La convivencia en Colombia: Más allá de las armas

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Guillermo Solarte Lindo

 

 

¿HACEMOS LAS PACES? [1]

 

Nuestra reflexión nos empuja a pensar que la paz no puede ser entendida, ni vendida a la opinión pública como un estado paradisíaco al cual se puede llegar a través de acuerdos sólo entre aquellos que hacen parte del conflicto armado o de los que se alimentan el conjunto de guerras locales que se suceden en el campo. Persistir en esto ha sido el error histórico que no ha permitido configurar una nación alimentada por la idea de la no-violencia.

 

Pero ¿que sería lo que posibilitaría un acuerdo duradero? ¿Cuáles son esos punto mínimos sobre los cuales debe haber un acuerdo para acercarse no sólo a la negociación sino a la paz y a la construcción colectiva de un escenario de convivencia?

 

Existe una relación bastante estrecha entre lo que llamaríamos conflicto armado multipolar y la crisis general de la sociedad colombiana. En especial, primero con lo que algunos autores han llamado colapso parcial del Estado y que básicamente se refiere a cuatro condiciones: a) Bajo alcance territorial del Estado; b) Crisis profunda de legitimidad institucional; c) Ausencia de un liderazgo con capacidad de generar consenso; d) Fragmentación entre el ejército y la policía, en nuestro caso actual este último punto podría entenderse como un alto grado de deslegitimación del ejército nacional; segundo con los procesos históricos de exclusión política, económica, social y cultural, y tercero con el alto nivel de ruptura del tejido social y de desvinculación real de la gran mayoría de la población a los proceso políticos más allá de las elecciones.

 

Es fundamental entender que para orientar un proceso de paz de largo alcance es imprescindible la participación de la sociedad civil colombiana organizada, la existencia de un Estado que halla pasado por procesos fuertes de legitimación y la voluntad política de las partes en conflicto para llegar a acuerdos.

 

Surgen algunos interrogantes que valdría la pena resaltar: uno, cuál es el tipo de participación de la sociedad civil, dos, cuál es su papel en la negociación, y tres, qué es lo que la sociedad civil desea alcanzar en el proceso.

 

La realidad actual muestra de manera clara cómo la sociedad civil ha ocupado espacios importantes en el proceso de paz y cómo ha asumido liderazgo en algunas acciones del mismo, es de destacar el mandato para la paz. Las intervenciones en los acercamientos con la guerrilla (Maguncia) y los paramilitares (Magdalena Medio), podríamos entender que se ha constituido en un gran animador de la paz con esfuerzos grandes en la organización de múltiples espacios de diálogo y deliberación como la Comisión de Conciliación Nacional, la Asamblea Permanente de Paz, el Comité Nacional para el Cumplimiento del Mandato, Redepaz y el Frente Social  Amplio por la Paz.

 

La fuerte dinámica que ha tomado el proceso de participación de la sociedad civil y los compromisos a los cuales se está acercando nos hace plantear algunos interrogantes que sería urgente responder:

 

Si es cierta la urgencia de organización de la sociedad civil, ¿cómo lograr que ésta esté bien representada y comprometida con los procesos de cambio social que exige la situación nacional?

 

¿Es más legítimo el proceso de selección de os representantes de la sociedad civil y que actúan en su nombre?

 

Si  los procesos actuales conducen a lo que llaman empoderamiento de la sociedad civil, ¿existe una interacción fuerte entre ese nuevo poder emergente y la sociedad colombiana?

 

¿Cómo canalizar de manera eficaz todos los entusiasmos y acciones de tal manera que no sufra el proceso de participación dispersión de esfuerzos?

 

¿Cómo lograr consolidar todos los intereses hacia una agenda para el cambio social del país?

 

¿Cómo hacer para que de este proceso surjan alternativas políticas que revaloricen la política y dibujen un escenario de multipartidismo y consolidación de una democracia real?

