DECLARACION INICIAL ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ
(BORRADOR PARA DISCUSION)

---

 

 

Delegados y delegados de diversos sectores sociales, regiones y de 20 departamentos, reunidos en Bogotá los días 30 y 31 de julio 1998, en un momento histórico de transición al nuevo milenio y enfrentados a construir una paz justa y duradera nos hemos constituido en Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.

 

Esta Asamblea es un proceso orientado a fortalecer el movimiento social y las expresiones del poder ciudadano por la paz, que en el convergen diversos sectores de la sociedad en el propósito común de contribuir a la definición de los contenidos e instrumentos de un Acuerdo Nacional para construir la paz con justicia socia. Es democrática, autónoma, participativa, amplia, pluralista y en continua construcción en lo nacional, regional, local y sectorial.

 

La paz es obra de la justicia social y exige la adopción de un orden en el que mujeres y hombres puedan realizarse como tales, su vida y su dignidad sean respetadas, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad, a la reparación y su libertad garantizadas, exige también el respeto y la promoción de los derechos humanos y la instauración de un modelo de desarrollo económico y social que haga posible la equitativa distribución de la riqueza, del saber y del poder, y la democracia de participación y de solidaridad. La paz es un derecho irrenunciable, y un deber ineludible, que debe ser construida por todos y por todos y todas, construcción colectiva en la cual la sociedad civil en toda su diversidad está llamada a ser la principal protagonista.

 

Como reacción a la multiplicidad de violencias que amenazan la vida, la integridad física o los bienes en todas las esferas de la sociedad y como resultado de la confluencia de muchos esfuerzos y circunstancias, se está abriendo una oportunidad excepcional para la paz. Hoy existe un movimiento ciudadano por la paz, el presidente electo se a comprometido a iniciar negociaciones de paz con la insurgencia, los actores armados han expresado su voluntad de comprometerse también en un proceso de negociaciones y la comunidad internacional ha manifestado su disposición para contribuir de manera activa en la solución negociada del conflicto y en la construcción de las bases económicas de la paz.

 

Esta Asamblea propicia la coordinación de los diferentes movimientos por la paz; defiende el cumplimiento del Mandato Ciudadano contenido en el voto por la Paz, la Vida y la Libertad y respalda las iniciativas en curso para desarrollar diálogos con los actores armados. En particular, respalda el Acuerdo de Puerta del Cielo y se compromete con la realización de la Convención Nacional y los foros regionales y sectoriales; el despeje de los cinco municipios para propiciar los diálogos entre la sociedad civil, las FARC y el gobierno. La Asamblea saluda y convoca la presencia solidaria de la comunidad internacional en el proceso de construcción de la paz, con respecto de nuestra soberanía.

 

Las positivas expectativas de paz generadas por nuevas condiciones obligan a reafirmar aspectos básicos que contribuyan a crear un ambiente de confianza entre los actores armados y entre estos y la sociedad civil, así como a fortalecer la participación de la sociedad en una futura negociación :

 

El compromiso por parte de los actores armados de poner fin a los asesinatos selectivos, las masacres y el respeto a la vida de los combatientes puestos fuera de combate. El rechazo al secuestro ; la no realización de bombardeos sobre zonas campesinas ; el abstenerse de reclutar menores derechos a la objeción de conciencia ; el respeto a la decisión de las comunidades urbanas o rurales, campesinas o indígenas de no involucrarse en el conflicto armado ; el respeto a todas las iniciativas de paz sean de orden económico o de orden político, y el acatamiento sin condiciones de las normas de Derecho Internacional Humanitario. La Asamblea propone que el establecimiento de estos compromisos sea objeto de los próximos encuentros entre los actores armados y las representaciones de la sociedad colombiana. También que se establezcan los mecanismos de verificación de su cumplimiento.

 

La Asamblea, con base en los aportes de las Asambleas regionales y locales, de las dinámicas sectoriales e institucionales y del debate de las comisiones en esta primera sesión de la Asamblea Nacional acuerda los siguientes elementos fundamentales para la agenda de paz :

 

1.      Cambios profundos en el modelo de desarrollo socio económico, político cultural y ambiental que promueva el desarrollo integral del ser humano, que conduzca a la creación de riqueza y la equidad en su distribución, la democratización de la propiedad y garantizar el empleo digno y los derechos económicos, sociales y humanos tales como los de salud, educación, vivienda y seguridad alimentaria entre otros.

 

 

Este nuevo modelo debe proteger el medio ambiente y la naturaleza. Por ello debe revisarse la política petrolera, energética y minera del país para garantizar la autonomía y la sostenibilidad energética y la gestión ambiental social y cultural, asumiendo los costos reales que implica la prevención, compensación y mitigación o reparación de los daños a los intereses colectivos de las comunidades locales en toda la política estatal y en la organización social debe respetarse la concepción de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza humana que tienen los pueblos indígenas y negros.

