PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO BASES 1998 - 2002
"CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ"
DESARROLLO Y PAZ: INSTRUMENTOS Y PRIORIDADES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
SECTOR
AGROPECUARIO
Presidencia de la República
Departamento Nacional de Planeación
Noviembre de 1998
El sector agropecuario jugará un papel prioritario en
el Cambio para construir la paz, que surge de la profunda convicción de
que el abandono que ha sufrido el campo durante décadas por parte de la
sociedad colombiana y del Estado es una de las causas que hoy tienen a Colombia
dividida entre el país urbano y el país rural, y entre el país moderno y el
país atrasado.
Para modificar este escenario se necesita que el
Estado genere las condiciones para que la sociedad se vuelque sobre el campo
para invertir en proyectos productivos, generar riqueza y empleo, y demostrarle
a los violentos que así se construye una nueva Colombia, explotando las
ventajas competitivas con tecnologías adecuadas, utilizando la mano de obra
nacional y respetando el principio de sostenibilidad de los recursos
productivos.
Ello demanda el diseño de instrumentos claros y
transparentes y de apoyo a las iniciativas empresariales y campesinas que
busquen generar riqueza y bienestar. Se trata de otorgar subsidios o exenciones
a quienes inviertan en el campo y generen empleo.
A. DIAGNÓSTICO:
ESTANCAMIENTO RELATIVO Y RECOMPOSICIÓN
Durante la última década, el sector agropecuario
muestra una tendencia paulatina hacia el estancamiento. De una tasa promedio de
crecimiento del 4.2% en el período 1986‑1989, en la presente década tan
sólo ha crecido al 2%, con tasas negativas de -1.2% y -0.4% en 1996 y 1997
respectivamente. Cálculos preliminares para 1998 advierten que el crecimiento
del sector no superará el 1%. Si bien es natural en el proceso de desarrollo
que la participación del sector agropecuario vaya perdiendo peso en el producto
total, más por el gran dinamismo de otros sectores, la marcada caída que se
observa de la participación del sector en el producto total a partir de 1991
confirma el relativo estancamiento del agro (Gráfico).
Al descomponer la producción del sector en cultivos
transitorios, permanentes, café y la actividad pecuaria se encuentra que la
dinámica del crecimiento ha sido muy disímil entre los diferentes subsectores.
Por una parte, los cultivos transitorios pasaron de tasas positivas de
crecimiento, 4.8% en promedio en el período 1986‑1989, a tasas negativas
de -2.3% en el período 1990‑1997; en su interior, los cereales y las
oleaginosas tuvieron caídas del -2.6% y -4.5% respectivamente en el último
período. Por el contrario, otros transitorios como la papa y las hortalizas
mantuvieron una tasa positiva de crecimiento.
Los cultivos permanentes, pese a que tuvieron una disminución
en la dinámica de crecimiento, mantuvieron tasas importantes durante la
presente década. De 4.5% entre 1986‑1989, pasaron a 4.3% entre 1990‑1997.
El café que continúa como el principal producto del sector, también presentó
variaciones sustanciales en periodos cortos, aunque mantuvo un pequeño
crecimiento en los dos periodos analizados, al pasar de 0.2% a 0.7%. El
subsector pecuario, por su parte, mantuvo en la presente década su dinámica de
crecimiento con una tasa promedio de 3.6%.
Esta dinámica diferenciada de crecimiento ha generado
una nueva composición de la producción del sector, en la cual los cultivos
transitorios pasaron de representar el 24.3% en 1985 a tan sólo 17.5% en 1997.
Los cultivos permanentes aumentaron su participación de 28.4% en 1985 a 34.3%
en 1997. De otra parte, el café perdió participación al pasar de 12.1% en 1985
a 8.4% en 1997 mientras que el subsector pecuario pasó de representar el 35.1%
en 1985 a 39.8% en 1997.
Los fenómenos descritos desembocaron en una reducción
y recomposición del área cultivada. En efecto, el área agrícola se redujo en
unas 800 mil hectáreas desde comienzos de la década hasta 1997. La reducción se
concentra en los cultivos transitorios (870 mil hectáreas) y en café (150 mil
hectáreas), mientras que los permanentes en general presentaron un aumento de
200 mil hectáreas.
