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Alerta - Ley de Desarrollo Rural_

 

PLIEGO DE MODIFICACIONES DE FONDO DEL PROYECTO DE LEY

TEXTO PRESENTADO PARA COMISIÓN V DE CÁMARA

TEXTO APROBADO POR LA PLENARIA DE SENADO

OBSERVACIONES

 

TÍTULO I

CAPÍTULO II

Del Sistema Nacional de Desarrollo Rural

ARTÍCULO 7°.- Créase el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, integrado por los organismos y entidades del sector central, descentralizado, territorial, y por organismos de carácter privado que realicen actividades relacionadas con los objetivos señalados en los artículos anteriores, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a mejorar el ingreso y calidad de vida de los habitantes del sector rural.

 

ARTÍCULO 8°.- Son actividades del Sistema Nacional de Desarrollo Rural para los fines previstos en esta Ley, las destinadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes del medio rural, como el aumento de su capacidad productiva,  la dotación de tierras y de infraestructura física productiva, los servicios de crédito y estímulos a la inversión, de adecuación de tierras, de comercialización, la oferta de servicios sociales básicos, de vivienda y de seguridad social, la organización de las comunidades rurales, y los servicios de gestión empresarial y de capacitación laboral. El Gobierno Nacional reglamentará la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Rural,

 

ARTÍCULO 9°.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de liderar y coordinar la formulación de la política general de desarrollo rural, con base en criterios de ordenamiento productivo y social que permitan determinar las áreas de desarrollo rural. Para tal efecto, establecerá el uso actual y potencial del suelo, ordenará las zonas geográficas prioritarias de acuerdo con sus características biofísicas, sus condiciones económicas, sociales y de infraestructura, y definirá los lineamientos, criterios y parámetros necesarios que deben ser considerados para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial en las zonas rurales de los municipios.

 

El Gobierno Nacional reglamentará la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, que será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las entidades que lo integran se agruparán en sistemas, con las atribuciones y objetivos que determine el Gobierno Nacional.

 

La definición del carácter y naturaleza jurídica de los organismos integrantes del Sistema Nacional de Desarrollo Rural se sujetará a lo establecido en la Ley 489 de 1998.

 

PARAGRAFO: Con anterioridad a la fecha de inscripción de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural enviará a las entidades y organismos que integran el Sistema una relación de las zonas seleccionadas como prioritarias para la estrategia de desarrollo rural, así como los programas que en ellas se adelantarán, para los cuales se determinará la participación que le corresponde a cada una de tales entidades.

 

El Departamento Nacional de Planeación coordinará la elaboración de los planes anuales de inversión en las Zonas de Desarrollo Rural, por períodos de cuatro años, y velará por su incorporación en los Planes de Desarrollo y en el Presupuesto General de la Nación. Los organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional deberán incorporar en los respectivos anteproyectos anuales de presupuesto las partidas necesarias para desarrollar las actividades que les correspondan previa aprobación en las instancias territoriales previstas en los artículos 13 y 14, conforme con lo establecido en el artículo 346 de la Constitución Política.

 

ARTÍCULO 10°.- Corresponde al Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES aprobar los presupuestos que anualmente se destinarán a financiar las inversiones orientadas a promover el desarrollo de las áreas rurales, lo mismo que evaluar periódicamente el desempeño del Sistema Nacional de Desarrollo Rural. Para tal efecto, dicho Consejo sesionará al menos dos (2) veces por año, bajo la denominación de CONPES RURAL, a fin de evaluar y aprobar la estrategia multisectorial de desarrollo del sector rural. Así mismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural definirá la frontera agrícola teniendo en cuenta las definiciones de las zonas de reserva ambiental o forestal y demás restricciones al uso del suelo impuestas por cualquier autoridad gubernamental.

 

ARTÍCULO 11°.- El Sistema Nacional de Desarrollo Rural estará integrado por los siguientes subsistemas, con atribuciones y objetivos propios:

 

a)  De promoción productiva y de investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología,

b)  De servicios sociales como salud, educación y servicios básicos, vivienda, inversión en capital humano y seguridad social,

c)  Procesamiento y comercialización postcosecha interna y externa,

d)  De estímulos a la inversión, crédito y financiamiento,

e)  De infraestructura física como energía, vías y comunicaciones,

f)   De dotación y adecuación de tierras,

g)  De organización y capacitación empresarial a los productores rurales.

 

ARTÍCULO 12°.- De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 101 de 1993, los organismos o entidades oficiales competentes en el respectivo sector de inversión, podrán participar en la cofinanciación de los planes, programas y proyectos de desarrollo rural que sean aprobados por el CONPES RURAL, cuando éstos hagan parte de una actividad de las entidades territoriales.

 

PARÁGRAFO.-: Autorízase a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las entidades de carácter mixto público – privado, a los Fondos de Pensiones, a las compañías de seguros, a las empresas del sector minero energético y a las demás entidades de carácter financiero y de fomento del país a efectuar inversiones para el desarrollo de proyectos productivos en las zonas rurales prioritarias. Estas inversiones serán sujeto de los estímulos y exenciones tributarias previstas para el sector por el Gobierno Nacional y sin que estas sean incompatibles con los estímulos, incentivos y exenciones en materia ambiental.

 

ARTÍCULO 13°.- El Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario –CONSEA que opera a nivel departamental será la instancia de coordinación de las prioridades y de concertación entre las autoridades, las comunidades rurales y los organismos y entidades públicas y privadas para los programas y proyectos de desarrollo rural, en concordancia y armonía con las prioridades establecidas en los planes de desarrollo nacional y departamental. Estos Comités estarán integrados por representantes de las entidades públicas nacionales o regionales que tengan injerencia en asuntos o actividades de desarrollo rural, así como por  representantes de los municipios y de las organizaciones privadas de productores.

 

ARTÍCULO 14°.- Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, creados por el artículo 61 de la Ley 101 de 1993, serán la instancia de identificación de las prioridades y de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y los organismos y entidades públicas en materia de desarrollo rural en armonía con los Planes de Ordenamiento Territorial, que deberán incorporar el ordenamiento productivo de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento productivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de esta ley.

 

PARÁGRAFO: De conformidad con la Constitución Política de Colombia, los territorios indígenas tendrán un Consejo de Desarrollo Rural, que servirá como instancia de concertación entre las autoridades indígenas, las comunidades y los organismos y entidades públicas en materia de desarrollo rural, en concordancia y armonía con sus planes de vida.

 

ARTÍCULO 15°.- La información relacionada con los proyectos identificados en el orden municipal, coordinados por el nivel departamental y priorizados en el CONPES RURAL deberá ser publicada por medios de amplia difusión. El Gobierno Nacional reglamentará el sistema de información que será aplicado a este propósito.

ARTICULO 7°.- Crease el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, integrado por los organismos y entidades del sector central, descentralizado y territorial que realicen actividades relacionadas con los objetivos señalados en los artículos anteriores, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a mejorar el ingreso, la seguridad alimentaria y calidad de vida de los habitantes del sector rural.

 

ARTICULO 8°.- Son actividades del Sistema Nacional de Desarrollo Rural para los fines previstos en esta Ley, las destinadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes del medio rural, como el aumento de su capacidad productiva, la generación y transferencia de tecnologías, la dotación de infraestructura física productiva, los servicios de crédito y estímulos a la inversión, de adecuación de tierras, de comercialización, la oferta de servicios sociales básicos, de vivienda y de seguridad social, la organización de las comunidades rurales, y los servicios de gestión empresarial y de capacitación laboral.

 

ARTICULO 9°.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de liderar y coordinar la formulación de la política general de desarrollo rural, definir las áreas geográficas prioritarias, e identificar las necesidades a cargo de las demás entidades, así como efectuar su evaluación y seguimiento. El Departamento Nacional de Planeación coordinará la elaboración de los planes anuales de inversión y velará por su incorporación en los Planes de Desarrollo y en el Presupuesto General de la Nación. Los organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional deberán incorporar en los respectivos anteproyectos anuales de presupuesto las partidas necesarias para desarrollar las actividades que les correspondan, conforme con lo establecido en el artículo 346 de la Constitución Política.

 

PARÁGRAFO: Con anterioridad a la fecha de inscripción de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural enviará a las entidades y organismos que integran el Sistema una relación de las zonas seleccionadas como prioritarias para la estrategia de desarrollo rural, así como los programas que en ellas se adelantarán, para los cuales se determinará la participación que le corresponde a cada una de tales entidades.

 

ARTICULO 10°.- Corresponde al Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES aprobar los presupuestos que anualmente se destinarán a financiar las inversiones orientadas a promover el desarrollo de las áreas rurales, lo mismo que evaluar periódicamente el desempeño del Sistema Nacional de Desarrollo Rural. Para tal efecto, dicho Consejo sesionará al menos dos (2) veces por año, bajo la denominación de CONPES RURAL, a fin de evaluar y aprobar la estrategia multisectorial de desarrollo del sector rural.

 

ARTICULO 11°.- El Gobierno Nacional reglamentará la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, que será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las entidades que lo integran se agruparán en sistemas, con las atribuciones y objetivos que determine el Gobierno Nacional.

 

La definición del carácter y naturaleza jurídica de los organismos integrantes del Sistema Nacional de Desarrollo Rural se sujetará a lo establecido en la Ley 489 de 1998.

 

ARTICULO 12°.- De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 101 de 1993, los organismos o entidades oficiales competentes en el respectivo sector de inversión, podrán participar en la cofinanciación de los planes, programas y proyectos de desarrollo rural que sean aprobados por el CONPES RURAL, cuando éstos hagan parte de una actividad de las entidades territoriales.

