Presentación

INTERROGANTES Y COMPONENTES DEL DEBATE

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Darío González Posso – Editor

Santafé de Bogotá, 23 enero de 1999

 

 

INTERROGANTES

 

El presente compendio es una publicación preliminar. Este material se utilizará para realizar mesas de conversación en diferentes sectores o regiones y para promover foros amplios de debate en diferentes partes del país. Se ofrecerá como material que eventualmente puede ser utilizado en las mesas o comités por la paz y para las Asambleas Regionales de la Sociedad Civil por la Paz.

 

Se espera que con la realización de los eventos mencionados, surjan nuevos aportes y nuevas conclusiones que enriquezcan el debate. Es por ello que representa una invitación a fortalecer esta reflexión. Se convoca a contribuir con su aporte: a las organizaciones representativas de la sociedad civil, a las organizaciones campesinas, a la ONIC y demás organizaciones indígenas, a las organizaciones de negritudes, a los investigadores y académicos, a las organizaciones insurgentes, a los representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Con base en los desarrollos de los debates y eventos serán editadas nuevas publicaciones.

 

Para organizar esta discusión es posible plantear, entre otros, interrogantes como los siguientes:

 

-          ¿Qué modelo alternativo requiere el país?

-          ¿Que elementos en lo rural y agrario deben ser considerados para un acuerdo de paz?

-          ¿Sobre este tópico, cuál podría ser el contenido óptimo del acuerdo?

-          ¿Que aspectos de la problemática en referencia deben evitarse en una negociación?

-          ¿Que líneas de acción en esta materia debe desarrollar desde ahora el país, independientemente de que se dé o no acuerdo de paz?

 

En este volumen está incluida una diversidad de posiciones en relación con los anteriores interrogantes y con las propuestas para una Agenda por la Paz.

 

v      Propuestas de la Misión Rural Colombia 1998

v      Propuestas de investigadores y expertos

v      Propuestas de las organizaciones insurgentes

v      Las políticas gubernamentales

v      Elaboraciones de Agenda por sectores no gubernamentales, sociales y civiles

v      Amazonia colombiana: Problema agrario y cultivos ilícitos

 

 

COMPONENTES DEL DEBATE

 

Resulta difícil sistematizar los diversos componentes del debate, dada la complejidad del problema y la multiplicidad de posiciones y matices. Sin embargo, sin pretender abarcar de manera exhaustiva dicha complejidad ni agotar el tema, podemos mencionar algunos de los puntos que quizás hacen parte de sus componentes más relevantes.

 

 

La discusión de los modelos de desarrollo

 

Crucial significado le asignan muchos análisis a la definición de un modelo global de desarrollo en el país, que dé unas pautas y enmarque las políticas y estrategias de desarrollo rural. Si el problema se mira desde una perspectiva general, en este debate han estado implicadas básicamente dos líneas que representan no sólo enfoques teóricos, sino en esencia intereses diversos. Un estudio del Instituto de Estudios y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional indica que, por una parte, se expresa una línea clásica que concibe el problema agrario y las políticas de desarrollo rural esencialmente en función de aumentar los niveles de productividad y acumulación de capital; la otra línea de corte estructuralista, resalta el problema agrario como un asunto ligado al desarrollo, concebido como la distribución equitativa de los factores de producción. Según este análisis, la línea denominada clásica pone el acento en los problemas ligados al déficit o exceso de oferta de productos agrícolas, la segunda se refiere a factores estructurales que plantean condiciones de desigualdad en el proceso de acumulación de capital[1].

 

De acuerdo con el documento antes citado, para los analistas del desarrollo rural y agrario de corte clásico, la distribución de la tenencia de la tierra no constituye la salida a la actual crisis del sector agropecuario y en este sentido es necesario replantear los modelos de producción, de acuerdo con las condiciones agronómicas de los suelos y las condiciones de oferta y demanda del mercado internacional; mientras los estructuralistas consideran que la reforma agraria es la base fundamental para corregir los problemas del desarrollo rural tanto en el ámbito productivo, ambiental, social y político.

