OBSERVACIONES DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1998 - 2002

"...La reforma agraria debe ser una estrategia central..."

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Documento presentado por la ANUC[1]  nacional y el CNC[2], en el Consejo Nacional de Planeación

 

 

I. Sobre el modelo de Desarrollo

 

1.      Pensar un modelo de desarrollo alternativo que oriente sus metas al logro de una mayor equidad, justicia y sostenibilidad supone trastocar o revolucionar principios que orientan el modelo actual y que están en la base de lo que podríamos entender como origen de la crisis del campo colombiano, significa además, aceptar que la solución se encuentra en una visión que acerque de manera pragmática la política y la economía. Es decir: si la política es una tarea de todos, las decisiones en el orden de la economía no podrían ser otra cosa que el resultado del juego político, democrático, que de manera precisa sea garantía de los derechos de los ciudadanos que hacen parte de la sociedad colombiana.

 

2.      En este sentido, en el caso colombiano es urgente, el desarrollo de la democracia como esencia fundamental para el logro, no solo de derechos políticos sino también económicos. La democracia como sistema político garantiza no solo los derechos sino que también es el orden político donde, por principios, se acepta las diferencias, la diversidad,  la pluralidad de ideas y es desde la base de este principio que los discursos, políticas o ideologías homogeneizantes aparecen como contradictorias y antidemocráticas.

 

3.      El nuevo modelo de desarrollo tendrá que pensarse desde una óptica pluralista que acepte la gran heterogeneidad que la nación colombiana y que elimine las múltiples formas de exclusión. Heterogeneidad que se expresa en lo territorial, en lo económico, en lo político, cultural y ambiental y que significa pensar el país desde los distintos territorios, formas de producción, expresiones políticas, etc.

 

4.      Es necesarios interrogar de manera crítica los presupuestos generales del modelo que no reconocen la heterogeneidad y que propugnan por una homogeneización en búsqueda de una mayor competitividad. No significa esta posición un desconocimiento de los procesos de globalización de la economía o de lo que se ha dado en llamar mundialización de la cultura, sino más bien el reconocimiento de que es necesario ajustar el modelo a la realidad nacional, partiendo de un hecho evidente: solo un equilibrio entre lo que somos como país y lo que deseamos ser en la comunidad internacional podrá dar, en el largo plazo, un modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad económica y la estabilidad política.

 

5.      La urgente necesidad de hacer un replanteamiento profundo de los fundamentos del modelo de desarrollo que rige la estructura política y económica del Estado Colombiano, planteado en el Plan de Desarrollo, como la insostenibilidad del modelo actual, debe ir más allá de los intentos de restablecer los principios del modelo aperturista de inicios de los años noventa. La falta de continuidad y profundidad en los procesos de desprotección de la economía colombiana, no son criterios suficientes para establecer un verdadero camino de redefinición del  modelo de desarrollo colombiano.

 

Subyacen como causas del agotamiento del modelo aspectos centrales que no pretenden modificar en el cambio de modelo pretendido en el plan:

 

·            Las profundas desigualdades e inequidades propias de la estructura de distribución del ingreso y de acceso a la riqueza.

·            La exclusión económica, política y social.

·            El papel que se le asigna al crecimiento económico como meta final del desarrollo, desconociendo la importancia de los aspectos políticos y culturales básicos.

·            La falta de prioridad que el modelo asigna a la disminución de la pobreza.

·            Una actitud crítica que recoja una posición alternativa sobre el proceso de globalización y los distintos escenarios de comercio mundial, donde los países en desarrollo vienen presionando nuevas opciones, más ajustadas a sus propios intereses.

 

El cambio de modelo debe buscar unas nuevas reglas políticas y económicas de la sociedad, encaminadas a preservar la democracia y la sostenibilidad en el modelo.

