SOBERANÍA ALIMENTARIA:
Creación
de poder civil a condiciones colombianas, frente a las políticas
internacionales
Mario Mejía Gutiérrez
Profesor, investigador,
candidato al Premio Nacional de Agricultura
“...A pesar de las dificultades y frustraciones del
momento, todavía tenemos un sueño”.
(Martín Luther King, 1963)
Resumen:
Se hace un recuento de las
modalidades alimentarias durante la época precolombina. Se mencionan las
estructuras coloniales sobre las que descansó el abasto alimentario. Se señalan
las tendencias agrarias predominantes durante el siglo XIX y primera mitad del
siglo XX. Se hace referencia a procesos de descomposición del campesinado. Se
enumeran las políticas tocantes con el abastecimiento alimentario sucesivamente
aplicadas durante la segunda mitad del siglo XX. Se sugieren algunas ideas al
respecto del papel de la sociedad civil en la modernidad frente a las políticas
alimentarias internacionales. Se disoña hacia una recomposición campesina en la
posmodernidad.
MODALIDADES ALIMENTARIAS
PRECOLOMBINAS
Algunas de estas
modalidades poseen vigencia actual (rozas o chagras o conucos, huertos de
frutales, y apropiación directa de los recursos del entorno) y pueden ser
potenciadas mediante propuestas provenientes del campo de las agriculturas
alternativas.
Una de las características
más llamativas de la agricultura prehispánica lo fue el control simultáneo de
diversos pisos altitudinales en los Andes, obviamente porque cada cultura o
grupo aspiraba a la mayor diversidad de abastecimientos.
La interpretación
arqueológica de algunas estructuras agrarias precolombinas sugiere cifras de
capacidad demográfica desde muy bajas hasta llamativamente altas (Mejía, M,
1998):
-
Para los
“campos alzados” de los bajos San Jorge, Cauca y Sinú: mil habitantes por
kilómetro cuadrado.
-
Para
agricultura de corte y quema por maíz: 27 a 70 habitantes por kilómetro
cuadrado.
-
Para la
chagra de yuca amazónica por corte y quema: de 10 a 170 habitantes por
kilómetro cuadrado.
(Una discusión más amplia
de estas cifras y del control simultáneo de pisos altitudinales se encuentra en
“Agriculturas para la vida”, del autor, capítulo “Colombia: evolución y
sustitución de los sistemas prehispánicos de aprehensión de los recursos
naturales”).
Desde el simple punto de
vista de la subsistencia alimentaria, podríamos provocar un debate sobre la
validez actual de las modalidades agrícolas prehispánicas para soportar cifras
demográficas mayores que las colombianas del momento. Pero es obvio que nuestra
sociedad moderna ha sido estructurada para extraer del campo bastante más que
la llana subsistencia: el excedente económico de los trabajadores del campo.
Pero la diferencia fundamental consiste hoy en que el 80% de la población ha
derivado al contexto urbano.
En comunidades indígenas
todavía no deculturadas, los niveles de nutrición superan los promedios de
calorías y de proteínas recomendadas por la OMS –Organización Mundial de la
Salud-; los esposos Brent así lo hallaron (1978) en comunidades Aguarunas de la estrella fluvial del Marañón: 3.356 kca
diarias frente a 2.252 de la OMS, y 109.6 gramos diarios de proteína frente a
40.0 de la OMS.
SURGIMIENTO COLONIAL DEL
CAMPESINADO LIBRE
Frente al modelo
alimentario indígena de raíces y pescado, los españoles traen un régimen
carnívoro, que reconstruyen en América con base en ganadería vacuna; el
instrumento más eficaz de posesión señorial con respecto a la tierra: las
“mercedes” de tierras a militares y comerciantes constituyeron las bases de
esta posesión señorial.
Al mismo tiempo la encomienda,
fue creada desde el principio esencialmente como una obligación indígena
alimentaria a favor del invasor. Desde entonces, al nativo y al pobre del campo
se les compele hacia el abasto de alimentos frescos y de especies animales
menores, situación que se mantiene también a través de la república hasta la
modernidad (su expresión gubernamental más reciente es el programa DRI
–Desarrollo Rural Integrado).
Los resguardos o
sectores legalmente inaccesibles a españoles y reservados a comunidades
indígenas, fueron creación de los Austrias ante la catástrofe demográfica
inicial de la conquista.
Son los Borbones quienes,
doscientos cincuenta años después, promueven la transferencia de los resguardos
a mestizos y españoles creando así una base de peones, aparceros y
arrendatarios necesaria para un mayor desarrollo de las haciendas y para
mantener en este sector la seguridad alimentaria.
Unos sesenta años después
de las primeras introducciones de ganado vacuno al actual territorio colombiano
(1535 en adelante) comenzó a generarse un excedente de carne cuyo destino
fueron las plazas militares y los poblados controlados por españoles de origen:
el régimen carnívoro de éstos fue extendido a los sectores populares a través
del abasto a las zonas mineras y de convenios con las autoridades, constituidas
por los mismos militares, comerciantes, mineros, hacendados. En general, la
Nueva Granada estructuró su actividad agrícola como retaguardia de la minería
de oro.
En la gobernación de
Popayán quedaron documentadas crisis de abasto de carne (veranos, pestes), en
1683 – 1689, 1741 – 1747, 1785 – 1789, 1793 – 1797, según Colmenares, 1979: “en
1763, el Procurador de ese año hablaba de la carne como el más necesario
alimento con que se mantienen así los ricos como los pobres;... otro
Procurador en 1741, admitía que los ricos pueden, en caso de urgencia,
subrogar en sus mesas viandas que lleven el lugar de la carne. El
Procurador de 1741 menciona los clamores de la república
por falta de carne; y el de 1755 hablaba de la grave consternación en que se
halla el común por la falta de carne, único abastecimiento de este país, cuya
falta no hay con que suplir, por ser los
demás mantenimientos de él escasos”... Hacia 1666, la arroba de carne valía
en Popayán entre 2.5 y 2.75 reales, precio triplicado un siglo más tarde, y
quintuplicado hacia fines del siglo XVIII... carrera en que los ingresos
populares se iban rezagando (en 1741 un indio ganaba dos reales para
alimentarse de ellos, y un negro libre tres) (Mejía, M. y Molano, J. 1993. "Andes colombianos: paisajes,
clima y uso de la tierra").