 

Los primeros sostienen entre sus argumentos contra la distribución de la propiedad, entre otros, que la distribución de la propiedad rural no resulta una medida efectiva para la distribución del ingreso nacional, que las dificultades derivadas de la falta de recursos por parte de los campesinos beneficiados con la asignación de tierras y sus bajos niveles de educación y calificación de la mano de obra se agravan por la falta de financiación; en este sentido la reforma agraria, según este enfoque, constituye un freno a la inversión productiva.

 

Los segundos argumentan, a favor de la distribución de la tenencia de la tierra, que la actual crisis de la agricultura y del sector rural es el resultado de problemas estructurales acumulados desde hace varias décadas ante la inexistencia de una reforma agraria. La instrumentalización de la reforma agraria, a través de la colonización, como estrategia de integración de tierras baldías a la producción nacional, la descomposición de la pequeña propiedad rural y la no redistribución de la gran propiedad, generó complejos problemas sociales de gran conflictividad que desbordó el control por parte del Estado: disputas entre colonos por la posesión, desplazamiento de indígenas, conflictos entre colonos y terratenientes, sistemas de producción con impactos negativos ambientales y sociales, expansión de cultivos ilícitos, concentración de la propiedad por parte del narcotráfico,  violencia, desplazamiento masivo. Situaciones que evidencian la crisis del sector agropecuario y el fracaso del modelo de desarrollo. En conclusión, la reforma agraria constituye una herramienta para racionalizar el uso de la tierra al interior de la frontera agrícola y con ello atenuar la presión sobre los bosques.

 

La línea clásica enfatiza en la necesidad de aumentar la productividad para garantizar una mayor equidad, mientras los estructuralistas ven en la distribución de los factores de producción una garantía para la productividad y el crecimiento económico.

 

Pero aquí no termina el debate. Desde hace algún tiempo en nuestro país y en otras latitudes buscan abrirse camino en la discusión terceras vías que retoman o recontextualizan elementos de las diferentes líneas, así como posiciones alternativas que integran visiones diversas y heterogéneas. "El neoestructuralismo comparte con el neoliberalismo la preocupación por la proyección exportadora y por la eliminación de las distorsiones que resultaron del proteccionismo; advierte sin embargo, sobre la conveniencia de escoger procedimientos e instrumentos que le den gradualidad y selectividad a la apertura y le asignan un lugar importante a la intervención del Estado para afrontar los retos del nuevo escenario mundial". Pero "al planeamiento neoestructuralista, como al neoliberal, le hace falta integrar en sus estrategias, como columna vertebral, el sentido humanista de la acción social y estatal. La cuestión previa a esas discusiones sobre el Estado y el mercado, o sobre la relación entre mercado interno y externo, o sobre las formas de incorporación de la nueva tecnología, o sobre las políticas de equilibrio macroeconómico, está en las finalidades del desarrollo: ¿Desarrollo de quién y de qué? ¿desarrollo para qué y para quienes?"[2]. Este análisis igualmente indica que el enfoque de transformación productiva con equidad que propone el neoestructuralismo, a diferencia del neoliberalismo, supone avanzar hacia los objetivos de crecimiento y equidad en forma simultanea antes que secuencial. Sin embargo, la visión neoestructuralista  presenta una imprecisión al no ubicar la equidad en el desarrollo. "Ni simultáneo, ni paralelo, lo correcto es entender que la equidad es una medida del desarrollo, máxime cuando la inequidad ha relegado a la pobreza y a la carencia de oportunidades a más del 50% de la población"[3].

 

Por su parte, la Misión Rural, uno de los ejercicios prospectivos resientes más significativos, en sus conclusiones sostiene que "el modelo de proteccionismo característico de la sustitución de importaciones se ha agotado y que el de apertura presenta graves debilidades"[4]. De acuerdo con la Misión Rural, para lograr una economía al servicio de la sociedad es necesario en primer término contar con un proyecto nacional que recoja los fundamentos mínimos que dan coherencia a la unidad nacional y posibilitan que ésta determine la viabilidad de un proceso de paz como expresión de la convivencia como propósito común basado en un gran acuerdo nacional y en un pacto social.

 

El debate sobre la pertinencia de la reforma agraria

 

Para algunos la Reforma Agraria Integral y la idea redistributiva ha quedado completamente revaluada, así por ejemplo Carlos Murgas, Ministro de Agricultura de la Administración Pastrana, afirmó que "no se necesita reforma agraria", por eso, dijo, no perdería tiempo en el Congreso reformando la ley actual.

