En un sentido amplio, la región del Sur del Tolima está compuesta por los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco, los cuales conforman la cuenca Atá-Saldaña; los municipios de Ortega, San Antonio, Rovira y Roncesvalles, que constituyen la zona del Cucuana, ambas cuencas consideradas dentro de la estrategia de regionalización del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PDA-PLANTE) como sus zonas de intervención en el Departamento; región a la cual se agregan los municipios de Coyaima y Natagaima.

En la región habitan cerca de 22 pueblos indígenas de Coyaimas- Natagaimas y Paeces, localizados en los municipios de Ortega, San Antonio, Chaparral, Planadas y Rioblanco En su conjunto los 10 municipios suman una población de 263.268 habitantes (aproximadamente el 20% del total de la población del departamento) y un área aproximada de 10354 km. cuadrados, correspondiente al 44% del área del departamento.[1]

Como se muestra, el proceso histórico de configuración de esta vasta región tolimense ha estado asociado, desde su proceso de poblamiento y colonización, a múltiples conflictos étnicos, agrarios, a la violencia bipartidista y a la guerra insurgente y contrainsurgente, que perdura hasta hoy.

En un sentido mas restringido y para las consideraciones de este estudio, la subregión sur del Tolima comprende los municipios de Ataco, Planadas, Rioblanco, Chaparral, los cuales conforman, de acuerdo con la subregionalización contenida en el Plan de Desarrollo, la Asociación de Municipios del Sur del Tolima (AMUSURT).[2] Los cuatro municipios abarcan una extensión aproximada de 5.935 kilómetros cuadrados, lo cual representa un 25% del territorio del departamento y una población estimada de 129.814 habitantes, que representa aproximadamente el 10% de la población del Departamento. (Cuadro Datos Generales)

Este estudio toma como referente para sus inferencias de cobertura y uso productivo del territorio un área de 10.083 hectáreas, cifra que resulta de la suma de todas las áreas productivas de 20 veredas encuestadas. Esa superficie, representa poco más del 7% de la extensión del municipio de Planadas, lo cual tipifica una muestra muy representativa. Además, las veredas referenciadas constituyen lo más representativo del fenómeno amapolero, por lo cual, las inferencias y el análisis constituyen un estudio de caso.

Desde el punto de vista geoeconómico y ambiental, de acuerdo con la propuesta de Jaime F. Lozano, los municipios están considerados dentro de la subregión cafetera del departamento y a la vez dentro de la subregión altoandina.[3] Planadas, municipio en el cual se desarrolló el presente estudio, surge como asentamiento en 1932, y es elevado a la categoría de municipio, segregado de Ataco, en 1966. Desde su creación emerge como un centro de gran dinamismo, eje agropecuario y comercial del alto sur del Tolima y con amplios nexos económicos con el Departamento del Huila y con el sur del Tolima. Cuenta actualmente con una población estimada de 32.660 habitantes y viene presentando desde finales de la década del 70 un crecimiento sostenido, superando, en parte, las consecuencias que dejó la violencia bipartidista en la región y los operativos de contrainsurgencia (Operación Marquetalia) desarrollados en su área durante los primeros años de la década del 60.

A manera de ilustración sobre la problemática ambiental y social del sur del Tolima, en el municipio de Planadas había en el año 70 cerca de 140.000 hectáreas de bosque, 1.000 en ganadería y 50 en cultivos ilícitos. Hacia 1992, momento de auge de la amapola, se registraban poco más de 120.000 hectáreas de bosques naturales, 3.000 en ganadería y 2.000 de cultivos ilícitos, especialmente amapola[4].

Según las encuestas realizadas y la información recogida en los talleres con las comunidades, además de entrevistas a productores, la amapola hace su aparición, de manera dispersa, entre los años 1984 y 1989. Luego, entre 1990 y 1995 se convierte en un fenómeno generalizado que involucra a más de 20 veredas de Planadas de manera significativa. Sobre estas veredas agrupadas en epicentros elaboró este estudio su indagación de campo.[5] El estudio de González y Briceño es un trabajo nutrido de datos e información precisa sobre esta región del país.

