El conflicto y los nuevos escenarios
de la guerra en contra de las drogas
Yamil Abdala
La experiencia ha demostrado que en Colombia la política
de represión policial y militar en contra de las drogas ha sido un fracaso. Una
de las tesis de este artículo es que el error radica en pretender resolver los
problemas sociales y estructurales de la sociedad a partir de recursos técnicos
como la fumigación, y militares o policiales de tipo represivo.
Esta política además, ha desencadenado una grave situación
de conflicto social y de orden público en el país. Estamos hablando de la
emergencia humanitaria más aguda de este hemisferio, y no hay una conciencia
clara de los efectos generados. El objetivo aún es doblegar al enemigo (en el
transcurso del artículo trataré de definirlo) y no se piensa en soluciones
concertadas, no hay conciencia del daño social y de la necesidad de revaluar
los términos en los que se explica el conflicto.
El artículo tiene como objetivo hacer un reconocimiento
de los escenarios políticos de la estrategia antidroga, en relación a la
intensificación del conflicto en términos sociales, humanitarios y
medioambientales, y a la forma en que tanto el gobierno colombiano como el
norteamericano le están haciendo frente, para posteriormente hacer una
interpretación del mismo y finalmente concluir pertinentemente.
Evolución de la política
Estados Unidos se encuentra desde hace décadas en una
cruzada en contra de las drogas. Inicialmente la droga fue la peor amenaza a la
salud pública de los norteamericanos. La política pasó sus momentos más
brillantes durante
A partir de esta fecha la percepción del problema tuvo un
cambió radical tanto para Estados Unidos como para Colombia. La erradicación de
las drogas dejaría de ser un fin como tal y se convertiría en un medio para la
consecución de un nuevo objetivo, es decir, garantizar la seguridad nacional a
través de la persecución de los medios de financiación del terrorismo. De esta
manera para
El gobierno colombiano que de forma dócil aceptaba las
sugerencias norteamericanas referentes a la política antidroga, supo sacar
provecho de la coyuntura y de la conmoción internacional, para visibilizar el
conflicto y conseguir más apoyo para sus propósitos militaristas, legitimados
por la nueva retórica del terrorismo.
Así mismo cambió su relación con los actores del conflicto,
pues aquellos que anteriormente habían sido considerados actores políticos
legítimos, se convirtieron casi irreversiblemente en terroristas, con los
cuales, si se siguen los nuevos dogmas antiterroristas, no se debe negociar.
La alineación de Colombia con la política exterior norteamericana se puso aún más en evidencia con el apoyo del gobierno Uribe a la invasión de Irak. El común denominador es la lucha global contra el terrorismo y contra todos las actividades que giran alrededor de él (drogas, armas, lavado de dinero, etc).
Del Plan
Colombia al IRA: Un mercado de violencia
que se regionaliza
El Plan Colombia como estrategia antidrogas de la
política de ‘narcotización’[2] del gobierno Bush, reiteró el
fracaso de la guerra estadounidense en contra de las drogas, logró desvanecer
aún más esa fina línea que separa a la guerra contrainsurgente y a la guerra
antidrogas, y además contribuyó a la agudización del conflicto en términos de
orden público, social, medioambiental y
humanitario.
En su solicitud de financiación suplementaria para la
guerra contra el terrorismo y la defensa de la seguridad nacional, presentada
en marzo de 2002, el presidente Bush pidió la autorización del congreso para
que las ayudas antinarcóticos que Colombia ya había recibido por medio del Plan
Colombia pudieran utilizarse en la lucha contra el terrorismo. Además aceptó
financiar actividades militares no relacionadas con la lucha contra las drogas
en Colombia, como la operación de seguridad para el oleoducto Caño limón-Coveñas,
donde se han invertido cerca de US $100 millones[3] en salvaguardar intereses
norteamericanos.
Ante la amenaza inminente de la expansión del conflicto
colombiano a nivel regional, el gobierno norteamericano diseño su llamada
Iniciativa Regional Andina (IRA).
