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Cultivos ilícitos y guerra biológica
ACCIONES CIUDADANAS EN DEFENSA DE LAS COMUNIDADES Y LA BIODIVERSIDAD
Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas par América Latina - RAPAL
Carta al
Presidente de Colombia Andrés Pastrana Arango
22 de junio de 2000
Respetado Señor Presidente:
Los participantes en el Seminario Taller Internacional “Enfrentando los Retos de la Agricultura de Exportación: Floricultura, Plaguicidas y Transgénicos”, organizado por la Corporación CACTUS, la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina (RAP-AL) y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), ratificamos y apoyamos la posición de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas PAN (Pesticide Action Network), aprobada en su 5ª Conferencia Internacional realizada en Dakar, Senegal, del 18 al 21 de mayo del presente año, en la cual se rechaza enfáticamente la estrategia de “erradicación” de cultivos ilícitos como coca y amapola, con sustancias químicas y microorganismos patógenos, la cual adjuntamos. Anexamos también la lista con cerca de 100 firmas apoyando este pronunciamiento.
Durante la clausura de nuestro Seminario Taller nos enteramos de la aprobación del Plan Colombia en Estados Unidos, lo cual causó consternación entre todos los asistentes, porque se nos ha informado que el uso del hongo Fusarium oxysporum está señalado como opción para la “erradicación” de cultivos ilícitos en dicho Plan.
Las organizaciones y redes latinoamericanas partícipes del evento, hacemos un llamado al Señor Presidente y a las instancias gubernamentales pertinentes, para que impidan que este u otro microorganismo patógeno sean utilizados en nuestro país, dados sus altos riesgos de impactos ambientales y de salud.
Atentamente,
Patricia Sierra, Directora Ejecutiva CACTUS, RAP-AL Colombia
Luis Gomero
Osorio, Coordinador Regional de RAP-AL, RAP-AL Perú
Camilo
Castellanos, Director Ejecutivo ILSA
Elsa Nivia, Directora Ejecutiva
Rapalmira, RAP-AL Colombia
(Siguen más de 100 firmas)
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PAN: Pesticides Action Network - 5ª Conferencia Internacional de PAN,
Dakar, Senegal, mayo 18-21 de 2000
Llamado urgente de PAN contra la guerra biologica a los cultivos ilicitos, que amenaza la biodiversidad
Nosotros, 120 participantes de 40 países de Asia, Africa, Europa, Norte América y América Latina, representantes de agricultores, trabajadores, mujeres, científicos y activistas de los campos de la salud, ambiente, consumidores y desarrollo, pertenecientes a la Red Internacional de Acción en Plaguicidas PAN (Pesticide Action Network), reunidos en Dakar, Senegal, durante la V Conferencia Internacional de PAN, emitimos el siguiente pronunciamiento:
Rechazamos enfáticamente los programas de erradicación de cultivos ilícitos con armas químicas o biológicas, y hacemos un llamado urgente a todos los gobiernos del mundo para que se apoyen programas integrales y sustentables en términos ambientales, económicos, sociales y culturales, en la lucha contra las drogas.
Basamos nuestra posición en las siguientes consideraciones:
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Manifiesto de Ecuador contra El Plan Colombia
Quito 6 de Julio del 2000
Organizaciones de derechos humanos y ecologistas del Ecuador estamos ocupando pacíficamente la Embajada de Colombia en nuestro país, con el propósito de materializar nuestra oposición en contra de la implementación del Plan Colombia.
Hacemos un llamado a la Mesa de Donantes de la Comunidad Europea, reunidos en Madrid el 06 y el 07 de julio del presente año; para que rechacen de manera unánime la estructura, objetivos y puesta en marcha del Plan anteriormente mencionado, que es promocionado por los Gobiernos de Colombia y de Estados Unidos.
El Plan Colombia se encuentra diseñado para regionalizar un conflicto armado, que genera violencia y agrava los problemas sociales y ambientales de la región.
