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El Minotauro del Laberinto Colombiano
Bernardo Pérez Salazar[*]
Artículo presentado en el coloquio “Laberinto colombiano”
El informe de la Rand Corporation que comenta este artículo se encuentra en ???
Tal vez lo que tiene que ser conjurado no es el monstruo particular, por el
que sus propios patrocinadores y voceros terminan sintiendo terror, y al que
finalmente destruyen, sino la costumbre colectiva de estar a la vez fascinados y
aterrorizados con él. Como el mítico Minotauro de Creta, que
exigía cada año el tributo de la sangre joven de la isla, este
monstruo parece ineluctable, pero es verdadera la interpretación que hizo
de él Borges en su relato Asterión: la principal necesidad del
monstruo es la de desaparecer, y lo único que verdaderamente lo sostiene
es el temor que la sociedad le profesa.
William OSPINA
RAND CORPORATION es una entidad de prestigio y renombre universal, conocida sobre todo por sus vínculos estrechos con la industria aeroespacial norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial. En su sitio Web (http://www.rand.org/) RAND presenta una misión organizacional amplia: ayudar a mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones por medio de la investigación y análisis. RAND se precia además de servir al interés público, diseminando ampliamente los hallazgos de sus investigaciones, como efectivamente lo ha hecho con el documento que dedicó a analizar la situación colombiana titulado Colombian Labyrinth[1].
Cabe reconocer que RAND ha hecho aportes fundamentales en campos como la teoría de juegos, la programación lineal y dinámica, el modelamiento y la simulación matemáticos, la teoría de redes y el análisis de costos. Si bien estos desarrollos han servido principalmente a la tarea de apoyar la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre relacionadas con la seguridad nacional, también han sido utilizados por RAND como base metodológica para el análisis y formulación de políticas sociales en campos tan disímiles como el manejo de la renovación urbana, la pobreza, la educación y el cuidado de la salud, así como en el diseño y operación eficiente de servicios municipales como la protección policial y el combate de incendios.
En el caso del documento de RAND que se ocupa de Colombia, el subtítulo – La sinergia de drogas e insurgencia y sus implicaciones para la estabilidad regional – denota claramente que la investigación está enfocada desde la perspectiva de los intereses de seguridad nacional norteamericanos. El estudio es un resultado del Proyecto AIR FORCE, cuyo cometido consiste en suministrar análisis independiente de alternativas de política que afecten el desarrollo, empleo, aprestamiento para combate y apoyo de las fuerzas aeroespaciales existentes y futuras, y examinar la vulnerabilidad potencial y remedios para el emplazamiento y empleo de fuerzas aeroespaciales. El documento está por lo tanto firmemente anclado en el área de competencia central de RAND, como lo es conectar la planificación militar con decisiones de investigación y desarrollo de tecnologías.
Teniendo estas consideraciones en mente, los hallazgos y recomendaciones de RAND son consistentes con lo que se espera encontrar en un documento de estrategia y doctrina militar. Dirige al gobierno colombiano las siguientes observaciones y recomendaciones claras y directas:
Las observaciones y recomendaciones del documento de RAND al gobierno de EE.UU. son igualmente directas:
Hay que reconocer ante todo la presentación clara e inequívoca de la posición y perspectiva de análisis que se hace en el documento de RAND como un modelo de estilo y tratamiento para estudios de investigación y análisis dentro del proceso de formulación de políticas públicas. La falta de claridad y estilo poco directo en la presentación de las posiciones y puntos de vista desde los cuales las autoridades públicas colombianas han preparado y tomado decisiones en torno a la crisis del país inciden para que observadores externos e independientes alberguen reservas importantes acerca de la capacidad que el régimen oficial tiene en el presente para retomar el control y la iniciativa en el manejo de la crisis (Ver Recuadro 1).
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Recuadro 1
Colombia y el “síndrome saudita” El descontento con el manejo público del conflicto
colombiano tanto por Bogotá como Washington, es generalizado entre
analistas de EE.UU. y Colombia. Bruce BAGLEY, profesor de la Escuela de Estudios
Internacionales de la Universidad de Miami, esboza a grandes rasgos el panorama
de posiciones que se ostentan los observadores en EE.UU. acerca del tema.
[6] La “línea dura”
asegura que la FARC está tan involucrada financieramente con las drogas y
otras actividades ilícitas, que jamás aceptará una
negociación de paz que le obligue a entregar sus armas y renunciar a sus
fuentes ilícitas de ingreso. El informe RAND comparte esta
posición, cuya lógica conduce a la conclusión que la FARC
tiene que ser derrotada militarmente en una guerra contrainsurgente como
condición para que se reestablezca la paz y se pueda controlar los
cultivos ilícitos en Colombia.