Según Rand Beers (Subsecretario de Estado para Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Administración de Justicia),
Paralelamente surgió
La IAA tiene los siguientes objetivos:
·
Promover y apoyar la democracia y las instituciones democráticas,
·
Fomentar el desarrollo económico sostenible y liberalización del comercio,
·
Reducir significativamente el suministro de drogas ilegales hacia Estados
Unidos en la fuente.
Esta iniciativa, como todas las ya propuestas por Estados
Unidos, sigue atacando el problema directamente a través de la interdicción
pero ignora las causas estructurales que lo motivan.
La IAA fue la encargada de oficializar que el conflicto
colombiano estaba contaminado la región, pero en realidad hace parte de la
estrategia neo-mercantilista de los Estados Unidos en función del ALCA y el
mantenimiento de su hegemonía a nivel global.
No por nada uno de los objetivos de la IAA es la
liberalización del comercio, lo que en el contexto de una estrategia
antinarcóticos suena algo contradictorio.
Para la opinión pública norteamericana, la lucha contra
las drogas sigue siendo de enorme importancia, pues no se han presentado
cambios significativos ni en los precios de las drogas en las grandes ciudades,
ni en el crimen asociado a ellas o el número de usuarios[6].
En febrero de 2004 el Presidente Bush
presentó al congreso una solicitud presupuestal para el 2005. En el marco de
esta propuesta el gobierno colombiano contaría con US $593.7 millones, de los
cuales US $443.7 beneficiaran a la policía y ejercito[7].
De otro lado, el gobierno colombiano
recibiría en virtud de la IRA
US $463 millones, de los cuales US $150 se utilizarían para
proyectos de desarrollo alternativo, asistencia humanitaria y fortalecimiento
institucional[8].
Veamos las denominaciones de otros fondos
de los cuales el gobierno de Colombia recibe financiación:
·
FMF - Foreign
Military Financing[9] (financiación
militar extranjera): US $108 millones.
“..será usado para continuar nuestro apoyo a Colombia y
al Presidente Uribe, que se ha comprometido a vencer las organizaciones
terroristas designadas por EU. La FMF va a apoyar la estrategia colombiana de
seguridad...”[10]
·
IMET - International Military Education and Training (educación y
entrenamiento militar internacional): US $1.7 millones.
“...complementa
objetivos claves en Colombia, proveyendo entrenamiento al ejercito colombiano,
con énfasis en derechos humanos...”
·
NADR-ATA - Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related
Programs - Anti-terrorism Assistance (no-proliferación, antiterrorismo,
desminado y programas relacionados – Asistencia antiterrorista): US $ 3.92
millones
·
NADR-SALW - Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related
Programs – Small Arms - Light Weapons (no-proliferación, antiterrorismo,
desminado y programas relacionados – Armas pequeñas/Armas livianas): US $ 200
mil.
Esta lista es bastante elocuente en sí
misma, en ella se puede observar el curso de la cooperación que Estados Unidos
pretende llevar a cabo con el Gobierno colombiano. Es importante observar que
al menos un 80 % de la ayuda total será destinada a la fuerza pública.
Según el documento Highlights
of the Bush Administration’s 2005 Latin America aid request[11] se
puede observar una clara tendencia, especialmente en la financiación para
desarrollo y ayuda humanitaria y para ayuda militar.
La
primera tiende a declinar en un 10 % entre 2003 y 2005. Por su parte la ayuda
militar tiende a aumentar.
El pasado 29 de abril en una audiencia sobre
“apropiaciones para asistencia de seguridad para el año fiscal
El Comité del Senado de Servicios Armados (Senate Armed Services Committee)
accedió el pasado 12 mayo a la petición de
En Colombia ha surgido lo que el antropólogo social
George Elwert[15] denomina un ‘mercado de
violencia’ (Gewaltmarkt). Elwert hace referencia a situaciones
semejantes a guerras civiles como: sistemas de señores de guerra, bandolerismo
y obligaciones de luchas tradicionales que son dominadas por una motivación
económica; estos se desarrollan en ‘espacios abiertos para la violencia’ (gewaltoffene
Räume).