 

Los interrogantes abruman y la dinámica, o mejor, la velocidad de los acontecimientos en búsqueda de la paz nos hace pensar  en tres aspectos fundamentales del proceso de participación de la sociedad civil:

 

Primero, el proceso debería tener como horizonte, no sólo la construcción colectiva de una agenda de cambio social de largo plazo, sino la configuración de espacios políticos con un poder renovado que permita que la agenda se cumpla. En este sentido, a participación debe consolidar nuevas formas de hacer política y nuevos movimientos que rompan la estructura bipartidista y hagan realidad la democracia. No entenderíamos de otra forma el empoderamiento de la sociedad civil si éste no supone un viraje radical en las estructuras de poder tanto nacional como local. En otras palabras, se podría afirmar que no es suficiente el diseño lúcido o no, por ejemplo, de una nueva Constitución o una reforma política si éste no va aparejado de una verdadera capacidad política de la sociedad civil para incidir en las decisiones. El escenario de un cambio político real es de una alta complejidad y las soluciones son de largo plazo. Como se ha insistido a lo largo del texto creemos y proponemos que el proceso reconozca la urgencia de mejorar esa capacidad política de la sociedad civil a través de una estrategia de pedagogía política que revalorice el papel de la política en la construcción o creación de sociedad. Una estrategia que desde lo local nutra de nuevos sentidos un proyecto nacional de cambio.

 

Segundo, la vinculación de la sociedad civil en la solución del conflicto armado debería entenderse no como una mediación sino más bien como un liderazgo nuevo por encima de los intereses de los grupos en conflicto. Una arqueología del proceso nos permitiría ver con claridad algunos asuntos que podrían ser cruciales:

 

a)     No parece existir una claridad nacional sobre qué es lo que se eta negociando. Es decir, la sociedad colombiana requiere de una información no distorsionada que le facilite la comprensión del conflicto y cualifique la opinión que ella tiene no sólo de la guerra sino también de la urgencia de unas reformas radicales.

b)     El gobierno debe reconocer a la sociedad civil como un poder que surgiendo del seno de la sociedad tiene no sólo la virtud de ser legítimo sino también la posibilidad de proponer, liderar y llevar a cabo las reformas que el país necesita. Podría entenderse como un co-gobierno que en las condiciones actuales se perfila como necesario. La democracia moderna estaría abriendo el camino para que estos procesos de participación trasciendan la mera ejecución de proyectos y la participación pasiva en las instancias creadas (Consejos de Planeación, Comités locales, etc.) para tales efectos.

c)     El proceso de negociación con los grupos armados requiere de un marco general que sea comprensible para que todos los ciudadanos participen o no directamente en tal proceso. Este marco o esquema de acción podría identificar con claridad qué se negocia, quiénes negocian y cómo será el proceso.

d)     Es indispensable que se den procesos que legitimen el Estado y pensamos que éstos pasan por una acercamiento decidido del gobierno con la sociedad civil. Es posible que un punto de acercamiento estratégico sea la elaboración conjunta de un plan decenal de desarrollo que a manera de pacto social conduzca al país a la convivencia duradera. Existen espacios y mecanismos para que esto se produzca, es fundamental tener la voluntad política para hacerlo.

 

En corto: el logro de una paz sostenible está condicionada a la organización de la sociedad civil, a su participación activa en todo el proceso, y a una transformación radical del Estado.

 

Es por eso que es evidente que la solución dialogada al conflicto armado, será sólo una ilusión mientras no se produzca un cambio radical en el liderazgo del mismo proceso, es claro que el liderazgo que el Estado debería asumir se ha visto seriamente cuestionado por la bajísima credibilidad que la población tiene de las instituciones: Congreso, sistema judicial, ejecutivo, Presidencia y alta burocracia, Fuerzas Armadas o partidos políticos tradicionales.

 

En este sentido es probable que sea necesario un proceso que permita legitimar los interlocutores y aceptar una vinculación a los diálogos de una parte sustancial de la sociedad que ha estado más bien marginada del escenario de la negociación: campesinos, desplazados, familiares de la s víctimas, empresarios, intelectuales, medios de comunicación, organismos internacionales.

 

Llegar a la negociación sin una agenda en la cual participe la sociedad civil directamente afectada por la guerra, sería un ejercicio que podría ser fácilmente neutralizado por las fuerzas que se oponen a la paz.