 

PARÁGRAFO 1.- : Autorizase a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las entidades de carácter mixto público – privado, a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, a los Fondos de Pensiones, a las Compañías de Seguros, a las empresas del sector minero energético y a las demás entidades de carácter financiero y de fomento del país a efectuar inversiones para el desarrollo de cultivos de tardío rendimiento, estas inversiones serán sujeto de los estímulos y exenciones tributarias previstas para el sector por el Gobierno Nacional y sin que estas sean incompatibles con los estímulos, incentivos y exenciones en materia ambiental.

 

PARÁGRAFO 2.-. Ampliase a un término de treinta (30) años el período máximo establecido para los contratos de arrendamiento, mutuo, comodato, uso y usufructo de bienes muebles e inmuebles con destinación a cultivos de tardío rendimiento.

 

ARTICULO 13°.- Los departamentos establecerán el Comité Departamental de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia de concertación entre las autoridades, las comunidades rurales y los organismos y entidades públicas y privadas para los programas y proyectos de desarrollo rural, en concordancia y armonía con las prioridades establecidas en los planes de vida y de desarrollo territorial. De estos Comités dependerán los respectivos Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario –CONSEA, y estarán integrados por representantes de las entidades públicas nacionales o regionales que tengan injerencia en asuntos o actividades de desarrollo rural, así como por  representantes de los municipios y de las organizaciones de productores.

 

ARTICULO 14°.- Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, creados por el artículo 61 de la Ley 101 de 1993, servirán de instancia de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y los organismos y entidades públicas en materia de desarrollo rural. 

 

PARÁGRAFO: De conformidad con la Constitución Política de Colombia, los territorios indígenas tendrán un Consejo de Desarrollo Rural, que servirá como instancia de concertación entre las autoridades indígenas, las comunidades y los organismos y entidades públicas en materia de desarrollo rural, en concordancia y armonía con sus planes de vida.

 

 

Se involucra al sector privado en el Sistema Nacional de Desarrollo Rural

 

Se clarifican sus funciones del Sistema Nacional de Desarrollo Rural en el Artículo 8º.

 

Se presenta redacción sustitutiva del artículo 9°.

 

Se elimina el parágrafo 2 del artículo 12 por inocuo y además se eliminan las Corporaciones Autónomas Regionales y la precisión respecto de los cultivos de tardío rendimiento del parágrafo 1º.

 

Se presenta redacción sustitutiva  para dejar una única instancia para el sector en el nivel departamental, cual es el CONSA.

TÍTULO II:

DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR RURAL

 

ARTÍCULO 16°.- Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta norma el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-INCODER,  continuará siendo  un Establecimiento Público del orden nacional que cuenta con personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con el número plural de dependencias que requiera para el cabal ejercicio de sus funciones en el orden territorial, en los términos de la presente ley.

 

ARTÍCULO 17°. Créase por virtud de esta ley la UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS, como una escisión de funciones del INCODER que será una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con dependencias regionales para el ejercicio de sus funciones que el Gobierno Nacional disponga según lo requieran las necesidades del servicio.

 

CAPÍTULO I SOBRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE

DESARROLLO RURAL - INCODER

 

ARTÍCULO 18°.- El INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL– INCODER, tendrá por objeto fundamental promover y apoyar la ejecución de la política establecida por el Ministerio de Agricultura  para fomentar el desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero en el medio rural, facilitar a la población campesina el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades, y propiciar la articulación de las acciones institucionales que forman parte del sistema nacional de desarrollo rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar los índices de calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país.

 

ARTÍCULO 19º. Son funciones del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL– INCODER, las siguientes:

 

1. Liderar los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que posibiliten la integración de las acciones institucionales en el medio rural,  y suscribir convenios interinstitucionales que articulen las intervenciones de las instituciones públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.

 

2. Coordinar los procesos participativos de planeación institucional, regional y local, para la definición de programas de desarrollo agropecuario sostenible que permitan a los actores rurales la identificación de oportunidades productivas y la concertación de las inversiones requeridas.

 

3. Promover la consolidación económica y social de las áreas de desarrollo rural, mediante programas de desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero de propósito común que permita atender realidades específicas de las comunidades rurales, en consonancia con las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en cumplimiento del Plan Anual de Inversiones aprobado por el CONPES RURAL.

 

4. Otorgará subsidios directos a través de concursos mediante convocatorias públicas transparentes que atenderán a criterios objetivos de selección, para beneficiar a los hombres y mujeres de escasos recursos, y a los productores ubicados en áreas prioritarias determinadas por el Gobierno Nacional con la presentación del proyecto productivo financiera, ambiental, técnica y socialmente viable para:

 

a)     Adquisición de tierras y parte de los requerimientos financieros de los proyectos productivos.

b)     Adecuación de tierras.

c)      Asistencia técnica.

d)     Vivienda de Interés Social Rural.

e)     Y los demás subsidios o incentivos que determine el Gobierno Nacional.

 

El INCODER podrá administrar directamente, o mediante contratos de fiducia, los subsidios respectivos.

 

5. Facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a los factores productivos, para lo cual otorgará subsidios directos con el propósito de beneficiar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos. Para lo cual el INCODER podrá gestionar y otorgar recursos de  financiación o cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución de programas o proyectos de inversión encaminados a desarrollar el potencial productivo y a elevar los ingresos de los productores rurales.

 

6. Constituir Zonas de Reserva Campesina o de Desarrollo Empresarial.

 

7. Adjudicar mediante convocatoria pública las tierras productivas de la Nación que le hayan sido transferidas por cualquier entidad pública o privada.

 

8. Adjudicar baldíos con vocación productiva a los particulares en el término de la presente ley.

 

9. Fortalecer los servicios de asistencia técnica, en los términos de la presente ley, prestados por las Secretarias de Agricultura, las entidades de investigación, los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, las organizaciones de profesionales u otras entidades públicas o privadas, de acuerdo con las características particulares  de los proyectos productivos.

 

10. Promover con las entidades encargadas como el SENA, ICA, CORPOICA, Secretarias de Agricultura, universidades, centros provinciales de gestión agroempresarial, organizaciones de profesionales, las UMATAS y otras entidades públicas o privadas, procesos de capacitación a las comunidades rurales en asuntos de organización, acceso y uso de los factores productivos, formación socioempresarial y gestión de proyectos.

 

11. Prestar asesoría a los aspirantes a las distintas clases de subsidios sin perjuicio de las que presten otras entidades según lo previsto en esta Ley, así como desarrollar programas de apoyo a la gestión empresarial rural y a la integración de las entidades del sector.

 

12. Asesorar y acompañar a las entidades territoriales, comunidades rurales y al sector público y privado, en los procesos de identificación y preparación de proyectos en materia de infraestructura física,  de servicios sociales y de seguridad social, en coordinación con otros organismos públicos, privados y entidades competentes.

 

13. Apoyar y fortalecer los espacios de participación del sector público, comunitario y privado en el marco de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario CONSEA, para concretar acuerdos estratégicos en las áreas de desarrollo rural identificadas como prioritarias. Propiciar mecanismos de veedurías y participación ciudadana para ejercer el control social sobre las inversiones públicas que realice la entidad.

 

14. Definir y adoptar la distribución de los recursos necesarios para adelantar los programas de su competencia prioritariamente en las áreas de desarrollo rural que se definen en esta Ley, con sujeción a los criterios previamente establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

 

15. Desarrollar e implementar sistemas de vigilancia, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión institucional.

 

16. Ejecutar la interventoría técnica y financiera de los proyectos que sean objeto de subsidio. Tal interventoría puede ser efectuada directamente o contratada con un tercero que demuestre idoneidad técnica, física, financiera y tecnológica para adelantar dicha función.

 

17. Gestionar y celebrar convenios de cooperación científica, técnica y financiera con entidades nacionales y extranjeras que contribuyan al cumplimiento de su misión institucional.

 

18. Adelantar el proceso de delegación de funciones a entidades territoriales en los términos que defina el Gobierno Nacional.

 

19. Continuar con la titularidad de los contratos relacionados con diseño y construcción de los distritos de riego de importancia estratégica que el Gobierno Nacional seleccione de aquellos que se encuentren pendientes de ejecución en la actualidad.

 

20. Las demás funciones que le señale la ley.

 

ARTÍCULO 20°.- El Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, estará integrado por:

 

a). El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

b). El Director de Desarrollo Rural de la Dirección Nacional de Planeación.

c). El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.

d). El presidente del Banco Agrario.

e). Un delegado de los gremios del sector agropecuario.

f). Un delegado de las Organizaciones campesinas.

g). Un delegado de los Secretarios de Agricultura Departamentales.

 

PARÁGRAFO.-  La designación de los representantes de los gremios, organizaciones campesinas y de las secretarías de agricultura departamentales serán objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional.

 

ARTÍCULO 21°.- El INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, será dirigido por un Gerente General, quien será su representante legal, funcionario de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República. El INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER contará con Oficinas Departamentales en el número, ubicación, funciones y competencias  que señale el Gobierno Nacional.

 

ARTÍCULO 22°.-El Gobierno reglamentará la estructura interna del INCODER, sus órganos directivos, composición y funciones. Lo anterior teniendo en cuenta el nuevo enfoque de política del sector, según el cual son funciones del nivel Nacional la coordinación de las actividades del Sistema Nacional de Desarrollo Rural establecido en esta ley, la administración y asignación de los recursos para el adecuado cumplimiento de las funciones misionales, calificación y evaluación del impacto de los proyectos presentados a las respectivas convocatorias. Las demás funciones serán ejecutadas de manera desconcentrada o descentralizada.

