DECRETO LEY Nº 22095

1 LEY DE REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
DECRETO LEY N° 22095
(21/02/78)


CONSIDERANDO:

Que la producción ilícita de drogas, su consumo, comercialización interna y externa por diferentes estamentos sociales y la masticación de la hoja de coca, constituyen un grave problema social que es necesario superar, dictándose medidas eficaces dentro de un plan integral de acción;
Que los dispositivos legales en vigencia para reprimir el tráfico ilícito de drogas que producen dependencia, no han resultado suficientes para impedir esta actividad delictuosa, tanto en el orden interno, como en sus ramificaciones internacionales;
Que la drogadicción, en conjunto, constituye un problema importante de Salud Pública, un peligro para la familia y una de las principales causas de estrago físico y mental del ser humano;
Que para la ejecución del lineamiento de política pertinente al objetivo específico del Sector Salud, previsto en el Plan de Gobierno "Túpac Amaru", debe intensificarse, en concordancia con la permanente acción moralizadora del Estado, la represión del tráfico ilícito de drogas y la prevención de su uso indebido, a la vez que se debe normar, controlar y sancionar aquellas otras actividades que de manera directa o indirecta propenden al desarrollo de dicho tráfico, a fin de combatirlo y conseguir su erradicación, a la par que se logra la rehabilitación del drogadicto;
Que las acciones antes mencionadas deben a su vez estar orientadas al cumplimiento de los Convenios Internacionales vigentes, en especial al destinado a lograr la progresiva erradicación del cultivo de coca, con excepción del correspondiente para usos industriales y médico-científicos;
De conformidad con el Artículo 5° del D.L. N° 17063;
En uso de las facultades de que está investido; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Ha dado el Decreto-Ley siguiente:

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Son objetivos de la presente Ley la represión del tráfico ilícito de drogas que producen dependencia; la prevención de su uso indebido; la rehabilitación biosicosocial del drogadicto y la reducción de los cultivos de la planta de coca.
Artículo 2°.- Para alcanzar los objetivos a que se refiere el Artículo anterior, se establecen las normas tendentes a perseguir y reprimir el tráfico ilícito de drogas; se precisan las medidas educativas y sanitarias para prevenir su uso indebido; se disponen la creación de centros de tratamiento y rehabilitación del drogadicto y se establece un régimen para la reducción gradual de los cultivos de planta de coca, limitándolo a los fines estrictamente científicos e industriales, en armonía con el cambio de hábitos de consumo.
Artículo 3°.- Los lineamientos de política orientados al logro de los objetivos enunciados serán establecidos por un Comité Multisectorial de Control de Drogas, integrado por los Ministros: del Interior, quien lo presidirá, de Agricultura y Alimentación; de Industria, Comercio, Turismo e Integración; de Educación; de Salud y un Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República, designado por su Sala Plena.
Artículo 4°.- El Ministerio de Educación en concordancia con el Ministerio de Salud, considerará en todos los programas de formación de profesionales de la Educación, los diversos aspectos del uso indebido de drogas, ligados a la problemática de la salud física y mental del educando.
Asimismo, desarrollará acciones de información y orientación a los educandos y a los grupos organizados de la comunidad.
Artículo 5°.- En las currículas de los diferentes Programas Académicos de nivel superior, se considerará materias relacionadas con el problema del uso indebido de drogas.
Artículo 6°.- El Ministerio de Educación en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, dispondrá las medidas necesarias para resolver los diferentes problemas que puedan presentarse en los centros educativos estatales y no estatales, relacionados con el uso indebido de drogas, a nivel escolar.
Artículo 7°.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollará programas de investigación, estudios epidemiológicos, médicos, científicos y de capacitación técnica sobre el problema de la drogadicción.
Artículo 8°.- Las acciones de las instituciones particulares comprendidas en el área educativa relacionadas con la problemática de las drogas, serán coordinadas con los Sectores de Salud y de Educación, los cuales brindarán la información y asesoría correspondientes.
Artículo 9°.- El Sistema Nacional de Información en coordinación con los Ministerios de Salud y de Educación, difundirá y normará la información destinada al público para prevenir el uso indebido de drogas.