Para el periodista Luciano
Rivera y Garrido, 1881, “el plátano parece haber constituido siempre (en Buga)
la base de la alimentación”, aunque el viajero André, 1884, dijera lo mismo del
maíz (Citas
en: Valencia, 1993).
Eduardo Mejía, 1996, en
“Origen del campesinado vallecaucano” señala la crianza de cerdos en soltura
como uno de los pilares de la economía de intercambio de los “libres”,
localizados éstos en la periferia marginal de las posesiones señoriales, con
gran preocupación para las clases esclavistas de eclesiásticos, mineros,
hacendados y gobernantes, quienes dejaron sobrada constancia de su
contradicción frente a los libres “enmontados”, “criminosos”, “soeces” y
“amancebados”, responsables del hurto de ganados mayores, del aguardiente
casero y de la resistencia civil (a veces armada) a las contribuciones forzosas
(ejemplo: presencia laboral en el arreglo al camino al Chocó de interés
minero). Los “libres” ya constituían en la década de 1780 más del 50% de la
población en Tuluá, Buga, Guacarí, Llanogrande (Palmira). Al decir de Fernán
González, prologuista de E. Mejía, son estos “libres” los que crean la base de
los numerosos núcleos poblacionales que surgieron periféricamente a la
jurisdicción de las villas coloniales (Caloto, Cali, Buga, Cartago y Toro).
El control a los “libres”
tuvo particular manifestación en la administración borbónica: de un lado la
presión a los “enmontados” para constituirse en caseríos, labor en la que
fueron paradigmas en el Caribe colombiano Antonio de La Torre y Miranda a
partir de 1774 y José Fernando de Mier y Guerra a partir de 1743 (Mejía, 1990),
y de otro lado zanahorias comerciales a través de cultivos como el tabaco y el
cacao.
El tabaco venía siendo
intervenido por la Corona desde la segunda mitad del siglo XVI. La reforma de
1778 al sistema de “asentistas” contratantes con la Corona, los cuales hacían
la intermediación con los hacendados y “libres”, fue una de las causas del
alzamiento comunero (1781): las localidades donde se permitía el asiento fueron
Palmira, Ambalema, Girón y Pore Nunchía (Mejía, M, 1990).
El campesinado libre surge,
pues, en una lucha social frente a la dominación colonial esclavista,
constituyéndose de un lado en base político – militar independentista
(interpretado en el siglo XIX por caudillos como José María Obando y José
Hilario López), y de otro con base en la seguridad alimentaria popular (Mejía,
E, 1996).
CRECIMIENTO DEL CAMPESINADO
LIBRE DURANTE LA REPÚBLICA
A través de numerosos
autores podría seguirse la pista de la conformación de un campesinado libre durante
la República (Salvador Camacho Roldán, Antonio García, Medardo Rivas, Willian
Paul Mc. Greevey, JESÚS Bejarano, Catherine Le Grand, José Antonio Ocampo,
Charles W. Bergquist, Alonso Valencia Llano, Marco Palacios, Mariano Arango,
Héctor Mondragón Báez, James Parsons, Eduardo Mejía... para citar sólo un
minúsculo número de ejemplos) dentro de una permanente contradicción entre
terratenientes generalmente citadinos y clases populares rurales por el uso y
posesión de la tierra. Aquí señalaremos solamente unos cuantos hitos de aquella
interminable lucha.
Aunque a partir de la Ley
200 de 1936 “aparece” una preocupación administrativa gubernamental por formas
de la Reforma Agraria, los siglos XIX y XX republicanos fueron de ocupación
territorial fundamentalmente.
Mc Greevey (1989) sitúa en
1845 la fecha de corte entre la economía colonial y la republicana. La primera
administración de Mosquera adopta el libre cambio en concordancia con los
intereses de comerciantes importadores – exportadores terratenientes, que
buscan desarrollar sus potenciales económicos. La rebelión artesanal que apoya
la dictadura de Melo es reacción a esta “apertura” al comercio internacional.
En Decreto del 22 de junio
de 1850, fueron liberados de restricciones a la enajenación los resguardos,
medida que impulsó la transformación de numerosas comunidades indígenas en
aldeas de jornaleros.
En 1851, José Hilario López
decretó la abolición total de la esclavitud, fundamento del campesinado libre
negro de regiones de la minería colonial.
En 1861, Mosquera expropió
los bienes de “manos muertas”, principalmente tierras eclesiásticas, que
pasaron a poder de especuladores y terratenientes.
Las operaciones
especulativas de exportación de productos extractivos (Ocampo, 1984; Mejía,
1984; Domínguez y Gómez, 1990) permitieron oleadas de expansión colonizadora en
las zonas todavía periféricas del país: quinas 1850 – 1882, tagua 1860 – 1915,
caucho 1854 – 1920...
La primera república
reemplazó las “composiciones” o venta de tierras borbónicas (que reforzaron el
sistema señorial colonial) por adjudicaciones de baldíos a favor de militares
de la revolución, prestamistas o financieros de bonos del gobierno, y
constructores de vías: el propio Santander recibió el extenso territorio
Vásquez (Mc Greevey, 1989).
Desde luego, en este
proceso de apropiación territorial ha sido constante la preferencia del
empresario y aun del campesino mismo por la ganadería vacuna extensiva.
Es al interior de esta
política de baldíos donde se continuará desarrollando la gran contradicción
agraria nacional entre “invasores” o colonos y titulares de tierras,
consideradas según LeGrand, 1988, el mayor problema social nacional hasta 1948,
cuando el proceso de resistencia campesina se convierte en fundamental
componente del movimiento guerrillero y cuando la migración masiva de
desposeídos se dirige a una periferia no protegida por títulos a particulares
como es el caso de la Amazonia y la Orinoquia.