 

2.      Reestructuración democrática del régimen político que nos conduzca a la construcción de un estado sin corrupción al servicio del bien común, de la colectividad y por sobre todo comprendido con la superación de las exclusiones de las desigualdades sociales y de la pobreza ; estado basado en la participación decisoria de las mayorías nacionales que posibilite la reestructuración de las relaciones de poder, el respeto y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ; con un orden público democrático que brinde seguridad, sin impunidad ; con unas fuerzas armadas reestructuradas que tengan como objetivo supremo la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional y una política encargada de la protección de la vida y los derechos. Estado que brinde espacios para la participación social y política a los hombres y mujeres de este país, descentralizado, con respecto a las minoría étnicas soberano y en el cual funcione un sistema plural de partidos y en el sistema que se ofrezcan garantías a la oposición política . Un estado que garantice la democratización de los medios de comunicación y de la información.

 

3.      Desarrollo del proceso de regionalización, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de 1991, que potencie el crecimiento de las regiones y respete la diversidad regional, étnica y cultural.

 

4.      El nuevo orden político debe comprometer tanto al Estado como a la sociedad civil en la constitución de una sociedad en paz y en convivencia, en la creación y puesta en marcha de una pedagogía y una cultura para la resolución pacífica de los conflictos, que sea respetuosa de la pluralidad étnica y cultural existente en nuestro medio y que promueva el respeto por el otro y por las diferencias de género, de etnia y de creencias.

 

5.      Una sociedad y un estado basados en el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Este exige el cumplimiento estricto de los protocolos de Ginebra, la puesta en práctica y el desarrollo de las propuestas del Mandato Ciudadano por la paz, la vida y la libertad y sobre todo exige de todos los actores armados el respeto a los derechos de la población civil, en especial el de la vida y la no provocación de su desplazamiento como primer paso para avanzar en la negociación política del conflicto.

 

Somos decididos partidarios de la negociación política del conflicto armado y pedimos a todos los actores armados suscribir acuerdos con el gobierno para la humanización del conflicto, estableciendo claros mecanismos de verificación de los acuerdos suscritos, tal como lo propone el proyecto de acuerdo presentado a esta Asamblea por la Comisión de Conciliación Nacional, alternativas que hagan posible cuanto antes el cese al fuego, los despejes y la puesta en marcha de los mecanismos de distensión. El propósito fundamental de las normas humanitarias es proteger a los no combatientes, y por lo tanto los actores armados deben diferenciarse de la población civil para permitir su protección.

 

Proponemos a los medios de comunicación que con su compromiso con la construcción de la paz, se manifieste en abrir sus espacios a las diferentes expresiones de la sociedad con criterio pluralista y democrático, sin hacerle concesiones a la guerra en aras de captar sintonía o ampliar circulación. Los comunicadores tienen el deber ético de aportar elementos que contribuyan a la comprensión del conflicto y a fomentar valores y actitudes de tolerancia y solidaridad.

 

Demandamos de la comunidad internacional su solidaridad, y participación en mecanismos como la verificación, acompañamiento, y de otros demandados y aceptados por las partes, asi como la creación de fondos y diversos instrumentos que permitan llevar a la práctica los acuerdos logrados en la negociación política, en el marco del respeto por el proceso de negociación interna.

 

En la promoción de coordinación e integración de las diferentes iniciativas de paz, la Asamblea se compromete en la realización de diferentes eventos tales como la Semana por la Paz el próximo mes de Septiembre en la Jornada del 26 de octubre y en el encuentro entre ciudadanos del 10 de Diciembre, con ocasión del cincuenta aniversario de la promulgación de la carta de los Derechos Humanos, llamamos al gobierno que se inicia el próximo 7 de Agosto, y al Estado en su conjunto, a desarrollar un auténtico proceso de paz, a comprometerse con una política efectiva de respeto y garantía de los asociados ; la lucha contra la impunidad, de plena vigencia de las libertades públicas para favorecer la organización y expresión de la sociedad civil y, de diálogo y concertación para definir las políticas económicas y sociales que afectan a la población. Es indispensable, para enfrentar la actual situación económica, buscar medidas cuyo costo no recaiga sobre los sectores menos favorecidos.

 

Reafirmamos una vez más desde este espacio de convergencia de la diversidad regional, social, étnica, religiosa, política y cultural que la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil es el encuentro de los diferentes para buscar alcanzar consensos y precisar las diferencias, en el objetivo común de construir una sociedad basada en la justicia social que haga sostenible la paz.

 

ES DE TODOS Y DE TODAS, TODO EL TIEMPO, EN TODAS PARTES ES LA PAZ !

 

Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá, 1998 07-31.