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En estos días, últimos de septiembre y primeros de octubre, la situación de conflicto en Colombia muestra factores preocupantes de agudización, pero simultánea y paradójicamente también desde distintos ángulos se formulan propuestas y se toman iniciativas para fortalecer el proceso de salida política y reducir la intensidad del conflicto.
Ocurre con frecuencia que los propios colombianos, sumergidos en la inercia de un conflicto de varias décadas, no nos damos cuenta del mayor deterioro de la situación sino cuando desde el exterior se prenden las luces de alarma y ello puede ser a través de la prensa: el Washington Post, el New York Times, The Economist, Le Monde o El País.
Al presente, no obstante, están prendidas las alarmas tanto internas como externas. Los hechos del 11 de septiembre en New York y la cruzada emprendida por los Estados Unidos contra el terrorismo han creado una sensibilidad mayor sobre el carácter de los grupos irregulares colombianos, tanto de izquierda como de derecha, y reforzado los interrogantes sobre la evolución de los diálogos para la paz.
No estamos en Colombia ante una guerra civil, ni ante una revolución armada, pero sí ante un agudo conflicto de carácter social y político con claros nudos de amarre en la historia y la estructura del país, atravesado ahora por el problema del narcotráfico, pero que no encuentra un punto de superación de la autodestrucción de la nación en que ha degenerado.
En este breve artículo de carácter periodístico se hará un apretado inventario de los factores que en este crucial momento se aprecian como contrarios o como favorables al proceso de negociación política para la paz.
El bloqueo a la marcha hacia el Caguán del candidato presidencial Horacio Serpa del Partido Liberal y la muerte a bala de Consuelo Araujo, Ministra de Cultura hasta hace pocos meses, secuestrada el 24 de septiembre por las FARC, son hechos que han dado oportunidad para que se manifiesten en cascada las profundas inconformidades existentes en relación con los “diálogos en medio del conflicto” y aún con los diálogos mismos. Los tradicionales opositores al proceso de salida política han hecho oír sus voces, pero también a favor del mismo se han pronunciado muchos actores autorizados y representativos de la vida nacional, entre ellos los obispos católicos, las centrales obreras y los movimientos de paz.
La intolerancia y la atrocidad han sido rechazadas por unanimidad. El Presidente Andrés Pastrana se ha visto obligado a declarar que el proceso en su conjunto será sometido a evaluación y revisión. Una ola de indignación recorre el país. Al momento mismo de escribir este artículo se conoce del asesinato de otro congresista, Octavio Sarmiento, miembro de la cámara baja, que se encontraba secuestrado al tiempo que se informa de la incursión de paramilitares en el Departamento de Arauca.
Estas son las circunstancias que, reeditadas todos los días,
producen fatiga y desconfianza en la opinión pública nacional
e internacional sobre la viabilidad del proceso y que conducen a actores
internos y externos a presionar cambios que garanticen el avance real de
las negociaciones particularmente en relación con el uso por los
insurgentes de la zona de distensión o despeje cuya continuidad
la debe decidir el gobierno a más tardar el día 9 de octubre.
La sociedad, el tejido social, la economía son los más afectados por el escalamiento del conflicto. En 1999 fueron secuestradas 3.201 personas, 3.707 en el 2000 y este año ya fue superada esa cifra, en 72 horas han ocurrido 50 secuestros sólo en Antioquia y Cesar (26 de septiembre). En pocos meses han sido asesinados tres congresistas y secuestrados otros cuatro. Cincuenta (50) alcaldes gobiernan a muchos kilómetros de distancia de sus poblaciones a causa de las amenazas. Los quince (15) alcaldes de un departamento completo del sur (Caquetá) se dirigieron al Gobernador regional y al Presidente de la República para denunciar que les era imposible gobernar sus municipios. Informes recientes de entidades especializadas dan cuenta de que el desplazamiento forzado a causa de la extensión de las zonas de enfrentamiento llega a la cifra de dos millones trescientas mil personas frente a los cuales los programas públicos y privados existentes, algunos originados en la solidaridad internacional, no son siquiera un alivio. El drama es inmenso.
