Martin
Jelsma – Transnational Institute (TNI)
Ponencia
presentada en:
La
Guerra Contra las Drogas y el Uso de Agentes Biológicos,
Universidad Andina Simón Bolívar (Quito),
10-11 de Octubre, 2000; y Foro
Internacional Política Antidrogas:
De la Fumigación a la Erradicación Manual, Facultad de Derecho, Universidad
Nacional de Colombia (Bogotá), 13 de Octubre, 2000.
El
anuncio de un “baño de glifosato” en el Putumayo y la amenaza de la apertura de
un frente biológico en la guerra antidrogas son el escenario alarmante de la
actual fase del Plan Colombia, cuyos orígenes vienen de tiempo atrás. Para
comprender esta situación vale la pena revisar brevemente la historia de las
políticas antidrogas a nivel internacional con respecto a la erradicación
forzada de la materia prima --cultivos ilícitos--
y específicamente en lo relativo al uso de agentes químicos y biológicos.
Con la
aprobación de la Convención Unica de 1961 de las Naciones Unidas, que declaró
ilícitas las plantas que contienen sustancias para la producción de drogas,
quedó establecido el marco jurídico multilateral para las políticas de
erradicación. Luego de anexada la “Lista 1” –el listado correspondiente a las
sustancias prohibidas-- no
solamente se prohibió, por ejemplo, la cocaína sino también la hoja de coca.
Además, las partes firmantes se comprometían a “destruir los arbustos de coca
cultivados ilegalmente.”[1]
Posteriormente, la Convención de Viena de 1988 dispuso bajo amenaza penal la
obligación de las partes a “tomar medidas apropiadas para prevenir los cultivos
ilícitos, y la erradicación de plantas que contengan sustancias estupefacientes
o psicotrópicas, como la amapola, el arbusto de coca y el cannabis, que se
cultiven ilícitamente dentro de su territorio.”[2]
A continuación, se estableció dentro de las Naciones Unidas un aparato para dar
seguimiento a estas convenciones. La Comisión –antes División- de
Estupefacientes, cuerpo en donde se definen las políticas, funciona en Viena
como una de las comisiones que se encuentran bajo el Consejo
Económico y Social (ECOSOC). La Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE o INCB en inglés) es el cuerpo que controla el
cumplimiento de las convenciones. Y
en 1990 se fundó el Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de las Drogas (UNDCP en inglés), agencia cuya función es
implementar los proyectos que promueven los objetivos de las convenciones y de
las resoluciones de la Comisión. Las convenciones no especifican los métodos que
las partes firmantes deberán usar para la erradicación de sus cultivos ilícitos,
aunque la Convención de Viena sí incluye unas palabras de precaución, al decir
que “las medidas adoptadas deberán respetar los derechos humanos fundamentales,
y deberán tener en cuenta las costumbres tradicionales lícitas, donde exista
evidencia histórica de éstas, así como la protección al medio ambiente”.
Mientras tanto,
en los
Estados Unidos, Nixon había declarado la “Guerra contra las Drogas”, y en 1975
se iniciaron las primeras operaciones de una guerra química contra los cultivos
ilícitos, que fueron las fumigaciones aéreas de plantaciones de cannabis en
México con el herbicida Paraquat. Estas actividades formaron parte de la llamada
Operación Cóndor que marcó el inicio de toda una serie de programas de
erradicación química. (Véase esquema, Cronología, Guerra Química y Biológica
contra las Drogas). En México se han continuado hasta la fecha las
fumigaciones de cannabis y de amapola, usando Paraquat y Glifosato (en una
mezcla de la compañía Monsanto distribuída bajo el nombre comercial de Roundup),
y durante cierto periodo se usó el herbicida 2,4-D, uno de los dos ingredientes
del Agente Naranja aplicado en Vietnam como defoliante. Las operaciones contra
el cannabis se extendieron en 1978 a Colombia, donde se fumigó con Paraquat
hasta 1983 y luego con Roundup. También dentro de los mismos Estados Unidos,
donde existen extensos cultivos de cannabis, se está aplicando desde 1981 el
Paraquat. Por fuera del continente americano, este método de erradicación aérea
se aplicó solamente, y de manera breve, entre 1986 y1988, en Birmania contra los
cultivos de amapola. En 1987 se inició la experimentación a campo abierto para
encontrar herbicidas eficaces contra la coca. En el Perú se hicieron ensayos con
Tebuthiuron y Hexaxinone, pero el programa se suspendió en 1990. Mientras tanto
la guerra química contra la amapola se fue extendiendo desde México, primero a
Guatemala (1989-1992) con 2,4-D y Roundup, y luego a Colombia, donde a partir de
1992 y hasta la fecha se sigue aspersando Roundup. En 1993 se retomaron los
experimentos contra la coca con Tebuthiuron, Hexaxinone y Roundup, esta vez con
nuevos ensayos en Panamá. Desde 1994 se está usando en Colombia el Roundup a
gran escala. Todos estos programa son impulsados y financiados exclusivamente
por los Estados Unidos, y se ejecutan en todos los países con su apoyo operativo
en lo referente a aviones, inteligencia, pilotos y herbicidas.