 

6.      El cambio debe ser entendido bajo la idea de la transición, que implica la formulación y puesta en marcha de políticas ambiciosas que tengan como objetivo central la modificación de las causas esenciales que determinan las amenazas y debilidades del  modelo. La transición no puede confundirse con ajustes marginales, ya que los problemas que aquejan a la sociedad colombiana son de carácter estructural y deben ser asumidos en una visión a largo plazo.

 

La transición se caracteriza por acciones acotadas en el tiempo, que exigen esfuerzos y sacrificios de la sociedad en su conjunto, pero con contraprestaciones claras, expresados en logros de mejoramiento de las causas estructurales de la crisis nacional.

 

Un elemento central de la transición es la necesidad de fortalecer el Estado, como líder natural y legítimo del proceso. Por ello se debe ser en extremo cuidadoso en los riesgos que implica su reducción y debilitamiento. No es posible pensar en el logro de las transformaciones requeridas en un Estado debilitado y replegado. Una vez se halla avanzado en los ajustes estructurales requeridos, el Estado se ajustará a sus justas dimensiones  y se concentrará en las áreas que por su naturaleza le corresponden.

 

 

II. Sobre el sector rural y agropecuario

 

7.      El propósito de fortalecer los procesos de descentralización que se vienen llevando a cabo en Colombia desde la década anterior es uno de los ejes centrales del cambio de gestión del Estado y de nueva relación con la sociedad civil y las entidades territoriales. Este es un propósito que debe ser respaldado y acompañado con acciones concretas que permitan que se produzca un verdadero cambio en la estructura de poder de la sociedad colombiana. Pero es necesario reforzar este intención con políticas explícitas que establezcan la forma como se va a mejorar la participación:

 

·         El Consejo Nacional de Planeación como máxima instancia constitucional de intervención de la sociedad civil en los procesos de planificación y seguimiento de la gestión pública, requiere que sea reforzado. Debe contar con una secretaría técnica y capacidad operativa que permita que durante la ejecución del plan de desarrollo actúe como canalizador de las expresiones de las organizaciones democráticas de la sociedad civil. Para ello el Departamento Nacional de Planeación deberá asignar presupuesto que permita su trabajo en forma permanente y eficiente. Se debe buscar la puesta en ejecución de un nuevo sentido de la planificación basada en la concentración y el compromiso de los actores sociales frente al Estado.

·         Las organizaciones de la sociedad civil deberán contar con apoyo en su proceso de fortalecimiento y empoderamiento, garantizando capacidad política, técnica y de convocatoria. Especial atención se debe prestar a las organizaciones campesinas, que deberán contar con la protección del Estado para garantizar su seguridad, que es hoy una de las más graves amenazas a su gestión y fortalecer su proceso de capacitación.

·         Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, son la instancia básica del proceso de participación y gestión en el nivel local. Por tal razón se constituyen como prioritarios para concretar los procesos de participación ciudadana y comunitaria, en el nuevo modelo de gestión pública.

·         Deben comprometerse acciones que permitan que la sociedad civil intervenga en una forma más directa y eficaz en el control social de la gestión del Estado, dando desarrollo a los mecanismos contemplados en la Constitución Nacional para la participación. El Ministerio del Interior debe comprometerse decididamente en la puesta en marcha de programas que canalicen las expresiones populares a través de acciones democráticas en el marco institucional.

·         Las expresiones populares, gremiales  comunitarias deben ser tenidas en consideración como manifestaciones importantes de demandas y los acuerdas que el Estado ha establecido deben tener un tratamiento prioritario, dado su  importante sentido político y social.

·         Las propuestas de la sociedad civil deben ser consideradas en forma especial, particularmente los esfuerzos de concertación, análisis y propuestas productos de amplias movilizaciones académicas y sociales como son la Trocha Ciudadana y la Misión Rural, entre otras.

·         En estos procesos de fortalecimiento de la participación se debe promover una mejor distribución del poder, reflejada en un esquema que haga que la mayor participación se convierta en la democratización de las decisiones.

