LEY 228 DE 1995
(diciembre 21)
Diario Oficial No. 42.161, de 22 diciembre de 1995

Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones.
<Resumen de Notas de Vigencia>
NOTAS DE VIGENCIA:
5. Modificada por la Ley 599 de 2000, "Por la cual se expide el Código Penal", publicada en el Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000.
Establecen los Artículos 474 y 476 de la Ley 599 de 2000:
"ARTICULO 474. DEROGATORIA. Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales".
"ARTICULO 476. VIGENCIA. Este Código entrará a regir un (1) año después de su promulgación".
Este documento no incorpora tales derogatorias en los artículos correspondientes.
4. Modificado por el Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.906 del 22 de febrero de 2000, "Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos".
El Decreto 266 fue 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1316-2000 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria. A partir de su promulgación.
3. Modificado por el Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999, "Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe".
El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
2. El Decreto 1818 de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 43.380, del 07 de septiembre de 1998, "Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos", por las facultades que le confirió el artículo 166 de la Ley 446 de 1998 compila las normas aplicables "... a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989  y en las demás disposiciones vigentes."
1. Mediante Sentencia C-363-96 del 14 de agosto de 1996, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional, se declaró INHIBIDA para fallar sobre la EXEQUIBILIDAD de esta ley.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO I.
PARTE GENERAL

ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS RECTORES. En los procesos que se adelanten por las contravenciones especiales a que se refiere esta ley, se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal y además el siguiente:

Oralidad. Los procesos que se adelanten por las contravenciones a que se refiere la presente Ley se regirán por el procedimiento oral que aquí se establece, en desarrollo de lo cual se levantarán actas que resuman lo actuado y se podrán grabar las diversas diligencias, pronunciamientos e intervenciones y anexar la cinta al expediente. La autenticidad de la cinta será certificada por el funcionario judicial competente.

ARTÍCULO 2o. INEXISTENCIA DE DILIGENCIA. En toda diligencia en que participe el sindicado, éste deberá estar asistido por su defensor, so pena de inexistencia de la diligencia.

ARTÍCULO 3o. CONSULTORES JURIDICOS. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Facúltase a los estudiantes adscritos a consultorios jurídicos para ejercer la función de defensores en procesos contravencionales.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-542-96 del 16 de octubre de 1996, Magistrado Ponente  Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-542-96 del 16 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, "en el entendido  de que la facultad concedida a los estudiantes de los consultorios jurídicos para ejercer la función de defensores en procesos contravencionales, sólo puede ejercerse en caso de  inexistencia de abogados titulados en algún municipio del país, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia". 

ARTÍCULO 4o. JUDICATURA. <Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES> De conformidad con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, los egresados que hayan culminado sus estudios dentro de los dos (2) años anteriores al momento de iniciación de la judicatura, podrán ejercer función de defensores en los procesos contravencionales a que se refiere la presente Ley.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, salvo los apartes tachados los cuales se declaran INEXEQUIBLES.

En estos casos, el servicio de defensoría podrá ser tenido como práctica o servicio profesional para optar por el título de abogado, en reemplazo del trabajo de investigación dirigida o monografía, sin perjuicio de la presentación de los exámenes preparatorios.

ARTÍCULO 5o. SUBROGADOS PENALES. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las personas condenadas por las contravenciones a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a la condena de ejecución condicional. No obstante, cuando se trate de contravenciones sancionadas con dos (2) años de arresto o más, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, podrá después del año siguiente a la aprehensión, ordenar la ejecución de la suspensión de la ejecución de la sentencia, atendiendo a la personalidad y el buen comportamiento del sujeto en el establecimiento carcelario, fijando como período de prueba el término que falte para el cumplimiento de la pena.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Mediante Sentencia C-067-97 del 11 de febrero de 1997,  Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencias C-430-96 y C-626-96 del 12 de septiembre  y 21 de noviembre de 1996.
- Mediante Sentencia C-689-96 de 5 de diciembre de 1996, Magistrado Ponente Dr.José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en las Sentencias C-430-96 y C-626-96.
- Mediante Sentencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996,  Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-430-96.
- Mediante Sentencia C-542-96 del 16 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-430-96.
- Mediante Sentencia C-431-96 de 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-430-96.
- Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, salvo el aparte tachado el cual se declara INEXEQUIBLE.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá conceder la libertad condicional al condenado cuando haya cumplido las dos terceras (2/3) partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación social.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-051-97 del 6 de febrero de 1997, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996, magistrado Ponente, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
- Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la Sentencia,  mediante providencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
 