CAPITULO II
De las Previsiones

Artículo 10°.- El Ministerio de Salud fijará anualmente las previsiones en materia de drogas para ser destinadas a uso médico o científico. Dichas previsiones establecerán:
a) La cantidad anual requerida para el consumo médico científico.
b) La parte de la cantidad referida en el inc. anterior que se dedicará:
1. A la elaboración de otras drogas.
2. A preparados con uno o varios ingredientes que ofrezcan muy poco o ningún peligro de abuso, debido a que la droga no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública; y,
3. A sustancias derivadas que no producen dependencia.
c) La estimación de las necesidades de adormidera y de otras especies vegetales sujetas a fiscalización, para su eventual cultivo por el Estado;
d) La existencia de drogas al 31 de diciembre del año anterior al que se refieren las previsiones.
e) Las cantidades de drogas necesarias para agregar a las reservas, que constituyen las existencias especiales; y,
f) La cantidad necesaria de las distintas drogas para fines de exportación.
Asimismo, podrá fijarse previsiones suplementarias, cuando se produzcan situaciones que lo justifiquen.
Artículo 11°.- Los Organismos Estatales facultados para efectuar exportaciones o importaciones de drogas, requerirán de la correspondiente autorización sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud.
La autorización indicará:
a) La denominación común internacional de la droga, si la tuviera.
b) La cantidad y la forma en que la sustancia se exporta o importa, el nombre y dirección del importador y del exportador, en ambos casos.
c) El período dentro del cual habrá de efectuarse la importación o exportación, el que no podrá ser mayor de 180 días.
Artículo 12°.- La autorización sanitaria a que se refiere el Artículo anterior, se denominará Certificado Oficial de Importación, Exportación o en Tránsito, según la operación correspondiente y será expedida en triplicado de acuerdo con los respectivos reglamentos caducando a los 180 días de su fecha de emisión.
Artículo 13°.- Las operaciones de importación y exportación de drogas solamente se efectuarán por las aduanas del puerto del Callao y del Aeropuerto Internacional Lima-Callao, con la excepción de hojas de coca que también podrán hacerse por los puertos de Salaverry y Matarani.
Artículo 14°.- Constituye monopolio estatal la importación y exportación de las drogas y medicamentos comprendidos en las listas I al VI, anexas al presente Decreto-Ley en estricta necesidad a su uso científico, médico y veterinario.
Artículo 15°.- Las adquisiciones a que se refiere el Artículo anterior, tratándose de situaciones de emergencia, no estarán sujetas al requisito de licitación pública.
Artículo 16°.- La autoridad competente del Sector Salud, determinará las condiciones en que las drogas objeto del monopolio estatal podrán ser adquiridas por:
a) Laboratorios autorizados para elaborar medicamentos que las contengan.
b) Farmacias y Boticas.
c) Hospitales o Establecimientos de asistencia médica.
d) Instituciones científicas y universitarias.
e) Enfermos hiperalgésicos, en cantidades superiores a la posología para 24 horas; y,
f) Profesionales encargados del diagnóstico y tratamiento desadictivo de fármaco-dependientes, así como profesionales encargados de su aplicación veterinaria.

CAPITULO III
De la Recuperación del Drogadicto

Artículo 17.- El Estado emprenderá las acciones necesarias para lograr la recuperación de los drogadictos, las que comprenderán:
a) El tratamiento médico-desadictivo; y,
b) La rehabilitación bio-psico-social.
Artículo 18°.- Para los fines a que se contrae el Artículo anterior, se establecerán en las Areas de Salud los servicios especializados en tratamiento de la drogadicción, conjuntamente o en coordinación con los servicios de rehabilitación bio-psico-social.
Artículo 19°.- El Gobierno dispondrá la creación y funcionamiento de Centros Estatales de Rehabilitación para Fármaco-Dependientes y promoverá la creación de establecimientos privados de igual índole, cuyo régimen estará caracterizado por la asistencia social, médica y educativa prestada en forma dinámica e integral por un sistema sanitario, higiénico y alimenticio, operado por personal especializado.
Artículo 20°.- El drogadicto deberá ser sometido a tratamiento, el que podrá llevarse a cabo:
a) En su domicilio.
b) En establecimientos privados; y
c) En Centros Estatales de Rehabilitación para Fármaco-Dependientes.
Artículo 21°.- La asistencia a los drogadictos en los Centros Estatales puede ser solicitada:
a) Por el mismo drogadicto
b) Por sus pacientes; y,
c) Por la autoridad judicial.
Artículo 22°.- El Juez de Primera Instancia podrá disponer a pedido del Ministerio Público, o de parte interesada, la curatela del drogadicto no incurso en investigación como presunto autor de delito, que exponga a su familia a caer en la miseria o amenace la seguridad propia o ajena, o atente contra la moral y las buenas costumbres, pudiendo ordenar de acuerdo a la capacidad económica, su internamiento en un centro estatal de rehabilitación o establecimiento privado.
Artículo 23°.- Las medidas judiciales contenidas en el Artículo anterior serán levantadas por la autoridad judicial competente cuando se acredite la total rehabilitación del drogadicto.
Artículo 24°.- Cuando se trate de un drogadicto mayor de edad, no incurso en investigación como presunto autor de delito, la autoridad policial pondrá el hecho en conocimiento del Juez de Turno en lo Civil, quien lo citará dentro del término de 48 horas, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, para interrogarlo.
Establecida la condición de drogadicto, el Juez convocará a los allegados del compareciente y dictará las medidas que considere conveniente para su rehabilitación.
Artículo 25°.- Cuando se trate de un menor de edad que se encuentre drogado y no incurso en investigación como presunto autor de acto considerado como delito o falta, será puesto a disposición de sus padres, tutores o de las personas que lo tienen a su cuidado, dentro del término de 24 horas, bajo responsabilidad, remitiendo un informe al Juez de Menores para que dicte las medidas pertinentes. Si el menor no estuviera a cargo de ninguna persona, será puesto dentro del mismo término y bajo igual responsabilidad, a disposición del Juez de Menores.
Artículo 26°.- El mayor o menor de edad que fuera reiterante en la drogadicción, obligatoriamente será internado por orden del Juez de Primera Instancia en lo Civil o del Juez de Menores, respectivamente, en un Centro de Rehabilitación para Fármaco-Dependientes.
Artículo 27°.- El Juez de Primera Instancia en lo Civil o el Menor, según corresponda de oficio podrá trabar embargo en los bienes del drogadicto o de sus representantes legales, a fin de solventar los gastos de rehabilitación.
Artículo 28°.- La condición de drogadicto sólo se determinará previo peritaje médico legal, expedido a solicitud del Juez competente y con citación del representante del Ministerio Público, este último obligatoriamente presenciará el examen del estado mental que haga el Juez.
Los peritos médicos tendrán en cuenta la naturaleza y cantidad de las sustancias que han producido la dependencia, así como la historia y situación clínica del sindicado.
Artículo 29°.- Cuando un drogadicto haya sido procesado como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, el Tribunal podrá disponer su internamiento en un Centro Estatal de Rehabilitación para Fármaco-Dependientes, a cuyo término será puesto a disposición del Tribunal para que le imponga la condena penal compatible con el delito.
Artículo 30°.- Cuando un drogadicto sea extranjero no residente, será expulsado del país, siempre que no esté comprendido como presunto autor de delito.