·         Reconocer la urgencia de desarrollar la democracia participativa como dispositivo de planeación y control y garante del manejo transparente de los recursos municipales, departamentales y nacionales. Consideramos que el proceso de concepción, ejecución y control del plan nacional debe ser altamente participativa y constituirse en si mismo, el proceso, en elemento que genere confianza, legitimidad y gobernabilidad.

 

8.        Existe consenso sobre la prioridad de lograr un régimen territorial en Colombia que recoja las importantes reformas que, en materia de descentralización y relación del Estado y la Sociedad Civil, quedaron consignadas en la Constitución de 1.991. La promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, debe ser una prioridad  a la cual se le deben definir acciones concretas de política para su desarrollo. En particular se debe considerar:

 

·       La convocatoria a una Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial que recoja el trabajo desarrollada por aquella constituida a la luz de los artículos transitorios de la Constitución.

·       Garantizar que esta Comisión aplique  los principios de la concertación y amplia participación política de todos los actores de la vida regional y local del país.

·       Integrar los temas correspondientes a las estrategias de paz con definiciones estructurales de ordenamiento territorial.

·       Proponerse la definición de nuevos modelos de planificación y gestión de desarrollo, en el marco de la democracia participativa.

 

9.      La importancia que se le asigna al campo colombiano en el Plan de Desarrollo debe corresponderse con una concepción moderna del sector rural. Las evidencias del desarrollo territorial nos conducen a la necesidad de definir estrategias de desarrollo  y definiciones de política que sean consecuentes con los siguientes elementos básicos del mundo rural:

 

·       Los territorios rurales son espacios de integración de un conjunto amplio de sectores económicos, que si bien se articulan sobre el eje fundamental de los agropecuario, tienen un carácter claramente multisectorial.

·       Por ellos las políticas productivas y de desarrollo rural deben superar el énfasis estrictamente agrario que han tenido hasta el presente, entendiendo que es necesario articular acciones de diversa naturaleza que respondan a estrategias que recojan y potencien en forma más lúcida los potenciales de las cadenas productivas y de los enlazamientos de valor agregado que están hoy presentes en el sector rural.

·       Las externalidades de la actividad agropecuaria son muy altos ya que, más allá de su aporte al producto, es responsable del jalonamiento y liderazgo de dimensiones tan importantes como la apropiación del espacio, la creación de tejido social, la construcción de asentamientos humanos, la definición de una estructural urbana y regional, la formación de cultura, la apropiación de la oferta ambiental y el desarrollo de institucionalidad económica, política y social.

·       El sector rural se constituye en un espacio económico, social, político y cultural estratégico para el ajuste al modelo de desarrollo nacional, por su gran capacidad de aportar a las metas de crecimiento económico, justicia social, estabilidad política e institucional, la paz y la sostenibilidad ambiental.

·       En consecuencia debe procurarse una mayor integralidad a las políticas que afecten estos espacios, reduciendo las visiones sectorialistas y fortaleciendo las territoriales, bajo criterios de aprovechamiento de la diversidad y heterogeneidad que le son propios. Esto implica que debe hacerse un esfuerzo para garantizar que el Plan de Desarrollo recoja como estrategia macro un concepto integral de desarrollo económico, político y social rural.

 

10.    Uno de os ejes centrales del Plan de Desarrollo es el de la construcción de la paz en Colombia y a él se dirigen la mayor parte de los énfasis de política, por esta razón es necesario hacer precisiones sobre los conceptos que soportan las metas de paz allí definidas.

 

·       La paz debe ser concebida como un logro de largo plazo, que se basa en su sostenibilidad, producto de la eliminación de las causas básicas de exclusión, inequidad y falta de tejido y capital social.

·       La paz solo se logra bajo principios de legitimidad emanados de la amplia participación de la sociedad en su construcción. El pleno y justo desarrollo es el único sustento de una paz estable, el cual debe ser construido para todos y por todos.

