NUEVAMENTE FUMIGADOS

LOS INDÍGENAS DE APONTE


La Reserva Indígena de Aponte, ubicada en el nororiente del Departamento de Nariño al sur de Colombia, perteneciente a la etnia de los Ingas desde donde sus caminos los une ancestralmente al valle de Sibundoy en el Alto Putumayo, fue victima nuevamente de las fumigaciones indiscriminadas por parte del gobierno nacional.

De nada ha servido el  manifestarse frente a las fumigaciones, el mostrar y denunciar  los daños frente a la gente, la tierra, el medio ambiente y los pequeños ecosistemas  que esta  forma violenta de acabar con estos cultivos esta produciendo; de nada ha servido que la comunidad se una para trabajar en pactos de erradicación voluntaria; de nada ha servido tanto dolor y tanta desesperación que ha generado la aplicación de una política antidrogas y una política económica que va en contra de la gente que tiene más necesidades en Colombia.

En esta reserva Indígena  es la tercera ves que sin ninguna contemplación se efectúan estas fumigaciones, en la primera y segunda oportunidad no solo fueron los campos de Amapola en parcelas de subsistencia , también indiscriminadamente se fumigaron parcelas sembradas de cultivos de pancoger, fuentes de agua y en las que niñas y niños, hombres y mujeres fueron  victima de esas fumigaciones directamente, donde los casos de intoxicación y afecciones en la piel y las vías respiratorias aun hoy después de 7 meses de la ultima fumigación en muchas casos persisten.

En Aponte, en esta última oportunidad se han fumigado  en las veredas de Juanoy Alto y Bajo, la Isla, Sinai, la Loma, el Pedregal entre otras, también  a escasos metros del  Pueblo, sin tener ninguna contemplación nuevamente fueron afectados los sombrados de papas y arbeja y los pocos animales domésticos y donde los indígenas nuevamente podían oír desde los radios moviendo el dial hasta ubicar la frecuencia de las comunicaciones entre los aviones  donde los pilotos se expresaban con frases como: “¡Fumiguen hasta lo que tienen de comer esos Hijueputas...![1]”

Después del horror que significaron esas dos primeras muestras del la imposición del gobierno, la comunidad en cabeza del Gobernador Indígena inicio un trabajo de recolección de “Pactos para la Erradicación Voluntaria”  de esos cultivos, la comunidad esperaba que se pudiera acordar salidas con el gobierno a la grave crisis que enfrenta el agro y la falta de oportunidades, pero no solo no se obtuvo una respuesta por parte del gobierno central, sino que  continuaron  con las fumigación sin ninguna contemplación y sin prestar atención a la posibilidad que la comunidad expreso al gobierno nacional de una salida alternativa.

De la misma forma se negó la protesta que los Gobernadores del Sur del pais elevaron al gobierno del presidente Pastrana para que se buscaran salidas alternativas en la que los mandatarios locales se comprometen a desarrollar este tipo de pactos que como se expresa anteriormente se habían adelantado ya con comunidades como la indígena de Aponte, propuestas que fueron discutidas con el mismo Presidente y que no fueron atendidas.

Los mandatarios Departamentales propusieron:

Ø     “Definir una metodología para , de manera inmediata, determinar sobre el terreno los cultivos de uso ilícito de subsistencia o minifundio en los departamentos de Cauca y Nariño.

Ø     Suspender la fumigación en tanto se evalúa acertadamente esta temática.

Ø     Iniciar, con las comunidades, acuerdos de erradicación voluntaria, que contemplen compromisos de gobiernos departamentales y municipales, de las comunidades y del Gobierno Nacional, estableciendo desde el comienzo un cronograma de acciones y metas, así como un fondo de inversión para la sustitución dentro del marco del Plan Sur”[2]

Sentimos que se engaña a la opinión pública con pronunciamientos donde se señala que “las diferentes autoridades encargadas de la lucha antinarcóticos habían advertido que nunca se ha fumigado dentro de los resguardos indígenas y ni siquiera a tres kilómetros de esas zonas especiales[3]”, esto contrasta con la realidad que viven en la  comunidad indígena de  Aponte y muchos mas territorios que hoy se encuentran nuevamente afectados con esta norma.

Pronunciamientos como la del Ministro de Justicia Rómulo Gonzáles Trujillo van mucho mas allá por que no solo advierte y celebra que continuaran las fumigaciones, como lo pudimos comprobar, sino también acusa a quienes defendemos una salida alternativa y acordada a esta economía ilícita y al problema de la pobreza en el campo y de manera irresponsable, señala: “es una cuestión orquestada por la subversión, llámense guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes por que se les ha dado en el punto clave que es fumigar las zonas listas para cosecharlas y están sin dinero para seguir con sus actividades ilícitas[4]”.