CAPITULO IV
De la Producción, Comercialización y Control

Artículo 31°.- Queda terminantemente prohibido el cultivo de coca y almácigos en nuevas áreas del territorio nacional. Esta prohibición incluye renovaciones y recalces en los cultivos existentes.
Artículo 32°.- El Estado fiscalizará el cultivo de todas las variedades de coca, adormidera y marihuana. Por Decreto Supremo, se podrá incorporar otras especies dentro del régimen de control.
Artículo 33°.- Erradicado o sustituido el cultivo de la coca de los predios de propiedad individual y de las empresas asociativas, sólo el Estado a través de ENACO, podrá desarrollar dicho cultivo, cuando lo justifique su industrialización, exportación, uso medicinal o fines de investigación científica. El cultivo de las demás especies vegetales sujetas a fiscalización, será de exclusividad del Estado y únicamente para los fines que se indican en el párrafo anterior.
Artículo 34°.- Los predios no conducidos directamente por sus propietarios y que se encuentren con cultivos de coca, serán afectados y expropiados prioritariamente por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, debiendo cancelarse del Registro de Productores de la Empresa Nacional de la Coca, a sus propietarios.
Artículo 35°.- Serán incautados por el Estado y adjudicados a favor de los campesinos sin tierra, los predios de propiedad individual que total o parcialmente estuvieran cultivados con coca y no procedieran sus propietarios a sustituir o erradicar dichos cultivos dentro de los términos siguientes:
a) Predios de más de 10 hectáreas, dentro de 2 años computados desde la fecha de vigencia de la presente Ley; y,
b) Predios de 5 a 10 hectáreas, dentro de 3 años computados desde la fecha de vigencia de la presente Ley.
Artículo 36°.- El Ministerio de Agricultura y Alimentación propondrá anualmente al Comité Multisectorial las áreas de erradicación y las de su sustitución gradual del cultivo de coca, según el caso, de los predios de propiedad individual de menos de 5 hectáreas y los de las empresas asociativas, de acuerdo a la mayor capacidad de uso de la calidad de los suelos.
Artículo 37°.- La Policía Forestal de la Guardia Civil del Perú colaborará especialmente en la aplicación y control de las normas de reducción y sustitución de los cultivos de coca, así como de los concernientes al cultivo de especies vegetales prohibidos; poniendo a los infractores inmediatamente a disposición de la Policía de Investigaciones del Perú, para los fines de Ley.
Artículo 38°.- En los Proyectos de Asentamiento Rural que apruebe el Ministerio de Agricultura y Alimentación, tendrán prioridad en la adjudicación los campesinos cultivadores de la hoja de coca que estén comprendidos en los programas de erradicación; asimismo, estos campesinos tendrán preferencia en los contratos de reforestación que otorgue dicho Ministerio.
Artículo 39°.- Queda prohibido otorgar, bajo ningún título, asistencia técnica, crediticia, insumos, implementos o maquinaria, para predios total o parcialmente cultivados de coca, salvo para la sustitución del cultivo de la coca por otros cultivos.
Artículo 40°.- El Ministerio de Agricultura y Alimentación, efectuará los estudios necesarios destinados a la sustitución de la coca por otros cultivos.
Artículo 41º.- El Estado a través de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima --ENACO S.A.-- realizará la industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente exclusivamente de los predios empadronados en aplicación de la primera disposición transitoria del Decreto Ley Nº 22095.
La industrialización comprende la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con fines benéficos.(*)
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(*) Artículo conforme a lo modificado por el Art. 1 de la Ley No. 27634 [T.308§118], publicado el 16/01/2002.
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Artículo 42°.- Quedan sujetas a fiscalización los productos o insumos industriales utilizados en la elaboración de drogas, según relación aprobada por Decreto Supremo.
Artículo 43°.- Los importadores y fabricantes de los insumos sujetos a fiscalización, llevarán un Registro Especial de Ventas en el que se indicará la cantidad vendida, nombre y apellidos del comprador, domicilio comercial real de éste, así como el lugar donde ha sido entregada la mercadería; conforme a las disposiciones que establezca al respecto el Decreto Supremo a que se refiere el Artículo anterior.
Artículo 44°.- Solamente con licencia de la Autoridad de Salud, los laboratorios de productos farmacéuticos podrán elaborar medicamentos que contengan drogas, debiendo comunicar la cantidad y naturaleza de la producción, en la forma y oportunidades que establezca el Reglamento.
Dichos laboratorios quedan prohibidos de vender directamente al público tanto la droga pura como los preparados.
Artículo 45°.- Los laboratorios y establecimientos farmacéuticos que tengan en existencia medicamentos que contienen drogas y que sean declarados fuera de uso, sufrido deterioro o perdido efectividad, solicitarán, cuando menos una vez al año, a la Autoridad de Salud que los califiquen como saldos descartables para su inmediata custodia y posterior destrucción en la forma que establezca el Reglamento. En los casos de siniestro o robo, el hecho se comunicará de inmediato tanto a la Autoridad de Salud como a la Policía de Investigaciones del Perú.
Artículo 46°.- Prohíbase la venta al público de las drogas comprendidas en las listas anexas al presente Decreto-Ley.
Artículo 47°.- Los medicamentos que contengan drogas descritas en la Lista II "A" del anexo de este Decreto-Ley, sólo podrán venderse al público en las farmacias y boticas, mediante prescripción otorgada por médico colegiado, extendida en Recetario Especial para dichos medicamentos exclusivamente y en dosis no mayor que la necesaria para 24 horas.
La Autoridad de Salud, previa solicitud de parte interesada acompañada de certificado médico y de la Receta Especial correspondiente, autorizará el despacho de cantidades mayores que las posológicas para 24 horas, destinadas al tratamiento de enfermos hiperalgésicos.
Artículo 48°.- Los medicamentos que contengan las drogas descritas en la Lista III del anexo de este Decreto-Ley, sólo podrán venderse al público en farmacias y boticas, mediante prescripción otorgada por médico u odontólogo colegiados, extendida en Recetario Especial.
Artículo 49°.- La Receta Especial que prescriba un medicamento que contenga alguna de las drogas descritas en las Listas II "A" y III, deberá ser manuscrita por el facultativo en forma legible, con las cantidades expresadas en letras, debiendo constar el nombre, apellidos y domicilio del enfermo y del médico tratante con su número de colegiación profesional, así como el diagnóstico, sólo tendrá vigencia durante 3 días.
Artículo 50°.- Las Recetas Especiales serán extendidas por triplicado. El original y una copia las entregará el facultativo al interesado para la adquisición del medicamento en la farmacia o botica. La copia restante deberá ser conservada por el facultativo durante 2 años, para los efectos del control respectivo por la Autoridad de Salud.
Artículo 51°.- Los establecimientos autorizados para la venta al público de los medicamentos que contengan drogas comprendidas en las Listas II "A" y III, solamente las despacharán previa entrega del original y copia de la Receta Especial respectiva, llevarán un Registro de Consumo, Ventas y Existencia, así como un Archivo en el que guardarán debidamente numerados y por orden cronológico, las guías de remisión y la copia de las Recetas Especiales despachadas, dejando constancia de la identificación del adquirente.
Artículo 52°.- Los medicamentos que contengan drogas comprendidas en las Listas II B y IV del presente Decreto-Ley, serán expedidas al público por farmacias y boticas, mediante receta médica común.
Artículo 53°.- Los medicamentos que contengan drogas comprendidas en las Listas II B y IV del presente Decreto-Ley, únicamente podrán ser adquiridos directamente por los profesionales encargados de su aplicación.