Analizada la información sobre contracción de áreas en
cultivos transitorios y crecimiento menor en cultivos permanentes es claro que
la política agropecuaria habría debido facilitar esta transformación diseñando
los instrumentos adecuados para ello, que dependen de las particularidades de
los cultivos permanentes como el tardío rendimiento de la inversión y el riesgo
asociado al hecho de que en muchos casos son nuevos.
Como contrapartida de la recomposición mencionada se
observó en el período un aumento general de la productividad por hectárea de la
agricultura y de los distintos tipos de cultivos.
Al interior del subsector pecuario, también ha habido
una recomposición en la presente década. En efecto, el sector avícola y el
sector lechero mostraron un crecimiento importante. De una participación del
27% y 20% respectivamente dentro del sector pecuario en 1985, pasaron a
representar el 36% y 24% en 1996. Este aumento de participación fue en
detrimento de la participación de la carne.
1. Composición regional
Una dimensión importante de las transformaciones
observadas en la última década en el sector agropecuario es la recomposición
regional de la producción y uso de la tierra. El balance, comparando la
situación de hectáreas cultivadas entre 1990 y 1997, muestra una contracción
global de -827.2 mil hectáreas, siendo las regiones Caribe, occidental y centro‑oriente
las de las mayores reducciones.
El fenómeno anterior está explicado, en todos los
casos, por una caída importante de los cultivos transitorios, la cual fue
neutralizada parcialmente por un incremento en las áreas sembradas en cultivos
permanentes. En efecto, la contracción del área en cultivos transitorios fue
del orden de -879.1 mil hectáreas, mientras que hubo incremento en permanentes
del orden de 204.1 mil hectáreas.
Desde el punto de vista regional, si se tiene en
cuenta la reducción absoluta de área cultivada es claro que la preocupación por
reactivar la producción agropecuaria tiene que concentrarse en las regiones
Caribe, occidental y centro‑oriente, en orden de importancia.
2. Empleo
Para el período 1988‑1995, el empleo creció 1.5%
por año en promedio. Quizá la transformación más importante, a la par con esta
tendencia, ha sido la recomposición sectorial del empleo. De 61% del total
nacional que era generado en 1988 en el sector agropecuario, se ha pasado a
menos del 55% en los últimos años. Esta recomposición se ha dado hacia un mayor
empleo en servicios tales como comercio, transporte y servicios financieros.
3. Comercio exterior
Pese al panorama descrito anteriormente, en el frente
externo la evolución de las exportaciones de origen agrícola y agroindustrial
tuvieron un desempeño satisfactorio. En efecto, entre 1990 y 1997 crecieron a
una tasa anual promedio de 10.7%, pasando de US$ 2.503.9 millones a US$ 4.387.2
millones, con lo cual aumentaron su participación en el valor total de las
exportaciones en dicho período de 37.2% a 38%.
Por su parte, las importaciones de productos de origen
agropecuario y agroindustrial, tuvieron un incremento mucho mayor al de las
exportaciones, creciendo en el mismo período a una tasa promedio del 50.1% por
año que las llevó a aumentar de US$ 433.6 millones en 1990 a US$ 1.955.2
millones en 1997. De esta manera, aumentaron su participación en el total de
las importaciones de 8.3% a 13.8%.
El balance comercial agropecuario y agroindustrial,
aún con el mayor dinamismo observado en las importaciones, se mantiene
superavitario. En efecto, de un superávit de US$ 2.070 millones en 1990 se pasó a US$ 2.432 en 1997.
Se infiere de las cifras anteriores que las mayores
importaciones de bienes agropecuarios desplazaron parcialmente la producción de
cultivos transitorios y contribuyeron a satisfacer el crecimiento de la demanda
doméstica (avicultura, por ejemplo) y de las exportaciones de bienes del sector
agroindustrial (galletería, por ejemplo).
