Con la determinación de la Unión Europea de apartarse definitivamente del Plan Colombia y participar de manera mas definida en la solución del conflicto armado (ver resolución del Parlamento Europeo, 02/01), los procesos de negociación del gobierno con las guerrillas recibieron un notable impulso. La formalización inminente de la Zona de Encuentro (ZE) para los diálogos con el ELN al nororiente del país -pactada en diciembre pasado en la reunión de la Habana-, así como la reactivación del proceso con las FARC (9/03/01) auguraban un periodo muy favorable en el camino hacia la paz.

Sin embargo, la "operación Bolívar” lanzada por el Ejercito en la Serranía de San Lucas –zona estratégica del ELN-, seguida de un despliegue militar sin precedente de las AUC contra esta organización insurgente en la misma zona, por una parte, y la oposición de la cúpula de las Fuerzas Armadas al intercambio humanitario de prisioneros con las FARC, por otra parte, han puesto en evidencia la autonomía que se otorgan algunos sectores de las Fuerzas Armadas frente a la política de paz del gobierno. Estos hechos anticipan serios obstáculos a la participación internacional, en especial para el programa europeo para la paz en Colombia (precisado el 30/04 en Bruselas). De su lado, Washington, retomando la Iniciativa Andina, promovida por Bush (padre) una década atrás y a la que le serán asignados U$730 millones para apoyo a los países fronterizos con Colombia ha confirmado la dimensión internacional de su Plan (El Tiempo, 14/03/01)

La ZE para los diálogos con el ELN ha sido blanco durante los últimos meses de intensos operativos “antinarcos” desarrollados por las Fuerzas Armadas, y de las acciones paramilitares en abierta oposición al proceso de negociación con este movimiento insurgente (cuya disposición de lograr un acuerdo ha sido ampliamente reconocida por el gobierno, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional.)
No obstante la disposición de los campesinos en la sustitución manual de los cultivos ilícitos y el compromiso entre el Gobierno y ELN en no realizar operaciones militares alrededor de la ZE (conformada por los municipios de San Pablo y Cantagallo, al sur del departamento de Bolívar), en el marco del Plan Colombia, la serranía de San Lucas (norte de la ZE) fue objeto de intensas fumigaciones durante febrero. Luego, iniciando marzo, las Fuerzas Armadas lanzaron la “Operación Bolívar” con la “misión” de destruir los laboratorios de refinamiento de cocaína controlados por los paramilitares. Las reuniones en con el jefe del CICR en Colombia -el día 4-, y con los embajadores del Grupo de Países Amigos y el equipo negociador del gobierno -el día 6-, fueron realizadas en medio de un intencionado asedio del Ejercito colombiano al ELN.
Suspendida la operación por orden del Presidente (28/03/2001) -pero todavía sin evacuar los 4000 soldados de las brigadas IV y V-, cerca de mil paramilitares incursionaron en la Zona (1/03/01) y arremetieron contra los cuarteles del ELN localizados muy cerca del lugar acordado con el Alto Comisionado para un nuevo encuentro con el ELN el 05/04/01. A dicha reunión, a la que el ELN no asistió por falta de garantías, se hicieron presentes los embajadores de los cinco países verificadores de las negociaciones (Alemania, Canadá, Japón, Suecia y Portugal), el representante de la ONU, de la Sociedad Civil y del gobierno. Con la avanzada paramilitar en la zona y frente a la inercia del gobierno, el Comando Central del ELN declaro la suspensión indefinida de los diálogos el 10/04/01. (Partia Libre, s. Web del ELN, el 12/04/01)
Puesta en evidencia la impotencia del Jefe del Estado para controlar a los altos mandos militares y su incapacidad de garantizar la seguridad de la población, de la delegación internacional y de sus propios representantes en la ZE, el proceso de negociación con el ELN quedo pendiendo en el aire.