ARTÍCULO 6o. DESTINACIÓN DE BIENES. Los bienes incautados se entregarán a quien demuestre su propiedad. En caso de que no sean reclamados antes de producirse la sentencia, en ésta se dejarán a disposición de la Policía Nacional, quien podrá en forma transitoria destinarlos a su uso o autorizar a otra entidad para ese mismo efecto hasta que sean reclamados por sus propietarios. Los gastos de conservación estarán a cargo de la entidad autorizada.

Pasados seis (6) meses, contados a partir de la incautación, sin que los bienes hayan sido reclamados, la Policía Nacional podrá disponer que los bienes no reclamados sean vendidos en martillo público o mediante la aplicación de cualquier otro procedimiento, establecido por vía general, que garantice una adecuada concurrencia de oferentes, siempre y cuando previamente se haya dado cumplimiento al requisito a que se refiere el inciso siguiente.  La venta se hará previo avalúo, salvo en el caso de los bienes que se negocien en mercados públicos y siempre y cuando la enajenación se haga acudiendo a los mismos.

El último día de cada mes, la Policía Nacional deberá efectuar tres (3) publicaciones a través del medio más eficaz, en las que informe al público qué bienes se encuentran incautados, de tal manera que se permita la identificación de los mismos.

Tratándose de bienes fungibles, la Policía Nacional podrá disponer su venta inmediata a través del procedimiento establecido en el inciso anterior.

Con los recursos que la Policía Nacional reciba en desarrollo de lo previsto en el presente artículo, se constituirá un fondo cuyos rendimientos se destinarán a cubrir los gastos que demande la administración de los bienes y a atender los requerimientos de la institución para la lucha contra la delincuencia.

En caso de que se presenten los propietarios de los bienes enajenados, se procederá a la devolución del precio obtenido con la venta, debidamente actualizado y se le pagarán los perjuicios materiales y morales que se le hayan causado, incluido el lucro cesante.

La diferencia entre los ingresos obtenidos por las inversiones que se realicen con los recursos del fondo y los pagos que por concepto de la actualización de los precios de venta deban efectuarse, conforme a lo previsto en el inciso anterior, constituye la retribución por la administración del fondo, que será destinada a las finalidades previstas en el presente artículo.

Los bienes artísticos o culturales serán entregados a las entidades públicas encargadas de su exhibición, protección y conservación.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la Sentencia, mediante providencia C-677-98 del 18 de noviembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

CAPÍTULO II.
PARTE ESPECIAL

ARTÍCULO 7o. POSESIÓN INJUSTIFICADA DE INSTRUMENTOS PARA ATENTAR CONTRA LA PROPIEDAD. <Artículo INEXEQUIBLE>
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-033-97 del 30 de enero de 1997, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-430-96 que declaró INEXEQUIBLE este artículo. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-689-96 del 5 de diciembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencias C-430-96 y C-626-96, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-626-96 de 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr.José Gregorio Hernández Galindo,  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-430-96.
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-430-96 de la misma fecha, Magistrado Ponente Dr.Carlos Gaviria Díaz.
- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.
<Legislación anterior>
Texto original de la Ley 228 de 1995:
ARTÍCULO 7o. El que en lugar público o abierto al público y de manera injustificada porte llaves maestras o ganzúas, incurrirá en pena de arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que la conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.

ARTÍCULO 8o. PORTE DE SUSTANCIAS. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El que en lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurrirá en el arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, salvo que la conducta constituya hecho punible sancionado con pena mayor.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-033-97 del 30 de enero de 1997, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-430-96 que declaró EXEQUIBLE este artículo, en el entendido de que la expresión "o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas", se refiere a aquellas sustancias que producen los mismos efectos de la escopolamina y no se utilizan como medicamentos ni como estupefacientes. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-689-96 del 5 de diciembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencias C-430-96 y C-626-96, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
- Mediante Sentencia C-626-96 de 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr.José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-430-96.
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-430-96 de la misma fecha, Magistrado Ponente Dr.Carlos Gaviria Díaz.
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, en el entendido de que la expresión "o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas", se refiere a aquellas sustancias que producen los mismos efectos de la escopolamina y no se utilizan como medicamentos ni como estupefacientes.