·       Esta visión implica que el objetivo de un desarrollo real es, en última instancia, el verdadero cimiento de la paz y que este debe ser construido por el conjunto de la sociedad colombiana, en un proceso que va más allá de la reducción de la guerra.

·       En este sentido es necesario diferenciar las fases que debemos recorrer para llegar a tan anhelado objetivo. Una etapa es la de la reconciliación,  la tregua y la desmovilización, donde los protagonistas básicos son los actores armados. Otra fase es la del logro de un modelo de desarrollo adecuado, donde se debe incluir a toda la sociedad con el liderazgo de sus instituciones legítimas y democráticas.

·       La focalización que se le ha impreso al Plan de Desarrollo, parte de un supuesto originado en que la guerra se debe a limitaciones en el desarrollo en las zonas de conflicto, minimizando la importancia de los procesos de deterioro de las condiciones de desarrollo en el conjunto de la sociedad colombiana. Los conflictos no resueltos en el conjunto de la sociedad colombiana han generado zonas convulsionadas y deprimidas en los márgenes. Por ello es necesario actuar simultáneamente en las raíces de la guerra y no sólo en sus expresiones.

·       El desarrollo regional exige acciones equitativas en todo el territorio nacional y el privilegio de ciertas regiones deberá estar determinado por ventajas especiales de interés nacional. En ese sentido no se entiende claramente como se privilegia la Costa Caribe, dejando de lado el Pacífico o la Orinoquía, que tienen tantos o mayores potenciales en una estrategia exportadora.

 

 

III  Sobre el sector rural y agropecuario

 

 

11.  Reconocer la economía campesina como alternativa para el logro de la seguridad alimentaria, de la eliminación de la pobreza y del alcance de la equidad, elementos que se constituyen en clave para alcanzar un país en paz. En este sentido consideramos urgente una revalorización de la economía campesina que permita considerarla como alternativa y forma de vida de una  gran población rural que no podría, en las condiciones actuales, ser sometida a los esquemas de competencia en los mercados internacionales. Esta revalorización debería partir del reconocimiento de sus potencialidades, tradiciones y vinculación a una cultura, léase también como formas de producción y tecnologías desarrolladas a lo largo de la historia de la nación, que han mostrado con suficiencia que en escenarios de paz logra garantizar no solo la seguridad alimentaria de la población sino también la convivencia.

 

12.  Los logros de crecimiento económico y eficiencia productiva que se visualizan en el Plan de Desarrollo parten de una concepción válida que privilegian el fortalecimiento de la eficiencia y la competitividad de las actividades económicas rurales. Sin embargo el énfasis dado a las opciones modernas y de tipo exportador, desconocen las capacidades que tienen las economías campesinas y de medianos productores, responsables de la mayor parte del empleo y de la producción que soporta la seguridad alimentaria en Colombia. Existen en el país cerca de dos millones de productores agropecuarios que, en diversas condiciones de entorno y acceso a activos productivos (tierra, capital, tecnología y desarrollo de capital humano) responden adecuadamente a una excelente provisión de alimentos con precios relativos a la baja.

 

13.  La viabilidad económica de este grueso de productores debe ser reconsiderada. Las explotaciones con estructuras modernas de gestión tecnificada, no son las únicas viables en la economía rural. Los pequeños y medianos productores tienen una estructura productiva que es necesario fortalecer, mediante acciones que procuren un mayor acceso a activos productivos y la incorporación de estrategias eficientes de mercadeo, orientación al mercado (no necesariamente exportador) y mejoramiento gerencial. En este sentido es urgente promover modelos institucionales para mejorar la capacidad de gestión campesina, bajo la idea de que se cuenta con un verdadero potencial empresarial.

