PROYECTO DE LEY SOBRE DESARROLLO RURAL EN COLOMBIA

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY

 

 

 

TITULO I         DISPOSICIONES GENERALES

                          Capítulo 1: Principios y Objetivos

                          Capítulo 2: Sistema Nacional de Desarrollo Rural

                          Capítulo 3: Del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER

 

TITULO II       DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO

                          Capítulo 1: De los proyectos productivos

                          Capítulo 2: Modernización tecnológica

 

TITULO III      DE LOS PROGRAMAS DE REFORMA AGRARIA

                          Capítulo 1: Del subsidio para compra de tierras

                          Capítulo 2: Adquisición directa de tierras y formas de pago

                          Capítulo 3: Del régimen de las Unidades Familiares Agrícolas

                          Capítulo 4: Zonas de colonización, de reserva campesina y de desarrollo empresarial

 

TITULO IV      DE LOS PROGRAMAS DE ADECUACION DE TIERRAS

                          Capítulo 1: Del subsidio para adecuación de tierras

                          Capítulo 2: De los proyectos a cargo del INCODER

                          Capítulo 3: De las Asociaciones de Usuarios

                         

TITULO V        DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ACUICOLA Y PESQUERO

                          Capítulo 1: De los incentivos a la actividad pesquera

                          Capítulo 2: De las actividades acuícolas y pesqueras

                          Capítulo 3: De la conservación de los recursos pesqueros

 

TITULO VI      DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES

                          Capítulo 1: De los resguardos indígenas

                          Capítulo 2: Atención a la población desplazada

                          Capítulo 3: De los bienes rurales objeto de la extinción judicial del dominio    

                         

TITULO VII     DE LOS PROCEDIMIENTOS AGRARIOS

                          Capítulo 1: Procedimiento para la adquisición  directa de tierras

                          Capítulo 2: Clarificación de la propiedad y deslinde de tierras.      

                          Capítulo 3: Procedimiento administrativo de extinción del dominio

                          Capítulo 4: Normas sustanciales sobre adjudicación y recuperación de baldíos

                          Capítulo 5: Proceso judicial de expropiación

 

TITULO VIII   DEL MINISTERIO PUBLICO AGRARIO

 

TITULO IX      DISPOSICIONES FINALES

 


 

 

PROYECTO DE LEY NUMERO _________ DE 2006

 

Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- y se dictan otras disposiciones.

 

 

El CONGRESO DE COLOMBIA

 

DECRETA:

 

 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

 

 

Capítulo 1

Del Estatuto, Principios y Objetivos

 

 

ARTICULO 1°.- Del Estatuto de Desarrollo Rural. El presente Estatuto contiene el conjunto sistemático e integrado de principios, objetivos, normas, lineamientos de política, mecanismos y procedimientos a través de los cuales el Estado colombiano promoverá las acciones orientadas a lograr el desarrollo y bienestar del sector rural, en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad.

 

ARTÍCULO 2°.- Principios de la ley. Con el propósito de obtener un mejoramiento sustancial del ingreso y de las condiciones de vida de los productores rurales, esta Ley se enmarca en  los siguientes principios:

 

1. La promoción y consolidación de la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social y el bienestar de la población rural.

 

2. La estrecha coordinación y cooperación de los diversos organismos y entidades del Estado, del sector central, descentralizado y territorial, para estimular el desarrollo integral de  las áreas rurales.

 

3. El fortalecimiento y ampliación de la política social en el sector rural, mediante mecanismos que faciliten el acceso de los pobladores rurales de menores ingresos a la propiedad de la tierra y a otros factores productivos, para reducir la pobreza y las desigualdades sociales.

 

4. El estímulo al potencial productivo del sector agropecuario, y el apoyo a las actividades orientadas a fomentar la modernización de la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera que provienen del sector rural.

 

5. El aumento en la rentabilidad de las explotaciones para incrementar los ingresos de los productores y generar mayores oportunidades de empleo productivo en las áreas rurales.

 

6. El incremento en la eficiencia de la comercialización de los productos agropecuarios y el mejoramiento de su competitividad en los mercados internos y externos.

 

7. La creación de incentivos encaminados a aumentar las condiciones de inversión y capitalización del sector rural, y el impulso a la participación del sector privado en desarrollo de las actividades rurales.

 

8. La conservación de la capacidad productiva de los recursos naturales y la prevención de impactos ambientales negativos.

 

9. La participación de los productores rurales, directamente o por medio de sus organizaciones representativas, en las decisiones del Estado que afecten el proceso de desarrollo y la modernización del sector rural.

 

10. La estabilidad de la política de desarrollo rural, en una perspectiva de mediano y largo plazo, y la promoción de condiciones de transparencia, eficacia y efectividad en las relaciones entre el Estado y las organizaciones privadas del sector agropecuario.

 

ARTICULO 3°.- Objetivos de la Ley. Los objetivos generales de Estatuto de Desarrollo Rural son los siguientes:

 

1. Establecer el Sistema Nacional de Desarrollo Rural como un mecanismo de planeación, coordinación y evaluación de las actividades que desarrollan los organismos del Estado dirigidas a mejorar el ingreso y la calidad de vida de los pobladores rurales, con las características que se describen en el Capítulo 2 de este Título.

 

2. Fortalecer la capacidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para formular, coordinar y evaluar la política de desarrollo rural, y dotarlo de los mecanismos necesarios para el efecto.

 

3. Establecer nuevos instrumentos orientados a mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades que adelanta el Estado para la promoción productiva del sector agropecuario en el medio rural.

 

3. Reformar el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, como entidad responsable de la ejecución de los programas de desarrollo productivo en el medio rural.

 

4. Organizar, actualizar y armonizar en un Estatuto único las normas relacionadas con el tema de desarrollo agropecuario en el medio rural, en particular las referidas a los programas de reforma agraria y el mejoramiento del acceso a la tierra, a los programas de riego y adecuación de tierras, y a las actividades de desarrollo acuícola y pesquero.

 

ARTICULO 4°.- Del acceso a la propiedad de la tierra. Para el cumplimiento del precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, las estrategias, acciones y decisiones que se adopten mediante la presente ley estarán dirigidas al logro de los siguientes objetivos:

 

1. La reforma de la estructura social agraria, por medio de procedimientos de dotación de tierras encaminados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural, o su fraccionamiento antieconómico, con el fin de mejorar las condiciones productivas de las explotaciones agropecuarias.

 

2. Beneficiar con dichos procedimientos a los hombres y mujeres campesinos mayores de 16 años, de escasos recursos o que no posean tierras, a los minifundistas, a las mujeres campesinas jefes de hogar y los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional.

 

3. Prestar apoyo y asesoría a los beneficiarios antes señalados en los procesos de adquisición de tierras que ellos promuevan, a través de los mecanismos del subsidio directo y de libre concurrencia, para el desarrollo de proyectos productivos rentables, debidamente justificados y adaptados a las condiciones reales de los mercados internos y externos.

 

4. Formular y ejecutar proyectos productivos que incrementen el volumen de producción y los ingresos de los productores, en armonía con las prioridades de desarrollo de las regiones y de los planes de ordenamiento territorial, de tal forma que dichas tierras se utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación y características particulares.

 

5. El fomento de la adecuada explotación y la utilización social de las aguas y de las tierras rurales aptas para la explotación agrícola, ganadera, forestal y pesquera, y de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, en desarrollo del principio de la función social de la propiedad, mediante programas que provean su distribución ordenada y su racional utilización, la regulación de la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen.

 

6. Estimular la participación equitativa de las mujeres campesinas en el desarrollo de planes, programas y proyectos de fomento agropecuario, propiciando la concertación necesaria para lograr el bienestar y su efectiva vinculación al desarrollo del sector rural.

 

7. La redistribución y enajenación de las tierras ingresadas al patrimonio del Estado en desarrollo de los procesos judiciales de extinción del dominio, a través de programas que comprendan su dotación a los desplazados internos por la violencia y que coadyuven a su estabilización socioeconómica.

 

ARTICULO 5°.- De la adecuación de tierras. Las estrategias, acciones y decisiones que se adopten en desarrollo de la presente ley con el fin de estimular los programas de riego, drenaje y adecuación de tierras, estarán dirigidas al logro de los siguientes objetivos:

 

1. El apoyo a los productores rurales en la realización de inversiones en adecuación de tierras para mejorar la productividad, la rentabilidad y la competitividad de sus explotaciones, y para elevar las condiciones estabilidad de la producción agropecuaria.

 

2. El establecimiento de mecanismos de subsidio directo, de libre concurrencia, orientados a fomentar la realización de obras de adecuación de tierras por parte de los productores, a fin de contribuir a elevar la producción y los ingresos de los pobladores del sector rural.

 

3. La promoción, desarrollo y construcción de proyectos de adecuación de tierras que sean de interés estratégico para el Gobierno Nacional, por su importancia para el desarrollo regional y para la economía del país, para lo cual procederá a adquirir por negociación directa o expropiación los inmuebles rurales que fueren necesarios.

 

4. El desarrollo de proyectos productivos rentables, debidamente justificados y adaptados a las condiciones reales de los mercados internos y externos, y que se ajusten a las prioridades de desarrollo de las regiones y a los planes de ordenamiento territorial, a través de mecanismos de estímulo a la realización de obras de adecuación de tierras.

 

5. La utilización racional de los recursos hídricos y la conservación de las cuencas hidrográficas.

 

ARTICULO 6°.- De las actividades pesqueras. En virtud de la obligación del Estado de otorgar especial protección a la producción de alimentos, en especial la relacionada con el desarrollo de las actividades encaminadas a regular el manejo y fomento de la explotación racional de los recursos pesqueros, las estrategias, acciones y decisiones que se adopten en cumplimiento de esta ley estarán encaminadas a alcanzar los siguientes objetivos:

 

1. La explotación racional del recurso pesquero, la promoción de sus exportaciones y el desarrollo productivo y social de los pescadores.

 

2. La identificación y cuantificación de los recursos pesqueros, así como el perfeccionamiento de los procesos tecnológicos en las fases de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, a través del fortalecimiento de la investigación y la asistencia técnica.

 

3. El mantenimiento y la protección de los cuerpos de agua, y la preservación de las condiciones óptimas del medio acuático en el cual se desenvuelve la actividad pesquera.

 

4. El estímulo al consumo interno de los productos pesqueros y el fomento de su industrialización y comercialización.

 

5. El establecimiento de los mecanismos que permitan fomentar, incentivar, regular, administrar y controlar la actividad pesquera y acuícola.

 

ARTICULO 7°.- Los principios y fines enumerados en los artículos precedentes servirán de guía para la reglamentación, interpretación y ejecución de la presente Ley. Las normas que se dicten en materia agraria, tendrán efecto general inmediato, de conformidad con lo establecido en la Ley 153 de 1887, salvo las disposiciones expresas en contrario.

 

 

Capítulo 2

Del Sistema Nacional de Desarrollo Rural

 

ARTICULO 8°.- Créase el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, integrado por los organismos y entidades del sector central, descentralizado y territorial que realicen actividades relacionadas con los objetivos señalados en los artículos anteriores, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a mejorar el ingreso y calidad de vida de los habitantes del sector rural.

 

ARTICULO 9°.- Son actividades del Sistema Nacional de Desarrollo Rural para los fines previstos en esta Ley, las destinadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes del medio rural, como el aumento de su capacidad productiva, la generación y transferencia de tecnologías, la dotación de infraestructura física productiva, los servicios de crédito y estímulos a la inversión, de adecuación de tierras, de comercialización, la oferta de servicios sociales básicos y de seguridad social, la organización de las comunidades rurales, y los servicios de gestión empresarial y de capacitación laboral.

 

ARTICULO 10°.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de liderar y coordinar la formulación de la política general de desarrollo rural, definir las áreas geográficas prioritarias, e identificar las necesidades a cargo de las demás entidades, el Departamento Nacional de Planeación coordinará la elaboración de los planes anuales de inversión y velará por su incorporación en los Planes de Desarrollo, y los organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional deberán incorporar en los respectivos anteproyectos anuales de presupuesto las partidas necesarias para desarrollar las actividades que les correspondan, conforme con lo establecido en el artículo 346 de la Constitución Política.

 

PARAGRAFO: Con anterioridad a la fecha de inscripción de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural enviará a las entidades y organismos que integran el Sistema una relación de las zonas seleccionadas como prioritarias para la estrategia de desarrollo rural, así como los programas que en ellas se adelantarán, para las cuales se determinará la participación que le corresponde a cada una de tales entidades.

 

ARTICULO 11°.- Corresponde al Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES aprobar los presupuestos que anualmente se destinarán a financiar las inversiones orientadas a promover el desarrollo de las áreas rurales, lo mismo que evaluar periódicamente el desempeño del Sistema Nacional de Desarrollo Rural. Para tal efecto, dicho Consejo sesionará al menos dos veces por año, bajo la denominación de CONPES RURAL, a fin de evaluar y aprobar la estrategia multisectorial de desarrollo del medio rural.

 

ARTICULO 12°.- El Gobierno Nacional reglamentará la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, que será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las entidades que lo integran se agruparán en los siguientes subsistemas, con atribuciones y objetivos propios:

 

a) De promoción productiva y de investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología,

b) De adjudicación y adecuación de tierras,

c) De mercadeo, procesamiento y fomento agroindustrial, y promoción de exportaciones,

d) De estímulos a la inversión, crédito y financiamiento

e) De servicios sociales, infraestructura física, vivienda rural, inversión en capital humano y seguridad social,

f) De organización y capacitación empresarial a los productores rurales,

g) De información sobre desarrollo rural

 

ARTICULO 13°.- De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 101 de 1993, los organismos o entidades oficiales competentes en el respectivo sector de inversión, podrán participar en la cofinanciación de los planes, programas y proyectos de desarrollo rural que sean aprobados por el CONPES RURAL, cuando éstos hagan parte de una actividad municipal o departamental.

 

ARTICULO 14°.- Los departamentos establecerán el Comité Departamental de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia de concertación entre las autoridades, las comunidades rurales y los organismos y entidades públicas y privadas para los programas y proyectos de desarrollo rural, en concordancia y armonía con las prioridades establecidas en los planes de desarrollo territorial. Estos Comités dependerán del respectivo Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario –CONSEA, y estarán integrados por representantes de las entidades públicas nacionales o regionales que tengan injerencia en asuntos o actividades de desarrollo rural, así como por  representantes de los municipios y de las organizaciones de productores.

 

ARTICULO 15°.- Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, creados por el artículo 61 de la Ley 101 de 1993, servirán de instancia de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y los organismos y entidades públicas en materia de desarrollo rural, y procederán de conformidad con lo establecido en la Resolución 164 del  30 de marzo de 2004.

 

 

Capítulo 3

Del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

 

ARTICULO 16°.-  El Instituto Colombiano de la Desarrollo Rural -INCODER, creado por el Decreto-Ley 1300 de 2003, continuará funcionando como un establecimiento público descentralizado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, su domicilio será la ciudad de Bogotá y podrá conformar dependencias regionales para el ejercicio de sus funciones en el orden territorial.

 

ARTICULO 17°.- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, tendrá por objeto fundamental promover y apoyar la ejecución de la política de desarrollo productivo agropecuario en el medio rural, facilitar a la población campesina el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades, y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país.

 

ARTICULO 18°.- Son funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, las siguientes:

 

1. Liderar la identificación y consolidación de áreas prioritarias de desarrollo agropecuario y rural, promovidas por iniciativa pública, privada o mixta para adelantar en ellas programas de desarrollo rural de propósito común, que permitan atender realidades específicas de zonas y comunidades rurales, en consonancia con las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

 

2. Fortalecer los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que posibiliten la integración de las acciones institucionales en el medio rural,  y suscribir convenios interinstitucionales que articulen las intervenciones de las instituciones públicas o privadas de acuerdo con las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.

 

3. Fortalecer los procesos participativos de planeación institucional, regional y local para la definición de programas de desarrollo productivo en el medio rural, que permitan a los actores rurales la identificación de oportunidades que su realidad les ofrece y la concertación de las inversiones requeridas.

 

4. Gestionar y otorgar recursos de financiación o cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución de programas o proyectos de inversión encaminados a desarrollar el potencial productivo y a elevar los ingresos de los productores rurales.

 

5. Proponer y adoptar la distribución de recursos para adelantar los programas de desarrollo rural, en las áreas programáticas que se definen en esta Ley, con sujeción a los criterios de prioridad previamente establecidos por el Gobierno Nacional.

 

6. Desarrollar e implementar sistemas de vigilancia, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión institucional.

 

7. Fomentar la adecuada explotación y la utilización productiva de las aguas y de las tierras rurales aptas para la explotación silvoagropecuaria y pesquera, y de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, mediante programas que aseguren el cumplimiento de la función social de la propiedad rural, provean su racional utilización y su distribución ordenada.

 

8. Facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a la tierra y demás factores productivos, para lo cual otorgará subsidios directos que permitan la adquisición de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos que no la posean, a los minifundistas, a las mujeres cabeza de hogar, y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional. El Instituto podrá administrar directamente, o mediante contratos de fiducia, los subsidios respectivos.

 

9. Promover la realización de obras de adecuación de tierras, para lo cual otorgará subsidios directos a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, y a los productores ubicados en áreas prioritarias determinadas por el Consejo Directivo.

 

10. Ejecutar directamente los proyectos de adecuación de tierras que el Gobierno Nacional señale como de interés estratégico para el desarrollo del sector agropecuario y para el progreso de las zonas rurales.

 

11. Adquirir directamente tierras para beneficiarios de programas especiales establecidos previamente por el Gobierno Nacional, para redistribuirlas en favor de los hombres y mujeres desplazados por la violencia, de los habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas, de las comunidades indígenas o para facilitar la construcción de las obras de adecuación de tierras.

 

12. Prestar asesoría técnica y jurídica a los aspirantes a los subsidios de adquisición y adecuación de tierras, sin perjuicio de los que presten otras entidades, según lo previsto  en los Títulos III y IV de esta Ley, y desarrollar programas de apoyo a la gestión empresarial rural dirigidos a los beneficiarios de los subsidios.

 

13. Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola mediante investigación, ordenamiento, administración, control y regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de estos recursos.

 

14. Regular, autorizar y controlar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.

 

15. Asesorar y acompañar a las entidades territoriales, comunidades rurales y al sector público y privado, en los procesos de identificación, preparación y ejecución de proyectos en materia de infraestructura física, social, productiva, de servicios básicos y adecuación de tierras, garantizando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en coordinación con otros organismos públicos y entidades competentes.

 

16. Promover procesos de capacitación a las comunidades rurales en asuntos de organización, acceso y uso de los factores productivos, formación socioempresarial y gestión de proyectos. Fortalecer la capacidad técnica y empresarial de las organizaciones rurales e impulsar su asociación con empresarios, para optimizar el acceso y uso de los recursos tecnológicos y financieros, la generación de valor agregado y su reinversión en el territorio rural.

 

17. Administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y, en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y establecer zonas de reserva campesina y de desarrollo empresarial, con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y  a la función social de la propiedad rural, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida el Consejo Directivo.

 

18. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada, y delimitar las tierras de propiedad de la Nación. El Instituto también podrá adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de resguardo y las de las comunidades afrodescendientes.

 

19. Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas, y de titulación colectiva de las tierras baldías pertenecientes a las comunidades negras, para los fines previstos en la Constitución Política y en la Ley.

 

20. Ordenar y adelantar la expropiación de predios, mejoras y servidumbres de propiedad rural privada o pública en cumplimiento de los propósitos de esta Ley, y ejercitar las acciones y tomar las medidas que correspondan en los casos de indebida apropiación de tierras baldías, o incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas, y adelantar las diligencias y expedir las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado.

 

21. Apoyar los espacios de participación del sector público y privado en el marco de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario, CONSEA, para concretar acuerdos estratégicos en lo productivo y social, en las áreas de desarrollo rural identificadas como prioritarias. Propiciar mecanismos de participación ciudadana para ejercer el control social sobre las inversiones públicas que realice la entidad.

 

22. Gestionar y celebrar convenios de cooperación científica, técnica y financiera con entidades nacionales y extranjeras que contribuyan al cumplimiento de su misión institucional.