“Métodos
ambientalmente seguros”
Las
instancias antidrogas de las Naciones Unidas se mantuvieron alejadas durante
todo ese periodo de cualquier participación directa en la implementación de los
programas de la guerra química contra los cultivos ilícitos. Durante los años
ochenta las discusiones en la Comisión de Estupefacientes giraron en otra
dirección. Se reconocía que la crisis del sector agrícola de los países en
desarrollo es un factor clave en el aumento continuo de la economía ilícita, y
que los productores pequeños involucrados en ésta necesitan una inversión social
que les ofrezca una opción de supervivencia alternativa. Fue en esos años
también que surgió el discurso de la “responsabilidad compartida” en el problema
mundial de las drogas. No se podía poner todo el peso de la lucha antidrogas del
lado de la producción y de la oferta. También los países con el mayor consumo,
Estados Unidos y Europa, debían asumir su papel e intentar reducir la demanda y
enfrentar temas como el de los precursores químicos, el lavado de dinero y la
producción de drogas sintéticas. Por lo tanto, cuando se estableció el UNDCP, la
agencia se dedicó a desarrollar programas con base en dos pilares distintos:
reducción de la demanda, y desarrollo alternativo. Es decir, nada relacionado
con erradicación forzada ni mucho menos con su método más controvertido, la
guerra química contra los cultivos ilícitos.
Sin
embargo, tras bambalinas, a la sombra de la División de Estupefacientes se
conformó un Grupo de Expertos científicos para evaluar los herbicidas usados en
programas antidrogas con el objetivo de mejorar los métodos existentes para la
erradicación de cultivos ilícitos. Fue al interior de este grupo en donde hizo
su aparición el discurso sobre la necesidad de desarrollor “métodos
ambientalmente seguros para la erradicación”, el mismo discurso que encontramos
hoy día y que pretende la legitimación de los proyectos de ‘control biológico’,
es decir, la liberación intencionada de plagas que destruyan la coca, la amapola
y el cannabis. Para identificar los orígenes de este Grupo de Expertos y su
misión, necesitamos volver a la Operación Cóndor en México.
Las
pruebas de laboratorio con muestras de marihuana disponible en el mercado de los
Estados Unidos revelaron altas concentraciones del herbidica Paraquat. Es decir,
en México se había cosechado el cannabis que había sido previamente fumigado. El
estudio causó pánico entre los consumidores estadounidenses, lo que se conoció
como “la fiebre de Paraquat” y gran
preocupación en las agencias estatales de salud por las posibles consecuencias
“en casa” de las operaciones en México. Fue cuando se decidió convocar entonces
a un Grupo de Expertos para evaluar los impactos del uso de herbicidas en la
aspersión de cultivos ilícitos con el propósito de buscar agentes de
erradicación menos peligrosos. Científicos de diez países participaron en los
estudios y en las reuniones que con este fin convocó el Laboratorio de
Estupefacientes de la División de Estupefacientes. En la reunión de esta
entidad, celebrada entre el 25 y 27
de julio de 1979, el grupo de estudio señaló que el uso de herbicidas era el
medio más eficaz y de menor costo para prevenir la cosecha de materia prima
proveniente de campos ilícitos.[3]
Con la Convención de Viena se formalizó el Grupo de Expertos, al pedir la ECOSOC
en una resolución que, “la División de Estupefacientes del Secretariado de las
Naciones Unidas debería convocar a un grupo de expertos para dar recomendaciones
para la erradicación de plantas ilícitas usando métodos que no causen daño al
medio ambiente ni a los seres humanos.”[4]
De la
siguiente reunión del Grupo de Expertos sobre Métodos Ambientalmente Seguros
para la Erradicación de Plantas Estupefacientes Ilícitas en 1998, salieron dos
recomendaciones principales:[5]
(1)
“El
grupo reconoce que existen en el mercado herbicidas que, efectivamente,
controlan el cannabis, la coca y la
amapola, y que éstos son seguros para el medio ambiente y la salud humana.