4. Instituciones: recursos gastados
ineficientemente
El gasto público de inversión en el sector
agropecuario durante la presente década tuvo un comportamiento creciente hasta
1996, momento a partir del cual se contrajo hasta llegar en 1998 a un nivel
comparable al de 1991, el más bajo de la década. Como porcentaje del gasto
público del gobierno central, el gasto destinado al sector llegó a representar
a comienzos de la década del noventa algo más del 6%, cifra que se redujo
paulatinamente hasta alcanzar el 2% en 1997.
Al desagregar este gasto entre funcionamiento e inversión,
se observa a lo largo de la década que los gastos de funcionamiento han
permanecido estables alrededor de 120 mil millones de pesos (pesos de 1998),
mientras que variaciones principales se han presentado en los gastos de
inversión.
En el Incora, se observa que el gasto de
funcionamiento ha representado históricamente más del 50% del monto destinado a
programas de reforma agraria. A mediados de 1998, este instituto contaba con
1.470 funcionarios, lo que se ha reflejado en un alto costo de la inversión por
familia beneficiada.
El Inat, por su parte, es una entidad costosa en
relación con los programas que ejecuta. Cuenta con cerca de 840 funcionarios,
de los cuales aproximadamente el 40% están ubicados en Bogotá y el resto en las
veinte regionales. En el cuatrienio anterior tan sólo se adecuaron 23.500 ha.
En el Inpa, el gasto de funcionamiento llega a ser superior al monto destinado
a la inversión.
El análisis de la información disponible permite
concluir que las entidades del sector se encuentran demasiado centralizadas en
su operación y que han tenido muchos programas dispersos para apoyar al sector
rural.
En síntesis, el sector muestra los siguientes
problemas: (i) centralismo excesivo; (ii) personal excesivo; (iii) demasiados
objetivos de política, que impiden la focalización y la eficiencia del gasto.
Estos elementos cuestionan la efectividad de las instituciones del Estado para
atender las necesidades del sector agropecuario y facilitar su crecimiento y
transformación hacia una agricultura más competitiva en un contexto
globalizado.
B. POLÍTICAS
La actual administración tiene la plena convicción de
que la nación colombiana necesita encontrar los caminos de entendimiento y
reconciliación entre sus ciudadanos para que en un ambiente de paz y justicia
social, se transite por una senda de progreso de manera sostenida. El sector
agropecuario, como escenario principal de los conflictos armados, resulta
fundamental para alcanzar dichos objetivos, dado que en la medida en que se
resuelvan las grandes contradicciones y diferencias que allí se presentan, se
estará avanzando de manera decidida en el logro de la paz.
En el ámbito productivo, se buscará la generación de
nuevos proyectos y modelos en cadenas integradas de gran impacto regional, que jalonen
la inversión y permitan la reconversión y modernización de la producción
agropecuaria, elevando de manera significativa la competitividad, el volumen de
la producción y las exportaciones con impactos positivos sobre la generación de
empleo y riqueza en el contexto rural.
El objetivo general del Cambio para construir la
paz para el sector agropecuario es integrar al sector rural mediante una
política que busca proveer condiciones para un desarrollo competitivo,
equitativo y sostenible del campo, en su diversidad y complejidad.
Para el logro de este objetivo se parte de las
siguientes premisas:
-
Se
propugnará por la definición de un entorno macroeconómico favorable para el
desarrollo del sector agropecuario.
-
Se buscará
generar condiciones de paz y de seguridad que permitan adelantar una política
de reconstrucción de la sociedad rural.
-
Las
políticas del sector estarán de acuerdo con los lineamientos de la Organización
Mundial del Comercio, los convenios internacionales suscritos por el país y las
tendencias generales del mercado mundial agropecuario.
-
El
liderazgo y la definición de las actividades de inversión residen en el sector
privado.
-
El
gobierno actuará como impulsor y facilitador de los procesos sociales y
económicos.
Los componentes de la política agropecuaria serán:
-
Cadenas
productivas
-
Desarrollo
rural
-
Cambio
institucional
1. Cadenas productivas
Dadas las restricciones presupuestales con que cuenta
el país y el cúmulo de necesidades que demandan atención por parte del Estado y
a las cuales ha de responderse con los limitados recursos del presupuesto, las
políticas, planes y programas para las cadenas productivas del sector
agropecuario estarán regidos por el criterio de optimización, transparencia y
justicia en una concepción para la cual esta última implica imparcialidad
respecto a los intereses de los actores sociales que intervienen en las
distintas fases de la cadena productiva procurando la cooperación entre ellos y
el bien común.