El desarrollo de los cultivos de la amapola en el sur del Tolima, en particular, fue posible por las condiciones biodiversas del territorio, por las estructuras sociales existentes, por la intercomunicación con otras zonas productoras de ilícitos y por la crisis de la economía campesina. Algunos autores señalan, en una mirada regional, que la crisis del café fue un factor determinante.[6][7] Sin embargo, este estudio matiza ese argumento, al indicar que más que la crisis del café, el aspecto determinante fue la crisis de la economía campesina, sobre todo desde una perspectiva de análisis que mira cómo se inscribe lo local dentro de un contexto regional más amplio.

En la década de los noventa, la reconversión del paisaje motivada por la amapola, se expresa en la sustitución del bosque en 1.257 hectáreas (el 60%), de rastrojos en 706 hectáreas (el 34%) y de cultivos agrícolas en 143 hectáreas (el 7%); un total de 2.106 hectáreas sustituidas[8], con un costo importante sobre el bosque y los rastrojos. En relación con el área agrícola sustituida, es decir 143 hectáreas, su magnitud no es desdeñable, por cuanto la actual frontera agrícola es de aproximadamente 322 hectáreas; esto significa que la sustitución de alimentos representa en una perspectiva presente algo así como el 44% de la actual frontera agrícola. Tal proporción es la medida de la reducción en la producción local de alimentos que en su momento fue compensada con importaciones de los mismos desde otras localidades y regiones. (Cuadro Sustitución del paisaje por amapola)

En síntesis, a partir de 1990, y luego de la irrupción de la amapola, la colonización aumentó drásticamente, con promedios anuales de tala de bosques y rastrojos de hasta 2.000 hectáreas año. Esta situación se mantiene más o menos hasta 1996, momento de crisis de la amapola ocasionado por las recurrentes fumigaciones aéreas y por la tendencia declinante del precio del látex.

Si para 1994, los cálculos oficiales sobre el área de cultivos de amapola en la región surtolimense ascendía a 5.124 has., correspondiente al 25.4% del total nacional, en 1998, aunque se redujo sensiblemente el área de siembra por efectos de la fumigación, a cerca de 3.000 has., aumentó el porcentaje de participación al 38.5% del total nacional[9].

Las fumigaciones sucesivas desde 1992 que, en el decir de las gentes de la zona han sido más de ocho de gran despliegue, condujeron a la reducción del área sembrada, de manera intermitente. Vale la pena señalar cuál fue la dinámica que se generó con las fumigaciones: después de cada una de ellas, la respuesta de los cultivadores fue dispersar más sus cultivos de amapola, es decir, cultivar lotes más pequeños y menos concentrados, más alejados de los sitios de producción de alimentos y buscando ubicarlos en sitios de mayor pendiente, para hacer menos efectiva la fumigación. De ahí que la reducción del área sembrada se muestre intermitente y poco efectiva, si se tiene en cuenta que es un proceso de casi una década.

De otra parte, si bien las fumigaciones han coadyuvado a la reducción del área sembrada, bien por el daño de los cultivos o bien por disuasión, el fenómeno económico aparejado de disminución de los precios al productor fue también un elemento desestimulante sobre la actividad amapolera. Curiosamente la disminución del área sembrada no condujo al aumento de precios, como es de esperarse en cualquier cultivo normal; por el contrario, paralelamente a la disminución de áreas, el precio para el productor cayó: pasó de $1.800.000 el kilo en 1992, a $ 1.500.000 en 1994, hasta alcanzar desde 1998 hasta el presente, precios de $ 600.000, $ 400.000 y aún de $ 200.000. [10]La explicación de este fenómeno está en la posición monopólica (en rigor monopsónica) que tiene el comprador, respecto al productor, para imponer el precio. Las dificultades de acceso a la zona, por las fumigaciones y los mismos operativos contra el narcotráfico, terminaron capitalizadas por los intermediarios compradores; en términos económicos sucedió que, los puntos de valor agregado que perdió el productor fueron ganados por la cadena de intermediación, dado que los precios al consumo se han mantenido o, incluso, han aumentado.