 

Construir la paz debe entenderse, no sólo como un acuerdo entre los que por múltiples razones están y animan el conflicto, sino como un proceso de largo plazo, en donde valores fundamentales deben nutrir el camino. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que llegar a la paz está relacionado de manera directa y concreta con la posibilidad de recuperar unos valores o principios de acción; reconocer la necesidad de aceptar unos mínimos para iniciar la negociación, unos puntos mínimos para los acuerdos y otros para la definición de la agenda pos - conflicto.

 

El proceso se entendería así como una serie de etapas en las cuales todos deben estar comprometidos.

 

1.       Valores o principios mínimos para acceder a un proceso.

 

·         La disposición a perdonar.

·         La creación y sostenibilidad de la confianza.

·         El privilegio de la razón e interés nacional, como expresión de la voluntad colectiva.

·         La verdad como clave de los acuerdos.

·         Respeto incuestionable del derecho a la vida.

·         Visibilidad del proceso.

 

2.       Mínimos para la definición de una agenda de paz.

 

Con relación a la agenda creemos deberían asumirse e incorporase en los distintos actores y discursos otros mínimos que podrían ser:

 

·         Entenderse como:

 

-         Un proceso pedagógico.

-         Una movilización ciudadana.

-         Proceso de construcción colectiva.

 

·         Perspectiva de largo plazo.

·         Participación activa de la sociedad civil en la negociación.

·         Veeduría internacional con alta capacidad de compromiso para el apoyo a la agenda pos - conflicto. Entendemos como fundamental que el apoyo de la sociedad internacional se concrete en un compromiso económico que permita que la agenda pos - conflicto disponga de los recursos necesarios.

·         Gran visibilidad de todo el proceso, en este sentido son protagonistas del mismo los medios masivos de comunicación, no de divulgadores  de resultados, sino como parte activa. Es fundamental la participación de los medios no solamente como periodistas aislados del proceso sino los medios como uno de los poderes que han tenido y tendrán incidencia en la convivencia nacional.

·         Participación especial de los familiares de las víctimas. La violencia en Colombia deja un saldo altísimo de población afectada por la muerte, esta población tiene que vincularse de forma especial al gran proceso pedagógico nacional hacia la paz.

 

3.       Acuerdos Mínimos.

 

·         Cese de cualquier tipo de violencia armada.

·         Sobre los derechos fundamentales y su garantía y caminos, compromisos para lograrlos: políticos, económicos, sociales y culturales.

·         Sobre el ordenamiento territorial. "Racionalización del papel del Estado en la ordenación del territorio".

·         Sobre el Derecho Internacional Humanitario.

·         Sobre los caminos concretos para la eliminación de la corrupción, la impunidad.

·         Sobre la garantía total del nuevo papel del niño en la sociedad colombiana.

·         Sobre la soberanía nacional.

·         Sobre la democratización de las Fuerzas Armadas.

·         Sobre el cambio en las prácticas políticas y en las estructuras de poder local.

·         Sobre los mecanismos jurídicos para el pos - conflicto y la vinculación de los grupos armados a la nueva situación.

·         Sobre la creación y compromisos concretos sobre los desplazados y las víctimas de la guerra.

·         Sobre la Reformas Agraria Integral.

 

4.       Mínimos para el pos - conflicto.

 

·         Reorientación presupuestal para el cumplimiento de los derechos fundamentales.

·         Especial atención a la planeación descentralizada de los recursos, hacia un proyecto nacional que en principio lo vemos como un compromiso de mínimo una década, que podría estar acordado a través de un plan decenal de desarrollo, que a manera de pacto social se construya colectivamente.

·         Ordenamiento territorial de acuerdo con las nuevas realidades nacional, regionales y locales.

·         Reconocimiento de la heterogeneidad de las formas de convivencia.

·         Vinculación de todos los niños y niñas a un nuevo proyecto civilizatorio.

·         Medidas urgentes de inicio de la Reforma Agraria.

·         Medios comprometidos con la idea de una sociedad no - violenta.

·         Establecimiento de la meritocracia en las instituciones del Estado.

 

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