 

Murgas ha sostenido en suma que los grandes propietarios deben darle a los campesinos un 20% de sus haciendas y hatos, y que la solución del campo es la llamada agricultura por contrato (véase declaraciones en el presente compendio). Ha propuesto "la fórmula del 80-20": sobre el ochenta por ciento de la tierra de los grandes propietarios, nada; el veinte restante se lo ofrecerían en comodato a los campesinos y si trabajan bien para los hacendados se lo venden.

 

La estrategia esbozada por Murgas ha sido objeto tanto de adhesiones como de críticas. Desde una posición independiente Alfredo Molano ha sostenido que se trata de una neo-aparcería: “La idea es sencilla, como un buen negocio: los generosos neo-hacendados –habría que llamarlos empresarios, para que no se molesten– se desprenden del 20% de sus tierras, las venden por intermedio del ágil y eficaz "mercado de tierras" del Incora a los campesinos, y éstos se convierten en mano de obra adscrita a la propiedad mientras libran sus parcelas. El secreto de la estrategia es darles tan poca y tan mala tierra que los pequeños neo-propietarios tienen que salir obligatoriamente a jornalear en tierras de sus "socios", los neo-patrones. Seguramente la idea es que unos y otros produzcan lo mismo, por ejemplo, palma africana, y que la empresa agrícola –antes hacienda– le compre todo el producto al campesino a precios de mercado, es decir, a precios fijados por el Gobierno mediante las presiones políticas del respectivo gremio”[5].

 

De acuerdo con otras visiones, diferentes a las mencionadas del Dr. Murgas, la reforma agraria es uno de los requisitos de la paz en Colombia. La Misión Rural, Colombia 1998, por ejemplo, propone "una reforma agraria integral, que en un plazo no mayor de cinco años, permita que la tierra de mayor capacidad productiva esté en manos de quienes más eficientemente la puedan explotar" [6].

 

Por supuesto, en el conjunto de quienes son partidarios de la redistribución existen diferencias, matices y énfasis diferentes, en especial en los medios para realizarla; algunos ponen el acento en el mercado libre de tierras y tienden a excluir mecanismos como la expropiación o se limitan tímidamente a la extinción de dominio sobre las propiedades provenientes de actividades ilícitas. Otros contemplan diversas opciones como la expropiación por vía administrativa, la expropiación con indemnización e incluso la expropiación sin indemnización como elementos de desarrollo económico y de equidad.

 

Quienes cuestionan la eficacia del mercado para redistribuir la tierra, critican el programa más importante de la Ley 160 de 1994, que es el mercado subsidiado con venta voluntaria. Según estas críticas este programa redistributivo hasta ahora ha sido un fracaso. De acuerdo con el análisis de Valderrama y Mondragón (Misión Rural Colombia 1998, Volumen 2), las cifras del Catastro muestran que el proceso de concentración de la propiedad se centra en los predios mayores de 500 hectáreas que han pasado de tener el 32.59% de la tierra, a dominar el 44% en un lapso de sólo 13 años. Los grandes propietarios han adquirido exclusivamente las mejores tierras, especialmente aquellas que tienen perspectivas de valorización, ubicadas cerca de proyectos viales, petroleros, mineros o hidroeléctricos, en cambio, en el programa de subsidio al mercado de tierra, dicen los autores citados, "El campesino está siendo ahogado por el crédito, debido a que las tasas de interés son superiores a la rentabilidad del predio. Efectivamente la totalidad de beneficiarios de 1995 está en mora"[7].

 

El Plan Nacional de Desarrollo (1998 - 2002), con una política de tierras más que de Reforma Agraria, insiste sin embargo fundamentalmente en el modelo de la negociación voluntaria y la compra de tierras, que se combina con la extinción de dominio de las tierras adquiridas mediante actividades ilícitas[8]. Por su parte, para las organizaciones insurgentes la base es toda la gran propiedad.

 

El Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC - EP, en uno de sus puntos centrales, expresa: "A la Política Agraria de Mentiras de la Oligarquía, oponemos una efectiva Política Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador" (julio de 1964).