La presentación de la posición de RAND es
moderada a la luz de otros analistas que dudan de la voluntad de lucha de la
elite colombiana – aún con la ayuda militar de EE.UU. En el
corazón del argumento de este sector de opinión está la
lección aprendida en Vietnam: ninguna cantidad de ayuda de los EE.UU.
puede salvaguardar un régimen que no es capaz de defenderse a sí
mismo, y sólo servirá para prolongar un status quo abominable. No
obstante, aún los más recalcitrantes apoyan la ayuda del Plan
Colombia como una “última oportunidad” para que el gobierno
Pastrana demuestre su voluntad y capacidad de “rescatar” a Colombia
de los terroristas y narcoguerrilleros de todos los tintes. Pero llegado el caso
que aún con la ayuda militar el gobierno colombiano fuese incapaz de
responder eficientemente, muchos señalan que EE.UU. debería
evitar caer de nuevo en el “Síndrome Saudita” en el cual
regímenes absolutamente inmerecedores manipulan a EE.UU. para pelear por
ellos.
Llegado un escenario de esa naturaleza, muchos
– pero de ninguna manera todos – creen que la mejor alternativa
sería dejar que el actual régimen oligárquico y moralmente
agotado se colapse en lugar de continuar sosteniéndolo en su
agonía. Dado el colapso inminente, admitirían que EE.UU. terminase
interviniendo militarmente en Colombia para defender sus intereses
estratégicos, pero dentro de una coalición de “consenso
regional”, en respaldo a un régimen nuevo y más merecedor
que el actual.
De otro lado, los “reformistas” sostienen que el
conflicto interno colombiano nunca va a resolver permanentemente a menos que
Bogotá se comprometa a emprender reformas sustanciales de orden
socio-económico y político. Estas reformas deben atacar la
evidente inequidad de la sociedad colombiana y democratizar su sistema
político corrupto, elitista y excluyente. De algún modo coinciden
con la posición de la “línea dura” más radical,
en cuanto a que Washington debe atender las lecciones que le han dejado sus
alianzas con militares latinoamericanos abusivos e inefectivos, que en
sólo en muy contadas ocasiones han arrojado resultados positivos, y
más frecuentemente han minado la democracia en la
región.
Consecuentes con esta postura, los reformistas reconocen la
necesidad de reorganizar y fortalecer las fuerzas armadas colombianas, pero
destacan la importancia de implantar mecanismos para garantizar la
observación estricta de los derechos humanos por parte de los militares,
y sobre todo, de cortar de una vez por todas los lazos entre las fuerzas del
gobierno y los paramilitares. Antes que preparar al gobierno colombiano para una
guerra contrainsurgente, consideran fundamental acabar con la impunidad militar
y subordinar a militares al escrutinio y las sanciones de la justicia civil.
Para ello reclaman más recursos para reformar el lánguido sistema
judicial colombiano. Muchos señalan la insuficiencia de los recursos
destinados dentro del Plan Colombia para fortalecer los derechos humanos, la
administración de justicia y la democracia como un indicador de la
inconsistencia de las prioridades que orientan la ayuda de EE.UU. a
Colombia.
Así mismo señalan con preocupación la
magnitud del problema social que representan las decenas de miles de desplazados
por la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, que se
sumarán a los dos millones de desplazados que ya ha arrojado el
conflicto interno durante los últimos 15 años. En relación
con la represión de los cultivos ilícitos, coinciden con la
posición de RAND en el sentido que la erradicación forzosa
tendrá un impacto poco significativo sobre la actividad del
narcotráfico, pero en cambio puede conducir a que la crisis colombiana se
desborde a los países vecinos de la región. También
coinciden con RAND en que la erradicación forzosa probablemente
contribuirá a forzar a los campesinos cada vez más desesperados a
caer en brazos de la FARC u otros grupos alzados en armas.
Donde muchos “reformistas” se apartan
diametralmente de las conclusiones del estudio de RAND, es en el poco
énfasis dado a las medidas para reducir la demanda de drogas en EE.UU. en
contraste con los recursos de ayuda militar para combatir la oferta en
territorio colombiano. Desde su óptica, EE.UU. sistemáticamente ha
asignado recursos insuficientes para los programas de prevención,
educación, tratamiento y rehabilitación doméstica. Al
comparar la ayuda de US $1’600 millones a Colombia para un período
de 18 meses con los US $2000 millones para todo los programas de
prevención y tratamiento en EE.UU. durante 2001, los reformistas
argumentan que en el largo plazo es mucho más valiosa la salud de los
norteamericanos que los helicópteros Blackhawk que se enviarán a
Colombia.
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Sin embargo, es notorio el contraste entre el estilo directo y claro expresado en el subtitulo del documento de RAND – La sinergia de drogas e insurgencia y sus implicaciones para la estabilidad regional – con el carácter metafórico de su título principal: Laberinto colombiano. De algún modo, se intuye que con la metáfora los autores quisieron reflejar– más allá del frío análisis de estrategia y doctrina militar – la sensibilidad que despertó en ellos el drama humano que encontraron al examinar de cerca la crisis colombiana.