ARTÍCULO 9o. OFRECIMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DE PROCEDENCIA NO JUSTIFICADA. <Artículo INEXEQUIBLE>
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-689-96 del 5 de diciembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencias C-430-96 y C-626-96, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
<Legislación anterior>
Texto original de la Ley 228 de 1995:
ARTÍCULO 9o. El que en lugar público o abierto al público ofrezca para su enajenación bien mueble usado, cuya procedencia no esté justificada, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que la conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.
PARÁGRAFO. Cuando se trate de establecimientos de comercio cuyo objeto social sea el de la compraventa con pacto de retroventa de que hablan los artículos 1939 y siguientes del Código Civil Colombiano, el contrato escrito ajustado a la ley y firmado por las partes que intervengan en él, se tendrá como prueba de la procedencia de que habla el presente artículo.

ARTÍCULO 10. HURTO CALIFICADO. <Artículo INEXEQUIBLE>
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-364-96 del 14 de agosto de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Caviria Díaz.
- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-364-96 del 14 de agosto de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.
<Legislación anterior>
Texto original de la Ley 228 de 1995:
ARTÍCULO 10. Se sancionará como contravención especial, con pena de dos (2) a ocho (8) años de prisión, el hurto calificado de que trata el artículo 350 del Código Penal cuando el valor de lo apropiado sea inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. Las circunstancias de agravación a que se refiere el artículo 351 del Código Penal se aplicarán a esta contravención, con el incremento punitivo allí previsto.

ARTÍCULO 11. HURTO AGRAVADO. La contravención prevista en el numeral once (11) del artículo 1o. de la Ley veintitrés (23) de 1991, será de competencia de los jueces promiscuos y penales municipales, aun cuando se presenten las circunstancias específicas de agravación punitiva previstas en el artículo 351 del Código Penal, caso en el cual la pena se incrementará en la proporción allí señalada.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-364-96 del 14 de agosto de 1996, Magistrado Ponente  Dr. Carlos Gaviria Díaz.

ARTÍCULO 12. LESIONES PERSONALES CULPOSAS. El que por culpa cause a otro daño en el cuerpo o en la salud que implique incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de treinta (30) días incurrirá en multa de uno (1) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. Si se trata de lesiones ocasionadas en accidente de tránsito, también se incurrirá en suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses. En estos casos procederá la conversión de multa en arresto, de conformidad con el artículo 49 del Código Penal, a razón de un día de salario mínimo legal diario por cada día de arresto.

ARTÍCULO 13. LESIONES PERSONALES CULPOSAS AGRAVADAS. En los casos de lesiones personales culposas de que trata el artículo anterior, cuando concurran las circunstancias de agravación previstas en el artículo 330 del Código Penal se incurrirá en pena de arresto de cinco (5) a quince (15) meses y suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, cuando se trate de lesiones derivadas de accidente de tránsito.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-689-96 del 5 de diciembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencias C-430-96 y C-626-96, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Caviria Díaz.

ARTÍCULO 14. OFRECIMIENTO, VENTA O COMPRA DE INSTRUMENTO APTO PARA INTERCEPTAR LA COMUNICACIÓN PRIVADA ENTRE PERSONAS. El que sin autorización de la autoridad competente, ofrezca, venda o compre instrumentos aptos para interceptar la comunicación privada entre personas, incurrirá en pena de arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que la conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.

Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional impartir las autorizaciones de que trata el presente artículo.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la Sentencia,  mediante providencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

ARTÍCULO 15. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Salvo las contravenciones especiales de que trata la presente Ley, las previstas en la Ley 23 de 1991 y aquellas a que se refiere la Ley 30 de 1986, las contravenciones actualmente sancionables con pena de arresto serán sancionadas con pena de multa hasta de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. En estos casos procederá la conversión de multa en arresto de conformidad con el artículo 49 del Código Penal, a razón de un (1) día de salario mínimo legal diario por cada día de arresto.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-626-98 del 4 de noviembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

CAPÍTULO III.
PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 16. COMPETENCIA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> De las contravenciones especiales de que trata esta Ley, de las demás previstas en la Ley 23 de 1991 y de todas aquellas sancionadas con pena de arresto por la Ley 30 de 1986 y normas complementarias, que se cometan a partir de su vigencia , conocerán en primera instancia los jueces penales o promiscuos municipales del lugar donde se cometió el hecho, o en su defecto, los del municipio más cercano al mismo.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Mediante Sentencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-364-96 del 14 de agosto de 1996, respecto del aparte tachado.
- Aparte tachado  declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-364-96 del 14 de agosto de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

De las contravenciones especiales en las que intervengan como autores o partícipes menores de dieciocho (18) años seguirán conociendo los Defensores de Familia, salvo la de hurto calificado que será de conocimiento de los jueces de menores y promiscuos de familia, quienes podrán imponer a los contraventores las medidas contempladas en el artículo 204 del Código del Menor.

PARÁGRAFO. En los casos de las lesiones personales culposas a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley no procederá privación de la libertad.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-626-96 del 21 de noviembre de 1996, salvo el aparte tachado el cual fue declarado INEXEQUIBLE según fallo C-364-96 del 14 de agosto de 1996. Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

ARTÍCULO 17. QUERELLA U OFICIOSIDAD. La iniciación del proceso por las contravenciones a que se refiere la presente Ley requiere querella de parte, la cual deberá ser presentada dentro del mes siguiente a la comisión del hecho, salvo cuando el autor o partícipe sea capturado en flagrancia, caso en el cual se iniciará y adelantará oficiosamente.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-198-97 del 17 de abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

ARTÍCULO 18. DILIGENCIA DE CALIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE FLAGRANCIA. Descargos del imputado. Legalización de la privación de la libertad. Cuando se trate de captura en flagrancia se procederá de la siguiente manera:

1. A más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su aprehensión el capturado se pondrá a disposición del funcionario competente, quien dictará auto de apertura del proceso.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional
- Mediante Sentencia C-600-00 de 24 de mayo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda. "Advierte la Corte que el argumento del actor versa sobre una materia distinta a la consagrada por la norma acusada, a saber: la querella u oficiosidad para el adelantamiento de los procesos contravencionales; y si bien el cargo de inconstitucionalidad podría predicarse de otro artículo de la misma Ley 228 de 1995 -v.gr. el artículo 17, sobre el cual también existe decisión de esta Corte-, dicha disposición no fue objeto de acusacióEn todo caso, no puede pasarse por alto que también sobre el artículo 17 de la Ley 228 de 1995 existe una sentencia de la Corte que declaró exequible la expresión "salvo cuando el autor o participe sea declarado en flagrancia, caso en el cual se iniciará y adelantará oficiosamente". Corte Constitucional Sentencia C-198 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. y, por consiguiente, la Corte se abstendrá a emitir pronunciamiento por  falta de concepto de violación".
 

2. En la primera hora hábil del día siguiente y a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas, contadas a partir del momento en que el capturado sea puesto a disposición del funcionario competente, se le escuchará sobre las circunstancias en que ocurrió la aprehensión y se le recibirá versión sobre los hechos. A esta diligencia debe concurrir la persona o funcionario que haya realizado la aprehensión para que relate los hechos relativos a la privación de la libertad del imputado.

Si quien realiza la captura justifica su imposibilidad de concurrir a la diligencia a que se refiere este artículo, en el momento de poner al imputado a disposición de la autoridad, ésta lo oirá en exposición. En el mismo caso, si quien realiza la captura es servidor público podrá rendir, en cambio, un informe escrito. Tanto la exposición como el informe se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento y serán apreciados como testimonios.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Numeral 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente  Dr. Carlos Gaviria Díaz.

3. El funcionario competente examinará si concurren los requisitos de la flagrancia, explicará los cargos que se formulan al imputado, oirá sus descargos y, en caso de que se reúnan los requisitos de la flagrancia, calificará los cargos y dispondrá que continúe la privación de la libertad, diligenciando para el efecto la correspondiente constancia o boleta, de la cual se conservará copia que se agregará a la actuación. Esta decisión define la situación jurídica del imputado.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-689-96 del 5 de diciembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencias C-430-96 y C-626-96, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-430-96 de la misma fecha, Magistrado Ponente  Dr.Carlos Gaviria Díaz.
- Numeral 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Caviria Díaz.