Considerando el daño significativo al medio ambiente que resulta de la
producción de plantas narcóticas ilícitas (incluyendo la destrucción de los
ecosistemas forestales), y del elevado uso de pesticidas y de químicos tóxicos
usados para la extracción, las Naciones Unidas deberían promocionar y coordinar
el uso de herbicidas aprobados para el control de coca, cannabis y amapola.”
(2)
“El
Grupo reconoce que en un futuro
próximo, las estrategias biológicas
de control podrían representar una importante contribución a los programas de
erradicación. El grupo estuvo de acuerdo en que se debe aprovechar cualquier
oportunidad para apoyar el desarrollo y adopción de tales estrategias…”.
Tuvo que
pasar casi una década antes de que se dieran las condiciones políticas para que
esta última recomendación pudiera ser retomada por Pino Arlacchi, quien fue
nombrado director del UNDCP en septiembre de 1997. Mientras tanto, en 1987, el
Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA/ARS) inició un programa para mejorar las formulas de
herbicidas químicos, y la experimentación con hongos patógenos, entre otros con
el Fusarium Oxysporum.
1998 fue un año crucial que marcó una nueva etapa en la guerra global a
las drogas. En ese momento había ya un amplio reconocimiento de que los
esfuerzos de las pasadas décadas habían sido un enorme fracaso, dado el continuo
incremento de la producción y consumo de drogas ilegales. Algunos habían llegado
a la conclusión de que ya era hora de reevaluar las actuales políticas
antidrogas e incluso reconsiderar algunos de los fundamentos de las
convenciones. Otros, en cambio, habían concluido que existía la necesidad de
reafirmar los principios convenidos, reforzar el compromiso y la voluntad
política para alcanzar los objetivos establecidos y continuar aplicando las
actuales políticas, pero con más ahínco, con el fin de que logren obtener
resultados concretos. Estas dos visiones se enfrentaron para llegar finalmente a
un acuerdo en junio de 1998 en Nueva York, durante la Sesión Especial sobre
Drogas de la Asamblea General de la ONU (UNGASS), encuentro que tuvo lugar a los
diez años de haber sido adoptada la Convención de Viena.
Como preparación para la UNGASS, el nuevo director del UNDCP, Pino
Arlacchi, situó a esta entidad dentro del “campo de la reafirmación” con frases
como, “La Guerra a las Drogas no ha sido peleada y perdida, en realidad todavía
no ha comenzado”. Arlacchi promovió enérgicamente la idea: “Un Mundo Libre de
Drogas – Podemos hacerlo!” Esta fue la consigna del UNDCP para la UNGASS, junto
con la propuesta según la cual es posible eliminar todos los campos de drogas
del planeta en una década. Con este fin, el UNDCP elaboró un ambicioso plan
llamado SCOPE (sigla en inglés), Estrategia para la Eliminación de Coca y
Amapola en el 2008, con la intención de que fuera aprobado en UNGASS. SCOPE
propuso una combinación de desarrollo alternativo y erradicación forzada para
eliminar los cultivos ilícitos en los ocho países en los que se concentra la
producción de coca y amapola: Colombia, Bolivia y Perú en América Latina; Burma,
Laos y Vietnam en el sudeste asiático; y Afganistán y Pakistán en el Asia
central. Con SCOPE volvió a salir a flote el discurso de la “opción cero” de la
eliminación total, y el equilibrio se desplazó una vez más hacia el lado de la
oferta, sobre la base de la premisa equivocada y peligrosa de que se puede
reducir el abuso de drogas cortando simplemente la oferta.
