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Presidencia de la República - Ministerio de Justicia y del Derecho Presentación


Ha sido motivo de especial satisfacción para mi Gobierno el sancionar la Ley número 333 de 1996
«Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita».

El mensaje más importante que debe percibir nuestra sociedad con la expedición de esta fuerte normatividad, es el dirigido a establecer que cualquier tipo de convivencia con el delito le otorga a las autoridades la facultad y el deber de actuar al respecto. Para nadie es un secreto el evidente hecho de que el narcotráfico ha permeado gran parte de las actividades diarias de nuestra sociedad y que el poder corruptor de sus dineros ha vulnerado el normal funcionamiento de las Ramas del Poder Público, se ha inmiscuido en cada uno de los renglones de la economía, ha influenciado y se ha filtrado en la actividad política y ha logrado la tolerancia de la sociedad en lo que tiene que ver con las riquezas que una clase emergente obtiene con la mirada permisiva de algunos.

A partir de la sanción de la Ley 333, la sociedad deberá perder su capacidad de asombro en relación con los beneficios directos o indirectos que puedan obtener de grandes sumas que manejan las organizaciones criminales; los particulares deberán sujetarse en sus transacciones comerciales a criterios de debida diligencia en el conocimiento del origen de los bienes o a asumir la consecuencia de afrontar un proceso de extinción del dominio que puede privarlos del goce de su propiedad.

Por otro lado, el concierto internacional ha estado pendiente durante ya varios años de la tarea que desempeñe Colombia en la lucha contra el cultivo, producción, tráfico y consumo de narcóticos. Nuestro papel en la Comunidad de Naciones siempre ha sido el propio de un Estado que por diversas condiciones, ha protagonizado en forma especial las soluciones a esta problemática que ocupa tan importante renglón en las agendas nacionales, internacionales y en las de los organismos multilaterales y mundiales. Y los resultados ofrecidos por el Estado colombiano han sido directamente proporcionales con el compromiso que implica el desgraciado rol de país productor y traficante de sustancias sicotrópicas.

Hoy podemos mostrar con orgullo, cómo el despliegue de las acciones de mi Gobierno en contra del narcotráfico y las organizaciones criminales, trasciende los temas de la erradicación de cultivos ilícitos, de la interdicción de operaciones de producción y tráfico de precursores y narcóticos, de la captura de los más importantes jefes de los carteles de la droga y pasa a una esfera de mejoramiento sustancial de los instrumentos legales que sirven para adelantar esta intensa lucha.

Nunca antes, como ahora, el Estado colombiano puede ofrecer a sus conciudadanos y a todos los países del mundo involucrados en esta intensa problemática, instrumentos legales que permitan atacar en forma eficaz y eficiente el poderío económico de las organizaciones criminales dedicadas a las actividades que afectan la comunidad colombiana: narcotráfico, secuestro, extorsión, corrupción administrativa.

En cuanto a los resultados pretendidos, el Gobierno Nacional es consciente de que las solas bondades escritas de la Ley no son suficientes para garantizar la aplicación adecuada de sus normas ni para obtener los objetivos propuestos con ella. También existen algunos escépticos en relación con los resultados que se puedan obtener con su aplicación. Hoy, debo expresar el firme compromiso del Ejecutivo en la realización de las actividades necesarias para lograr la consecución de los fines perseguidos por la Ley, a tiempo que hago un llamado a las demás autoridades comprometidas en su ejecución para que ella sea la que pretende el país entero.

Las riquezas mal habidas deben retornar al disfrute del Estado y la sociedad. La destinación de los recursos prevista en la Ley tiene direcciones que importan a toda la colectividad, y ésto constituye un aliciente adicional para que las autoridades apliquen eficientemente y con agilidad la nueva normatividad. El fortalecimiento de la Dirección Nacional de Estupefacientes se realizará en forma inmediata, para que las tareas atribuidas a esta agencia gubernamental se cumplan rápida y oportunamente.

En conclusión, entramos a una nueva etapa de la lucha contra el crimen organizado: la del desver-tebramiento del poderío económico de la empresa delincuencial que aseguraba su funcionamiento y su inmensa capacidad de daño.

Todo con miras al logro de un orden social justo que rechaza toda forma extraordinaria e ilícita de enriquecimiento en la Colombia que todos queremos.

ERNESTO SAMPER PIZANO

Presidente de la República de Colombia

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