La apropiación de la fuerza
de trabajo en las haciendas se realizó durante la República hasta por lo menos
la década de 1950, especialmente mediante las figuras de arrendatarios y
aparceros, que, de paso, aseguraban la seguridad alimentaria.
Desde luego en la periferia
hacendataria continuaban sobreviviendo campesinos libres, como lo atestigua
Rivera Garrido en 1881 (citado por Valencia, 1993) quien pone de presente que
en el Valle del Cauca numerosos jornaleros eran empleados en las haciendas de
caña y de ganado, mientras que las tierras con cultivos de pan coger estaban en
manos de “gran número de labriegos de pocos recursos”.
Mc Greevey sitúa entre 1890
y 1930 la transición entre una economía nacional de subsistencia a otra
orientada hacia los mercados interno y externo.
A excepción del cultivo del
tabaco para la exportación, realizado principalmente en Ambalema, 1854 – 1870,
por aparceros controlado por un sistema monopolizado por tres compañías
antioqueñas, la expansión agraria se dio mediante la ganadería vacuna extensiva
durante la primera República, situación que empezó a modificarse en el oriente
cordillerano a partir de 1865, con gran impulso entre 1875 – 1880, con el
establecimiento de haciendas cafeteras
(Arango, 1977).
Las primeras fundaciones
antioqueñas en el occidente cordillerano se llevaron a cabo según
reglamentación del estado de Antioquia, por grupos de colonos: el modelo cubría
unas quince mil fanegadas para repartir entre un máximo de doscientas familias;
así se fundaron Salamina, Aranzazu, Filadelfia, Neira, Manizales y Marulanda,
en simultáneo conflicto con la concesión a la firma “González Salazar y Compañía” herederos de un realengo
de doscientas mil hectáreas concedidas a José María Aranzazu; el conflicto
implicó un levantamiento popular en Manizales y el asesinato de Elías González
(Arango, 1977).
La Ley 61 de 1874 señala
una diferenciación entre la adjudicación de baldíos pues abre paso a la
colonización individual, que recibe mayor protección con la Ley 48 de 1882, en
trámite desde 1878 cuando la presentó Aníbal Galindo. (Arango, 1977).
No obstante, sigue Arango,
las leyes de 1874 y 1882 dejaron en pie de apropiación de tierras por bonos
territoriales y por ocupación de ganados, situación que se modificó un tanto en
la ley 56 de 1905, a favor de los colonos pobres, por la presión de las
guerrillas liberales subsistentes de la Guerra de los Mil Días.
La Ley 71 de 1917 redujo
las adjudicaciones a colonos a veinte hectáreas; antes de ésta era lo cultivado
más otro tanto en la selva. La Ley 85 de 1920 amplía límites máximo a 2.500
hectáreas ganaderas y 1.000 agrícolas. La Ley 105 de 1922 buscaba recluir en
colonias penales agrícolas a los vagos y delincuentes contra la propiedad.
(Arango, 1977).
El censo de 1912 permite
cuantificar el efecto de las políticas de tierras: sólo el 27% de los
agricultores y el 13% de la población activa eran propietarios
rurales plenos, en una masa de 191.500 propietarios rurales y una población de
707.500 agricultores y ganaderos: los menores porcentajes de propietarios
frente a la población activa total correspondieron a Antioquia, 9.8, a pesar de
la pretendida democratización de la propiedad rural atribuida a la colonización
antioqueña; a Boyacá, 7.1 y a Cundinamarca 8.8 (Arango, 1977).
Las luchas agrarias de 1925
a 1936, que afectaron particularmente al oriente andino, fueron causa inmediata
de la Ley 200 de 1936.
LEYES DE REFORMA AGRARIA
La ley 200 de 1936 señala
apogeo campesinista colombiano; aparceros e invasores pudieron ascender a
propietarios; por ejemplo: entre 1932 y 1940 el número de fincas cafeteras pasó en Cundinamarca de 13.182 a 30.270,sin
que la producción se modificara. La reacción empresarial a la ley 200 fue
expulsar toda una masa de aparceros y arrendatarios transformándolos en
jornaleros.
La ley 200 de 1936 retomaba asuntos afines al decreto 1110 de
1928, llamado “Reglamentarios de zona de colonización”, que trataba de
clarificar conflictos de propiedad entre grandes haciendas latifundistas y su
periferia de invasores, aparceros, arrendatarios y colonos. (Zambrano ,1978).
Arango, 1977, se detiene en
la posición de los Congresos Cafeteros, desde el X en 1939 al XVI en 1947,
frente a las Leyes 200 y 100. En los siguientes a la Ley 200 se utilizó contra
ella, entre otros, el argumento de la seguridad alimentaria como
elemento importante que ayudaba a costear la producción mediante aparceros y
arrendatarios frente al empleo de asalariados. Intelectuales de alta afinidad
con la Federación Nacional de Cafeteros como Arturo Gómez Jaramillo y Mariano
Ospina Pérez saludaron la Ley 100 como el regreso a la seguridad alimentaria, a
la costeabilidad del cultivo, a la paz social. Pero el Congreso XIV de 1945
declaró en uno de sus considerandos sobre la parcelación de haciendas
cafeteras: “Que la explotación de las grandes haciendas de café resulta hoy
antieconómica y su producción declina continuamente mientras que las pequeñas
plantaciones progresan”.
La Ley 100 de 1944 (apenas
ocho años después de la Ley 200 de 1936) vino en apoyo de la propiedad privada
empresarial agrícola, requisito para la tranquilidad social hacia las
inversiones que la modernización de la agricultura habría de requerir
como respuesta de la dirigencia nacional a las penurias locales de la Segunda
Guerra Mundial y de su consecuente política de sustitución de importaciones:
Plan Quinquenal de Desarrollo de 1945;
es el advenimiento de las máquinas, los agrotóxicos y las semillas
mejoradas, que transformaron el paisaje ganadero del Caribe, el piedemonte del
Meta, los valles interandinos, el Mira y el Urabá.
