no compromete a la institución
en la que trabajo – el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) -, al Consejero Presidencial de Alto Nivel para la
Política de Drogas y tampoco a las asociaciones de productores,
Federaciones y la Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios (CONAPA-Perú)
de las cuencas cocaleras a las que he asesorado desde hace años.
Para impulsar una política de drogas que sea justa y eficaz, considero
que en relación con la hoja de coca se debe distinguir sus
caracteres,
sus dicotomías y sus dimensiones. Pero a la vez, para
impulsar programas de desarrollo rural integral sustentables y sostenibles
tipo DRIS que estén asociados a esta problemática, debemos
desarrollar y distinguir una tipología adecuada para las
cuencas hidrográficas en las que se produce coca y sus entornos.
Pero antes de ello, creo necesario ratificar sin cortapisas, tal como lo
he hecho desde hace varios años a nivel nacional e internacional
en diversos escritos, declaraciones de prensa y entrevistas que:
el movimiento campesino y de productores agropecuarios de las cuencas cocaleras,
al que he tenido el honor de asesorar por solicitud de sus dirigentes,
es enemigo del tráfico ilícito de drogas, del abuso en el
consumo de drogas y de los delitos conexos asociados como son la violencia
subversiva y el terrorismo;
nunca he sostenido que es necesario incrementar las extensiones actuales
de cultivos de coca en el Perú, por encima de las necesidades del
consumo tradicional y su posible industrialización benéfica;
considero que la coca no debe ser el principal cultivo de la unidad familiar
campesina, estoy en contra de cualquier de monoproducción en zonas
de selva alta debido a su fragilidad ecológica, poca aptitud para
la agricultura de exportación y, más bien, recomiendo y promuevo
la diversificación de actividades económicas y el uso de
diversos pisos ecológicos;
con esta misma convicción, abogo porque la hoja de coca sea excluida
de la Lista I de estupefacientes de las Naciones Unidas en la que fue ubicada
injustamente por prejuicios étnicos, psiquiátricos y anticampesinos,
razón por la que varios hemos propuesto la revisión del fallo
anticientífico que dieran los “expertos” en 1953, razón por
la que desde 1961 ésta planta-símbolo de la cultura andino-amazónica
está presa y satanizada a nivel internacional;
asimismo, estoy en contra de la erradicación forzosa de cultivos
de coca en todo el territorio nacional, bien sea manual, química
o biológica, salvo aquellos cultivos que se encuentren cercanos
a pozas de maceración y/o en parques nacionales;
abogo por una disminución gradual, manual y concertada con los agricultores
de los cultivos excedentes de coca con relación al consumo tradicional
y su posible industrialización benéfica, particularmente
con aquellos cultivos que están ilegalmente ubicados en parques
nacionales, con cuyos agricultores se debe impulsar actividades agroforestales;
dado que la legislación nacional sobre drogas que data de 1978,
permite la erradicación forzosa de cultivos y, los convenios firmados
entre el Perú y Estados Unidos desde 1995, obligan a cumplir metas
sobre este tema, el Ministerio del Interior a través de la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) y el programa especial Control
y Reducción de Coca en el Alto Huallaga (CORAH), está erradicando
en el parque Von Humbolt y otras zonas focalizadas en cumplimiento de las
leyes – aunque sin concertar con los agricultores como estas mismas leyes
exigen -, sostengo la necesidad y conveniencia para el país que
la legislación y los convenios internacionales deban ser revisados
adecuándolos a la nueva situación que se vive en el país;
por otro lado, no estoy de acuerdo con promulgar leyes que declaren “zonas
reservadas” o “exclusivas” para la producción de coca, como La Convención,
Sandia y/o Monzón, ya que sería una mala señal para
dedicarse a la monoproducción de coca, además de que esta
propuesta promueve salidas no solidarias con los productores de zonas que
han estado más ligadas al tráfico de drogas; y,
por esto último sostengo que en la actual coyuntura los representantes
de los productores agropecuarios y de coca, así como los alcaldes
de La Convención y Sandia, deberían participar activamente
en la Mesa de Diálogo con el Gobierno creada por DS 009-SA del 24
de marzo del 2001 y que fue reinstalada en Lima el 5 de octubre del 2001
ya que se trata de la instancia máxima de discusión y propuestas
para una nueva política de drogas, coca y desarrollo rural integral
sostenible y sustentable.
En mi concepto, los debates sobre la hoja de coca debemos ubicarlos en
las discusiones globales sobre la política de drogas que confronta
posiciones
duras, suaves y pragmáticas con
respecto a la
producción, el tráfico y el consumo
con fines ilícitos. Debemos participar en esta discusión
con argumentos respecto a la ineficacia e injusticia de las
políticas de
“guerra alas drogas” y de los enfoques
que reducen las drogas a un “problema deseguridad nacional”.
Las salidas a esta compleja problemática están por el lado
de políticas de reducción del daño, de enfoques
socio-económicos,
médico-sanitarios y
culturales y de estrategias de
seguridad humana. Estas políticas han demostrado ser más
eficaces que las de carácter policial-militar y penalizadoras
que son las que desde hace años se aplican sin éxito.
