La pregunta insoslayable es ¿Contra quién es esta guerra? ¿Contra el campesino que cultiva en su pequeña parcela una de las flores más bellas del mundo o esa planta milenaria, precolombina y llena de energía, proteína y minerales? ¿Contra el comerciante que a cambio de dólares o armas corrompe a los campesinos pagando sumas extraordinarias por su cultivo? ¿Contra los banqueros, beneficiarios absolutos de los flujos de dinero involucrados en el negocio? ¿Contra los consumidores, víctimas finalmente de un vicio implacable? Cualquier respuesta a cada una de estas preguntas no es simple, son muchas las vertientes que habría que escudriñar para dejar en claro y poner a la luz a todos los responsables. Sin embargo, entre tanto, los estrategas de los Estados Unidos decidieron unilateralmente que el principal problema se centra en los cultivadores de la planta, por lo tanto, si se erradican los cultivos se acaba el problema. Así se instrumenta el Plan Colombia a finales de 1999, dotado de amplios recursos en materiales de guerra y entrenamiento militar a cuerpos de elite cuya misión es “combatir el narcotráfico”, para acabar con los cultivos, en las zonas que los satélites norteamericanos han identificado, aplicando altas dosis de defoliantes sin importar las consecuencias al medio ambiente y a las familias que allí habitan que tales actos provoquen.
Sin identificar claramente a los enemigos de esta guerra ya se han fumigado más de cincuenta mil hectáreas dejando a miles de campesinos sin medios de subsistencia y provocando desplazamientos que sólo contribuyen a agravar, las, ya de por sí graves, condiciones de muchas de las poblaciones y ciudades de las regiones consideradas como centros de cultivo. Expliquemos un poco para dimensionar de qué se trata y si asiste justeza en los propósitos explícitos del Plan Colombia. En primer lugar el juego del precio de éste internacionalizado y globalizado negocio.
Los precios topes de la cocaína, que han variado en sus costos y ganancias durante diferentes épocas y momentos, permiten identificar quiénes son los actores principales y cuáles son los procesos de acumulación correspondientes; veamos, en la zona donde se cosecha y logra elaborar la pasta de cocaína, el kilo se vende en unos mil dólares; en Bogotá o Medellín ya alcanza los tres mil dólares; en Miami o en la frontera México - Estados Unidos, después de cruzarla, la cifra se ha multiplicado por siete y alcanza los 20 mil dólares; en las calles de las ciudades estadounidenses, cuando ya se ha mezclado o “rebajado”, ése kilo se ha dividido en tantas porciones que de él se obtienen 100 mil dólares. ¡100 veces más que el precio pagado a los campesinos colombianos! Éstos recursos son los que llegan a la banca, norteamericana principalmente, para su blanqueo y reciclaje. Aquí, naturalmente, no hay persecución alguna. Y no la hay porque la legislación de los Estados Unidos no tiene castigo para el lavado”. En el informe del 9 y 10 de noviembre de 1999, los senadores del subcomité permanente de investigaciones del Senado de los Estados Unidos concluye con el reconocimiento que no existe legislación de control bancario o financiero(1). Según la ONU el lavado del capital ilegal mueve cerca del 12 por ciento de la bolsa de valores del Wall Steet cada año. Según el economista, investigador y académico Argentino Jorge Beinstein (2), el dinero de la economía ilegal que entra a los Estados Unidos afecta, en su reciclaje en los procesos productivos, comenzando por los bienes raíces, cerca del 50 por ciento de su economía. Entonces hay que volver a preguntar: ¿Por qué tan férreo el control sobre nuestro sistema bancario? ¿Acaso no es esta la mejor vía para asegurar que el “lavado” se haga donde precisamente no está prohibido?
Pero más importante que el dinero es las vidas de la gente, de las familias más marginadas de Colombia. Las que no tuvieron otra opción de vida mas que ir a colonizar selva. Tan semejantes a los que llenaron a este país nuestro de café, aunque también en otra época estuviera prohibido. Pero entonces ¿por qué nuestras propias tropas hacen el trabajo sucio para desterrar a los campesinos y condenándolos a la miseria absoluta? ¿No es acaso perverso que la mayor economía de mundo continué creciendo a costa del asedio sobre estas personas? ¿Qué sentido tiene que la mayor parte del presupuesto nacional se lo esté comiendo una guerra que solo sirve para que los criminales de cuello blanco sigan consumiendo polvo blanco por sus naricitas y se sigan llenado sus bolsillos de dólares, mientras nosotros, los colombianos, ponemos la sangre?