 

ARTÍCULO 23°.- Los recursos y el patrimonio del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER, estarán constituidos por los siguientes bienes:

 

1. Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen, y los recursos de crédito que contrate el Gobierno Nacional para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

 

2. Los activos actuales y los provenientes del INCORA en liquidación.

 

3. Los recursos que los municipios, los distritos, los departamentos y otras entidades acuerden destinar para cofinanciar programas del Instituto.

 

4. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos del Instituto, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación, cuando se trate de recursos en dinero.

 

5. Los aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus objetivos.

 

6. Los bienes y recursos que le transfieran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las entidades suprimidas del sector y las demás entidades públicas, de conformidad con las normas vigentes.

 

7. Las propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con recursos propios y las sumas que reciba en caso de enajenación.

 

8. Los ingresos propios y los rendimientos producto de la administración de los mismos y los recaudos por concepto de servicios técnicos.

 

9. Los recursos existentes en el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras FONAT.

 

10. Los demás bienes y recursos que adquiera o se le transfieran a cualquier título.

 

ARTÍCULO 24°.- Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación que se asignen al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER se deberán diferenciar entre aquellos que se destinan a la financiación de subsidios de estos programas y los destinados a las actividades de capacitación, asesoría y promoción de programas y proyectos productivos.

 

CAPÍTULO II SOBRE LA UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES

ARTÍCULO 25°. La UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES es el instrumento de planificación, administración y disposición de los predios rurales de propiedad de la Nación, con el propósito de lograr su apropiada utilización de acuerdo con la vocación y los fines que correspondan.

Parágrafo: La Unidad Nacional de Tierras Rurales no extenderá el ejercicio de sus funciones a la administración de los bienes inmuebles rurales que se encuentren involucrados en procesos de reparación de los que trata la ley 975 de 2005 de Justicia y Paz.

ARTÍCULO 26º.  Serán funciones de la UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES, las siguientes:

1. Definir la vocación y los fines de las tierras rurales de propiedad de la Nación.

 

2. Transferir la administración y tenencia de los bienes inmuebles rurales de acuerdo con la definición del numeral anterior, de la siguiente forma:

 

a)     Al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales o a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Regional, los activos rurales que se encuentren en zonas de reserva forestal, ambiental o en zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales o al interior de éstos.

 

b)     Al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER cuando su vocación sea productiva.

 

c)      A otras Entidades públicas a quienes corresponda de acuerdo con los fines sociales.

 

d)     A otras Entidades públicas a quienes corresponda de acuerdo con los fines etnoculturales.

 

e)     El Instituto trasladará la propiedad de los bienes rurales que no sean destinados a los fines anteriormente citados a las entidades territoriales o a las demás entidades públicas que los requieran para el ejercicio de sus funciones.

 

3. Adelantar los procedimientos de Clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado.

 

4. Adelantar los procedimientos encaminados a delimitar las tierras de propiedad de la Nación.

 

5. Adelantar los trámites administrativos o judiciales relacionados con el ejercicio de las acciones y toma de las medidas que correspondan en los casos de indebida ocupación de tierras baldías.

 

6. Adelantar los trámites administrativos o judiciales de reversión de las tierras adjudicadas por el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas.

 

7. Llevar a cabo los trámites relacionados con la compra directa y  expropiación de predios y mejoras para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley.

 

8. Constituir servidumbres de propiedad rural privada o pública

 

9. Adelantar los procesos de extinción de dominio privado de predios ociosos de que trata esta ley.

 

10  Adelantar el proceso de delegación de funciones a entidades territoriales en los términos de tiempo que defina el Gobierno Nacional.

 

11.  Continuar con la titularidad, supervisión e interventoría de los contratos relacionados con diseño y construcción de los distritos de riego que el Gobierno Nacional haya decidido trasladarle a la Unidad.

 

12.  Las demás funciones que le señale la ley.

 

PARÁGRAFO 1°- Ordénese a la UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES la ejecución y finiquito, en el término de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de los siguientes trámites administrativos y/o judiciales que en la actualidad se surten en el INCODER y que se hallaren pendientes de conclusión, esto es:

 

1. Los procedimientos agrarios en curso de Clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado.

 

2. Los procedimientos agrarios en curso encaminados a delimitar las tierras de propiedad de la Nación.

 

3. Los trámites administrativos o judiciales pendientes de finalización relacionados con el ejercicio de las acciones y tomar las medidas que correspondan en los casos de indebida ocupación de tierras baldías, o incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas.

 

4. Los procedimientos agrarios en curso encaminados a la expropiación de predios y mejoras en cumplimiento de los propósitos de esta Ley.

 

5. Los procesos en curso correspondientes a la constitución de servidumbres de propiedad rural privada o pública

 

6. Los procesos en curso de extinción de dominio privado de predios ociosos de que trata esta ley.

 

7. Las actividades de supervisión relacionadas con los contratos en ejecución que no sean trasladados a otra Entidad Pública, interventorías, entre otras actividades que se encuentren irresueltos a la espera de la realización de alguna etapa en instancia administrativa, salvo que en el contrato se haya pactado una duración superior al  término aquí establecido.

 

9. Buscar opciones para realizar la cartera proveniente del INCODER.

 

PARÁGRAFO 2°.- La dilación injustificada en el cumplimiento de los trámites a que se refiere el parágrafo anterior por parte de los servidores públicos, será causal de mala conducta.

 

ARTÍCULO 27°.- Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de  vigencia de la presente Ley, la Unidad  traspasará en propiedad o por contrato de administración, los Distritos de Adecuación de Tierras que aún le pertenecen, a las respectivas Asociaciones de Usuarios con todos sus activos y obligaciones, y en adelante serán éstas asociaciones o entidades las encargadas de todos los asuntos atinentes a la administración, operación y conservación de tales Distritos.

 

Sólo cuando la asociación de usuarios manifieste su imposibilidad de asumir el manejo de estos distritos, o cuando la Unidad compruebe que no posee la capacidad de hacerlo, se podrá considerar otra  entidad u organización para el mismo fin. En cualquier caso, la Unidad promoverá la participación democrática de los usuarios en la administración del Distrito.

 

PARÁGRAFO 1.- La transferencia de la propiedad de los distritos de Adecuación de Tierras, construidos con posterioridad a la promulgación de la Ley 41 de 1993, solo podrá efectuarse una vez se haya recuperado la inversión realizada por el Estado, lo cual se acreditará mediante el paz y salvo acompañado de la liquidación correspondiente y los soportes respectivos, documentos que se someterán a la auditoria previa y obligatoria de la Contraloría General de la República. En caso de hallazgo fiscal por parte de la Contraloría General de la República no podrá realizarse la transferencia, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

 

PARÁGRAFO 2.- Para efectos de la transferencia de la propiedad de los Distritos de Adecuación de Tierras aquí autorizada, construidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 41 de 1993, en lo relacionado con la recuperación de inversiones, se tendrá en cuenta el valor invertido originalmente por el Estado o el valor en libros de las obras y demás bienes al servicio del Distrito, teniendo en cuenta la depreciación de los mismos.

 

También, se tendrán en cuenta para determinar los valores de las obras y demás bienes al servicio del distrito, los valores invertidos directamente en ellos por los Usuarios, siempre que estos valores hayan salido del producto de tarifas o créditos otorgados a los Usuarios y que ellos hayan amortizado.

 

ARTÍCULO 28°.- El Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para adecuar el tamaño y calidades de la nómina que requerirá la UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES, para efectuar las funciones aquí asignadas, para ello podrá emplear a aquellos funcionarios del INCODER cuyas labores sean imprescindibles para los fines del servicio de la Unidad.

 

ARTÍCULO 29°.- La dirección y administración de la UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES estará a cargo de un Director Ejecutivo, que será su representante legal, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

 

ARTÍCULO 30°.- El patrimonio de la UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES estará constituido por:

 

1. Los predios rurales que reciba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por sucesiones intestadas, así como los bienes vacantes que la Ley 75 de 1968 le asignó a dicho Instituto.

 

2. Los inmuebles de propiedad de la Nación que sean administrados por el INCODER o que hagan parte del Fondo Nacional Agrario FNA, con excepción de aquellos cuya vocación productiva haya sido ya determinada.

 

3. Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen, y los recursos de crédito que contrate el Gobierno Nacional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad.

 

4. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos de la Unidad, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación, cuando se trate de recursos en dinero.

 

5. Los aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus objetivos.

 

6. Las propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con recursos propios y las sumas que reciba en caso de enajenación.

 

7. Los ingresos propios y los rendimientos producto de la administración de los mismos; los recaudos por concepto de servicios técnico, de acuerdo con las normas respectivas.

 

8. Los Distritos de Riego de propiedad del INCODER,   que enajenará en los términos del l Artículo 27 de la presente ley.

 

9. Los bonos agrarios que el Gobierno Nacional emita para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, y aquellos cuya autorización y expedición se hallen en curso a la fecha de su entrada en vigencia.

 

10. La cartera administrada hasta la actualidad por el INCODER.

 

11. Los demás bienes y recursos que adquiera o se le transfieran a cualquier título.

 

 

ARTÍCULO 31°- El Gobierno Nacional adelantará todas las acciones encaminadas a destinar a la Unidad los activos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER- no requiera para la ejecución de sus funciones y, en lo no dispuesto en esta norma, el Gobierno definirá el destino y las condiciones de los activos que permitan el adecuado ejercicio de las funciones aquí contenidas.

