3,350 AUTORIDADES Y DELEGADOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
ARHUACO, AWÁ, BORA, CARAPANA, CARIJONA, OCAMA, KOKONUKO, CUBEO,
CURRIPACO, DESANO, DUJO, EMBERA, EMBERA CHAMI, EMBERA KATIO, EPERARA SIAPIDARA,
UAMBIANO, GUANANO, INGA, KAMENTZÁ, KANKUAMO, KOFAN, KUIBA (WAMONAE),
MOCANÁ, MUISCA, NASA,
PAPALLACTA, PASTO, PIAPOCO, PIAROA, PIJAO, PUINAVE, SÁLIVA,
SICUANI, TAMA, TIKUNA, TOTOROES, TUKANO, TULE, U´WA, UITOTO, WAYÚU,
WIWA, WOUNAAN, YAGUA, YANACONA, YUKPA, ZENÚ.
Con los ojos de la sabiduría milenaria y en honor a nuestras leyes mayores de origen, reunidos en este Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, queremos mostrarle a Colombia y al mundo nuestros deseos de construir una esperanza de vida para la gente y la naturaleza sobre el planta Tierra. Y ratificamos que mientras existamos, estamos dispuestos a defender la vida, la cultura y el territorio.
Alrededor del fuego, en nuestras grandes malocas, nuestros espíritus danzaron al ritmo de la palabra y reunidos en minga, en el territorio ancestral y Resguardo de los hermanos Muiscas de Cota, Cundinamarca, teniendo como base y fundamento nuestro derecho mayor, la ley de origen y los principios culturales milenarios que señalan y orientan conceptos que tenemos sobre desarrollo, territorio, paz y convivencia, iniciamos una reflexión que queremos compartir con todos los colombianos.
Degustando y compartiendo el alimento de nuestra madre tierra, hemos nutrido nuestro conocimiento por que
HEMOS VISTO, OIDO Y RECORDADO
Que los territorios indígenas ancestrales son sagrados,
otorgados por nuestros Dioses teniendo presente que es el espacio donde
recreamos nuestras
culturas, nuestro pensamiento y nuestras formas de convivencia.
Que los principios de respeto a la vida, la cultura y la armonía
con la naturaleza, nos permiten proponer la necesidad de una sociedad con
dignidad,
justicia social y equidad.
Que el modelo de desarrollo implantado históricamente ha
sido excluyente, homogenizante, depredador del medio ambiente, desconocedor
de las
particularidades culturales y no responde a las aspiraciones, intereses
y derechos de los colombianos, y que por el contrario es la causa del ecocidio
y etnocidio.
Que el modelo globalizador impulsado por políticas económicas
de la banca internacional, actúa en detrimento de la integridad
cultural, la dignidad y
la soberanía nacional.
Que el Estado manipula la legislación nacional reduciendo
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas al territorio,
a la identidad, a la
diversidad, al medio ambiente sano, la seguridad alimentaria, y con
ello la garantía de las generaciones venideras.
Que el gobierno promueve situaciones que afectan a los sectores
pobres del país, entre ellas la emisión de leyes que niegan
los derechos sociales en
salud, educación y trabajo; la negligencia en la definición
de una política de ordenamiento territorial que interprete las regiones,
contemple la realidad étnica y cultural, y reconozca la participación
ciudadana en la toma de decisiones; la inexistencia de una política
de reforma agraria que responda a las legítimas reivindicaciones
de las comunidades campesinas, negras e indígenas.
Que nuestros territorios han sido profanados y arrasados por las
políticas estatales, las multinacionales y los actores armados,
quienes desconocen
nuestro derecho mayor y la autonomía territorial.
Que la confrontación armada es el producto de esas políticas
económicas y sociales desarrolladas contra los colombianos, de una
exclusión política que
lleva siglos y que se manifiesta en atropellos, crímenes, desapariciones,
desplazamiento forzados y un constante impunidad.
Que en los últimos tiempos la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armas han intensificado la violencia sobre nuestros territorios y contra nuestra gente, actualmente expresada en el asesinato de Armando Áchito, el secuestro-desaparición de Kimy Pernía Domicó, el asesinato de Cristóbal Secue, la masacre de Corinto, el asesinato de Luis Angel Chaurra, de sus dos hijas y de los otros dirigentes indígenas Embera-Chamí, en Riosucio, Caldas, en el marco del mismo Congreso de los Pueblos Indígenas. Y en la presión de todos estos grupos armados legales e ilegales sobre los territorios indígenas en especial sobre los pueblos Kakuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, Yukpa de la Serranía del Perijá, emebra y Wounaan de Juradó y el Putumayo, mediante amenazas y desplazamientos masivos.
Que los grupos armados continúan reclutando jóvenes,
irrespetando los territorios y las autoridades indígenas, poniendo
en peligro la vida de las
comunidades.
Que el proceso de negociación de paz que adelanta el gobierno
colombiano con las FARC, es excluyente de los indígenas y los sectores
sociales y no
nos sentimos recogidos ni representados por el Estado ni por las FARC,
ni por ninguno de los actores armados del conflicto.