Si tales desequilibrios son ciertos, “el negocio” se ha vuelto aún más redondo en los últimos tiempos. Como muchas de las zonas de cultivo se hayan en los territorios que están en manos de la guerrilla, FARC, ELN, y más recientemente del grupo paramilitar AUC, se produce un fenómeno que inquieta, pero que finalmente es parte del “negocio”: Se cambia droga por armas.
El efecto de intentar destruir los cultivos es nulo. Se calcula que cuando terminó el periodo de Ernesto Samper había un poco más de 30 mil hectáreas de hoja de coca sembradas. Para finales de 2002, cuando haya concluido el período Pastrana, la cifra se habrá triplicado, muy a pesar de las fumigaciones que con un enorme costo social y ecológico para los colombianos, se han realizado al amparo del Plan Colombia. Podemos asegurar, teniendo como base los múltiples estudios realizados por connotados especialistas en el tema, que las fumigaciones, que pretendían acabar con la siembra de la hoja de coca, no habrán servido para nada, salvo dañar las condiciones medio ambientales de una de las mayores reservas mundiales. El hecho de que se golpee al eslabón más débil de la cadena, el más frágil en lo económico y en lo político, los campesinos que siembran la hoja de coca, para nada afectan los aspectos medulares del “negocio”.
De las 800 toneladas potenciales que podrían producir las hectáreas sembradas de coca, el enorme esfuerzo regional para controlar su mercado, sumando el de México, Santo Domingo, Guatemala, Costa Rica, Panamá y la totalidad de los países sudamericanos, que se tornaron puentes alternos del “tráfico”, no alcanzan a sumar, en sus logros de interdicción, la incautación de 200 toneladas. Entran al mercado mundial 600 toneladas de cocaína producida en Colombia, los cuales se venden a ese promedio mundial de 100 mil dólares el kilo, lo que equivale a los 600 mil millones de dólares que identifica la ONU en acumulación de capital mundial emanada de este supernegocio.
Hay que saber también que si el precio se eleva tanto en los Estados Unidos es porque el costo de corrupción es mucho más alto que en Colombia.
Hasta aquí, en resumen, una de las funciones que cumple el “narcotráfico” en el conjunto de los mercados “globalizados” es la acumulación de capital a escala “global”, particularmente concentrado en los Estados Unidos.
Esto lo que quiere decir es que los colombianos ponemos la sangre, la salud y las selvas, para que la riqueza la acumulen otros “mercados”. Para que la acumulación del capitalismo mundial siga reproduciéndose. Para que la crisis económica de los Estados Unidos no sea de mayores proporciones.
La segunda función que, en la vía de los hechos produce la “guerra contra las drogas”, es la del dominio. Dominio político, militar y económico.
Con la certificación, por ejemplo, como amenaza continua a los países de la región, los Estados Unidos han terminado imponiendo negociaciones económicas: la ampliación de la Concesión Mares, a beneficio de la Texas Petroleum Company, la terminó otorgando a un gobierno débil y arrinconado como el de Samper, quién entre otras cosas escandalosas, la extendió a cambio de no caer en la descertificación. Pero de ejemplos equivalentes de dominio económico está llena la historia reciente de Bolivia, Perú, Paraguay, Panamá, México...
En aras de ser certificados hemos perdido soberanía territorial: aguas, cielos y se han dado acceso directo de sus agentes más encubiartos en nuestros territorios, para la observación, control y persecución en caliente, por ejemplo.
Policiaca y militarmente el avance del dominio estadounidense es mayor cada año que pasa de esta “guerra”. Comienzan por poner sus agentes, sus aparatos, sus técnicos, que les permite espiar y mantener bajo estricta vigilancia todos los operativos y acciones de nuestros ejércitos y policías y terminan por lograr un control policiaco y militar orquestado y dirigido desde el Pentágono. La lógica del entrenamiento y la asesoría en la planificación de las estrategias, tácticas y operativos, en la práctica, se convierte en la asimilación directa de los mandos extranjeros.
En los mismos Estados Unidos esa “Guerra Contra las Drogas” les ha permitido encarcelar a más de 250 mil personas, que potencialmente cuestionan ese “prohibicionismo” y a partir del cual se legitima una violencia interna en todas las barriadas pobres de ese país.
Hay que mover otras opciones. Hay que abrir nuevas alternativas. Hay que acudir a nuevas fuerzas sociales y políticas. Hay que sumar fuerzas internacionales. Así lo pensaron las organizaciones que redactaron la “Declaración de Puerto Asís” y que nosotros asumimos como encargo de difusión internacional.