 

CAPÍULO III: DE OTRAS INSTITUCIONES CON FUNCIONES RELACIONADAS CON TIERRAS DE LA NACIÓN

 

ARTÍCULO 32°.- Adiciónese a las funciones que en la actualidad le han sido impuestas por las normas vigentes a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, las siguientes:

 

1. Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, saneamiento, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y a la función social y ecológica de la propiedad rural, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida el Gobierno Nacional. Para estos fines podrá adquirir directamente tierras y mejoras para este propósito.

 

2. Planificar y ejecutar los procedimientos para la titulación colectiva de las tierras baldías a las comunidades negras, para los fines previstos en la Constitución Política y en la Ley, con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y a la función social y ecológica de la propiedad rural de acuerdo con los reglamentos que expida el Gobierno Nacional.

 

3. La Dirección podrá adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de resguardo y las de las comunidades negras de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta ley.

 

PARÁGRAFO 1º - La Dirección de Etnias deberá finalizar los procesos de que tratan los numerales 1 a 3 de este artículo que para la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se encuentren en curso y pendientes de culminación por parte del INCODER.

PARÁGRAFO 2°.- La Dirección de Etnias podrá delegar el ejercicio de determinadas funciones en las entidades territoriales, en la forma, condiciones y plazos que defina el Gobierno Nacional. No serán delegables, ni podrán vincular al sector privado las funciones relacionadas con la constitución, ampliación, saneamiento, reestructuración de los resguardos indígenas, la constitución de títulos colectivos de comunidades negras y la clarificación de la propiedad de las tierras de las comunidades negras.

 

ARTÍCULO 33°.- Adiciónese a las funciones que en la actualidad le han sido impuestas por las normas vigentes a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, las siguientes:

 

1. Adquirir directamente tierras para beneficiarios de programas sociales en favor de la población desplazada por la violencia, de los reinsertados de los grupos al margen de la ley, así como para los demás programas sociales que establezca el Gobierno Nacional.

 

2. Adelantar el Registro Único de Predios de que trata la Ley 387 de 1997.

 

3. Establecer y operar un programa que permita recibir predios rurales de personas desplazadas, a cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del país.

 

4. Tal entidad podrá para los propósitos citados en el numeral primero de este artículo, administrar los bienes inmuebles rurales recibidos de la DNE, cuyo dominio haya sido extinguido judicialmente en desarrollo del artículo 34 de la Constitución Política, y especialmente en virtud de lo dispuesto en la Ley 793 de 2002 o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

 

PARÁGRAFO – La Agencia Presidencial para la Acción Social deberá finalizar los procesos de que tratan los numerales 1 y 2 de este artículo que para la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren en curso y pendientes de culminación por parte del INCODER.

 

ARTÍCULO 34°.- Adiciónese a las funciones que le han sido impuestas por las normas vigentes a la Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres – Fondo Nacional de Calamidades, la correspondiente a la adquisición directa de tierras para beneficiarios de programas sociales establecidos en favor de los damnificados o potenciales damnificados de calamidades  o desastres naturales a fin de procurar su reubicación en otros lugares del territorio nacional.

 

PARÁGRAFO. – La Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres – Fondo Nacional de Calamidades deberá finalizar los procesos de que trata este artículo que para la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se encuentren en curso y pendientes de culminación por parte del INCODER.

 

ARTÍCULO 35°.- Adiciónese a las funciones que le han sido impuestas por las normas vigentes a las Corporaciones Autónomas Regionales, la correspondiente a adelantar los procesos de clarificación, deslinde y restitución de playones, madreviejas, desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad de la Nación  así como de las sabanas comunales y  cuencas de los ríos.

 

PARÁGRAFO.- Los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del Estado y son imprescriptibles. No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar.

 

ARTÍCULO 36°.- Adiciónese a las funciones que le han sido impuestas por las normas vigentes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:

 

  1. La administración de los bienes baldíos inadjudicables o de los que se hallen en zonas de reservas forestales o ambientales, o en zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales Naturales o en los terrenos de éstos.
  2. Adquirir directamente tierras para reubicación de población propietaria de predios ubicados en zonas de reservas forestales o ambientales, o en zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales Naturales o en los terrenos de éstos

 

CAPÍTULO IV. DE LA INSTITUCIONALIDAD RELACIONADA CON EL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

 

ARTÍCULO 37°. Ordenase al Gobierno Nacional la creación de la Dirección de Pesca y Acuicultura al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como máxima instancia de formulación de políticas relacionadas con los sectores productivos acuícola y pesquero.

 

ARTÍCULO 38°. El Ministerio de  Agricultura y Desarrollo Rural establecerá las funciones de la Dirección de Pesca y Acuicultura, dentro de las cuales estarán las siguientes:

 

  1. Formular las políticas de administración de desarrollo y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.

 

  1. Formular políticas de investigación de los recursos pesqueros a fin de que su ejecución sea efectuada por cuenta de entidades públicas o privadas que demuestren idoneidad técnica y científica para dicho propósito.

 

  1. Formular las políticas de ordenamiento, registro y control de la actividad pesquera.

 

  1. Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola mediante la promoción del aprovechamiento de estos recursos.

 

  1. Promover la suscripción de convenios de cooperación técnica con empresas u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros para realizar actividades relacionados con el sector acuícola y pesquero.

 

 

ARTÍCULO 39°.-Establézcanse como funciones adicionales del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, además de las actualmente establecidas por las normas vigentes, las siguientes:

 

1. Regular el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.

 

2. Ejecutar los procesos de administración de recursos pesqueros y acuícolas en lo referente a investigación, ordenamiento, registro y control.

 

3. Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer la actividad pesquera y acuícola.

4. Cobrar el valor de las tasas y derechos que recaude por el ejercicio de la actividad pesquera.

 

5. Mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura nacional.

 

6. Imponer multas y sanciones administrativas, incluyendo la suspensión y/o retiro del permiso o la licencia de pesca a los productores que violen las normas de conservación, límite de captura, vedas, tallas y demás restricciones  de preservación de las especies.

 

7. Las demás funciones que le impongan la ley o el Gobierno Nacional.

 

PARÁGRAFO.- Los recursos recaudados con ocasión del ejercicio de las funciones relacionadas en el presente artículo entrarán a formar parte del patrimonio del ICA.

 

ARTÍCULO 40°.- El ICA tendrá dos (2) oficinas regionales especiales de pesca marítima, situadas respectivamente en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y en la ciudad de Buenaventura. También podrá establecer unidades similares para la pesca continental, con la ubicación que determine el Consejo Directivo.

 

Para efectos de la verificación del cumplimiento de vedas o volúmenes y tallas de captura, así como para la ejecución de funciones relacionadas con pesca marítima, el ICA podrá adelantar los convenios de delegación que sean pertinentes con el Instituto Nacional de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, u otras entidades técnicamente calificadas para dicho propósito.

ARTICULO 15°.- El Instituto Colombiano de la Desarrollo Rural -INCODER, creado por el Decreto-Ley 1300 de 2003, continuará funcionando como un establecimiento público descentralizado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, su domicilio está en la ciudad de Bogotá y podrá conformar dependencias regionales para el ejercicio de sus funciones en el orden territorial.

 

ARTICULO 16°.- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, tendrá por objeto fundamental promover y apoyar la ejecución de la política de desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero en el medio rural, facilitar a la población campesina y a las minorías étnicas el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades, y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar los índices de calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país.

 

ARTICULO 17º. Son funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, las siguientes:

 

1. Liderar la identificación y consolidación de las áreas de desarrollo rural, promovidas por iniciativa pública, comunitaria, privada o mixta y priorizarlas para adelantar en ellas programas de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de propósito común, que permitan atender realidades específicas de zonas y comunidades rurales, en consonancia con las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

 

2. Fortalecer los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que posibiliten la integración de las acciones institucionales en el medio rural,  y suscribir convenios interinstitucionales que articulen las intervenciones de las instituciones públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.

 

3. Fortalecer los procesos participativos de planeación institucional, regional y local, para la definición de programas de desarrollo humano sostenible sustentados en proyectos macro de desarrollo productivo  rural, que permitan a los actores rurales la identificación de oportunidades que la realidad les ofrece y la concertación de las inversiones requeridas.

 

4. Gestionar, avalar y otorgar recursos de  financiación o cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución de programas o proyectos de inversión encaminados a desarrollar el potencial productivo y a elevar los ingresos de los productores rurales.

 

5. Proponer, apoyar, recomendar, supervisar y adoptar la distribución de recursos para adelantar los programas de desarrollo rural, en las áreas de desarrollo rural que se definen en esta Ley, con sujeción a los criterios de prioridad previamente establecidos por el Gobierno Nacional.

 

6. Desarrollar e implementar sistemas de vigilancia, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión institucional.

 

7. Fomentar el adecuado uso y manejo productivo de las aguas y de las tierras rurales aptas para la producción forestal, agropecuaria y pesquera, y de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, mediante programas sustentados en  proyectos macro de desarrollo regional, que aseguren el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad rural, provean su racional utilización y su distribución ordenada.