 

23. Adelantar el proceso de delegación de funciones a los departamentos.

 

24. Las demás funciones que le señale la ley.

 

PARAGRAFO 1º: El INCODER podrá delegar el ejercicio de determinadas funciones en los departamentos y municipios, en la forma, condiciones y plazos que defina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. No serán delegables las funciones relacionadas con la adjudicación de subsidios, la extinción del derecho de dominio, la clarificación de la propiedad, el deslinde de tierras de la Nación, la delimitación de los resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes, la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados o apropiados, la constitución, reglamentación y sustracción de reservas sobre tierras baldías, y el establecimiento de zonas de reserva campesina y de desarrollo empresarial.

 

ARTICULO 19°.- La dirección y administración del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural estará a cargo de un Consejo Directivo y un Gerente General, que será su representante legal, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y quién asistirá a las reuniones del Consejo Directivo con voz pero sin voto.

 

ARTICULO 20°.- El Consejo Directivo del INCODER está integrado de la siguiente manera:

 

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado quien lo presidirá

 

2. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o el Viceministro.

 

3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

 

4. Un  representante de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas.

 

5. Un  representante de los gremios del sector agropecuario.

 

PARAGRAFO: El Gobierno Nacional reglamentará la manera de elegir el representante de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, y el de los gremios del sector agropecuario. El período de estos representantes será de dos (2) años.

 

ARTICULO 21°.- Los miembros del Consejo Directivo deberán obrar consultando la política gubernamental del sector determinada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y cumplirán sus funciones de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998, en los estatutos internos y demás disposiciones legales. Corresponde al Consejo Directivo:

 

1. Formular la política general del Instituto y los planes y programas que conforme a la Ley Orgánica de Planeación y a la Ley Orgánica de Presupuesto deben proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y a través de estos al Plan Nacional de Desarrollo.

 

2. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto.

 

3. Estudiar y aprobar las modificaciones al presupuesto de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y aprobar el programa anual mensualizado de caja (PAC), de los recursos propios.

 

4. Señalar los criterios generales para la ejecución de los planes, programas y proyectos del Instituto, para el cumplimiento del objeto y funciones para el cual fue creado, y expedir los reglamentos correspondientes.

 

5. Determinar los criterios de elegibilidad y de calificación, y expedir los reglamentos de adjudicación de subsidios para la compra de tierras y para la construcción de obras de adecuación de tierras, los cuales serán aprobados por el  Gobierno Nacional.

 

6. Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones que considere pertinentes a la estructura orgánica del Instituto, adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca.

 

7. Formular, a propuesta del representante legal, la política de mejoramiento continuo del Instituto, así como los programas orientados a garantizar el desarrollo administrativo.

 

8. Conocer y analizar las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas por la administración de la entidad.

 

9. Adoptar y modificar su propio reglamento.

 

10. Las demás funciones que le señale la Ley, los reglamentos y los estatutos internos.

 

ARTICULO 22°.- El Gerente General del INCODER tendrá las siguientes funciones:

 

1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, funciones, políticas, planes y programas inherentes al objeto de la entidad.

 

2. Ordenar los gastos, dictar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad, dentro de los límites legales y estatutarios.

 

3. Administrar el Fondo Nacional Agrario -FNA y el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras -FONAT.

 

4. Celebrar convenios de delegación de funciones con los departamentos y municipios, de conformidad con los lineamientos que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

 

5. Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto y los planes de inversión del Instituto, con arreglo a las disposiciones legales que regulan la materia y ejecutar las decisiones de dicho organismo.

 

6. Proponer al Consejo Directivo y tramitar las modificaciones a la estructura y planta de personal del Instituto.

 

7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Consejo Directivo.

 

8. Dictar las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.

 

9. Nombrar, remover y contratar al personal de la entidad, conforme a las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

 

10. Promover la coordinación de las actividades del Instituto con las entidades u organismos públicos que tengan relación con el sector rural.

 

11. Designar mandatarios que representen al Instituto en asuntos judiciales y extrajudiciales, para la mejor defensa de los intereses de la entidad.

 

12. Coordinar con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las acciones relacionadas con los asuntos institucionales.

 

13. Presentar a los organismos de control correspondientes, los informes de gestión establecidos.

 

14. Rendir informes al Presidente de la República y al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política del Gobierno.

 

15. Crear y conformar grupos internos de trabajo con carácter permanente o transitorio, según las necesidades del servicio, teniendo en cuenta la estructura y los planes y programas definidos por la entidad, mediante acto administrativo en el que se determinen sus funciones, integración y sede habitual de trabajo.

 

16. Ejercer la competencia relacionada con el control disciplinario interno, de acuerdo con la ley.

 

17. Delegar en otros servidores públicos de la entidad, funciones atribuidas a su cargo, de conformidad con las normas vigentes.

 

18. Las demás funciones que le señalen la ley, los reglamentos y los estatutos internos.

 

PARAGRAFO: El Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER hará parte integrante de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecida en el artículo 5o. de la Ley 16 de 1990.

 

ARTÍCULO 23°.- El INCODER contará con Oficinas de Enlace Territorial, en el número y con la ubicación que señale el Consejo Directivo, las cuales tendrán las siguientes funciones y competencias que ejercerán de manera desconcentrada:

 

1. Dirigir y coordinar los planes, programas y proyectos de competencia de la entidad en su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la Gerencia General, y adelantar su seguimiento y evaluación.

 

2. Apoyar a las entidades territoriales y comunidades rurales en la formulación de proyectos productivos y sociales integrales o específicos, para la consolidación de áreas de desarrollo agropecuario y rural, y desarrollar programas de fortalecimiento a dichas entidades y comunidades para propiciar la gestión de su propio desarrollo, apoyando procesos de capacitación y asesoría para la gestión de proyectos, la organización social y la formación socio-empresarial de los productores rurales.

 

3. Coordinar en su área de influencia con las entidades y organizaciones públicas, privadas y sociales, la definición de planes, programas y proyectos con el objeto de garantizar la articulación institucional, teniendo en cuenta la perspectiva regional.

 

4. Aplicar los criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la determinación de las áreas prioritarias de desarrollo rural, y apoyar la definición de su plan de desarrollo.

 

5. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad, el desarrollo productivo, las obras de adecuación de tierras y de infraestructura productiva, y la administración de los recursos pesqueros y acuícolas.

 

6. Ordenar los gastos, expedir los actos administrativos, realizar las operaciones y gestionar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad en el ámbito de su competencia, de conformidad con las delegaciones que realice el Gerente General, y coordinar sus actuaciones con las dependencias correspondientes del nivel central.

 

7. Adelantar los procedimientos agrarios relacionados con la adquisición y adjudicación directa de tierras, la clarificación de la propiedad, el deslinde de tierras de la Nación, la delimitación de las pertenecientes a  los resguardos indígenas y a comunidades afrodescendientes, la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados o apropiados, y la administración y adjudicación de las tierras baldías, salvo la expedición de las providencias que concluyan las actuaciones administrativas relacionadas con la extinción del derecho de dominio, la constitución, regulación y sustracción de cualquier clase de reserva y adjudicación de terrenos baldíos respecto de entidades y organismos de derecho público, el establecimiento de zonas de reserva campesina y de desarrollo empresarial y la constitución, ampliación y reestructuración de los resguardos.

 

8. Conformar el registro departamental de aspirantes a subsidios, ya sea para la compra de predios rurales o para las obras de adecuación de tierras, y el relacionado con los inmuebles  ofrecidos en venta.

 

9. Ejecutar los procesos de administración de recursos pesqueros y acuícolas en lo referente a investigación, ordenamiento, registro y control. Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer la actividad pesquera y acuícola, y mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura de sus áreas de influencia.

 

10. Aplicar el marco conceptual y los instrumentos determinados para la implementación del control ciudadano a las acciones institucionales.

 

11. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes, programas y proyectos adelantados en su jurisdicción, presentar los informes correspondientes y apoyar la evaluación de impacto de las acciones institucionales.

 

12. Adelantar la programación y ejecución presupuestal y financiera, efectuar los procesos de contabilidad, cartera y tesorería, y rendir los informes contables y financieros al nivel central.

 

13. Rendir los informes requeridos sobre las actividades desarrolladas y el funcionamiento general de las Oficinas de Enlace Territorial.

 

14. Administrar los bienes y la prestación de los servicios generales para el funcionamiento de la oficina, y ejecutar las actividades de administración de personal, seguridad industrial y relaciones laborales, de conformidad con las políticas de la entidad y las normas vigentes.

 

15. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.

 

PARAGRAFO: La desconcentración de funciones y competencias en favor de las Oficinas de Enlace Territorial se adelantará sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer al Gerente General y a los Subgerentes del Instituto.

 

ARTICULO 24°.- El INCODER tendrá dos unidades especiales de manejo y administración de la pesca marítima, situadas respectivamente en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y en la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. También podrá establecer unidades similares para la pesca continental con la ubicación que determine el Consejo Directivo.

 

ARTICULO 25°.- Los recursos y el patrimonio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, estarán constituidos por los siguientes bienes:

 

1. Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen, y los recursos de crédito que contrate el Gobierno Nacional para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

 

2. Los recursos que haya recibido del Fondo Nacional Agrario y del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, FONAT.

 

3. Los bonos agrarios que el Gobierno Nacional emita para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, y aquellos cuya autorización y expedición se halle en curso a la fecha de su entrada en vigencia.

 

4. Todos los bienes inmuebles rurales cuyo dominio haya sido extinguido judicialmente en desarrollo del artículo 34 de la Constitución Política, y especialmente en virtud de lo dispuesto en la Ley 793 de 2002 o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

 

5. Los predios rurales que reciba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por sucesiones intestadas, así como los bienes vacantes que la Ley 75 de 1968 le asignó a dicho Instituto.

 

6. Los recursos que los municipios, los distritos, los departamentos y otras entidades acuerden destinar para cofinanciar programas del INCODER.

 

7. Los rendimientos financieros provenientes de la administración de sus recursos propios.

 

8. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos del Instituto, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación, cuando se trate de recursos en dinero.

 

9. Los aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus objetivos.

 

10. Los bienes y recursos que le transfieran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las entidades suprimidas del sector y las demás entidades públicas, de conformidad con las normas vigentes.

 

11. Las propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con recursos propios y las sumas que reciba en caso de enajenación.

 

12. Los ingresos propios y los rendimientos producto de la administración de los mismos; los recaudos por concepto de servicios técnicos y el valor de las tasas de valorización o multas que imponga, de acuerdo con las normas respectivas.

 

13. El valor de las tasas, derechos y multas que imponga y recaude por el ejercicio de la actividad pesquera.

 

14. La cartera de los préstamos otorgados por el INCORA en liquidación para adquisición de tierras y para producción.

 

15. La cartera a cargo de los usuarios y asociaciones de los distritos de riego a favor del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT en liquidación.

 

16. Los demás bienes y recursos que adquiera o se le transfieran a cualquier título.

 

PARAGRAFO: El patrimonio y los recursos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural se destinarán al cumplimiento de los objetivos y funciones para los cuales fue creado. El INCODER podrá transferir parte de sus fondos o bienes a favor de entidades de derecho público, cuando delegue en ellas alguna de sus atribuciones, de acuerdo con las normas vigentes.

 

ARTICULO 26°.- Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación que se asignen al INCODER deberán diferenciar entre aquellos que se destinan a la financiación de subsidios para compra de tierras y para adecuación de tierras, los recursos para obras de adecuación directamente ejecutadas por el Instituto, los destinados a la promoción de proyectos productivos, y los que se asignen a los programas especiales definidos en el Título VI de esta Ley.

 

 

 

TITULO II: DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO

 

 

Capítulo 1

De los proyectos productivos

 

ARTICULO 27°.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de diseñar el plan de acción para el desarrollo productivo de las áreas rurales, para lo cual establecerá prioridades en cuanto a su alcance regional o zonal, señalará las áreas de reconversión, los tipos de productor y su vinculación a las cadenas productivas, los productos, sus mercados y su vocación exportadora, las tecnologías y los requerimientos de cofinanciación para la promoción de los proyectos respectivos.

 

ARTICULO 28°.- El INCODER será el ejecutor de dicho plan y, en tal sentido, promoverá e impulsará los procesos de formulación, ejecución y evaluación de planes y proyectos productivos encaminados a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los productores rurales, en coordinación con los productores, sus organizaciones y las autoridades locales. Dichos planes y proyectos, ya sean de iniciativa propia del INCODER o promovidos por productores o grupos de productores organizados, por entidades territoriales o por otras organizaciones especializadas, deberán cumplir con los propósitos de productividad, rentabilidad y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales enunciados en esta Ley, y facilitar el desarrollo de modalidades de alianzas productivas, acuerdos y pactos de competitividad u otras iniciativas similares orientadas a mejorar la coordinación, la cooperación y la eficiencia en el desempeño general de las cadenas productivas.

 

ARTICULO 29°.- El INCODER podrá financiar o cofinanciar la ejecución de tales planes y proyectos, para lo cual asignará recursos humanos, físicos y financieros de acuerdo con los criterios que para el efecto adopte el Consejo Directivo. El Instituto prestará asesoría y entrenamiento a los productores, a las entidades territoriales y a organizaciones del sector público y privado, en los procesos de formulación, preparación y ejecución de proyectos productivos, así como en materia de identificación de necesidades de infraestructura y de servicios sociales básicos, en coordinación con otros organismos públicos.

 

ARTICULO 30°.- El INCODER promoverá además la suscripción de convenios o contratos interinstitucionales que faciliten la cofinanciación de las intervenciones necesarias para complementar los componentes productivos de los planes y proyectos mencionados, de conformidad con las disposiciones sobre la operación del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.

 

ARTICULO 31°.- Las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario facilitarán el acceso al crédito de los productores vinculados a los planes y proyectos productivos, para lo cual brindarán la asesoría y el acompañamiento necesarios, a través de programas y líneas de financiamiento adecuadas a las necesidades particulares de los mismos, lo mismo que mediante los mecanismos de garantía y de incentivo a las inversiones en el sector rural.

 

ARTICULO 32°.- En las diferentes regiones o zonas en las que desarrolle sus funciones de promoción productiva, el INCODER adelantará programas de capacitación y entrenamiento en actividades de apoyo a la gestión empresarial rural que incluyan, entre otros, aspectos de organización, de acceso y uso eficiente de los factores productivos, de comercialización y mercadeo, de obtención de créditos, de procesos de administración y contabilidad básica, y de gestión de proyectos.

 

ARTICULO 33°.- El INCODER desarrollará y aplicará sistemas de control, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos que decida financiar o cofinanciar, y determinará los mecanismos, las responsabilidades y la periodicidad de su aplicación. Este sistema tendrá un alto contendido participativo, de manera tal que se convierta en un mecanismo efectivo de control social de la inversión.

 

 

Capítulo 2

Modernización tecnológica

 

ARTICULO 34°.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, definirá una política de generación y transferencia de tecnología para la estrategia de desarrollo rural, orientada a aumentar la productividad y la competitividad, optimizar el uso de los factores productivos, facilitar los procesos de comercialización y de transformación, y generar valor agregado, que garantice a largo plazo la sostenibilidad ambiental, económica y social de las actividades productivas, y que contribuya a elevar la rentabilidad y los ingresos de los productores rurales.

 

ARTICULO 35°.- Con base en los lineamientos de dicha política, las organizaciones como COLCIENCIAS, CORPOICA, los centros especializados de investigación agropecuaria, forestal y pesquera, el ICA, el SENA y las demás entidades responsables de la generación y transferencia tecnológica programarán las actividades de investigación, adaptación y validación de tecnologías requeridas para adelantar los programas de modernización tecnológica en las zonas rurales.

 

ARTICULO 36°.- Los servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología estarán orientados a facilitar el acceso de los productores rurales al conocimiento y aplicación de las técnicas más apropiadas para mejorar la productividad y la rentabilidad de sus explotaciones, y serán prestados a través de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial –CPGA, y de otras organizaciones autorizadas para el efecto por el Gobierno Nacional, los cuales serán fortalecidos técnica, operativa y financieramente para cumplir con este propósito.

 

ARTICULO 37°.- Para tal efecto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá el Fondo de Modernización Tecnológica para el sector rural, como una cuenta especial e independiente en el Fondo de Fomento Agropecuario, cuyos recursos se destinarán a financiar las actividades de los mencionados Centros Provinciales, y para estimular la creación de otras organizaciones especializadas en la prestación de los servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología. Los recursos del Fondo serán asignados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, y se originarán en aportes del presupuesto nacional, en recursos de cofinanciación de las entidades territoriales o de organizaciones privadas, los créditos internos y externos que se contraten para este fin, y recursos de cooperación internacional.

 

ARTICULO 38°.- Los proyectos productivos que promueva el INCODER de acuerdo con los principios establecidos en el Capítulo anterior, o aquellos en los que participe en su financiación o cofinanciación, tendrán un componente de modernización tecnológica. Para ello deberá asegurar  que la planificación y ejecución de los proyectos productivos dispongan de la asesoría necesaria por parte de los mencionados Centros Provinciales, y será responsable de coordinar con las entidades competentes los aspectos relacionados con la prestación de los servicios de asistencia técnica directa rural, de conformidad con lo establecido en la Ley 607 de 2000.

 

ARTICULO 39°.- Los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y demás entidades encargadas de la asistencia técnica prestarán atención regular y continua a los productores vinculados a los proyectos productivos en aspectos como calidad e inocuidad de alimentos; aptitud de los suelos; en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y procedimientos para acceder al crédito; en la dotación de infraestructura productiva; en el mercadeo apropiado de los bienes producidos; en tecnologías de procesos de transformación; en la promoción de formas de organización empresarial, y en la gestión para determinar necesidades de servicios sociales básicos de soporte al desarrollo rural. Dichas entidades y el INCODER informarán periódicamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los resultados de la evaluación y seguimiento a las actividades de generación y transferencia de tecnología, a fin de verificar los resultados de desempeño y eficiencia de este componente de los proyectos productivos.

 

 

 

TITULO III: DE LOS PROGRAMAS DE REFORMA AGRARIA

 

 

Capítulo 1

Del subsidio para la compra de tierras

 

ARTICULO 40°.- Establécese un subsidio para la compra de tierras en las modalidades y procedimientos que para tal fin se establecen en esta Ley, con cargo al presupuesto del INCODER, que se otorgará por una sola vez a los pequeños productores que libremente se postulen para recibirlo, con arreglo a las políticas que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a los criterios de elegibilidad y de calificación que para el efecto determine el Gobierno Nacional.

 

ARTICULO 41°.- Podrán ser beneficiarios del subsidio los hombres y mujeres campesinos que tengan tradición en las labores rurales, que se hallen en condiciones de pobreza o marginalidad, que deriven de la actividad agropecuaria la mayor parte de sus ingresos, que carezcan de tierra propia o tuvieren la condición de minifundistas o simples tenedores de la tierra, que requieran ampliar el tamaño de sus explotaciones, pero que carecen de medios suficientes para acceder a este recurso.

 

ARTICULO 42°.- Los aspirantes a obtener el subsidio para compra de tierras deben identificar previamente el predio a adquirir, y presentar la correspondiente solicitud ante el INCODER acompañada de la descripción del proyecto productivo que se adelantará en dicho predio para transformar sus condiciones económicas y convertirlos en pequeños empresarios del sector rural. Para tal fin deberán adelantar directamente, ya sea en forma individual o colectiva, el proceso encaminado a obtener un acuerdo de negociación con los propietarios de las tierras, e informarán a la respectiva Oficina de Enlace Territorial sobre sus características generales y condiciones de la negociación, para comprobar que cumplen con los reglamentos correspondientes.

 

ARTICULO 43°.- Los aspirantes podrán solicitar del Instituto la prestación de la asesoría que fuere necesaria para facilitar el proceso de negociación voluntaria y la formulación del proyecto productivo. Los funcionarios del Instituto podrán practicar una visita al predio, a solicitud de los campesinos interesados en la negociación, con el fin de establecer su aptitud agrológica y determinar la viabilidad técnica, económica y social de los proyectos productivos que proponen los aspirantes a obtener el subsidio. Si los beneficiarios, el predio a adquirir y el proyecto se ajustan a los requisitos establecidos para la asignación del subsidio, y además se logra un acuerdo respecto del precio y las condiciones de negociación con los propietarios, los aspirantes procederán a postular la respectiva solicitud del subsidio ante el INCODER.