El mismo día en que se realizo la segunda Audiencia Internacional con los países facilitadores^[1] y la Mesa de Diálogos (el 8/03/01) M. Marulanda, jefe máximo de las FARC, informo sobre la inminencia del intercambio de prisioneros -sexto punto en la agenda del acuerdo de los Pozos (9/02/01). Pocos días después, sin embargo, el legendario dirigente guerrillero denunciaba la dilatación del proceso por parte del Gobierno Nacional (El Tiempo, 11/03/01). En efecto, a la oposición del Fiscal general, de algunos congresistas, y a las dudas expresadas por el Procurador se había sumado, mediante un extenso texto, la oposición vehemente de la cúpula militar al “canje” (El Tiempo/14/03/01 y /23/03/01). Ante estas interferencias, mas de carácter político que jurídico, que hacen presumir el descarte definitivo del intercambio, solo se vislumbran alternativas a mediano o largo plazo como la amnistía y el referendo (ver A. Rangel, El Tiempo/ 30/03/01).
Entre tanto, la amenaza de extradición de integrantes de las FARC acusados de narcotráfico, proferida por Washington (El Tiempo, 11/03/01) y el afán desbocado del general Mora, Comandante General del Ejercito, en establecer pruebas de la vinculación de los insurgentes con la narcoeconomia y en lograr su captura, sirven a incrementar la confrontación militar y se convierten en una piedra mas en el zapato del proceso de paz.

Sin duda, los desacuerdo políticos entre los organismos del Estado frente al proceso de paz y, en particular, la obstrucción abierta de sectores del Ejercito a la labor del Alto Comisionado de Paz atentan contra la participación de la Comunidad Internacional y ponen en juego el conjunto de la estrategia de paz del gobierno (ver editorial del El Tiempo, 20/02/2001) 

Tras las fumigaciones y operaciones militares desarrolladas bajo la instrucción norteamericana en el marco del Plan Colombia (iniciadas en 09/2000), las Auto defensas Unidad de Colombia (AUC), a la vez que han ampliado su presencia geográfica y su capacidad militar, han intensificado la polarización política entre los colombianos^[2]. A parte de las elites económicas y sociales, las encuestas de opinión –con todo lo tendenciosas que se quiera- reflejan un creciente apoyo de sectores de clase media opuestos, escépticos o indiferentes al proceso de paz y dispuestos a contratar servicios de seguridad con estas organizaciones. (Ver: A. Rangel, El Tiempo/16/03/01)

Con un numero de efectivos militares que duplica al ELN y que ya representa la mitad de los de las FARC (A. Rangel, ibd.), los paramilitares han adquirido la capacidad suficiente para ahogar definitivamente el proceso de negociación con el ELN y para perturbar permanentemente el proceso con las FARC. Su creciente autonomía financiera, proporcionada por los recursos del narcotráfico -cada vez mas desconcentrados por efectos de la mundialización-, los convierte en una fuerza excepcionalmente funcional al proyecto político de la extrema derecha colombiana y a la estrategia contrainsurgente norteamericana.
La obstrucción del sur de Bolívar, incontestable derrota a la política de paz de Pastrana, aproxima a C. Castaño a un reconocimiento como “interlocutor valido” en la negociación del conflicto. Reiteradas declaraciones de funcionarios del gobierno norteamericano en este sentido^[3], han encontrado eco en jerarcas de la Iglesia Católica colombiana (ElTiempo/13/04/01), en el dirigente del Partido Liberal H. Serpa, nuevamente candidato a la presidencia en el 2002 (El Tiempo/8/04/01) y, obviamente, en Álvaro Uribe, líder liberal de extrema derecha, ampliamente reconocido por su “simpatía” hacia las AUC, quien espera del fracaso de la política de paz del actual gobierno la consolidación de su candidatura presidencial (ver columna de J. Lozano en El Tiempo/12/03/01)
Queda por ver el resultado de la confrontación militar que se desarrolla actualmente en el sur de Bolívar, una verdadera medición de fuerzas entre las FARC-ELN en alianza contra los paramilitares (El Tiempo/10/04/01). Un retroceso de estos últimos es poco probable por la presencia del Ejercito en a la zona y por la impotencia del presidente Pastrana para mantener al margen a los Altos Mandos militares.