A nivel nacional el Perú debe impulsar una Política de
Estado sobre las drogas lo que implica que sea discutida, acordada
y asumida por los diversos sectores de la SociedadCivil
organizada – ciudadanos, obreros, agricultores, campesinos, empresarios,
amas de casa, políticos, profesionales, funcionarios, científicos,
comunicadores, etc. – para luego ser propuesta a la comunidad internacional
que debe asumir su responsabilidad en la problemática, por
ser los principales demandantes de las drogas que nuestro país produce.
La comunidad internacional no nos debe decir qué hacer frente a
una problemática tan compleja, como lamentablemente ha sucedido
hasta ahora. Ello implica revisar lo que se ha actuado sobre el tema ya
que los “éxitos” hasta ahora han sido más bien virtuales
y engañosos, debido a que la estrategia fue diseñada por
la mafia fujimontesinista con el acompañamiento de los sectores
duros
de la administración norteamericana y la ejecución de los
programas, planes y proyectos no tuvo la fiscalización adecuada.
Debemos mirar al futuro, pero sin borrón y cuenta nueva ya
que no podemos darnos el lujo de repetir los errores y horrores
del pasado.
En esta nueva política sobre drogas y el marco jurídico necesario
que le de sustento, se debe considerar que la planta de la coca tiene tres
caracteres:
se trata de un bien cultural de consumo integrante de la biodiversidad
andino-amazónica y, por ello, en las zonas cocaleras y las regiones
alto-andinas los productores mismos la consumen en estado natural para
sus labores agrícolas;
es una fuente de sobrevivencia para tiempos difíciles,
“caja
chica” del agricultor campesino, lo ha sido desde tiempos inmemoriales
y, en combinación con otros cultivos, es parte importante de su
canasta de productos y por lo tanto del ingreso familiar; y,
lamentablemente la hoja de coca también es materia prima
para producir drogas derivados como la pasta básica y el clorhidrato
de cocaína, que no son parte de la cultura y buenas costumbres andino-amazónicas
sino una demanda externa.
En sus luchas y propuestas los productores cocaleros buscan afirmar los
dos primeros caracteres de la hoja de coca y desean que el tercero no exista.
En mi concepto, la gran mayoría de estos productores no son ni quieren
ser traficantes de drogas, aunque son conscientes que una buena parte de
su producción de coca alimenta la industria y el comercio de la
cocaína.
Por otro lado, debe asumirse la complejidad del tema de la coca en base
a sus tres dicotomías:
la hoja de coca es integral y diferenciada de sus componentes con fines
ilícitos como son la pasta básica y/o clorhidrato de cocaína;
el cultivador y comercializador de coca es diferente que el traficante
con fines ilícitos; y,
el consumidor de coca debe ser respetado y su consumo alentado ya que no
se trata de un droga dependiente.
Para formular una política adecuada sobre ^la coca, se debe considerar
sus tres dimensiones: la producción, los
productores
y los consumidores.
en la primera dimensión, se trata de un producto agrícola,
la hoja de coca en sus diferentes variedades, que constituye un recurso
natural que es necesario defender, revalorizar y aprovechar; esta planta
es integral, tiene varias decenas de componentes beneficiosos - minerales,
vitaminas y alcaloides - y, en más de 6,000 años de producción
y consumo, a los andino-amazónicos no se les ocurrió aislar
ninguno de ellos; el aislamiento de la cocaína fue realizado por
la cultura occidental en 1860, en concreto, por el médico austriaco/alemán
Albert Niemann.
en la segunda dimensión, se trata de miles de productores
campesinos que cultivan coca porque lo han hecho desde siempre como un
cultivo más en el caso de los cultivadores tradicionales;
estos son aproximadamente 40 mil, ubicados en los valles de La Convención,
Sandia, Monzón, La Libertad y en partes reducidas de los valles
del Apurímac/Ene, Ucayali, Marañón y Huallaga; también
se trata de productores campesinos recientes que cultivan y producen
coca como consecuencia de la crisis agrícola y las políticas
macro económicas que no les proporcionan alternativas de sobrevivencia
viables como es el caso de más de 100 mil cultivadores en los cuatro
últimos valles mencionados; y,
en la tercera dimensión, por lo menos 1.7 millones de campesinos,
indígenas, trabajadores agrícolas, pastores, mineros, pescadores
y obreros de la construcción civil, del campo y la ciudad,
consumen
hoja de coca de manera regular y existe un mercado en expansión
de consumidores de infusiones de hoja de coca en bolsitas filtrantes, principalmente
en las ciudades; no se conoce con certeza las dimensiones y dinámica
de estos mercados, lo que hace indispensable realizar una Encuesta Nacional
que nos dé luces sobre ello.
Al proponer estrategias de desarrollo rural integral sostenibles y sustentables
tipo DRIS, debemos considerar por lo menos tres zonas en las que se produce
coca en el Perú: tradicional, antigua y
reciente.