En los EE.UU. --en donde un sector político extremadamente conservador al
interior del partido republicano ha tomado posesión de puestos clave en el
Congreso-- tuvo lugar un cambio similar durante ese mismo período, aunque en
términos bastante más radicales y con un plazo de tiempo aún más corto. El plan
de estos fue llamado ‘Proyecto de Eliminación de la Droga en el Hemisferio
Occidental’, el cual puede ser considerado como el preludio al paquete de ayuda
del Plan Colombia dos años más tarde. El julio de 1998, Bill McCollum introdujo
el proyecto de ley en la Cámara de Representantes:
“Cualquiera que esté involucrado en la lucha para controlar el uso de las drogas
en los Estados Unidos estará de acuerdo en que el lado de la demanda es muy
importante. La prevención, educación, tratamiento y aplicación de la ley son
elementos importantes de un programa antinarcótico de éxito. Pero con las calles
de nuestro país invadidas de más cocaína y heroína a precios más bajos que nunca
antes en nuestra sociedad, nadie puede esperar que tengan éxito los esfuerzos
que tienen que ver con la demanda hasta que no se reduzca de manera drástica
el suministro de drogas provenientes del extranjero. El proyecto de ley
de autorización de un presupuesto de 2.300 millones de dólares que ha sido
introducido hoy, está diseñado para proporcionar los recursos y las directivas
para realizar una verdadera guerra a las drogas antes de que éstas alcancen las
fronteras de los Estados Unidos. El plan del gobierno promulgado anteriormente
este mismo año propone una reducción del 50% de los narcóticos ilegales que
entran en el país en un plazo de diez años. Esto es completamente inadecuado. El
plan presentado en nuestra legislación está diseñado para cortar el fluido de
drogas hacia nuestro país en un 80% en los próximos tres años. Es la iniciativa
más espectacular y exhaustiva jamás
concebida para detener el flujo de drogas desde America Latina. (…En Colombia)
con los helicópteros suministrados y otras mejoras en la erradicación de
cultivos, se podrán erradicar totalmente los campo de amapola suspendiéndose
casi inmeditamente la producción de heroína. Los recursos que proporciona el
proyecto de ley cubrirán también lo que se necesite
para completar la erradicación de la producción de coca en Colombia y
destruir todos los laboratorios de cocaína dentro de los tres años
programados’’.
En octubre de 1998, el Congreso aprobó una versión revisada de este
proyecto con un presupuesto más pequeño, el cual incluye –además de la
circulación de helicópteros, otro armamento y programas de entrenamiento-- un
fondo de 23 millones de dólares para mejorar la eficacia de los herbicidas de
erradicación aérea. De los cuales, 10 millones son para experimentar y mejorar
fórmulas de los herbicidas químicos, y 13 millones para el desarrollo de
micoherbicidas para el control de cultivos narcóticos. El Departamento de Estado
le ha proporcionado estos fondos al UNDCP para que continúe las investigaciones
y el desarrollo de los micoherbicidas.’’6
Este fondo se propone lanzar el hongo a campo abierto una vez se encuentre
desarrollado en los tubos de ensayo de los laboratorios, y poner así los
proyectos en la etapa de la aplicación aérea a gran escala.
Efectivamente, en 1998 el UNDCP retomó las recomendaciones del Grupo de
Expertos y anunció en SCOPE la puesta en marcha de ensayos a campo abierto de un
hongo para matar la amapola en el Asia central. En 1998 se había firmado un
contrato entre el UNDCP y Uzbekistán, financiado por la Gran Bretaña y los
Estados Unidos, el cual se encuentra actualmente en su fase final. Por primera
vez el UNDCP se ve envuelto directamente a un nivel operacional en el desarrollo
de agentes con fines de erradicación forzada. Enceguecidos por la ilusión
inventada por ellos mismos de una completa eliminación de la amapola y la coca
en los próximos diez años, al año siguiente el UNDCP comenzó a negociar en
Colombia pruebas de campo sobre la coca con el hongo Fusarium.7
Pretendiendo legitimar este paso con un discurso sobre “métodos ambientalmente
seguros” –una terminología desarrollada debido a la preocupación por los riesgos
que los herbicidas químicos representan para el medio ambiente y la salud
humana-- de hecho la agenda del UNDCP en este momento parece estar dominada por
la potencial eficacia del hongo. Arlacchi se ha dejado entusiasmar por los
cuentos de los Estados Unidos de que hay una “varita mágica” capaz de hacer
realidad su sueño de un mundo libre de drogas.