Frente a la crisis de la economía campesina, la amapola entró a suplir la caída de los ingresos derivados de productos como el lulo, el fríjol y el café, entre otros. En los mejores momentos de la amapola, hacia 1991-92, cuando el precio del kilo de latex era de $ 1800.000 o de $ 1.500.000, la rentabilidad frente a cualquier cultivo no tenía parangón. Con rendimientos de la amapola no muy altos, comparados con los de zonas amapoleras de otras partes, como Huila y Cauca, se obtenía una relación beneficio-costo extraordinaria. Tales rendimientos oscilan entre 4.1 kilos por hectárea y 9.13 kg/ha, registrando un promedio ponderado de 6.98 kg/há. (Cuadro No. ). Estos rendimientos son bajos, entre otras razones, porque se trata de variedades de semilla de ciclo muy corto, conocidas en la zona como “tresmesuna” que produce muy rápido, a los tres meses o cuatro y que les permite a los cultivadores mayor liquidez; también les brinda la posibilidad de capotear el riesgo de las eventuales fumigaciones; si éstas se presentan las pérdidas son menores. Los altos rendimientos de otras zonas corresponden a variedades de ciclo más largo con las cuales se obtienen hasta 20 kg/há.

Con respecto a los impactos sociales y ambientales de la amapola cabe señalar que, aparte de la desestructuración social con manifestaciones de descomposición, la tala indiscriminada de bosques y la no superación de las condiciones locales y regionales de pobreza preexistentes, la fumigación entra a jugar un papel inconveniente, por cuanto agrega un factor adicional de menoscabo a la estructura socioeconómica y ambiental vigentes, al profundizar el deterioro ambiental por contaminación de suelos aguas y vegetación, afectar la disminuida cobertura de cultivos agrícolas campesinos, generar enfermedades nuevas y ocasionar una situación de incertidumbre frente al futuro inmediato de la subregión. Si bien permitió la reducción del área sembrada, ello fue con un alto costo social y ambiental y faltaría hacer el balance si tales costos representan algún beneficio para la subregión y las localidades. El deterioro del medio ambiente, como resultado de la profundización de la práctica cultural de tumba y quema de bosques y rastrojos para preparar los terrenos para los abiertos de amapola, el cual, como cultivo limpio, reafirma el proceso de deterioro preexistente y vulnera mucho más la capacidad de sustentación misma de la economía campesina.

La reacción de las comunidades frente a las fumigaciones, ha sido variada y muy diciente en algunos aspectos. El 26% no asume alguna reacción especial o no responde en la encuesta; el 37% manifiesta haber dejado de cultivar amapola; el 27% dice haber dejado de cultivar alimentos; el 16% ha utilizado sustancias protectoras a la amapola; el 53% ha cambiado la manera de cultivar y sólo el 5% se ha quejado ante las autoridades.Obsérvese, a partir del peso de las opiniones de la gente, que la credibilidad en las autoridades o la creencia en su efectividad para solucionarles problemas a las comunidades es mínima, muy consistente quizá con su posición de ilegales. Pero, si es muy destacable el hecho de que más de la mitad de los afectados haya cambiado su manera de cultivar, lo cual se expresa en atomizar los cultivos de amapola, alejar la producción de alimentos de los sitios amapoleros, disminuir el tamaño de los lotes amapoleros, entre otros. Asimismo, es significativo el dato de 27% que han dejado de cultivar alimentos por presión de las fumigaciones, bien por el daño a los suelos o bien por la incapacidad técnica y financiera de emprender nuevas siembras con altos riesgos. (Cuadro Reacción frente a las fumigaciones).

El 87% de los encuestados, cultivadores y no cultivadores, responde que las fumigaciones los afectaron de manera importante, para algunos de manera grave, para otros menos crítica: les fueron fumigados cultivos alimenticios y perdieron sus cosechas; aparecieron enfermedades en las personas, que antes no se conocían tales como, alergias y brotes (especialmente en los niños); se enfermaron los animales; se les contaminó sus aguas y se les "envenenó" sus suelos [11]

En el anterior contexto, las perspectivas de la amapola en la subregión, y su impacto, dependen de la resolución de los problemas que facilitaron su inserción, pero especialmente de la continuidad o no de la actual política de erradicación forzosa del cultivo, pues como se ha señalado, ésta va en contravía de las posibilidades de recomposición campesina y de reconversión productiva en condiciones de sostenibilidad ambiental y socioeconómica. De mantenerse la actual política "erradicacionista", el área de producción de amapola se mantendría, aún en niveles de subsistencia, a pesar de las fumigaciones (como lo evidencia esta década), con un creciente costo social y ambiental, expresado en el desplazamiento de productores hacia nuevas áreas de bosque, la disminución de la seguridad alimentaria regional y local (y su impacto transregional), el desplazamiento forzado y la profundización del conflicto social y armado.