 

14.  Reconocer el desarrollo de las economías locales como alternativas con gran capacidad de autosuficiencia que puedan convertirse en un largo plazo en ejes del desarrollo rural. Esto supondría el reconocimiento de la necesidad de una planeación más cercana al concepto de territorio y de lo local que al de una planeación centralizada y pensada para el alcance de una mayor competitividad en el plano internacional. Consideramos como eje central de un plan de desarrollo para la paz, desarrollar una estrategia nacional que fomente una economías y mercados locales que antes que una mayor competitividad internacional se dirija a crear las bases de una economía  sólida pensada y planificada para el bienestar de la gran población rural que ha estado marginada de los beneficios o logros del modelo actual. Es muy posible que esto cuestione la estrategia de localizar las inversiones en los territorios o regiones de alta conflictualidad y se tenga que pensar más bien una estrategia nacional que vincule el proceso de paz a un desarrollo rural integral.

 

15.  La economía campesina tiene una estrecha relación con las metas de la reconstrucción de tejido social. La democratización de la propiedad y de la apropiación directa de excedentes es, en Colombia, una opción tan válida como la de generación de empleo productivo, por parte de las grandes empresas, que por la vía del salario mejore la distribución del ingreso. Esta estructura campesina colombiana no es una debilidad que refleja inviabilidad, sino un potencial que debemos fortalecer y conservar.

 

16.  El énfasis exportador que se le imprime a la estrategia de dinamización económica, tiene que ser acotada, ya que sólo proporciona soluciones a un segmento reducido de la economía rural. Las metas de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias, no lograrán beneficiar sino a una porción minoritaria de los productores rurales. Luego debe hacerse un balance incorporando estrategias de apoyo y fomento a las economías orientadas a los mercados internos, particularmente a las que atienden a los productos no trasables.

 

17.  En este sentido debe privilegiarse, en las estrategias, la seguridad alimentaria, tanto de la población rural, como del conjunto de la sociedad colombiana. La adecuada disponibilidad de alimentos y su acceso por parte de todos los segmentos de la población, debe ser un objetivo fundamental de la política agropecuaria nacional y en consecuencia se debe revalorizar el aporte que a ella hacen las comunidades de productores campesinos.

 

18.  El desarrollo rural, considerado en el Plan de Desarrollo, debe entenderse como una estrategia de política que busque el desarrollo del potencial de contribución de la población rural al desarrollo integral del país, esto es, a su crecimiento económico, su justicia social, su estabilidad política y su sostenibilidad ambiental y no como una política compensatoria o asistencialista hacia la población vulnerable. En otras palabras, se debe considerar como una inversión altamente rentable, en términos económicos y sociales. Para ello debe considerar, como partes integrales, un proceso de reforma agraria, programas de formación de capital humano, creación de capital social y una política de equidad de género.

 

19.  La reforma agraria debe ser una estrategia central para la construcción de un desarrollo que conduzca a la paz en Colombia. Pero esta reforma agraria debe tener el nivel de una política de transición de máxima prioridad y dimensión. Los logros en la reforma agraria deben permitir la transformación de las dinámicas económicas, políticas y demográficas colombianas. Específicamente se debe adelantar acciones que permitan:

 

·       Incorporar estrategias que permitan el acceso a activos productivos (tierra, capital, tecnología, formación de capital humano) del conjunto de productores y pobladores del campo.

·       Ampliar el ámbito de la reforma agraria a un sentido de desarrollo integral del territorio rural, que permita la  ampliación de las actividades no agropecuarias en dichos territorios.

·       La creación de nuevos asentamientos, el incentivo a la inversión privada en zonas de reforma agraria, en áreas de alto potencial en cuanto a generación de empleo y de eslabonamientos productivos de valor agregado.

·       El desarrollo de modelos de gestión productiva y de organización social que permitan un verdadero desarrollo territorial, integral y diversificado.

·       La conformación de zonas de reserva campesina y de reserva empresarial, como modelos de gestión territorial  que den estabilidad a las economías campesinas y que articulen la vinculación de estructuras empresariales, con economías de escala, al desarrollo local y regional.