El período 1948 – 1954 se
caracterizó por el fenómeno de la “violencia”, que desplazó masas campesinas
hacia dos direcciones principales: los cinturones de miseria de las ciudades
capitales e intermedias y la periferia selvática.
La fundación Rockefeller
asume la orientación de la agricultura empresarial desde la década de 1950,
sucedida en la siguiente década con la presencia del CGIAR mediante el CIAT.
En la década de 1960 la
intervención estatal planteó dos “salidas” a la crisis del campo: la “Operación
Colombia”, hacia 1960, o promoción de la construcción urbana, y la “reforma
agraria”, Ley 135 de 1961: en sus primeros diez años de labores del Incora
otorgó 96.000 títulos, de los cuales sólo el siete por ciento correspondía al
fraccionamiento de latifundios (Mejía, 1984).
Más de un analista ha
relacionado la Ley 135 con el auge de la lucha social afín al triunfo de la
Revolución Cubana, y con las políticas discutidas en la reunión de gobiernos
americanos en Punta del Este con tal motivo; entonces se trataba de controlar
la lucha popular por la tierra. Las sucesivas legislaciones a la Ley 135
muestran el sello de la coyuntura política del momento, que seguiremos en
Mondragón, 1997.
El Decreto 755 de 1967 de
organización de usuarios campesinos, de cuyo trabajo social nació la ANUC.
La Ley 1 de 1968,
complementaria de la 135, ambas orientadas al empresariado rural a través de
granjas campesinas: desarrollo rural frente al atraso latifundista.
La Ley 4 de 1973,
retardataria en cuanto obstaculizó las expropiaciones.
El Decreto 100 de 1980 que
castigaba la s invasiones.
La Ley 35 de 1982 que
favoreció la acción del Incora en zonas de violencia mediante el P.N.R. –Plan
Nacional de Reconstrucción.
Un nuevo auge de marchas y
de tomas se da en 1987, con su consiguiente represión y la expedición de la Ley
30 de 1988 que cambió el concepto de expropiación por el de mercado de
tierras.
La Ley 160 de 1994,
orientada a la dotación de tierras a los resguardos, refuerza el concepto de mercado
y de formas asociativas y crea el concepto de reservas campesinas.
Mondragón cita a Antonio
García para resumir el efecto de las leyes de reforma: Se ha tratado de
promover la colonización, privilegiando la titulación de baldíos, y de actuar
como mecanismo coyuntural de orden público en donde la propiedad ha adquirido
alguna tradición.
DESCOMPOSICIÓN DEL
CAMPESINADO
La época de 1970 fue
fatídica para el campesinado colombiano: en los sectores cafeteros fue impuesto
el modelo del café caturra a libre exposición, a favor del cual se sacrificaron
la biodiversidad y la seguridad alimentaria: este modelo está indisolublemente
ligado a la roya y a la broca, y es simultáneo con una deriva de la propiedad
campesina cafetera hacia una nueva clase emergente. En 1974 fueron a la quiebra
los pequeños cultivadores de algodón. En 1973 ya se habían establecido la
economía de la marihuana y en 1977 la de la coca, de donde derivaríamos a la de
la amapola en la década de 1980: al menos parcialmente, la deriva campesina a
los cultivos ilegales es una respuesta al desplome del dogma de la
rentabilidad agrícola.
En 1973, la reunión de
Chicoral impuso la política del desarrollo agrícola empresarial sobre la de la
Reforma Agraria de 1961. Alfredo Molano (su disertación en La Cocha – Nariño,
mayo 2 de 1998) señala la Ley 100 de 1944 y el “chicorolazo” como hitos de la
violencia rural colombiana.
Los subsidios agrícolas
subieron en Estados Unidos de US $2.700 millones en 1980, a US$25.800 millones
en 1986; en la CEE crecieron de US
$6.200 millones en 1976 a US $21.500 millones en 1986 (Mejía, 1998). Incluso en
las Rondas de Uruguay, previas a la creación de OMC, Estados Unidos se ha
reservado el manejo futuro de sus subsidios. ¡Estos constituyeron una tradición
de sesenta años en Estados Unidos! “El freedom to farm” Bill de 1996, intenta
eliminar subsidios hacia el año 2002, cuando el alimento se halle en manos de
las multinacionales. Tres multinacionales controlan en le país del Norte el 80%
del molinado de harinas; tres el 46% del mercado de pollos para asado; cuatro
el 50% del mercado de carne vacuna; tres el 72% del mercado de mataderos; una
el 46% de la semilla de maíz y el 19% del mercado de semilla de soya. Es el
momento de integración vertical de las multinacionales desde los bancos de
germoplasma, la producción de semillas, el control a los agricultores mediante
contratos, el proceso y venta de las cosechas. Pero ya en 1994, el 83% de los
granjeros norteamericanos obtuvieron ingresos por debajo del nivel de
pobreza (Rev. Seedling, diciembre de 1997).
Es partir de las economías ilegales de la década
de 1970 cuando ocurre el fenómeno de la concentración de la propiedad en manos
de mafiosos, paramilitares y esmeralderos, fenómeno que obliga a las
legislaciones de expropiación por “enriquecimiento ilícito”: Ley 333 de 1996.
Mientras tanto, con participación de Estados Unidos, el gobierno colombiano
ejecuta la guerra química contra el campesinado de los cultivos ilegales. A la
vez se produce el fenómeno del desplazamiento de campesinos desde las zonas de
guerra.
Machado, 1986, estima que
para 1982 el sistema alimentario colombiano se componía de 67% en aportes
directos agropecuarios, 10% en alimentos industriales (excluidas bebidas), 17%
en comercio de alimento, 5% en otros servicios, derechos e impuestos 2%.