Esta
nueva escalada ha generado una fuerte presión para que se intensifique y se
mejore la eficacia de la Guerra a las Drogas con químicos, y para que se abra un
nuevo frente con agentes biológicos. Esta presión, sin embargo, no ha dejado de
tener críticas y obstáculos serios que han impedido la rápida implementación de
las estrategias propuestas. Primero, UNGASS no aprobó el programa SCOPE del
UNDCP. En los encuentros preparatorios la idea debió enfrentar ya críticas tan
fuertes por parte de estados miembro, que el UNDCP decidió incluso no presentar
SCOPE en la Asamblea General. Aunque la Declaración Política manifiesta el apoyo
a algunos de sus principios8,
el término SCOPE ha desaparecido completamente de los documentos del UNDCP desde
marzo de 1998 y oficialmente ya no existe. Luego de haber perdido la oportunidad
para aprovechar la UNGASS como una
posibilidad de reevaluar las actuales políticas antidrogas, países como México y
Colombia –los únicos países que aplican una política de fumigación aérea, ambos
bajo presión de Washington por amenaza de descertificación-- se aseguraron de
que la declaración final reafirmara también los principios de “responsabilidad
compartida”, “enfoque equilibrado”, “no intervención en asuntos internos”,
“respeto total para todos los derechos humanos”. Y en lo concerniente a los
artículos que se refieren a la erradicación de cultivos
“subrayan la especial importancia de la cooperación en el desarrollo
alternativo”, y le dan atención especial a “la protección del medio ambiente”.9
Segundo,
el proyecto Fusarium parece haber llegado a un callejón sin salida. En carta
dirigida a la Defensoría del Pueblo, el representante del UNDCP para Colombia y
Ecuador, Klaus Nyholm explica que ‘por los desacuerdos expresados por varios
expertos y por la negativa del gobierno de Colombia ante la propuesta del
proyecto, el UNDCP no ha tomado ni podría tomar ninguna acción para poner en
marcha las actividades propuestas por el proyecto’ .10
El ministerio colombiano del Medio Ambiente rechazó la propuesta, y un encuentro
regional de ministros del medio ambiente condenó igualmente la idea de usar el
Fusarium Oxisporum en cualquier parte de la región andina y amazónica. En Perú,
un decreto presidencial promulgado en marzo del 2000 prohibió el uso de
cualquier medio químico o biológico para la erradicación de coca,11
y Ecuador promulgó un decreto prohibiendo específicamente la introducción del
Fusarium en su territorio.12
Quedan,
no obstante, varios asuntos importantes que requieren de una pronta atención:
Uzbekistán:
El proyecto de un hongo contra la amapola en Uzbekistán, que experimenta
principalmente con Pleospora papaveraceae, sigue adelante sin el más mínimo
monitoreo independiente, y puede estar llegando próximamente a un punto en el
que el hongo esté listo para ser usado en programas de erradicación de opio en
Asia central y en otras partes. El UNDCP puede haberse retirado en términos
claros del proyecto Fusarium para Colombia, pero todavía no ha cuestionado su
rol en este otro proyecto actualmente en curso. El UNDCP continúa defendiendo su
compromiso de colaborar en el desarrollo de “agentes seguros de erradicación” a
través de un engañoso discurso sobre la protección medioambiental, y no ha
podido explicar hasta ahora, por qué una agencia de la ONU tiene que estar
envuelta en el desarrollo de medios para la erradicación forzada, una estrategia
con la que no están de acuerdo muchos de sus miembros.