 

ARTÍCULO 44°.- Los propietarios y las inmobiliarias rurales podrán solicitar la inscripción en las oficinas del INCODER de los predios que ofrezcan voluntariamente, sin que ello obligue al Instituto frente al propietario, la sociedad inmobiliaria, ni respecto de terceros interesados. En este caso el INCODER asumirá un rol de facilitador y promoverá reuniones de concertación o audiencias públicas, con la participación de los propietarios de los predios ofrecidos y de los campesinos que se hallaren interesados en la adquisición de tierras. Si las partes llegaren a un acuerdo de negociación se procederá en la forma señalada en el artículo anterior, para determinar la viabilidad de obtener el subsidio correspondiente.

 

ARTICULO 45°.- Los departamentos, los municipios, las organizaciones campesinas, las entidades sin ánimo de lucro, los gremios agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el reglamento, podrán presentar solicitudes de subsidio a nombre de los campesinos beneficiarios, siempre que hayan recibido de ellos la representación, cuando se trate de adquisiciones en grupo, de alianzas productivas, de proyectos colectivos de interés regional o de integración de cooperativas de producción, y podrán aportar recursos propios para la cofinanciación del subsidio.

 

ARTICULO 46°.- Para establecer las condiciones de acceso al mecanismo del subsidio, el Consejo Directivo del INCODER señalará los requisitos o exigencias mínimas que deben cumplir los predios rurales propuestos por los aspirantes, en los que se considerarán, entre otros, los relacionados con el precio de las tierras y las mejoras, la clase agrológica, la ubicación geográfica, la disponibilidad de aguas, la altura sobre el nivel del mar, la topografía del terreno, la cercanía a zonas de manejo especial o de conservación de los recursos naturales renovables, y las condiciones de mercadeo de los productos agropecuarios en la región.

 

ARTICULO 47°.- Para determinar la elegibilidad y la calificación de los proyectos presentados por los aspirantes a obtener el subsidio, el Gobierno Nacional aprobará el reglamento respectivo, al cual deberán sujetarse los proponentes, ya sea en forma individual o colectiva. Para tal fin se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes indicadores socioeconómicos:

 

a)         La demanda manifiesta de tierras.

b)         El grado de concentración de la propiedad en la zona del proyecto.

c)         Niveles de pobreza según índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

d)         La calidad del proyectos productivo.

e)         Su articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial.

f)         El nivel de cofinanciación por entidades distintas al INCODER.

g)         El índice de ruralidad de la población.

h)         Las posibilidades financieras y operativas del INCODER.

 

PARAGRAFO: Dentro de los criterios de elegibilidad se dará atención preferencial a la situación en que se hallen las mujeres campesinas jefes de hogar, y las que se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente. Los títulos de propiedad de los predios adquiridos mediante el subsidio deberán hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o compañeros permanentes, cuando a ello hubiere lugar.

 

ARTICULO 48°.- El Gobierno Nacional establecerá el monto del subsidio para la adquisición de tierras, el cual será un valor único por Unidad Agrícola Familiar (UAF), tal como se define en el Capítulo 4 de este Título. El monto del subsidio por Unidad Agrícola Familiar será integral, es decir, que podrá cubrir hasta el 100% del valor de la tierra y parte de los requerimientos financieros del proyecto, según las condiciones socio-económicas particulares de los beneficiarios potenciales del subsidio.

 

ARTICULO 49°.- El subsidio para la adquisición de tierras a que se refiere este Capítulo será administrado por el INCODER, ya sea directamente o mediante la celebración de contratos de encargo fiduciario o de fiducia pública, y será asignado a través de procedimientos de libre concurrencia, por convocatorias abiertas que se llevarán a cabo al menos dos veces al año. Las Oficinas de Enlace Territorial del INCODER promoverán el desarrollo de esta modalidad, tendrán a su cargo la difusión de los respectivos reglamentos y asesorarán a los campesinos individualmente, a sus organizaciones, a los departamentos y municipios y a las entidades privadas, en la identificación y formulación de los proyectos productivos.

 

ARTICULO 50°.- La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá una línea especial de redescuento para los créditos de producción de los beneficiarios del subsidio de compra de tierras, cuyo margen de redescuento será del 100%, con plazos no inferiores a doce (12) años incluidos períodos de gracia de al menos dos (2) años, y condiciones financieras adaptadas a las modalidades de adquisición de tierras reguladas por la presente Ley, a las tasas de interés más favorables del mercado y con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política. Los intereses correspondientes a los períodos de gracia podrán ser capitalizados y diferidos durante el período de pago.

 

PARAGRAFO: Los beneficiarios del subsidio para adquisición de tierras tienen la condición de pequeños productores, para efectos del otorgamiento de los créditos de producción a que se refiere el artículo 12 de la Ley 101 de 1993.

 

ARTÍCULO 51°.- El subsidio otorgado para la compra de tierra quedará siempre sometido a una condición resolutoria, dentro de los siete (7) años siguientes a su otorgamiento, en el evento de que el beneficiario incumpla con las exigencias y obligaciones previstas en la presente Ley durante el término señalado. Son hechos constitutivos del acaecimiento o cumplimiento de la condición resolutoria, los siguientes:

 

a)         la enajenación o transferencia de la tenencia del inmueble respectivo por parte del beneficiario del subsidio sin la autorización expresa e indelegable del Consejo Directivo,

b)         si se estableciere que el predio no está siendo explotado adecuadamente, de acuerdo con el proyecto productivo presentado,

c)         si se comprobare que el productor incurrió en falsedades para acreditar los requisitos como beneficiario del subsidio.

 

ARTICULO 52°.- Cumplida la condición resolutoria conforme al reglamento que para el efecto expida el Consejo Directivo, los beneficiarios del subsidio deberán restituirlo en efectivo a su valor presente al INCODER, de acuerdo con la siguiente tabla:

 

a)                  el 100% del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante los tres (3) años siguientes a su otorgamiento,

b)                  el 75% del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante el cuarto año siguiente a su otorgamiento,

c)                  el 50% del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante el quinto año siguiente a su otorgamiento

d)                  el 25% del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante el sexto año siguiente a su otorgamiento

 

PARAGRAFO: El Consejo Directivo, atendidas las circunstancias especiales de cada caso y dentro de los principios y objetivos de la presente ley, podrá autorizar al beneficiario del subsidio la enajenación total o parcial de la unidad agrícola familiar, cuando se requiera por una entidad de derecho público para la construcción de una obra pública, la instalación de un servicio público, o el desarrollo de una actividad declarada por la ley como de utilidad pública e interés social. En estos eventos, el Consejo Directivo dispondrá la sustracción de la parcela o del terreno respectivo del régimen de la unidad agrícola familiar.

 

ARTICULO 53°.- En todas las escrituras públicas de compraventa de predios rurales adquiridos con subsidios otorgados por el INCODER, así como en las resoluciones administrativas de adjudicación de tierras que se expidan por el Instituto, se anotarán esta circunstancia, las obligaciones que contrae el beneficiario del subsidio y los derechos del Instituto, así como el establecimiento expreso de la condición resolutoria del subsidio en favor del INCODER por el término de 7 años, cuando ocurran los eventos previstos en el artículo 51 de esta Ley.

 

PARAGRAFO: Los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, so pena de incurrir en causal de mala conducta sancionable con la destitución, se abstendrán respectivamente de autorizar e inscribir escrituras públicas que contengan la transmisión del dominio de predios rurales adquiridos con el subsidio, en las que no se protocolice la autorización expresa y escrita del INCODER para llevar a cabo el respectivo acto o contrato.

 

ARTÍCULO 54°.- Quien transfiera la propiedad o tenencia de la parcela adquirida mediante subsidio sin autorización previa del INCODER, no podrá ser nuevamente beneficiario de los programas del Instituto. El nuevo adquirente o tenedor será considerado poseedor de mala fe y en consecuencia no habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido en el predio, y serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravención a lo aquí dispuesto.

 

 

Capítulo 2

Adquisición directa de tierras y formas de pago

 

ARTÍCULO 55°.- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural podrá adquirir mediante negociación directa, o decretar la expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada, o que formen parte del patrimonio de entidades de derecho público, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en los numerales 1º, 2º y 5º del artículo 3º de esta Ley, únicamente en los siguientes casos:

 

a)             Para  las comunidades indígenas que no las posean, o cuando la superficie donde estuvieren establecidas fuere insuficiente,

b)             Para dotar de tierras a los campesinos habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas naturales sobrevinientes,

c)             Para beneficiar a las personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno Nacional establezca programas especiales de dotación de tierras,

 

PARAGRAFO: Cuando se trate de la negociación directa de predios para los fines previstos en el artículo anterior, el INCODER se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 154 de esta Ley. La expropiación de inmuebles rurales se regirá por el proceso judicial señalado en el Capítulo 5 del Título VII de la presente Ley.

 

ARTÍCULO 56°.- El INCODER se abstendrá de autorizar, iniciar o subsidiar los procedimientos de negociación directa o de expropiación previstos en esta Ley, si los predios rurales respectivos se hallaren invadidos, ocupados de hecho, o cuya posesión estuviere perturbada en forma permanente por medio de violencia, salvo los casos en que, respecto de tales predios, sean aplicables las reglas sobre extinción del dominio o haya mérito para adelantar otro procedimiento agrario.

 

ARTICULO 57°.- El Gobierno Nacional asignará al INCODER los recursos necesarios para financiar los subsidios y la compra directa de las tierras, los cuales podrán ser en dinero efectivo o en bonos agrarios. Los bonos agrarios son títulos de deuda pública, libremente negociables, parcialmente redimibles en cinco (5) vencimientos anuales, iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de su expedición, y serán utilizados para el pago de las tierras directamente adquiridas por el  INCODER, por negociación directa o por expropiación, para los fines previstos en el artículo anterior. Los subsidios para compra de tierras serán pagados en dinero efectivo.

 

PARAGRAFO: Los bonos agrarios tendrán un rendimiento igual a la tasa DTF, que se causará y pagará semestralmente. Los bonos agrarios podrán ser utilizados para el pago de impuestos y los intereses que devenguen  gozarán de exención de impuestos de renta y complementarios. El Gobierno Nacional podrá reducir los plazos de los bonos agrarios emitidos para el pago de los predios, en la cuantía que el tenedor de los mismos se obligue a invertir en proyectos industriales o agroindustriales calificados previamente por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, o en la suscripción de acciones de entidades estatales que se privaticen.

 

ARTICULO 58°.- Los subsidios para la compra de tierras serán cancelados en efectivo, de la siguiente forma:

 

a)         Cincuenta por ciento (50%) del valor del subsidio adjudicado dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la escritura otorgada entre el propietario y los beneficiarios del subsidio, de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Consejo Directivo del INCODER,

 

b)         Cincuenta por ciento (50%) del valor del subsidio adjudicado, que será cancelado por el INCODER dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de pago del contado inicial.

 

ARTICULO 59°.- El pago de los inmuebles rurales que se adquieran por el INCODER, a través de compra directa o por expropiación, se hará en su totalidad en bonos agrarios, de la siguiente forma:

 

a)         Cincuenta por ciento (50%) del valor total, como contado inicial, dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la escritura pública correspondiente, o del registro del acta de entrega del predio al Instituto en los procesos de expropiación,

 

b)         el saldo se cancelará en dos (2) contados iguales del veinticinco por ciento (25%) cada uno, con vencimientos a seis (6) y doce (12) meses, plazos que se computarán a partir de la fecha del pago del contado inicial.

 

ARTICULO 60°.- En todo caso, el pago de los subsidios y las adquisiciones de tierras deberá someterse al programa anual de caja –PAC de la entidad, y se podrá hacer efectivo en todo el territorio nacional, con arreglo a los criterios y prioridades que señalen el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Directivo del Instituto.

 

ARTICULO 61°.- La utilidad obtenida por la enajenación de los inmuebles adquiridos bajo las modalidades antes señaladas, no constituirá renta gravable ni ganancia ocasional para el propietario.

 

 

Capítulo 3

Régimen de las Unidades Agrícolas Familiares

 

ARTICULO 62°.- Las tierras que se adquieran para programas de reforma agraria bajo cualesquiera de las modalidades previstas en esta Ley, se destinarán a establecer Unidades Agrícolas Familiares, Empresas Comunitarias o cualquier tipo asociativo de producción, salvo las destinadas a la constitución, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas y demás excepciones establecidas en el Capítulo 4 de este Título.

 

ARTICULO 63°.- Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La Unidad Agrícola Familiar no requerirá normalmente para ser explotada sino del el trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere.

 

ARTICULO 64°.- El Consejo Directivo del INCODER indicará los criterios metodológicos para determinar la Unidad Agrícola Familiar por zonas relativamente homogéneas, y los mecanismos de evaluación, revisión y ajustes periódicos cuando se presenten cambios en las condiciones de la explotación agropecuaria. Con base en ello, fijará el tamaño máximo de la Unidad Agrícola Familiar promedio por región, para efectos de la aplicación del mecanismo establecido en el Capítulo1 de este Título.

 

ARTICULO 65°.- El INCODER podrá adelantar programas de subsidio para la adquisición de tierras en zonas de minifundio, con el objeto de completar el tamaño de las unidades de producción existentes, o establecer Unidades Agrícolas Familiares especiales, según las características de los predios y la región, la clase de cultivos, las posibilidades de comercialización y demás factores de desarrollo que permitan mejorar la productividad. El Consejo Directivo determinará las zonas de minifundio objeto de los programas, y los criterios para la selección de los beneficiarios, quienes, además del subsidio para la adquisición de tierras, también tendrán derechos iguales a los de los demás campesinos.

 

ARTICULO 66°.- El INCODER ejecutará directamente o mediante contratación con organizaciones campesinas o con entidades de reconocida idoneidad, un programa de apoyo a la gestión empresarial rural para beneficiarios de los programas de adquisición y redistribución de tierras, constitución o ampliación de resguardos, adjudicación de baldíos y constitución de reservas, al comenzar dichos programas, con el fin de habilitarlos para recibir los servicios de apoyo al desarrollo rural. En ningún caso cada programa de apoyo a la gestión empresarial rural podrá tener una duración superior a dos años.

 

ARTICULO 67°.- Con el objeto de prevenir el fraccionamiento antieconómico de la propiedad privada de los predios rurales en el país, no podrán estos dividirse por debajo de la extensión determinada por el Consejo Directivo del INCODER para las Unidades Agrícolas Familiares en las respectivas regiones. En consecuencia, so pena de nulidad absoluta del acto o contrato, no podrá llevarse a cabo actuación o negocio alguno del cual resulte la división de un inmueble rural cuyas superficies sean inferiores a la señalada para la respectiva Unidad Agrícola Familiar, salvo en los siguientes casos:

 

a)         Las donaciones que el propietario de un predio de mayor extensión haga con destino a habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones anexas;

b)         Los actos o contratos por virtud de los cuales se constituyen propiedades de superficie menor a la señalada, para un fin principal distinto a la explotación agropecuaria;

c)         Los que constituyan propiedades que, por sus condiciones especiales, sea el caso de considerar, a pesar de su reducida extensión, como Unidades Agrícolas Familiares, conforme a la definición contenida en esta Ley;

 

La existencia de cualquiera de las circunstancias constitutivas de excepción conforme a este artículo, no podrá ser impugnada en relación con un contrato, si en la respectiva escritura pública se dejó constancias de ellas, siempre que, en el caso del literal b) se haya dado efectivamente al terreno en cuestión el destino que el contrato señala, y en el caso del literal c) se haya efectuado la aclaración en la escritura respectiva, según el proyecto general de fraccionamiento en el cual se hubiere originado.

 

ARTICULO 68°.- Si en las particiones hereditarias el valor de los bienes relictos y el número de asignatarios no permiten adjudicar tales bienes en las proporciones establecidas por la ley o el testamento, sin que de ello resulte la constitución de fundos inferiores a la Unidad Agrícola Familiar, el Juez de la causa, previa audiencia de los interesados o de sus tutores o curadores, si fuere el caso, a la cual concurrirá el Agente del Ministerio Público, dispondrá si debe darse aplicación a lo previsto en el ordinal 1o. del artículo 1394 del Código Civil, con respecto del predio rústico de que se trata, o sí, por el contrario, éste debe mantenerse en indivisión por el término que el mismo Juez determine.

 

A esta última decisión sólo habrá lugar cuando se trate de proteger a los herederos, legatarios o cónyuge sobreviviente del de cujus, que hayan venido habitando el fundo en cuestión, derivando de éste su sustento. Se ordenará que la providencia sobre indivisión se inscriba en el registro de instrumentos públicos, y los comuneros no podrán ceder sus derechos proindiviso, sin previa autorización del Juez de la causa. El Juez podrá, previa audiencia de los interesados, a la cual concurrirá el Agente del Ministerio Público, poner fin a la indivisión cuando así lo solicite alguno de los comuneros y hayan cesado las circunstancias que llevaron a decretarla.

 

 

Capítulo 4

Zonas de colonización, de reserva campesina y de desarrollo empresarial

 

ARTICULO 69°.- Para la adecuada destinación productiva de las tierras baldías de la Nación que tengan aptitud agropecuaria, luego de haber surtido los procedimientos previstos en el Título VII de esta Ley, el INCODER procederá a adjudicar dichas tierras de acuerdo con los criterios que defina el Consejo Directivo para las zonas de colonización, de reserva campesina y de desarrollo empresarial.

 

ARTICULO 70°.- En las zonas de colonización, o donde se lleven a cabo procesos de esa índole según la caracterización y delimitación que efectúe el Consejo Directivo del INCODER, las tierras baldías se adjudicarán con el fin de regular y ordenar su ocupación por parte de los colonos, así como limitar la propiedad superficiaria que pertenezca al dominio privado, según los principios, objetivos y criterios orientadores de la presente Ley, con el propósito de fomentar su aprovechamiento y desarrollo productivo y crear las condiciones para la adecuada consolidación de la economía de los colonos, buscando su transformación en medianos empresarios.

 

ARTICULO 71°.- En todas las reglamentaciones que expida el Consejo Directivo del INCODER relacionadas con las zonas o los procesos de colonización, se incluirán las normas básicas que regulan la conservación, protección y utilización racional de los recursos naturales, bajo el criterio de desarrollo sostenible en la respectiva región, y se determinarán de manera precisa las áreas que por sus características especiales no pueden ser objeto de ocupación y explotación.

 

ARTICULO 72°.- Son zonas de reserva campesina, las áreas geográficas en las que predominen las tierras baldías de la Nación, que por sus características agro-ecológicas y socioeconómicas regionales pueden ser seleccionadas por el Consejo Directivo del INCODER para su desarrollo mediante la adjudicación a pequeños y medianos campesinos. En los reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en Unidades Agrícolas Familiares, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los adjudicatarios de los terrenos, así como las áreas máximas de propiedad privada que podrán tenerse por cualquier persona natural o jurídica, o en común y proindiviso.

 

ARTICULO 73°.- Las actividades que desarrolle el INCODER en los procesos de colonización y en las zonas de reserva campesina estarán orientadas a eliminar la concentración de la propiedad rural o su fragmentación antieconómica; corregir o evitar el acaparamiento de tierras baldías a través de la adquisición o implantación de mejoras; controlar y restringir mediante actos de carácter general la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país; regular la ocupación de las tierras baldías y fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional.

 

ARTICULO 74°.- Previos los estudios correspondientes, el Consejo Directivo del INCODER podrá delimitar áreas de baldíos que tendrán el carácter de zonas de desarrollo empresarial en las cuales la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías se sujetará a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca el Instituto, para facilitar la incorporación de sistemas modernos de producción que requieren alta inversión de capital, dentro de criterios de racionalidad y eficiencia, y conforme a las políticas que adopte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el particular.

 

ARTICULO 75°.- Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario, en los términos del inciso 2o. del artículo 157 del Decreto Extraordinario 0624 de 1989 (Estatuto Tributario), o las que se dediquen a la explotación de cultivos agrícolas o a la ganadería, podrán solicitar la adjudicación de terrenos baldíos en las zonas de desarrollo empresarial, en las extensiones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior.