Es urgente hacer un llamado para que desde la cordura, la lógica, y el conocimiento real desde quienes se ven afectados y con  una sensibilidad social se den  pronunciamientos responsables y que atiendan a la realidad y no solo a intereses impuestos, que pone en peligro la vida y el futuro de comunidades enteras y de quienes se atreven a  exigir que se paren las fumigaciones,  que muy en contra de lo que expresa el alto gobierno y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, si están  dejando secuelas en la gente y en la tierra.  Compartimos el daño que estos cultivos están produciendo al medio ambiente, pero no  en la forma de  solucionar el problema con una guerra química que afecta desde los pequeños ecosistemas hasta la vida humana.

Estamos de acuerdo en desmontar el negocio del narcotráfico, como  una de las razones en la que se concentra la  reproducción de la violencia como lo es la posibilidad de nutrirse de armas y recursos a través de este flagelo o utilizándolo como una escudo para fortalecerse militarmente, pero no podremos estar de acuerdo nunca en que las soluciones se den atacando al  eslabón mas frágil de la cadena representada en su mayoría por los indígenas y campesinos  que frente la falta de  posibilidades y alternativas  han tenido que acogerse a cultivos de uso ilícito para garantizar su subsidencia.

La falta de políticas frente al agro, por parte del gobierno Pastrana y los gobiernos anteriores, la aplicación tan nefasta de una apertura económica y una política neoliberal  que dejo en la bancarrota a departamentos tradicionalmente agrícolas como Nariño, el desinterés por el desempleo agrario, la pobreza concentrada regionalmente, la falta de decisión y de acciones efectivas frente a quines verdaderamente se nutren de este flagelo por parte de quienes tienen la responsabilidad de ejercer el “orden”, el  poco compromiso por parte de la comunidad internacional en correspondencia con las política de lucha al narcotráfico, entre otras han hecho que se fracase en el intento de desarticular esta actividad.

Es necesario que no paremos en nuestro empeño de exigir que las propuestas de comunidades como la de Aponte sean atendidas, es necesario que el gobierno se aparte de su arrogancia y de manera comprometida  de salidas de conjunto asumiendo su responsabilidad  frente a problemáticas nacionales y no solo a intereses de acuerdos internacionales.

Hoy mas que nunca sigue siendo vigente la propuesta que una parte de la Sociedad Civil desde la convergencia “Paz Colombia” le dio al país  y al mundo desde la Conferencia Internacional por los Derechos Humanos y la Paz de Colombia que se realizo en Costa Rica el año pasado en la medida de Crear una Comisión Internacional de alto nivel, para la evaluación de las Políticas de lucha contra las drogas en los últimos 25 años.

Es importante que la comunidad internacional  en Colombia nos acompañe y visite con nosotros, zonas que como Aponte quieren trabajar en una salida alternativa y de raíz a su problemática,  donde invitamos al Gobierno Nacional para que en conjunto y de manera cierta demos un salida eficaz a la problemática no solo en Aponte si no en todo el territorio nacional.

Sabemos que los cultivos de uso ilícito han traído serias consecuencias para nuestra región, en especial para nuestros hermanos que solo buscan ser escuchados  y tener alternativas distintas a la de una economía denominada ilícita para poder subsistir, se hace necesario por quienes de una manera sorda creen tener la razón, atiendan estos clamores, estas peticiones y estas exigencias.  Las organizaciones que trabajamos por la construcción democrática de la paz y que luchamos por la justicia social, nos unimos a ellos para protestar de manera rotunda,  en la búsqueda de la protección del verde,  “verde de todos los colores” en el que vivió, soñó y murió nuestro poeta nariñense Aurelio Arturo.
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[1] Expresiones que fueron escuchadas por diferentes autoridades del Resguardo Indígena de Aponte.

[2] Propuesta de los gobernadores del sur del pais sobre la erradicación de los cultivos de uso ilícito en Cauca y Nariño. www.mamacoca.org

[3] Diario EL TIEMPO,  martes 7 de agosto de 2001. Primer Plano.

[4] Diario EL TIEMPO,  martes 7 de agosto de 2001. Primer Plano.
 

 NRC HANDELSBLAD (Holanda)

Desesperados por la rasquiña

CONSECUENCIAS DE LA FUMIGACIÓN


"Esto es una epidemia. Desde la fumigación de los campos de la reserva indígena de Aponte, el 80% de los niños de la comunidad han caído enfermos".