Por tanto, los recursos públicos destinados al impulso
de las cadenas productivas se destinarán a campos y actividades que garanticen
la más amplia cobertura de efectos y el mayor impacto de desarrollo sobre la
competitividad de toda la cadena. Para el caso que nos ocupa, esos campos de
acción son las políticas de incentivos a la inversión y capitalización en el
sector, las políticas de fomento al desarrollo tecnológico, las políticas
comerciales agropecuarias y las de coordinación de los agentes componentes de
las cadenas productivas.
En la definición y concreción de las políticas aquí
señaladas, el gobierno para buscar la eficiencia y pertinencia de las mismas,
contará con la cooperación social de los sectores productivos nacional,
regional y local, para hacer de la orientación de las políticas un trabajo de
concertación permanente entre los sectores público y privado.
a.
Inversión
rural. Se promoverán los
mecanismos existentes y se diseñarán otros nuevos con el fin de atraer
inversión al sector, subsidiando de manera adecuada nueva inversión en
tecnología, en bienes de capital, en desarrollo de infraestructura y en
aprovechamiento de economías de escala. En este esquema se privilegiará la
inversión que incorpore alianzas productivas entre grandes y pequeños
productores.
Dentro de esta estrategia se incrementarán los
recursos destinados al Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, al Certificado de Incentivo
Forestal, CIF y al seguro
agropecuario. Se promoverá la creación de formas innovadoras de inversión tales
como un fondo que compense el riesgo inherente a la inversión en proyectos
productivos novedosos, y de proyectos localizados en ambientes donde existen
externalidades causadas por la inseguridad y un fondo de inversión para desarrollar
el mercado de capitales en el campo, con el criterio de que los pequeños
productores puedan acceder a este tipo de instrumentos.
A través del CIF
se promoverá la conformación de núcleos forestales que consoliden una base de
nuevas plantaciones productivas, para la promoción de una actividad prioritaria
y estratégica que tiene claras oportunidades hacia la exportación,
contribuyendo a la generación de empleo y la capitalización rural.
Se dotará a la Corporación Colombia Internacional, CCI, de recursos para que se convierta
en una verdadera incubadora de proyectos productivos sobre la base de una labor
de investigación e inteligencia de mercados y de promoción de proyectos con
potencial exportador.
Dentro del sistema nacional de crédito agropecuario se
promoverán líneas de crédito que se adapten a los flujos de recursos de los
proyectos productivos con potencial competitivo pero de tardío rendimiento. Por
otra parte, el gobierno nacional replanteará el financiamiento rural y evaluará
la gestión de la Caja Agraria para garantizar el cubrimiento efectivo y
eficiente de las necesidades de crédito para los pequeños productores y para
las comunidades rurales en su proceso de desarrollo.
Para dinamizar el proceso de adecuación de tierras,
los recursos disponibles serán administrados por Finagro. El Consejo Superior
de Adecuación de Tierras, Consuat, evaluará con criterios técnicos la demanda
proveniente de las asociaciones de agricultores, empresarios del campo y de
entidades territoriales. El esquema financiero deberá utilizar una combinación
de crédito con subsidio para la realización de las obras y para la recuperación
de los recursos invertidos, esquemas de concesión y cobro de tarifas por uso.
Las instancias regionales de gobierno tendrán la misión de identificar y
promover los proyectos pertinentes a sus necesidades de desarrollo.
b.
Ciencia
y tecnología. La acción del Estado en
los campos de la ciencia y la tecnología sectorial responderá a la siguiente
concepción del accionar científico y tecnológico: el subsistema agropecuario
del sistema nacional de ciencia y tecnología y sus productos surgen de un
conjunto de personas, entidades y agentes relacionados directa o indirectamente
mediante su quehacer científico y tecnológico al servicio del sector.
En consecuencia, la acción del Estado fortalecerá el
funcionamiento de este sistema en los campos de generación, transferencia,
asistencia técnica y adopción tecnológicas, para garantizar que sus funciones
se integren de manera que las soluciones requeridas lleguen efectivamente al
productor y posibiliten el proceso de cambio.