CAPITULO V
Del Delito del Tráfico Ilícito de Drogas y de las Penas

Artículo 54°.- El delito de tráfico ilícito de drogas es perseguible de oficio y denunciable por acción popular; su juzgamiento es competencia del fuero común.
Artículo 55°.- Se impondrá pena de internamiento a los que promuevan, organicen, financien o dirijan bandas o grupos de personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas entre el país y el extranjero.
Los demás integrantes de estas bandas o grupos de personas serán sancionadas con pena de penitenciaría no menor de 15 años.
Artículo 56°.- Se impondrá pena no menor de 15 años de penitenciaría:
a) A los que promuevan organicen, financien, dirijan o integren bandas o grupos de personas para dedicarse al tráfico ilícito de drogas dentro del país.
b) A los funcionarios, trabajadores públicos o miembros de las Fuerzas Policiales encargadas de controlar, perseguir, investigar, juzgar o custodiar que, dolosamente procuren la impunidad o fuga de los autores, cómplices o encubridores de los hechos previstos en esta Ley, como delito de tráfico ilícito de drogas; y,
c) Al que proporcione a cualquier título, capital, bienes, maquinarias, implementos, insumos, medios de transporte, para la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo.
Artículo 57°.- Se impondrá pena no menor de 10 años de penitenciaría:
a) Al que administre, instigue o induzca al consumo de drogas a incapaces o menores de 18 años de edad.
b) Al que administre drogas a otras personas con violencia o engaño.
c) Al que utilice menores de edad en la comisión de los hechos delictivos que esta Ley reprime.
d) Al que comercie con drogas en centros educativos, asistenciales o centros de readaptación social.
e) Al que fabrique sin autorización cualquier clase de drogas de las previstas en las Listas I y II "A"; y,
f) Al que comercie ilícitamente con drogas consideradas en las Listas I y II "A".
Artículo 58°.- Se impondrá pena de prisión no menor de 2 años ni mayor de 15 años:
a) Al que cultive o conserve adormidera, marihuana, coca o cualquier otra especie vegetal, con el propósito de obtener drogas o las venda a sabiendas a quien produce drogas ilícitamente.
b) Al que insigne al consumo de droga, mediante demostración de su uso u obsequio con fines de tráfico ilícito.
c) Al que teniendo acceso a cualquier droga por razón de su ocupación o empleo se apodere o disponga de ella sin autorización.
d) Al que distribuya ilícitamente drogas en pequeñas cantidades, directamente a consumidores individuales.
e) Al que posea drogas sin autorización, salvo en dosis para su propio consumo inmediato. La eximencia requerirá peritaje médico legal; y,
f) Al que administre drogas sin causa médica.
Artículo 59°.- Se impondrá prisión de 4 a 15 años al médico u odontólogo que recete o administre medicamentos que contengan drogas, de las previstas en las Listas I y II "A" anexos al presente Decreto-Ley, si causa que lo justifique.
Artículo 60°.- Se impondrá prisión no menor de 2 años ni mayor de 5 años:
a) A los conductores de predios rústicos o a los representantes legales de las Empresas Asociativas de Producción, que cultiven coca sin estar inscritos en el Registro de Productores correspondientes; o que habiéndose inscrito cultiven extensiones mayores a las registradas o autorizadas.
b) Al que suministre hojas de coca como forma de pago total o parcial de remuneraciones por servicios personales.
c) Al propietario, arrendatarios, administrador, vigilante o encargado a cualquier título, que consienta la distribución o consumo de droga en el local o predio a su cargo; y,
d) Al que comercialice hojas de coca en zonas no autorizadas o en zonas autorizadas sin licencia de ENACO.
Artículo 61°.- Toda condena llevará consigo las penas accesorias de multa y de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, la industria y el comercio. La pena de multa no será inferior a 30 salarios mínimos vitales de la provincia de Lima, de la actividad económica de más alta remuneración, ni mayor de 6 meses de la renta bruta del condenado. La inhabilitación se extenderá todo el tiempo que dure la condena más 5 años como mínimo después de cumplirla.
Artículo 62°.- No rige para los cómplices del delito de tráfico ilícito de drogas el beneficio establecido en el Artículo 102° del Código Penal.
Artículo 63°.- Los extranjeros que hayan cumplido la condena impuesta serán expulsados del país, quedando prohibido su reingreso.
Artículo 64°.- No se concederá libertad provisional, liberación condicional, conmutación, condena condicional ni indulto a los procesados o sentenciados, según el caso, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.
Artículo 65°.- Se considerará reincidente al condenado en el extranjero por delito análogo.