4. Acto seguido se otorgará la palabra a los sujetos procesales para que soliciten pruebas. El juez determinará cuáles deben ser practicadas y cuáles son improcedentes o inconducentes. Decretará de oficio las que considere necesarias, para que se practiquen en esta diligencia o en la audiencia pública de juzgamiento.

En caso de que por su naturaleza, la prueba no pueda realizarse en ninguna de las oportunidades anteriores, se practicará antes de la audiencia de juzgamiento y dentro de un término que no excederá de diez (10) días.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Numeral 4o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente  Dr. Carlos Gaviria Díaz.

5. A continuación, el juez fijará día y hora para la realización de la audiencia pública de juzgamiento que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la terminación de la diligencia de que trata este artículo o del día que vence el término para la práctica de las pruebas, cuando no pudieren realizarse en audiencia pública.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Numeral 5o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente  Dr. Carlos Gaviria Díaz.

PARÁGRAFO 1o. En caso de no concurrir los requisitos de la flagrancia, si existe querella el juez calificará los cargos y fijará día y hora para la celebración de la audiencia pública de juzgamiento, hará conocer esta decisión al imputado y dispondrá su libertad con el compromiso de que comparezca a la citada audiencia.
 

Si no existe querella se dispondra el archivo de las diligencias.
 

PARÁGRAFO 2o. Las decisiones que se profieran en esta diligencia, como la que califica la situación de flagrancia y los cargos y la que niega la práctica de pruebas, son susceptibles del recurso de reposición, que deberá interponerse, sustentarse y resolverse antes de suscribir el acta.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-430-96 de la misma fecha, Magistrado Ponente  Dr.Carlos Gaviria Díaz.
- Parágrafo 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente  Dr. Carlos Caviria Díaz.

ARTÍCULO 19. INTERVENCIÓN ESPECIAL DE LA FISCALÍA. En los eventos en que, por razón del horario regular de atención al público del respectivo despacho, no sea posible poner al capturado a disposición del funcionario competente dentro del término establecido en el numeral 1º del artículo 18 de esta Ley, el aprehensor lo pondrá a disposición de la Unidad Permanente de la Fiscalía más cercana.
 

En tal caso, el Fiscal oirá al aprehensor o examinará el informe rendido por éste y escuchará al capturado, para determinar si concurren o no los requisitos de la flagrancia. En caso afirmativo, dictará auto de apertura de proceso y expedirá mandamiento escrito al director del correspondiente establecimiento de detención, para legalizar la privación de la libertad.
 

A la primera hora hábil siguiente, el Fiscal enviará las diligencias al funcionario competente para proseguir el trámite, quien a partir de la actuación adelantada por la Fiscalía dará aplicación a lo previsto en los numerales 4º y siguientes del artículo 18 de la presente Ley.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Mediante Sentencia C-253-97 del 28 de mayo de 1997, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell, la Corte Constitucional, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencias C-689-96 y C-198-97.
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-198-97 del 17 de abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, salvo el aparte subrayado, en relación con el cual se ordenó estarse a lo resuelto en Sentencia C-689-96.
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-689-96 del 5 de diciembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

ARTÍCULO 20. INICIACIÓN MEDIANTE QUERELLA. La querella se podrá presentar verbalmente o por escrito, ante el juez penal o promiscuo municipal, los inspectores de policía o los funcionarios que ejerzan funciones de policía judicial.

Cuando no existiere imputado conocido, la querella se formulará ante el funcionario que ejerza funciones de policía judicial, quien conservará las diligencias con el fin de lograr la individualización de los autores o partícipes e inmediatamente avisará a la autoridad competente para que ejerza los controles que considere convenientes.

PARÁGRAFO. Transcurridos seis (6) meses sin que se logre la individualización o identificación la actuación se remitirá al funcionario competente para que éste disponga el archivo de las diligencias. La investigación podrá reiniciarse si dentro de los seis (6) meses siguientes al archivo aparecen nuevas pruebas que permitan la individualización o identificación del imputado.