 

8. Facilitar a los pequeños y medianos productores rurales y a los profesionales técnicos y tecnológicos del sector agropecuario y forestal el acceso a la tierra y demás factores productivos, para lo cual otorgará subsidios directos para la adquisición de tierras, en proyectos de cofinanciación con el Estado y las entidades regionales  que permitan la adquisición de tierras a los hombres y mujeres campesinos y de las minorías étnicas de escasos recursos que no la posean, a los minifundistas, a las mujeres cabeza de hogar, y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional. El Instituto podrá administrar directamente, o mediante contratos de fiducia, los subsidios respectivos. El Ministerio reglamentará la forma como podrán incorporarse los profesionales y técnicos a este programa.

 

9. Promover la realización de obras de adecuación de tierras, para lo cual otorgará subsidios directos a los hombres y mujeres de escasos recursos, y a los productores ubicados en áreas prioritarias determinadas por el Consejo Directivo con la presentación del proyecto productivo financiera, ambiental, técnica y socialmente aprobado por las comunidades beneficiarias y la OET.

 

10. Ejecutar directamente los proyectos de adecuación de tierras que el Gobierno Nacional señale como de interés estratégico para el desarrollo del sector agropecuario y para el progreso de las regiones en sus respectivas zonas rurales.

 

11. Adquirir directamente tierras para beneficiarios de programas especiales establecidos previamente por el Gobierno Nacional, para redistribuirlas en favor de los hombres y mujeres desplazados por la violencia, de los habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas, de las comunidades indígenas y demás minorías étnicas  o para facilitar la construcción de las obras de adecuación de tierras.

 

12. Fortalecer la transferencia de tecnología que prestan las secretarias de agricultura, las entidades de investigación, los centros provinciales y las organizaciones de profesionales del sector, con la presentación de planes de necesidades de asesoría por parte de los beneficiarios del INCODER y de aquellas entidades que reemplazó, y prestando asesoría técnica y jurídica a los aspirantes a los subsidios de adquisición y adecuación de tierras, sin perjuicio de las que presten otras entidades, según lo previsto en el Título II de esta Ley, así como desarrollar programas de apoyo a la gestión empresarial rural y a la integración de las entidades del sector.

 

13. Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola mediante la investigación, ordenamiento, administración, control y regulación en el aprovechamiento y desarrollo sostenible de estos recursos.

 

14. Regular, autorizar y controlar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.

 

15. Asesorar y acompañar a las entidades territoriales, comunidades rurales y al sector público y privado, en los procesos de identificación, preparación y ejecución de proyectos en materia de infraestructura física, de vivienda, social, productiva, de servicios básicos y adecuación de tierras, garantizando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en coordinación con otros organismos públicos y entidades competentes, preparando y presentando el proyecto macro de desarrollo al Banco de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación.

 

16. Promover con las entidades nacionales encargadas como el SENA, ICA, CORPOICA, Secretarias de agricultura, Universidades, Centros provinciales, organizaciones de profesionales del sector y otras entidades, procesos de capacitación de las comunidades rurales en asuntos de organización, acceso y uso de los factores productivos, formación socioempresarial y gestión de proyectos, fortaleciendo la capacidad técnica, operativa y empresarial de las organizaciones rurales e impulsando su organización empresarial y/o solidaria, para optimizar el acceso y uso de los recursos tecnológicos y financieros, la generación de valor agregado y su reinversión en el territorio rural.

 

17. Administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y, en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas, establecer zonas de reserva campesina, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y de desarrollo empresarial, con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y a la función social y ecológica de la propiedad rural, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida el Consejo Directivo.

 

18. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada o colectiva, y delimitar las tierras de propiedad de la Nación. El Instituto podrá adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de resguardo y las de las comunidades afrodescendientes.

 

19. Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, saneamiento, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas, y de titulación colectiva de las tierras baldías a las comunidades negras, para los fines previstos en la Constitución Política y en la Ley.

 

20. Ordenar y adelantar la expropiación de predios, mejoras y servidumbres de propiedad rural privada o pública en cumplimiento de los propósitos de esta Ley, y ejercitar las acciones y tomar las medidas que correspondan en los casos de indebida apropiación de tierras baldías, o incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas, y adelantar las diligencias y expedir las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado.

 

21. Apoyar y fortalecer los espacios de participación del sector público, comunitario y privado en el marco de los Consejos de Desarrollo Rural de las entidades territoriales y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario CONSEA, para concretar acuerdos estratégicos en lo productivo, ecológico y social, en las áreas de desarrollo rural identificadas como prioritarias. Propiciar mecanismos de veedurías y participación ciudadana para ejercer el control social sobre las inversiones públicas que realice la entidad.

 

22. Gestionar y celebrar convenios de cooperación científica, técnica y financiera con entidades nacionales y extranjeras que contribuyan al cumplimiento de su misión institucional.

 

23. Adelantar el proceso de delegación de funciones a entidades territoriales en los términos de tiempo que defina el Consejo Directivo.

 

24. Las demás funciones que le señale la ley.

 

PARÁGRAFO: El INCODER podrá delegar el ejercicio de determinadas funciones en las entidades territoriales, en la forma, condiciones y plazos que defina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. No serán delegables, las funciones relacionadas con la adjudicación de subsidios, la extinción del derecho de dominio, la clarificación de la propiedad, el deslinde de tierras de la Nación, la delimitación de los resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes, la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados o apropiados, la constitución, reglamentación y sustracción de reservas sobre tierras baldías, y el establecimiento de zonas de reserva campesina y de desarrollo empresarial.

 

ARTICULO 18°.- La dirección y administración del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER estará a cargo de un Consejo Directivo y un Gerente General, que será su representante legal, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y quién asistirá a las reuniones del Consejo Directivo con voz pero sin voto.

 

ARTICULO 19°.- El Consejo Directivo del INCODER está integrado de la siguiente manera:

 

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado quien lo presidirá.

2. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.

3. El Director  de la  Agencia para la Acción Social  o su delegado.

4. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

5. Un  representante de las Organizaciones Indígenas.

6. Un  representante de las Organizaciones Campesinas.

7. Un representante de las  Organizaciones de mujeres rurales en el ámbito nacional.

8. Un representantes de las Secretarías de Agricultura Departamentales.

9. Un representante de las Comunidades afrocolombianas, a quien garantizará igualmente su participación obligatoria en los Consejos Departamentales y Municipales de reforma agraria.

10. El Presidente del Banco Agrario o su delegado.

 

PARÁGRAFO: El Gobierno Nacional reglamentará la manera de elegir el representante de las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, de las organizaciones de mujeres en el ámbito nacional y el de los gremios del sector agropecuario. El período de estos representantes será de dos (2) años.

 

ARTICULO 20°.- Los miembros del Consejo Directivo deberán obrar consultando la política gubernamental del sector determinada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y cumplirán sus funciones de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998, en los estatutos internos y demás disposiciones legales. Corresponde al Consejo Directivo:

 

1. Formular la política general del Instituto y los planes y programas que conforme a la Ley Orgánica de Planeación y a la Ley Orgánica de Presupuesto deben proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y a través de estos al Plan Nacional de Desarrollo.

 

2. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto.

 

3. Estudiar y aprobar las modificaciones al presupuesto de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y aprobar el programa anual mensualizado de caja (PAC), de los recursos propios.

 

4. Señalar los criterios generales para la ejecución de los planes, programas y proyectos del Instituto, para el cumplimiento del objeto y funciones para el cual fue creado, y expedir los reglamentos correspondientes.

5. Determinar los criterios de elegibilidad y de calificación, y expedir los reglamentos de adjudicación de subsidios para la compra de tierras y para la construcción de obras de adecuación de tierras, los cuales serán aprobados por el  Gobierno Nacional.

 

6. Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones que considere pertinentes a la estructura orgánica del Instituto, adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca.

 

7. Formular, a propuesta del representante legal, la política de mejoramiento continuo del Instituto, así como los programas orientados a garantizar el desarrollo administrativo.

 

8. Conocer y analizar las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas por la administración de la entidad.

 

9. Adoptar y modificar su propio reglamento.

 

10. Las demás funciones que le señale la Ley, los reglamentos y los estatutos internos.

 

ARTICULO 21°.- El Gerente General del INCODER tendrá las siguientes funciones:

 

1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, funciones, políticas, planes y programas inherentes al objeto de la entidad.

 

2. Ordenar los gastos, dictar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad, dentro de los límites legales y estatutarios.

 

3. Administrar el Fondo Nacional Agrario -FNA y el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras -FONAT.

 

4. Celebrar convenios de delegación de funciones con las entidades territoriales, de conformidad con los lineamientos que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

 

5. Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto y los planes de inversión del Instituto, con arreglo a las disposiciones legales que regulan la materia y ejecutar las decisiones de dicho organismo.

 

6. Proponer al Consejo Directivo y tramitar las modificaciones a la estructura y planta de personal del Instituto.

 

7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Consejo Directivo.

 

8. Dictar las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.

 

9. Nombrar, remover y contratar al personal de la entidad, conforme a las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

 

10. Promover la coordinación de las actividades del Instituto con las entidades u organismos públicos que tengan relación con el sector rural.

 

11. Designar mandatarios que representen al Instituto en asuntos judiciales y extrajudiciales, para la mejor defensa de los intereses de la entidad.

 

12. Coordinar con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las acciones relacionadas con los asuntos institucionales.

 

13. Presentar a los organismos de control correspondientes, los informes de gestión establecidos.

 

14. Rendir informes al Presidente de la República y al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política del Gobierno.

 

15. Crear y conformar grupos internos de trabajo con carácter permanente o transitorio, según las necesidades del servicio, teniendo en cuenta la estructura y los planes y programas definidos por la entidad, mediante acto administrativo en el que se determinen sus funciones, integración y sede habitual de trabajo.