Considerando que:
Rechazamos :
La implementación del Plan Colombia, y la regionalización de un conflicto armado que agravaría los problemas de nuestro país.
La introducción en territorio ecuatoriano y en sus zonas fronterizas de cepas del hongo Fusarium oxysporum para la destrucción de plantaciones de coca.
La presencia Estadounidense en la región, ya que es una violación de los derechos soberanos de nuestro país.
Exigimos
Acción Ecológica
(Ecuador)
Asamblea Ecuatoriana por los Derechos de los
Jóvenes(Ecuador)
Grupo de Objetores de Conciencia
(Ecuador)
Servicio Paz y Justicia (Ecuador)
Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (Ecuador)
Red de Hermandad (Ecuador)
Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Grupo de Monitoreo del Plan
Colombia (Ecuador)
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Declaracion de Puerto Asís, Putumayo - Colombia
8 y 9 de septiembre de 2000
Los 325 participantes en el Foro El Sur Responde al Plan Colombia, en representación de las comunidades, líderes sociales, indígenas, mujeres, niños, niñas, autoridades locales y departamentales de Valle, Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo; junto con una delegación del Ecuador y varias organizaciones sociales, ONG de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo y paz de Colombia, convocadas por PAZ COLOMBIA, la alcaldía, y la gobernación del Putumayo, nos reunimos en Puerto Asis el 8 y 9 de Septiembre de 2000 para analizar y proponer alternativas al Plan Colombia.
El diseño y las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos que contiene el Plan Colombia adelantado por el Gobierno Nacional, desconoció las realidades locales y las iniciativas de las comunidades afectadas, las autoridades locales y regionales.
El Plan Colombia es una estrategia encaminada a desestabilizar y revertir los procesos de transición democrática en la región andina y aplicar medidas represivas contra las protestas sociales, económicas y políticas, generadas por los procesos de globalización y la aplicación del modelo neoliberal.
El Plan Colombia se constituye en un instrumento de lucha contrainsurgente el cual contribuirá de manera negativa al escalamiento y expansión de la guerra que se libra en Colombia desde hace 30 años.
El componente de lucha contra el narcotráfico del Plan Colombia, se inscribe dentro de la política de los Estados Unidos de "tolerancia cero" frente a esta problemática. Por ello, el Plan enfatiza los instrumentos de represión que afectan el eslabón más débil de la producción de la economía cocalera que son los pequeños cultivadores de coca y los recolectores o raspachines. La erradicación forzada contra los cultivos ilícitos no toca sustancialmente las diferentes etapas de la economía cocalera, aquellas que representan las grandes ganancias del negocio, y por el contrario implica el traslado de los cultivos con el consecuente impacto ambiental.
La aplicación del Plan Colombia y su fuerte componente militar, se constituye en un factor adicional de agravamiento de la persistente crisis humanitaria, de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que se desarrolla en el país.
El Plan Colombia tiene implicaciones negativas en el actual proceso de paz que se desarrolla con las Farc en la zona de distensión y en los posibles escenarios de negociación con el ELN.
Presentamos ante la opinión pública nacional e internacional, las autoridades y las organizaciones sociales y políticas, la Declaración de Puerto Asis que recoge el análisis sobre el impacto del Plan Colombia y las iniciativas para que, entre el gobierno nacional, las comunidades y la sociedad colombiana en general formulemos un plan para la paz en Colombia.
Una de las expresiones del Plan Colombia para las zonas con cultivos ilícitos es la intensificación de las fumigaciones, el incremento de las acciones militares como parte de los operativos de erradicación forzosa por vía fluvial, aérea y terrestre. Las fumigaciones son la repetición de una política fracasada que en nada contribuye a resolver este problema y sí promueve el desplazamiento de los cultivos hacia zonas no intervenidas agravando los impactos ambientales.
Las fumigaciones afectan la salud de los habitantes de las zonas con economías ilícitas, afectan el medio ambiente, acaban con economías lícitas, promueven desplazamientos y socavan derechos fundamentales, económicos, sociales y ambientales.