ARTÍCULO 21. AUDIENCIA PRELIMINAR EN CASO DE QUERELLA. Si existiere imputado conocido, el mismo día que se reciba el informe de la policía judicial o la querella, según el caso, el funcionario competente dictará auto de apertura de proceso y fijará fecha y hora para escuchar la versión sobre los hechos; dicha diligencia deberá celebrarse dentro de los seis (6) días siguientes. La citación se realizará a través del medio más eficaz. En caso de no conocerse su paradero, fijará edicto en la secretaría del despacho por el término de un (1) día.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-699-00 de 14 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr.Alejandro Martínez Caballero.
 

Si en la fecha prevista el imputado comparece, la actuación se desarrollará conforme a los artículos 23 y 24 de la presente Ley y la persona continuará en libertad.

Si el imputado no comparece, se ordenará su captura y se procederá conforme a lo previsto en el artículo 18 de la presente Ley, caso en el cual se legalizará la aprehensión dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Transcurridos diez (10) días contados a partir de la fecha en que la orden de captura fue recibida por las autoridades que deban ejecutar la aprehensión, si no se obtiene información sobre la efectividad de la misma, se fijará nuevamente edicto por tres (3) días, luego se le declarará persona ausente, se le designará defensor de oficio para vincularlo legalmente al proceso y se procederá de conformidad con el trámite previsto en esta Ley.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Inciso 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-627-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

ARTÍCULO 22. COMUNICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. Una vez el capturado, sea puesto a disposición del funcionario competente o presentada la querella, según se trate, se comunicará al Ministerio Público.

ARTÍCULO 23. DECRETO DE PRUEBAS. En la audiencia de que trata el artículo 21, el funcionario competente explicará la calificación de los cargos que se le formulen al imputado, se podrán pedir o presentar las pruebas que se pretendan hacer valer, se determinará su conducencia y pertinencia y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

En caso de que la práctica de la prueba no sea posible dentro de la audiencia en juzgamiento por razón de su naturaleza, se realizará antes de dicha audiencia y dentro de un término que no excederá de diez (10) días.

Si el funcionario negare la práctica de alguna de las pruebas solicitadas, notificará en estrados su decisión, contra la cual procede el recurso de reposición que debe resolverse en el mismo acto.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

Al finalizar la diligencia, el funcionario fijará fecha y hora para la realización de la audiencia pública de juzgamiento que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Inciso 4o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

ARTÍCULO 24. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. En la audiencia pública de juzgamiento se practicarán las pruebas decretadas, salvo en los eventos en que ello no sea posible según los artículos 18 y 23, el funcionario precisará si mantiene los cargos jurídicos ya formulados e interrogará y oirá al procesado. Luego, se dará la palabra al representante del Ministerio Público, si asistiere, y al defensor. Terminada la diligencia, el funcionario decidirá si el procesado es o no responsable.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

Para efectos de motivación y dosificación de la sanción podrá decretar un receso máximo de tres (3) días. En tal caso, fijará día y hora para la diligencia de lectura de la sentencia.

Contra la sentencia procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, ante el respectivo superior, el que deberá interponerse y sustentarse antes de terminar la diligencia. Se dará oportunidad a los demás sujetos procesales para que expongan sus argumentos en relación con la impugnación. El funcionario judicial decidirá en la misma audiencia sobre la procedencia del recurso.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Inciso 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

Cuando se haya producido sentencia condenatoria se comunicará a las autoridades correspondientes para su anotación en el registro de antecedentes penales y contravencionales.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Inciso 4o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

ARTÍCULO 25. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La legalización de la privación transitoria de la libertad se efectuará en la calificación de la situación de flagrancia y de los cargos o de captura por no comparecencia. La decisión definitiva sobre privación de la libertad se producirá en la sentencia.