 

ARTICULO 76°.- Tal adjudicación sólo será procedente cuando la explotación del baldío se haya llevado a efecto en virtud de un contrato celebrado con el Instituto, mediante el cual la sociedad se comprometa a explotar una superficie no menor de las dos terceras partes de la extensión solicitada, en los cultivos, actividad ganadera, acuícola o forestal convenida, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del contrato respectivo. Cuando la sociedad adjudicataria requiera para su explotación una extensión adicional a la inicialmente adjudicada, podrá permitirse por una sola vez la elaboración de un nuevo contrato de explotación en favor de la sociedad, hasta por una extensión igual, por un término de dos (2) años, al vencimiento del cual, si hubiere dado cumplimento a las obligaciones contraídas, se autorizará la venta del terreno baldío conforme al precio que señale el Consejo Directivo. En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato dará lugar a la declaratoria de caducidad y a la recuperación de los terrenos baldíos.

 

 

 

TITULO IV: DE LOS PROGRAMAS DE ADECUACION DE TIERRAS

 

 

Capítulo 1

Del subsidio para la adecuación de tierras

 

ARTICULO 77°.- Establécese un subsidio para la realización de obras de adecuación de tierras en las modalidades y procedimientos que para tal fin se establecen en esta Ley, con cargo al presupuesto del INCODER, que se otorgará por una sola vez a los pequeños productores que libremente se postulen para recibirlo, con arreglo a las políticas que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a los criterios de elegibilidad y de calificación que para el efecto determine el Gobierno Nacional.

 

ARTICULO 78°.- Podrán ser beneficiarios del subsidio las Asociaciones de Usuarios ya establecidas, o que se establezcan de conformidad con lo previsto en la presente Ley, con el fin de adelantar proyectos colectivos de adecuación de tierras que cumplan con las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales establecidas por el Consejo Directivo del INCODER, y que tengan como propósito fundamental el incremento de la productividad y la rentabilidad de las explotaciones productivas.

 

ARTICULO 79°.- Los aspirantes a obtener el subsidio para adecuación de tierras deben presentar la correspondiente solicitud ante el INCODER, acompañada de la descripción del proyecto que se adelantará en sus predios para mejorar las condiciones de riego, drenaje o control de inundaciones, o para ampliar, rehabilitar o transformar obras ya existentes, y podrán solicitar del Instituto la prestación de la asesoría que fuere necesaria para facilitar la formulación del proyecto y para verificar que éste cumple con los requisitos técnicos y económicos establecidos en los reglamentos correspondientes.

 

ARTICULO 80°.- Las Asociaciones de Usuarios de las obras de adecuación de tierras que aspiren a recibir el subsidio mencionado deberán constituirse en la autoridad administradora que será responsable de operar, mantener y conservar las obras, lo mismo que recuperar las tasas que se cobren por el servicio prestado. También estará a su cargo la obtención de las concesiones de aguas superficiales y subterráneas necesarias para el aprovechamiento de éstas en beneficio del proyecto, y administrar el derecho de uso de dichas aguas por los beneficiarios directos. No podrá el INCODER asumir responsabilidad alguna en el manejo y operación de los proyectos que se adelanten con estos subsidios.

 

ARTICULO 81°.- El INCODER expedirá el Manual de Normas Técnicas Básicas que reúna las exigencias técnicas, económicas, sociales y ambientales para la formulación y realización de proyectos de adecuación de tierras, al cual deben someterse todos los proyectos que aspiren a recibir el subsidio mencionado. Además establecerá servicios de apoyo a los campesinos y sus asociaciones, con el fin de promover y facilitar la elaboración de los estudios de prefactibilidad, factibilidad y los diseños de los proyectos de adecuación de tierras, así como para orientar las gestiones relacionadas con la financiación de los mismos.

 

ARTICULO 82°.- Los departamentos, los municipios, las organizaciones campesinas, las entidades sin ánimo de lucro, los gremios agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el reglamento, podrán presentar solicitudes de subsidio a nombre de las asociaciones de usuarios ya mencionadas, cuando se trate de alianzas productivas, de proyectos colectivos de interés regional o de integración de cooperativas de producción, y podrán aportar recursos propios para la cofinanciación del subsidio.

 

ARTICULO 83°.- Para establecer las condiciones de elegibilidad y de calificación de los proyectos de adecuación de tierras para acceder al mecanismo del subsidio, el Gobierno Nacional señalará los requisitos o exigencias mínimas que deben cumplir, incluyendo las normas técnicas sobre diseño y construcción de obras de riego, drenaje y protección contra inundaciones, así como la calidad de los suelos, las tecnologías de producción, la ubicación geográfica, la disponibilidad de aguas, la topografía del terreno, el costo de adecuación por hectárea y las condiciones de mercadeo de los productos agropecuarios en la región.

 

ARTICULO 84°.- Autorizase al Gobierno Nacional para establecer el monto del subsidio para la adecuación de tierras, el cual será un valor único por hectárea, distinguiendo dos tipos de subsidios en función de su objetivo, ya sea para construcción de nuevos proyectos, o para la rehabilitación de proyectos existentes. El subsidio para rehabilitación será equivalente a la mitad del subsidio para construcción.

 

ARTICULO 85°.- El subsidio para adecuación de tierras a que se refiere este Capítulo será administrado por el INCODER, ya sea directamente o mediante la celebración de contratos de encargo fiduciario o de fiducia pública, y se adjudicará mediante procedimientos de libre concurrencia por convocatorias abiertas que se llevarán a cabo al menos dos veces por año. Las Oficinas de Enlace Territorial de INCODER promoverán el desarrollo de esta modalidad, tendrán a su cargo la difusión de los respectivos reglamentos y asesorarán a los campesinos y a sus organizaciones, a los departamentos y municipios y a las entidades privadas en la identificación y formulación de los proyectos productivos.

 

ARTICULO 86°.- El Gobierno Nacional asignará al INCODER los recursos necesarios para financiar el subsidio para adecuación de tierras, el cual se pagará de acuerdo con el reglamento que para tal efecto expida el Consejo Directivo del INCODER. De cualquier forma, se establecerá un pago inicial para el inicio de obras y un pago final, a la comprobación de la realización de las inversiones respectivas. Los aportes de Presupuesto Nacional se ubicarán en el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras -FONAT, con el objeto exclusivo de financiar la formulación y realización de proyectos colectivos de adecuación de tierras de iniciativa particular.

 

En todo caso, el giro de los subsidios y las adquisiciones de tierras deberán someterse al programa anual de caja de la entidad, y se podrá adelantar en todo el territorio nacional, con arreglo a las políticas, criterios y prioridades que señalen el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Directivo del INCODER.

 

ARTICULO 87°.- Los recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras -FONAT provendrán de las siguientes fuentes:

1.       Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.

2.       Los créditos nacionales o externos que, con garantía del Gobierno Nacional, se contraten para el Fondo.

3.       Los aportes que hagan las entidades territoriales.

4.       Los recursos de cooperación técnica que se otorguen para el cumplimiento de su objeto.

5.       Los rendimientos financieros de sus inversiones.

6.       Las donaciones y aportes que le hagan entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras.

 

ARTICULO 88°.- La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá una línea especial de redescuento para los créditos de producción de los beneficiarios del subsidio de adecuación de tierras, cuyo margen de redescuento será del 100%, con plazos no inferiores a doce (12) años incluidos períodos de gracia de al menos dos (2) años, y condiciones financieras adaptadas a las características de los proyectos, a las tasas de interés más favorables del mercado y con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías. Los intereses correspondientes a los períodos de gracia podrán ser capitalizados y diferidos durante el período de pago.

 

ARTÍCULO 89°.- El subsidio otorgado para la adecuación de tierras quedará siempre sometido a una condición resolutoria, dentro de los siete (7) años siguientes a su otorgamiento, en el evento de que el beneficiario incumpla con las exigencias y obligaciones previstas en la presente Ley durante el término señalado. Son hechos constitutivos del acaecimiento o cumplimiento de la condición resolutoria, los siguientes:

 

a)         el incumplimiento de alguna de las condiciones relacionadas con la construcción, operación y manejo de las obras de adecuación de tierras,

b)         si se estableciere que el predio no está siendo explotado adecuadamente, de acuerdo con el proyecto productivo presentado,

c)         si se comprobare que el productor incurrió en falsedades para acreditar los requisitos como beneficiario del subsidio.

 

ARTICULO 90°.- Cumplida la condición resolutoria conforme al reglamento que para el efecto expida el Consejo Directivo, los beneficiarios del subsidio deberán restituirlo a su valor presente al INCODER, de acuerdo con la siguiente tabla:

 

e)                  el 100% del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante los tres (3) años siguientes a su otorgamiento,

f)                   el 75% del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante el cuarto año siguiente a su otorgamiento,

g)                  el 50% del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante el quinto año siguiente a su otorgamiento

h)                  el 25% del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante el sexto año siguiente a su otorgamiento

 

ARTICULO 91°.- El Consejo Directivo del INCODER reglamentará lo relativo a la recuperación de la cuantía entregada a título de subsidio, cuando se verifique el incumplimiento de las exigencias y condiciones antes anotadas.

 

 

Capítulo 2

De los proyectos a cargo del INCODER

 

ARTICULO 92°.- El Gobierno Nacional podrá adelantar directamente la construcción de obras de adecuación de tierras, cuando se trate de proyectos de interés estratégico para el desarrollo del sector agropecuario y para el progreso de las zonas rurales, que tengan alta rentabilidad económica y social, con una localización preferencial respecto a los puertos de exportación y/o los grandes centros de consumo, y que se realicen en áreas de alta concentración de pequeños y medianos productores. Para que estos proyectos sean denominados como de interés estratégico para el desarrollo del sector agropecuario por parte del Gobierno Nacional, deberán estar incorporados al Plan Nacional de Desarrollo y haber sido aprobados por el CONPES RURAL.

 

ARTICULO 93°.- El INCODER será responsable de la ejecución de estos proyectos, para lo cual adelantará, entre otras, las siguientes actividades:

 

1. Preparar los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de los proyectos de adecuación de tierras, realizar las acciones necesarias para obtener la financiación de las obras y llevar a cabo su construcción, todo ello de acuerdo con las políticas y directrices trazadas por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

 

2. Aplicar el manual de normas técnicas que expida el Consejo Directivo del INCODER para la realización de obras de riego, drenaje y protección contra inundaciones.

 

3. Adquirir mediante negociación directa o expropiación los predios, franjas de terreno y mejoras de propiedad de particulares o de entidades públicas, que se necesiten para la ejecución y desarrollo de las obras de adecuación de tierras. Cuando se requiera la ocupación transitoria así como la imposición de servidumbres para ejecutar las obras públicas de adecuación de tierras, se aplicarán las disposiciones del Capítulo III del Decreto-Ley 222 de 1983, las normas de la Ley 80 de 1993, sus reglamentos y disposiciones que la sustituyan o complementen, las del Código Civil y de Comercio, en lo que fueren pertinentes, las que permita la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines misionales. El proceso de expropiación se adelantará conforme a las reglas establecidas en el Título XXIV del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes.

 

4. Realizar estudios de identificación de las fuentes hidrográficas y obtener las concesiones de aguas superficiales y subterráneas correspondientes, para el aprovechamiento de éstas en beneficio del respectivo proyecto.

 

5. Adelantar las acciones tendientes a cofinanciar estos proyectos, con aportes de los departamentos, municipios, organizaciones de productores, otros organismos financieros nacionales o extranjeros, o con particulares.

 

6. Establecer el monto de las inversiones públicas que se requieren en la construcción del proyecto para tramitar su incorporación al presupuesto de Instituto, y señalar las cuotas de recuperación de tales inversiones a cargo de los beneficiarios directos de las obras.

 

7. Establecer mediante Acuerdo del Consejo Directivo, las opciones sobre tarifas básicas aplicables a los usuarios, de tal forma que cubran los costos reales de administración, operación y mantenimiento, así como los gastos de reposición de los equipos en cada Distrito, y los de protección y conservación de las respectivas cuencas.

 

8. Expedir los reglamentos que contengan las directrices en asuntos de dirección, manejo y aprovechamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, a los cuales deben someterse las asociaciones de usuarios.

 

9. Promover la participación activa de las comunidades beneficiarias durante el desarrollo de los proyectos; estimular su organización en asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras; proporcionar asesoría jurídica y asistencia técnica para su constitución y ofrecer servicios de capacitación para que asuman directamente la responsabilidad de administrar, operar y conservar las obras.

 

10. Delegar la administración y operación de los Distritos en las asociaciones de usuarios, o en otras organizaciones públicas o privadas, y expedir los reglamentos a los cuales se deben ajustarse dichas organizaciones para garantizar un adecuado funcionamiento de los proyectos.

 

11. Expedir los presupuestos ordinarios de administración, operación, conservación y mejoramiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, aprobar estos presupuestos cuando sean expedidos por las organizaciones administradoras, recuperar la cartera por las inversiones realizadas en las obras, recaudar los derechos por los servicios que preste y las tarifas por las aguas que administre.

 

12. Vigilar y controlar las asociaciones u organizaciones encargadas de la administración y operación de los Distritos y sancionar, de acuerdo con el reglamento, a quienes infrinjan las normas de operación y manejo de los Distritos.

 

13. Las demás que establezca el Consejo Directivo.

 

ARTICULO 94°.- En desarrollo de las obras ejecutadas directamente por el INCODER, el Consejo Directivo reglamentará lo relacionado con la recuperación del monto de las inversiones comprometidas en la ejecución del proyecto. Cada inmueble ubicado en el área de influencia de un Distrito de Riego, sin excepción, deberá responder por una cuota parte de las inversiones realizadas en proporción a los beneficios recibidos, de acuerdo con los parámetros que se establecen en esta Ley.

 

ARTICULO 95°.- Las inversiones en adecuación de tierras sujetas a recuperación, estarán constituidas, entre otros, por el valor de los siguientes conceptos: los estudios de factibilidad, el valor de los terrenos utilizados en las obras, las servidumbre de beneficio colectivo, las obras civiles realizadas adicionando el aporte comunitario de mano de obra, los equipos electromecánicos instalados, los costos financieros de los recursos invertidos, la maquinaria y los equipos iniciales para la operación y conservación del Distrito, y la porción de los costos de protección y recuperación de las cuencas respectivas. El cálculo y liquidación de las inversiones en obras de adecuación de tierras se hará por su valor real, incluidos los costos financieros, teniendo en cuenta las áreas directamente beneficiadas por los diferentes componentes de las obras, aplicando el índice de precios que determine el Consejo Directivo en el respectivo reglamento.

 

ARTICULO 96°.- Para la liquidación del costo proporcional de las inversiones se utilizará el siguiente procedimiento: Se delimitará el área del Distrito que se beneficia con cada componente de adecuación de tierras como riego, drenaje y control de inundaciones; luego se cuantificará el valor de la inversión en cada componente y después se dividirá este valor por su respectiva área beneficiada. El factor resultante de las operaciones anteriores se multiplicará por la superficie estimada a beneficiar en cada predio, con los componentes de obras a que se hace referencia en este artículo. La suma de los resultados anteriores, constituirá la base para calcular la cuota parte con que deben contribuir a la recuperación de las inversiones públicas los propietarios de los predios.

 

PARÁGRAFO: Los beneficiarios de los Distritos de Adecuación de Tierras que se ejecuten bajo la responsabilidad del INCODER, podrán recibir el subsidio único por hectárea de que trata el artículo 84 de la presente Ley. Para ello, el valor del subsidio único por hectárea que esté vigente a la fecha de la liquidación, será descontado de la cuota parte de que trata el presente artículo.

 

ARTICULO 97°.- Constituyen motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición y expropiación de inmuebles rurales, franjas de terrenos, derechos y mejoras de propiedad de propiedad privada, o que formen parte del patrimonio de entidades de derecho público, para la construcción de obras públicas de adecuación de tierras tales como embalses, riego, avenamiento, drenaje y control de inundaciones, los contemplados en el numeral 3º del artículo 5º de la presente Ley. Si los propietarios de tales predios, franjas y mejoras no los negociaren voluntariamente conforme al procedimiento de negociación voluntaria que establezca el Gobierno mediante reglamento, el Instituto podrá adelantar el proceso de expropiación en la forma prevenida en el Título XXIV del Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones concordantes. Se considera que hay motivos de utilidad pública e interés social en el establecimiento de servidumbres de tránsito, desagüe, drenaje,  acueducto y demás que sean necesarias para la ejecución de  las obras de adecuación de tierras, con arreglo a las disposiciones especiales del Decreto-Ley 222 de 1983 y las pertinentes de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.

 

ARTICULO 98°.- Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de  vigencia de la presente Ley, el INCODER traspasará en propiedad o por contrato de administración los Distritos de Adecuación de Tierras que aún le pertenecen, a las respectivas Asociaciones de Usuarios o a la entidad que determine el Consejo Directivo, con todos sus activos y obligaciones, y en adelante serán estas asociaciones o entidades las encargadas de todos los asuntos atinentes con la administración, operación y conservación de tales Distritos.

 

 

Capítulo 3

De las asociaciones de usuarios

 

ARTICULO 99°.- Son usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras todas las personas naturales o jurídicas que exploten en calidad de dueño, tenedor o poseedor, acreditado con justo título, algún predio en el área de dicho distrito, y en tal virtud deben someterse a las normas legales o reglamentarias que regulen la utilización de los servicios, el manejo y conservación de las obras, y la protección y defensa de los recursos naturales. Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, para efectos de la representación y manejo del Distrito, en una Asociación de Usuarios. Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere, por ese solo hecho, la calidad de afiliado de la respectiva asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a sus miembros. Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras serán solidariamente responsables con el propietario del predio, de las obligaciones contraídas por los servicios prestados por el Distrito en el respectivo inmueble.

 

ARTICULO 100°.- Corresponde a las asociaciones de usuarios, conforme al reglamento que para tal efecto dicte el Consejo Directivo de INCODER, la formulación y realización de proyectos colectivos de adecuación de tierras, para lo cual contarán con toda la iniciativa y la capacidad de decisión en el desarrollo de todas sus fases, esto es, la identificación, formulación, construcción, administración, operación y conservación de las obras, y tendrán las siguientes funciones:

 

1. Promover la ejecución de los proyectos de adecuación de tierras y representar a sus afiliados en los procesos de obtención del subsidio para la adecuación de tierras.

 

2. Asegurar la contratación de los bienes y servicios necesarios para adelantar los estudios y la construcción de las obras, la definición de la modalidad con la que se adelantarán dichos estudios y obras, la contratación de la interventoría,  y la definición de los mecanismos de financiación necesarios para complementar los recursos propios para adelantar los estudios y obras.

 

3. Determinar las tarifas y cuotas para cubrir los costos de operación, administración y conservación de las obras del proyecto.

 

4. Administrar, operar y mantener las obras de los Distritos de Adecuación de Tierras una vez terminadas, previa aprobación de los reglamentos respectivos por parte del INCODER.

 

5. Velar por la correcta ejecución de las obras y la utilización de los subsidios aprobados para el proyecto.

 

4. Subcontratar la administración de los Distritos con empresas especializadas.

 

6. Preparar los presupuestos de administración, operación y conservación del Distrito, autorizados por la Junta Directiva de la respectiva asociación.

 

6. Aplicar las tasas, tarifas y derechos por los servicios que se presten a los usuarios, y cobrar las cuotas de recuperación de inversiones, cuando así se haya convenido en la formulación del respectivo proyecto de adecuación de tierras.

 

7. Reglamentar el uso y operación de las obras y equipos; aplicar sanciones a quienes violen las normas expedidas por el INCODER o por la propia asociación en materia de utilización de las obras del Distrito, y asumir a nombre de éste las obligaciones que se requieran dentro del giro ordinario de su gestión.

 

8. Las demás que le señale el reglamento emitido por el Consejo Directivo del INCODER.

 

PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, las asociaciones pueden delegar sus funciones total o parcialmente, en un organismo ejecutor, constructor, contratista o empresa especializada, sin que por ello pierdan la responsabilidad sobre la definición y operación del proyecto y sus implicaciones.