 

16. Ejercer la competencia relacionada con el control disciplinario interno, de acuerdo con la ley.

 

17. Delegar en otros servidores públicos de la entidad, funciones atribuidas a su cargo, de conformidad con las normas vigentes.

 

18. Las demás funciones que le señalen la ley, los reglamentos y los estatutos internos.

 

PARÁGRAFO: El Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER hará parte integrante de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecida en el artículo 5o. de la Ley 16 de 1990.

 

ARTÍCULO 22°.- El INCODER contará con Oficinas de Enlace Territorial OET, en el número y con la ubicación que señale el Consejo Directivo, las cuales tendrán las siguientes funciones y competencias que ejercerán de manera desconcentrada:

 

1. Dirigir y coordinar los planes, programas y proyectos de competencia de la entidad en su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la Gerencia General, y adelantar su seguimiento y evaluación.

 

2. Apoyar con la formulación de proyectos productivos y sociales integrales y específicos, a las entidades territoriales y comunidades rurales, para la consolidación de las áreas de desarrollo rural, y desarrollar programas de fortalecimiento a dichas entidades y comunidades para propiciar la gestión de su propio desarrollo, apoyando Con las demás entidades del sector, procesos de capacitación y asesoría para la gestión de proyectos, la organización social y la formación socio-empresarial de los productores rurales.

 

3. Coordinar en su área de influencia con las entidades territoriales y organizaciones públicas, privadas y sociales, la definición de planes, programas y proyectos con el objeto de garantizar la articulación institucional, teniendo en cuenta la prospectiva regional.

 

4. Aplicar los criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la determinación y priorización de las áreas  de desarrollo rural, y apoyar la definición de su programa de desarrollo rural.

 

5. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el ordenamiento social y ecológico de la propiedad, el desarrollo productivo, las obras de adecuación de tierras y de infraestructura productiva, y la administración de los recursos pesqueros y acuícolas.

 

6. Ordenar los gastos, expedir los actos administrativos, realizar las operaciones y gestionar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad en el ámbito de su competencia, de conformidad con las delegaciones que realice el Gerente General, y coordinar sus actuaciones con las dependencias correspondientes del nivel central.

 

7. Adelantar los procedimientos agrarios relacionados con la adquisición y adjudicación directa de tierras, la clarificación de la propiedad, el deslinde de tierras de la Nación, la delimitación de las pertenecientes a  los resguardos indígenas y a comunidades afrodescendientes, la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados o apropiados, y la administración y adjudicación de las tierras baldías, salvo la expedición de las providencias que concluyan las actuaciones administrativas relacionadas con la extinción del derecho de dominio, la constitución, regulación y sustracción de cualquier clase de reserva y adjudicación de terrenos baldíos respecto de entidades y organismos de derecho público, el establecimiento de zonas de reserva campesina y de desarrollo empresarial y la constitución, ampliación y reestructuración de los resguardos.

 

8. Conformar el registro departamental de aspirantes a subsidios. En relación directa con las administraciones municipales, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Ministerio del Interior, ya sea para la compra de predios rurales o para las obras de adecuación de tierras, y el relacionado con los inmuebles  ofrecidos en venta.

 

9. Ejecutar los procesos de administración de recursos pesqueros y acuícolas en lo referente a investigación, ordenamiento, registro y control. Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer la actividad pesquera y acuícola, y mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura de sus áreas de influencia.

 

10. Aplicar el marco conceptual y los instrumentos determinados para la implementación del control ciudadano a las acciones institucionales.

 

11. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes, programas y proyectos adelantados en su jurisdicción, presentar los informes correspondientes y establecer la evaluación, con marcos de indicadores  específicos que muestren a corto, mediano y largo plazo el impacto y gestión de las acciones institucionales en el desarrollo local y nacional y apoyar la evaluación de impacto de sus acciones institucionales.

 

12. Adelantar la programación y ejecución presupuestal y financiera, efectuar los procesos de contabilidad, cartera y tesorería, y rendir los informes contables y financieros al nivel central.

 

13. Rendir los informes requeridos sobre las actividades desarrolladas y el funcionamiento general de las Oficinas de Enlace Territorial.

 

14. Administrar los bienes y la prestación de los servicios generales para el funcionamiento de la OET, y ejecutar las actividades de administración de personal, seguridad industrial y relaciones laborales, de conformidad con las políticas de la entidad y las normas vigentes.

 

15. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.

 

PARÁGRAFO: La desconcentración de funciones y competencias en favor de las Oficinas de Enlace Territorial se adelantará sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer al Gerente General, a los Subgerentes y a los Jefes de las Unidades Administrativas Especiales del Instituto.

 

ARTICULO 23°.- El INCODER tendrá dos (2) unidades administrativas especiales de pesca marítima, situadas respectivamente en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca. Igualmente establecerá dos (2) unidades administrativas especiales para la pesca continental, las cuales desarrollarán sus labores en la zona de la orinoquía y municipios ribereños del Río Magdalena. Estas unidades funcionarán en las ciudades de Villavicencio y Barrancabermeja.

 

También podrá establecer unidades similares para la pesca continental, con la ubicación que determine el Consejo Directivo.

 

ARTICULO 24°.- Los recursos y el patrimonio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, estarán constituidos por los siguientes bienes:

 

1. Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen, y los recursos de crédito que contrate el Gobierno Nacional para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

 

2. Los recursos que haya recibido del Fondo Nacional Agrario y del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, FONAT.

 

3. Los bonos agrarios que el Gobierno Nacional emita para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, y aquellos cuya autorización y expedición se hallen en curso a la fecha de su entrada en vigencia.

 

4. Todos los bienes inmuebles rurales cuyo dominio haya sido extinguido judicialmente en desarrollo del artículo 34 de la Constitución Política, y especialmente en virtud de lo dispuesto en la Ley 793 de 2002 o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

 

5. Los predios rurales que reciba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por sucesiones intestadas, así como los bienes vacantes que la Ley 75 de 1968 le asignó a dicho Instituto.

 

6. Los recursos que los municipios, los distritos, los departamentos y otras entidades acuerden destinar para cofinanciar programas del INCODER.

 

7. Los rendimientos financieros provenientes de la administración de sus recursos propios.

 

8. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos del Instituto, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación, cuando se trate de recursos en dinero.

 

9. Los aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus objetivos.

 

10. Los bienes y recursos que le transfieran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las entidades suprimidas del sector y las demás entidades públicas, de conformidad con las normas vigentes.

 

11. Las propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con recursos propios y las sumas que reciba en caso de enajenación.

 

12. Los ingresos propios y los rendimientos producto de la administración de los mismos; los recaudos por concepto de servicios técnicos y el valor de las tasas de valorización o multas que imponga, de acuerdo con las normas respectivas.

13. El valor de las tasas, derechos y multas que imponga y recaude por el ejercicio de la actividad pesquera.

 

14. La cartera de los préstamos otorgados por el INCORA en liquidación para adquisición de tierras y para producción.

 

15. La cartera a cargo de los usuarios y asociaciones de los distritos de riego a favor del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT en liquidación.

 

16. Los demás bienes y recursos que adquiera o se le transfieran a cualquier título.

 

PARÁGRAFO: El patrimonio y los recursos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural se destinarán al cumplimiento de los objetivos y funciones para los cuales fue creado. El INCODER podrá transferir parte de sus fondos o bienes a favor de entidades de derecho público, cuando delegue en ellas alguna de sus atribuciones, de acuerdo con las normas vigentes.

 

ARTICULO 25°.- Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación que se asignen al INCODER deberán diferenciar entre aquellos que se destinan a la financiación de subsidios para compra de tierras y para adecuación de tierras, los recursos para obras de adecuación directamente ejecutadas por el Instituto, los destinados a la formulación, promoción y ejecución de programas y proyectos productivos, y los que se asignen a los programas especiales definidos en el Título V de esta Ley.

 

Esta reestructuración institucional obedece a la necesidad inminente de reformular la asignación de las funciones que hoy cumple el INCODER, y de propender por una  resignación y reorganización de las funciones, tomando en cuenta que el Estado se encuentra a tiempo de superar  las deficiencias en el cumplimiento de las funciones de las entidades que el INCODER reemplazó, y que se tradujeron en resultados de bajo impacto, altos costos de operación, profundos problemas de corrupción, ineficiencia administrativa y burocrática, deficiencias en instrumentos de seguimiento y evaluación, programación excesivamente centralizada, dispersión de esfuerzos, intervenciones distorsionantes de los mercados, sustitución o inhibición de  la iniciativa privada, paternalismo y dependencia de los beneficiarios, vulnerabilidad a presiones y acciones de fuerza, debilidad en la coordinación interinstitucional, entre otras.

 

Es claro que la puesta en marcha de este nuevo enfoque de política, así como de los instrumentos que la desarrollan requieren de una profunda reorganización del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER a las nuevas normas definidas en este proyecto de ley. Esta reorganización ha sido diseñada bajo estrictos criterios de desconcentración y descentralización en consonancia con los principio del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.

 

Como complemento de lo anterior, y con el fin de concentrar la gestión del IINCODER en los objetivos de promoción y desarrollo, se crea la Unidad Nacional de Tierras Rurales adscrita al Ministerio de Agricultura como una Unidad especializada para la planificación, administración y disposición de las tierras rurales de propiedad de la Nación y en tal calidad, responsable de adelantar los distintos procedimientos de tierras.