CAPITULO VI
Decomiso e Incautaciones

Artículo 66°.- Serán decomisados las drogas, insumos, fábricas, laboratorios, alambiques, implementos y enseres empleados en la producción y fabricación ilícita de drogas.
Los cultivos serán destruidos en presencia del Juez Instructor, de un representante del Ministerio de Agricultura y Alimentación y otro representante de la Policía de Investigaciones del Perú, levantándose a tal efecto el acta correspondiente.
Serán incautados los terrenos de cultivo y afectados a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural para su posterior adjudicación a los campesinos sin tierra; también serán incautados los inmuebles utilizados como fábricas, depósitos o lugares de expendio, así como los vehículos en que hubiere efectuado la distribución o transporte de las drogas, siempre que pertenezcan a los autores, cómplices o encubridores del delito, o a quienes teniendo conocimiento del mismo no lo hubieran denunciado de inmediato.
También será incautado el dinero empleado u obtenido en la comisión del delito de tráfico ilícito, objeto de la investigación, el mismo que será depositado en el Banco de la Nación, para su ingreso al Tesoro Público.
Artículo 67°.- Las drogas decomisadas serán depositadas en un local especial cuya custodia y responsabilidad será del Ministerio del Interior.
Artículo 68º.- Las drogas decomisadas serán destruidas públicamente en presencia de una comisión presidida por el Ministro del Interior integrada por un Vocal de la Corte Suprema y el Director General de la Policía Nacional del Perú, así como de un Notario Público, que dará fe del acto. Las drogas que se destruyan serán analizadas y pesadas momentos antes, por un profesional químico de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y otro del Ministerio de Salud, estos últimos así como el Notario serán designados rotativamente. (*)
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(*) Artículo conforme a lo modificado por el Art. 1 de la Ley No. 27634 [T.308§118], publicado el 16/01/2002.
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Artículo 69°.- Los demás bienes decomisados e incautados serán administrados o utilizados para el servicio oficial por las dependencias públicas, mientras se expida la sentencia condenatoria que ordene su incautación definitiva, o la absolutoria que disponga su devolución al propietario, pagándose en este último caso una indemnización equitativa por su uso.
Artículo 70°.- Los bienes incautados o decomisados definitivamente serán adjudicados al Estado y afectados en uso a los organismos públicos que se determine. Aquellos bienes que no sirvan para este fin serán vendidos en pública subasta y su producto constituirá ingreso del Tesoro Público.

CAPITULO VII
Normas Especiales de Procedimiento

Artículo 71°.- En la investigación del delito materia del presente Decreto-Ley, la Policía de Investigaciones del Perú podrá adoptar las siguientes medidas:
a) Efectuar la detención preventiva de los traficantes, cómplices o encubridores por un término no mayor de 15 días, con conocimiento del Juez Instructor.
b) Ingresar o allanar y registrar los lugares señalados como depósitos, fábricas o centros de distribución clandestina de drogas.
c) Inspeccionar con la intervención de un funcionario del Ministerio de Salud los laboratorios, farmacias y boticas.
d) Restringir o impedir el ingreso, tránsito o salida del país a personas que se dediquen al tráfico ilícito o se sospeche que lo efectúan; y,
e) Trasladar de un lugar a otro con conocimiento del Juez Instructor a quienes se encuentren complicados en este delito, cuando la medida sea necesaria para el buen éxito de la investigación.
No procederá el recurso de Habeas Corpus con motivo de los actos anteriormente indicados y otros relacionados con la investigación.
Artículo 72°.- Si la Policía de Investigaciones del Perú encuentra que están comprendidos en el tráfico ilícito, menores de 18 años de edad, los pondrá a disposición del Juez de Menores dentro del término de 24 horas.
Artículo 73°.- La Policía de Investigaciones del Perú al iniciar las pesquisas con motivo del tráfico ilícito de drogas, podrá solicitar al Juez Instructor que dicte las medidas precautelativas correspondientes sobre los bienes muebles e inmuebles del investigado, aun antes de dictarse el auto apertorio de instrucción.
Artículo 74°.- El auto de libertad concedido por el Juez Instructor, de conformidad con el Artículo 83° del Código de Procedimientos Penales, es apelable por el Agente Fiscal y/o el Procurador General de la República. No se hará efectiva la libertad decretada sino después de ser aprobado dicho auto por el Tribunal Correccional.