En desarrollo de esta estrategia, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y Colciencias seguirán actuando coordinadamente
con el Consejo de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y con los componentes del
sistema en el ámbito nacional y regional. El fortalecimiento del subsistema de
ciencia y tecnología agropecuaria incluirá modelos participativos de
orientación, información, financiación de los proyectos de ciencia y tecnología
y formación del capital humano.
Los recursos de inversión pública destinados a
financiar la ciencia y la tecnología se orientarán mediante un mecanismo de
competencia, entre otros, a través de los fondos parafiscales, Colciencias, el
Sena, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de su Programa Nacional
de Transferencia de Tecnología, Pronatta, y del programa de fortalecimiento del
sistema financiado con recursos del BID;
y de manera indirecta a través del apoyo a Corpoica, que actúa como eje del
sistema y que coordina la más amplia red de centros de investigación del
sector.
Corpoica seguirá atendiendo principalmente los campos
de la investigación básica y estratégica no apropiable por el sector privado en
productos relevantes de la economía nacional y con potencial competitivo que no
cuenten con entidades que asuman sus necesidades tecnológicas, como el
mantenimiento y desarrollo de los bancos de germoplasma y en los campos de la
ingeniería genética y de la bioseguridad. Se tomarán medidas para que Corpoica ajuste su tamaño de acuerdo con las prioridades y
necesidades mencionadas y para que otras instituciones de investigación del
sector agropecuario tengan acceso a su infraestructura.
Por otra parte, se continuará estimulando la creación
de entidades privadas de investigación, que se financien con recursos
parafiscales, así como la participación creciente de las universidades y
centros privados de investigación en la generación y transferencia de
soluciones tecnológicas para el sector, dentro del marco del fortalecimiento
del sistema nacional de ciencia y tecnología.
El ICA
continuará ejecutando la política de sanidad agropecuaria procurando aumentar
la eficiencia en el gasto. Algunas de las labores que realiza actualmente se
delegarán a entidades privadas o universidades. En desarrollo del sistema
nacional de protección agropecuaria, Sinpagro, que lidera el ICA, se dispondrá de recursos de un
crédito externo contratado con el BID
para este fin.
c.
Comercio
exterior. Ésta contribuirá tanto al
crecimiento de las exportaciones agropecuarias como a la sustitución de
importaciones con productos que puedan competir en una economía globalizada.
En cooperación con el sector privado y en el marco de
los acuerdos sectoriales de competitividad, se definirán escenarios claros de
desmonte gradual de barreras comerciales, en correspondencia con los logros de
competitividad de la producción nacional y con la evolución de los escenarios
internacionales de comercio.
Se apoyará la investigación de mercados
internacionales para productos agropecuarios y agroindustriales identificando y
promoviendo oportunidades para bienes de origen agropecuario que potencialmente
puedan ser producidos en el país, así como la promoción de éstos con proyectos
demostrativos. Para ello se fortalecerá financieramente a la CCI, Proexport y a otras entidades
públicas.
d.
Comercialización
interna. Se modernizarán y harán
eficientes los sistemas de comercialización agropecuarios, consolidando los
nexos entre el inversionista urbano y el rural, para reducir la incertidumbre
de los productores y mejorar su capacidad de negociación, reducir los costos de
transacción en las cadenas comerciales, aumentar la competitividad del sector y
generar efectos redistributivos en favor del productor al reducir
intermediarios.
Se impulsarán y desarrollarán formas innovadoras de
comercialización que enriquezcan la gama de pautas contractuales tales como las
de agricultura por contrato y compra directa, las operaciones de venta con
pacto de recompra, Repos, las operaciones con títulos o instrumentos
financieros cuyos subyacentes sean productos agropecuarios, los contratos a
futuro y las mesas de opciones, el sistema de compraventa anticipada de
cosechas y la rueda de transporte, algunos de los cuales ya están siendo
adoptados por la Bolsa Nacional Agropecuaria.