Aparte de la referencia explícita a la naturaleza embrollada de nuestra crisis, la metáfora del laberinto trae a la mente el palacio mitológico de Minos en Cnosos construido para albergar al Minotauro, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Quizás los autores consideraron que venía bien al caso colombiano por cuanto el temor obligaba a los atenienses a sacrificar anualmente siete jóvenes y siete doncellas como tributo al Minotauro. Teseo pudo finalmente aniquilarlo y valiéndose de un ovillo que hiló para él Ariadna, hija de Minos, encontró el camino de salida. Además, puede haber sido significativo para la elección de la metáfora que Teseo luego fuese rey de Atenas y entre los legados que dejó a su ciudad hubiera una constitución democrática.
Una primera asociación de la crisis colombiana con esta metáfora conduce a abrazar el espíritu hercúleo del mito griego y apostarle a un desenlace del conflicto en el cual, con la ayuda militar de EE.UU., el gobierno colombiano será capaz de someter a las fuerzas terroristas y narcoguerrilleras – que operan una guerra predatoria y lucrativa en contra de la sociedad colombiana, por medio de la cual anualmente le extraen tributos de entre US $300 – US $900 millones a través de secuestros, extorsión, robo y tráfico de drogas –, y así reestablecer un clima de paz en el cual no haya necesidad de recurrir más a la violencia para ejercer la política.
En principio, este pronóstico encuadra bien con el modelo general que está desarrollando el Grupo de Investigación sobre Desarrollo Económico del BANCO MUNDIAL dentro del proyecto Economía de guerras civiles, crimen y violencia [7]. Luego de identificar y evaluar “regularidades empíricas” por medio de estudios estructurados de países–caso, los investigadores han aplicado métodos econométricos para analizar con detenimiento hipótesis surgidas de la comparación cuantitativa de variables claves asociadas con el inicio y perduración de conflictos civiles en diversos países en vías de desarrollo desde la década de los 60.
De acuerdo con la evidencia analizada hasta ahora, los investigadores del BANCO MUNDIAL han encontrado que el factor económico es el más importante para explicar el inicio y sostenimiento prolongado de conflictos internos. Así, el riesgo de que surja un conflicto interno en un país en vías de desarrollo se ve drásticamente incrementado en presencia de la combinación de una economía dependiente de la exportación de bienes primarios, bajo nivel educativo general de la población, una cohorte proporcionalmente grande de hombres jóvenes, y un ciclo económico en declive[8].
Paul COLLIER, director del grupo, describe en detalle la lógica con la cual podría explicarse el comportamiento predatorio de las fuerzas rebeldes – con el que además obtienen lucro – al extorsionar las actividades de exportación de bienes primarios, como sucede con el petróleo, las piedras y metales preciosos y los productos de plantación de alto valor, entre ellos el banano y la coca [9]. Señala que este tipo de bienes es particularmente vulnerable tanto a la extorsión como a las cargas impositivas oficiales, debido a que su producción depende en alto grado de activos durables que no son fácilmente trasladables.
Una vez desarrollado un campo petrolero y construido su oleoducto, vale la pena continuar explotándolo, aún si se anticipa que parte sustancial de las ganancias se perderán a manos de los rebeldes. Igual sucede con las minas de piedras y metales preciosos, las plantaciones de productos de alto valor, y la infraestructura de generación y transmisión de energía eléctrica, entre otras. Estas actividades por lo general se localizan en zonas rurales, y por su naturaleza no pueden evadir la extorsión trasladándose a sitios más seguros – como sí lo puede hacer la industria manufacturera –, y además soportan la extorsión permanente de la insurgencia, sin afectar la continuidad de su operación económica.
Estas características a su vez condicionan las medidas requeridas para su defensa. Al estar vinculadas a zonas espaciosas y aisladas, en parajes rodeados de áreas boscosas y montañosas, estas actividades son presas de fácil ataque por fuerzas de asalto insurgentes. Ello a su vez obliga a la defensa por medio de fuerzas militares entrenadas y armadas para hacer frente a este tipo de ataques. Esta circunstancia conduce frecuentemente al gobierno oficial a imponer cargas impositivas adicionales a estas actividades, para así financiar su protección militar.
En este punto, la lógica predatoria y las oportunidades de lucro asociadas con el conflicto interno dejan de apelar exclusivamente a los movimientos insurgentes. El incremento de los recursos económicos controlados por los alzados en armas a través de la actividad predatoria genera el surgimiento de intereses, elecciones y restricciones al interior de las instituciones oficiales que reclaman más poder sobre la asignación de los dineros públicos a fin de “compensar las desventajas” y someter militarmente a los insurgentes. De este modo, la prolongación del conflicto conduce al surgimiento de una economía política de la guerra, a través de la cual una porción creciente de los actores sociales – situados a un lado y otro de la contienda – se las arreglan para acumular activos económicos y reconocimiento social y político, a los cuales probablemente no tenían acceso antes del inicio del conflicto. Además, estos beneficios siempre superan los costos que la guerra representa para sus particulares intereses específicos. Surgen entonces grupos de intereses especiales que subrepticiamente se encargan de alimentar el inicio, perduración y renovación continua de conflictos internos, entre quienes no pasan desapercibidos los fabricantes y traficantes de armas.