Machado distingue hasta
1986 tres tipos de políticas agrarias en Colombia, a partir de 1960: el
reformismo agrario 1960 – 1972, el desarrollismo neoliberal 1972 – 1982, y la
“política de ajuste” del recetario del FMI iniciada en 1984. Después de este
“reajuste” sobrevino la “apertura” del gobierno de Gaviria, funesta para la
agricultura colombiana.
Aunque Machado, 1986,
reconoce la existencia histórica de políticas sobre salud y nutrición en
Colombia, niega la de políticas alimentarias. Ha habido un gran componente
asistencial en los programas de nutrición hacia sectores desprotegidos más que
un reconocimiento a la capacidad de la gente pobre para resolver sus propios
problemas.
El ICBF
fue creado en 1968, y una de sus funciones ha sido de tipo nutricional,
recogiendo experiencias que venían desde 1943: las del Laboratorio de Estudios
de Nutrición del Instituto Nacional de Higiene. Ya en 1954, el punto cuarto de
la ley pública 480 de Estados Unidos permitía la venta en Colombia de
excedentes agrícolas a bajos precios y con financiaciones blandas. El PAN –
Plan Nacional de Alimentación y Nutrición-, se inició en 1975 como desmonte de
las ayudas alimentarias extranjeras; fue su corresponsal rural el programa DRI
– Desarrollo Rural Integrado desde 1976, buscando “desarrollar la producción
campesina, aumentar la oferta de alimentos y elevar el ingreso y bienestar de
los campesinos”. El PAN se fusiona con el DRI en 1980 para desaparecer en 1982.
“En 1983, el DRI estaba atendiendo setenta mil usuarios con crédito y
asistencia técnica en 74.000 hectáreas, más 174.000 hectáreas sin crédito”
(Machado, 1986): un total del orden de 250.000 hectáreas, frente a las 2.8
millones de hectáreas campesinas productoras de alimentos (las cuales a su vez
constituyen el 56% de la superficie agrícola colombiana en cifras de 1988,
Mejía, 1998).
LA
OFENSIVA INTERNACIONAL
Al menos
tres épocas de “apertura” al comercio externo podríamos recordar en el
transcurso de nuestra historia, todas ellas con resultados desfavorables
interiores.
La
primera: a partir de la administración borbónica, segunda
mitad del siglo XVIII, cuando se desestimularon las “industrias” coloniales a
favor de los artículos metropolitanos y fue especializada toda colonia en algún
tipo de producción (oro para el caso de la Nueva Granada); esta política
estimuló el contrabando con los países europeos rivales de España. La segunda
a través del librecambismo hacia la mitad del siglo XIX, adoptado oficialmente
en la primera administración Mosquera, que motivo la revuelta política y la
ruina de los artesanos, a la vez que se favoreció el comercio con Inglaterra,
Estados Unidos y Alemania. La tercera con la instauración del
desarrollismo neoliberal a partir de la década de 1970 y la subsecuente
“apertura”, esta vez los perjudicados fueron los pequeños industriales, el
sector agropecuario y en especial los campesinos; el mayor beneficiario de esta
nueva ofensiva internacional ha sido el capital transnacional y en especial el
financiero.
John Steinbeck, 1902 –
1968, Nobel de Literatura en 1962, había descrito en Uvas de la ira, el
cruel efecto de la crisis de 1929 y de la mecanización de los Estados Unidos
sobre los pequeños agricultores y los jornaleros. Este proceso se aceleró en la
posguerra; de seis millones de granjas en 1945 se llegó a dos millones en 1992.
Las granjas mayores (unas cuatrocientas mil) producen el 80% de los alimentos;
trescientas noventa ganaderías, las mayores entre cincuenta mil de ellas,
controlan el 65% de los ganados (Rev. Seedling, diciembre, 1997).
Es en Norteamérica donde se
llegó a la máxima expresión de la agricultura la Revolución Verde,
construida con herramientas de guerra, potenciada desde el Banco Mundial y
respaldada por las mayores fundaciones internacionales (Rockefeller, Kellog,
Ford), orientada por el CGIAR – Consultive Group for International Agriculture
Reseach, cuyos brazos ejecutores son dieciocho institutos que controlan la
investigación científica sobre los veinte cultivos más estratégicos del mundo.
El objetivo del CGIAR en sus comienzos en los años sesenta se formuló como
“aumentar el montón de arroz para los
pobres”. Treinta y cinco años más tarde, la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, Roma, 1996, redujo este objetivo a la mitad de los pobres y
amplió el plazo al año 2010.
La concepción del alimento
como mercancía ha hecho imposible la alimentación de los pobres. Los
ochocientos millones de hambrientos existentes sobre la tierra podrían ser
abastecidos con sólo una modificación en la revolución verde pecuaria:
suspender el empleo de granos en la alimentación de animales.
La Cumbre Mundial sobre
Alimentación, 1996, ha acogido las políticas que dieron origen a la OMC –
Organización Mundial del Comercio -; el compromiso cuatro de la cumbre expresa:
“Nos esforzaremos por asegurar que las políticas de comercio alimentario y
agrícola y de comercio en general contribuyan a fomentar la seguridad
alimentaria para todos a través de un sistema de comercio mundial leal y
orientado al mercado”. No en vano el GATT –Acuerdo General de Comercio y
Tarifas-, venía cocinándose desde 1948 para acelerarse en las rondas de
1980 – 1995, consagrando los derechos de propiedad intelectual, con los
consecuentes patentamientos de formas de vida y ejercicio de la biopirateria
(el despojo a las clases populares de sus conocimientos y recursos). El
Convenio Mundial de Biodiversidad, Río 1992, fue apenas una necesaria etapa del
desarrollo del GATT hoy OMC.
Cabe poner de presente el
veloz acomodamiento gubernamental colombiano a las exigencias del GATT – OMC,
utilizando la vía administrativa a través del Pacto Andino y evitando los
debates en el parlamento si se hubiera preferido la vía legislativa:
-
Decisión
334 de 1993, Régimen Común Andino de Propiedad Intelectual.