Es necesario diferenciar cuencas cocaleras para impulsar políticas
de desarrollo rural que contribuyan además de y
no en
vez de, a combatir el fenómeno de la producción de drogas
con fines ilícitos. No se puede aplicar una "plantilla" de "desarrollo
alternativo" o de proyectos:
zona tradicional: cuencas de Yanatile-Quillabamba, Inambari-Tambopata
y Moche-Chicama, en las que el cultivo de coca es ancestral y su producción
es para "chacchar" (masticar) y para usos medicinales y rituales; en estas
zonas los colonos están asentados y tienen más de 50 años
viviendo en ellas; la organización de base es relativamente fuerte
y antigua; aquí las comunidades nativas son escasas y se trata de
zonas que van de los 800 a 2000 m.s.n.m.; en ellas debe aplicarse políticas
de desarrollo rural integral sostenible y sustentable en el que
exista respeto al cultivo de coca como parte de una canasta diversa de
productos y actividades económicas;
zona Antigua: cuencas de Apurímac-Ene, Monzón, Uchiza
y Tingo María, en las que el cultivo de coca es antiguo y la producción
se destina para usos tradicionales pero también al tráfico
ilícito de drogas; en estas zonas los colonos tienen menos de 50
años de asentamiento, las organizaciones de base fueron fuertes
e importantes pero han sido debilitadas por la presencia del terrorismo
y el tráfico ilícito de drogas, existe una débil presencia
de comunidades nativas y son zonas de altitud mayor de 600 m.s.n.m.; en
estas zonas debe aplicarse con mayor rigor el llamado "desarrollo alternativo"
como la manera más eficiente y pacífica de sustituir la economía
de la monoproducción de coca por una economía diversificada;
y,
zona reciente: cuencas de los ríos Huallaga Central y Bajo,
Alto Marañón, Aguaytía, Pichis, Palcazú, Pachitea
y Tambo, en las que la producción de coca es básicamente
para el tráfico de drogas, su cultivo es relativamente reciente
y en zonas de reserva forestal, los colonos tienen menos de 20 años
de asentamiento, las organizaciones de base son débiles o inexistentes,
existe una presencia importante de comunidades nativas pero su organización
es débil y son zonas ubicadas en alturas menores de 600 m.s.n.m.;
aquí también debe aplicarse el llamado "desarrollo alternativo",
particularmente en agroforestería, más proyectos puntuales
de subsistencia en zonas alejadas para comunidades nativas y proyectos
rentables de cultivos permanentes en zonas articuladas a los mercados.
Sugiero tres recomendaciones sobre el compromiso que la Confederación
Campesina del Perú (CCP), la Federación Departamental de
Campesinos del Cusco (FDCC) y la FEPCACYL firmaron con el Presidente Toledo
durante la campaña electoral con respecto a esta problemática:
discutir las propuestas de Ley de Coca en el marco de la Mesa de Diálogo
entre el Gobierno y los representantes de las cuencas en las que se produce
coca;
realizar la comercialización de la coca legal a través de
convenios de “siembra por contrato” con empresas privadas, la ENACO
S.A. y las asociaciones y/o federaciones de productores en base a convenios
de compromiso de compra-venta entre los municipios de las cuencas productoras
y aquellos municipios que están ubicados en zonas altas mayormente
consumidores de coca; y,
adecuarse a las propuestas que está realizando el Directorio de
la ENACO S.A. para reempadronar a los cultivadores de coca, realizar estudios
de mercado sobre consumo tradicional, desarrollar estrategias productivas
que protejan este recurso natural y alienten la reforestación de
zonas degradadas para el fortalecimiento de biodiversidad andino-amazónica.
Finalmente, con respecto al Memorial presentado al Presidente Toledo por
diversas fuerzas sociales y gremiales de la provincia solicitando el retiro
de la oficina desconcentrada de Contradrogas del ámbito de la provincia
de La Convención, señalo lo siguiente:
desde 1997 opiné en contra de la instalación de Contradrogas
en aquellas cuencas de zona tradicional (Yanatile-Quillabamba e
Inambari-Tambopata);
consideré innecesaria e inconveniente su instalación dado
que el íntegro de la producción de coca en esas cuencas es
para el consumo tradicional que es legal y permitido en el Perú;
consideraba que la instalación no sería bienvenida en Quillabamba-Yanatile
por la mala experiencia del proyecto de las Naciones Unidas (CODEVA) que
le hizo paralelismo a la Federación y contribuyó poco al
desarrollo de la zona;
mi recomendación fue que los fondos de la cooperación internacional
para desarrollo rural podían ser canalizados a través de
los proyectos especiales del INADE (Sierra Centro Sur en Quillabamba-Yanatile
y Lago Titicaca en Puno) y/o el Ministerio de Agricultura; y,
dado que se está revisando la estrategia sobre drogas, coca y
desarrollo
alternativo, así como tratando de construir una nueva institucionalidad
en reemplazo de Contradrogas, sugiero que la FEPCACYL y los Municipios
participen en esta discusión a través de la Mesa de Diálogo
y propongan una instancia ejecutora estatal y/o privada que ejecute los
fondos públicos destinados para estos efectos.