Las condiciones de afectación de la población, la resistencia
a los cambios en las élites gobernantes y la débil, casi
nula proyección política de la insurgencia, han conducido
a conclusiones como la del académico francés Daniel Pecaut,
amplio conocedor de Colombia, quien caracteriza la colombiana como una
guerra contra la sociedad. “Los actores armados, fuertes a causa de los
recursos económicos que manejan, han seguido dando prioridad a los
fines propiamente militares sobre la representación de las demandas
de las poblaciones. Y la realización de estos fines militares pasa
cada vez más por el uso del terror contra estas poblaciones. Los
centenares de miles de desplazados son una buena expresión de este
hecho. Amplios sectores de la población se encuentran en la condición
de rehenes... Todo esto es lo que me ha llevado a hablar de guerra contra
la sociedad”
El Plan Colombia, auspiciado por los Estados Unidos, y cuyos recursos
en su mayor parte se destinan al combate contra la insurgencia so pretexto
de fortalecer la acción del ejército oficial contra las zonas
de cultivos de coca y de amapola, se ha constituido en un fuerte estímulo
al conflicto. Ahora las fuerzas armadas gubernamentales persiguen y ametrallan
a los grupos insurgentes desde los helicópteros que supuestamente
se habían entregado para amparar las acciones de fumigación
aérea de cultivos de uso ilícito. El efecto de la puesta
en marcha de este Plan ha sido el surgimiento de nuevos campañas
de consecución de recursos económicos por parte de los insurgentes
a través del secuestro y la extorsión. Según el Decreto
02 de las FARC todos los colombianos, personas naturales y empresas, con
capital de un millón de dólares o más están
obligados a pagar tributo a la insurgencia, lo cual en la práctica
se hace con personas de todos los estratos aún los medios y bajos.
El Plan Colombia se ha constituido en una forma de intervención
política directa e intervención militar indirecta de los
Estados Unidos en Colombia que en la práctica opera como un apoyo
a quienes se oponen a la salida negociada del conflicto y un estímulo
al guerrerismo de derecha existente dentro y fuera del gobierno.
El proceso en conjunto es de creciente polarización. El gobierno
y la insurgencia consideran que ellos agotan la vocería y representación
de la sociedad. Este criterio llevado al extremo considera que la persona,
grupo u organización que explícitamente no se alínea
con uno de ellos, está contra ellos. El gobierno, en particular
los militares y algunos columnistas de prensa, consideran próximos
a la guerrilla a los defensores de derechos humanos y la guerrilla considera
que las posiciones de autonomía, neutralidad activa, movimientos
por la paz y ONGS, nacionales y extranjeras, de acción social y
humanitaria forman parte de la estrategia del enemigo. Inclusive iniciativas
políticas de transformación democrática que proclaman
y defienden abiertamente su autonomía son estigmatizadas por cada
bando como facilitadoras políticas o ideológicas de la acción
del enemigo, tal es el caso del Frente Social y Político, coalición
de izquierda democrática que lidera el Expresidente de la Central
Unitaria de Trabajadores CUT, Luis Eduardo Garzón, hoy Candidato
Presidencial. La estrategia de polarización cierra aún más
los espacios de la acción civil y de masas de la población
en particular de los movimientos sociales.
En el ambiente descrito los candidatos que aspiran a suceder en la cabeza del gobierno a Andrés Pastrana han endurecido su lenguaje y sus posiciones. En el mes de noviembre pasado se constituyó el Frente Común Contra la Violencia con la participación de los partidos liberal, conservador, y otras expresiones políticas. El Frente se concibió como un escenario para asegurar el compromiso de las fuerzas políticas y del próximo Presidente de Colombia con la estrategia del actual gobierno. Ciertamente se habla de compartir la salida política y mantener los diálogos de paz, pero ello sin alterar los términos del Plan Colombia, con su predominante peso militar, y sin abrir las compuertas a una amplia y efectiva participación ciudadana en el proceso.
Cabalgando sobre el sentimiento de cansancio y desconfianza de la opinión
pública ante el curso aparentemente infructuoso de los diálogos
de paz y la concomitante victimización de la sociedad, los
tres principales candidatos presidenciales – Serpa, Uribe, Sanín
- no sólo llaman a revisar las reglas de juego del proceso, sino
que aún plantean que si no se llega a acuerdos con los insurgentes
en cierto tiempo y en ciertas condiciones la opción sería
hacerle frente a la guerra como decisión nacional y buscar la victoria
militar. En esta posición, denominada por algunos analistas la “institucionalización
de la guerra” se contaría con el apoyo no sólo de los Estados
Unidos sino de corrientes políticas en Europa cuya más prominente
expresión sería el dirigente comunitario Javier Solana.