-
Decisión
345 de 1993, Régimen de Protección a la Obtención de Variedades Vegetales o
Régimen de UPOV – Unión para la Protección a la Obtención de Variedades
Vegetales, instrumento de apropiación de los recursos genéticos mundiales a
favor de los países desarrollados, ideado por éstos en 1960.
-
Decisión
391 de 1996, Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos (Desarrollo del
Artículo 15, ordinal 1 del Convenio de Biodiversidad), de cuya operación se
ocupa en Colombia el Ministerio del Ambiente, en virtud al Decreto 730 de 1997.
El régimen de la OMC admite
para cada país la expedición en 1999 de un régimen sui géneris de apropiación de los recursos genéticos,
antes de la revisión de la OMC en Singapur, 1999.
La catástrofe de Bhopal,
1984, marca definitivamente el paso de los agroquímicos venenosos a otros menos
riesgosos, proceso llamado de sustitución. En Bhopal tres mil hindúes
murieron y muchos miles más quedaron lesionados por un escape de gas de la
Union Carbide. Este proceso de sustitución es simultáneo con el de la
biotecnología, que ha dado lugar actualmente al planteamiento de la nueva
revolución verde: es el derrumbe de la noción de revolución verde en
términos de agricultura química convencional.
La biotecnología toma
cuerpo como instrumento de multinacionales, notable ya en la década de 1980. El
avance de la biotecnología como fuente de ingresos a las transnacionales parece
no detenerse ante ninguna consideración bioética: el parlamento Europeo, que en
1997, por la presión de las multinacionales.
De la
creación del ratón Harverd en 1988n (un ratón diseñado para ser susceptible al
cáncer) se pasó al clonamiento de ovejas y simios en 1996 y al patentamiento
del gene de la esterilidad en semillas en 1998 (el gene “terminatior” de la
Delta and Pine Land Co., US Pat 5.723.765 y Pat. WIPO 9.604.393).
REACCIONES A LA OFENSIVA DE
LAS MULTINACIONALES
Frente a la espeluznante alianza de gobiernos,
empresarios y científicos para comercializar la vida se han levantado
iniciativas originadas generalmente en la sociedad civil.
Ante la imposibilidad de un
análisis de aquellas reacciones, optamos por una relación incompleta, a manera
de ejemplos.
a.
El
plebiscito suizo. En octubre de 1993, le fue entregada al gobierno suizo una
iniciativa popular para proteger la vida y el ambiente frente a la manipulación
genética. Una alianza de setenta ONGs reunió las cien mil firmas necesarias. El
plebiscito se votó en junio de 1998, arrojando un tercio a favor de la
iniciativa popular y dos tercios a la alianza del gobierno, los grandes
agricultores, los políticos, las industrias y la élite científica. Esta alianza
financió una campaña de veinticuatro millones de dólares, contratada con la
firma especializada Burtston –
Marsteller, en contra de la iniciativa popular. La iniciativa buscaba
protección constitucional contra la liberación de organismos genéticamente
modificados, el patentamiento de formadas de vida, y la producción y comercio
de animales transgénicos (Rev. Seedling, marzo de 1998).
b.
Acción
global popular contra el libre comercio (PGA). Esta coalición internacional de
sociedad civil fue creada en Ginebra, en febrero de 1998, con el apoyo de
trescientos grupos; propone resistencia civil pacífica contra la OMC y solicita
que la agricultura y los alimentos queden por fuera de la liberación comercial,
es decir, a salvo del dominio de las grandes corporaciones (Rev. Seedling,
marzo de 1998).
c.
Día de no
comprar: Noviembre 28. Un grupo de organizaciones civiles de países
desarrollados vienen promoviendo esta iniciativa como espacio de reflexión y de
generación de iniciativas de solidaridad y de austeridad con respecto a un
mundo donde el 20% de la población consume el 80% de los bienes y servicios
(Los consumos de un gringo equivalen a los de veinte hindúes; se dice que los
recursos del mundo se acabarían en un mes si los chinos de golpe adquirieran el
poder de consumo de los norteamericanos).
d.
Foro Global
de ONGs y Movimientos Sociales, Río de Janeiro, 1992. En un evento
contestatario a la Cumbre de las naciones reunida alrededor de los Convenios
del Cambio Climático y de Biodiversidad, quince mil delegados de organizaciones
civiles convergieron en tratados que orientan la acción de la sociedad civil en
la tarea de construcción de futuro frente a la globalización impulsada a favor
de los intereses del capital y de l ciencia.
e.
Desafío
a patentamiento de saberes y de bienes populares. Los intentos (29 hasta 1995)
de compañias norteamericanas de patentar productos del neem (el árbol
insecticida por excelencia de la India) han sido rechazados por gigantescas
movilizaciones que han logrado involucrar a su favor al propio gobierno Hindú:
US “Pat. 4.537.774 sobre extractos de corteza; 4.556.562 sobre extracto de
semilla; 5.047.242 sobre insecticidas derivados de azadiractina (uno de los
principios del neem).
COICA, una coordinadora de
organizaciones indígenas amazónicas, que incorpora cuatrocientos grupos de
nueve países, ha declarado que no responde en territorio selvático de la
integridad física del señor Loren Miller, dueño de la International Plant
Medicine Corporation, quien en 1996 patentó el yagé en Estados Unidos para
desarrollar productos con base en dicha planta. La Interamerican Foundation, de
Norteamérica, otrora financiera de proyectos a favor de indígenas, ha amenazado
con retirar su apoyo si una retractación de COICA no se produce (Rev. Seedling,
marzo de 1998).
Después de una campaña de
catorce meses liderada por Anapqui –Asociación Boliviana de Productores de
Quinua-, se ha obligado a la Universidad del Estado de Colorado a suspender su
patente sobre la quinua “apelawa” (Rev. Seedling, junio de 1998).