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En Aponte, Colombia , desde la fumigación de los campos de Amapola como parte de la guerra contra las drogas, una alarmante cantidad de niños ha caído enferma.

"Me encuentro perdido" dice el joven médico que maneja por sí mismo el centro de salud de Aponte.  La sala de espera está llena de que lloran por las dolorosas llagas en su cuerpo.

Un niño pequeño está desesperado por la rasquiña,  pero el médico José Tordecilla tiene que despacharlos tanto a él como a su madre. "Solamente tengo medicina para el 10% de los niños. Únicamente puedo tratar los casos más graves".

Un poco más tarde, en su oficina, Tordecilla dice, "Esto es una epidemia". Desde la fumigación de los campos de la reserva indígena de Aponte, el 80% de los niños de la comunidad ha caído enfermo. El apunta a los pacientes en su registro: "Esto es un drama médico" . Fiebre, diarrea e infecciones oculares, empezaron luego de las fumigaciones , porque antes de eso,  cerca del 10% de los niños estaban enfermos y padecían enfermedades normales como gripa o paperas.

El 3 de noviembre empezó la fumigación en las 8000 hectáreas de la reserva indígena de Aponte al sur de Colombia (departamento). Durante diez días seguidos , los aviones fumigaron el área con largas y azules colas de herbicida. Tres aviones acompañados por tres helicópteros de guerra aparecieron de repente sobre las altas montañas de Los Andes.

El ingeniero agrícola Luis Camoes ha hecho grabaciones de video. "Mire allá, fumigan el nacimiento de agua del Páramo" -señala- . El video muestra y en un lento vuelo fumiga su carga sobre la selva. Y vuelve no sólo una, sino tres veces. Una y otra vez rocía su veneno sobre el manantial. Y no sólo una, sino las tres fuentes de agua recibieron ese tratamiento, apunta Camoes.

Los Estados Unidos financiaron y coordinaron el programa de fumigación contra el aumento de producción de coca y amapola en Colombia y siempre usaron el herbicida Roundup. En los dos últimos años , se ha indicado utilizar un nuevo y más poderoso químico. Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a este periódico que en el programa de fumigación Colombiano estaba contemplado el uso del químico Roundup Ultra, un compuesto al que se le agregaron sustancias surfactantes,  parecidas al jabón y que son fácilmente absorbidas por las plantas.  El vocero de EU confirmó además que el químico Colombiano Cosmoflux es mezclado con el Roundup Ultra. Las hipótesis apuntan a que la adición de estos surfactantes constituye la causa de las  nuevas enfermedades.

Washington niega que los nuevos químicos ponen en peligro la salud. La fumigación de cultivos ilícitos es un tema controversial. Colombia es el único país del mundo en el que se realiza. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la fumigación aérea con herbicidas es la única forma de controlar la producción de coca y amapola. Los críticos apuntan que esta medida no afecta el crecimiento y que el medio ambiente está siendo afectado.

En la casa comunitaria de Aponte, el ingeniero Agrícola Luis Camoes dice refiriéndose  a la fumigación de las fuentes de agua: " Este es el final de nuestro proyecto" La reforestación del área de las tres fuentes de nacimiento de los ríos que era parte de un programa oficial.

Camoes y los habitantes han arrastrado los árboles con caballos hasta las fuentes de agua a casi 3000 metros de altura. Los recursos vinieron del Plante, la organización gubernamental colombiana que financia los proyectos de desarrollo alternativo. USD170.000? han sido invertidos por el Plante en Aponte para estimular a la gente a reemplazar sus cultivos de amapola por cultivos legales. El proyecto del Plante era un inminente éxito, "Virtualmente aquí ya no hay amapola", dice Camoes. "Ahora una rama del gobierno está fumigando lo que dejó la otra".

Una día atravesando el área, genera un sentimiento de melancolía. A pesar de su pierna tullida, el jefe escala como una cabra de monte. Desde las cinco de la mañana, el jefe indígena nos conduce a por senderos estrechos cerro arriba y monte abajo. " Y entonces vinieron los aviones y helicópteros y después de eso no quedó nada de lo que yo tenía", dice Carlos, un campesino agricultor que sostiene un ramo de plantas secas en sus manos. Una planta de fríjoles arrugada , yuca blanquecina y una mazorca seca. Esto es lo que queda de la tierra fumigada. Él es el séptimo labriego que hemos visitado. Pero la historia es siempre la misma.