Colombia es un país con inmensas riquezas, pero con una muy desigual distribución de las mismas entre sus regiones y entre los sectores sociales. El Estado se ha mostrado incapaz de una eficaz política de redistribución. Las condiciones de recesión y el impacto económico de la guerra al narcotráfico que se suman al impacto más estructural del modelo de internacionalización neoliberal de la economía implementado en los últimos diez años, conducen a situaciones de gran explosividad social como el desempleo que sigue bordeando el 20% de la PEA lo cual significa más de millón y medio de trabajadores en desempleo abierto y dos y medio millones en subempleo, mientras las actividades informales representan ya entre el 60 y 70 % del conjunto de la economía.
En todo el país se suceden a diario las protestas masivas de
campesinos, de comunidades indígenas, de poblaciones carentes de
servicios públicos, de comunidades y regiones enteras acosadas por
la violencia, de campesinos pobres a quienes se prohibe cultivar coca sin
una alternativa real de subsistencia, de los miles de desplazados que no
quieren ser recibidos en las ciudades. En la región de Arauca, fronteriza
con Venezuela, se realiza, ahora mismo, un paro armado (organizado por
la guerrilla de las FARC) en protesta por la avanzada paramilitar según
ellos facilitada por el Ejército. Para el 1° de noviembre las
tres centrales obreras – CUT,CGTD,CTC – y la Confederación de Pensionados
– CPC – unidas a otras organizaciones populares nacionales y regionales
han convocado un paro nacional para exigir al gobierno acciones efectivas
contra el desempleo, parar el desmonte de la seguridad social e impedir
cambios regresivos en la legislación laboral actualmente propuestos.
Son numerosos los casos en que la guerrilla secuestra y aún da muerte a personas vinculadas a empresas, iglesias u ONGS del exterior con presencia en el país. Está vigente el caso de los tres miembros de la GTZ de Alemania retenidos por las FARC en el Departamento del Cauca, uno de los cuales logró fugarse de sus captores hace algunos días. La repetición de estas situaciones ha desestimulado la presencia de numerosos organismos de ayuda humanitaria los cuales han decidido abandonar el país como se expresa en documento suscrito recientemente: “Un total de 21 organizaciones no gubernamentales internacionales de cooperación humanitaria anunciaron el cierre progresivo de sus actividades en diferentes zonas del país como consecuencia de la presión de los grupos armados, lo que a su juicio puede ocasionar una barbarie... el propósito de quienes quieren cerrar espacios a la labor humanitaria tiene por objeto que no haya testigos de la barbarie” Situaciones de esta naturaleza han conducido a la Unión Europea a pensar en una replanteamiento de su apoyo al proceso de paz colombiano como venía haciendo. “El secuestro de los cooperantes alemanes compromete el apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz de Colombia, dificultan el papel de los países facilitadores y ponen inútiles obstáculos a la puesta en práctica del Programa de apoyo de la UE (400 millones de euros)...... así como a los proyectos de cooperación bilateral.”
Todos los factores indicados anteriormente estarían señalando que el agotamiento de los diálogos y el escalamiento irremediable de la guerra estarían ad portas. Esa lectura es la que hace de la situación el diario El País de Madrid en su editorial del 2 de octubre tomando en cuenta los graves hechos ocurridos en los últimos días y de los cuales son autoras las FARC desde la zona de distensión o en otros lugares alejados de ella.
“Pastrana ha transmitido a las huestes de Marulanda que o declaran una
tregua de al menos seis meses de duración o se da por liquidado
cualquier esfuerzo pacificador... Si el jefe guerrillero no se aviene a
la tregua, a la sociedad colombiana no le quedará más remedio
que fajarse para un combate para el que no está preparada y cuyo
precio no quiere asumir. Un escenario que aumentará, si cabe, la
desesperanza de una ciudadanía que no ha conocido la paz civil en
los últimos 35 años. Todo hace pensar que el proyecto de
diálogo diseñado por Pastrana toca a su fin”.
El mundo es ahora más sensible al terrorismo. Inclusive se observa una tendencia facilista a calificar como terrorista toda acción armada, aún la de actores que reclaman para sí mismos el carácter de insurgencia política y el reconocimiento del estado de beligerancia.
El propio Secretario de Estado, Collin Powell, ha declarado que Estados Unidos considera a las FARC, al ELN, movimientos insurgentes de izquierda, y a las AUC, grupo irregular de derecha, como “organizaciones terroristas de alcance global”. Los observadores y analistas políticos en Colombia no dudan en señalar que es inevitable que no sólo la potencia del norte sino el conjunto de la comunidad internacional comience a considerar a los grupos armados ilegales de Colombia como parte del enemigo contra el cual se libra la primera guerra del siglo veintiuno. Así lo ve Fernando Cepeda “Un editorial de The Washington Post calificó a las FARC como “drugtraffickers- terrorists”. Peor descalificación, imposible. Ese calificativo ya era gravísimo hace tres semanas. Ahora, cuando se ha declarado una guerra global contra el terrorismo por parte de los países más poderosos del mundo, esta descalificación convierte a estos grupos existentes en Colombia en una parte central del problema y, claro está, si el gobierno y la sociedad colombiana saben moverse, en una parte de la solución que el mundo está buscando”.