 

 

 

TITULO V: DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ACUICOLA Y PESQUERO

 

 

Capítulo 1

De los incentivos a la actividad pesquera

 

ARTICULO 101°.- Declarase la actividad pesquera de utilidad pública e interés social. Entiéndase por actividad pesquera el proceso que comprende la investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros.

 

ARTICULO 102°.- Pertenecen al dominio público del Estado los recursos hidrobiológicos contenidos en el mar territorial, en las aguas continentales y en la zona económica exclusiva y, por tanto, compete al Estado administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera. Se consideran recursos hidrobiológicos, todos aquellos organismos que pertenecen a los reinos animal y vegetal, y que tienen su ciclo de vida total dentro del medio acuático.

 

ARTICULO 103°.- Son recursos pesqueros aquella parte de los recursos hidrobiológicos susceptibles de ser extraídos con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio. Corresponde al Estado definir los recursos pesqueros, las especies y los volúmenes susceptibles de ser aprovechados, sin que se afecte su capacidad de renovación, así como la administración y manejo integral de tales recursos.

 

ARTICULO 104°.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de fomentar y promover el desarrollo de las actividades acuícola y pesquera. El Ministerio de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial será responsable de adelantar las acciones necesarias a fin de preservar los recursos pesqueros, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3 de este Título.

 

ARTICULO 105°.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural coordinará con el Departamento Nacional de Planeación la formulación de un plan de desarrollo acuícola y pesquero, en el que se definirán las estrategias, los planes, programas, instrumentos y las medidas que adoptarán para promover el aumento de la producción y la competitividad de los productos acuícolas y pesqueros, así como el incremento de los ingresos y el bienestar de los pescadores. El costo de las inversiones requeridas para financiar los programas de investigación, capacitación, modernización de los procesos de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los productos pesqueros, así como de administración del recurso, serán incorporados en el proyecto de presupuesto anual del MADR y del INCODER.

 

ARTICULO 106°.- El INCODER, como organismo ejecutor de dicho plan, coordinará e impulsará la identificación y ejecución de planes y proyectos orientados a mejorar las condiciones de aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, lo mismo que a fomentar el desarrollo de la acuicultura, en coordinación con los empresarios del sector, los pescadores y sus organizaciones, las autoridades territoriales y demás organismos vinculados al manejo y desarrollo del sector pesquero.

 

ARTICULO 107°.- El INCODER podrá financiar o cofinanciar la ejecución de tales planes y proyectos, aportando para ello recursos humanos, físicos y financieros de acuerdo con los criterios que para el efecto adopte el Consejo Directivo. Además, en conjunto con otras entidades competentes en esta materia, prestará asesoría y entrenamiento a los pescadores, a las empresas acuícolas y pesqueras, a las entidades territoriales y a otras organizaciones del sector público y privado en los procesos de identificación, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos, así como en materia de identificación de necesidades de servicios complementarios necesarios para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pescadores.

 

ARTICULO 108°.- Con base en la agenda de investigación y desarrollo tecnológico definida por el MADR, el INCODER adelantará la formulación de una estrategia de investigación para apoyar el desarrollo de la pesca y la acuicultura a través de sus cadenas productivas, y podrá contratar su ejecución con de universidades, centros de investigación, organizaciones de productores u otras entidades especializadas. Además deberá coordinar todos aquellos proyectos de investigación, preinversión o estudios relacionados con la actividad acuícola o pesquera que fueren financiados o ejecutados por organismos extranjeros o por instituciones internacionales, previamente autorizados por el Gobierno Nacional. Las demás entidades y organismos de la administración pública que tienen injerencia en la investigación acuícola y pesquera, se sujetarán a los lineamientos que señale el MADR, para lo cual el INCODER coordinará lo pertinente a fin de lograr la integración y la racionalización de las actividades en este campo.

 

ARTICULO 109°.- El Gobierno Nacional promocionará el fomento y desarrollo de la acuicultura y, en particular, estimulará la creación y operación de las instalaciones destinadas a la reproducción de especies en cautiverio y al abastecimiento de semillas para esta actividad. EL INCODER podrá contratar el desarrollo de programas de producción o de importación de especies hidrobiológicas con miras a asegurar el abastecimiento oportuno de las semillas necesarias para su cultivo, conforme a las normas vigentes sobre la materia.

 

ARTICULO 110°.- El Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para estimular la exportación de productos del sector pesquero, dentro de los acuerdos y tratados de comercio internacional, así como para reducir los derechos de importación de los insumos y equipos destinados al desarrollo de la actividad pesquera.

 

ARTICULO 111°.- El Gobierno Nacional propenderá por la conformación de una flota pesquera de bandera colombiana, y promoverá el fortalecimiento de los astilleros menores que tengan por objeto la fabricación y reparación de embarcaciones pesqueras. También establecerá estímulos para el desarrollo de las empresas de servicios a la pesca y la acuicultura.

 

ARTICULO 112°.- La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, considerando las circunstancias singulares en que se desenvuelve la actividad acuícola y pesquera, establecerá líneas especiales de redescuento en las entidades financieras para el fomento y desarrollo de dicha actividad, en consonancia con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola y Pesquero.

 

ARTICULO 113°.- El Banco Agrario estructurará líneas de crédito diseñadas para atender las necesidades de los pescadores artesanales, cooperativas pesqueras y empresas dedicadas a la acuicultura, de manera que pueda prestar sus servicios con la mayor cobertura posible, tomando en consideración las circunstancias especiales propias del desarrollo de sus actividades. Con tal propósito, coordinará sus acciones con el INCODER en los aspectos técnicos, y con FINAGRO, en lo relacionado con el otorgamiento de avales a través del Fondo de Garantías.

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ARTICULO 114°.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Protección Social,  establecerá un sistema especial de seguridad social para los pescadores artesanales, y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, ampliará sus programas de capacitación del personal dedicado a las actividades pesqueras, adecuándolos a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.

 

ARTICULO 115°.- En el reglamento respectivo se establecerá un porcentaje mínimo de recursos que el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo -FONADE otorgará para la financiación de estudios de investigación, prefactibilidad, factibilidad, diseño y preinversión de proyectos relacionados con el desarrollo de la actividad pesquera.

 

ARTICULO 116°.- El INCODER tendrá a su cargo el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano -SEPEC, que comprenderá los procesos de recolección, ordenamiento, análisis y difusión de la información estadística relacionada con las distintas actividades del sector pesquero. Este servicio se integrará al Servicio Nacional de Información y tendrá como finalidad el seguimiento y la planificación de la actividad pesquera nacional.

 

 

Capítulo 2

De las actividades acuícolas y pesqueras

 

ARTICULO 117°.- La extracción es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la aprehensión de los recursos pesqueros, y su promoción y fomento corresponden al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La extracción sólo podrá efectuarse utilizando artes, técnicas y embarcaciones permitidas.

 

ARTICULO 118°.- Las actividades pesqueras se clasifican, según el lugar donde se realizan, en pesca continental, que podrá ser fluvial o lacustre, o en pesca marina, que podrá ser costera, de bajura o de altura. Además, en razón a su finalidad la pesca podrá ser de subsistencia, de investigación, deportiva o comercial, que podrá ser industrial y artesanal. El ámbito y el alcance de cada una de las modalidades de la pesca a que se refiere el presente artículo, se establecerá mediante reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

 

ARTICULO 119°.- La pesca en aguas jurisdiccionales de la República podrá llevarse a cabo con embarcaciones de bandera colombiana, o de bandera extranjera cuando hayan sido contratadas por empresas pesqueras colombianas. El producto de la pesca deberá descargarse en puertos colombianos.

 

ARTICULO 120°.- La pesca de túnidos y especies afines con embarcaciones de bandera extranjera podrá realizarse mediante asociación con el INCODER, o mediante contrato de afiliación o fletamento con una empresa colombiana, conforme a los términos y condiciones que serán establecidos en reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional. En ambos casos, el INCODER estimulará la exportación del recurso atunero y con tal fin podrá autorizar el trasbordo en puerto de los productos capturados que se destinarán al mercado externo, bajo fiscalización aduanera.

 

ARTICULO 121°.- Se entiende por acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas en ambientes naturales o artificiales, mediante técnicas apropiadas y generalmente, bajo control. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural velará porque las zonas con vocación para la acuicultura sean incorporadas a los planes de ordenamiento territorial, de tal manera que se estimule su desarrollo. EL INCODER será responsable de establecer las condiciones y requisitos que resulten necesarios para el establecimiento de las explotaciones acuícolas.

 

ARTICULO 122°.- Las actividades acuícolas se clasifican:

 

1. Según el medio en el cual se desarrolla, en:

 

a)         Acuicultura marina o maricultura: la que se realiza en ambientes marinos

b)         Acuicultura continental: la que se realiza en los ríos, lagos, lagunas, pozos artificiales y otras masas de agua no marinas.

 

2. Según su manejo y cuidado, en:

 

a)         Repoblación: la siembra de especies hidrobiológicas en ambientes acuáticos naturales o artificiales sin ningún manejo posterior.

b)         Acuicultura extensiva: la siembra de especies hidrobiológicas en ambientes acuáticos naturales o artificiales, con algún tipo de acondicionamiento para su mantenimiento

c)         Acuicultura semi-extensiva: la siembra en la que se proporciona alimentación suplementaria, además del alimento natural, con un mayor nivel de manejo y acondicionamiento del medio ambiente.

d)         Acuicultura intensiva: la siembra en la que se proporciona alimentación suplementaria y se utiliza tecnología avanzada, que permite altas densidades de las especies en cultivo.

 

3. Según las fases del ciclo de vida de las especies:

 

a)         De ciclo completo o cultivo integral: el que abarca el desarrollo de todas las fases del ciclo de vida de las especies en cultivo.

b)         De ciclo incompleto o cultivo parcial: el que comprende solamente parte del ciclo de vida de la especie en cultivo.

 

ARTICULO 123°.- El procesamiento es la fase de la actividad pesquera encaminada a la transformación de los recursos pesqueros de su estado natural, en productos de características diferentes, con el fin de adecuarlos para el consumo humano directo o indirecto. El procesamiento de los recursos pesqueros deberá hacerse en plantas fijas instaladas en tierra, las que se sujetarán a las normas vigentes de sanidad, calidad e inspección. Excepcionalmente, cuando no se cuente con la capacidad de proceso suficiente en territorio colombiano, el INCODER podrá autorizar, en coordinación con la Dirección General Marítima -DIMAR, el uso de plantas procesadoras flotantes, de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional.

 

ARTICULO 124°.- La comercialización es la fase de la actividad pesquera que consiste en la transferencia de los productos pesqueros hacia los mercados internos y externos. El INCODER, en coordinación con las demás entidades competentes, adoptará las medidas para poner en funcionamiento una red ágil y eficiente de comercialización de recursos pesqueros, en concordancia con las políticas que para tal efecto señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las entidades y organismos del sector público, dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción, promoverán el crecimiento de la infraestructura de comercialización. El INCODER establecerá las condiciones específicas y los requisitos que deberán cumplir las empresas que transportan o comercializan productos pesqueros.

 

ARTICULO 125°.- El derecho a ejercer la actividad pesquera se puede obtener:

 

1. Por ministerio de la ley, si se trata de la pesca de subsistencia, definiéndose ésta como la que se realiza sin ánimo de lucro para proporcionar alimento al pescador y a su familia. La pesca de subsistencia es libre en todo el territorio nacional.

 

2. Mediante permiso, si corresponde a actividades de investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de recursos pesqueros.

 

3. Mediante patente: si se refiere al uso de embarcaciones para el ejercicio de la pesca.

 

4. Por asociación, cuando el INCODER se asocie mediante la celebración de contratos comerciales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para realizar operaciones conjuntas propias de la actividad pesquera.

 

5. Por concesión, en el evento de que se trate de aquellos casos de pesca artesanal y de acuicultura que señale el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional

 

ARTICULO 126°.- El ejercicio de la actividad pesquera estará sujeto al pago de tasas y derechos. Para la fijación del valor de las tasas y derechos, el INCODER deberá considerar:

 

1. La clase de pesquería, en concordancia con lo previsto en el artículo 118 de la presente Ley.

 

2. El valor del producto pesquero, teniendo en cuenta la especie de que se trate.

 

3. La cuota de pesca, de acuerdo con el volumen del recurso.

 

4. El tipo de embarcación que se utilice, en consideración a su tonelaje de registro neto.

 

5. El destino de los productos pesqueros, ya sea para el consumo interno o para la exportación.

 

6. El costo de la administración de la actividad pesquera.

 

ARTICULO 127°.- El Gobierno Nacional establecerá los conceptos que den lugar a la aplicación de las tasas y derechos. El INCODER, por conducto de su Consejo Directivo, determinará las respectivas cuantías, con sujeción a lo previsto en el artículo anterior y la forma de su recaudo, en concordancia con la política que al respecto señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Con miras a favorecer el desarrollo de la pesca artesanal o la de investigación, el INCODER establecerá tasas y derechos preferenciales para ellas.

 

ARTICULO 128°.- Se tipifica como infracción, toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en la presente Ley y en todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. En particular está prohibido:

 

1. Realizar actividades pesqueras sin permiso, patente, autorización ni concesión, o contraviniendo las disposiciones que las regulan.

 

2. Obstaculizar, impedir o perturbar injustificadamente el ejercicio de la pesca legalmente autorizada.

 

3. Extraer recursos declarados en veda o de áreas reservadas.

 

4. Desecar, taponar, desviar el curso o bajar el nivel de los ríos, lagunas, esteros, ciénagas, caños o cualquier otro cuerpo de agua, sin permiso de la autoridad competente.

 

 5. Pescar con métodos ilícitos, tales como el empleo de materiales tóxicos, explosivos y otros cuya naturaleza entrañe peligro para la vida humana o los recursos pesqueros, así como llevar a bordo tales materiales. 

 

6. Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios, sustancias contaminantes u otros objetos que constituyan peligro para la navegación, la circulación o la vida.

 

7. Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de pesca diferentes a los permitidos.

 

8. Utilizar embarcaciones pesqueras para fines no autorizados, excepto en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

 

9. Vender o transbordar a embarcaciones no autorizadas parte o la totalidad de la pesca. La venta del producto de la pesca se hará en puerto colombiano.

 

10. Transferir bajo cualquier circunstancia los derechos derivados del permiso, autorización, concesión o patente otorgados por el INCODER.

 

11. Suministrar al INCODER información incorrecta o incompleta o negarle acceso a los documentos que éste exija.

 

12. Las demás conductas que señale el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente Ley.

 

ARTICULO 129°.- Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente Ley y demás normas legales y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedores, según la gravedad de la infracción, a una o más de las siguientes sanciones que aplicará el INCODER, sin perjuicio de las sanciones penales y demás a que hubiere lugar:

 

1. Conminación por escrito.

 

2. Multa.

 

3. Suspensión temporal del permiso, autorización, concesión o patente, según sea el caso.

 

4. Revocatoria del permiso, autorización, concesión o patente.

 

5. Decomiso de embarcaciones, equipos o productos.

 

6. Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento.

 

ARTICULO 130°.- El valor de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones que regulan la actividad pesquera serán:

 

a)      Para pesca continental, tendrán un valor comprendido entre el equivalente al salario mínimo legal de un día y el equivalente al salario mínimo legal de mil (1.000) días.

 

b)      Para pesca marina, tendrán un valor comprendido entre el equivalente al salario mínimo legal de un día y el equivalente al salario mínimo legal de cien mil (100.000) días. Las multas podrán ser sucesivas y el capitán de la nave, el armador y los titulares del permiso de pesca responderán solidariamente por las sanciones económicas que se impusieren. El INCODER comunicará a la Dirección General Marítima -DIMAR las infracciones en que incurran los capitanes de las embarcaciones pesqueras, para que dicha Dirección General imponga las demás sanciones que sean de su competencia.

 

PARAGRAFO. El monto de las sanciones pecuniarias, así como el valor de las tasas y derechos aplicables al ejercicio de la actividad pesquera, se establecerán tomando como valor de referencia el salario mínimo legal de un día. Para los efectos de esta Ley, el salario mínimo legal de un día, equivale a la treintava parte del salario mínimo legal mensual vigente, en el momento de imposición de la sanción pecuniaria, o de la liquidación de las tasas y derechos.

 

ARTICULO 131°.- El INCODER organizará y llevará el Registro General de Pesca y Acuicultura, el cual tiene carácter administrativo y, por tanto, los actos de inscripción son obligatorios y su omisión será sancionada conforme lo determine el reglamento. En este registro se inscribirán:

 

1. Los permisos, autorizaciones, concesiones y patentes de pesca y acuicultura.

 

2. Las embarcaciones pesqueras.

 

3. Los establecimientos y plantas procesadoras.

 

4. Los titulares de derechos pesqueros.

 

5. Los pescadores que presten servicios en embarcaciones de pesca comercial.

 

6. Las comercializadoras de productos pesqueros.

 

7. Los cultivos de recursos pesqueros.

 

PARAGRAFO. El INCODER establecerá un registro de pescadores, como personas que habitualmente se dedican a la extracción de recursos pesqueros, cualesquiera sean los métodos lícitos empleados para tal fin, y determinará los requisitos, derechos y obligaciones que les correspondan.

 

 

 

Capítulo 3

De la conservación de los recursos pesqueros

 

ARTICULO 132°.- Corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adelantar evaluaciones periódicas del estado de conservación de los recursos pesqueros, a fin de preservar el recurso y asegurar una explotación sostenible del mismo.

 

ARTICULO 133°.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base en la mejor evidencia científica e información estadística disponibles, determinará las especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los cuales el INCODER expedirá los correspondientes permisos de aprovechamiento.

 

ARTICULO 134°.- Gozarán de preferente protección estatal las especies hidrobiológicas y los recursos pesqueros que se encuentren amenazados o aquellos en peligro de extinción. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará las medidas necesarias para asegurar su renovación y conservación, en concordancia con las normas vigentes. En particular podrá:

 

  1. Adelantar evaluaciones del estado de conservación de recursos pesqueros amenazados

  2. Decretar el establecimiento de vedas

  3. Identificar y delimitar las áreas de reserva para la protección de determinadas especies

  4. Delimitar las áreas que, con exclusividad, se destinen para la pesca artesanal.

 

ARTICULO 135°.- En concordancia con lo previsto en los artículos 51 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, la paralización de labores ocasionada por una veda decretada por la autoridad competente, suspende el contrato de trabajo del personal que forma parte de la tripulación de las embarcaciones pesqueras, pero no lo extingue, en virtud de que el trabajo pesquero se caracteriza por ser una actividad permanente pero discontinua.

 

 

 

TITULO VI: DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES

 

 

Capítulo 1

Resguardos indígenas

 

ARTÍCULO 136°.- El INCODER estudiará en los departamentos respectivos las solicitudes de tierras de las comunidades indígenas, para dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo. Con tal objeto constituirá o ampliará resguardos de tierras, y llevará a cabo el estudio de los títulos que aquellas presenten con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos.

           

Así mismo, reestructurará y ampliará los resguardos de origen colonial, previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos, con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados en favor de la comunidad por el INCODER u otras entidades.

 

ARTICULO 137°.- Los predios y mejoras que se adquieran para la ejecución de los programas de constitución, reestructuración y ampliación de resguardos y dotación de tierras a las Comunidades Indígenas, serán entregados a título gratuito a los Cabildos o autoridades tradicionales de aquéllas para que, de conformidad con las normas que las rigen, las administren y distribuyan de manera equitativa entre todas las familias que las conforman.

 

ARTICULO 138°.- El Cabildo o la autoridad tradicional elaborará un cuadro de las asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación por parte del INCODER, con el fin de lograr la distribución equitativa de las tierras.

 

ARTÍCULO 139°.- Los programas de ampliación y reestructuración de los resguardos indígenas, estarán dirigidos a facilitar el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad por parte de las comunidades, conforme a sus usos o costumbres, a la preservación del grupo étnico y al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. El INCODER verificará y certificará el cumplimiento de la función social de la propiedad en los resguardos y el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial lo relacionado con la función ecológica que le es inherente, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones concordantes. La titulación de estas tierras deberá adelantarse con arreglo a las normas sobre explotación previstas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, o las que establezcan las autoridades competentes sobre la materia.