La incapacidad del gobierno colombiano para cohesionar a las propias instancias estatales en torno a su política de paz, no oculta completamente los logros obtenidos en un proceso que tiene que entenderse, de todas formas, lento y complejo. El acuerdo de Los Pozos en febrero pasado y la consecuente prolongación de la zona de dialogo con las FARC (hasta octubre próximo) en medio de una vertiginosa polarización política del país, tienen un mérito incontestable. Lamentablemente en el proceso ya bien avanzado con el ELN, organización tradicionalmente la más reacia a la negociación, el Presidente Pastrana no tuvo la suficiente firmeza para contener a los sectores militares más adversos a una solución política del conflicto.
La vinculación de la UE al proceso de paz que no se asajuste al Plan norteamericano -al contrario de lo como lo sigue pretendiendo y anunciando abusivamente el gobierno colombiano-, constituye igualmente una importante conquista de la gestión de la Administración Pastrana. El rompimiento de la soledad frente al Tío Sam, indudablemente, amplia y refresca el horizonte de Colombia.
Sin embargo, si ya entrando en la etapa final de su gobierno (en Colombia no hay reelección presidencial), el Presidente Pastrana no aprovecha su cercanía con Washington y el apoyo de la Comunidad Internacional para decidirse a “tomar el toro por los cuernos”, los aspectos socioeconómicos del Plan Colombia -que según el gobierno representan el 80% - arriesgan a ser consumidos por las llamas del componente militar norteamericano. En este caso, la verdad sobre “la democracia (con la guerrilla) más antigua de América Latina” quedaría develadas ante el conjunto de la Comunidad Internacional

Pese a las acciones diplomáticas de Washington y Bogotá en conseguir el apoyo al Plan de parte de los Estados limítrofes con Colombia, durante la Administración norteamericana los gobiernos de Brasil y Venezuela sostuvieron su oposición, mientras los de Ecuador y Panamá mantenían sus prudentes reservas.
Sin embargo, confrontados a las explosivas consecuencias internas de la mundialización, de todas formas, comprometidos en la “guerra contra las drogas”, y con poco que perder en unas fronteras que – a fuerza de tiempo y de abandono por parte de los gobiernos centrales- conviven plenamente con el conflicto colombiano, la resistencia a la presión de Washington se advertía insostenible.
En efecto, con los recursos previstos en el Plan Colombia para refuerzo de los puestos de control y para atención social a las poblaciones en sus respectivas fronteras, mas los recursos asignados a través de la Iniciativa Andina y los beneficios comerciales que se desprenden del ATPA, las prevenciónes de los países del área se ha ido desvaneciendo.
(Los militares en Bolivia han retomado el proyecto de construcción de tres bases militar entre el Trópico de Cochabamba y Chapare Opinión/ANF 28/09/2000 para albergar a unos 1.500 soldados permanentes. Su papel será el de asegurar el control de la región al tiempo que se avanza en la erradicación química de los cultivos. Estas bases, justificadas como parte de la guerra antidrogas tienen el propósito primordial de compensar los vacíos dejados por la base de Howard en Panamá. y hacen parte del programa de instalación de los “Centros Operativos de Avanzada” (COA)^[4] del Pentágono, dentro del cual se destacan las bases de Manta (Ecuador) e Iquitos (Peru) por su ubicación estratégica con respecto al sur de Colombia, blanco central de la política de Washington contra la “narcoguerrilla”.