Lo novedoso al respecto es que los movimientos insurgentes estarían comenzando a ser impactados con la percepción de su carácter terrorista que se acentúa a nivel de la opinión internacional, el cual por supuesto rechazan, y no querrían verse envueltos en mayor medida en las acciones contra el “enemigo global”. Paradójicamente los preparativos de guerra a nivel mundial estarían contribuyendo a crear condiciones favorables a la paz de Colombia. Comentarios que permiten pensar en este sentido fueron escuchados a dirigentes guerrilleros por personas que visitaron la zona del Caguán hace pocos días.
Pero el hecho realmente importante y que podría marcar una inflexión en la evolución de la situación es el conjunto de propuestas hechas por una Comisión nombrada conjuntamente por Gobierno e Insurgencia, llamada por la prensa Comisión de Notables, la cual ha entregado el 19 de septiembre sus recomendaciones encaminadas a combatir el paramilitarismo y reducir la intensidad del conflicto. La creación de esta Comisión era uno de los puntos del Acuerdo de Los Pozos, suscrito el 9 de febrero entre el Presidente Pastrana y el Comandante guerrillero Manuel Marulanda para superar la congelación de los diálogos decidida por las FARC en el mes de noviembre, uno de los más serios impasse que ha sufrido el proceso.
Realmente la Comisión ha ido al fondo del problema y ha hecho recomendaciones que modifican sustancialmente y en forma positiva el curso de los diálogos y negociaciones que ahora serían en tregua, que tendrían norte político en una referendo o asamblea constituyente y que llevarían en últimas a la insurgencia a deponer las armas (ver recuadro). Con reservas y con cautela el documento ha sido en general bien recibido por el Gobierno y por las FARC y alrededor de él se ha generado una gran discusión en la opinión nacional. El Presidente Pastrana intervino por la televisión nacional pocas horas después de conocerse el texto completo y manifestó su clara disposición y voluntad de estudiarlo para buscar acuerdos con la insurgencia. Encuestas de prensa indican que el 80% de los ciudadanos apoyan la tregua bilateral.
Recuadro
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LOS NOTABLES PROPONEN
Extracto del Documento del 19 de septiembre. 1. Pactar una tregua bilateral entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en principio de seis(6) meses, en las acciones armadas, término que puede ser prorrogado por acuerdo entre las partes. 2. Con base en los acuerdos logrados por la Mesa de Negociación se defina el temario de propuestas concretas de Reforma Constitucional, a ser discutido y decidido, en Principio por una Asamblea Constituyente o, en su defecto, por un Referendo Popular. 3. Durante el período de tregua bilateral y, en general, durante el lapso de este proceso democrático de reforma constitucional, se mantiene la zona de distensión. 4. Se entiende que la convocatoria a la Asamblea Constituyente, o al Referendo si se opta por esta vía, significan la culminación del proceso de diálogo y negociación, una vez acordada aquella o iniciado el proceso para su conformación, las FARC-EP deponen las armas. 5. De común acuerdo la Mesa de Negociación determina el mecanismo que permita el cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes. 6. Invitar al Ejército de Liberación Nacional ELN a hacer parte de este proceso y a aceptar la tregua de paz que estamos proponiendo a la Mesa de Negociación y Diálogo, con las mismas garantías y compromisos aquí señalados. |
Siguen recomendaciones referidas al paramilitarismo, la lucha contra el narcotráfico, la no interrupción o suspensión del proceso electoral, el respeto del DIH, la atención por parte del Estado a las demandas sociales....
Pero la aparición del informe de la Comisión de Notables el 19 de septiembre, ha sido oscurecida por los hechos de los últimos días. No obstante, hay razones poderosas indicativas de que el Gobierno del Presidente Pastrana haría todo lo posible por encontrar la forma de poner en marcha, en acuerdo con las FARC, lo sustancial de las recomendaciones. Es de notar, sin embargo, que aparte de la voluntad política con que tome este camino el actual gobierno, se requiere que el próximo gobierno, que se instalará el 7 de agosto de 2002, mantenga la misma perspectiva. Para lograr este resultado se requiere una intensa y hábil acción de los sectores realmente comprometidos con la paz en el país, de los movimientos de paz, de los sectores sociales y políticos volcados a la política alternativa a pesar de la polarización, y de los amigos de la paz de Colombia en el exterior.