 

La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar sostiene que "Hay que redistribuir la tierra allí donde impere el latifundio. Construir la infraestructura vial y dotar del transporte necesario los campos del país, fijar créditos baratos para la agricultura y la ganadería, seguros de cosecha, facilitar insumos y tecnología moderna a todos quienes generan riqueza en nuestros campos y garantizar la venta de sus productos" (enero de 1992) .

 

El ELN propone, entre otros puntos, “Realizar una reforma agraria que distribuya entre el campesinado sin tierra, las propiedades de los terratenientes, narcotraficantes y latifundistas. El desarrollo de una  nueva política de crédito, que se preocupe de manera muy especial por el campesinado pobre y medio, estimulando formas cooperativas, asociativas, comunitarias y de rentabilidad. La organización de sistemas de mercadeo que suprima los intermediarios, que abaraten costos y precios y unan la asistencia para ayudar a mejorar la productividad y la eficiencia" (Febrero de 1998).

 

En su instalación, julio 31 de 1998, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, movimiento muy amplio y diverso, aprobó una Declaración Inicial donde se pronuncia por: "Reforma Agraria integral que tenga en cuenta la equidad con la mujer campesina, la distribución justa y la función social y ecológica de la propiedad que garantice financiación, tecnología sostenible, infraestructura y servicios básicos a la población rural y a la organización y participación de los pobladores. La erradicación de cultivos ilícitos mediante sistemas manuales respetuosos del medio ambiente, y su sustitución mediante el desarrollo de sistemas productivos. Reforma urbana que brinde servicios básicos e integre a la población marginada de las ciudades a los beneficios del desarrollo integral. La política de atención integral a la población afectada por la violencia y en especial los desplazados y familiares de las víctimas en conflicto armado".

 

Las organizaciones campesinas, agrupadas en el Congreso Nacional Campesino, defienden una tesis de reforma agraria integral, desarrollo social y equidad y proponen una Constituyente campesina. En las observaciones al Plan Nacional de Desarrollo, presentadas por las organizaciones campesinas (ANUC  nacional y CNC) al Consejo Nacional de Planeación, se sostiene que "La reforma agraria debe ser una estrategia central para la construcción de un desarrollo que conduzca a la paz en Colombia".

 

Otros aportes son los elaborados por la Fundación Presencia - Agenda por Colombia, cuya propuesta central es la Aldea agrícola: "La principal estrategia de largo plazo es el fomento o desarrollo de centros agrícolas por excelencia, donde, a través de empresas, se obtenga mejor calidad de vida de la población rural y se fortalezca el sector. En las aldeas agrícolas, los productores podrán obtener tierras a través de la afiliación a la empresa semilla o copropiedad de la aldea, en unidades familiares, o tierras públicas de uso exclusivo de cada afiliado. Se busca que el productor se convierta en un pequeño empresario quien, individualmente o a través de la asociación empresarial, elabore también productos agroindustriales".

 

La ruralidad

 

La visión de lo rural, por supuesto, ha avanzado en las elaboraciones y propuestas, aun cuando algunas se quedan todavía en lo exclusivamente agropecuario o reducen el problema a políticas de tierras complementadas con algunas obras de infraestructura, mercado, asistencia técnica y créditos. Desde otras perspectivas más amplias, se propone en primer término cuestionar el modelo de desarrollo y se vislumbran determinados componentes internacionales del problema. Se acepta además que la ruralidad integra diversas dimensiones, económicas, sociales, culturales, territoriales, ambientales.

 

La discusión sobre las Zonas de Reserva Campesina

 

La figura de las Zonas de Reserva Campesina, integrada a la Ley 160 de 1994, representa una estrategia importante, que también ha sido objeto de debate.

 

Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, de acuerdo con la Ley, esta política debe quedar limitada "a ciertas zonas cuyas características agropecuarias y socioeconómicas regionales se asimilan a la condición de zonas colonizables o bien cuya  situación jurídica está  determinada como bienes baldíos".

 

En cambio, impulsores de la idea como Alfredo Molano sostienen que esta política, cuyo propósito esencial es impedir o eliminar la concentración de tierras, no debe limitarse a regular el conflicto agrario en zonas de colonización, sino en toda región donde la economía campesina esté amenazada.