"Doctora, fumigaron todos nuestros cultivos. ¿De qué podremos vivir ahora?. Además de maíz y yuca, Carlos sembró un pequeño lote de amapola. " A mí no me gusta. Pero es lo único que se vende" dice sentándose al lado de su esposa en el suelo de su rancho. Una pareja de marmotas vaga por ahí. Además, el mobiliario consiste en una lona para dormir y un recipiente para cocinar sobre un fogón en el suelo. Al igual que las otras 700 familias campesinas de Aponte, Carlos siembra su lote de amapola para comprar los libros para sus hijos, medicinas o ropa. "Nosotros mismos cultivamos la comida, pero para otras cosas uno necesita plata".

Sin embargo, la fumigación de noviembre no fue la primera para los indígenas agricultores de Aponte. En Junio sus cultivos  fueron destruidos, según dicen. Carlos había acabado de adquirir un préstamo con el plante y sus cultivos de amapola fueron reemplazados por cebada. " Incluso antes de que la cebada germinara, había sido fumigada hasta la muerte" relata. Después de eso volvió a su pequeño lote de amapola.

 Plante le exigía pagar con un interés del uno por ciento el préstamo por la cebada destruida. "¿Cómo podría hacer eso señora? Ahora ni siquiera tenemos algo que comer. Cómo podemos pagar un préstamo?

Nuevamente escalamos con el Jefe. De nuevo un ranchito, de nuevo cultivos destruidos. La joven campesina muestra su bebé, sus genitales están cubiertos de llagas. " Desde la fumigación", dice la mujer y sacude sus trenzas negras. Ella misma presenta un brote alrededor de su boca. Tiene dolor de cabeza , según dice, y ardor en los ojos. Ella piensa que es a causa del agua contaminada. " Es inhumano lo que hacen a mi gente" dice el jefe cuando finalmente llegamos a las fuentes de agua que ha querido mostrarnos durante todo el día. Los árboles están blancos. El manantial se secó.  Todavía no se divisa amapola en una amplia extensión de campo. "Por qué cree usted que ellos quieren envenenar nuestra agua?" pregunta, como si nadie supiera la respuesta.

En la población el médico no ha progresado mucho con sus pacientes. " Sólo soy un médico de pueblo"  Mandó una petición por medicina a las autoridades provinciales. La petición fue negada. Y se le respondió que la enfermedad a causa de las fumigaciones era 'mentira'. "Parece ser que todo el mundo está obligado a guardar silencio", afirma el médico mientras con su estetoscopio examina las llagas del pecho de otro niño.

Más tarde, en Bogotá, se hace claro lo que significa "mentiras" gruñe la cabeza de la policía antinarcóticos cuando le pedimos que comente acerca de lo que hemos visto en Aponte.

"Ustedes no han visto lo que han visto. Nunca hemos fumigado allá". Se niega a ver el vídeo y separa las fotos de niños enfermos. "¡Es falsa! La prueba que me traen es falsa" grita el general Socha antes de sacarnos de su oficina. " No vengan acá a propiciar una discusión. No les permito que me cuestionen".

Su unidad está decorada con una ilustración de aviones fumigadores de gran tamaño. "Narcotraficantes" llama a los pequeños agricultores que siembran un pequeño lote de coca o amapola entre sus cultivos ordinarios. Y cuando un árbol de banano o una mata de maíz es fumigada, de acuerdo con el general, ha sido sembrada a propósito por la narcoguerrilla para despistar a los periodistas ingenuos. "¿Pero usted nunca comete errores?" preguntamos. "¿Nunca fumiga cultivos legales, un bosque o una fuente de agua?"  "No. Nunca."  "Imposible que cometamos errores", dice el general, porque toman fotos aéreas de la zona a fumigar. Después de eso, toman las coordenadas y luego, todo se observa con la ayuda de los americanos. " Nos han tratado de denunciar por esto," dice Socha. "Pero nunca ha ocurrido un arresto". Cuando objetamos que el sistema judicial colombiano, el general se deja dominar por sus emociones: " No sé quienes son o quién los mandó para dudar acerca de nuestras autoridades. Ustedes subestiman nuestras leyes".

Según el científico colombiano y experto en fumigación Ricardo Vargas, el general tiene la razón en un punto: la construcción del programa de fumigación colombiano permite un muy pequeño margen de error. " Esto hace terrible el escenario" afirma Vargas.

¿La fumigación  como una estrategia para afectar la supervivencia de las comunidades?. Yo no pensaría eso.