Por las anteriores razones, exigimos la suspensión inmediata de las fumigaciones como condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas legales a los cultivos ilícitos.
Frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionada a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética de la tolerancia, del respeto por la vida y plenas garantías para la aplicación de una eficaz justicia. Para el análisis de esta propuesta se deben recoger experiencias desarrolladas en Puerto Leguízamo y en Guambía.
El problema de los cultivos ilícitos se origina en la crisis del sector rural colombiano, en la ausencia de condiciones para garantizar la competitividad del sector frente a los impactos de la apertura económica adelantada, sin considerar condiciones mínimas que hiciesen sostenible actividades desarrolladas en el campo. Esta crisis se profundizó con la contrarreforma agraria adelantada con inversiones del capital producto del narcotráfico, que significó la concentración en pocas manos de más de cuatro millones de hectáreas de tierras aptas para actividades agropecuarias, dedicadas casi en su totalidad a la ganadería extensiva en detrimento de actividades productivas generadoras de excedentes para el campo.
Asímismo, el atraso de las instituciones del Estado que atienden el sector rural, la ausencia de políticas crediticias que lleguen efectivamente al campesino, la ausencia de programas de investigación y transferencias de tecnología para el sector rural, el desfavorecimiento de los procesos organizativos de las comunidades, todos son factores que tienden a generar un escenario de agravamiento de la crisis del sector. Por eso es indispensable una reforma agraria integral, una transformación de las instituciones estatales relacionadas con la problemática rural y del medio ambiente, que faciliten las condiciones para hacer competitivo al campo en un entorno global que conspira contra la productividad, la autosuficiencia alimentaria y la protección del medio ambiente.
Por su parte, los planes alternativos deben ser considerados bajo la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo.
En la elaboración de propuestas alternativas se debe reconocer que los cultivos ilícitos se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, tanto en las zonas de bosque húmedo como en áreas de bosques andinos y altoandinos. Normalmente estas áreas se caracterizan por su biodiversidad y la presencia de ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental. Sobre estas zonas se deben desarrollar políticas acordes con estas características, y decisiones que den garantía al reconocimiento del saber tradicional de las comunidades indígenas sobre el manejo de ese entorno, protección a su saber tradicional, usos alternativos de orden medicinal y cultural, ante la amenaza que se cierne por los intereses de multinacionales que buscan una apropiación de esa riqueza para satisfacer una demanda sobre recursos biogenéticos.
El Estado debe promover políticas de investigación básica, protección de los derechos colectivos de las comunidades, el comercio de estos recursos estratégicos y búsqueda de un retorno de beneficios para las comunidades asentadas en estos territorios.
Asímismo, se reconoce la necesidad de establecer diferencias claras entre los pequeños y grandes productores de cultivos ilícitos, entendiendo que para los primeros debe haber una propuesta de descriminalización, políticas de desarrollo alternativo y soluciones pacíficas de consenso. Igualmente, el desarrollo de veedurías ciudadanas para el cumplimiento de los programas.
El actual panorama de derechos humanos presenta niveles de violencia que se inscriben en las expectativas del gran capital para desarrollar inversiones en megaproyectos, fenómeno que está incrementando políticas de desalojo, expropiación violenta de campesinos, comunidades indígenas y negras como condición necesaria para garantizar la seguridad de las grandes inversiones.
En ese sentido el país asiste a dinámicas de agravamiento de la estabilidad y seguridad del campo, todo lo cual contribuye a un volcamiento de masas importantes de población hacia las zonas de cultivos ilícitos en busca de ingreso y seguridad para sus familias. Se observa un desconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por parte de la población. Así mismo existen altos índices de impunidad frente a las constantes infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos cometidos por la guerrilla, fuerza pública y grupos paramilitares.