 

ARTÍCULO 140°.- Los terrenos baldíos determinados por el INCODER con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991.

 

ARTICULO 141°.- Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento deberán someterse además, a las prescripciones que establezca el Ministerio del  Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial y las disposiciones vigentes sobre recursos naturales renovables.

 

ARTÍCULO 142°.- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural participará en las diligencias necesarias para la delimitación que el Gobierno Nacional haga de las Entidades Territoriales Indígenas, de conformidad con lo señalado para tal efecto en el artículo 329 de la Constitución Política y lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

 

ARTÍCULO 143°.- Las tierras constituidas con el carácter legal de resguardo indígena quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de sus integrantes. En desarrollo de lo anterior, las solicitudes  de constitución, reestructuración o ampliación de resguardos indígenas deberán articularse a los procesos y decisiones de ordenamiento territorial que adopten los respectivos municipios.

 

ARTICULO 144°.- En los procedimientos de constitución, reestructuración o ampliación de resguardos indígenas,  no se incluirán predios de propiedad privada de personas ajenas a la comunidad, ni las mejoras de los colonos que se hubieren asentado con anterioridad a la fecha de la diligencia de visita que practique el Instituto dentro del procedimiento respectivo.

 

 

Capítulo 2

Atención a la población desplazada

 

ARTÍCULO 145°.- El INCODER podrá adquirir, mediante los procedimientos de negociación directa o expropiación previstos en esta Ley, tierras y mejoras de propiedad privada, o los que formen parte de las entidades de derecho público, para su adjudicación en las zonas de expulsión y de recepción en favor de la población afectada por el desplazamiento forzado.

 

ARTICULO 146°.- El Instituto llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia e informará al Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, y a los Registradores de Instrumentos Públicos, para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad, o de otros derechos sobre aquellos bienes, cuando tales operaciones se adelanten contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos.

 

Efectuada la declaratoria de zona de riesgo inminente de desplazamiento o de ocurrencia del desplazamiento forzado por el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, éste procederá a informar a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos los nombres de los propietarios o poseedores de predios rurales  que pudieren resultar afectados con esas situaciones, y solicitará a tales dependencias que se abstengan de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título, de los bienes rurales correspondientes, mientras esté vigente la declaratoria, salvo que sus legítimos propietarios deseen transferir sus derechos mientras se halle vigente la medida, y para tal fin obtengan autorización del respectivo Comité.

 

ARTICULO 147°.- En los procesos de retorno y reubicación, el Instituto dará prioridad en la adjudicación de tierras a los desplazados por la violencia en las zonas de reserva campesina y en los predios rurales que hayan sido objeto de los procesos de extinción del dominio mediante decisión administrativa del INCODER, o por sentencia judicial. El Instituto establecerá un programa que permita recibir predios rurales de personas desplazadas, a cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del país.

 

 

Capítulo 3

De los bienes rurales objeto de la extinción judicial del dominio

 

ARTICULO 148°.- Desde el momento en que queden a su disposición los bienes rurales que en desarrollo de la acción de extinción judicial del dominio regulada en la Ley 793 de 2002,  sean objeto de medidas cautelares y sean incorporados a su inventario, la Dirección Nacional de Estupefacientes procederá a dar aviso inmediato al INCODER para que emita su concepto sobre la caracterizada vocación para la producción agropecuaria o pesquera de los inmuebles respectivos, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del aviso.

 

ARTICULO 149°.- Rendido el informe sobre la aptitud para la producción agropecuaria o pesquera del inmueble rural, y si éste fuere favorable, la Dirección Nacional de Estupefacientes los destinará provisionalmente al INCODER, con el objeto de adelantar en ellos los programas de desarrollo rural contemplados en esta ley.

 

ARTICULO 150°.- Siempre que la acción de extinción del dominio recaiga sobre inmuebles rurales, sin importar la favorabilidad o no del concepto sobre su vocación para la producción agropecuaria o pesquera, en la sentencia que culmine el proceso el juez ordenará la tradición del dominio de aquellos a favor del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER.

 

ARTICULO 151°.- Una vez perfeccionada la tradición de los predios rurales con vocación para la producción agropecuaria o pesquera, el Instituto los destinará a los programas de reforma agraria y desarrollo rural de su competencia. Cuando se trate de predios que carezcan de tal aptitud, el INCODER procederá a enajenarlos mediante el procedimiento de subasta, a través de entidades de derecho público o privado autorizadas para ello, y los dineros respectivos ingresarán al Fondo Nacional Agrario.

 

ARTICULO 152°.- El término de duración de los contratos de arrendamiento que sobre los bienes inmuebles rurales celebre la Dirección Nacional de Estupefacientes, mientras se decide la acción prevista en la Ley 793 de 2002, no podrá exceder la fecha de la sentencia en la que se declare la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien rural, y se ordene la tradición a favor del INCODER, y en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, podrán pactarse cláusulas que autoricen la cesión, renovación o prórroga de los contratos respectivos. Lo dispuesto en este artículo, también se aplicará respecto de los inmuebles rurales entregados al Instituto bajo destinación o depósito provisional por la Dirección Nacional de Estupefacientes. En los contratos de encargo fiduciario, su ejecución continuará hasta que opere la forma de terminación convenida.

 

ARTICULO 153°.- Si la sentencia negare la extinción del dominio, y el predio rural se requiriere por razones de apremio y urgencia para asegurar la satisfacción del interés público o social previsto en esta ley, el Instituto podrá ordenar su adquisición mediante el procedimiento de negociación directa, u ordenar adelantar el procedimiento de  expropiación previsto en el Título VII de esta Ley.

 

 

 

TITULO VII: DE LOS PROCEDIMIENTOS AGRARIOS

 

Capítulo 1

Procedimiento para la adquisición directa de tierras

 

ARTICULO 154°.- En la negociación directa de predios para los fines previstos en el artículo 55 de esta Ley, el INCODER se sujetará al siguiente procedimiento:

 

1. Con base en los presupuestos que el Gobierno Nacional le asigne específicamente para ello, el Instituto practicará las diligencias que considere necesarias para la identificación, calificación de la aptitud y valoración de los predios rurales correspondientes.

 

2. El precio máximo de negociación será el fijado en el avalúo comercial que para tal fin se contrate con personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas para ello, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

 

3. El INCODER formulará oferta de compra a los propietarios del predio mediante oficio que será entregado personalmente, o en su defecto le será enviado por correo certificado a la dirección que aparezca registrada en el expediente, o en el directorio telefónico. Si no pudiere comunicarse la oferta en la forma prevista, se entregará a cualquier persona que se hallare en el predio, y se oficiará a la Alcaldía del lugar de ubicación del inmueble, mediante telegrama que contenga los elementos esenciales de la oferta, para que se fije en lugar visible al público durante cinco (5) días, contados a partir de su recepción, con lo cual quedará perfeccionado el aviso y surtirá efectos ante los demás titulares de derechos reales constituidos sobre el inmueble.

 

La oferta de compra deberá inscribirse en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se haya efectuado la comunicación.

 

4. El propietario dispone de un término de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que quede perfeccionada la comunicación, para aceptarla o rechazarla. Dentro del mismo término y por una sola vez, podrá objetar el avalúo por error grave, o cuando hubiere sido expedido con antelación superior a un año. Las objeciones al avalúo inicial, o su actualización, serán diligenciadas por peritos diferentes a los que hubieren intervenido con anterioridad.

 

5. Si hubiere acuerdo respecto de la oferta de compra, se celebrará un contrato de promesa de compraventa, que deberá perfeccionarse mediante escritura pública en un término no superior a dos meses, contados desde la fecha de su otorgamiento.

 

Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación directa y rechaza la oferta de compra, cuando no manifiesta su aceptación expresa dentro del término previsto para contestarla. También se entiende rechazada la oferta cuando su aceptación sea condicionada, salvo que el INCODER considere atendible la contrapropuesta de negociación, o el propietario no suscriba la promesa de compraventa, o la escritura pública que perfeccione la enajenación, dentro de los plazos previstos.

 

6. Agotada la etapa de negociación directa, conforme a lo contemplado en el inciso anterior, mediante resolución motivada, el Gerente General del Instituto ordenará adelantar la expropiación del predio y de los demás derechos reales constituidos sobre él, con arreglo al proceso establecido en el Capítulo 5 de este Título.

 

7. Las entidades financieras estarán obligadas a dar al INCODER la primera opción de compra de los predios rurales que hayan recibido o reciban a título de dación en pago por la liquidación de créditos hipotecarios, o que hubieren adquirido mediante sentencia judicial.

 

8. El INCODER dispondrá de un (1) mes para ejercer el derecho de opción privilegiada de adquirirlos, vencido el cual la entidad financiera quedará en libertad para enajenarlos. Serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren con violación de lo dispuesto en esta norma, y los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos no podrán autorizar e inscribir escrituras públicas que contengan la transmisión del dominio a terceros, mientras no se protocolice la autorización expresa y escrita del INCODER, en los casos de desistimiento, o la declaración juramentada del representante legal del intermediario financiero, de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto, cuando hubiere mediado silencio administrativo positivo.

 

 

Capítulo 2

Clarificación de la propiedad y deslinde de tierras

 

ARTÍCULO 155°.- La posesión agraria consiste en la explotación económica regular y estable del suelo, por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o cultivos, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica. Esta posesión se extiende también a las porciones incultas, cuya existencia se demuestre como necesaria para la explotación económica del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de éste, aunque en los terrenos de que se trate no haya continuidad, o para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones pueden ser conjuntamente hasta de una extensión igual a la mitad de la explotada y se reputan poseídas conforme a este artículo.

 

El cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por sí solos pruebas de explotación económica, pero sí pueden considerarse como elementos complementarios de ella.

 

Queda en los anteriores términos subrogado el artículo 2º de la Ley 4ª  de 1973.

 

ARTÍCULO 156°.-  Acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial:

 

1. El título originario expedido por el Estado, mientras no haya perdido o no pierda su eficacia legal. Constituyen título originario expedido por el Estado o emanado de éste, los siguientes:

 

a)      Todo acto administrativo, legalmente realizado y traducido en un documento auténtico, por medio del cual el Estado se haya desprendido del dominio de determinada extensión territorial.

 

b)      Todo acto civil realizado por el Estado, en su carácter de persona jurídica, y por medio del cual se haya operado legalmente el mismo fenómeno de constitución o transferencia del dominio de determinada extensión territorial perteneciente a la Nación.      

 

La enumeración anterior no es taxativa y, por consiguiente, son títulos originarios expedidos por el Estado, o emanados de éste, fuera de los indicados en los dos ordinales anteriores, los demás que conforme a las leyes tengan tal carácter.

 

2. Cualquiera otra prueba, también plena, mientras no haya perdido o no pierda su eficacia legal, de haber salido el derecho de dominio sobre el terreno, legítimamente, del patrimonio del Estado.

 

3. Los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.

 

Lo dispuesto en el inciso anterior, sobre pruebas de la propiedad privada por medio de títulos debidamente inscritos, otorgados entre particulares con anterioridad a la presente ley, no es aplicable respecto de terrenos que no sean adjudicables, estén reservados o destinados para cualquier servicio o uso público.

 

ARTICULO 157°.- Establécese una prescripción adquisitiva de dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en los términos del artículo 155 de esta Ley, durante cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su dueño en la época de la ocupación, ni comprendidos dentro de las reservas  de la explotación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo.

 

PARÁGRAFO: Esta prescripción no cubre sino el terreno aprovechado o cultivado con trabajos agrícolas, industriales o pecuarios y que se haya poseído quieta y pacíficamente durante los cinco (5) años continuos, y se suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos.

 

ARTÍCULO 158°.- Las disposiciones anteriores se refieren exclusivamente a la propiedad territorial superficiaria y no tienen aplicación ninguna respecto del subsuelo.

 

ARTÍCULO 159°.- De conformidad y para efectos de lo establecido en el artículo 18 de la presente Ley, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, previa obtención de la información necesaria, adelantará los procedimientos administrativos tendientes a:

 

1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado, y facilitar el saneamiento de la propiedad privada.

 

2. Delimitar las tierras de propiedad de la Nación de las de los particulares.

 

PARAGRAFO. Para asegurar la protección de los bienes y derechos conforme al artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 70 de 1993, el INCODER podrá adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de resguardo, o de las ocupadas ancestralmente o adjudicadas a las comunidades negras, de las que pertenecieren a los particulares.

 

ARTÍCULO 160°.- Para efectos de publicidad, la providencia que inicie las diligencias administrativas de clarificación de la propiedad y deslinde de las tierras de propiedad de la Nación, será inscrita en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, si el predio se hallare inscrito, diligencia que tendrá prelación. En caso contrario, el Instituto solicitará la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria y la inscripción de la respectiva providencia, como medida cautelar. A partir de este registro, el procedimiento que se surta tendrá efecto para los nuevos poseedores o adquirentes de derechos reales.

 

La solicitud, decreto y práctica de pruebas se ceñirán a lo dispuesto en los correspondientes decretos reglamentarios. En estos procedimientos se practicará una diligencia de inspección ocular con intervención de peritos, si así lo solicitan los interesados y sufragan los gastos que demande la diligencia. En caso contrario, el Instituto dispondrá que se efectúe con funcionarios expertos de la entidad.

 

Los peritos serán dos (2), contratados por el INCODER con personas naturales o jurídicas que se encuentren legalmente autorizadas para ello. Los dictámenes se rendirán con arreglo a los preceptos de esta Ley y del decreto reglamentario.

 

En los procedimientos de que trata este Capítulo, así como en los procesos judiciales de revisión, la carga de la prueba corresponde a los particulares.

 

ARTICULO 161°.- Contra las resoluciones del Gerente General del INCODER que decidan de fondo los procedimientos que se regulan en este Capítulo, sólo procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, conforme a lo establecido en el numeral 9o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente.

 

La resolución que culmine el procedimiento de clarificación de la propiedad sólo podrá declarar que, en relación con el inmueble objeto de las diligencias, no existe título originario del Estado, o que posee título de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal, o que se acreditó propiedad privada por la exhibición de una cadena de títulos debidamente inscritos otorgados por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, según lo previsto en esta Ley, o que los títulos aportados son insuficientes, bien porque no acreditan dominio sino tradición de mejoras sobre el inmueble, o se refiere a bienes no adjudicables, o que se hallen reservados, destinados a un uso o servicio público, o porque se incurre en exceso sobre la extensión legalmente adjudicable. Cuando se declare que en relación con el inmueble existe propiedad privada, o que salió del patrimonio del Estado, en todo caso quedarán a salvo los derechos de los poseedores materiales, conforme a la ley civil.

 

Ejecutoriada la resolución que define los procedimientos contemplados en este Capítulo,  y si no se hubiere formulado demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negare las pretensiones de la demanda, se ordenará su inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros.

 

ARTÍCULO 162°.- El INCODER podrá requerir de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Catastrales, del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y demás dependencias del Estado, toda la información que posean sobre la existencia de propietarios o poseedores de inmuebles rurales, así como las fotografías aéreas, planos y demás documentos relacionados con los mismos.

 

PARAGRAFO. En las zonas donde el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" no tenga información actualizada, corresponde al Gerente General del Instituto señalar, cuando lo considere conveniente, mediante resoluciones que serán publicadas por dos veces con intervalos no inferiores a ocho (8) días, en dos (2) diarios de amplia circulación nacional, las regiones, la forma y los términos en que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado que sea propietaria o poseedora de predios rurales, estará obligada a presentar ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural una descripción detallada de los inmuebles respectivos.

 

 

Capítulo 3

Procedimiento administrativo de extinción del dominio

 

ARTICULO 163°.- Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 162 de esta Ley durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente.

 

Lo dispuesto en este artículo no se opone a la declaratoria de extinción del dominio cuando, a la fecha en que empiece a regir esta Ley, hubiere transcurrido un lapso de tres (3) años de inexplotación del inmueble, o si dicho término se cumpliere dentro de la vigencia de esta norma.

 

Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de esta Ley.

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural tendrá a su cargo adelantar las diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado sobre predios rurales, según lo previsto en la presente Ley.

 

ARTÍCULO 164°.- En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de dominio, además de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes:

 

1. La resolución que inicie el procedimiento será inscrita en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. Quien adquiera derechos reales a partir de este registro, asumirá desde entonces las diligencias en el estado en que se encuentren.

 

2. Los términos probatorios no podrán exceder de treinta (30) días, distribuidos como indique el reglamento. La resolución sobre extinción de dominio deberá dictarse dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término probatorio.

 

3. Contra la resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el derecho de dominio privado sólo proceden el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, según lo previsto en el numeral 8o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente. Si no se presenta la demanda de revisión en el término indicado, o si aquella fuere rechazada, o la sentencia del Consejo de Estado negare la revisión demandada, el Instituto procederá a remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente copia de la resolución que decretó la extinción del dominio privado, para su inscripción y la consecuente cancelación de los derechos reales constituidos sobre el fundo.

 

4. Tanto en las diligencias administrativas de extinción del derecho de dominio, como en los procesos judiciales de revisión, la carga de la prueba corresponde al propietario.

 

5. En todos los procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio deberá practicarse una inspección ocular al predio intervenido por el Instituto. Cuando se trate de la causal relacionada con el incumplimiento de la función social de la propiedad prevista en la presente Ley, los dictámenes serán rendidos por dos peritos que contrate el INCODER con personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas para ello, pero la práctica, elaboración y rendición del experticio se someterá a las reglas establecidas en esta Ley y lo que disponga el decreto reglamentario.

 

Cuando la causa que origine el adelantamiento del proceso administrativo de extinción del dominio esté relacionada con la violación de las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación del ambiente, los experticios se rendirán por dos funcionarios calificados de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el municipio de ubicación del inmueble, conforme a las reglas y metodología que para tal efecto señale el reglamento.

 

6. Cuando se trate de probar explotación de la tierra con ganados, en superficies cubiertas de pastos naturales, será indispensable demostrar de manera suficiente la explotación económica o la realización de inversiones durante el término fijado para la extinción del dominio.

 

ARTICULO 165°.- Si por razones de interés social y utilidad pública el Instituto estimare necesario tomar posesión de un fundo o de porciones de éste antes de que se haya fallado el proceso judicial de revisión del procedimiento de extinción del dominio, podrá entonces adelantar la expropiación de la propiedad respectiva. El valor de lo expropiado, que será determinado por avalúo que se diligenciará en la forma prevenida en el artículo 161 de esta Ley, permanecerá en depósito a la orden del Tribunal competente hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia. Si el fallo confirma la resolución acusada, los valores consignados se devolverán al Instituto. Si por el contrario, la revoca o reforma, el juez ordenará entregar al propietario dichos valores más los rendimientos obtenidos por éstos, en la proporción que corresponda.

 

ARTICULO 166°.- Lo cultivado por colonos que no hayan reconocido vínculo de dependencia con el propietario, o autorización de éste, no se tomará en cuenta para los efectos de demostrar la explotación económica de un fundo.

 

ARTICULO 167°.- Las tierras aptas para explotación económica que reviertan al dominio de la Nación en virtud de la declaratoria de extinción del derecho de dominio, ingresarán con el carácter de baldíos reservados y se adjudicarán de conformidad con el reglamento que para cada predio expida el Consejo Directivo; las no aptas para los programas de que trata esta Ley, serán enajenadas por el INCODER, o transferidas, en un plazo no mayor a tres meses, contados desde la ejecutoria de la providencia respectiva, a las entidades del Estado que deban cumplir en ellas actividades específicas señaladas en normas vigentes, o al municipio en que se hallen ubicadas. El recibo de estas tierras será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades indicadas.

 

ARTICULO 168°.- Para todos los efectos legales se considera que no están cobijadas por la regla sobre extinción del dominio, las extensiones que dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se practique la inspección ocular, conforme al numeral 5º del artículo 172 de esta Ley, se encontraban económicamente explotadas de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, y cumpliendo las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente.