CAPITULO VIII
De las Infracciones Administrativas

Artículo 75°.- Los que infrinjan las disposiciones contenidas en los Arts. 43° al 45° y 47° al 53° del presente Decreto-Ley, serán sancionados con multa no menor al monto de dos salarios mínimos vitales de la provincia de Lima, de la actividad económica de más alta remuneración, ni mayor de 20 y con la clausura del establecimiento en su caso.
Los reincidentes serán considerados como autores del delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el inc. e) del Artículo 57° sin perjuicio de la multa correspondiente.
Artículo 76°.- Los representantes o mandatarios legales de las personas jurídicas que incurran en alguna infracción de las establecidas, serán solidariamente responsables con ésta, en el pago de la multa que se imponga.

CAPITULO IX
Organos Administrativos

Artículo 77°.- El Comité Multisectorial de Control de Drogas a que se refiere el Artículo 3° del presente Decreto-Ley, tiene como atribuciones las siguientes:
a) Aprobar los lineamientos de política que proponga la Oficina Ejecutiva o establecer los que estime conveniente.
b) Dictar las normas complementarias que sean necesarias para el mejor cumplimiento de la Ley, en especial las correspondientes a determinar las áreas de reducción progresiva del cultivo de coca y su comercialización.
c) Disponer la ejecución de acciones por parte de la Oficina Ejecutiva y encomendar las de control multisectorial que sean necesarias.
d) Proponer las medidas concernientes para alcanzar los objetivos de la Ley; y,
e) Designar el organismo que deba representar al país, en eventos internacionales, en atención a su especialidad.
Artículo 78°.- Créase la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, la misma que será incorporada a la estructura del Ministerio del Interior, en la condición de Organo de Coordinación, bajo dependencia directa y exclusiva del Ministro del Interior.
Artículo 79°.- La Oficina Ejecutiva en base a los lineamientos de política aprobados por el Comité y a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, estará encargada de:
a) Planear, normar, coordinar y controlar las actividades que a nivel nacional sean necesarias para alcanzar los objetivos previstos en el presente Decreto-Ley.
b) Comunicar a los Sectores Administrativos las decisiones del Comité Multisectorial para que éstos las ejecuten y controlen.
c) Supervisar la ejecución de las actividades programadas.
d) Recibir, registrar y canalizar los bienes, recursos técnicos y/o económicos que sean donados para su aplicación en el logro de los objetivos de la presente Ley; así como dispone el uso de bienes incautados o decomisados.
e) Promover la cooperación internacional contra el tráfico ilícito y uso indebido de drogas; y,
f) Mantener relaciones con organizaciones internacionales y con las que se han suscrito convenios y/o entidades afines.
Artículo 80°.- La Oficina Ejecutiva de Control de Drogas estará integrada por un funcionario procedente de cada uno de los Sectores cuya intervención sea necesaria en la aplicación del presente Decreto-Ley, los que serán designados por Resolución del Ministerio al que correspondan y destacados al Ministerio del Interior.
Considerando la función de supervisión y de control encomendada a la Oficina Ejecutiva, quedan excluidos de integrar dicha Oficina los miembros de las Instituciones encargadas de la prevención, persecución y represión del delito de tráfico ilícito de drogas.
Artículo 81°.- Igualmente, son miembros integrantes de la Oficina Ejecutiva mencionada, el Procurador General de la República que designe el Consejo de Defensa Judicial del Estado, así como el Fiscal de la Corte Superior de Lima que designe su Sala Plena. Dichos representantes letrados tienen la facultad especial de supervisar y controlar las investigaciones policiales y administrativas en Lima y Callao que se realicen con ocasión de la comisión del delito de tráfico de drogas, así como de denunciar las irregularidades que sean de su conocimiento, bajo responsabilidad.
Artículo 82°.- En provincias ejercerán la función especial de supervisión y control de las actividades policiales y administrativas los Fiscales y Agentes Fiscales designados por las Cortes Superiores de Justicia, respectivas.
Artículo 83°.- De conformidad con la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones del Perú -Decreto 18071- ésta tiene como misión investigar y denunciar los delitos. En consecuencia, las autoridades políticas, civiles, militares que tuvieran conocimiento de la comisión de un delito o infracción administrativa previstos por la presente Ley, están obligadas bajo responsabilidad, a comunicar el hecho en el término de la distancia a la dependencia PIP, más cercana, la que asumirá de inmediato la investigación y pondrá a los infractores a disposición de la autoridad competente.
Artículo 84°.- Los hechos delictivos sancionados por la presente Ley, que ocurrieran en lugares del territorio nacional donde no exista Estación o Dependencia de la PIP, serán investigados y denunciados por la Guardia Civil, siempre y cuando los mismos no tengan vinculación con hechos que se encuentren en proceso de investigación por aquella.
Artículo 85°.- Los Sectores Público y No Público están obligados a prestar todo tipo de información, colaboración técnica y de brindar las facilidades solicitadas por las organizaciones administrativas creadas en el presente Decreto-Ley y por las Instituciones Policiales, en el cumplimiento de su función.

Disposiciones Complementarias

Artículo 86°.- La inclusión de una nueva sustancia o la exclusión de alguna de las comprendidas en las listas anexas, podrá hacerse por Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Salud.
Artículo 87°.- En todo lo que no se encuentre previsto por el presente Decreto-Ley con relación a los delitos y penas, así como a los procedimientos judiciales, regirán las normas del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales, en su caso.
Artículo 88°.- Transfiérase dentro del término de 90 días, computado a partir de la vigencia del presente Decreto-Ley, la Empresa Nacional de la Coca del Sector Industria, Comercio, comprendiendo en dicha transferencia el personal, los activos y pasivos de dicha Empresa.