A este diagnóstico se suma el hecho de que los actores armados controlan los territorios con cultivos ilícitos y que los excedentes apropiados por la hegemonía que se ejerce sobre el territorio, está llevando a que las comunidades resulten insertas en el conflicto y sean también objeto de las medidas de fuerza que contiene el Plan Colombia. En esa dirección, se hace indispensable que el tema del narcotráfico y los cultivos ilícitos se inscriba en los escenarios de diálogo y negociación del conflicto armado sobre la base de una participación autónoma de las comunidades en la búsqueda de las soluciones.
De modo particular se debe velar por la situación que viven las mujeres y los niños que están soportando violaciones a sus derechos y soportando en sus hombros los efectos de la guerra al afectar la unidad familiar y la estabilidad de los hogares, todo lo cual incide sobre el debilitamiento del tejido social y cultural. La discriminación de la mujer, la violencia intrafamiliar, la asunción de funciones como cabeza de familia, el maltrato infantil, en general la ausencia de futuro, deben ser reconocidas como realidades que demandan políticas sociales y asistencia legal para proteger sus derechos y su seguridad.
Hay una incapacidad institucional para implementar la Ley 387 para la prevención del desplazamiento y protección de la población desplazada por el conflicto armado, y faltan directrices claras para atender a los desplazados, afectados por la erradicación de cultivos ilícitos.
El problema de desplazamiento trasciende a los países vecinos. En Ecuador, las fuerzas militares junto con el gobierno han diseñado un plan de contingencia, que desconoce el derecho humanitario de los refugiados y al contrario ve a los colombianos como un riesgo para su seguridad nacional.
Hay un acoso y persecución permanente a los líderes sociales, sindicales, campesinos, indígenas y a los defensores de derechos humanos por parte de los organismos de inteligencia del Estado.
Esta asamblea expresa su rechazo a la persecución, amenaza y asesinatos, de defensores de derechos humanos, líderes populares y líderes sindicales, así como la intimidación de la que son víctima los habitantes de Barrancamermeja. Y así mismo exige al estado colombiano acciones contundentes para proteger el derecho a la vida de los barramejos y la protección inmediata de las comunidades desplazadas o en riesgo de serlo por el accionar de los grupos paramilitares en el Valle del Cauca.
El Plan Colombia se inscribe dentro de las políticas globales de los Estados Unidos frente a América Latina y el área andina: así como el foco de la política de intervención en los años 70 por parte de los Estados Unidos fue el cono sur, en la década de los 80 fue Centroamérica, en los momentos actuales lo constituyen los países de la región andina.
Con esta finalidad se esta organizando y orquestando una campaña, según la cual el conflicto colombiano amenaza la estabilidad de los países limítrofes, que busca crear las condiciones para organizar un Ejército multinacional andino como mecanismo indirecto de intervención de los Estados Unidos.
Por lo anterior, es necesario no seguir insistiendo sobre las posibles y futuras implicaciones del Plan Colombia en la región Andina, sino que su aplicación es un hecho cumplido, no de otra manera se puede interpretar el establecimiento de las bases militares norteamericanas en Manta (Ecuador) y la base militar de Curazao en el Caribe.
Dicho Plan contiene una doble mentira, según la cual al atacar el narcotráfico, se acaba con una de las principales fuentes de desestabilización de la nación y financiación de los actores armados.
Reiteramos la necesidad de que en las mesas de negociación con la insurgencia armada y en general en la agenda nacional, se discuta y se concerte, mediante mecanismos participativos, con las regiones, las comunidades y los sectores sociales, directamente afectados por el denominado Plan Colombia.
Por lo anterior insistimos en que es necesario construir escenarios, dinámicas y procesos de discusión sobre el Plan Colombia, interrelacionados y coordinados con las agendas de diálogo y negociación que actualmente se desarrollan con las FARC en el Caguán y en el marco de la Convención Nacional planteada por el ELN.
Es importante tener en cuenta la urgencia de la acción, la solidaridad y el monitoreo sobre el sur del país y en particular sobre los departamentos de Nariño y Putumayo, en cuanto son las únicas regiones explícitas en las políticas de represión y fumigación contempladas en el Plan Colombia y donde se aplicarán las primeras fases.