Al documento de Los Notables antecedió con fecha 12 de septiembre una carta de las FARC que puede estar está indicando la búsqueda de una camino de acción política por parte de este movimiento insurgente (Ver recuadro).
Recuadro
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LAS FARC PROPOPONEN.
Carta de Manuel Marulanda del 12 de septiembre. 1. Incluir otras personalidades de partidos y movimientos interesadas en ayudar al proceso a buscar salidas políticas teniendo en cuenta la Agenda Común. 2. Materializar la propuesta de crear una comisión de La Mesa que se encargue de evaluar en las áreas de cultivos cuáles son cultivos industriales y cuáles cultivos de minifundio para acabar con las fumigaciones indiscriminadas que afectan los cultivos de pancoger de los campesinos. 3. Efectuar un encuentro nacional con representantes de los partidos tradicionales, nuevas fuerzas y movimientos independientes interesados en la campaña electoral y conocer de ellos sus programas y propuestas políticas para buscar la paz, soluciones económicas, sociales, educativas, ambientales y culturales, defensa de la soberanía, fumigaciones, extradición, paramilitarismo, canje de oficiales y suboficiales por guerrilleros y neoliberalismo. 4. Realizar un encuentro con mandos militares y de policía en la zona del despeje con dirigentes de las FARC para hablar de la problemática nacional y la confrontación armada buscando con ello mejorar el medio ambiente y crear confianza en ambas partes. 5. Efectuar un encuentro nacional con dirigentes del movimiento alternativo para conocer de ellos su plataforma política y sus planteamientos frente a la paz y el paramilitarismo. 6. La Mesa debe reglamentar estos encuentros utilizando los meses de noviembre y diciembre 2001. |
El Movimiento de paz, que viene de realizar la Semana por la Paz, décima cuarta edición anual, entre el 8 y 16 de septiembre, está tomando importantes iniciativas a nivel de articulación de esfuerzos, de formación de opinión y de movilización ciudadana que pueden contribuir eficazmente a que se pongan en marcha por gobierno y por insurgencia las recomendaciones de la Comisión de Notables. Igualmente este movimiento está estrechando lazos con expresiones similares en otras latitudes (diplomacia alternativa) a fin de producir una sinergia entre la acción nacional y la acción internacional por la paz y contra la globalización neoliberal. Ya se habla de un movimiento por “la justicia social infinita”.
No obstante las dificultades señaladas, se puede seguir contando con la cooperación internacional a la paz de Colombia. Ahora no sólo la cooperación a nivel de Estados, sino ante todo la sintonía de esfuerzos y perspectivas a nivel de pueblos, sociedades y movimientos sociales que a un tiempo luchan por la paz y por una economía mundial más humana y más justa. Una Conferencia Internacional, la segunda después de la realizada en octubre 2000 en San José de Costa Rica, prevista para este mes de octubre, fue postergada para el primer semestre del año próximo a fin de coordinar acciones y canalizar la solidaridad y el apoyo necesarios para la mayor incidencia política de la sociedad en el proceso de salida del conflicto armado que signifique el establecimiento de condiciones favorables a una paz durable con mayor democracia, justicia social y autodeterminación nacional.
El momento es complejo e incierto su desenlace. Hay factores encontrados de mucho peso. Andrés Pastrana no cuenta ya con la Alianza para el Cambio que lo llevó a la presidencia y logró una fugaz mayoría parlamentaria. Sólo un giro de gran impacto y significación podría asegurar la continuidad del proceso que hoy pende de un hilo y cuyo desarrollo en todo momento ha sido ambiguo y precario. Ese giro podría estar en el cese de fuego y hostilidades, en el compromiso de la insurgencia en un itinerario conducente al abandono de las armas y en la construcción de un nuevo pacto social y político a través de una Asamblea Constituyente o un Referendo Popular, en el Acuerdo Global sobre DIH y DH que recomienda la Señora Mary Robinson, Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos. A tales asuntos se refieren en sustancia las propuestas de la Comisión de Notables. Esa sería la razón de mantener la zona de distensión o despeje. Una convicción general se abre camino: el método de negociación en medio del conflicto está definitivamente agotado. Las decisiones que se tomen antes del 9 de octubre son definitivas. La presente semana es crucial para el proceso de guerra y paz que vive Colombia.
Bogotá, 3 de octubre de 2001.
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