ARTÍCULO 26. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA. Recibido el expediente por el superior, éste correrá traslado al Ministerio Público por dos (2) días y decidirá de plano dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del expediente.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

ARTÍCULO 27. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El desistimiento aceptado por el sujeto pasivo de la contravención extingue la acción en cualquier caso, siempre y cuando se repare íntegramente el daño.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-301-99 del 5 de mayo de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

ARTÍCULO 28. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR REPARACIÓN. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En los casos de cotravenciones especiales de hurto simple, salvo cuando existan circunstancias de agravación, hurto de uso, hurto entre condueños, estafa, lesiones personales, emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza, aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, sustracción de bien propio y daño en bien ajeno, la acción se extinguirá cuando el inculpado repare íntegramente el daño.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-746-98 del 2 de diciembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Para este efecto se tendrá en cuenta el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Tratándose de contravención de hurto calificado y de hurto simple con el que concurran circunstancias de agravación, la reparación integral del daño dará lugar a la disminución de una tercera (1/3) parte de la pena imponible.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-746-98 del 2 de diciembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

ARTÍCULO 29. LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TERMINOS. Si transcurridos cuarenta y cinco (45) días de privación efectiva de la libertad, contados a partir de la calificación de la situación de flagrancia o de la aprehensión, cuando se hubiere ordenado la captura del imputado por no comparecer a la citación prevista en el artículo 21 de la presente Ley, no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria del funcionario competente a que haya lugar.

ARTÍCULO 30. CONCILIACIÓN. <Incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, artículo 26.> En los eventos previstos en el artículo 28, el imputado y el perjudicado podrán acudir en cualquier momento del proceso, por sí o por medio de apoderado, ante un funcionario judicial de conocimiento o ante los centros de conciliación o conciliadores en equidad de que tratan los artículo 66 y 82 de la ley 23 de 1991. Los acuerdos que allí se logren se presentarán ante el funcionario que está conociendo del trámite contravencional para que decrete la extinción de la acción.
<Notas de vigencia>
- Artículo incorporado en el Decreto 1818 de 1998, artículo 26, publicado en el Diario Oficial No. 43.380, del 07 de septiembre de 1998, "Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos".

ARTÍCULO 31. ACCIÓN CIVIL. La acción civil se adelantará en forma independiente al procedimiento de que trata la presente ley.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Caviria Díaz.

ARTÍCULO 32. CONEXIDAD DE HECHOS PUNIBLES. <Artículo INEXEQUIBLE>
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-357-99 del 19 de mayo de 1999, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández.
<Legislación anterior>
Texto original de la Ley 228 de 1995:
ARTÍCULO 32. En caso de conexidad entre un delito y algunas de las contravenciones de que trata la presente Ley, no se conservará la unidad procesal.

ARTÍCULO 33. REPARTO. En los lugares donde existan varios funcionarios competentes, las diligencias se someterán de inmediato a reparto.

ARTÍCULO 34. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. Todo conflicto de competencias que se suscite entre autoridades de policía y entre fiscales, o entre fiscales y jueces, será resuelto por los jueces del circuito del lugar donde se cometió el hecho.
<Notas de Vigencia>
- Aparte tachado derogado tácitamente, según lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-057-01, por el numeral 3 del artículo 114 de la Ley 270 de 1996
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE  mediante Sentencia C-057-01 de 24 de enero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte tachado, ya que según pronunciamiento de la Corte Constitucional esta expresión fue derogada tácitamente por el artículo 114  numeral 3 de la Ley 270 de 1996. 
 

ARTÍCULO 35. DESPACHOS COMISORIOS. A partir de la vigencia de la presente Ley, todos los inspectores de policía serán competentes para tramitar los despachos comisorios librados por los jueces civiles, penales y promiscuos municipales, así como los librados por la Fiscalía General de la Nación, siempre y cuando ellos no se refieran a la práctica de pruebas ni a la realización de diligencias o actuaciones privativas de los jueces y fiscales de conocimiento.

ARTÍCULO 36. ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En cualquier momento en que el imputado acepte su responsabilidad se dictará sentencia, salvo que se requiera verificar la veracidad de la confesión. Si, fuera de los casos de flagrancia, la aceptación se produjere antes de que finalice la audiencia preliminar o la audiencia de que trata el artículo 18 de esta Ley, la pena se disminuirá hasta en una tercera (1/3) parte.

A esta disminución punitiva no tendrán derecho las personas que hayan sido condenadas por delitos o contravenciones dolosos durante los cinco (5) años anteriores. Para estos efectos será consultado el Registro de la Fiscalía General de la Nación a que se refiere el artículo 7o. de la Ley 81 de 1993.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente  Dr. Carlos Caviria Díaz.