Para mejorar la eficiencia de la comercialización
tanto interna como externa y ganar competitividad se continuará apoyando el
desarrollo de normas técnicas, sistemas de calidad total y sistemas de
información comercial que permitan a los agentes mejores condiciones para la
toma de decisiones.
Con el propósito de contrarrestar los desequilibrios
en los mercados se continuará apoyando y fortaleciendo los instrumentos de
reconocimiento y pago de incentivos, subsidios y compensaciones a la
comercialización, procurando que estos instrumentos no generen distorsiones en
los mercados y en la asignación de recursos entre los factores productivos.
Para desarrollar los sistemas de información en
consonancia con las necesidades de las cadenas productivas, el gobierno
nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Colciencias, la CCI y
otros agentes, consolidará el montaje, la constitución y socialización del
sistema nacional de información agropecuaria.
e.
Coordinación
entre agentes de las cadenas productivas. En procura de la concertación de los sectores
público y privado para asegurar la mayor eficacia en el logro de los objetivos
de la política se fortalecerán las instancias de coordinación y cooperación,
tales como los acuerdos sectoriales de competitividad, los foros nacionales y
regionales de ciencia y tecnología agroindustrial y otros encaminados al mismo
propósito.
2. Desarrollo rural
El desarrollo rural se consigue como un proceso
endógeno, autosostenido y descentralizado de mejoramiento de las condiciones de
vida de las sociedades rurales, con niveles crecientes de participación tanto
en las decisiones como en los beneficios materiales y culturales. En
consecuencia, la estrategia de desarrollo rural debe trascender la dimensión de
los problemas agrícolas y pecuarios e involucrar todos los aspectos
relacionados con la dinámica social por lo cual ésta compromete necesariamente
una acción coordinada de los distintos niveles del Estado y la sociedad civil.
Las políticas deben partir de la necesidad de
reconstruir el tejido social de las comunidades en lo económico, lo político y
lo cultural, para que los agentes y subsectores que allí actúan participen de
manera equitativa, en la solución de sus problemas y accedan a los beneficios
del progreso. Estas políticas, orientadas a superar la aplicación de medidas
económicas imparciales hacia el sector, implican una activa participación del
Estado, el sector privado empresarial y las comunidades, con el liderazgo del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la coordinación, asignación
eficiente de recursos e impulso de los procesos de desarrollo que diversifiquen
las fuentes del ingreso.
Los recursos públicos fomentarán nuevas actividades y
procesos, que aprovechando las potencialidades y ventajas regionales, tengan
efectos multiplicadores y vinculen la producción al desarrollo, de tal forma
que la población en su conjunto pueda contribuir al crecimiento económico y
recibir los beneficios que ofrece la internacionalización económica.
Igualmente, de manera integral y de acuerdo con cada uno de los ámbitos de
competencia institucional, se mejorará el acceso y la calidad a los servicios
sociales.
a.
Núcleos
de desarrollo productivo. Como
estrategia para la integración de la sociedad rural se impulsarán núcleos
productivos agrícolas y forestales, en los cuales se focalicen los esfuerzos de
apoyo estatal al desarrollo rural. Éstos se entienden como procesos
socioeconómicos generados alrededor de una actividad principal en la cual las
comunidades rurales se integren con el sector empresarial en alianzas
estratégicas dentro de procesos productivos exitosos ya emprendidos o con altas
posibilidades de competitividad.
Con el desarrollo de esos núcleos, el gobierno
nacional se propone contribuir a la reconstrucción del tejido social rural,
aprovechar las experiencias productivas exitosas, generar protección social
para la inversión, promover condiciones de acceso gradual a la propiedad y
fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales con los efectos
multiplicadores del ingreso generado en forma estable.
Esta estrategia contará, además de los recursos del
sector privado, con fondos públicos y originados en el Fondo para la Paz y en
cooperación internacional.
b.
Reforma
agraria. En la ejecución del
programa de reforma agraria se propenderá por la utilización de un modelo
eficiente y transparente para la negociación voluntaria y la compra de tierras,
dentro de proyectos productivos concretos, realizados de manera descentralizada
y con veeduría ciudadana. Se pondrán en marcha además mecanismos para que los
beneficiarios de reforma agraria tengan la posibilidad de diseñar proyectos
productivos en los que, dependiendo de su costo, se pueda financiar parcial o
totalmente no sólo la tierra sino también activos productivos necesarios en el
proyecto.