Cuando la economía de mercado (legal o ilegal) y un
‘espacio abierto para la violencia’ coinciden, puede surgir una
reotroalimentación positiva, es decir que los intereses económicos que mueven
el conflicto (independiente si estos son fin o medio del mismo) amplían el
‘espacio abierto para la violencia’ y se crea un sistema autoestabilisante, es
decir un ‘mercado de violencia.’
Si tomamos esta teoría como base, se puede afirmar que
las drogas alimentan el ‘mercado de violencia’ colombiano así: los grupos
armados encuentran en ellas su principal fuente de financiación, el gobierno y
la fuerza pública justifican la necesidad de ayuda militar norteamericana en la
guerra contrainsurgente/ antiterrorista/ antinarcóticos y el gobierno
norteamericano justifica en su cooperación y compromiso ciertos niveles de
intervención y decisión en asuntos políticos y económicos internos de interés
bilateral o propio.
En la medida en que cualquiera de los actores tiene
acceso a mayores recursos que podrían desestabilizar el ‘mercado de violencia’,
los otros se encargan de conseguir los medios necesarios para estabilizarlo. El
‘mercado de violencia’ tiende entonces a crecer, mientras ninguno de los bandos
tenga la capacidad de doblegar al otro.
Se insiste entonces en una solución negociada al conflicto pues la dinámica de la guerra, como se plantea hasta ahora, logrará lo que podríamos denominar un proceso constante de incremento y estabilización de este ‘mercado de violencia’.
La política
de “Seguridad Democrática”
La política de Seguridad Democrática
del presidente Uribe ha logrado llevar gobierno (en términos de autoridad) a
varias de las zonas ignoradas del país.
Hay que reconocer que una de las
mayores debilidades de la democracia colombiana ha sido precisamente la
ausencia del Estado[16]
en regiones consideradas como marginales, especialmente las zonas de bosque
tropical tenidas en cuenta únicamente bajo los esquemas de extracción sin
compensación, y de espacios de recepción de población desplazada del resto del
país[17].
El desacierto consiste en creer que
enviar autoridad significa crear gobernabilidad, y que seguridad no es más que
soberanía.
Según Ramírez Ocampo la seguridad democrática trasciende
sus tradicionales funciones de preservación de la soberanía nacional, la
integralidad territorial y el orden jurídico de los estados, para centrarse fundamentalmente
en la protección de la persona humana.”[18] Esto significa también
seguridad en términos alimentarios, laborales y de que sus derechos
fundamentales van a ser respetados.
La definición de políticas públicas suele caer en un
error muy común, y que tiene que ver con la diferenciación entre los conceptos
de ‘deberes’ y ‘problemas’. Esto hace que la política pierda su norte en
término de objetivos.
Para comprender estos errores conceptuales en la forma en
que se plantea una política pública, proponemos establecer las definiciones de
base que
La situación se hace compleja cuando existe una confusión
en cuanto a sí la estrategia de acción que quiere definir la política pública,
busca respuesta a un ‘problema’ o a un ‘deber’.
Para ejemplificar esta aproximación conceptual, podemos
decir que los objetivos de Estados Unidos en cuanto a la lucha contra las
drogas son muy diferentes a los que deberían ser los objetivos colombianos. Los
norteamericanos lo ven como un problema cuya solución radica en acabar con la
oferta de drogas. Nosotros en cambio deberíamos verlo como un deber, cuya
respuesta sería generar cambio y mejoramiento, con el fin de subsanar todos
esas falencias estructurales que subyacen el surgimiento y perpetuación de
estos nichos, que facilitan el surgimiento de economías ilegales y paraestados.
La política antidrogas estadounidense está convirtiendo
entonces nuestros deberes en problemas.
El gobierno se ha empeñado en presentar esta política como prerequisito para cualquier otra, especialmente en el área social, y evita darse cuenta de que la violencia generada por la política represiva, agudiza los problemas sociales y la situación de emergencia humanitaria que vive el país. El trasnochado precepto revolucionario de que hay que destruir para poder construir revive en la política actual del gobierno.