Plan
Colombia:
Como parte de la contribución de los Estados Unidos al Plan Colombia, en
diciembre del 2000 se comenzará con las anunciadas mega-fumigaciones en el
Putumayo. En el curso del 2001, muchos helicópteros y aviones adicionales de
fumigación estarán llegando a Colombia con el fin de ejecutar una imprecedente
ola de fumigaciones aéreas a lo largo y ancho del país. Las preocupaciones por
los efectos de esta campaña –desplazamientos masivos, deforestación acelerada,
destrucción del medio ambiente, deslegitimación del estado, incremento del apoyo
a la guerrilla, desbordamiento del conflicto hacia los países vecinos, etc-- han
recibido amplia cobertura de la prensa. Una inquietud más en todo esto es la
nueva y desconocida fórmula de la mezcla basada en Glifosato que se introdujo a
comienzos del 2000, algo cercano al Roundup Ultra que contiene un nuevo
surfactante que facilita la absorción rápida del herbicida en las hojas. Lo que
sucedía antes era que, unas dos semanas después de la fumigación los campos de
coca comenzaba a amarillear. Ahora con la nueva fórmula, en 24 horas las plantas
se ennegrecen. Hasta el momento no se tiene información sobre un posible
incremento en los riesgos para el medio ambiente y la salud humana de esta nueva
y más potente fórmula con la que Colombia se propone bañar su departamento del
Putumayo.
“Control
Biológico” de la coca:
A pesar de su negativa al proyecto Fusarium, el ministro colombiano del medio
ambiente, Juan Mayr, anunció sus intenciones de comenzar un proyecto para
identificar y desarrollar un agente biológico “nativo” para la erradicación de
la coca, el cual sería implementado conjuntamente con los Institutos Sinchi y
Humboldt.13
La propuesta de una investigación sobre hongos e insectos presentes ya en el
ecosistema local significa que se está dejando la puerta abierta para la puesta
en marcha de un frente biológico en la Guerra contra las Drogas en Colombia. Un
hongo anti-coca, aunque sea nativo, no es por definición necesariamente seguro.
Su aspersión a gran escala podría afectar igualmente el ecosistema y producir
toxinas tan peligrosas como las del Fusarium. El proyecto tampoco excluye de
manera específica variantes nativas del Fusarium, lo que es motivo particular de
preocupación, luego de las declaraciones hechas en un reciente documental de la
BBC que dejaron en claro que los Estados Unidos todavía no se resignan a
abandonar la ‘varita mágica’ del proyecto Fusarium. El principal investigador de
este proyecto, David Sands, quien ha estado trabajando en él por veinte años,
ahora con su propia compañía AG/Bio, declaró: “Sería asunto de 17 incursiones
aéreas en un país en particular y eso acabaría con la coca. Me parece que es eso
lo que queremos, algo que cubra un área entera, de modo que si el cultivador
decide extender sus propiedades y sembrar un poco más, el hongo ya está allí”.
Respecto a la decisión del gobierno colombiano de rechazar el proyecto, Sands
dijo, “Creo que tendrán que sufrir
las consecuencias de esta decisión”. Y cuando se le preguntó si se debería
asperjar el Fusarium aún sin el consentimiento del gobierno, sin ninguna
vacilación dijo “Si”. Afortunadamente, Sands no está en condiciones de tomar
decisiones sobre el cubrimiento de operaciones antidrogas. Pero a la pregunta de
la BBC, “Si Colombia no está de
acuerdo, entonces se cierra el asunto, ¿cierto?”, incluso Rand Beers del
Departamento de Estado de los EE.UU. respondió: “Sería muy difícil recobrarnos,
pero no he estado nunca preparado para admitir el cierre de este asunto”.14
La preparación del baño de glifosato y los proyectos de erradicación
biológica son consecuencia del escalamiento de las políticas antidrogas en los
últimos años. Hemos podido percibir que la política de fumigación indiscriminada
es cuestionada por amplios sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad
internacional. Sabemos que la presión de los Estados Unidos sigue siendo muy
fuerte, ejerciendo incluso un chantaje directo con las condiciones del paquete
de ayuda y una suspensión de cualquier apoyo al proceso de paz. Es así que el
gobierno de Pastrana trata de encontrar el equilibrio entre cumplir, por un
lado, con las exigencias de Washington, y por otro, presentar su política de
modo tal que resulte más aceptable para los sectores críticos dentro y fuera del
país. Esto explica por qué se le dijo no al Fusarium, pero sí a la “erradicación
biológica”. No fumigar a los pequeños productores pero sí intensificar el
programa de erradicación aérea para poder “acabar con los cultivos comerciales”,
sin establecer criterios muy claros y sin mostrar flexibilidad alguna para
negociar plazos y condiciones para una erradicación voluntaria, gradual y
concertada con las comunidades del Putumayo. El gobierno ha dejado, pues, las
puertas abiertas para seguir adelante con la guerra química y biológica. Lo que
significa que se continuará con el círculo vicioso de daños ambientales,
destrucción de economías de supervivencia, desplazamiento de población y de
cultivos, deforestación, dificultando todo esto la búsqueda de una solución
negociada del conflicto. ¿Con qué fin? Ponerse a salvo de los chantajes de los
Estados Unidos, puesto que todo esto no contribuye absolutamente en nada a la
solución del problema mundial de las drogas ilícitas.