 

Finalmente, con el criterio de distribuir entre las entidades del Estado las funciones que se relacionan de manera directa con el cumplimiento de su objetivo misional, el proyecto de ley ordena trasladar a otras entidades del Estado la función de adelantar los procedimientos de tierras relacionados directamente con sus funciones, en

 

particular aquellas encaminadas a la constitución, saneamiento y ampliación de los resguardos indígenas y constitución y deslinde de títulos colectivos de comunidades negras, que en adelante serán asumidos por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia.

 

De igual forma estos procedimientos serán adelantados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando se trate de áreas de protección ambiental, o por la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres cuando se trate de población afectada por calamidades sobrevivientes.

TITULO VI:

DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES

CAPÍTULO I

Resguardos indígenas y Minorías Étnicas

ARTÍCULO 111°.- El Ministerio del Interior y de Justicia estudiará en los departamentos respectivos, privilegiando criterios de desarrollo regional, las solicitudes de tierras de las comunidades indígenas y demás minorías étnicas, para dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo. Con el objeto de proteger efectivamente los derechos territoriales de los grupos étnicos consagrados en el artículo 63 de la Constitución Nacional, conforme a lo dispuesto en la Convención Americana de los Derechos Humanos que se refiere a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y afrocolombianas, para tal efecto constituirá, ampliará o saneará resguardos de tierras o afectara baldíos.

 

Así mismo, reestructurará, saneará y ampliará los resguardos de origen colonial, previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos, pero sin afectar aquellos que exhiban igual derecho, con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados en favor de la comunidad por el Gobierno Nacional u otras entidades.

 

PARÁGRAFO: El Ministerio Publico, a través de la Procuraduría y la Defensoría del pueblo harán seguimiento y control a los procesos de ampliación, saneamiento y constitución de territorios indígenas y territorios colectivos de Comunidades afrodescendientes que se encuentran represados en las distintas instituciones para garantizar el debido proceso y la vigencia de los derechos fundamentales individuales y colectivos, de igual manera el ministerio Publico actuará respecto de las solicitudes recientes o que estén iniciando su tramite.

ARTÍCULO 99°.- El INCODER estudiará en los departamentos respectivos, privilegiando criterios de desarrollo regional, las solicitudes de tierras de las comunidades indígenas y demás minorías étnicas, para dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo. Con el objeto de proteger efectivamente los derechos territoriales de los grupos étnicos consagrados en el artículo 63 de la Constitución Nacional, conforme a lo dispuesto en la Convención Americana de los Derechos Humanos que se refiere a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y afrocolombianas, para tal efecto constituirá, ampliará o saneará resguardos de tierras o afectara baldíos, y llevará a cabo el estudio de los títulos que aquellas presenten con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos o de los territorios de comunidades negras y raizales.

 

Así mismo, reestructurará, saneará y ampliará los resguardos de origen colonial, previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos, pero sin afectar aquellos que exhiban igual derecho, con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados en favor de la comunidad por el INCODER u otras entidades.

 

PARÁGRAFO: El Ministerio Publico, a través de la Procuraduría y la Defensoría del pueblo harán seguimiento y control a los procesos de ampliación, saneamiento y constitución de territorios indígenas y territorios colectivos de Comunidades afrodescendientes que se encuentran represados en las distintas instituciones para garantizar el debido proceso y la vigencia de los derechos fundamentales individuales y colectivos, de igual manera el ministerio Publico actuará respecto de las solicitudes recientes o que estén iniciando su tramite.

Se clarifica la redacción que pudo ser susceptible de malas interpretaciones por parte de algunas comunidades indígenas.

Capítulo II

Atención a la población desplazada

ARTÍCULO 121°.- La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional podrá adquirir, mediante los procedimientos de negociación directa o expropiación previstos en la Ley, tierras y mejoras de propiedad privada, o los que formen parte de las entidades de derecho público, para su adjudicación a la población afectada por el desplazamiento forzado, en las zonas de expulsión y de recepción de esa población.

 

ARTÍCULO 122º. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, llevará un registro de los predios rurales abandonados a causa de la violencia e informará a los registradores de Instrumentos Públicos, para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad, o de otros derechos sobre aquellos bienes, cuando tales operaciones se adelanten contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos.

 

PARÁGRAFO: El propietario, poseedor o tenedor de un predio, o el Ministerio Público podrán solicitar la inclusión de un predio en el registro de predios rurales abandonados. Dicha solicitud deberá ser atendida por La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que fue recibida.

 

ARTÍCULO 123º.  Los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada con el objeto de proteger a una comunidad de actos arbitrarios contra su vida, integridad y bienes, declararán la inminencia de riesgo de desplazamiento o su ocurrencia por causa de la violencia, cuando se presenten circunstancias que puedan originar o hayan originado, el desplazamiento forzado en una zona determinada del territorio de su jurisdicción, y procederán a identificar a los propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes y territorios de comunidades indígenas y negras ubicados en ésta, para lo cual dentro de los 30 días siguientes a la declaratoria, elaborarán un informe a la fecha de emisión del acto de declaratoria, cuando esta es de inminencia de desplazamiento; o a la fecha en que ocurrieron los primeros hechos que ocasionaron el desplazamiento, cuando esta es de ocurrencia, relacionando los titulares amparados y la calidad jurídica que ostentan, con base en los datos existentes en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, de Catastro, La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y otras entidades. Para identificar las calidades de las personas cuya condición jurídica no aparezca en los anteriores registros, los Comités podrán obtener o contrastar información en las comunidades respectivas.

 

El acto de declaratoria de inminencia o de desplazamiento, se remitirá a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, solicitándole  que se abstengan de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título, de los bienes rurales correspondientes, mientras esté vigente la declaratoria, salvo que los legítimos titulares de derechos expresen de manera libre y espontánea la voluntad de transferir sus derechos, mientras se halle vigente la medida, y para tal fin obtengan autorización del respectivo Comité. Respecto de población desplazada que no sea titular del derecho de dominio de los predios rurales correspondientes, dicho acto también se remitirá a La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, para que dentro de los 30 días siguientes a su recibo adelante de forma preferente, los procedimientos de enajenación, adjudicación y titulación a que haya lugar y si a ello tuvieren derecho, de conformidad con las normas que regulan la materia.

 

El informe así elaborado por los Comités, es prueba sumaria de las calidades de poseedor, tenedor y ocupante, para aquellas personas incluidas en el mismo.

 

Cuando en las zonas objeto de declaratoria se encuentren asentadas comunidades étnicas, los Comités Territoriales para Atención Integral a la Población Desplazada procederán a informar a Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de Etnias, para que inicie o culmine de manera preferente, los procedimientos especiales de constitución, saneamiento, ampliación, reestructuración y deslinde de resguardos indígenas o procedimientos de titulación de propiedad colectiva de negritudes según el caso y cuando a ello hubiere lugar.

 

ARTÍCULO 124º. Cuando los derechos ejercidos por los desplazados no se encuentren inscritos en los folios de matrícula de los inmuebles respectivos, La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o el Comité Territorial para la Atención Integral a la Población Desplazada competente, según el caso, ordenará que las medidas de protección de que tratan los artículos anteriores, sean registradas.

 

ARTÍCULO 125º. Los desplazados que opten por el retorno a sus lugares de origen y tengan la calidad de ocupantes de baldíos, podrán acumular el tiempo de explotación efectiva con el de duración del desplazamiento, para cumplir con el requisito mínimo de ocupación y explotación exigido en la ley para su titulación. Para este efecto, el INCODER iniciará de manera preferente e inmediata, el trámite de titulación y ordenará abrir un folio de matrícula inmobiliaria al respectivo predio con el Acto Administrativo que acepte la solicitud de adjudicación del predio baldío en el cual se inscribirá su contenido.

 

La Resolución de que trata el inciso anterior ordenará suspender el proceso de titulación respecto de ese baldío durante el tiempo que dure el procedimiento de titulación por la subsistencia del desplazamiento forzado, término que en ningún caso podrá ser superior a cinco (5) años. Si transcurrido dicho término el desplazado no retorna a reanudar el aprovechamiento del predio, INCODER revocará la resolución de aceptación de la solicitud de adjudicación y ordenará el levantamiento de la medida de protección a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente de oficio o a solicitud de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, los comités territoriales de atención a la población desplazada, el Ministerio Público o el interesado.

 

ARTÍCULO 126º.-  En los procesos de reubicación, se dará prioridad en la adjudicación de tierras a los desplazados por la violencia en los predios rurales que hayan sido objeto de los procesos de extinción del dominio en instancia administrativa judicial. Acción Social establecerá un programa que permita recibir predios rurales de personas desplazadas, a cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del país. Sólo serán sujeto de adjudicación de tierras aquella población desplazada que no la tuviere, que sea minifundista o que opte por el proceso de permutas.

 

ARTÍCULO 127º.   Los desplazados propietarios o poseedores de  predios rurales, que hayan enajenado o transferido sus derechos en condiciones tan desfavorables que hagan presumir que no hubo libertad jurídica en la celebración, podrán ejercer las acciones de nulidad, rescisión o posesorias; para lo cual, la prescripción de las mismas empezará a correr cuando cese la condición de desplazamiento. 

En todo caso, el recurso de revisión de que trata el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, procederá en contra de la sentencia ejecutoriada que resuelva cualquiera de las acciones de que trata el presente artículo, cuando lo allí resuelto afecte a una persona que tenga la condición de desplazada.

ARTÍCULO 109°.- El INCODER podrá adquirir, mediante los procedimientos de negociación directa o expropiación previstos en la Ley, tierras y mejoras de propiedad privada, o los que formen parte de las entidades de derecho público, para su adjudicación a la población afectada por el desplazamiento forzado, en las zonas de expulsión y de recepción de esa población.