·       El mercado de tierras se constituye en una estrategia idónea para el logro de metas ambiciosas de reforma agraria, pero debe ser fortalecida con acciones que corrijan las graves distorsiones que presenta el mercado de tierras como consecuencia de la carencia de un régimen de tributación adecuado, que estimula el manejo especulativo, la concentración y la sustracción de tierra de la producción o el uso inadecuado de su verdadero potencial.

·       La reforma agraria debe promoverse en las zonas de mayor potencial, mejor localización respecto de la infraestructura construida y de los mercados, y no focalizarse en las zonas marginales, o exclusivamente en las áreas de conflicto. Un desarrollo territorial integral y eficiente en el interior de la frontera agrícola, donde se encuentran concentraciones improductivas e ineficientes de tierra, deberá generar movimientos poblacionales desde las zonas marginadas y de conflicto a las zonas con mayores potenciales. En otros términos la reforma agraria debe apostarle al éxito, lo cual se logra concentrando acciones en los mejores suelos y las mejores localizaciones.

·       La eficiencia de los proyectos de reforma  agraria deben ser medido y evaluados con criterios que superen los índices de competitividad internacional, buscando nuevas formas de medir su beneficio en términos de rentabilidad económica, social, política y ambiental, simultáneamente.

·       Los subsidios directos y las acciones que integren capital privado a las acciones de reforma agraria, serán determinantes de los logros que se puedan obtener. Dado que la reforma agraria presenta extraordinarios niveles de eficiencia cuando se ejecuta en forma marginal, por debajo de los umbrales de impacto, la estructura de financiamiento de un proceso amplio, que beneficie a no menos de 700 mil productores en los cuatro años, deberán ser estudiados y definidos cuidadosamente, incluyendo las inversiones que se han contemplado para la paz, en el denominado Plan Colombia. Una destinación marginal de recursos a este proceso genera graves impactos negativos de orden político y social.

 

20.    El capital humano del sector rural se debe constituir en la base  central de la estrategia de desarrollo de largo plazo. Para ello es necesario considerar estrategias de política que logren un mejoramiento de las capacidades, el acceso a las posibilidades del desarrollo y calidad de vida del conjunto de pobladores rurales:

 

·       La educación rural deberá replantearse sobre la base de la revalorización de la cultura rural, de los conocimientos tradicionales y de el fortalecimiento del potencial productivo y de construcción de tejido social de las comunidades rurales. El criterio de pertinencia de la educación rural, que privilegia modelos urbanos y paradigmas de desarrollo no rurales debe ser reemplazado por un sentido de mayor apreciación de la ruralidad como opción legítima del progreso.

·       Los procesos pedagógicos y las tecnologías educativas debe proporcionar nuevas opciones de ampliación de coberturas y mejoramiento de calidad, dos graves falencias actuales del modelo de educación rural. La incorporación de tecnologías modernas de comunicaciones e informáticas deben ser puestas en práctica en forma generalizada, tanto para la información, como para la formación en el trabajo y el afianzamiento cultural.

·       La movilización amplia de los actores sociales deberá acompañar una acción liderada por el Estado con la meta de realizar una revolución educativa rural, expresada en ampliación de la cobertura, eliminación del analfabetismo, capacitación tecnológica y empresarial y formación para la convivencia y la participación.

·       El mejoramiento de las capacidades de la población rural deberá estar acompañada por una estrategia de desarrollo productivo soportada en el mejoramiento del acceso a activos productivos y empleo, en los términos que se desprenden de las estrategias de dinamización económica, que por tanto debe tener un carácter irrevocablemente incluyente (democratización de la propiedad de los activos productivos y modelos productivos intensivos en mano de obra).

·       La infraestructura social es una responsabilidad redistributiva ineludible por parte del Estado. La salud, la seguridad social, la vivienda, el saneamiento básico y la recreación deberán ser provistos con programas que garanticen un desarrollo territorial integral, en cooperación entre las entidades públicas de los niveles nacionales, departamentales y municipales.