Entre las medidas de política que recomienda COLLIER para controlar esta dinámica, se destacan las que contribuyan a reducir tanto los incentivos económicos para la rebelión como el poder económico de los demás grupos de intereses especiales que derivan ventajas económicas del mantenimiento del desorden público [10]. Así por ejemplo, sugiere
Sin embargo, también advierte que frente a estas medidas, muchos grupos poderosos verán afectadas las ventajas que ya han capturado para acumular activos económicos y poder político, y que los utilizarán para resistir la implantación de cambios institucionales que afecten negativamente sus intereses particulares.
En el caso colombiano es evidente que el combustible que mantiene las máquinas de guerra de la guerrilla y los paramilitares proviene de rendimientos del narcotráfico, la extorsión a la industria minero-energética, el secuestro, la piratería y la extorsión generalizada. Sin embargo, también es notorio que el desorden público generado por la guerrilla, los paramilitares y las redes de narcotraficantes y demás delincuentes también corrompe y mueve a muchos grupos de interés específicos, que si bien están formalmente del lado del régimen oficial en el conflicto interno, derivan ventajas importantes del mismo, con las cuales se benefician y lucran económicamente. (Ver Recuadro 2)
Reconsiderando la interpretación del conflicto colombiano desde esta nueva perspectiva se desvanece la hazaña de proporciones hercúleas que en un principio puede evocar la metáfora del Minotauro y el laberinto, y adquiere un matiz de tragedia, en el estricto sentido que le atribuían los griegos. La modernidad, con la confianza sin reservas en la tecnología y su poder para someter el destino a nuestro control por medio de la aplicación de la ciencia, ha alterado de manera radical nuestras creencias acerca del universo y ha desvanecido entre nosotros la manera como experimentaban los antiguos el sentido de lo trágico. Pero en la Antigüedad el destino encerraba la naturaleza inhumana, irracional y maligna del universo, que estaba más allá del control humano. En ese contexto, la acción trágica era entonces aquella en la cual el hombre se enfrenta con estas facetas incomprensibles del universo e intenta comprender y manejarlas sin perder su dignidad humana, aún sabiendo de antemano que, impotente ante la adversidad insondable del destino, será derrotado[11].
En el conflicto colombiano, la acción trágica que se escenifica en el presente ante nuestros ojos parece revelar que no hay un Minotauro maligno y ajeno que pueda ser extirpado por la acción de algún héroe hercúleo. Entre quienes combaten al Minotauro del terrorismo y la narcoguerrilla, ¿también hay quienes derivan ventajas especiales y se benefician de la extracción de gravámenes de guerra que consume a la sociedad colombiana? La siguiente escena – en la cual hay un escalamiento del conflicto armado – nos revelará cómo interpretar el suministro de ayuda militar de EE.UU. a Colombia. ¿Se asemejará a la ayuda de Ariadna a Teseo para derrotar al Minotauro? O se asemejará mejor a una ofrenda que rendimos al monstruo – entre aterrorizados y fascinados – para alimentar y renovar su apetito insaciable e irracional?
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Recuadro 2
El lucro incesante de los conflictos internos A pesar del prolongado conflicto interno, hasta hace muy
poco Colombia demostraba una resiliencia prodigiosa frente al mismo. Antes de
1999 el país ostentaba un crecimiento continuado de su economía de
casi cuatro décadas, lo que le valió para convertirse en la cuarta
economía más grande de América Latina y uno de los pocos
países de la región que no renegoció su deuda externa.
Pero a la vez, llama la atención que durante 15
años el balance de las fuerzas en conflicto se haya mantenido
relativamente equilibrado en Colombia. El comportamiento de la
“razón de fatalidades” entre Fuerzas Militares y guerrilla
durante ese período da indicios de ese equilibrio. Utilizando cifras
suministradas por el Estado Mayor de las Fuerzas Militares, Nazih
RICHAN del Departamento de Ciencias
Políticas de la George Washington University, calculó esta
razón entre 1986 y 1999. Encontró que se mantuvo constante,
pasando de 1.5 bajas guerrilleras por baja en la FF.MM. en 1986 a 1.6 en 1999
[12] (Ver Anexo 1).A pesar de este equilibrio,
SIPRI registra un incremento en la participación del gasto militar
colombiano en el PIB de 1.8% en 1980, a 2.7% en 1990 a 3.6% en 2000. En
términos absolutos este nivel de gasto militar representa el quinto
más alto en las Américas después de EE.UU., Brasil,
Argentina y Cuba [13]. En términos de
pie de fuerza (144.000) Colombia tiene las FF.MM. más grandes de
América Latina después de Brasil.
El tamaño de la fuerza y monto del gasto militar
que controla, hacen de las FF.MM. una de las empresas más grandes del
país, lo cual sin duda le otorga un peso político y
económico importante en el contexto institucional colombiano
[14]. En estas condiciones es previsible que
las FF.MM. tiendan a comportarse como grupo de interés específico.
Como lo señala E. WIESNER, por norma general en Colombia estos grupos
operan utilizando sus recursos de poder para obtener ventajas particulares, con
lo cual además reproducen un entorno institucional adverso al logro de
los objetivos de las políticas públicas
[15].