 

El Plan de Desarrollo 1998 - 2002 está centrado en la estrategia del mercado subsidiado de tierras, sin embargo también consigna un aspecto en el cual han insistido las organizaciones campesinas y muchos expertos del tema rural: "se avanzará - dice este Plan - hacia el desarrollo integral de las zonas de reserva campesina, lo que supone un proceso de ordenamiento territorial del país, con la participación de todos los actores. Éstas podrán ser de­finidas tanto en las áreas de colonización como dentro de la frontera agrícola. Parte de las tierras para las zonas de reserva campesina provendrán de la extinción de dominio de las tierras adquiridas mediante actividades ilícitas y además se privilegiará su creación en áreas de conflicto de forma tal que se evite el desalojo posterior de los campesinos hacia regiones económica y ambientalmente insostenibles".

 

De acuerdo con Valderrama y Mondragón, este programa debe ser aplicado tanto en las zonas de colonización como en las de ganadería extensiva y en zonas aptas para la agricultura (Misión Rural Volumen 2). El Informe Final de la Misión Rural consigna que "Se debe fortalecer la estrategia de creación y desarrollo de las zonas de reserva campesina y de reserva empresarial. Estos instrumentos tienen como propósito redensificar la frontera agrícola, frenar los procesos perversos de colonización y establecer áreas en las cuales se estabiliza la propiedad campesina mediana y pequeña, consolidando organizaciones territoriales. El factor distintivo de la propuesta es que estas zonas de reserva deben ser desarrolladas al interior de la frontera agrícola, en las tierras que se van a redistribuir, con igual prioridad que en el margen de la colonización"[9].

 

La primera experiencia práctica iniciada en el país está ubicada en la Región del Río Pato (Municipio de San Vicente del Caguán), aun cuando todavía se encuentra en sus fases iniciales. Con base en esta experiencia, se destaca como imprescindible la movilización y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la autonomía, como soporte de la democracia política y del ordenamiento territorial.

 

Ordenamiento territorial y paz

 

Desde la sociedad civil se expresa una gama amplia de puntos de vista y de experiencias prácticas que no se inscriben necesariamente en las líneas o modelos de desarrollo dominantes. Por ejemplo, la propuesta de Orlando Fals Borda enfatiza la importancia de la autonomía administrativa en la definición y reconstrucción de las entidades territoriales en Colombia como una contribución a la búsqueda de la paz: "Con el fin de superar la actual guerra civil, a partir del reordenamiento territorial recomendamos proceder paso a paso desde las bases comunales locales hacia arriba, es decir, a partir de las unidades de administración territorial básicas como veredas y corregimientos donde tiene lugar lo cotidiano, pasando a entidades más complejas y grandes como el Municipio, la Provincia y la Región, reconociendo vinculaciones económicas y sociales antiguas o nuevamente creadas por la diáspora campesina, la dinámica demográfica y por el conflicto armado mismo".

 

Ordenamiento territorial participativo, autonomía y autogestión local van así de la mano. El desarrollo de iniciativas populares en materia agraria, de ordenamiento territorial local o regional, de reforma agraria, así como de actividades y empresas, pueden crear una base sólida para el control y poder comunitarios sobre las decisiones relacionadas con la alimentación, la sostenibilidad social, económica y ambiental.

 

Soberanía alimentaria

 

Una de las propuestas aquí incluida tiene como eje la defensa de la recomposición del campesinado. Sostiene que sin campesinado libre no hay seguridad o soberanía alimentaria, y por tanto plantea la necesidad de "un movimiento y una política campesinistas". De acuerdo con cifras de 1988, de las 5.2 millones de hectáreas bajo cultivo en Colombia, 3.4 correspondían a economía campesina, 2.8 millones de hectáreas en alimentos y 0.6 millones en café tradicional (Véase tesis de Mario Mejía en este compendio).

 

La mujer tiene un papel primordial en todo este proceso. Ella es quien aporta los vínculos culturales en el proceso de la alimentación y la nutrición. En muchas comunidades locales fue ella la que aseguró la producción y selección de las semillas. La mujer ha cumplido una función productiva esencial y hoy como producto de la agudización de la violencia que generó orfandad y viudez se ha transformado en forma creciente en cabeza de familia y, paradójicamente, en una de las posibilidades esenciales de reestructuración de los grupos desplazados.