 

21.  Los profundos procesos de transformación de la vida rural han traído como consecuencia un mayor protagonismo y visibilidad de la contribución de las mujeres, tanto en la vida reproductiva como productiva. El trabajo rural agropecuario se ha feminizado y subsisten estructuras de discriminación y políticas que no contemplan cabalmente esta particular condición. Por ello es necesario establecer políticas explícitas  que permitan que esta mitad de la población rural mejoren sus condiciones de vida, mejoren su contribución al desarrollo y participen  equitativamente en la construcción del tejido social.

22.  El ajuste de la institucionalidad del sector rural y, particularmente del sector agropecuario, es una urgencia inaplazable. Para adelantarla es necesario tener en consideración algunos elementos básicos:

 

·       La institucionalidad parte de un conjunto de acuerdos y decisiones sociales que se expresan en reglas del  juego, estructurales de toma de decisiones, organizaciones informales y organizaciones formales. Una revisión de la institucionalidad no debe centrarse únicamente en estas últimas, menos aún restringirse a las organizaciones formales públicas.

·       El escenario de fortalecimiento a la descentralización y participación, con el que se compromete el Plan de Desarrollo, obliga a una revisión del conjunto de instituciones. Para ello deberá promoverse un proceso de evaluación y concertación que conduzca a la adecuación entre las estrategias de políticas, sus instrumentos y la realidad de los actores que con sus acciones concretas hacen viable el desarrollo y garantizan la gobernabilidad.

·       Se deberá adelantar un proceso de concertación que proporcione legitimidad y viabilidad al ajuste institucional.

·       Es necesario tener presente que la ineficiencia mostrada por entidades públicas no es suficiente justificación para la eliminación de las responsabilidades que tiene el Estado para liderar y apoyar los procesos de desarrollo y la transición que está requiriendo hoy el sector rural colombiano.

·       El proceso de ordenamiento territorial deberá ayudar a conducir una redefinición de responsabilidades, competencias, subsidiaridad y estructuras de financiamiento y manejo fiscal.

·       El papel que se el asigna a la sociedad civil, particularmente al sector empresarial privado, requiere profundos cambios en las estructuras de las organizaciones que se representan e igualmente demandan una nueva forma de relacionamiento con el Estado. Para ello es necesario adelantar acciones que permitan la existencia de nuevas reglas y espacios de concertación de políticas y caminos para el fortalecimiento de su capacidad técnica y legitimidad política.

·       El fortalecimiento de entidades de apoyo al desarrollo productivo, como el caso de la Corporación Colombia Internacional, no se debe traducir en un debilitamiento de la participación y autogestión de los productores en la definición de sus propias estrategias de reconversión y modernización.

·       La transparencia que se busca en la gestión pública debe soportarse prioritariamente en un incremento del control social y una mayor fluidez en las relaciones entre usuarios o beneficiarios y las instancias de ejecución de políticas. Para ello se deben fortalecer los procesos de decisión en el nivel local.

 

23.  Es necesario incorporar la oferta ambiental y, en particular los servicios ambientales que presta el sector rural, a la economía y la contabilidad rural. Los costos de oportunidad de la protección a los recursos naturales deben ser convertidos en transferencias netas de los usuarios o beneficiarios de estos, a los productores rurales. El agua debe ser un generador de ingresos para aquellas comunidades comprometidas en la conservación y protección de fuentes. Igualmente se deben estudiar mecanismos de incorporación de los recursos generados por la retención de carbono de las explotaciones forestales y las utilidades futuras de la conservación de la biodiversidad. Se deben, igualmente, combatir los esquemas de apropiación privada del medio ambiente.

 

24.  La carencia de una estructura de inversión pública en el documento de bases del plan, impide la evaluación de las prioridades y de las metas. Sin embargo, ante un claro escenario de restricción fiscal y las propuestas de sustitución de recursos públicos por recursos privados es necesario tener en consideración los siguientes elementos:

 

·       El gasto público colombiano presenta serios problemas en cuanto a su estructura y eficiencia, más allá, de su desajuste financiero actual.