El Plan
Patriota
El gobierno colombiano lleva una larga y dolorosa guerra
contrainsurgente, cuya culminación no se hace visible, ni en el orden militar
ni político.
La administración actual pretende entonces desestabilizar
el conflicto a su favor con un despliegue de entre 14.000 y 15.000 hombres en
el sur del país, donde se encuentra el corazón de las FARC.
Las tropas estarán al menos por un año la selva, y están
entrenadas para resistir semanas y hasta meses en territorios agrestes[20].
El gobierno norteamericano ha decidido en virtud del
ambicioso plan, solicitar a su congreso el aumento del número de soldados (400)
y contratistas americanos en Colombia (troop cap) en(400), a 800 y 600
respectivamente. También solicita el incremento de la ayuda financiera durante
un periodo de tres años (al menos 110 millones de dólares servirán para
fortalecer dicho plan) y apoyo con
equipos de planeación y comunicación.
Las primeras consecuencias del Plan Patriota se dejaron
ver en el departamento del Caquetá, donde hay cerca de 1500 desplazados que
tuvieron que abandonar sus casas por temor a los enfrentamientos entre las
fuerzas armadas y las FARC o por temor a las posibles represalias[21].
Los analistas aseguran que es ingenuo
pensar que se le va ganar la guerra a las FARC en el territorio que mejor
conoce pero el gobierno parece seguro y confiado. En palabras del presidente
Uribe: “Por más espesa que sea la selva y agreste, allá llegaremos para
derrotarlos”[22].
Por su parte, el gobierno ecuatoriano se prepara para enfrentar las posibles consecuencias del Plan Patriota en sus fronteras. Las fuerzas armadas ecuatorianas están adoptando las medidas de seguridad pertinentes para poder responder a posibles despliegues de las FARC y los desplazamientos que pueden conllevar la militarización del área. Existe una seria preocupación por la llegada masiva de desplazados colombianos hasta la provincia de Sucumbíos[23], ubicada en la frontera entre Ecuador y Colombia.
Impacto de
la política en función de sus objetivos
La UNODC[24] presentó en marzo de 2003 su
informe Coca Survey 2002[25], donde se destacaba el enorme
avance que habían logrado las autoridades antinarcóticos en materia de
erradicación. Los cultivos habrían sido reducidos en un 30 % entre el 2001 y el
2002, pasando de
Sin embargo según informes recientes del gobierno
norteamericano[26], en 2001 se estimaron
En 2001 se fumigaron
La tendencia hasta el año 2001 era que
independientemente de cuanto se fumigara en Colombia o se erradicara en Perú y
Bolivia, el total de hectáreas de la región seguía siendo alrededor de 200.000.
Desde ese punto de vista vemos una reducción considerable en la superficie
cultivada para los tres países andinos, ya que en 2002 se estimaban
Esto podría ser considerado como un triunfo en función de
los objetivos norteamericanos de erradicación, pero no repercutió en la
reducción de la oferta de drogas en este país, hecho que ha sido aceptado tanto
por el Departamento de Estado como por la DEA[28]. En el caso de la cocaína y
heroína, los precios de venta en las principales ciudades de los Estados Unidos
han permanecido estables e incluso han bajado[29].
En términos de la estructura y distribución de los
cultivos se habla de una atomización de los mismos, es decir que ahora hay más
municipios cultivando menos coca[30]. El desplazamiento de los
cultivos a diferentes regiones sigue deslegitimando la política, y a pesar de
que las fumigaciones lograron romper el equilibrio de la superficie cultivada
en
Las
fumigaciones: eminente peligro en los parques naturales
Las fumigaciones han causado durante años el efecto de
desplazar los cultivos a otras regiones donde aún no se fumiga. Este fenómeno
ha tenido por consecuencia la dispersión territorial de los cultivos, una mayor
expansión de la frontera agraria, y solo recientemente algo de reducción en la
superficie cultivada (no en la oferta de drogas). Una de las consecuencias de
esta dispersión es el aumento de los cultivos de coca y amapola en parques y
reservas naturales, que se estima en unas 4500 hectáreas.