Si la administración Clinton tuvo cierta discreción sobre los recursos del Plan Colombia (PC) destinados al “apoyo técnico” de los países andinos (U$280 millones = 30% del presupuesto global), la administración Bush ha sido perfectamente clara sobre la dimensión regional de la estrategia “antidrogas” en Colombia. Con "un enfoque más regional de las cuestiones y las crisis que hoy emanan de Colombia" y previendo que “el problema migre de un país a otro”, según C. Powell, la Iniciativa Andina busca garantizar “el éxito de la estrategia que se esta desarrollando actualmente en Colombia” (El Tiempo, Bogotá, 15/03/01). Los U$ 730 millones asignados a la Iniciativa Andina serán destinados a Colombia (400), Bolivia (155), Perú (100) y a Ecuador, Venezuela, Brasil y Panamá (75). Sumando a este presupuesto para gastos del Departamento de Estado los U$ 250 millones de Defensa y Justicia para la lucha contra la droga en la región andina, el aporte financiero de E.U. al PC se aproxima ya al billón de dólares (El Tiempo, Bogotá, 15/03/01).
Pero, a parte de estos recursos, que de hecho ejercen enorme tentación en los gobiernos de la región, la Iniciativa Andina tiene un componente de un infalible poder “disuasivo” en el conjunto de los gobiernos de los países andinos. Se trata del Andean Trade Preference Act (Atpa) o Ley de Preferencias Comerciales, componente comercial del programa de la "guerra contra las drogas" que Bush (padre) expidió el cuatro de diciembre de 1991, con vigencia a diez años. La ley empezó a regir en julio de 1992 cuando se designó a Colombia y Bolivia como beneficiarios y, después, en 1993, fue extendida a Ecuador y Perú. El objetivo de estas preferencias es, teóricamente, fomentar alternativas para sustituir los cultivos de coca, así como el procesamiento de drogas ilícitas a través de un mejor acceso de productos al mercado estadounidense (El Tiempo/27/02/01).
Con la implicación de las naciones vecinas, además de asegura el establecimiento de un “anillo de seguridad” en torno a Colombia, Washington allana el camino para la entrada en acción de una “Fuerza de Seguridad Andina”, prevista en el desarrollo de la segunda fase del Plan (El País, 30/03/01)^[5]
La tendencia a “descolombianizar el Plan” para “colombianizar la región”, es decir, la “localización del problema” y la “regionalización de la solución”, hace pensar que la estrategia norteamericana apunta hacia la configuración de un teatro experimental mutante, mediante el cual se haría más efectivo el manejo del conjunto de conflictos regionales, ligados al desarrollo de la globalización. Siendo así, cabria preguntarse si el posicionamiento estratégico de la cuenca amazónica –que puede convertirse en el espacio natural de articulación de la región, dentro del nuevo orden económico- no constituye el trasfondo del Plan norteamericano?

Con su participación más decidida en el proceso de paz en Colombia, la Unión europea introduce, sin duda, un importante equilibrio entre la obsesión militarista norteamericana, la negligencia tradicional de la clase dirigente colombiana y la ausencia de un proyecto político viable por parte de las organizaciones insurgentes.
La incidencia de los gobiernos europeos en el Gobierno y en las FARC para retomar los diálogos y en el avance de las negociaciones con el ELN, puso en evidencia toda la trascendencia que puede tener la UE en la construcción de la paz y de la democracia en Colombia. En pocos meses -y pese a la campaña de los grandes medios para ocultar la posición adversa de los países europeos al Plan Colombia- Europa ha encontrado, en importantes sectores sociales, económicos y políticos del país la acogida que Norteamérica tradicionalmente solo ha mantenido en la clase dirigente.
Todavía sin conocer los aspectos prácticos del programa de apoyo a Colombia, propósito de la reunión de Bruselas del 30 de abril, resulta prematuro evaluar el rol de la UE en lo que va corrido del año. Sin embargo, el nítido entorpecimiento del Plan norteamericano a las negociaciones y, de hecho, a la presencia europea, permiten prever algunos de los obstáculos que tendrá que enfrentar la UE en Colombia.
La primera de ellas es, obviamente, la incompatibilidad practica entre su estrategia pacifista y la estrategia militarista norteamericana. O, si se prefiere en otros términos, como posicionar la “zanahoria” en un escenario cada vez mas convulsionado por el “garrote” de la contraparte?.
En segundo lugar se presenta la incapacidad del Estado colombiano para darle consistencia a la construcción democrática de la paz, lo que se constata en la impotencia del gobierno para garantizar, de su parte, el cumplimiento de los compromisos que tiene que adquirir en el marco de las negociaciones.
Presumiendo, a partir de los dos puntos anteriores, el escalonamiento del conflicto armado en los próximos meses, se deduce un tercer escollo. El incremento en los ataques a la población y a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los DH por parte de los movimientos insurgentes, de las fuerzas de seguridad del Estado y, en particular, de los paramilitares que han convertido en uno de los blancos preferidos de su acción, las zonas donde se desarrollan proyectos de paz, de desarrollo social y económico, fundamentalmente sostenidos con recursos provenientes de la cooperación europea.