Definición de Términos Empleados

Artículo 89°.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
1) "Adormidera", a la planta del género papaver.
2) "Administrar", el acto de aplicar, inyectar, dar o hacer tomar una droga.
3) "Alucinógenos", "psicoactivos", o "psicodislépticos", a las sustancias naturales o sintéticas que producen distorsiones del tiempo o del espacio, visiones caleidoscópicas, alucinaciones y desdoblamiento de la personalidad pudiendo causar dependencia.
4) "Arbusto de coca", a la planta del género erythroxilon y sus especies y variedades erythroxilaceas.
5) "Cannabis" o "marihuana", a la Cannabis sativa L, planta dioica que contiene principios psicoactivos.
6) "Cocaína", a los alcaloides extraídos de las hojas del arbusto de la coca o preparados por síntesis a partir de la ecgonina, en todas sus formas o derivados, y que tienen la capacidad de crear dependencia.
7) "Comerciar", el acto de depositar, retener, ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar, transportar, importar, exportar, expedir en tránsito o que bajo cualquiera otra modalidad se dedique a actividades ilícitas con drogas.
8) "Cultivo", el acto de sembrar, plantar, cosechar y/o recolectar vegetales que contengan sustancias fiscalizadas.
9) "Dependencia", "Drogadicción" o "Fármaco Dependencia", al estado de intoxicación periódica o crónica motivada por el consumo repetido de una droga, o el estado psíquico o a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y una droga, caracterizado por:
-Un impulso irreprimible a tomar la droga en forma continua o periódica y de procurársela por cualquier medio.
-Una tendencia a ir aumentando progresivamente la droga.
-Un estado psíquico o psicológico y a veces físico por los efectos de la droga.
10) "Dependencia física", al estado mediante el cual el organismo se adapta a la droga y, que, al suspenderse su administración o al modificar su acción por la administración de un antagónico específico, provoca el síndrome de abstinencia.
11) "Dependencia psíquica", el estado de satisfacción y el impulso psíquico irreprimible que conduce a tomar una droga en forma periódica o continua.
12) "Dosis personal" o en "pequeña cantidad", es la cantidad de fármaco o droga que diariamente puede ingerir una persona que por cualquier vía.
13) "Droga", a cualquier sustancia natural o sintética que, al ser administrada al organismo, altera el estado de ánimo, la percepción o el comportamiento, provocando modificaciones físicas o psíquicas y que son susceptibles de causar dependencia; comprende las sustancias contenidas en las listas anexas; para los efectos de la represión penal, se considera únicamente las listas I y II A.
14) "Drogadicto" o "Fármaco Dependiente", a cualquier persona dependiente de drogas o que las usa indebidamente y en forma crónica.
15) "Fabricación", el acto de preparar, elaborar, manufacturar, componer, convertir o procesar cualquier sustancia fiscalizada, ya sea por extracción de sustancias de origen natural o mediante síntesis químicas.
16) "Fiscalización" a las acciones del Estado, destinadas a controlar, de conformidad con necesidad médicas y científicas, el cultivo, la fabricación, comercialización y tenencia de drogas, con el objeto de preservar la salud.
17) "Instigación", toda acción que incite, provoque o induzca, promueva, favorezca o facilite el consumo de drogas.
18) "Medicamento", a los preparados que contengan drogas con fines terapéuticos.
19) "Opio", el latex coagulado espontáneamente obtenido de las cápsulas de la planta del género papaver.
20) "Rehabilitación", a las acciones destinadas a lograr la readaptación al medio biopsico-social de las personas adictas a las drogas.
21) "Síndrome de abstinencia" al conjunto de síntomas consistentes en intensos trastornos físicos provocados en el organismo por la interrupción en la administración de una droga.
22) "Tráfico ilícito", toda acción u omisión dolosa tipificada como tal en el presente Decreto-Ley.
23) "Uso indebido", al acto de administrarse drogas con fines no medicinales ni de investigación científica.

Disposiciones Transitorias

Primera.- Los conductores de predios que a la fecha de vigencia del presente Decreto-Ley se encontraren dedicados al cultivo de la coca, quedan obligados a empadronarse en el Registro de Productores de la ENACO, en el término de 90 días computados a partir de la vigencia de la presente Ley. Los omisos a dicha inscripción están incursos en el delito previsto y penado en el inciso a) del Artículo 60°.
Segunda.- Mientras la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) no cuente con los medios para asumir las atribuciones que le confiere el presente Decreto-Ley, controlará normará el acopio secado y transporte para su distribución, a fin de que la producción de la coca no derive a fines ilícitos. Asimismo, determinará anualmente los fundos cuyos conductores, deban venderle obligatoriamente la totalidad de su producción, de acuerdo a las disposiciones del Comité Multisectorial de Control de Drogas.
En las zonas donde la comercialización de las hojas de coca no esté prohibida, ENACO expedirá, previa calificación, las licencias que autoricen dicha actividad, a personas naturales o jurídicas.
Tercera.- En tanto el Estado no tenga la infraestructura necesaria para asumir el monopolio de las drogas previstas en las listas a que se refiere el Artículo 14° del presente Decreto-Ley, el sector privado importará las consideradas en la Lista III y IV B, bajo fiscalización. Por Decreto Supremo el Estado irá gradualmente incorporando dentro de su atribución las drogas a que se hace referencia.
Cuarta.- Los medicamentos que contengan drogas de la Lista III, no serán objeto de monopolio estatal y podrán ser vendidas al público bajo receta médica común, hasta que los organismos competentes alcancen la infraestructura más adecuada, la que será determinada por Decreto Supremo.
Quinta.- Los Sectores Administrativos competentes quedan facultados a dictar las disposiciones necesarias para adecuar sus objetivos sectoriales a las normas prescritas por el presente Decreto-Ley.
Sexta.- En tanto el Estado no cuente con los medios hospitalarios especializados contemplados en el Capítulo III, y mientras éstos sean dotados, la autoridad competente aplicará todo lo pertinente al tratamiento obligatorio de los drogadictos, para aquellos que cuenten con los medios económicos necesarios, y en los lugares en los que existe la atención médica especializada.
El Ministerio de Salud, comunicará por intermedio del Primer Ministro, al Poder Judicial, la fecha y lugar de funcionamiento de cada nuevo centro de rehabilitación estatal, para la recuperación del drogadicto.
Sétima.- Los propietarios de los predios comprendidos en el Artículo 35° del presente Decreto-Ley, que acreditaran fehacientemente la imponibilidad agroeconómica de sustituir los cultivos de coca en los términos señalados por ley, por excepción y por una sola vez se les concederá un plazo adicional, el cual no excederá del término previsto en la ley, mediante Resolución Suprema, refrendado por el Ministro de Agricultura y Alimentación.
Octava.- Tratándose de predios ubicados en zonas no autorizadas por el Decreto Supremo N° 254-64 DGS, de 1 de diciembre de 1964, los plazos de erradicación y sustitución del cultivo de la coca a que se refiere el Artículo 35°, serán de un año para los predios de más de 10 hectáreas y de dos años para los predios de 5 a 10 hectáreas.
Para el caso de los predios contemplados en el Artículo 36° de la erradicación o sustitución del cultivo de la coca será prioritaria en las zonas no autorizadas por el citado Decreto Supremo.
Novena.- La aplicación del presente Decreto-Ley no dará lugar a demandas presupuestales de mayores recursos del Presupuesto General de la República para 1978.