De ser así, no sólo estarían
involucrados en el asunto nacionales colombianos. Un informe de la General
Accounting Office – GAO – , presentado en Octubre de 2000 ante una
subcomisión de la Cámara de Representantes del Congreso de
EE.UU.[16], ofrece indicios preocupantes de que
intereses especiales en EE.UU. se estén comportando de la misma
forma.
Al analizar la eficiencia del uso de los recursos de
asistencia suministrados por EE.UU. para la lucha antidrogas, señala
algunas deficiencias específicamente de responsabilidad directa de la
Policía Nacional de Colombia [17] . Pero
centra su atención en la responsabilidad de las agencias norteamericanas
por los resultados a todas luces insatisfactorios obtenidos por los esfuerzos
antinarcóticos durante el período 1996 –2000 en Colombia,
durante el cual EE.UU. destinó US $765.2 millones sin incluir el paquete
de US $860 millones aprobado en apoyo al Plan Colombia (Ver Anexo2). En ese
período en Colombia el área de cultivo ilícito se
dobló, el país se convirtió en el principal proveedor de
heroína del mercado norteamericano, y se incrementó el numero y
tipo de organizaciones vinculadas al narcotráfico, entre ellas los
insurgentes, que ahora controlan cerca de 40% del territorio colombiano
[18].
Entre las razones a las que atribuye GAO estos
resultados, destaca la falta de “sincronización” entre las
agencias involucradas en la asistencia a Colombia. Así, entre noviembre
de 1999 y febrero de 2000 fueron entregados a Colombia 18 helicópteros
UH-1N, adquiridos por el Departamento de Estado a Canadá. Sin embargo
este equipo permaneció en tierra durante buena parte del año 2000,
debido a que el Departamento de Estado no incluyó los fondos requeridos
para sostener su operación en los presupuestos de los años
fiscales 1999 y 2000. En consecuencia 17 de 24 pilotos contratistas entrenados
para volar este equipo fueron cancelados en Mayo de
2000.[19] El informe destaca que una
situación similar ya se había presentado en 1998 y en ese entonces
también fue puesta en conocimiento del Congreso de EE.UU. por
GAO[20]. Y advierte : “Si estos problemas
del pasado continúan, el incremento dramático en asistencia de
EE.UU. para el Plan Colombia no será utilizado en la manera más
eficiente” [21].
Sin embargo en el mismo informe, GAO no es optimista en
cuanto a que se rectifiquen los “problemas del pasado” en el Plan
Colombia. Señala que “... a la fecha, el costo total y las
actividades requeridas para alcanzar las metas (del Plan Colombia) son
desconocidos y es probable que reducir las actividades del narcotráfico
tome varios años ” [22]. Al
respecto, menciona que los funcionarios del Comando Sur de EE.UU.
señalaron que Colombia no tenía un plan militar para sustentar la
solicitud de asistencia militar contemplada en el Plan Colombia y que los
aportes iniciales que hizo el Comando Sur acerca de esas necesidades fueron
preparados con base en información que disponían y de una
“evaluación intuitiva” de los requerimientos militares
básicos de Colombia [23]. Además
según hace constar GAO, a Octubre de 2000 el gobierno colombiano
aún no disponía de los planes operativos detallados para
financiar, secuenciar y gerenciar las actividades de las agencias nacionales
responsables de combatir los cultivos ilícitos, instaurar los medios
alternativos para ganarse la vida, y fortalecer la presencia del Gobierno en el
sur de Colombia [24]. Sin embargo ya en el mes
de julio de 2000 el Congreso de EE.UU. apropió US $860 millones
adicionales para financiar directamente actividades del Plan Colombia para los
años fiscales 2000 – 01!!.
Refiriéndose a las medidas correctivas en camino,
el informe de GAO señala que el Departamento de Estado está
preparando un plan operativo necesario para mejorar la sincronización de
todos los programas y actividades de asistencia de EE.UU. relacionadas con el
Plan Colombia. Además menciona que el Departamento de Defensa por su
parte recientemente realizó dos estudios. Uno apunta
específicamente a resolver lo relacionado con el emplazamiento de
helicópteros incluidos en el paquete de asistencia, además de
asuntos como el soporte de requerimientos de misión, organización,
personal y apoyo logístico. El segundo estudio está dirigido a la
modernización y estructuración de las fuerzas militares
colombianas para hacer frente a las amenazas internas de narcóticos e
insurgencia. Con base en estos dos estudios, los funcionarios del Departamento
de Defensa confían que se dispondrá de suficiente
información para desarrollar la doctrina operacional, estructura y
sistemas necesarios para usar la asistencia de EE.UU. y alcanzar efectivamente
las metas antinarcóticos. [25]
Es en relación con los contratos de
reorganización, doctrina operacional y apoyo en las áreas de
logística, operaciones y mantenimiento donde se hacen visibles las
“compañías militares privadas”. En una entrevista
aparecida en la edición del 26 de Abril de 2001 de Washington
Business Forward Magazine [26] , el
portavoz de la empresa Military Professional Resources Incorporated –
MPRI –, con sede en el anillo metropolitano
de Washington, destaca entre las actividades de su empresa la ejecución
para el Pentágono del contrato de “reorganización y
orientación del Ministerio de Defensa de Colombia hacia operaciones
antinarcóticos”.