Frente a este conjunto de obstáculos, la acción europea debe incrementar esfuerzos para asegurar una acción común frente a Colombia con Japón y Canadá–que en calidad de Países Amigos o Facilitadores de las negociaciones ya se han involucrado mas decididamente en el proceso. Sobre una política conjunta a ese nivel, los países latinoamericanos, en especial aquellos que comparten frontera con Colombia, encontrarían cierto margen de autonomía frente al rol que Washington les ha asignado dentro del componente militar del Plan Colombia.
Al interior de Colombia, la política europea seguramente será dirigida en dos direcciones. Por una parte, en la identificación de los factores institucionales que más debilitan la política de paz al interior del gobierno y los programas de fortalecimiento del Estado. Por otra parte, en el apoyo del movimiento social, en particular las organizaciones sociales y las expresiones políticas alternativas.
En cuanto a esto ultimo, la estrategia europea -cuya política internacional reposa en gran medida en las ONG-, depende de que estas organizaciones se comprometan mas de lleno con la orientación del proceso de convergencia de la sociedad civil por la paz en Colombia y sus nuevas expresiones políticas. Para ello se requiere sin embargo, que las ONG europeas se resuelvan, de una vez por todas a construir su propia coordinación, lo que todavía no es evidente.

^[*] Sociólogo, investigador del CIRPES (Centro Interdisciplinario de Investigaciones sobre la Paz y de Estudios Estratégicos), e integrante del COLLECTIF POUR LA COLOMBIE.
^[1] Suecia, Noruega, Francia, España, Cuba, Canadá, México y Venezuela fueron los países facilitadores de la segunda audiencia internacional, que se realizo en San Vicente del Caguán el 8 de marzo, con el fin de que la Mesa de Diálogo y Negociación informe sobre el estado del proceso de paz. Resultado de la reunión se acordó la realización de dos foros sobre sustitución de cultivos ilícitos y Derecho Internacional Humanitario (DIH).
^[2]“La dinámica de la polarización logró madurar hasta configurarse nítidamente como el más preocupante fenómeno político-social, e incluso militar, que podría afectar el próximo ciclo político del país”. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Ginebra, 8/02/2001
^[3] Peter Romero, subsecretario de Estado para el hemisferio Occidental, retomando las declaraciones del año anterior de P. Chicola, director de la oficina de asuntos andinos del Departamento de Estado, declaro que "tarde o temprano el gobierno de Colombia tendrá que sentarse a hablar con los grupos paramilitares como lo hizo con los guerrilleros". ( El Nuevo Heráld. 21/02/01).
^[4] “Los COA poseen la capacidad de espionaje que anteriormente proporcionaba la base Howard, ya que constituyen puntos clave donde los aviones pueden aterrizar y cargar combustible mientras vigilan la región. Funcionarios del Pentágono se molestan cuando se denomina Bases Militares a los COA, pero éstos son dirigidos y operan con personal estadounidense y son claves para los intereses estratégicos de Washington. Y aunque se trasladó la sede del SOUTHCOM a Miami, muchos soldados antes destinados en Panamá fueron después destinados a la base Roosevelt Roads en Puerto Rico y a Soto Cano en Honduras”. (ver Antinarcoticos y militarizacion en los Andes, C. Youngers, Wola, vol XXIV, n° 3, nov.-dic. 2000)
^[5] El precedente de este tipo de intervención de las Fuerzas de Seguridad de los Andes (para la realización de operaciones y entrenamientos) es la “Operation Green Clover”, realizada en octubre de 1995, en la cual participaron 300 soldados estadounidenses en colaboración con fuerzas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Venezuela. Según el Director de Operaciones del SOUTHCOM, Brigadier General George Close, la “Operation Green Clover” significó “la primera vez que teníamos este nivel de cooperación multilateral entre naciones aliadas”. (Wola, ibd.)