En regiones donde sea factible se buscará la
vinculación de capital privado a través de recursos financieros o tierras para
el mejoramiento del acceso al recurso por parte de trabajadores sin tierra,
bajo la modalidad de un programa de alianzas productivas para la reactivación
sostenible del agro que liderará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Con esta política se pretende convertir el campo en un
negocio productivo para todos, impulsando proyectos de inversión
descentralizados que permitan un desarrollo en el que exista una estrecha
asociación entre los diferentes actores de la cadena productiva y con un alto
nivel de participación de los productores en el proceso de definición de su
futuro.
De otra parte, durante el presente cuatrienio se
avanzará hacia el desarrollo integral de las zonas de reserva campesina, lo que
supone un proceso de ordenamiento territorial del país, con la participación de
todos los actores. Éstas podrán ser definidas tanto en las áreas de
colonización como dentro de la frontera agrícola. Parte de las tierras para las
zonas de reserva campesina provendrán de la extinción de dominio de las tierras
adquiridas mediante actividades ilícitas y además se privilegiará su creación
en áreas de conflicto de forma tal que se evite el desalojo posterior de los
campesinos hacia regiones económica y ambientalmente insostenibles.
c.
Coordinación
interinstitucional para el desarrollo rural. Para orientar de una manera integral los diferentes
elementos del desarrollo rural, se establecerá un comité de coordinación
interinstitucional de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo y
Transportes, entre otros, liderado por el Ministerio de Agricultura y
administrado a nivel de los viceministros de cada cartera. Uno de los
principales criterios a tener en cuenta por este comité en la asignación de
recursos será el trabajo alrededor de los núcleos productivos que se
establezcan durante el cuatrienio.
La política de cofinanciación del desarrollo rural que
tradicionalmente ha venido ejecutando el DRI
será desarrollada por entidades como la Red de Solidaridad, el Plante y
Findeter, dependiendo del tema de que se trate. Se procurará además que los
entes territoriales y municipales asuman su responsabilidad en materia de
política social. La Caja Agraria continuará con la atención de los planes de vivienda
rural. A su vez, Findeter ejecutará los programas de acueductos veredales, los
caminos rurales y el fortalecimiento institucional y de las organizaciones
campesinas. En este traslado de funciones y recursos hay que garantizar que las
entidades receptoras guarden los cupos y atiendan la demanda de estos
programas, dándole prioridad similar a los demás programas que desarrollan. Se
procurará que en esta transición se atienda prioritariamente la demanda surgida
de los municipios pobres con baja capacidad de planeación y ejecución.
Dada la creciente importancia de la mujer en las
comunidades rurales y el crecimiento relativo del número de mujeres cabeza de
familia en el campo, las políticas de desarrollo rural tendrán entre sus
criterios el de la equidad de género, el cual se materializará como componente
de los proyectos.
El enfoque general del programa Plante, en
coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se
concentrará en impulsar opciones de desarrollo productivo alternativos a los
cultivos ilícitos. Bajo esta perspectiva, con recursos del presupuesto
nacional, de crédito externo y cooperación técnica internacional, se
desarrollarán planes regionales de desarrollo alternativo, que cuenten con
apoyo comunitario y que sean un instrumento importante en el objetivo de
alcanzar la paz en regiones convulsionadas por la violencia.
3. Cambio institucional
Para la adopción de las políticas del Cambio para
construir la paz en el sector rural es preciso que las entidades del Estado
correspondan en su naturaleza, en sus funciones, en su dimensión y en su
cooperación a los objetivos aquí determinados. Para lograr esa correspondencia
es necesario adecuar la actual institucionalidad pública haciendo los ajustes
necesarios.
Los criterios que guiarán el ajuste institucional en
el sector agropecuario son la pertinencia entre instituciones y políticas, el
afianzamiento de los procesos de descentralización, la eficiencia en el
cumplimiento de las funciones, la transparencia en el manejo de los recursos,
así como en la toma de decisiones y la integralidad.