Probablemente el más
conocido caso de bioprospección hay sido el del contrato INBio – Merck, por el
que el instituto nacional de la Biodiversidad de Costa Rica, privado, negoció
con la multinacional de drogas y agroquímicos Merck de Estados Unidos, el
inventario de las colecciones hechas en Costarrica por una suma ridícula
(alguien dijo que a estos precios, todo el germoplasma del mundo valdría US$20
millones). En mayo de 1998 se aprobó la nueva ley de biodiversidad de Costa
Rica con intervención de movimientos sociales y organizaciones civiles populares;
en la primera composición de la comisión nacional de manejo de la Biodiversidad
fue expresamente excluido el INBio (Rev. Seedling, junio de 1998).
Rice Tec, una compañía de
Texas ha solicitado patente sobre el arroz jazmín, un arroz aromático obtenido
obre veintidós variedades populares de India y Paquistán; el 3 de abril de
1998, grupos de campesinos protestaron en Nueva Delhi tales patentes. La
colección estatal de arroces Fort Collins-Colorado, obtenida gratuitamente
entre agricultores pobres, cedió los materiales para el caso (Rev. Seedling,
junio de 1998).
La compía Farms of Texas ha
patentado tras leves modificaciones un arroz IR8 obtenido por el IRRI de
Filipinas (Rev. Seedling, junio de 1998).
La patente del gene
Terminator de la Delta and Pine Land Co. Ha pasado hace pocos meses a poder
de la Monsanto, que se ha convertido en el mayor gignte biotecnológico del
mundo al engullir a Dekalb Geneticas y a Inc. En tres años la Monsanto había
devorado también Calgene, Agracetius, Asgrow Seed Co. Y a Holden`s Foundation
Seeds (Rev. Seedling, junio de 1998).
En el Derwent Biotechnology
Abstracts se informa que entre 1982 y 1997 se han solicitado 160 patentes sobre
solo arroz. Las tres líneas más presionadas han sido: arroz tolerante a
herbicidas, arroz transgénico al Bt (gene del Bacillus Thuringiensis)
y arroces híbridos (Rev. Seedling, junio de 1998).
El tomate ilustra vivamente
lo que va en juego entre empresas biotecnológicas: dinero. Hasta junio de 1997
de habían solicitado 153 patentes (75 referentes a resistencia a pestes). Ya se
hizo famoso en los estrados judiciales el
pleito entre ICI – Zeneca contra Calgene, en alianza con Capbell Soup,
por la patente transgenética que evita el ablandamiento del tomate. ICI había
obtenido la patente en 1986, luego impugnada por Calgene en 1989. Calgene, a su
vez, fue atacada por Enzo Biochem en 1995 (Rev. Biodoversidad, junio de 1988).
Anotemos al margen que bien es sabido en agricultura orgánica cómo es posible
obtener hortalizas de larga duración, incluso tomate. Una variedad de tomate
colectada en Latinoamérica (costo de la colección; veintidós dólares = US$22)
por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sirvió para elevar los
sólidos totales de este fruto de 4.5 a 6 %: la ganancia de Ketchup por este
concepto aumentó en ocho billones de dólares por año: de esta ganancia nada le
llega a la comunidad latinoamericana (Rev. Honey Bee, vol 4 (4), 1993, pag. 7).
La patente EPO 684995 ha
sido concedida a la Universidad de Wisconsin sobre la brazzeína proteína
edulcolorante de la planta j’oublie de Camerún (Rev. Biodiversidad,
junio de 1998).
Obviamente el patentamiento
de la vida no se reduce al mundo vegetal: hacia fines de 1997 existían en el
planeta 394 solicitudes de patentes sobre genes humanos (Rev. Biodiversidad,
junio de 1998). Uno de los casos más conocidos es el de John Moore a quien el
Tribunal Supremo de Cañlifirnia le negó la propiedad de células extraídas de su
hígado y solicitadas bajo propiedad intelectual por médicos investigadores de
la Universidad de California.
f.
El
movimiento neozapatista. Se
proclama en Chiapas el día en que Estados Unidos, Canadá y México celebran la
puesta en marcha del NAFTA, tratado de libre comercio entre tales naciones. El
neozapatismo constituye el más conmovedor movimiento social de la posmodernidad
frente al modelo neoliberal de globalización del desarrollo. Se presenta bajo
el lema de libertad, democracia y justicia, el 1º de enero de 1994.
g.
El
movimiento intelectual alternativo, que comprende desde propuestas de economía descalza
frente al modelo neoliberal (Manfred MaxNeef, premio Nobel alternativo, 1983) y
diversas escuelas agrícolas alternativas, hasta tecnologías que animan variedad
de corrientes de pastoral social (teología de la liberación, teología de la
tierra, “compromiso hacia una nueva sociedad” de la provincia centroamericana
de la Compañía de Jesús, y de otras formas de escatología...).
h.
La
multiplicidad de movimientos campesinos en lucha por la tierra donde expresar la diversidad
de sus formas culturales; campesinismo y globalización resultan antagónicos:
diáfana fue la posición del Secretario norteamericano de Agricultura en la
Cumbre Mundial de Alimentación, Roma, 1996, cuando expresó en rueda de prensa
que el derecho al alimento no podía ser admitido porque constituiría violación
al libre comercio (Vandana Shiva, 1997).
i.
Diversos
movimiento hindúes como el
“chipko” en que mujeres obstaculizan el corte de árboles para aserrío en selvas
dadas en concesión por el gobierno a contratistas, y en que aldeanos arrancan
las plántulas de eucaliptos y de plantaciones forestales, reemplazándolas por
árboles frutales, forrajeros y de leña.
Como el Maxalbari,
que reclama reforma agraria en Bengala Oeste.
Como el Telangana,
en Andra Predesh, invasor de tierras.
Como el movimiento popular
que impidió en Kerala la inundación de un valle selvático para construir una
hidroeléctrica.
Como en Talmil Nadu donde
se impidió dedicar tierras agrícolas a la acuicultura de camarones para la
exportación.
El National Alliance for
People’s Movements reúne un numeroso grupo de organizaciones que realizan
luchas por la seguridad alimentaria frente a la exportación de flores y de
alimentos, frente a la discriminación a los intocables, y a favor de la
consecución de tierra y de vivienda para los pobres (Burinard Fátima en el Foro
PAN de Santa Clara, Cuba, 1997).