Las compañías militares privadas
norteamericanas han atraído mucha atención desde cuando una de
ellas estuvo involucrada con el caso de la avioneta derribada en Perú
en la que perdieron sus vidas una misionera norteamericana y su bebé de 7
meses. CBS News reportó en Abril de 2001 que una de estas
compañías – DYN CORP – figuró entre los 17
contratistas más grandes del Departamento de Defensa e EE.UU. en 2000,
habiendo asegurado contratos por un monto de US $771
millones.[27] GAO por su parte reportó
en Marzo al Congreso de EE.UU. que la misma empresa había recibido
más de US $270 millones entre 1991 y 1997 para suministrar pilotos y
mecánicos para aviones y helicópteros en la guerra contra las
drogas en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Guatemala, y que en el
presente operan bajo un contrato multianual de US $600 millones con del
Departamento de Estado de EE.UU. [28]
Es evidente que el interés mayor que suscitan
estas empresas radica en su rápido crecimiento y gran tamaño. Se
trata de empresas multinacionales con militares norteamericanos del más
alto rango recién salidos de las fuerzas armadas de su país. Su
proliferación y crecimiento se ha acelerado con el fin de la Guerra
Fría, debido a una reducción de las tropas en un 30% en
relación con el pico alcanzado en 1985, en la cúspide del
armamentismo de la era Reagan. Estas empresas se venden a sí mismas como
una alternativa para mantener la habilidad del EE.UU. de ofrecer asistencia
militar en todo el mundo, por medio de una combinación única de
personal y conexiones. Como comenta Deborah AVANT, una
profesora de ciencias políticas y asuntos
internacionales de GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY que está preparando un
libro sobre las compañías militares privadas, “tienen
prácticamente arrinconada su tajada del
mercado”.[29]
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Esa me parece que es la tragedia del análisis del proceso de paz
colombiano, que no tenemos un telón de fondo para... encajar y ordenar
los distintos eventos, hechos, acciones que ocurren en el proceso... aquí
se está negociando es por miedo, y eso es un mal negocio. Pero bueno,
inventémonos una teoría para ver si esto sale bien, a ver si
usamos ese miedo de manera positiva... buscando honestamente un escenario de
negociación, y el único eficaz, es este que llamamos integrador,
en el sentido que de la negociación debe salir una nueva comunidad
política, una nueva organización política, una nueva
configuración del poder, sin repartir nada.
Jesús Antonio
BEJARANO
Voces autorizadas, como la de Henry KISSINGER, señalan que las guerras civiles han terminado históricamente con la victoria total de uno de los bandos o bien con la posterior exterminación de ambos. “Las negociaciones entre actores casi nunca concluyen en un compromiso – pero éstas continúan siendo la prescripción favorita de los asesores norteamericanos que urgen salidas ‘políticas’ –”. [31] Los investigadores del BANCO MUNDIAL coinciden al estimar, con base en cálculos econométricos, que hay un riesgo de 32% de que se reinicie una guerra civil brevemente después de concluidas las negociaciones. Como posible explicación del fenómeno señalan que en esas circunstancias generalmente persisten en el escenario arsenales de armas diseminadas por fuera del control “oficial”, ex-rebeldes que las saben usar, y probablemente algún núcleo de organización rebelde recalcitrante. Estas condiciones contribuyen a facilitar enormemente el reinicio de la rebelión.[32]
Vistas así las cosas, los intentos de manejar la crisis por medio de la solución política negociada en Colombia aparentemente desconocen las lecciones que al respecto deja la experiencia internacional en relación con este tipo de conflictos. Parecería casi parroquial abogar por otro tratamiento que no sea el escalonamiento militar para resolver el formidable reto que se configura en nuestro país como resultado de la sinergia entre drogas e insurgencia en Colombia.
El más autorizado analista colombiano de los procesos de paz en el mundo, Jesús Antonio BEJARANO, frecuentemente señaló en sus escritos e intervenciones que al mirar más de 50 conflictos internos armados ocurridos en el mundo, en distintos períodos a partir de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra un patrón en el cual:
Firme defensor de políticas de seguridad que permitan ejercer la obligación constitucional que tiene todo Estado de derecho a responder a la violencia con en el uso legítimo de la fuerza, BEJARANO se apartó de utilizarlas para estimular alternativas militaristas o autoritarias. En contraste con quienes utilizan las cifras que entrega la experiencia mundial en el manejo de conflicto internos para amedrentar y reducir las salidas a una solución militar del conflicto, BEJARANO insistía en ver la solución política negociada – aún desde una posición de ventaja militar frente a los rebeldes – como una ventana de oportunidades[34].