Lo que Colombia necesita con urgencia es más claridad y apoyo del resto
de la comunidad internacional para contrarrestar la presión de Washington,
abordar seriamente la discusión sobre políticas alternativas viables y seguir el
ejemplo de los demás países andinos que han prohibido el uso de fumigaciones
químicas y biológicas. Lo que Colombia necesita es cerrarle definitivamente las
puertas a esta opción.
Martin
Jelsma
Octubre,
2000
[1] UN Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, enmendada en el Protocolo de 1972; Artículo 26-2.
[2]
UN Convention
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,
19 de diciembre, 1988; Artículo 14-2.
[3] "Methods for the eradication of illicit crops," informe de un grupo de estudio, Ginebra, 25 –27 de julio, 1979 (MNAR/8/1979).
[4] Informe del Encuentro del Grupo de Expertos sobre Métodos para la Erradicación de Plantas Narcóticas Ilíticas Seguros para el Medio Ambiente, que tuvo lugar en Viena del 4 al 8 de diciembre de 1989 (E/CN.7/1990/CRP.7), par. 6.
[5] Ibid, parágrafos 10 & 49.
6 “2000 Counterdrug Research and Development Blueprint Update”, Apéndice C: Investigaciones Antinarcóticas y Proyectos de Desarrollo – Departamento de Agricultura de los Estados Unidos/Servicio de Investigación Agrícola (1999).
7 Para un reporte detallado del borrador del contrato del Fusarium, véase: Martin Jelsma, Un Hongo contra la Coca. UNDCP y la Guerra Biológica contra las Drogas en Colombia”, en Boletín Internacional Acción Andina, Año 9, No.1, marzo, 2000. Disponible también en el website del TNI: www.tni.org/drugs
8 Artículo 19 de la Declaración Política de UNGASS (A/RES/S-20/2, Noveno Encuentro Plenario, 10 de junio, 1998): “Bienvenida al enfoque global del UNDCP para la eliminación de cultivos ilícitos, y nuestro propio compromiso de trabajar estrechamente con el Programa para desarrollar estrategias con la perspectiva de eliminar o reducir significativamente los cultivos ilícitos de coca, cannabis y amapola para el año 20008”.
9 Véase la Declaración Política de UNGASS (A/RES/S-20/2, Noveno Encuentro Plenario, 10 de junio, 1998), art. 18; y la resolución de la Asamblea General de la ONU “Cooperación Internacional contra el Problema Mundial de las Drogas”, A/RES/53/115, 85 Encuentro Plenario, 9 de diciembre, 1998, art. 1.
10 UNDCP/690, Bogotá, 18 de agosto del 2000. Carta a Doctor Jos’e Fernando Castro Caicedo, Defensor del Pueblo, firmada por Klaus Nyholm, representante del UNDCP para Colombia y Ecuador; en: Los Cultivos Ilícitos, Política Mundial y Realidad en Colombia, Defensoría del Pueblo. Agosto, 2000, pp. 165/166
11 Decreto Supremo No. 004-2000-AG, Perú, Ministerio de Agricultura, 24 de marzo, 2000, “Artículo 1o.- Prohíbase el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes biológicos en plantaciones de coca (Erythroxylum coca)”.
12 Registro oficial No. 140, Ecuador, Acuerdo Ministerial, 14 de agosto del 2000, Ministerio de Agricultura y Ganadería; “Art. 1.- Prohibir el ingreso y la utilización del patógeno Fusarium Oxysporum, en todo el territorio nacional, a efecto de preservar la salud pública, de los animales y el ecosistema en general”.
13 Proyecto “Formas Alternativas, Integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por cultivos de coca y su erradicación”. Ministerio del Medio Ambiente, Instituto Humboldt e Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, Bogotá, julio, 2000.
14 Programa de televisión “Panorama” – BBC, “Britain’s Secret War on Drugs”, 2 de octubre, 2000.