Disposición Final

Queda derogada la Ley 11005, el Decreto-Ley 19505 y todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto-Ley.
Por tanto: Mando se publique y cumpla.
Lima, 21 de febrero de 1978.
Gral. de Div. EP. F. Morales Bermúdez C; Gral. de Div. EP. Oscar Molina Pallocchia; Vice-Almirante AP. Jorge Parodi Galliani; Tnte. Gral. FAP. Jorge Tamayo de la Flor; Gral. de Div. EP. Luis Cisneros Vizquerra.

A N E X O

Enumeración de Drogas sometidas a Fiscalización

LISTA I

"A"
1. Cannabis
2. Concentrado de Paja de Adormidera
3. Extractos vegetales diversos susceptibles de uso indebido
4. Heroína
5. Oxicodona (*)

"B"
1. DET
2. DMHP
3. DMT
4. (+) - Lisergida
5. Mescalina
6. Parahexilo
7. Psilocina Psilotsina
8. Psilocibina
9. STP. DOM
10. Tetrahidrocannabinoles
(*) Las denominaciones comunes internacionales (DCI) elegidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) aparecen subrayadas. Otras denominaciones comunes o triviales (no subrayadas) se indican cuando todavía el organismo nomenclador de la OMS no ha elegido ninguna DCI, o además de la DCI, como ayuda referencial.

LISTA II

"A"
1. Cocaína
2. Dextromoramida
3. Fentanil
4. Metadona
5. Morfina
6. Opio
7. Petidina, Meperidina

"B"
1. Codeína
2. Dihidrocodeína
3. Hidrocodona
4. Etilmorfina
5. Folcodina
6. Propiramo
7. Difenoxina
8. Difenoxilato.
La presente Lista II también incluye los posibles isómeros, ésteres y éteres de las sustancias enumeradas, así como las posibles sales posibles isómeros, ésteres y éteres.

LISTA III

"A"
1. Anfetamina
2. Dexanfetamina
3. Metifenidato
4. Fenciclidina
5. Fenmetracina
6. Metanfetamina

"B"
1. Amobarbital
2. Ciclobarbital
3. Glutetimida
4. Pentobarbital5. Secobarbital.

"C"
1. Anfepramona, Dietilpropion
2. Barbital
3. Etclorvinol
4. Etinamato
5. Meprobamato
6. Metacualona
7.Metilfenobarbital
8. Metiprilona
9. Fenobarbital
10. Pipradrol
11. Lefetamina, S P A

LISTA IV

"A"
Preparados de:
1. Codeína
2. Dehidrocodeína
3. Hidrocodona
4. Etilmorfina
5. Folcodina
en mezclas con contenido estupefacientes no mayor de 100 miligramos por unidad posológica.
6. Propiramo: Preparados con contenido no mayor de 100 miligramos por unidad posológica con metilcelulosa.
7. Cacaína: Preparados con contenido no mayor de 0.1% por unidad posológica.
8. Difenoxina: Preparados con contenido no mayor de 0.5 miligramo por unidad posológica.
9. Difenoxilato: Preparados con contenido no mayor de 2.5 miligramos por unidad posológica.
10. Pulvis ipecacuanhae
et opii compositus: Mezcla de polvos de opio y de raíz de ipeca al 10% cada uno en ingredientes no estupefacientes.
11. Mezclas de preparados de la presente lista entre sí o con otra sustancia no estupefaciente.

"B"
1. Clordiazepoxido
2. Diazepam
3. Oxazepam
4. Pentazocina
5. Tilidina
6. Fenproporex
7. Mefenorex
8. Fentermina
9. Amitriptidina
10. Imipramina
11. Trihexifenidil
y los medicamentos que contengan estas drogas, así como los derivados químicos de estas últimas y los preparados de esos derivados químicos.

LISTA V
1. Etorfina

LISTA VI
1. Nalorfina
2. Levalorfán
3. Naloxona
4. Ciclazocina
5. Diprenorfina
6. Apomorfina.

 

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