Específicamente en el caso colombiano su perspectiva era que la negociación debería construirse como una oportunidad que sirviera para avanzar en resolver demandas sociales de cambio vigentes (Ver Recuadro 3), como las reformas del régimen político que produjeran resultados significativos en términos de:
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Recuadro 3
Territorialidad y conflicto en Colombia[36] El conflicto colombiano se ha alimentado durante siglos
por disputas en torno a los derechos de propiedad sobre la tierra. La evidencia
histórica indica que los conflictos por propiedad de la tierra afectan
agudamente al país desde el siglo XIX, y finalizado el siglo XX,
aún persisten sin resolverse en su mayor parte.
A lo largo del tiempo las disputas han pasado por
diversas fases, rupturas y mutaciones, pero su trámite por medios
violentos ha sido la característica más perdurable. Con la oleada
de migración rural-urbana del último tercio del siglo XX, el
problema de la inestabilidad de los títulos y derechos de propiedad de la
tierra en Colombia se trasladó del campo a la periferia de los centros
urbanos, donde desplazados por la violencia rural se convirtieron en invasores
ilegales. Las confrontaciones violentas con la fuerza pública, las
amenazas y asesinatos a causa de las invasiones se volvieron frecuentes en el
escenario urbano.
En Bogotá a principios de la década de los
70 un poco menos del 50% de los hogares vivían en viviendas construidas
ilegalmente en terrenos públicos y privados. En el presente se estima que
la ciudad se expande por la vía de la invasión a una tasa de 180
hectáreas anuales y sus invasores ya ascienden a por lo menos 2
millones. En ciudades como Medellín, cerca de un cuarto de millón
de habitantes ocupa de manera ilegal terrenos públicos y privados, en
Bucaramanga hay 79 barrios de invasión con una población cercana a
los 50.000 habitantes, en Neiva se estima que hay 15.000 invasores en terrenos
públicos y privados...
En su mayoría, las disputas en torno a la
propiedad de la tierra reposan durante años en los despachos judiciales,
permitiendo que los conflictos permanezcan latentes durante ese tiempo entre
terratenientes e invasores. Dada la congestión y la ineficiencia
judicial, el proceso de resolución legal de las disputas por vía
del desalojo o la legalización de las posesiones puede tomar hasta 12
años [37]
No es de extrañar por lo tanto que gran parte del
crecimiento inicial del paramilitarismo en zonas rurales haya estado relacionado
con su utilización por parte de terratenientes para controlar y suprimir
la resistencia de invasores, y disuadir nuevas invasiones. Tampoco es inesperada
la presencia de milicias urbanas en ciudades como Medellín,
Bogotá, Barrancabermeja y Bucaramanga, involucradas en la tarea de
proteger tanto a invasores como terratenientes urbanos. De este modo la
violencia inveterada del campo ha llegado a la Colombia urbana. Con una
población desplazada que para el año 1998 se estima pudo oscilar
entre 450.000 y 1’600.000, el problema sólo puede empeorar si no se
toman medidas efectivas con prontitud.[38]
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Curiosamente, el espíritu que evoca la perspectiva de BEJARANO a la hora de defender la solución política negociada del conflicto colombiano es muy cercano a la catarsis – una purga a través de la cual recuperamos la calidad ética propia de nuestra condición humana – asociada con la antigua tragedia griega [39].
En sentido genérico, en la Antigüedad la acción trágica era una lucha con la naturaleza ambigua de lo maligno e irracional, a través de la cual el protagonista cambiaba su percepción de lo maligno e inhumano y descubría posibilidades de utilizarlo creativamente, sin perder la propia identidad y reteniendo la dignidad humana hasta el final. De esta manera, la acción trágica permite recrearnos como seres humanos, encarándonos al reto de construir de nuevo valores, orden, racionalidad y justicia. Irónicamente, la adversidad del destino – en este caso, del conflicto colombiano – se convierte en una provocación, en una oportunidad para sacar lo mejor de la naturaleza del ciudadano.
La convocatoria a la sociedad colombiana a la catarsis que propuso BEJARANO no se puede descartar con facilidad. Negociador curtido tanto en negociaciones exitosas con el M19, el EPL y el QUINTíN LAME, como fracasadas con la COORDINADORA GUERRILLERA SIMóN BOLíVAR, FARC y ELN, nadie conocía ni comprendía mejor el telón de fondo frente al cual se escenifica el conflicto colombiano:
¿Están en la escena de la tragedia colombiana las condiciones para recrear nuestra percepción del conflicto interno? ¿Ha madurado el conflicto hasta permitirnos descubrir las posibilidades de utilizar creativamente su solución política negociada – sin renunciar a la dignidad humana? ¿Hay condiciones favorables para reformas que resuelvan las demandas sociales de cambio vigentes? ¿Podría impulsarse su curso con la inercia de un proceso de paz exitoso?