 

El tema de la seguridad alimentaria tiene implicaciones con el modelo de desarrollo. Desde una supuesta "defensa del consumidor" ha sido planeado un enfoque frente al cual surgen varias inquietudes que deben ser objeto de reflexión. De acuerdo con lo planteado en el Volumen 3 de la Misión Rural, el país no debe renunciar a su capacidad productiva, ni permitir el desmonte de su sistema de producción de alimentos. Por otra parte -señala el documento citado- no existen condiciones ilimitadas de importar alimentos y, agrega, "la aplicación inflexible del principio de las ventajas comparativas y competitivas... no considera que los mercados internacionales de productos agrícolas no funcionan en condiciones de libre competencia, lo que ha conducido al aumento de la dependencia alimentaria y al desplazamiento de la producción nacional y en especial de la pequeña producción campesina con potencial productivo. La protección de la producción nacional y de alimentos asociada con la reducción de la pobreza e indigencia, para consolidar y defender la democracia, es un asunto de interés nacional que debe considerársele como de máxima prioridad al cual deben estar subordinados otro tipo de intereses. El crecimiento económico con una mayor justicia social, exigirán la defensa de los diferentes intereses nacionales a través de una acción eficiente y eficaz del Estado. La Constitución Política, en el artículo 65, consagra como un tipo de interés nacional la protección por parte del Estado a la producción de alimentos"[10].

 

La cuestión internacional

 

Llama la atención que la inmensa mayoría de las posiciones, en mayor o menor medida, subestimen o ignoren  la cuestión internacional y los aspectos ambientales, incluso algunos de los actores más relevantes del debate para una agenda de paz en materia rural, como el gobierno,  la Sac, las organizaciones campesinas, los grupos alzados en armas, la Misión Rural.

 

En lo fundamental, han sido hasta ahora investigadores desde la sociedad civil, quienes han empezado a dar toda su importancia a problemas como la oligopolización de los alimentos y semillas por las transnacionales, la apropiación de los recursos y saberes agrarios a través del patentamiento de formas de vida, el peligro de los alimentos y semillas transgénicas, el alimento como derecho humano, la soberanía alimentaría frente a la apertura, la globalización y la Organización Mundial del Comercio, el derecho de los consumidores a conocer si un alimento es o no de origen transgénico, los derechos de los agricultores, entre otros aspectos.

 

Unidad Latinoamericana

 

La adopción de un nuevo modelo de desarrollo, para lograr una economía al servicio de la sociedad, que posibilite un proceso de paz, no remite exclusivamente al ámbito "nacional", pues es indispensable una acción en la esfera de las relaciones internacionales orientadas, entre otros aspectos, a la protección de la producción campesina colombiana. Esto demanda  seguramente iniciativas que fortalezcan la capacidad de negociación y de renegociación del país sobre su inserción en el ámbito internacional. Por ejemplo, se ha dicho que la democracia social, política y económica, sería más sólida en el marco de una unidad o "Comunidad Latinoamericana de Naciones" (Preámbulo de la Constitución Nacional), siempre que en cada uno de los países se procure su reestructuración social, económica y política, pues de lo contrario la integración podría servir también para fortalecer la concentración del poder y la riqueza.

 

Cultivos ilícitos

 

Se incluye en el presente compendio un debate parcial sobre los "cultivos ilícitos". Este problema no es exclusivo de la Amazonia, ni sus orígenes y soluciones son simplemente nacionales o amazónicos. Sin embargo, se toma como referencia esta región, dado que en ella se encuentra concentrado el mayor porcentaje de las áreas de coca y además porque hacia aquí se han dirigido buena parte de las propuestas, como aquella que insiste simplemente en la "sustitución de coca por vacas".

 

Pero no es la finalidad de la Presentación de este compendio hacer una reseña de todos y cada uno de los elementos del debate, sino invitar a la discusión. Esperamos que este compendio sea útil en tal sentido.

 

Santafé de Bogotá, 23 de enero de 1999

 

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