Como el movimiento popular
que impidió en Kerala la inundación de un valle selvático para construir una
hidroeléctrica.
Como en Talmil Nadu donde
se impidió dedicar tierras agrícolas a la acuicultura de camarones para la
exportación.
El National Alliance for
People’s Movements reúne un numeroso grupo de organizaciones que realizan
luchas por la seguridad alimentaria frente a la exportación de flores y de
alimentos, frente a la discriminación a los intocables, y a favor de la
consecución de tierra y de vivienda para los pobres (Burinard Fátima en el Foro
PAN de Santa Clara, Cuba, 1997).
EL ALIMENTO ES UN DERECHO
Al menos tres
características han dominado el abastecimiento de alimentos: 1. El alimento
es una mercancía. 2. La agricultura tiene que ser rentable (a su
vez, la rentabilidad sería un subproducto de la tecnología moderna), y 3. El
alimento debe ser barato (concepto político económico de orden público). Ya
nos hemos referido al desplome del concepto de la rentabilidad agrícola, y al
fracaso de la tecnología de la revolución verde. De otro lado, cada vez se abre
más espacio al concepto de alimento como un derecho humano; este
planteamiento quedó consignado, al menos en la escatología católica, en Populorum
progressio, de Pablo VI, 1967, donde se coincide con numerosos pensadores
del lado alternativista en señalar el exceso de consumo de los opulentos como
condición de las privaciones de los pobres.
DISOÑANDO HACIA LA RECOMPOSICIÓN
DEL CAMPESINADO
Al menos siete puntos tendrían que ver con
este sueño:
1.
Sin
campesinado libre no hay seguridad o soberanía alimentaria. De
acuerdo con cifras de 1988, de los 5.2 millones de hectáreas bajo cultivo en
Colombia, 3.4 corresponden a economía campesina (2.8 millones de hectáreas en
alimentos y 0.6 millones en café tradicional).
2.
El
campesinado libre no desaparece, no obstante todo el proceso histórico de dominación
desatado en su contra, tal como lo hemos reseñado en el presente borrador de
trabajo. Ser campesino es ante todo un proyecto de vida, una forma cultural, en
vez de un negocio.
3.
El
concepto de alimento como derecho humano forma parte de un proyecto político de construcción
hacia la utopía de una sociedad solidaria en sus interrelaciones y austera en
sus consumos, donde la noción de respeto a la vida esté por encima de la del
dinero. Volviendo a la escatología católica, a partir de Pablo VI ya no es
necesario morir para acceder al paraíso.
4.
Movimientos
sociales y ONGs constituyen columna vertebral de la disoñación hacia esta utopía: Los “tratados alternativos” de Río de Janeiro, 1992,
contienen sus elementos ideológicos. Al decir de Leonardo Boff, 1996, “la
lógica que explota a las clases y somete a los pueblos a los intereses de unos
pocos ricos y poderosos es la misma que
depreda la tierra”. Las ONGs y movimientos sociales que ha reducido su
papel de búsqueda financiera de sus limitados “proyecticos” han perdido la
dimensión de su oportunidad histórica.
5.
La
seguridad alimentaria es ante todo un asunto político, concepto desfigurado por la tecnocracia, que insiste
en la aplicación de tecnología moderna como solución al hambre, propuesta cuyo
fracaso ha sido demostrado a través de la práctica de la revolución verde
(Mejía, 1998). Cabe aquí reincidir en una cita de Pablo VI cuando en su carta Octogesima
adveniens, 1971, hace un llamado crítico frente a la tecnocracia y al
cientificismo (puntos 38 y 47 de la carta), a la vez que incorpora el
ecologismo a la pastoral (punto 21).
6.
Alimento
sano como base de la salud es un
concepto que debe ser traído al asunto de la seguridad alimentaria. Una
veintena de escuelas alternativas frente a la agricultura química se oocupan
del particular. Algunas de éstas son en sí mismas propuestas políticas:
destácanse al rrespecto la escuela orgánica con la crítica
anticolonialista que Alfred Howard hace a Inglaterra en su obra maestra “An
Agricultural testament”; la escuela regenerativa donde el grupo Rodale
de Emmaus – Pensilvania – Estados Unidos plantea una sociedad compuesta de
agricultores autárquicos; en Estados Unidos el número de granjas ha disminuido
de seis a dos millones en los últimos cincuenta años, a la vez que ha aumentado
la dependencia con respecto a los insumos industriales; la escuela ecológica
con sus proyecciones de justicia social; la escuela de permacultura con
su invitación a los intelectuales al regreso al campo; las escuelas orientales
(mesiánica y de no intervención) con sus respectivos proyectos de
paraíso terrestre y de vida en armonía con la naturaleza; la propuesta agrícola
gandiana de no violencia; la escatología católica con su pastoral
campesina y las teologías de la tierra y de la liberación.
7.
Son
necesarios un movimiento y una política campesinistas que
privilegien a quien conserve formas naturales de vida, a quien reviva y proteja
manantiales, a quien reconstruya tierras agotadas, a quien perpetúe
producciones artesanales, a quien desarrolle industrias familiares rurales, a
quien mantenga sistemas de producción biodiversos, a quien trabaje con semillas
primarias, a quien desenvuelva recursos locales promisorios, a quien produzca
alimento sano como base de la salud, a quien cree modelos de producción basados
en opciones de vida y de diversidad, a quien decida regresar al campo, a quien
estime la vida por encima del dinero, el
mercado, la “técnica” el cientificismo y la biopiratería, a quien confronte los
derechos de propiedad intelectual y el patentamiento de formas de vida, a quien
practique el conocimiento popular y proteja la propiedad colectiva, a quien
evite el uso de organismos genéticamente modificados, a quien rechace los
negocios transnacionales de participación, a quien trabaje por los derechos del
agricultor, de las comunidades y de los humanos y de todos los demás seres.
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