En síntesis el Plan Colombia, en cuanto contiene una estrategia militar contrainsurgente y mecanismos represivos de erradicación de los cultivos ilícitos, agrava la crisis humanitaria de la región del sur del país y afecta sustancialmente el derecho a la paz, al desarrollo, la soberanía y la libre determinación de los pueblos.
Puerto Asís, Putumayo, septiembre 8 y 9 de 2000.
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Acción para detener el “Agente Verde[1]
Montpellier, Francia, Diciembre 11-15 de 2000
El uso de agentes biológicos para erradicar cultivos ilícitos, como Fusarium oxysporum y Pleospora papaveraceae, suscita graves inquietudes para el medio ambiente y la agricultura de todas las regiones del mundo. Las autoridades ambientales globales deben actuar urgentemente para retirar al mundo del terreno resbaladizo de permitir el uso de agentes biológicos que atacan los cultivos y la biodiversidad.
Algunos gobiernos, particularmente en Sudamérica, ya han tomado medidas en esa dirección. Pero se requiere de una acción global para hacer más efectivos los esfuerzos regionales. El uso de dichos agentes, diseñados para ser aplicados masivamente –sobre centenares de millares de hectáreas- tendrá impactos ambientales transfronterizos.. De permitirse el uso de los agentes en un país, sus promotores alegarán que constituye un precedente, y gobiernos en diferentes países del mundo serán presionados para arriesgar su biodiversidad y aceptar la mal aconsejada técnica de la erradicación biológica.
Un pequeño número de promotores de agentes biológicos para la erradicación están preparando enfermedades vegetales virulentas y persistentes para diseminarlas en los campos de Sudamérica y Asia. Los Estados Unidos y el Programa de las Naciones Unidas para el Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) afirman que una vez probados en una región, estas técnicas podrían ser usadas a nivel global –dondequiera que se siembren los cultivos ilícitos. Desarrollados en instalaciones secretas por EEUU y por investigadores que trabajaban en el programa ofensivo de armas biológicas de la antigua Unión Soviética, estos agentes están casi listos para ser usados contra plantas de coca y amapola. Estados Unidos sostiene que los agentes que hasta el momento se han probado en campo no son genéticamente modificados, sin embargo, ellos han creado en laboratorio cepas genéticamente modificadas y los investigadores de Asia Central financiados por los EEUU y Reino Unido admiten que consideran la manipulación genética para producir agentes más letales.
Una red internacional de ONGs que incluyen el Sunshine Project, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Acción Andina, el Transnational Institute, Acción Ecológica y muchas ONGs de Colombia y de todo el mundo, se han unido para frenar el uso de armas biológicas. Creemos que estos agentes son armas biológicas que amenazan la biodiversidad y sientan precedentes muy peligrosos en la proliferación de armas biológicas.
Las ONGs de Colombia y de América Latina solicitan que consideren tomar medidas sobre este asunto durante la primera reunión del Comité Intergubernamental del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y en las próximas reuniones del Convenio de la Biodiversidad Biológica.
Las partes del CBD también pueden considerar, como fue propuesto por el grupo Africano durante la 5a Conferencia de las Partes en Nairobi (Mayo del 2000), una acción contra la erradicación biológica bajo el actual programa de trabajo del CBD sobre biodiversidad agrícola.
Rechazamos la proliferación de Armas Biológicas que amenaza la Biodiversidad en el Amazonas y el resto del Mundo.
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Foro “Desarrollo Alternativo en Países Andinos”
Pronunciamiento
firmado en el Senado de la República, por un conjunto de
participantes
Bogotá, 25 de mayo de
2001
En primer término, es preciso saludar eventos como este Foro convocado por iniciativa de los Senadores Rafael Orduz y Juan Manuel Ospina.