ARTÍCULO 37. CONCURRENCIA DE DISMINUCIONES. <Artículo INEXEQUIBLE>
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1112-00 del 24 de agosto del 2000 Magistrado Ponente  Dr. Carlos Gaviria Díaz.
<Legislación anterior>
Texto original de la Ley 228 de 1995:
ARTÍCULO 37. En ningún caso la acumulación de rebajas de pena de que tratan los artículos anteriores podrá exceder de la mitad (1/2) de la pena imponible.

ARTÍCULO 38. REMISIÓN. En lo no previsto en la presente Ley se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y las normas sobre desistimiento, prescripción y nulidades contenidas en la Ley 23 de 1991, siempre que no se opongan al carácter oral del procedimiento establecido en ella.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la Sentencia, mediante providencia C-677-98 del 18 de noviembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.
 

ARTÍCULO 39. ESTADÍSTICAS. Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, los jueces penales y promiscuos municipales, así como los de circuito, deberán presentar un informe al Consejo Seccional de la Judicatura, con copia al Ministerio de Justicia y del Derecho, correspondiente a las actuaciones adelantadas en desarrollo de la presente Ley durante el mes calendario inmediatamente anterior.

Dicho informe servirá para desarrollar investigaciones sobre delincuencia y criminalidad por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo cuál éste dispondrá en concurso con el Consejo Superior de la Judicatura el formato con sujeción al cual deberá elaborarse.

El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo constituirá falta disciplinaria.
<Notas de vigencia>
- Artículo modificado por el artículo 86 del Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.906 del 22 de febrero de 2000.
- Artículo derogado por el artículo 157 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- El Decreto 266 fue 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1316-2000 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria. A partir de su promulgación.
- El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
<Legislación anterior>
Texto modificado por el Decreto 1122 de 1999:
ARTÍCULO 39. Estadísticas. Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, los jueces penales y promiscuos municipales, así como los de circuito, deberán presentar un informe al Consejo Seccional de la Judicatura con copia al Ministerio de Justicia y del Derecho, correspondiente a las actuaciones adelantadas en desarrollo de la presente Ley, durante el mes calendario inmediatamente anterior.
Dicho informe servirá para desarrollar investigaciones sobre delincuencia y criminalidad por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo cual este dispondrá en concurso con el Consejo Superior de la Judicatura el formato con sujeción al cual deberá elaborarse.
El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo constituirá falta disciplinaria.

ARTÍCULO 40. DISPONIBILIDAD CARCELARIA. El Gobierno Nacional ampliará las cárceles existentes y establecerá las nuevas que se requieran para efectos del cumplimiento de la presente Ley velando porque ellas ofrezcan a los internos condiciones dignas, que permitan lograr los fines de la pena.

Autorízase al Gobierno Nacional para que, en cualquier época, efectúe los traslados presupuestales y las operaciones financieras que sean necesarias, o convenientes para darle cabal y oportuno cumplimiento a lo presentado en el presente artículo y en la presente Ley.

ARTÍCULO 41. GARANTÍAS DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Estatutaria que regula los estados de excepción en Colombia, a partir de la vigencia de la presente Ley el allanamiento, los registros y la privación de la libertad no podrán ser ordenadas por las autoridades administrativas. Se dará plena aplicación al artículo 28 de la Constitución Política con las excepciones en ella previstas.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional:
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-626-98 del 4 de noviembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

ARTÍCULO 42. VIGENCIA. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga y subroga, sin excepción, las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
JULIO CÉSAR GUERRA TULENA.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
RODRIGO RIVERA SALAZAR.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a diciembre 21 de 1995.

ERNESTO SAMPER PIZANO.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA.

     


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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.© ISSN 1657-6241, "Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad", 17 de octubre de 2008.
Incluye análisis de vigencia expresa y análisis de fallos de constitucionalidad publicados hasta 17 de octubre de 2008.
La información contenida en este medio fue trabajada sobre transcripciones realizadas a partir del Diario Oficial; los fallos de constitucionalidad fueron suministrados por la Corte Constitucional. Cuando fue posible se tomaron los textos del Diario Oficial publicados por la Imprenta Nacional en Internet.