EL DESARROLLO ALTERNATIVO

El desarrollo alternativo no es cosa distinta a la construcción de un nuevo sistema de vida que emane de un modelo económico también nuevo. 

No se trata simplemente de remplazar unas cuantas matas de hoja de coca por otras de piña, o unas plantas de amapola por igual número de arbustos de lulo. Entre otras razones, por la extrema fragilidad de los ecosistemas de las áreas donde proliferan estos cultivos ilícitos, en especial el primero, que ocupa el noventa y cinco por ciento de la extensión cubierta por ambos; por la diminuta capa vegetal de sus suelos y laderas; y por la ausencia total de infraestructura básica en materia de vías, adecuación de tierras, agua y energía eléctrica. 

El tratamiento eficaz del problema tiene que partir del reconocimiento de su etiología demográfica, la cual está referida al origen geográfico de los centenares de miles de colonos expulsados de las zonas andinas y costeras por falta de espacios económicamente viables en la agricultura lícita tradicional. He ahí una parte sustancial del enorme costo social resultante de no haber adelantado a tiempo una reforma redistributiva de la propiedad agraria y agroindustrial en Colombia; de la parálisis de la inversión rural en riego, carreteras, educación, tecnología y extensión; de la exclusión de la categoría de sujetos de crédito de un millón de familias campesinas durante los últimos lustros por cuenta de la corrupción que impunemente enterró a la Caja Agraria; y de la ruina a la que esta masa de compatriotas fue condenada por el experimento neoliberal que acabó con sus agronegocios en virtud de los cargos sin fórmula de juicio por su supuesta ineficiencia e incompetencia. 

La otra parte del costo está representada por el colapso geopolítico en que desembocó semejante holocausto económico, es decir, la pérdida de la gobernabilidad del Estado. O, visto desde el ángulo opuesto, la entronización de otros estados, dirigidos desde los santuarios y “caguanes” del narcoparamilitarismo y la narcoguerrilla, a partir de los cuales sus cabecillas se disputan el control territorial, y, así mismo, la lealtad comprada o forzada del campesinado cocalero y amapolero que no tiene más opción que aceptar su “amparo” a cambio del abandono en que los dejó la doctrina del libre juego de las señales del mercado. 

El desarrollo alternativo no puede ser, entonces, cosa diferente a la construcción de un nuevo sistema de vida que emane de un modelo económico también nuevo. Para comenzar, suprimiendo el tratamiento de victimarios y delincuentes que la autodenominada sociedad de bien –con Policía y Ejército por delante– les viene otorgando a quienes en realidad han sido las víctimas y los damnificados de su injusticia. Segundo, concentrando las acciones de interdicción única y exclusivamente en las redes de compra clandestina de sus cosechas –obviamente eliminando las fumigaciones– y sustituyéndolas por agencias gubernamentales que las adquieran y cancelen durante el tiempo que transcurra hasta cuando puedan ser reubicados en otras actividades. O pagándoles durante idéntico lapso una suma por cabeza equivalente al salario mínimo legal, a la manera de seguro de desempleo. Y tercero, que induzca la más profunda reorientación de la historia de la atención pública y el gasto privado hacia su organización y asentamiento en núcleos empresariales integrados verticalmente hacia delante con procesamiento y comercialización, en renglones forestales y de ciclo mediano en la Orinoquia, y rubros de ciclo semestral en la frontera convencional. 

La financiación de esta empresa no puede concebirse como una simple “ayuda”, sino como la indemnización que moralmente están obligados a pagar los consumidores de las drogas, los más opulentos de la tierra, en tanto se resistan a legalizar o regular su comercio.