 

En los juicios de revisión que se sigan ante el Consejo de Estado de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, la inspección judicial que se practique estará encaminada a verificar el estado de explotación que existía, o el incumplimiento que se estableció de las normas del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y disposiciones que lo complementan, en la fecha de la diligencia de inspección ocular. Por lo tanto, los peritos dictaminarán, en caso de encontrarse una explotación en el fundo, o un estado de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales o del ambiente ajustado a la ley, si estas situaciones son anteriores o por el contrario posteriores al momento de la inspección ocular que se practicó dentro de las diligencias administrativas de extinción del dominio adelantadas por el Instituto.

 

Si de la inspección judicial y del dictamen pericial se deduce que la explotación económica, o el estado de conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y de preservación del ambiente son posteriores a la fecha de la diligencia de inspección ocular que práctico el Instituto, el Consejo de Estado no podrá tener en cuenta esas circunstancias para efectos de decidir sobre la revisión del acto administrativo. Pero el valor de las mejoras posteriores que se acrediten, será pagado por el INCODER en la forma que establezca el reglamento.

 

ARTICULO 169°.- Para efectos de lo establecido en el artículo 155 de esta Ley, se considera que hay explotación económica cuando ésta se realiza de una manera regular y estable. Es regular y estable, la explotación que al momento de la práctica de la inspección ocular tenga más de un (1) año de iniciada, y se haya mantenido sin interrupción injustificada, siendo de cargo del propietario la demostración de tales circunstancias.

 

La simple tala de árboles, con excepción de las explotaciones forestales adelantadas de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, no constituye explotación económica.

 

ARTICULO 170°.- Será causal de extinción del derecho de dominio la explotación que se adelante con violación de las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente contenidas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y demás disposiciones pertinentes.

 

ARTICULO 171°.- En los eventos previstos en el artículo anterior, el procedimiento de extinción del dominio será adelantado oficiosamente por el Instituto, o a solicitud del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del Director General de la correspondiente Corporación Autónoma Regional o del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.

 

ARTICULO 172°.- Hay deterioro o perjuicio sobre los recursos naturales renovables y del ambiente, cuando se realizan conductas o se producen abstenciones que los destruyen, agotan, contaminan, disminuyen, degradan, o cuando se utilizan por encima de los límites permitidos por normas vigentes, alterando las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, o se perturba el derecho de ulterior aprovechamiento en cuanto éste convenga al interés público. La extinción del derecho de dominio procederá sobre la totalidad o la porción del terreno afectado por las respectivas conductas o abstenciones nocivas.

 

 

Capítulo 4

Normas sustanciales sobre adjudicación y recuperación de baldíos

 

ARTÍCULO 173°.- La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad.

 

Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.

 

El INCODER decretará la reversión del baldío adjudicado al dominio de la Nación, cuando se compruebe la violación de las normas sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, o el incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo las cuales se produjo la adjudicación. Ejecutoriada la resolución que disponga la reversión y efectuado el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer al ocupante por concepto de mejoras, si no se allanare a la devolución del predio al Instituto dentro del término que éste hubiere señalado, se solicitará el concurso de las autoridades de policía, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la providencia, para que la restitución del inmueble se haga efectiva. Para tal efecto, al INCODER le bastará presentar copia auténtica de la resolución declaratoria de la reversión, con sus constancias de notificación y ejecutoria.

 

No podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en tierras con aptitud agropecuaria que se estén explotando conforme a las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales renovables, en favor de personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas, en las extensiones y condiciones que para cada municipio o región del país señale el Consejo Directivo.

 

ARTICULO 174°.- Como regla general, las tierras baldías se titularán en Unidades Agrícolas Familiares, conforme al concepto establecido en esta Ley, salvo las excepciones que establezca el Consejo Directivo cuando se trate de las adjudicaciones de tierras a las comunidades indígenas, y en las adjudicaciones derivadas de los contratos de explotación de baldíos que se celebren con las empresas especializadas del sector agropecuario en las zonas de desarrollo empresarial a que se refiere el Capítulo 4 del Título III de esta Ley.

 

ARTICULO 175°.- El Consejo Directivo del INCODER señalará para cada región o zona las extensiones máximas y mínimas adjudicables de las Unidades Agrícolas Familiares, y declarará, en caso de exceso del área permitida, que hay indebida ocupación o apropiación de las tierras de la Nación.

 

El INCODER cobrará el valor del área que exceda el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecida para las tierras en  el municipio o zona, mediante el procedimiento de avalúo señalado para la adquisición de tierras, siempre que no mediaren circunstancias de concentración de la propiedad u otras que señale el reglamento que expida el Consejo Directivo. En todo caso, el área enajenable no podrá exceder de la extensión máxima de la unidad agrícola familiar determinada para la respectiva zona o municipio.

 

Para expedir las reglamentaciones sobre las extensiones máximas y mínimas adjudicables, el Instituto deberá tener en cuenta, entre otras, las condiciones agrológicas, fisiográficas, disponibilidad de aguas, cercanía a poblados de más de 3.000 habitantes, vías de comunicación de las zonas correspondientes, la composición y concentración de la propiedad territorial, los índices de producción y productividad, la aptitud y las características del desarrollo sostenible de la región, la condición de aledaños de los terrenos baldíos, o la distancia a carreteras transitables por vehículos automotores, ferrocarriles, ríos navegables, a centros urbanos de más de 10.000 habitantes, o a puertos marítimos, cuando en este último caso dichas tierras se hallen ubicadas a menos de cinco (5) kilómetros de aquéllos. El lindero sobre cualquiera de dichas vías no será mayor de mil (1.000) metros.

 

El Instituto está facultado para señalar zonas en las cuales las adjudicaciones sólo podrán hacerse con base en explotaciones agrícolas o de ganadería intensiva y para definir, conforme a las circunstancias de la zona correspondiente, las características de estas últimas explotaciones.

 

PARAGRAFO: No serán adjudicables los terrenos baldíos situados dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, las aledañas a Parques Nacionales Naturales y las seleccionadas por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación económica y social para el país, cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su explotación económica.

 

ARTICULO 176°.- Podrán hacerse adjudicaciones en favor de entidades de derecho público para la construcción de obras de infraestructura destinadas a la instalación o dotación de servicios públicos, o cuyas actividades hayan sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social, bajo la condición de que si dentro del término que el Instituto señalare no se diere cumplimiento al fin previsto, los predios adjudicados revertirán al dominio de la Nación.

 

ARTÍCULO 177°.- La persona que solicite la adjudicación de un baldío, deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCODER en la inspección ocular. En la petición de adjudicación el solicitante deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al formular su pretensión expresamente, si se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y patrimonio. En caso afirmativo, la exigencia de la explotación económica deberá demostrarse con las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los tres años anteriores a la fecha de la solicitud.

 

En todo caso, deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona distinta del peticionario, no es transferible a terceros, para los efectos contemplados en este inciso.

 

En la parte motiva de las resoluciones de adjudicación de baldíos deberán analizarse ampliamente las pruebas allegadas sobre la explotación económica del predio, el término de ella y la fuerza de convicción que le merezcan al Instituto, para efectos de considerar la presunción consagrada en el artículo 6º de la Ley 97 de 1946, y en la parte resolutiva deberá declararse si la adjudicación queda o no amparada por dicha presunción, precisando además que ésta no surtirá efectos contra terceros sino pasado un año, contado a partir de la fecha de inscripción de la resolución en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

 

No obstante, a pesar de transcurrido el año después del registro de la resolución, la presunción a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras el acto administrativo correspondiente no sea producto de maniobras abusivas o fraudulentas que puedan dar lugar al enriquecimiento sin causa del adjudicatario, con perjuicio de los derechos del legítimo propietario del inmueble objeto de la adjudicación. Por consiguiente, sólo quedarán amparadas con la presunción de la Ley 97 de 1946, las resoluciones expedidas en desarrollo de procedimientos en los que exista buena fe por parte del adjudicatario, y no se desconozcan derechos de terceros adquiridos con sujeción al artículo 58 de la Constitución Política.

 

En los casos en que la explotación realizada no corresponda a la aptitud específica señalada, el baldío no se adjudicará, hasta tanto no se adopte y ejecute por el colono un plan gradual de reconversión, o previo concepto favorable de la institución correspondiente del Sistema Nacional Ambiental.

 

Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, lo mismo que las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales, se tendrán como porción aprovechada, para el cálculo de la superficie explotada exigida por el presente artículo para tener derecho a la adjudicación.

 

Las islas, playones y madre viejas desecadas por causa natural, de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional, sólo podrán adjudicarse a campesinos y pescadores de escasos recursos, en las extensiones y conforme a los reglamentos que sobre el particular expida el Consejo Directivo del  INCODER. En igualdad de condiciones, se debe preferir a quienes sean campesinos o pescadores ocupantes.

 

En las sabanas y playones nacionales que periódicamente se inunden a consecuencia de las avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, no se adelantarán programas de adquisición de tierras. En las reglamentaciones que dicte el Instituto sobre uso y manejo de las sabanas y playones nacionales, deberán determinarse las áreas que pueden ser objeto de ocupación individual, pero sólo para fines de explotación con cultivos de pancoger.

 

Los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del Estado y son imprescriptibles. No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar.

 

No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas.

 

ARTICULO 178°.- Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras baldías se adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que hayan cumplido dieciséis años de edad, sean jefes de familia, compartan entre sí las responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad si velaren por ellos.

 

Los adjudicatarios podrán contraer las obligaciones inherentes sin necesidad de autorización judicial. Esta disposición se aplicará a todas las adjudicaciones o adquisiciones de tierras que llegaren a hacerse en favor de los campesinos, o para la admisión de éstos como socios de las empresas comunitarias o cooperativas rurales.

 

ARTICULO 179°.- No podrá ser adjudicatario de baldíos la persona natural o jurídica cuyo patrimonio neto sea superior a mil salarios mínimos mensuales legales, salvo lo previsto para las zonas de desarrollo empresarial en el Capítulo 4 del Título III de esta Ley. Para determinar la prohibición contenida en esta norma, en el caso de las sociedades deberá tenerse en cuenta, además, la suma de los patrimonios netos de los socios cuando éstos superen el patrimonio neto de la sociedad.

 

Tampoco podrán titularse tierras baldías a quienes hubieren tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de las Juntas o Consejos Directivos de los organismos y entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud de adjudicación. Esta disposición también será aplicable a las personas jurídicas cuando uno o varios de sus socios hayan tenido las vinculaciones o las calidades mencionadas con los referidos organismos públicos.

 

ARTÍCULO 180°.- No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional, salvo lo dispuesto para las zonas de desarrollo empresarial.

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el momento de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional. Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de la prohibición establecida en este artículo.

 

La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos podrá intentarse por el INCODER, por los Procuradores Agrarios o cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, o desde su publicación en el Diario 0ficial, según el caso. La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones de titulación de baldíos que expida el INCODER.

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCODER podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo.

 

Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se tendrán en cuenta además, las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, lo mismo que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero permanente e hijos menores adultos.

 

Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por el Consejo Directivo para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o  zona. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.

 

Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado, no podrá obtener una nueva adjudicación antes de transcurridos quince (15) años desde la fecha de la titulación anterior.

 

Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión inferior a la señalada por el INCODER como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta Ley. Los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de autorizar y registrar actos o contratos de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que no se protocolice la autorización del INCODER, cuando con tales actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles.

 

La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y la reversión al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos de terceros.

 

No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando se demuestre que el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de los terrenos, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente, hubiere procedido con mala fe, o con fraude a la ley, o con violación de las disposiciones legales u otro medio semejante, o cuando se tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables o reservadas.

 

 Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores, deberán consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan.

 

ARTICULO 181°.- Sin perjuicio de su libre enajenación, dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación de una Unidad Agrícola Familiar sobre baldíos, ésta podrá ser  gravada con hipoteca pero solamente para garantizar las obligaciones derivadas de créditos agropecuarios otorgados por entidades financieras.

 

ARTICULO 182°.- En los casos de indebida ocupación de terrenos baldíos, o de tierras que se hallen reservadas, o que no puedan ser adjudicables, o que se hallen destinadas a un servicio público, el Instituto ordenará la recuperación, previa citación y notificación personal del ocupante, o de quien se pretenda dueño, del acto administrativo que inicie el procedimiento agrario respectivo, o mediante edicto, en la forma contemplada en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. Al efecto, el decreto reglamentario establecerá el procedimiento que habrá de seguirse con audiencia del ocupante, o de quien se pretenda dueño. Las autoridades de policía están en la obligación de prestar su concurso para que la restitución se haga efectiva.

 

Para efectos de publicidad, la providencia que inicie las diligencias administrativas de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, si el predio se hallare inscrito, diligencia que tendrá prelación. En caso contrario, el Instituto solicitará la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria y la inscripción de la respectiva providencia, como medida cautelar. A partir de este registro, el procedimiento que se surta tendrá efecto para los nuevos ocupantes. La solicitud, decreto y práctica de pruebas se ceñirán a lo dispuesto en el correspondiente decreto reglamentario. En este procedimiento, se practicará una diligencia de inspección ocular con intervención de peritos, si así lo solicitan los interesados y sufragan los gastos que demande la diligencia. En caso contrario, el Instituto dispondrá que se efectúe con funcionarios expertos de la entidad.

 

Los peritos serán dos (2), contratados por el INCODER con personas naturales o jurídicas que se encuentren legalmente autorizadas para ello. Los dictámenes se rendirán con arreglo a los preceptos de esta Ley y del decreto reglamentario. La carga de la prueba corresponde a los particulares en el procedimiento de que trata este artículo, así como en el proceso de revisión que se instaure ante el Consejo de Estado.

 

Contra la resolución del Gerente General del INCODER que decida de fondo el procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, sólo procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, conforme a lo establecido en el numeral 9o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente.

 

PARAGRAFO. En la providencia que ordena la restitución se tomarán las determinaciones que correspondan en relación con las mejoras. Si el ocupante o quien se pretenda dueño puede considerarse como poseedor de buena fe, conforme a la presunción de la ley civil, se procederá a la negociación o expropiación de las mejoras.

 

ARTÍCULO 183°.- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural queda autorizado para constituir sobre los terrenos baldíos cuya administración se le encomienda, reservas en favor de entidades de derecho público para los siguientes fines:

 

a)         La ejecución de proyectos de alto interés para el desarrollo económico y social del país;

b)         El establecimiento de servicios públicos;

c)         El desarrollo de actividades que hayan sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social;

d)         Las que tengan por objeto prevenir asentamientos en zonas aledañas o adyacentes a aquellas donde se adelanten exploraciones o explotaciones petroleras o mineras, por razones de orden público o de salvaguarda de los intereses de la economía nacional, por solicitud expresa del Ministerio del Interior y de Justicia.

 

Para la delimitación de las áreas aledañas o adyacentes a las exploraciones o explotaciones petroleras o mineras, y la comprobación de las circunstancias relacionadas con el orden público y los intereses de la economía nacional, el Instituto deberá obtener previamente la solicitud de las entidades públicas interesadas en la constitución de la reserva y, además, la información pertinente del Ministerio del Interior y de Justicia.

 

Las tierras baldías sólo podrán reservarse a favor de las entidades públicas cuyo objeto esté directamente relacionado con las actividades de exploración y explotación de yacimientos petroleros o mineros, las cuales deberán adquirir mediante negociación directa o expropiación, conforme a sus funciones o normas que les fueren aplicables, las mejoras o derechos de los particulares establecidos con anterioridad en las zonas aledañas o adyacentes delimitadas por el Consejo Directivo del Instituto.

 

ARTÍCULO 184°.- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ejercerá, en lo relacionado con el establecimiento de reservas sobre tierras baldías, o que fueren del dominio del Estado, las funciones de constitución, regulación y sustracción que no hayan sido expresamente atribuidas por la ley a otra autoridad. La función y competencia respectiva se ejercerá de manera excluyente por el Consejo Directivo de la entidad.

 

También podrá sustraer de tal régimen, tierras que hubieren sido reservadas por otra entidad, o el mismo Instituto, si encontrare que ello conviene a los intereses de la economía nacional. Las resoluciones que se dicten por el Consejo Directivo del Instituto de conformidad con este artículo, requieren para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.

 

ARTICULO 185°.- Podrá también el Instituto, con la aprobación del Gobierno Nacional, constituir reservas sobre tierras baldías, o que llegaren a tener ese carácter por virtud de la reversión o la extinción del derecho de dominio, para establecer en ellas un régimen particular de ocupación y de aprovechamiento para el predio respectivo, en las cuales se aplicarán, de manera especial, las normas de adjudicación de baldíos que expida el Consejo Directivo. Las explotaciones que se adelanten sobre las tierras reservadas con posterioridad a la fecha en que adquieren esta calidad, no darán derecho al interesado para obtener la adjudicación de la superficie correspondiente, sino cuando se hayan realizado de conformidad con los reglamentos que dicte el Instituto.

 

ARTICULO 186°.- El Banco Agrario y demás entidades financieras no podrán otorgar créditos a ocupantes de terrenos baldíos que se encuentren dentro de las áreas que conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales, o de reservas para explotaciones petroleras o mineras, según lo dispuesto en el Código de Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente y los Códigos de Petróleos y de Minas.

 

ARTICULO 187°.- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural adelantará por medio de funcionarios de su dependencia los procedimientos administrativos de adjudicación de las tierras baldías de la Nación, cuando ejerza directamente esa función. Para la identificación predial, tanto el INCODER como las entidades públicas en las que se delegue esta función, podrán utilizar los planos elaborados por otros organismos públicos o por particulares, cuando se ajusten a las normas técnicas establecidas por el Consejo Directivo  del Instituto.

 

Las tarifas máximas que pueden cobrarse a los adjudicatarios de terrenos baldíos por los servicios de titulación serán señaladas por el Consejo Directivo.

 

ARTICULO 188°.- En desarrollo de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 70 de 1993, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural verificará y certificará el cumplimiento de la función social de la propiedad en las Tierras de las Comunidades Negras. Las solicitudes de adjudicación de tierras baldías que, conforme a los artículos 8º y 9º de dicha Ley formulen los Consejos Comunitarios, deberán adecuarse a las decisiones de ordenamiento territorial que adopten los respectivos municipios.

 

 

Capítulo 5

Del proceso judicial de expropiación

 

ARTICULO 189°.- Cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la presente ley, se entenderá agotado el procedimiento de negociación directa y se adelantarán los trámites para la expropiación, de la siguiente manera:

 

1. El Gerente General del INCODER, mediante resolución motivada, ordenará adelantar la expropiación del predio y de los demás derechos reales constituidos sobre él. Esta resolución será notificada en la forma prevista por los artículos 44 a 48 del Código Contencioso Administrativo.

 

Contra la providencia que ordena la expropiación sólo procederá el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes al surtimiento de la notificación. Transcurrido un mes sin que el Instituto hubiere resuelto el recurso, o presentare demanda de expropiación, se entenderá negada la reposición, quedará ejecutoriado el acto recurrido y, en consecuencia, no será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto del recurso.

 

Podrá impugnarse la legalidad del acto que ordena adelantar la expropiación dentro del proceso que se tramite con arreglo al procedimiento que la presente Ley establece.

 

2. Ejecutoriada la resolución de expropiación, dentro de los dos (2) meses siguientes el Instituto presentará la demanda correspondiente ante el Tribunal Administrativo que ejerza jurisdicción en el territorio donde se encuentra el inmueble. Si el Instituto no presentare la demanda dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la resolución de expropiación, caducará la acción.

 

A la demanda deberán acompañarse, además de los anexos previstos por la ley, la resolución de expropiación y sus constancias de notificación, el avalúo comercial del predio y copia auténtica de los documentos que acrediten haberse surtido el procedimiento de negociación directa.

 

Cuando se demande la expropiación de la porción de un predio, a la demanda deberá acompañarse la descripción por sus linderos y cabida de la parte del inmueble que se pretende expropiar, y un plano elaborado por el Instituto del globo de mayor extensión, dentro del cual se precise la porción afectada por el decreto de expropiación.

 

En lo demás, la demanda deberá reunir los requisitos establecidos en los artículos 75 a 79, 81 y 451 del Código de Procedimiento Civil.