En junio de 2003 el Consejo Nacional de Estupefacientes a
través de su resolución 0013 intentó legitimar la fumigación en parques y
reservas naturales, sin embargo, “Esta resolución es inconstitucional e ilegal, puesto que desconoce lo establecido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en el Plan de
Manejo Ambiental”[31].
El 10 de diciembre de 2003 el
Congreso de Estados Unidos aceptó que los fondos del Plan Colombia fueran
utilizados para fumigar las zonas definidas como parques naturales, en un país
que cuenta con las siguientes características en cuanto a sus recursos
naturales: es el segundo país del mundo en diversidad de especies de fauna y
flora después de Brasil, se estima que existen entre 45 mil y 55 mil especies
diferentes de plantas de las cuales aproximadamente la tercera parte son
endémicas; hay 3500 especies de orquídeas identificadas; está clasificado como
el tercer lugar con mayor diversidad de vertebrados terrestres; se han
identificado 1721 especies de aves que constituyen el 20 % de las aves del
mundo. Esta diversidad implica también una enorme vulnerabilidad[32].
En respuesta a la aprobación de parte del Gobierno de Estados Unidos a la fumigación en los parques, Sandra Suárez, ministra del medio ambiente de Colombia aseguró, que “primero se optará por la erradicación manual”[33], esto, más que salvaguardar las áreas de alta diversidad de flora y fauna, significa que el gobierno nacional no descarta aún la posibilidad de llevar a cabo fumigaciones en los parques naturales.
Impactos
humanitarios a nivel regional
Por su parte, las fumigaciones han generado impactos de
diferentes tipos en los países vecinos que van más allá de las fluctuaciones de
la oferta local de cada uno de los países.
Según Codhes (Consultoria para los derechos humanos) una
de las principales causas de desplazamiento en Nariño y Putumayo es
Como las actividades locales giran en torno a la economía
de la coca, se genera una gran tensión entre los actores regionales,
especialmente en el sur del país, lo que contribuye al escalamiento del conflicto
y consecuente intensificación de la violencia.
En otras palabras las fumigaciones se convierten en una
emergencia humanitaria gestionada por el estado
Los desplazamientos hacia Ecuador también han aumentado considerablemente. Mientras que en el 2000 las peticiones oficiales de refugio al vecino país ascendían a 323, para agosto de 2003 se habían incrementado a 8.973[35].
La
fumigación es un acto de fe
A finales los años 70 comenzaron las
primeras fumigaciones con Paraquat en las regiones adyacentes a
Más de un cuarto de siglo después,
seguimos sin saber cuáles son los impactos reales que tienen estas aplicaciones
en ecosistemas tan ricos, pero a la vez tan frágiles como los nuestros.
Todo lo que gira alrededor de la
fumigación sigue siendo un misterio, incluyendo algunos de los ingredientes
inertes[37]del
glifosato, que son considerados un secreto comercial[38].
Los impactos en el medio ambiente y en
los seres humanos son denunciados constantemente a la Defensoría del Pueblo y a
las distintas ONGs por los campesinos.
Estudios serios y confiables acerca de
la correlación entre la fumigación y el brote de enfermedades o no se han
llevado a cabo, o no han tenido suficiente divulgación.
La polarización respecto al tema tiene
un carácter político que poco o nada interesa a los campesinos que literalmente
están siendo fumigados. Esto separa cada vez más a la opinión pública de la
realidad referente a su toxicología, al igual que el debate entre activistas en
contra de los pesticidas y los productores de los mismos.[39]
El WWF (World Wide Fund) declaró con
referencia a las fumigaciones en Colombia: “Los estudios medioambientales y
toxicológicos existentes y requeridos por la EPA a los productores durante el
proceso de registro, pueden no ser adecuados para evaluar los impactos reales
resultantes del uso de glifosato en el marco del plan Colombia (...)