DECLARAMOS
Ratificar el carácter sagrado de los territorios y la legitimidad histórica de la propiedad sobre ellos, por lo cual exigimos la desmilitarización total entendida como la no presencia de grupos armados legales e ilegales.
Nuestra responsabilidad y deber de aportar a la construcción de un nuevo país.
Nuestro rechazo al modelo de desarrollo que impone el gobierno nacional y nuestra decisión de unirnos a otros sectores sociales en torno a la lucha contra el neoliberalismo, el Plan Colombia, los proyectos de ley de seguridad nacional, así como a la política ambiental, porque no responden a nuestras formas de vida y violan los derechos de la población colombiana.
Que nos unimos a las voces que reclaman un inmediato cese al fuego
y de hostilidades; aunque creemos que la paz no puede entenderse como silencio
de las armas, sino como garantía de los derechos colectivos de los
pueblos y en general de todos los colombianos. Al igual que los diferentes
sectores
sociales del país, soñamos construir una política
de paz con justicia social; lo que significa para todos democracia real,
respeto a la vida; una política que busque superar la miseria y
la pobreza; y para nosotros, reconocimiento a la diversidad étnica
y cultural.
Que no es política de los pueblos indígenas participar
del conflicto armado y en este sentido, defenderemos sin pausa la autonomía,
la ley y el gobierno
indígena.
Que la fuerza de los Mamos, los Jaibaná, los Chamanes,
los Werjaya, los Tewala, médicos y autoridades tradicionales, nos
han guiado y aconsejado
permanecer en nuestras tradiciones y seguir siendo indígenas
para defender nuestra existencia.
Por lo tanto;
Manifestamos nuestro enérgico rechazo a los intentos de
los medios de comunicación, del gobierno nacional y algunos candidatos
presidenciales de
utilizar la defensa de las comunidades de Caldono como ejemplo de una
supuesta acción contrainsurgente de los pueblos indígenas;
lo que defendemos
es la vida y nuestra dignidad.
Expresamos que ante la gravedad del problema que se presenta en
nuestra comunidades por el conflicto armado, seguiremos defendiendo nuestra
autonomía territorial, exigiendo respeto por nuestras leyes
propias y formas de gobierno. En consecuencia asumimos el compromiso desde
nuestros
principios de respeto, solidaridad, reciprocidad, equilibrio y complementariedad,
de apoyar iniciativas de paz y convivencia para los colombianos.
Definimos tomar la decisión de conformar la Mesa de Trabajo Indígena por la Paz, la cual debe servir para acordar acciones en el proceso de búsqueda y movilización por la convivencia, adelantar procesos de interlocución con los actores armados y con el Estado en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Asumimos que la existencia de la guerra no puede ser una excusa para
que se violen los derechos humanos y se infrinja el derecho internacional
humanitario. En consecuencia exigimos al Estado garantizar el pleno
ejercicio de los derechos humanos y asumir la investigación, esclarecimiento
y castigo de las violaciones a los Derechos Humanos y Colectivos de
los pueblos indígenas y el cese de políticas neoliberales.
A los grupos paramilitares detener los asesinatos, masacres, secuestros,
señalamientos, amenazas y desplazamientos de las comunidades, que
están motivados por los intereses económicos de megaproyectos
y terratenientes. Y en la insurgencia para sus acciones criminales contra
las comunidades y dirigentes de los pueblos indígenas.
Resolvemos impulsar una gran Campaña Nacional e Internacional
por la Vida y la Autonomía de los Pueblos Indígenas y la
realización de un Juicio Político al Estado -desde la justicia
indígena- por los atropellos históricos, la discriminación
y el exterminio sistemático de pueblos indígenas. Unido a
ello, reclamamos de la comunidad internacional, su concurso y solidaridad
con el pueblo colombiano y en particular con nuestros pueblos para que
no
financie al Estado Colombiano proyectos que comprometan la integridad
étnica y cultural, el medio ambiente y los Derechos Humanos. Así
como mantenerse alerta frente al desarrollo de procesos tendientes a solucionar
el conflicto social y armado del país.
Reafirmamos nuestro ser indígena y desde nuestro pensamiento
seguir trabajando en la unidad, en la defensa territorial, en el fortalecimiento
de
nuestras autoridades, en el respecto de la madre tierra y en la posición
de autonomía que hemos asumido como pueblos.
Finalmente proponemos al conjunto del movimiento popular la creación
de una Alianza para la Paz, para sumarnos al trabajo con otros, campesinos,
negros, sindicales, raizales, mujeres, en la construcción de una
propuesta alternativa de paz, abierta, de cada al país, donde tengamos
el derecho de
decirle a los grupos armados y al Estado lo que pensamos y queremos
en relación con la paz, y el derecho de decidir sobre el tipo de
sociedad al
cual aspiramos.
Una vez más, ratificamos nuestra actitud de pueblos en
resistencia y en virtud de nuestro derecho a la libre autodeterminación
permaneceremos en
nuestros territorios ejerciendo control y autonomía.
SOMOS PUEBLOS DE LA TIERRA
SOMOS PUEBLOS DE VIDA
SOMOS PUEBLOS EN RESISTENCIA