 

3. En el auto admisorio de la demanda el Tribunal decidirá definitivamente sobre la competencia para conocer del proceso y si advierte que no es competente rechazará in limine la demanda y ordenará la devolución de los anexos sin necesidad de desglose.

 

Así mismo, al momento de resolver sobre la admisión de la demanda el Tribunal examinará si concurre alguna de las circunstancias de que tratan los numerales 6o., 7o. y 9o. del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, y si encontrare establecida alguna, procederá de la manera siguiente:

 

a)         En los eventos previstos por los numerales 6o. y 7o. del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, señalará las pruebas faltantes sobre la calidad del citado o citados, o los defectos de que adolezca la demanda, para que la entidad demandante los aporte o subsane, según sea el caso, en el término de 5 días, y sí no lo hiciera la rechazará y ordenará la devolución de los anexos sin necesidad de desglose.

 

b)         En el caso previsto por el numeral 9o. del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, se seguirá el procedimiento establecido por el artículo 83 del mismo Código, sin perjuicio de aplicación al procedimiento de expropiación de lo dispuesto por el artículo 401 del citado estatuto procesal

 

Contra el auto admisorio de la demanda o contra el que la inadmita o rechace procederá únicamente el recurso de reposición.

 

4. La demanda se notificará a los demandados determinados y conocidos por el procedimiento previsto por el inciso 2o. del artículo 452 del Código de Procedimiento civil.

 

Para notificar a terceros indeterminados que se crean con derecho sobre el bien objeto de la expropiación, en el auto admisorio de la demanda se ordenará su emplazamiento mediante edicto que se publicará por una sola vez en un diario de amplia circulación en la región donde se encuentre el bien, para que comparezcan al proceso a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación, transcurridos los cuales se entenderán surtido el emplazamiento de las personas indeterminadas a las que se les designará curador ad litem, quien ejercerá el cargo hasta la terminación del proceso, siendo de forzosa aceptación.

 

El edicto deberá expresar, además del hecho de la expropiación demandada por el Instituto, la identificación del bien, el llamamiento de quienes se crean con derecho para concurrir al proceso y el plazo para hacerlo. El edicto se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del mismo Tribunal.

 

Las personas que concurran al proceso en virtud del emplazamiento podrán proponer los incidentes de excepción previa e impugnación de que trata la presente Ley, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que aquél quede surtido. Las que se presenten posteriormente, tomarán el proceso en el estado en que lo encuentren.

 

De la demanda se dará traslado al demandado por diez (10) días para que proponga los incidentes de excepción previa e impugnación de que trata la presente Ley.

 

5. Sin perjuicio de la impugnación de que trata el numeral 8o. del presente artículo, en el proceso de expropiación no será admisible ninguna excepción perentoria o previa, salvo la de inexistencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, la cual deberá proponerse por escrito separado dentro del término del traslado de la demanda y se tramitará como incidente, conforme al procedimiento establecido por los artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento Civil, salvo que el Instituto al reformar la demanda, subsane el defecto, en cuyo caso el Tribunal mediante auto dará por terminado el incidente y ordenará proseguir el proceso sin lugar a nuevo traslado.

 

No podrán ser alegadas como causal de nulidad las circunstancias de que tratan los numerales 1o., 2o., 6o., 7o. y 9o. del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, si el demandado no hubiere interpuesto contra el auto admisorio de la demanda recurso de reposición, en que hubiere alegado la concurrencia de alguna de ellas. Tampoco podrán alegarse como causal de nulidad los hechos que constituyen las excepciones previas a que se refieren los numerales 4o. y 5o. del artículo 97 del mismo Código, si no hubiere sido propuesta en la oportunidad de que trata el inciso precedente. En todo caso, el Tribunal antes de dictar sentencia deberá subsanar todos los vicios que advierta en el respectivo proceso para precaver cualquier nulidad y evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria.

 

En caso de que prospere el recurso de reposición interpuesto por el demandado contra el auto admisorio de la demanda, respecto a lo resuelto sobre las circunstancias de que tratan los numerales 6o., 7o. y 9o. del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal declarará inadmisible la demanda y procederá como se indica en el inciso 2o. del numeral 8o. del presente artículo, y si el Instituto subsana los defectos dentro del término previsto, la admitirá mediante auto que no es susceptible de ningún recurso sin que haya lugar a nuevo traslado; en caso contrario la rechazará

 

6. Si el demandado se allanare a la expropiación dentro del término del traslado de la demanda, el Tribunal dictará de plano sentencia, en la que decretará la expropiación del inmueble sin condenar en costas al demandado.

 

7. El Instituto, por razones de apremio y urgencia tendientes a asegurar la satisfacción y prevalencia del interés público o social, previa calificación de las mismas por  el Consejo Directivo, podrá solicitar al Tribunal que en el auto admisorio de la demanda se ordene la entrega anticipada al Instituto del inmueble cuya expropiación se demanda, si acreditare haber consignado a órdenes del respectivo Tribunal, en el Banco Agrario, una suma equivalente al 30% del avalúo comercial practicado en la etapa de negociación directa, y acompañar al escrito de la demanda los títulos de garantía del pago del saldo del valor del bien, conforme al mismo avalúo.

 

Cuando se trate de un predio cuyo valor no exceda de 500 salarios mínimos mensuales, el Instituto deberá acreditar la consignación a órdenes del Tribunal de una suma equivalente al 100% del valor del bien, conforme al avalúo practicado en la etapa de negociación directa.

 

Dentro del término del traslado de la demanda, el demandado podrá solicitar la fijación de los plazos de que trata el inciso 2o. del numeral 14 del presente artículo, a menos que el Instituto lo haya hecho en la demanda.

 

8. Dentro del término del traslado de la demanda y mediante incidente que se tramitará en la forma indicada por el Capítulo 1o. del Título 11 del Libro 2o. del Código de Procedimiento Civil, podrá el demandado oponerse a la expropiación e impugnar la legalidad, invocando contra la resolución que la decretó la acción de nulidad establecida por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. El escrito que proponga el incidente deberá contener la expresión de lo que se impugna, los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a la impugnación, la indicación de las normas violadas y la explicación clara y precisa del concepto de su violación.

 

Los vicios de forma del acto impugnado no serán alegables como causales de nulidad si no se hubieren invocado en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de expropiación en la vía gubernativa.

 

No será admisible y el Tribunal rechazará el plano, la impugnación o el control de legalidad, de las razones de conveniencia y oportunidad de la expropiación.

 

9. En el incidente de impugnación el Tribunal rechazará in limine toda prueba que no tienda, directa o inequívocamente, a demostrar la nulidad de la resolución que decretó la expropiación, por violación de la legalidad objetiva.

 

El término probatorio será de diez (10) días, si hubiere pruebas que practicar que no hayan sido aportadas con el escrito de impugnación; únicamente podrá ser prorrogado por diez (10) días más para la práctica de pruebas decretadas de oficio.

 

Las pruebas que se practiquen mediante comisionado, tendrán prioridad sobre cualquier otra diligencia. El juez comisionado que dilatare la práctica de una prueba en un juicio de expropiación incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada con la destitución.

 

10. Vencido el término probatorio, se ordenará dar un traslado común por tres días a las partes para que formulen sus alegatos por escrito, al término del cual el proceso entrará al despacho para sentencia.

 

Si no hubiere pruebas que practicar, el traslado para alegar será de tres (3) días, en cuyo caso el magistrado sustanciador dispondrá de diez (10) días, contados a partir del vencimiento del traslado, para registrar el proyecto de sentencia.

 

11. El proyecto de sentencia que decida la impugnación deberá ser registrado dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispongan las partes para alegar. Precluido el término para registrar el proyecto sin que el Magistrado Sustanciador lo hubiere hecho, y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, el proceso pasará al magistrado siguiente para que en el término de cinco (5) días registre el proyecto de sentencia.

 

12. Registrado el proyecto de sentencia, el Tribunal dispondrá de veinte (20) días para decidir sobre la legalidad del acto impugnado y dictará sentencia.

 

En caso de que la impugnación sea decidida favorablemente al impugnante, el Tribunal dictará sentencia en la que declarará la nulidad del acto administrativo expropiatorio, se abstendrá de decidir sobre la expropiación y ordenará la devolución y desglose de todos los documentos del Instituto para que dentro de los veinte (20) días siguientes, reinicie la actuación a partir de la ocurrencia de los hechos o circunstancias que hubieren viciado la legalidad del acto administrativo que decretó la expropiación, si ello fuere posible.

 

El Tribunal, al momento de resolver el incidente de impugnación, deberá decidir simultáneamente sobre las excepciones previas de que tratan los numerales 4o. y 5o. del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, si hubieren sido propuestas. Precluida la oportunidad para intentar los incidentes de excepción previa e impugnación sin que el demandado hubiere propuesto alguno de ellos, o mediare su rechazo, o hubiere vencido el término para decidir, el Tribunal dictará sentencia, y si ordena la expropiación, decretará el avalúo del predio y procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil.

 

La sentencia que ordene la expropiación, una vez en firme producirá efectos "erga omnes" y el Tribunal ordenará su protocolización en una notaría y su inscripción en el competente registro. Constituirá causal de mala conducta del Magistrado Sustanciador, o de los magistrados del Tribunal y del Consejo de Estado, según sea el caso, que será sancionada con la destitución, la inobservancia de los términos preclusivos establecidos por la presente Ley para surtir y decidir los incidentes y para dictar sentencia, y para decidir la apelación que contra ésta se interponga.

 

Para que puedan cumplirse los términos establecidos por la presente Ley en los procesos de expropiación y de extinción del dominio de tierras incultas, los procesos respectivos se tramitarán con preferencia absoluta sobre cualquier otro proceso contencioso administrativo que esté en conocimiento de los jueces o magistrados, de modo que no pueda argüirse por parte de éstos, para justificar la mora en proferir las providencias correspondientes, la congestión en sus despachos judiciales.

 

13. Las providencias del proceso de expropiación son únicamente susceptibles del recurso de reposición, con excepción de la sentencia, del auto que deniegue la apertura a prueba o la práctica de alguna que haya sido pedida oportunamente y del auto que resuelva la liquidación de condenas, que serán apelables ante el Consejo de Estado, sin perjuicio de la consulta de que trata el artículo 184 del Código de lo Contencioso Administrativo.

 

La sentencia que deniegue la expropiación o se abstenga de decretarla es apelable en el efecto suspensivo; la que la decrete, en el devolutivo.

 

El auto que resuelva la liquidación de condenas será apelable en el efecto diferido pero el recurrente no podrá pedir que se le conceda en el efecto devolutivo. El que deniegue la apertura a prueba de la práctica de alguna que haya sido pedida oportunamente será apelable en el efecto devolutivo.

 

Contra la sentencia que decida el proceso de expropiación, no procederá el recurso extraordinario de revisión.

 

14. En la sentencia que resuelva el incidente de impugnación desfavorablemente a las pretensiones del impugnante, invocadas contra la legalidad del acto administrativo expropiatorio, se ordenará la entrega anticipada del inmueble al Instituto cuando el Instituto lo haya solicitado y acredite haber consignado a órdenes del respectivo Tribunal, en el Banco Agrario, una suma igual al último avalúo catastral del inmueble más un 50% o haya constituido póliza de compañía de seguros por el mismo valor, para garantizar el pago de la indemnización. No serán admisibles oposiciones a la entrega anticipada del inmueble por parte del demandado. Las oposiciones de terceros se regirán por lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.

 

El Tribunal podrá, a solicitud del Instituto o del demandado, o de tenedores o poseedores que sumariamente acreditaren su derecho al momento de la diligencia de entrega material del bien, fijar a estos últimos, por una sola vez, plazos para la recolección de las cosechas pendientes y el traslado de maquinarias, bienes muebles y semovientes que se hallaren en el fundo, sin perjuicio de que la diligencia de entrega anticipada se realice.

 

15. Los peritos que intervengan en el proceso de expropiación serán dos designados dentro de la lista de expertos avaluadores de propiedad inmobiliaria, elaborada por el respectivo Tribunal, cuyos integrantes hayan acreditado, para su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia, tener título profesional de ingeniero civil, catastral, agrólogo  o geodesta y contar cuando menos con cinco años de experiencia en la realización de avalúos de bienes inmuebles rurales.

 

Los peritos estimarán el valor de la cosa expropiada, con especificación discriminada del valor de la tierra y de las mejoras introducidas en el predio, y separadamente determinarán la parte de la indemnización que corresponda a favor de los distintos interesados, de manera que con cargo al valor del bien expropiado, sean indemnizados en la proporción que les corresponda los titulares de derechos reales, tenedores y poseedores a quienes conforme a la ley les asista el derecho a una compensación remuneratoria por razón de la expropiación.

 

En lo no previsto se aplicarán para el avalúo y la entrega de los bienes las reglas del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil

 

16. Para determinar el monto de la indemnización el Tribunal tendrá en cuenta el valor de los bienes expropiados como equivalente a la compensación remuneratoria del demandado por todo concepto.

 

17. Si el Tribunal negare la expropiación, o el Consejo de Estado revocare la sentencia que la decretó, se ordenará poner de nuevo al demandado en posesión o tenencia de los bienes, si esto fuere posible, cuando se hubiere efectuado entrega anticipada de los mismos, y condenará al Instituto a pagar todos los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el momento de la entrega, descontando el valor de las mejoras necesarias introducidas con posterioridad.

 

En caso de que la restitución de los bienes no fuere posible, el Tribunal declarará al Instituto incurso en "vía de hecho" y lo condenará in genere a la reparación de todos los perjuicios causados al demandado, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, calculados desde la fecha en que se hubiere efectuado la entrega anticipada del bien, ordenará entregar al demandado la caución y los títulos de garantía que el Instituto hubiere presentado para pedir la medida de entrega anticipada. La liquidación de los perjuicios de que trata el presente numeral se llevará a cabo ante el mismo Tribunal que conoció del proceso, conforme al procedimiento previsto por el Capítulo 2o. del Título 14 del Libro 2º del Código de Procedimiento Civil, y se pagarán según lo establecido por los Artículos 170 a 179 del Código Contencioso Administrativo.

 

Los beneficiarios de reforma agraria que hayan recibido tierras entregadas por el INCODER, cuya tradición a favor del Instituto no pudiere perfeccionarse, se tendrán como poseedores de buena fe sobre las parcelas que hayan recibido y podrán adquirir el dominio de las mismas, sin consideración a su extensión superficiaria, acogiéndose a los procedimientos previstos en el Decreto 508 de 1974, tras haber ejercido la posesión durante cinco (5) años en los términos y condiciones previstos por el artículo 155 de la presente ley.

 

18. En los aspectos no contemplados en la presente Ley, el trámite del proceso de expropiación se adelantará conforme a lo dispuesto por el Título XXIV del Libro 3o. y demás normas del Código de Procedimiento Civil; en lo no previsto en dichas disposiciones se aplicarán las normas del Código Contencioso Administrativo, en cuanto fueren compatibles con el procedimiento aplicable.

 

 

 

TITULO VIII

 DEL MINISTERIO PÚBLICO AGRARIO

 

 

ARTÍCULO 190°.- El Ministerio Público Agrario será ejercido por el Procurador General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales Agrarios. En cada departamento habrá un Procurador Judicial Ambiental y Agrario.

 

ARTÍCULO 191°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan la estructura y funciones de la Procuraduría General de la Nación, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales Agrarios ejercerán, en lo relacionado con la presente legislación agraria, las siguientes funciones:

 

1. Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Política, las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con las actividades de reforma agraria y desarrollo rural campesino.

 

2. Intervenir como Ministerio Público en los procedimientos agrarios relativos a la administración y disposición de las tierras baldías de la Nación, la clarificación de la propiedad, la delimitación de las tierras nacionales y el deslinde de resguardos y tierras de las comunidades negras, la recuperación de baldíos y la extinción del derecho de dominio, en los términos previstos en la Constitución Política, en esta Ley, en las normas que regulan su estructura, organización, competencias y funcionamiento y demás disposiciones pertinentes.

 

3. Solicitar al INCODER o a las entidades en las cuales éste haya delegado sus funciones, que se adelanten las acciones encaminadas a recuperar las tierras de la Nación indebidamente ocupadas o apropiadas, la reversión de los baldíos, la declaratoria de extinción del derecho de dominio privado de que trata esta Ley, y representar a la Nación en las diligencias administrativas, judiciales o de policía que dichas acciones originen.

4. Informar al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y al Consejo Directivo del INCODER sobre las irregularidades o deficiencias que se presenten en la ejecución de la presente Ley.

 

5. Procurar la eficaz actuación de los organismos y entidades que integran el Sistema Nacional de Desarrollo Rural conforme a lo dispuesto en esta Ley.

 

 

 

TITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

 

ARTÍCULO 192°.- Quienes hubieren adquirido del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA en liquidación, o del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, unidades agrícolas familiares con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, o en todo caso sujetas a las disposiciones establecidas en la Ley 135 de 1961 o al régimen de transición previsto en la Ley 160 de 1994, continuarán sometidos hasta la culminación del plazo respectivo al régimen de la propiedad parcelaria que se expresa a continuación:

 

1. Por el solo hecho de la adjudicación, se obligan a sujetarse a las reglamentaciones existentes sobre uso y protección de los recursos naturales renovables, así como a las disposiciones sobre caminos y servidumbres de tránsito y de aguas que al efecto hubiere dictado el Instituto.

 

2. Hasta cuando se cumpla un plazo de diez (10) años contados desde la primera adjudicación que se hizo sobre la respectiva parcela, no podrán transferir el derecho de dominio sino a campesinos de escasos recursos sin tierra, o a minifundistas, o a entidades de derecho público para la construcción de obras públicas o con destino al establecimiento de un servicio público, y en tal caso el adjudicatario deberá solicitar autorización expresa del INCODER para enajenar  la Unidad Agrícola Familiar.

 

El Instituto dispone de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepción de la petición para expedir la autorización correspondiente, transcurridos los cuales, si no se pronunciare, se entenderá que consiente en la propuesta del adjudicatario. Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad de la adjudicación, serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravención de lo aquí dispuesto y no podrán los Notarios y Registradores autorizar e inscribir escrituras públicas en las que no se protocolice la autorización del Instituto, o la solicitud de autorización al INCODER, junto con la declaración juramentada del adjudicatario, de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto, cuando haya mediado silencio administrativo positivo.

 

3. Quienes hayan adquirido el dominio sobre una parcela cuya primera adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a diez (10) años antes de la promulgación de esta Ley, quedarán en total libertad para disponer de la parcela.

 

4. En los casos de enajenación de la propiedad sobre una Unidad Agrícola Familiar, el adquirente se subrogará en todas las obligaciones contraídas por el enajenante a favor del Instituto. Cuando el Instituto deba readjudicar una parcela, la transferencia del dominio se hará directamente en favor de los campesinos que reúnan las condiciones señaladas por el Consejo Directivo en la forma y modalidades establecidas para la adquisición con el subsidio para compra de tierras. Si dentro de los campesinos inscritos hubiere mujeres jefes de hogar, se les dará prioridad en la adjudicación de la Unidad Agrícola Familiar.

 

5. Las adjudicaciones que se hubieren efectuado hasta la fecha de promulgación de esta Ley seguirán sometidas a las causales de caducidad por incumplimiento por parte de los adjudicatarios, de las disposiciones contenidas en los reglamentos entonces vigentes y en las cláusulas contenidas en la resolución de adjudicación.

 

La declaratoria de caducidad dará derecho al Instituto para exigir la entrega de la parcela, aplicando para tal efecto las normas que sobre prestaciones mutuas se hayan establecido en el reglamento respectivo. Contra la resolución que declare la caducidad sólo procede el recurso de reposición. Ejecutoriada ésta y efectuado el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer al ocupante, si no se allanare a la devolución de la parcela al Instituto dentro del término que éste hubiere señalado, solicitará el concurso de las autoridades de policía, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la providencia, para que la restitución del inmueble se haga efectiva. Para tal efecto, al INCODER le bastará presentar copia auténtica de la resolución declaratoria de la  caducidad, con sus constancias de notificación y ejecutoria y las pruebas del pago, consignación o aseguramiento del valor respectivo.

 

6. En caso de fallecimiento del adjudicatario que no hubiere cancelado al Instituto la totalidad del precio d