Adicionalmente, estos estudios se enfocan solo en el ingrediente activo del
pesticida y no en la combinación de ingredientes inertes que de hecho son
aplicados, de esta forma se da una evaluación incompleta de la amenaza
toxicológica. Finalmente, las investigaciones no han encarado adecuadamente ni
evaluado el impacto medioambiental del glifosato a nivel de ecosistemas, dado
que su aplicación ha sido principalmente en la agricultura”[40].
El Plan Colombia nunca ha sido objeto
de una evaluación de impacto ambiental seria que analice:
·
Su impacto ecológico a largo plazo,
·
el riesgo de las fumigaciones para la
flora y fauna de la región, así como el desequilibrio ecológico que esto puede
causar,
·
el impacto de las fumigaciones sobre
los habitantes de la región, especialmente niños
·
la contaminación de fuentes de agua y
su impacto sobre la vida acuática.
·
La contaminación de alimentos causada
por la fumigación.
Independientemente del carácter
toxicológico del glifosato, las normas básicas de seguridad impuestas en las
mismas instrucciones del Roundup[41]
están siendo ignoradas[42].
Entre estas normas encontramos:
·
La prohibición de aspersión sobre
superficies de agua
·
La prohibición de aspersión sobre productos comercializables
·
Las restricciones para minimizar el
riesgo: mantener a la gente y/o animales fuera del lugar al menos hasta que el
herbicida seque.
·
La prohibición de aspersión sobre
individuos: testimonios de campesinos confirman que esto no se ha cumplido.
Con respecto a las compensaciones por daños “causados por error” en las aspersiones, la mayor parte han sido desestimadas. De 4239 reclamos desde 2001 el Departamento de Estado ha investigado 2740. Un 52 % han sido desestimados porque la fecha en que se registró la aspersión aérea y la fecha real no coincidían con un rango de error de un día. El 43,8% fueron también descartadas, porque los cultivos lícitos destruidos se encontraban entre cultivos de coca. Un 3.25% se desestimó porque la reclamación fue hecha mas de dos meses después del hecho. Solo 5 reclamaciones han sido tenidas en cuenta como válidas[43].
La amenaza
de los micoherbicidas
En un debate sobre fumigaciones en el
senado, el senador Jorge Enrique Robledo leyó algunos apartes de mensajes enviados
por el Departamento de Estado al Embajador de Colombia en Washington[44].
El gobierno norteamericano insta al
colombiano a informar mejor a sus funcionarios en el tema de los
microherbicidas. Todo esto parece responder a un interés particular “por aprender
más”, que manifestó el presidente Uribe cuando la Embajada de Estados Unidos le
consultó sobre el tema.
Cuando se habla de microherbicidas se
está haciendo referencia al hongo Fusarium Oxysporum (llamado también el
Agente Verde), que podría ser utilizado como un agente biológico en la
erradicación de coca y amapola.
En un artículo de la BBC de octubre del
2000[45],
se hizo referencia al desarrollo del hongo con la supervisión de UNDCP
[46]en
Uzbekistan, con el fin de erradicar cultivos de amapola en Afganistán. Según
documentos oficiales de UNDCP en Viena citados en este artículo, el hongo
podría ser difícil de contener después de haber sido liberado, podría afectar a
otras especies e incluso podría mutar.
A esta preocupación se añade que este
hongo puede convertirse en un arma biológica en caso de que caer en manos
“equivocadas”, y se plantea el caso hipotético pero factible, en que los mismos
narcotraficantes o terroristas tuvieran acceso al agente y lo utilizaran con el
fin de hacer una especie de terrorismo agrícola internacional.
Aunque parezca que el escenario de las fumigaciones en
Colombia no puede ser más lóbrego en términos ambientales y humanitarios,
estudios recientes muestran que el glifosato tiende a aumentar el tamaño de las
colonias de fusarium, un tipo de hongo que surge naturalmente en el suelo y que
ocasionalmente invade los cultivos, aunque generalmente otros microbios logran
controlar su proliferación. Este hongo puede generar en los alimentos toxinas
peligrosas para los seres humanos[47].