De lo planteado aquí se destacan dos puntos mínimos:
Con base en la Ley 30 de 1986 y en la legislación posterior, el Gobierno colombiano realiza la fumigación bajo el supuesto de que la siembra de coca, amapola o marihuana es un delito asimilable al narcotráfico y que los campesinos cultivadores merecen ser tratados igual que los jefes de las grandes organizaciones de la mafia.
El inicio del Plan Colombia, con la fumigación química en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Bolívar entre enero 1 y marzo 8 de 2001, marca una preocupante tendencia hacia el incremento de la fumigación química, con las consecuencias negativas que le siguen en términos ambientales, socioeconómicos y políticos.
Las comunidades campesinas e indígenas afectadas, las organizaciones de derechos humanos y el movimiento por la paz han alertado a la opinión pública nacional e internacional sobre las graves consecuencias que la erradicación forzosa combinada con operativos militares está acarreando sobre los productores, cosecheros y la población rural en su conjunto. La destrucción de los cultivos de pancoger y de los cultivos ilícitos de pequeña escala convierte a la fumigación en una arma de la guerra de baja intensidad que atenta contra derechos fundamentales, socava la seguridad alimentaria y erige al Estado en un agente más de desplazamiento forzado de la población.
Ante el cúmulo de evidencias recogidas por observadores internacionales y nacionales, el gobierno de los Estados Unidos - principal soporte político, militar y financiero del Plan Colombia - se vio obligado a reconocer errores en las fumigaciones efectuadas en el departamento del Putumayo, y a anunciar la contratación de estudios especializados sobre los efectos negativos que el Glifosato puede estar causando a los ecosistemas y a la salud humana. Pero ningún piloto, por experimentado que sea, puede evitar la fumigación indiscriminada, cuando aplica mezclas químicas altamente tóxicas desde un avión sobre cultivos, áreas selváticas y zonas habitadas.
Las fumigaciones aéreas de herbicidas sobre zonas con cultivos declarados ilícitos que se están realizando en Colombia no tienen precedentes en ningún país del mundo. Algunos datos de estudios técnicos son los siguientes:
En diversos eventos, foros y mesas ciudadanas, se ha planteado que parar las fumigaciones contra los campesinos, colonos e indígenas constituye hoy una prioridad en defensa de los derechos humanos, la integridad de las comunidades y las familias, la salud, la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, vulnerados por las políticas represivas contra los llamados cultivos con fines ilícitos.
Otra condición mínima para iniciar un diálogo justo con los productores de la materia prima de uso ilícito es el considerarlos interlocutores sociales válidos en la búsqueda de soluciones pacíficas, graduales y concertadas. Para lograr su descriminalización se debe impulsar en el Congreso de la República la modificación del Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30/86.
Además, es necesario establecer mecanismos ágiles, eficaces e imparciales para la tramitación de demandas de reparación económica por daños causados a campesinos e indígenas por las “operaciones antinarcóticos”.
Asimismo, para fortalecer el proceso de paz y las soluciones pacíficas, se requiere apoyar activamente procesos políticos de integración regional alternativos como la Alianza de los Gobernadores del sur del país. Otro aspecto esencial, que puede hacer parte de las acciones comunes en los países andinos, es una política regional para excluir toda forma de erradicación forzada –química, manual o biológica- contra los campesinos, colonos e indígenas y en su lugar desarrollar mecanismos de participación y concertación verdadera con las comunidades.
(siguen firmas)
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Llamado a las organizaciones ambientalistas, de apoyo a los pueblos indígenas y a las comunidades afroamericanas y a las organizaciones sociales colombianas
Junio de 2000
En el presente año, el gobierno de Colombia ha presentado a la comunidad internacional dos partes de lo que se conoce como el Plan Colombia. Este documento circuló durante los primeros meses solamente en inglés y en el exterior, sin que los colombianos pudieran disponer oportunamente de una versión en su idioma. Una primera parte se encuentra actualmente en discusión en el Senado de los Estados Unidos y otra parte que se ha presentado a la Unión Europea y la cual será debatida en la llamada Mesa de Donantes los días 4 y 5 de Julio en Madrid, España.