 

ARTICULO 110°.- El INCODER llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia, de acuerdo con la declaratoria emitida por Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se abstendrá de adelantar procedimientos de titulación de baldíos en dichas zonas a personas diferentes a aquellas que figuran como ocupantes en el informe emitido por el comité.

 

Efectuada la declaratoria de zona de riesgo inminente de desplazamiento o de ocurrencia del desplazamiento forzado por el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, éste procederá a informar a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos los nombres de los propietarios o poseedores de predios rurales que pudieren resultar afectados con esas situaciones, y solicitará a tales dependencias que se abstengan de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título de los bienes rurales correspondientes o de otros derechos sobre aquellos bienes, cuando tales operaciones se adelanten contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos, mientras esté vigente la declaratoria, salvo que sus legítimos propietarios deseen transferir sus derechos mientras se halle vigente la medida, y para tal fin obtengan autorización del respectivo Comité.

 

Cuando los derechos ejercidos por los desplazados no se encuentren inscritos en los folios de matrícula de los inmuebles respectivos, el INCODER o el Comité Territorial para la Atención Integral a la Población Desplazada respectivo, según el caso, ordenará que las medidas de protección de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997 y el decreto 2007 de 2001 sean registradas en éstos.

 

ARTICULO 111°.- En los procesos de retorno y reubicación, el Instituto dará prioridad en la adjudicación de tierras a los desplazados por la violencia en las zonas de reserva campesina y en los predios rurales que hayan sido objeto de los procesos de extinción del dominio mediante decisión administrativa del INCODER, o por sentencia judicial. El Instituto establecerá un programa que permita recibir predios rurales de personas desplazadas, a cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del país.

 

 

 

 

CAPÍTULO III

De los bienes rurales objeto de la extinción judicial del dominio

ARTÍCULO 128º .- Desde el momento en que queden a su disposición los bienes rurales que en desarrollo de la acción de extinción judicial del dominio regulada en la Ley 793 de 2002,  sean objeto de medidas cautelares y sean incorporados a su inventario, la Dirección Nacional de Estupefacientes procederá a dar aviso inmediato  La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para que emita su concepto sobre la caracterizada vocación para la asistencia a la población desplazada con miras a la producción agropecuaria, forestal o pesquera de los inmuebles respectivos o de otra utilización productiva, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del aviso.

 

Los predios de que trata este artículo, serán trasladados directamente al INCODER para fines de subsidios para adjudicación de tierras en los siguientes eventos:

 

a) Cuando la Agencia Presidencial para la Acción Social determine que las necesidades de reubicación rural de la población desplazada han cesado.

b) Cuando por cualquier motivo la Agencia Presidencial para la Acción Social no los requiera para sus funciones.

 

ARTÍCULO 129°.- Los bienes materia de extinción de dominio definitiva que administre la Dirección Nacional de Estupefacientes y sean materia de enajenación a entidades públicas se entregarán, por la Dirección, libres de toda clase de gravámenes, limitaciones y afectaciones al derecho dominio, ocupación, posesión y cualquier forma de perturbación de la propiedad y a paz y salvo por concepto de tributos y servicios públicos.

 

El término de duración de los contratos de arrendamiento que sobre los bienes inmuebles rurales celebre la Dirección Nacional de Estupefacientes, mientras se decide la acción prevista en la Ley 793 de 2002, no podrá exceder la fecha de la sentencia en la que se declare la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien rural, y se ordene la tradición a favor de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, y en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, podrán pactarse cláusulas que autoricen la cesión, renovación o prórroga de los contratos respectivos.

 

En los contratos de encargo fiduciario, su ejecución continuará hasta que opere la forma de terminación convenida. Los contratos por los cuales se han entregado bienes inmuebles rurales a terceros a cualquier título, celebrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes o por los depositarios por ésta designados, con anterioridad a la vigencia de la presente ley cuyos plazos excedan la fecha en la que se produce la sentencia judicial de extinción, se resolverán unilateralmente y de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial alguna por motivos de interés público o utilidad social de que trata la presente ley.

 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo rige para todos los contratos que comprometen el uso, usufructo y destinación de los bienes inmuebles rurales que celebre o haya celebrado la Dirección Nacional de Estupefacientes.

ARTICULO 112°.- Desde el momento en que queden a su disposición los bienes rurales que en desarrollo de la acción de extinción judicial del dominio regulada en la Ley 793 de 2002,  sean objeto de medidas cautelares y sean incorporados a su inventario, la Dirección Nacional de Estupefacientes procederá a dar aviso inmediato al INCODER para que emita su concepto sobre la caracterizada vocación para la producción agropecuaria, forestal o pesquera de los inmuebles respectivos, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del aviso.

 

ARTICULO 113°.- El término de duración de los contratos de arrendamiento que sobre los bienes inmuebles rurales celebre la Dirección Nacional de Estupefacientes, mientras se decide la acción prevista en la Ley 793 de 2002, no podrá exceder la fecha de la sentencia en la que se declare la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien rural, y se ordene la tradición a favor del INCODER, y en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, podrán pactarse cláusulas que autoricen la cesión, renovación o prórroga de los contratos respectivos. Lo dispuesto en este artículo, también se aplicará respecto de los inmuebles rurales entregados al Instituto bajo destinación o depósito provisional por la Dirección Nacional de Estupefacientes. En los contratos de encargo fiduciario, su ejecución continuará hasta que opere la forma de terminación convenida.

 

Los contratos por los cuales se han entregado bienes inmuebles rurales a terceros a cualquier título, celebrados por la Dirección nacional de Estupefacientes o por los depositarios por ésta designados, con anterioridad a la vigencia de la presente ley cuyos plazos excedan la fecha en la que se produce la sentencia judicial de extinción, se resolverán unilateralmente y de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial alguna por motivos de interés público o utilidad social de que trata la presente ley.

 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo rige para todos los contratos que comprometen el uso, usufructo y destinación de los bienes inmuebles rurales que celebre o haya celebrado la Dirección Nacional de Estupefacientes.

 

ARTICULO 114°.- Si la sentencia negare la extinción del dominio, y el predio rural se requiriere por razones de apremio y urgencia para asegurar la satisfacción del interés público o social previsto en esta ley, el Instituto podrá ordenar su adquisición mediante el procedimiento de negociación directa, u ordenar adelantar el procedimiento de  expropiación previsto en el Título VI de esta Ley.

 

 

Se precisa que este tipo de inmuebles, una vez saneados quedan a disposición de la población desplazada por la violencia salvo que cesen las necesidades de tales adjudicaciones o que los bienes no sirvan para tales fines.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO  169º. La Unidad Forestal de que trata el Artículo 9° de la ley 1021 de 2006 por la cual se expide la ley general forestal, para el sector agropecuario, quedará ubicada únicamente en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

 

ARTÍCULO 170º. Modifíquese el artículo 3° de la ley 301 de 1996, el cual quedará así:

 

ARTÍCULO 3o. INTEGRACIÓN. El Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial estará integrado por:

 

1. El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá. Unicamente podrá actuar como delegado el Ministro de Agricultura.

2. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

4. El Ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

5. El Ministro de Minas y Energía.

6. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

7. El Ministro de Protección Social.

8. El Director Nacional de Planeación.

9. El Presidente del Banco Agrario.

10. El Presidente de FINAGRO.

11. El Gerente General del INCODER.

12. Un Representante de las Organizaciones Campesinas, elegido de acuerdo con el reglamento que determine el Gobierno Nacional.

13. Un representante de la SAC.

14. Un representante de la ANDI.

15. El Presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

16. El Presidente de la Federación Nacional de Municipios.

17. El Presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura.

 

PARÁGRAFO 1°. La asistencia al Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial es indelegable, excepto para la Presidencia de la República.

PARÁGRAFO 2°. Los integrantes del Consejo harán sus recomendaciones con base en criterios de democracia, igualdad, justicia, equidad, solidaridad, eficiencia y eficacia.”

 

ARTÍCULO 171º. Modifíquese el artículo 3° de la ley 301 de 1996, el cual quedará así:

 

“ARTÍCULO 6o. PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES. El Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial, sesionará al menos dos (2) veces al año. También lo hará de modo extraordinario cuando las circunstancias lo ameriten, por convocatoria de su Presidencia o de cuatro (4) de sus integrantes.”

 

ARTÍCULO 172°. El Gobierno Nacional adelantará las acciones necesarias para definir un sistema de compensación y subsidio familiar fundamentado en el principio de solidaridad entre las Cajas que operan en los sectores urbanos a favor de aquellas que atienden al sector primario; a fin de garantizar el acceso progresivo de la población  rural a los servicios inherentes de las Cajas de Compensación Familiar.

 

Para los fines de este artículo se entenderá por sector primario el definido en el artículo 74 de la ley 101 de 1993.

 

PARÁGRAFO.- Para los efectos de la aplicación de este artículo, el Gobierno Nacional adecuará la estructura de la Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA.

 

 

Se clarifica respecto del artículo anterior que sólo dependerá del MADR y no del INCODER la Unidad Forestal.

 

Se actualiza el artículo 3 de la ley 301 de 1996.

 

Se adicionan estos artículos que pretenden instar al Gobierno Nacional a adelantar todos los esfuerzos institucionales y financieros necesarios para extender el cubrimiento de los servicios de cajas de compensación al campesinado colombiano.

       

 

COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS:

 Tres iniciativas de ley sobre tierras dificultan gravemente el derecho a la reparación



 

 

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