Sahno Tree director del proyecto Política de Drogas del Institute for Policy Studies aseguró en referencia a las fumigaciones con glifosato en Colombia: “La política se ha mostrado inútil en función de sus objetivos, pero estamos aprendiendo que uno de sus efectos colaterales podría ser que se desate una epidemia de fusarium en la cuenca del Amazonas.”[48]
Desarrollo
Alternativo
“El Desarrollo Alternativo no funciona
ni va a funcionar”, me comentó un funcionario que trabajó en proyectos de
Desarrollo Alternativo en Colombia. Lo cierto es que el tema se ha venido
trabajando de manera irresponsable por parte del gobierno, y los proyectos de
cooperación y todas sus buenas intenciones suelen ser limitados tanto espacial
como temporalmente.
El Desarrollo Alternativo fue concebido
como parte de una estrategia antinarcóticos, es decir que el objetivo que lo
enmarca es la reducción de la oferta y no el ofrecimiento de opciones de vida
que les permitan a los campesinos sustituir el ingreso ilegal, a través de alternativas
de desarrollo económico.
Desde este punto de vista, el
Desarrollo Alternativo no puede estar enmarcado en una estrategia represiva y
destructora del medio ambiente, por el contrario, tiene que incluirse en una
estrategia de conservación y preservación: un uso sostenible del suelo y de los
recursos que permita su perpetuación. Pero su marco es mucho más amplio que la
realización de simples proyectos puntuales, el desarrollo rural integral y el
desarrollo regional son la única forma en que estos proyectos van a ser
realmente viables y sostenibles.
El problema de la agricultura y el
desarrollo rural tiene que ser atendido enérgicamente. El conflicto se
desarrolla en un contexto territorial rural históricamente relegado y sometido
a intereses antidemocráticos. La pobreza en las zonas rurales y falta de
gobernabilidad es un caldo de cultivo de ‘espacios abiertos para la violencia’.
En resumen se necesita lo que Machado
llama una reforma rural, que va mucho más allá de la reforma agraria
redistributiva: “...un proceso de cambio y transformación de las estructuras
rurales y de sus relaciones con el sector agroindustrial, financiero y
comercial y con la sociedad, con capacidad de crear las condiciones para un
desarrollo agrícola más competitivo y endógeno; para un desarrollo rural más
equitativo, sostenible, eficiente y sin exclusiones de ninguna naturaleza; que
haga del sector rural y la agricultura un sector estratégico en la economía y
la sociedad y facilite el desarrollo del potencial de sus recursos naturales y
la biodiversidad en beneficio del país y de sus habitantes rurales.
La reforma rural involucra tanto el
acceso a todos los activos productivos, como a la formación de capital social,
la definición de una nueva institucionalidad para el sector y la consideración
del territorio como unidad de planeación y de aplicación de estrategias. Esta
reforma compromete tanto al sector público como al privado y debe formar parte
de una visión compartida de largo plazo de la agricultura, de la sociedad rural
y del desarrollo rural con sus diferenciaciones regionales.”[49]
El resultado de las negociaciones del ALCA también tiene que ver mucho con lo que va suceder en el campo colombiano en el futuro y con las posibilidades reales de implementar un Desarrollo Alternativo, como un programa de una política institucional hacia una nueva ruralidad. Como ejemplo de esto podemos considerar los Programas Regionales de Desarrollo y Paz, que pretenden mitigar los efectos humanitarios del conflicto a través de la integración de las comunidades a un desarrollo sostenible y con convivencia social[50].
¿Por qué se
continua con una política que ha legitimado repetidamente su ineficacia e
incluso consecuencias perjudiciales en términos humanitarios, medio ambientales
y de agudización del conflicto?
Las estadísticas del Departamento de Estado que señalan una reducción
significativa de la superficie cultivada de coca en Colombia no tienen
relevancia; según Isaacson[51]:
·
El precio de la cocaína no ha subido en las calles de Estados Unidos
·
El precio de la coca no está aumentando en el mercado ilegal colombiano
·
Los cultivos de coca han aumentado en todos los demás lugares
·
El cultivo de coca ha aumentado en Colombia en lugares donde la aspersión
no es constante
Adicional a lo anterior mencionado, podemos decir
que la política de reducción de la oferta se fundamenta en unos supuestos que
han demostrado ser falsos[52]:
1.