·       Para su solución es menester considerar criterios básicos que van a orientar el necesario ajuste fiscal, que se propone el actual gobierno. El papel del Estado, la política de redistribución y la concepción de bienes públicos que debe proveer, debe quedar explícitamente reflejados en la política macroeconómica del Plan de Desarrollo.

·       Acogidos a los objetivos básicos de dinamización de la economía y de recomposición del tejido social, propuestos  por el Plan, es claro que se requiere una fuerte inversión para crear capital social, para invertir en bienes públicos que permitan el mejoramiento de las condiciones  de entorno de la economía rural y que, en última instancia, se reflejen en el mejoramiento de las condiciones de competitividad de país, la reducción del riesgo a la inversión privada y, como consecuencia su incremento sustancial.

·       La inversión privada, como sustituto de inversión pública, tiene grandes limitaciones. Primero porque existen un conjunto de bienes públicos indispensables para el desarrollo que no pueden ser provistos por el sector privado, ya que por su carácter no son siempre sujetos de esquemas concesionales o de privatización. Segundo porque la lógica de la inversión privada es la de maximizar su rentabilidad en mercados competidos de capitales, la cual no será atractiva, en tanto no se mejoren las condiciones de seguridad y de entorno de competitividad del sector rural, para lo cual se requiere avanzar en los procesos de paz, confianza en las reglas del juego y mejoramiento de las condiciones de competitividad.

·       La transición hacia la eficiencia económica, hacia la reconstrucción del tejido social y la paz no se puede concebir sin un importante gasto público. Las restricciones fiscales no pueden aliviarse con restricciones al gasto social, ya que redundaría en un agravamiento serio de las condiciones de desigualdad que existen en la base del conflicto nacional.

·       Para el logro de la transición y la paz, se requiere de un esquema de transferencias de recursos de la sociedad hacia el sector rural, que permita la construcción de las condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible, con reactivación económica y construcción del tejido social. Para ello se deben definir claramente las estrategias de protección (transferencias vía precios) y de subsidios (transferencias vía gasto público).

·       En ese esquema es necesario hacer reconsiderar las medidas de transferencias por medio de la tasa de interés preferencial, mantenimiento de las inversiones forzosas para el sector y compensación a los riesgos del sector.

·       Es necesario hacer replanteamientos profundos de la estructura fiscal territorial, los cuales deben acompañar el proceso de ordenamiento territorial.. los cambios generados por una drásticas reducción de la inversión pública del nivel nacional, debe estar acompañada de una redefinición del gasto público territorial, para reducir el riesgo de una caída de la inversión total que imposibilite la reactivación de la economía y haga inviable las estrategias de paz.

·       Igual ocurre con la estructura de la deuda pública que hoy pesa en forma grave sobre las finanzas del Estado. El financiamiento externo es necesario para establecer formas de financiar la transición, bajo el principio de que la inversión en la paz y el sector rural producirá los réditos suficientes para amortizar esquemas nuevos de endeudamiento. Todo ello es posible sólo si se considera la inversión rural como algo altamente rentable y no como compensatoria. Esquemas de condonación de intereses para ser invertidos en desarrollo rural, deben ser considerados como formas concretas de solidaridad y compensación internacional para el proceso de paz colombiano.

·       El otro aspecto clave del gasto público es el de su grave ineficiencia producto de políticas inadecuadas, de instrumentos imperfectos, de instituciones inapropiadas para las políticas y alejadas de la realidad política y económica. La corrupción emerge como consecuencia de este pobre escenario público y sus causas deben ser revisadas en forma decidida. Un nuevo sistema de evaluación de la inversión, tanto en su ejecución como en su impacto, es un requerimiento fundamental del ajuste fiscal colombiano, particularmente en el sector rural.

 

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