Para resolver estas inquietudes – con las que insistentemente lo asediaban en los cócteles y en las aulas – BEJARANO acudía a señalar el estado de algunos parámetros tal como se observaron en 1990 en El Salvador, cuando se resolvieron las negociaciones de paz en 6 meses[54]. En ese momento coincidieron entre otras, las siguientes condiciones:
BEJARANO nos dejó cuando percibía con cierto optimismo que en nuestro medio comenzaban a aclimatarse algunas de estas condiciones para avanzar en la solución política negociada del conflicto colombiano, entre ellas[55]:
Aquí concluye esta otra perspectiva del conflicto colombiano, de la cual puede derivarse aún otro desenlace posible de la metáfora del laberinto. Prendidos del hilo conductor de los parámetros y condiciones para alcanzar una negociación exitosa, buscamos y encontramos el camino que nos conduce a enfrentar al Minotauro, en este caso, el temor que tenemos los colombianos a nosotros mismos. Frente a frente, ante el telón de fondo tejido por BEJARANO, aseguramos una a una las resoluciones de distinto orden necesarias para construir deliberadamente una identidad colombiana pacífica, reinstaurar el monopolio del uso legitimo de la fuerza por el Estado y ver desaparecer de entre nosotros al Minotauro, como es necesario que suceda.
| Agencia | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 A | TOTAL |
| Departamento de estado B | $22.6 | $44.4 | $83.1 | $237.7 | $76.3 | $464.1 |
| Departamento de defensaC | 14.5 | 53.2 | 61.4 | 80.9 | 72.5 | 282.5 |
| USAID | 0 | 0 | 3.3 | 6.3 | 9.0 | 18.6 |
| TOTAL | $37.1 | $97.6 | $147.8 | $324.9 | $157.8 | $765.2 |
|
A Las cifras del
año fiscal 2000, no incluyen los US $860 millones apropiados por medio
del Emergency Supplemental Appropriations Act, FY 2000 (Division B of P.L.
106-246), debido a que las agencias aún no han asignado la
distribución de estos fondos entre los años fiscales de 2000 y
2001.
BIncluye US $173.2 millones destinados al Departamento de Estado específicamente para asistencia antinarcóticos en Colombia mediante el Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act, Fiscal Year 1999 (Division B of P.L. 105-277). CIncluye los montos entregados hasta Septiembre 1, 2000 por medio de suministros directos de armamentos – drawdowns – de emergencia, provenientes de los inventarios del Departamento de Defensa autorizados en los años fiscales de 1996, 1997, 1997, y 1999. Para el año fiscal de 1996, el Departamento de Defensa no suministró datos sobre aportes de fondos para el resto de sus programas de asistencia. |
||||||
FUENTE: GAO 2000 DRUG CONTROL. CHALLENGES IN IMPLEMENTING PLAN COLOMBIA. p.4. en http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/useftp.cgi?IPaddress=162.140.64.21&filename=d0176t.pdf&directory=/diskb/wais/data/gao
|
|
1988
|
1990
|
1994
|
1999
|
|
Fatalidades directas del
conflicto
|
N.D
|
3.871
|
2.384A
|
4.014B
|
|
Combates entre Insurgencia y FF.AA
C
|
866
|
690
|
1,374
|
1,252
|
|
Razón de fatalidades ( FF.MM. :
Insurgentes) D
|
1: 1,3
|
1: 1,3
|
1: 2,4
|
1: 1,6
|
|
Victimas de masacres E
|
700
|
400
|
504
|
847
|
|
A Datos de fatalidades de 1990 y 1994 tomados de
C. GRANADA y L. ROJAS 1995 LOS COSTOS DEL CONFLICTO ARMADO 1990-94
PLANEACIóN & DESARROLLO Vol. XXVI. No. 4 (Octubre -
Diciembre), P.143
B Datos de fatalidades de 1999 tomados de
COMISIóN COLOMBIANA DE JURISTAS 1999 PANORAMA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DEL DERECHO HUMANITARIO EN COLOMBIA 1999 Bogota:
Comisión Colombiana de Juristas
C Datos de combates entre 1988 y 1995 tomados de
J. BEJARANO ET. AL. 1997 COLOMBIA: INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y DESEMPEñO
ECONóMICO EN LAS áREAS RURALES Bogota: Universidad
Externado de Colombia & FONADE, 1997, p.52
D Datos de fatalidades anuales de
FF.MM. e insurgencia suministrados por el Estado Mayor de las FF.MM.,
cálculos de la “razón de fatalidades” realizados por
N. RICHAN 2001 THE POLITICAL ECONOMIES OF THE WAR SYSTEMS IN LEBANON AND
COLOMBIA THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY Political Science Department
p.24 en http://www.prio.no/CWP/conference0601/default.asp
EEn 2000 hubo 1,226 víctimas
fatales por masacres
|
||||
FUENTE: N. RICHAN THE POLITICAL ECONOMIES OF THE WAR
SYSTEMS IN LEBANON AND COLOMBIA
THE GEORGE
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| 1980 | 2.8% | 1983 | 4.4% | 1986 | 4.9% | ||
| 1981 | 3.7% | 1984 | 4.6% | 1987 | 3.8% | ||
| 1982 | 4.4% | 1985 | 4.4% | 1988 | 3.7% |
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