Para acabar con la demanda hay
que atacar la oferta
2.
La normatividad restrictiva
tanto en países productores como consumidores, influye en un mercado que se
desarrollo puramente al margen de la legalidad.
3.
El tratamiento coercitivo es
más efectivo en términos de resultados.
4.
La erradicación mitiga los
efectos negativos en los países productores en términos de violencia,
conservación del medio ambiente, emergencias humanitarias, etc.
Ante el continuo fracaso de esta política,
solamente podemos llegar a una conclusión: Se puede afirmar que la política de
Estados Unidos en realidad persigue otros objetivos ocultos dentro de un marco
de lucha contra la droga y contra las fuentes de financiación del terrorismo
internacional, pues no es lógico ni razonable que después del evidente fracaso
en sus resultados se continúe en el empeño de su implementación con tanto vigor
y durante tanto tiempo.
Estamos hablando de US $3600 millones en ayuda
militar y de policía desde 1997[53], lo que convierte el país en
el tercer receptor de ayuda militar norteamericana después de Israel y Egipto[54].
Sin adentrarnos en escenarios neo-imperialistas,
antidemocráticos, hegemónicos y/o conspirativos, me permito afirmar que la
tendencia de izquierda que se está viendo en América Latina no concuerda con
los planes que Estados Unidos tiene para esta parte del continente.
La guerrilla ha sido parte de la amenaza
comunista, luego entró en el sistema del narcotráfico y ahora es catalogada
como terrorista, y a pesar de esto, dentro de un marco más general, nunca ha dejado ser una forma de resistencia
a la concepción capitalista o neoliberalista de democracia a là USA, que no
terminan de tener eco en muchos rincones de América Latina.
No es la intención de este artículo entrar en el
debate sobre cual política es mejor o peor. Para los norteamericanos la mejor
política es la suya y mientras el poder se los permita, van a seguir globalizando
su concepción de democracia. Para la opinión pública norteamericana la guerra
de baja intensidad en Colombia es entonces una cruzada hacia la protección de
su salud, para garantizar la seguridad del pueblo americano y fortalecer la
democracia en el sur del continente.
Sin duda una forma de debatir ese interés de
imposición del orden estadounidense en lo relativo a su concepción de lo que
debe ser ideológicamente aceptado, puede ser insistir en el tema de la
legalización en un amplio nivel. Sabemos que la erradicación de los cultivos no
ha incidido en el precio de la cocaína en Estados Unidos, de hecho ni siquiera
un aumento en el precio de la coca en los mercados ilegales en Colombia tendría
una verdadera repercusión en el precio en las calles de las ciudades
norteamericanas.
Becker propone por ejemplo la legalización con
impuestos[55]. La idea es reproducir por
medio de un impuesto el precio que tiene la droga en las calles. De esta forma
el precio se podría manejar en función de la reducción del consumo, y la
calidad de la droga podría ser controlada. Al mismo tiempo el beneficio sería
para las arcas estatales y no para las redes criminales. Una parte de estos
beneficios obtenidos vía impositiva, podría ser invertida en programas de
prevención, educación y tratamiento.
Pero la realidad es otra. Todo sistema tiene unos
ciertos recursos pero también ciertos regímenes que lo limitan[56]. El sistema tiene que tratar
de ser lo más eficiente posible en la utilización de sus recursos, aceptando
las limitaciones impuestas por los regímenes. Los regímenes pueden ser
modificados, pero solo a partir de
intervenciones deliberadas de actores públicos con poder. De esta forma
mientras el sistema colombiano mantenga el régimen de la política de reducción
de la oferta como su limitante, están por ser reveladas las circunstancias, la
realidad económica, política, social y medio ambiental de los entornos en los
cuales se forma y prevalece la economía de las drogas. Esto significa una
reformulación de objetivos y entender que nuestro problema en realidad es
nuestro deber.