Por dignidad propia y buscando otras opciones, el gobierno colombiano, debe liderar una agresiva campaña, en los Estados Unidos contra el consumo y contra la opción belicista como la única o la mejor alternativa.
Con el acompañamiento y solidaridad del conjunto de los países latinoamericanos, igualmente afectados por la política de la “Guerra Contra las Drogas”, debiera lanzarse a una muy agresiva campaña dentro de los Estados Unidos que impacte el consumo. Si para ellos el problema central es la producción de las drogas, para nosotros los latinoamericanos el problema central es el consumo. Entonces es hacia allá donde tiene que apuntar la política y el gasto de presupuesto de los países latinoamericanos.
Una campaña en que quede claro al consumidor, a su familia, a sus amistades, que cuando consumen esas líneas blancas, están simultáneamente chupando sangre del pueblo colombiano. Con su pago el consumidor compra simultáneamente las balas y las armas que mantienen a esta región en un desangre permanente. Con su dinero está financiando al sicario asesino. Tras lo blanco aparente esta la sangre sin excepción.
Una campaña en sus televisores, radios y prensa escrita. Sin contemplaciones: descarnada. Clara y abiertamente agresiva.
Cualquier campaña así costaría mucho dinero. Pero nunca tanto como el que nos está costando en vidas, en guerra y en la seguridad de quienes nos gobiernan. Por eso apelamos a la idea de que esta campaña sea concertada con los demás países de la región.
Si nuestros publicistas, con la Federación de Cafeteros de Colombia, fueron capaces de imponer la idea en el mundo entero que Colombia produce el mejor y más suave café del mundo, con el apoyo de todos los gobiernos de la región, podemos romper la aparente ingenuidad del consumidor en los Estados Unidos.
Las bombas en Nueva York y Washington sensibilizaron a ese pueblo contra cualquier forma de terrorismo. Construyamos memoria allá de todo el terrorismo por el que ha pasado nuestro pueblo.
Nada significativo pasara en Colombia si no se alteran condiciones directas en los Estados Unidos. Sabemos que se ha realizado un esfuerzo académico inmenso por parte de los colombianos que residen y trabajan en las universidades allá. Hay que hacer mucha mas presencia en ese país.
La demostración de que es factible la disminución en el consumo, es un paso previo a cualquier sugerencia de legalización, por más racional, coherente y solución real que esta sea. En este momento esta propuesta sigue percibiéndose como muy radical. Hay que buscar pasos intermedios. Si logramos demostrar que el consumo realmente puede estar bajo el propio control de los consumidores el temor a que una potencial legalización lleve al aumento generalizado del consumo se podría controvertir con hechos. Los consumidores estadounidenses han llegado a quebrar a más de una compañía cuando se logra crear una opinión nacional en contra de cierto producto o empresa. Ahora hay que apelar a que una reducción substancial del consumo puede ser el paso previo a la legalización.
PROPONEMOS
1- Que esta propuesta sea debatida por las organizaciones involucradas en la lucha por una salida negociada a los conflictos que confronta la sociedad colombiana, muy espacialmente entre quienes convocaron al Encuentro de Puerto Asís, del cual Tercos Por la Paz en Colombia hace eco.
2- Que se estudien las mejores estrategias de publicidad con aquellas agencias colombianas que solidariamente estén dispuestas a ensayar esta perspectiva.
3- Establecer un enlace, una vez más, entre las organizaciones de colombianos en el extranjero que buscan una paz negociada a la guerra en Colombia, para que iniciemos simultáneamente una búsqueda de apoyo de los gobiernos donde estemos presentes para desarrollar una iniciativa de esta índole.
4- Impulsar propuestas de organizaciones, dentro del Congreso, con el Ejecutivo, para que movilice a la diplomacia colombiana en la región en función del desarrollo de una campaña publicitaria como la que aquí se propone.
Podemos y tenemos que afectar, incidir, hacernos presentes como colombianos que buscamos y exigimos la paz, entre la sociedad, que define en buena parte las políticas internacionales del gobierno de los Estados Unidos. Podemos y debemos apelar a la solidaridad del pueblo estadounidense.
(1) Permanent Subcommitee on investigations of the
COMMITEE ON GOVERMENTAL AFFAIRS. UNITED STATES SENATE. One Hundred Sixth
Congress. First Session. Private Banking and Money Luandering: A Case Study
of Opportunities and Vulnerabilities. Printed for the use of the Committee
on Governmental Affairs. 1999.
(2) Beinstein, Jorge, Capitalismo Senil. La gran
crisis de la economía global. (en prensa, Mexico D.F., 2001).