El Plan Colombia, elaborado por algunos funcionarios del gobierno, no fue objeto de discusión y mucho menos de consulta con los ciudadanos colombianos, a pesar de que sus efectos incidirán en su vida futura de una forma determinante.
El Plan Colombia es un conjunto de proyectos que, bajo el pretexto de una posible negociación con un sector del movimiento alzado en armas, incluye un alto componente de ayuda militar con una estrategia antinarcóticos fundamental en la Amazonía colombiana. En esta área se encuentra la llamada “Zona de distensión”, concertada entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el gobierno colombiano. El punto básico de esta estrategia “es combatir todos los componentes del ciclo de las drogas ilícitas, e impedir que el flujo de dicho tráfico alimente la violencia hacia la guerrilla y las otras organizaciones armadas”.
La erradicación de los cultivos ilícitos pasa por un fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico mediante “la acción continua y sistemática del ejercito y la policía, especialmente en la región del Putumayo y en el Sur del país (es decir la Amazonía colombiana), y fortalecer la capacidad de la policía en la erradicación de dichos cultivos”. La sustitución de los cultivos ilícitos se hará bajo desarrollos agroexportadores de plantaciones y monocultivos como caucho, palma africana, entre otras.
La erradicación de los cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea de agroquímicos y posiblemente haciendo uso de agentes biológicos o microbiológicos, incluyendo el hongo Fusarium oxysporum, rechazado en los Estados Unidos, que ocasionará impactos impredecibles en uno de los ecosistemas de más alta biodiversidad del mundo y cuyos efectos no se circunscriben al territorio colombiano, sino que potencialmente pueden extenderse a toda la región amazónica, a los pueblos indígenas y colonos que viven en esta región.
Este método de erradicación de cultivos viola todas las obligaciones adquiridas por Colombia cuando ratificó el Convenio de la Biodiversidad Biológica, en cuanto se relaciona con la conservación de la biodiversidad y la protección del los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, por su papel vital en la conservación de la biodiversidad.
Los proyectos presentados como componente ambiental del Plan Colombia tendrían un efecto muy reducido frente al tremendo impacto que sufre el ecosistema desde hace muchos años, con la estrategia antinarcóticos basada en las fumigaciones con agroquímicos, que se incrementará y agravará con el uso de agentes microbiológicos y con la sustitución de cultivos ilícitos.
El fortalecimiento del aparato policial y militar colombiano puede agravar el clima de guerra en que ha vivido Colombia los últimos cincuenta años, situación que ha conllevado unos grandes costos humanos, sociales y ambientales. Por lo tanto, cualquier incremento en la actividad guerrerista traería incalculables consecuencias sobre nuestra sociedad y los ecosistemas.
Los narcocultivos se han extendido en todo el territorio nacional, particularmente en las zonas de mayor valor ambiental y ecológico, y han sido utilizadas entre otros fines, como medio para la financiación de muchos de los grupos armados. Por lo tanto, combatirlos en una sola región podría significar el fortalecimiento en otras zonas, antes que una erradicación del problema.
En nuestra calidad de comunidades afroamericanas, de ambientalistas y de ciudadanos colombianos, solicitamos la solidaridad de nuestros hermanos y por tanto proponemos:
(Siguen firmas)
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Conversatorio
sobre la Iniciativa Regional Andina, la estrategia antinarcóticos y los
movimientos cocaleros del área
Andina
Agosto 16 y 17 de
2001
Declaración
de Bogota: Contra la guerra impuesta, desmilitarizar, desnarcotizar y
andino-amazonizar propuestas
Bogotá, 17 de agosto del 2001
(Siguen firmas)
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[1] Declaración suscrita por más de 70 organizaciones procedentes de 26 países de todos los continentes, y distribuida en la Primera Reunión del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena, Montpellier, Francia, Diciembre 11-15 de 2000
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